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¿Cómo tendría que discutirse una potencial “contrarreforma educativa”, luego del 1-J?

Hasta el momento parece que todas las miras están puestas en el día de la jornada electoral del 1 de julio próximo, como si esa fuera la fecha cumbre para el país. Lo será sólo durante ese día. Sin embargo, el resultado de esa jornada electoral será decisivo para los pasos que deba dar el próximo Presidente de la República, a partir no del 1 de diciembre, sino del día siguiente de los comicios. En un escenario posible, en el que pudiera triunfar Andrés Manuel López Obrador, vale la pena analizar algunas de las coordenadas que serían indispensables para la discusión de una posible contrarreforma educativa.

En efecto, parece claro que ni el primer debate entre candidatos presidenciales ocurrido el pasado domingo, ni cualquier otro de los hechos conocidos hasta el momento, ha tenido la capacidad de cambiar la inercia de las preferencias electorales. En todas las mediciones, Andrés Manuel López Obrador se encuentra no sólo a la cabeza, sino también muy por delante de sus más cercanos competidores. Ante ello, se ve cada vez más claro cómo comienzan a entrelazarse los intereses del Partido Revolucionario Institucional, y los de la alianza PAN-PRD para tratar de detener al tabasqueño.

En respuesta a ello —es decir, como grupos no sólo a favor de López Obrador, sino interesados en el cumplimiento de sus promesas si llega a la Presidencia— existen algunas expresiones políticas que parecen surgir no sólo con miras a la elección del 1 de julio, sino para los procesos siguientes.

Uno de esos grupos, que aparece con fuerza en Oaxaca, es el Frente Estatal Popular Progresista, el cual está compuesto por personas provenientes de distintos gremios y actividades productivas —entre varios otros grupos, integrantes de la Sección 22 del SNTE,  o el ex diputado local Jefté Méndez— y que ha sostenido que tiene como primer objetivo el cuidado y la defensa del voto a favor de López Obrador el día de la jornada electoral; pero que desde el inicio parece ser uno más de los sectores que podría, y debería, sumarse a la enorme discusión nacional que asimismo debería surgir, a partir de la propuesta de modificar o eliminar la reforma educativa de la Constitución federal.

De hecho, tal parece que esa discusión será necesaria independientemente de si llega o no a ganar López Obrador la Presidencia de la República. La razón de fondo radica en que de todos modos el esquema de evaluación docente necesita cambios, y que esos cambios invariablemente tratarán de ser empujados por todos aquellos grupos que hoy están viendo los primeros efectos de la reforma educativa, y que no tardarán en manifestarse frente al nuevo gobierno para exigir los ajustes que podrían ser necesarios.

Parece entonces que al margen de que López Obrador llegue a la Presidencia, de todos modos abrió una especie de caja de pandora relacionada con la reforma educativa. No habrá forma, independientemente de quién gane la Presidencia, de detener a innumerables grupos tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y de otras expresiones minoritarias y que pudieran surgir al interior del gremio magisterial nacional, que quizá antes de que termine el año planteen a la nueva administración federal, o una reforma integral, o un replanteamiento, e incluso una contrarreforma, relacionada con la educación pública y con la forma en que ésta se evalúa.

Será un tema de la mayor trascendencia, el cual es necesario ir viendo desde ahora.

CONDICIONES SOCIALES

Existe una especie de coincidencia disimulada entre diversas expresiones magisteriales, respecto a la evaluación docente. Esa coincidencia, hasta ahora poco vista, apunta al hecho de que la evaluación fue confeccionada por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, sin considerar que son muchos factores sociales los que influyen en el aprovechamiento de los niños que reciben educación pública, y que al mismo tiempo de implementar procesos de evaluación, era necesario también impulsar mecanismos de regularización para los trabajadores de la educación en todo el país.

