Cuando en 2013 el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma constitucional que contenía su proyecto educativo, lo anunció bajo el discurso del beneficio a los niños y jóvenes del país que reciben instrucción pública, pero lo hizo pensando en desmantelar el poder de las élites; hoy, cuando el gobierno electo ha prometido que “cancelará” la reforma educativa, nuevamente lo hace pensando en los instrumentos y no en los destinatarios de la educación pública en México. ¿Eso puede significar el cambio de rumbo que millones esperan?
En efecto, cuando hace cinco años se presentó la reforma educativa, el rechazo unánime vino de los trabajadores de la educación, y particularmente de los agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero nunca de los alumnos o padres de familia que, en su mayoría, nunca alcanzaron a entender de qué se trataba la reforma. Las élites de la educación en México —el SNTE, la CNTE, y las demás disidencias magisteriales, etcétera— dijeron —no sin razón— que la reforma educativa del presidente Peña era en realidad una reforma administrativa y laboral para los trabajadores de la educación. Por eso la rechazaron, aunque sin proponer ni establecer al menos coordenadas básicas de qué sí podría ser una verdadera reforma educativa.
Los únicos que pretendieron hacerlo fueron los maestros oaxaqueños agrupados en la Sección del SNTE e identificados como principal bastión de la Coordinadora —la CNTE— en el sureste del país. Presentaron un año más tarde su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, cuyo contenido fue duramente cuestionado incluso al interior del magisterio oaxaqueño, al reconocer que eso no era ni un plan educativo ni una alternativa a la reforma que había presentado el gobierno federal.
El PTEO era, en realidad, un conjunto de pincelazos desbalanceados sobre anhelos y buenas intenciones en materia educativa, pero sin lograr acercarse a las alternativas para la educación que se supone que se debían plantear, para mantener a salvo el proyecto educativo nacional sin trastocar los derechos de los trabajadores de la educación. Propios y extraños reconocían además que muchos de los planteamientos base del PTEO eran más ideológicos que pedagógicos, y que dicho documento aparentaba más ser un conjunto de intenciones políticas que una visión sobre la educación básica y media básica, incluso en un escenario tan particular como el oaxaqueño (multiculturalidad, indigenismo, consuetudinariedad, oralidad, etcétera).
Así, la reforma educativa impulsada por el gobierno federal nunca pasó por el balance de sus detractores, y en realidad sí fue una modificación constitucional dedicada a las élites magisteriales, aunque nunca logró sus objetivos. La intención era desmantelar el poder que tenía el sindicato magisterial sobre sus agremiados, y terminar con la discrecionalidad en el otorgamiento de plazas y beneficios para los docentes.
El gobierno federal no logró con el SNTE —élite a la que necesitó, luego de encarcelar a la maestra Elba Esther Gordillo, para mantener en paz a dicho sindicato— y tampoco con la CNTE. En Oaxaca intentaron desmantelar el poder de la Sección 22 expropiándole el control administrativo del instituto educativo en 2015. Pensaron que con eso lograrían menguar la capacidad de la movilización de la Coordinadora —al ya no tener los trabajadores de la educación, la amenaza permanente de acudir al llamado sindical so pena de ser castigados en su salario, ubicación o condiciones de trabajo—, sin considerar que la disciplina es parte de la cultura magisterial en la entidad.
Los hechos apuntan a que la CNTE jamás ha perdido su capacidad de movilización. Al llegar los tiempos electorales, ellos se fueron con quien les ofreció devolverlos a su estatus previo a la reforma educativa: Andrés Manuel López Obrador se pronunció por cancelar la reforma educativa, y eso les valió la simpatía del movimiento magisterial, que con eso ve la posibilidad de recuperar los espacios de control que había perdido, y de volver a tener garantías sobre su salario e inamovilidad, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer, o de su desempeño frente a grupo.
Esas eran sus condiciones previas a la reforma educativa de 2013. Y es a donde volveremos en el gobierno de López Obrador.
NADA CAMBIA
Andrés Manuel López Obrador ha planteado su intención sobre la reforma educativa, pensando sólo en las élites y ha engañado con la verdad a millones de personas que creen genuinamente que con la cancelación de la última reforma al artículo 3 constitucional, se resolverá el problema educativo del país. Esto es trágico por el engaño abierto que constituye.
Cancelar la reforma educativa significaría volver al estado previo, en el que había un abierto cogobierno entre el sindicato magisterial y los gobiernos estatales y federal, en dicho ámbito. Hasta antes de la reforma, todo movimiento administrativo y salarial de los trabajadores de la educación debía pasar por el aval sindical, y de no contar con él, simplemente no ocurrían esos movimientos.
Es cierto que había inamovilidad y no existía ninguna amenaza relacionada con el despido de los trabajadores de la educación si no cumplían con ciertos parámetros en su desempeño frente a grupo. Sin embargo, también es cierto que ni la evaluación ni el establecimiento de sanciones para quienes no las aprobaran, era lo más importante o el fin último de una verdadera reforma educativa.
Esos elementos, en realidad, fueron establecidos como parte de la lucha entre élites, una queriendo controlar a otra por medio de instrumentos legales y constitucionales; y en medio de ello, millones de ciudadanos se manifestaron a favor de la cancelación de la reforma educativa, aunque seguramente no pensando en los abultados derechos de los docentes —los derechos perdidos y los que aún conservan—, sino en que quizá eso sí garantizaría que hubiera clases todos los días, que los maestros pusieran más empeño en su trabajo, o entregaran mejores resultados. Lamentablemente, sabemos que estos anhelos no dependen de la reforma o contrarreforma por la que se han trenzado maestros y gobierno en México.
NADIE PIENSA DE VERDAD EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Tan es así, que por sí misma la reforma educativa del Presidente Peña no resolvería, ni de lejos, el enorme problema que enfrenta la educación pública en México. Su reforma no fue educativa. El problema, es que la contrarreforma de López Obrador únicamente busca beneficiar a una élite, sin atender el problema de la educación, que sigue intocado. Nadie ha pensado que la educación pública no son los trabajadores adheridos al SNTE ni los combativos maestros identificados con la CNTE —que van, al precio que sea y de quién sea, por la preservación de sus derechos—, sino que en realidad la educación son los millones de niños y jóvenes mexicanos que no reciben la educación que merecen, y que tienen que hacer grandes esfuerzos para (medio) competir en un mundo en donde otros sistemas sí garantizan lo que ellos no tienen. De eso nadie habla. Y ese debiera ser uno de los asuntos de fondo en esta discusión.