Esto parece algo menos complejo de lo que es. Según esa visión, para lograr resultados verdaderamente aceptables en una evaluación docente es necesario que existan las condiciones mínimas de aprovechamiento para todos los niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas. Ello, dicen, no sólo implica que puedan acceder a clases todos los días, sino también que cuenten con alimentación mínima, un entorno familiar y comunitario seguro, y una infraestructura educativa que les permita cubrir sus necesidades básicas.

El problema, señalan, es que a lo largo y ancho del país hay miles de escuelas que no tienen ni la infraestructura indispensable. Es decir, no tienen pisos de cemento firme, no tienen muros y techos sólidos, no tienen agua potable, energía eléctrica, drenaje, sanitarios y áreas mínimas de esparcimiento. Si muchas escuelas del país no tienen eso, muchas más no cuentan con lo necesario para potenciar el aprovechamiento de los educandos a través de materiales educativos, tecnología, e incluso los libros y los materiales que son indispensables para las actividades cotidianas.

Si todo eso está del lado social, también reconocen que el Estado debería considerar más las condiciones en que se ha formado el magisterio desde hace años. En las escuelas normales del país se han anidado vicios que hoy impactan en la preparación mínima de los maestros. Por esa razón, no todos los profesores del país son capaces de aprobar dignamente la evaluación, y a muchos de ellos ni siquiera les son suficientes los cursos de actualización que se les ofrecen para poder superar una primera calificación reprobatoria.

En el fondo, sostienen, es positivo que el Estado quiera evaluar la calidad de la educación. Pero debería hacerlo no en un escenario fantasioso, sino considerando la realidad de la educación en el país. Esa realidad debe considerar que hay millones de niños que llegan a la escuela con hambre; que las condiciones en las que reciben instrucción son inadecuadas, riesgosas e insalubres, y que los profesores —no todos, pero sí muchos— tienen también deficiencias estructurales en su formación como docentes, que primero deben ser corregidas antes que evaluadas.

DISCUSIÓN INMINENTE

Al final, esta será una de las discusiones que muy posiblemente ocurran independientemente de quién sea el próximo Presidente de México. Queda claro que esa visión no es ni radicalizada ni entreguista, pero quizá sea una de las posturas más razonables respecto a por qué sí debe ser revisada la reforma educativa. No para derogarla sino más bien para hacerla más acorde a la realidad de la mayoría de las escuelas, de los maestros, y de los niños mexicanos.

Descalificación en debate

Carlos R. Aguilar Jiménez.


Por si acaso algún inocente o ignorante de la historia política de México todavía creía en las promesas y ofertas de los candidatos a la presidencia de México, luego del debate que no fue más que un cúmulo de descalificaciones, desautorización, anulación, incapacitación, inhabilitación, deposición y desviaciones del propósito del debate, que como controversia, polémica, contienda o discusión debiera ser, lo cierto es que ahora ha quedado en evidencia que lo que realmente les interesa a todos los candidatos son sus correligionarios e ideologías mezquinas, porque ninguno tiene un proyecto o plan para México, y no uno que se diga y nada más, como promesa de político, que fácil e impunemente mienten y engañan siempre para ser populares, sino un proyecto que se pueda sustentar y defender racional, lógica e incluso científicamente, porque si bien cualquiera puede decir que va a repartir dinero entre los pobres, aumentar las pensiones o acabar con la corrupción, una cosa es decirlo y otra, demostrarlo objetivamente, como si se estuviera, por ejemplo en un examen profesional.

Descalificar y prometer es lo más sencillo de todo, lo hacen desde siempre los curas y políticos descalificando a las religiones que no son verdaderas, considerando herejes a quienes piensan diferente, matándolos incluso como hizo la iglesia católica por siglos y, principalmente prometiendo una vida en ultratumba que es imposible demostrar exista pero que bien sirve a los sacerdotes para enriquecerse, igual que los políticos que se descalifican mutuamente y que si bien no prometen que los que sufren sufren serán huéspedes del Reino de de los Cielos, si prometen, especialmente a los votantes más pobres e ignorantes, que el dinero de los ricos se repartirá entre los necesitados y se suspenderán obras e infraestructura que son únicamente para ricos, prometiendo incluso seguir fastidiando y hundiendo en la ignorancia a los niños pobres, al derogar la Reforma Educativa y regresar el control de la instrucción pública al magisterio, en el caso de Oaxaca a la Gestapo 22 que en los últimos 35 años ha perjudicado espantosamente a la niñez en la edad en que lo más importante es aprendan y se forjen el hábito de estudio y lectura. A mi, votar me ha llevado siempre, después que cumplí 22 años, a no votar más por a sentir el “síndrome de la orfandad”, que significa saber  que no ha existido desde hace 40 años un líder honesto, no parece en las boletas para sufragar un dirigente respetable, algún candidato probo, equitativo y justo, sino únicamente políticos desquiciados, transas inmersos en la vorágine del poder, dispuestos a mentir y descalificar las ideologías que antes defendieron, por las que ahora les garantizan dinero y poder, como todos los priistas que se volvieron morenos guadalupanos, misericordiosos y píos y que como cada seis años, se mueven a donde mas les convenga sin importar ideologías, convicciones o ideales, porque no las tienen y tampoco tienen vergüenza.

Con las expresiones de Aureoles, inicia la aritmética de los gobernadores como factor para la elección presidencial

La tarde del sábado, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo escribió en su cuenta de Twitter: “Tras una profunda reflexión, y anteponiendo el interés de México, he llegado a la conclusión de que el próximo Presidente de México debe ser @JoseAMeadek”. Con ello, parece haber quedado abierto el momento en el que para la elección presidencial tendrán que sumarse y restarse no sólo las encuestas y los sondeos de opinión, sino también la forma en que los Gobernadores —esos monumentales factores reales de poder en las entidades federativas— orienten los márgenes de votación en los que pueden influir.

En efecto, además del mensaje transcrito en líneas anteriores, el Gobernador Aureoles escribió lo siguiente: “Con 20 años de conocerlo soy testigo de su probada capacidad profesional y experiencia, pero lo que más lo distingue es su calidad humana y sensibilidad.” “@JoseAMeadek es el perfil más completo. Ha sido secretario de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores, de Energía y dos veces de Hacienda, pero además es un hombre comprometido; quienes lo conocemos no tenemos duda de que será un gran presidente.” “Asumo esta decisión con absoluta responsabilidad y convicción, porque lo que está en juego va más allá de ideologías, partidos o colores. ¡Esta decisión es por México! Pepe, te deseo el mejor de los éxitos en el debate.”

Esta manifestación de apoyo de un Gobernador emanado del PRD al candidato presidencial del PRI, generó toda clase de inconformidades dentro de la alianza PAN-PRD-MC, en la que incluso ayer domingo barajaban la posibilidad de iniciarle un proceso de expulsión de su militancia partidista, acusado de traición. Por su parte, José Antonio Meade recibió con agrado la manifestación de apoyo de Aureoles, pues ésta se sumó al apoyo que previamente le había patentizado el también perredista Armando Ríos Piter, quien no consiguió la candidatura presidencial independiente pero sí decidió sumarse a la del priista.

Aunque para muchos pareció sorpresiva la adhesión de un Gobernador perredista a la campaña presidencial del PRI, lo cierto es que esto era algo anunciado dada la forma en que esos dos partidos, PAN y PRD, procesaron la candidatura presidencial de Ricardo Anaya. Junto a ello, y quizá en un plano aún más importante, es necesario entender que a partir de ahora podrían ocurrir nuevas manifestaciones de apoyo por parte específicamente de Gobernadores panistas o perredistas a la campaña de José Antonio Meade, y que esto —que es una forma de revivir el conocido “voto útil” orientado desde los gobiernos estatales a un candidato presidencial en específico— será también un factor de consideración para el resultado final de la elección.

En esa lógica, vale la pena releer algunos apuntes hechos oportunamente en este espacio. En octubre del año pasado, cuando aún era brumosa la posibilidad de una alianza PAN-PRD, pero ya era visible la intención de Ricardo Anaya de hacerse de la candidatura presidencial incluso a sangre y fuego si fuere necesario, aquí apuntamos: “Margarita Zavala se fue sola, y dejó al PAN en manos de un Ricardo Anaya que ha demostrado ser un político sin honor, sin palabra y sin capacidad de interactuar con quienes no están de acuerdo con él ni se pliegan inopinadamente a su voluntad. A partir de eso, es cierto que Margarita tendrá que comenzar desde cero la construcción de su propia plataforma política y su estructura electoral, y que eso no le resultará nada fácil. Mientras, Anaya seguirá controlando al Partido (que desde hace años tiene una militancia elitista, que tiene varios lustros sin crecer ni renovarse) y quizá pueda conseguir su codiciada candidatura presidencial. El quiebre vendrá cuando se acerque el momento de la jornada electoral. ¿Por qué?

“Porque si el PRI impulsa a José Antonio Meade como candidato presidencial, éste tendrá como misión natural fungir como una bisagra entre el priismo y el panismo que gobernó en los años previos —con él en los gabinetes legales y ampliados, en los tres sexenios—, y como un factor de estabilidad para el sistema político, del cual son actores centrales los gobernadores de todos los partidos. Ahí es donde Anaya se enfrentará a los demonios que está creando: sin embargo, ya para entonces será muy complicado que logre hacer permear —él, o quien sea su candidato presidencial— una imagen de certeza, inclusión y cumplimiento de compromisos —aspectos que sí garantiza Meade— en medio de la historia a partir de la cual se habría de la candidatura presidencial a través de actos de segregación, de exclusión y de porrismo al interior de su partido.

“Por eso, será ahora el panismo quien se enfrente al dilema del voto útil: votar a favor de Meade que representa un punto de equilibrio entre las dos fuerzas, y ofrece certeza en el cumplimiento de los compromisos, y no de un liderazgo anodino y totalitario como el que hasta ahora ha representado Ricardo Anaya. Ese será el verdadero punto de rompimiento de las estructuras panistas, y muy probablemente esa sea la ruta a partir de la cual se desmorone la ‘estructura electoral’ que ahora mismo dice Ricardo Anaya que no se fue con Margarita Zavala.” (Al Margen 10.10.2017).

PALABRA CUMPLIDA

En otro momento, el 9 de enero, hablamos sobre la urgencia de Meade de generar consensos entre los gobernadores, y es exactamente lo que está haciendo. En aquel entonces dijimos: “¿hoy valdrán más las supuestas lealtades a muerte de algunos gobernadores y figuras políticas de primer con Osorio Chong, que la necesidad de generar consensos con José Antonio Meade? ¿Deberían ser los Gobernadores los impulsores de esos acuerdos, o tendría que ser el propio candidato presidencial quien los busque y construya?

“Parece claro que hoy la actitud proactiva de búsqueda y construcción de consensos con esos factores reales de poder, debería estar más en el candidato presidencial que en los gobernadores. Finalmente, los primeros ya tienen su cargo y el segundo no. Y es evidente que los acuerdos deberían apuntar a construir futuro juntos, antes que nutrirse de imposibles —como que Osorio pudiera ser un candidato sustituto— o de lealtades inamovibles, que bien sabemos que en la política mexicana hace mucho que no existen.

“Por esa razón, el destino de la carrera presidencial en el PRI no puede explicarse a partir de las apuestas y de las lealtades, sino de los consensos y las conveniencias mutuas. Meade es el candidato presidencial y es él quien debe buscar generar las sinergias que le permitan mantener la suma inicial de los gobernadores priistas, y éstos deben encontrar en su candidato presidencial la mejor opción —y el eco suficiente a sus propios proyectos políticos—, antes que preferir la negociación con el adversario. Ahí se construirá la candidatura real, y el triunfo priista. Las demás, son cavilaciones que no alcanzan una explicación de fondo para todo lo que veremos en los meses siguientes.”

CONSTRUCCIÓN DE POSIBILIDADES

¿Es sorpresivo lo que ocurre? Queda claro que no. Más bien, es el resultado de los consensos y las sumas y restas electorales, en las que los gobernadores son actores muy importantes. Es muy probable que, dadas las circunstancias, Aureoles no sea el último en declinar a favor de un candidato distinto al de su militancia partidista.

En Huajuapan Poder Judicial realizará programa regional de actualización jurídica

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Habrá una Simulación de Audiencia Preliminar del Proceso Oral Mercantil dirigido a los profesionales del Derecho, así como a los periodistas

Como una de las demandas del gremio de abogados así como de los comunicadores y para difundir de manera práctica el desarrollo de los Juicios Orales Mercantiles, la Escuela Judicial y la Comisión de Oralidad Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO), realizará este 25 de abril la Simulación de Audiencia Preliminar del Proceso Oral Mercantil en la región de la Mixteca.

La actividad está dirigida a abogados litigantes, estudiantes de la licenciatura de derecho y medios de comunicación de la Mixteca, quienes podrán conocer el proceso que refleja un completo cambio en la impartición de justicia en beneficio de los justiciables en la celeridad de los juicios en la materia mercantil.

La Jornada de Capacitación en Huajuapan de León se realizará del 25 al 27 de abril, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicadas en Heroico Colegio Militar, en el centro de esa población Mixteca.

En lo referente a la Oralidad Mercantil, se contempla un curso básico del tema y una Simulación de Audiencia del Proceso Oral mercantil, donde participarán los jueces Jessica Maribel Arango Bravo; Adriana López Arango; Perla Inés García Martínez, y como secretario, Gilberto Jacinto Santos.

En tanto, personal de la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado impartirá el taller de derechos humanos de las personas con discapacidad.

A su vez, el Magistrado Crescencio Martínez Geminiano, integrante de la Primera Sala Civil y el Magistrado Gerardo Carmona Castillo, integrante de la Segunda Sala Penal, impartirán el Taller de Actualización en Materia Penal.

Además de la capacitación, el Poder Judicial de Oaxaca trabaja en mejorar la atención a los justiciables, por lo que el Pleno del Consejo de la Judicatura autorizó el cambio de domicilio del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cuicatlán.

Para ofrecer un espacio digno y más amplio a los trabajadores judiciales y a la ciudadanía, el juzgado fue trasladado a la calle Morelos, número 21 en la Colonia Centro de San Juan Bautista Cuicatlán, donde brinda sus servicios desde principios del presente mes de abril.

Con estas acciones se muestran el compromiso del Poder Judicial en beneficio de una impartición de justicia eficaz, en menor tiempo y con servicios de calidad.

Día de la tierra

Carlos R. Aguilar Jiménez.


 

El domingo se celebrará el día de la Tierra, la fecha oficial dedicada a reflexionar respecto de la Tierra, como si se tratara de un lugar que dependiera de nosotros, los arrogantes seres humanos, especialmente los fanáticos ambientalistas y fundamentalistas verdes, quienes se creen capaces de poder cuidar y salvaguardar la Tierra, planeta para el que geológica e históricamente representamos lo mismo que las hormigas, insectos que se creyeran todo poderosos y con capacidad de cuidar al planeta entero con sus acciones ecológicas al hacer millones de hormigueros.

La Tierra tiene una edad de 4,600 millones de años,  que hemos dividido en Eras geológicas, definidas por el surgimiento y evolución de diversas especies, de las que se ha extinguido casi el 99 por ciento, sobreviviendo por selección diferencial de los más aptos, únicamente los seres que actualmente poblamos la Tierra, incluidos los humanos, antropoides erguidos que se creen ángeles caídos o descendientes de un monigote de arcilla insulado de hálito divino, con alma, que no tienen los animales, por lo que según la Biblia el hombre debe señorear, dominar, sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y todo animal que se arrastre sobre la Tierra, siendo así según orden divina amo y señor de animales y plantas, precepto que los ecologistas no respetan y pretenden que los humanos seamos parte del paisaje, que vivamos como animales cavernícolas y no transformemos la Tierra para nuestro beneficio, enseñoreándose del planeta, no obstante, al margen de fantasías religiosas, lo cierto es que a la Tierra le tiene sin cuidado quien o que viva en su superficie, porque si los seres humanos aprovechamos o no sus recursos y la contaminamos o no, la existencia de la humanidad con tecnología no significa nada para una Tierra con 4 mil 600 millones de años donde insignificantes organismos que apenas han coexistido usando tecnología hace 200 años, desde la Revolución Industrial y como especie hace 500 mil, ahora resulta que algunos se creen omnímodos para salvar o cuidar a la Tierra, planeta que, con o sin nosotros seguirá como siempre otros 5 mil millones de años, sin embargo, esto no quiere decir que seamos sucios y despilfarradores, y si lo somos, la ciencia encontrará soluciones a los problemas humanos, porque la Tierra no los tiene ya que nos guste o no, todas las especies se extinguen y ese el es destino de la humanidad, no de la Tierra, planeta en el que somos hormigas arrogantes que le organizamos un día a la Tierra, cómo podría dedicarse también un día  Júpiter, que también le tiene sin cuidado nuestra arrogancia ecológica.

Comunismo y populismo

Por Carlos R. Aguilar Jiménez.


Desde ayer y por vez primera en 60 años, la dinastía de los Castro que gobernó cuba ha terminado, nombrándose a Miguel Díaz-Canel como vicepresidente, porque Raúl Castro seguirá siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba hasta el año 2021, y aunque ya no será el jefe supremo, seguirá manteniendo tutela y control sobre Díaz-Canel quien, se sabe, ascendió al puesto gracias a la influencia de Castro, ocurriendo así un cambio histórico y generacional en el gobierno cubano, porque con sus 54 años de edad el nuevo gobernante de Cuba nació después del inicio de la Revolución Cubana, movimiento armado que convirtió el gobierno, de capitalista y libre mercado, en un sistema comunista, totalitario y despótico, encabezado por el dictador latinoamericano que más tiempo ha estado en el poder.

Desde principios del siglo pasado con ideas de Marx, Engels, Lenin y Mao algunos líderes sociales y políticos, creyeron que si distribuían la riqueza, esta no se volvería pobreza, sino que alcanzaría todo para todos, siendo el estado el encargado de distribuir, organizar y administrar la economía y política de estos países, convirtiéndose en comunistas China y Rusia como países protagonistas de este sistema de gobierno, iniciándose una Guerra Fría con los capitalistas, especialmente con EU y Europa que abanderaban el capitalismo, y en América, el único país que se hizo comunista fue Cuba, constituyéndose una molestia para EU, quien lo bloqueó económicamente hasta la fecha, cuando en el resto del planeta se ha demostrado que el Comunismo no funciona, siendo ahora Rusia un país capitalistas y China casi. mientras Cuba continua con carencias, sin libertad ni derechos humanos para sus ciudadanos y viviendo en boato y opulencia los allegados a los Castro hundiendo cada año más a Cuba, sobre todo desde la caída del comunismo soviético, así que ahora que Cuba será gobernada por alguien que no es Castro, lo único que se requiere es la desaparición de Raúl para que pueda cambiar su sistema de gobierno y regrese al capitalismo, otorgando libertad a los cubanos, democracia y principalmente la oportunidad de hacer negocios, de tener internet libre y de poder salir de la isla, no como sucede en sus tiempos comunistas, que ni a hoteles podían entrar y no hay oportunidad que con talento o ingenio se pueda destacar, porque en el comunismo todos tienen que vivir igual, pobres y sin oportunidades. Bien por los cubanos quienes quizá pronto consigan la democracia y se integren al mundo globalizados y capitalista en que vivimos, mientras en México vayamos directo al populismo comunistoide anunciado por el mesías  guadalupano sexagenario.

Adiós al fuero constitucional, ¿ahora sí?

Para muchos ayer fue un día histórico. Pues la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen por el cual se elimina el beneficio del fuero para todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, incluido el presidente de la República. De llegar a convertirse en reforma constitucional —una vez que pase por la aprobación de las dos cámaras federales, y la mitad más uno de las Legislaturas locales—, este sería el paso que hacía falta para la eliminación de esa polémica aunque malentendida figura en todo el país.

En efecto, con el análisis de 33 iniciativas, se concretó el documento por el que se reforman los artículos 110 y 111 de la Carta Magna, y se contempla que para enjuiciar al jefe del Ejecutivo Federal se deberá contar con la mayoría calificada del Congreso de la Unión a favor de la acusación.  Tanto los legisladores de ambas cámaras, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los órganos electorales, y autoridades locales en todos sus niveles, podrán ser sujetos a juicio por acciones penales que se señalen en su contra.

Diputados de distintas bancadas destacaron que el mérito no debe ser de ningún organismo político, sino de la sociedad que con su denuncia orilló a los políticos a “evolucionar y ponerse a la vanguardia”, y celebraron el avance. Incluso, ayer mismo la Junta de Coordinación Política, anunció que ese sería el primer dictamen en ser puesto a discusión en la sesión de ayer, y finalmente por la tarde los diputados aprobaron de manera unánime y por la vía rápida, la eliminación del fuero para todos los servidores públicos, incluyendo al presidente de la República. Con 370 votos a favor, las reformas a la Carta Magna y se enviaron al Senado de la República para su análisis.

Esto, como suele ocurrir, fue una victoria con muchos padres. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Marko Cortés Mendoza, destacó que fue su candidato presidencial, Ricardo Anaya, quien presentó la propuesta a nombre de Acción Nacional. “Todos los mexicanos sean o no servidores públicos podrán estar en un proceso del cual se les acuse, obviamente bajo el supuesto y principio de que todos somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario”, puntualizó.  

Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD, expresó el respaldo al dictamen que representa la igualdad para todos ante la ley, “para que nunca más ningún servidor se escude con el fuero”. Incluso el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, de inmediato utilizó el tema señalando que él sería el primer Presidente de México sin fuero. Lo cierto, al final, es que este era un tema que ya venía discutiéndose desde hace tiempo en nuestro país, y que varias entidades de la República —Oaxaca, entre ellas— ya habían avanzado eliminando dicha figura de sus Constituciones locales, como una forma de establecer nuevos parámetros de actuación para los servidores públicos de esos niveles.

TENDENCIA NACIONAL

Tan sólo en 2017, 11 entidades de la República votaron a favor de eliminar la inmunidad judicial a todos los servidores públicos. Entre ellos, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (enero), así como los congresos de Baja California (9 de marzo), Yucatán (15 de mayo), Nayarit (25 de mayo), Nuevo León (31 de mayo), Quintana Roo (15 de junio) y Coahuila (11 de julio). Antes ya habían hecho algo similar los estados de Morelos, Jalisco y Querétaro, y en Oaxaca también fue eliminado el fuero como parte de un proceso de consensos políticos logrado entre las dos principales bancadas en la LXIII Legislatura (PRI y Morena) para conseguirlo, a iniciativa de los propios morenistas.

En términos generales, estas iniciativas lo que buscan eliminar es la llamada “declaratoria de procedencia” que debía ocurrir para que cualquier servidor público dotado de inmunidad, debiera enfrentar a la justicia en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Esa inmunidad constitucional fue establecida desde que apareció la Constitución, como una forma de no de excluir a ciertos servidores públicos de sus responsabilidades relacionadas con la justicia ante la comisión de un hecho ilícito, sino más bien de garantizar su independencia para que nadie intentara presionarlos a través de acciones judiciales, para que realizara o se abstuviera de alguna conducta en específico.

De hecho, como durante mucho tiempo operó a plenitud el control político que significaba el poder del Presidente en el marco de un régimen de partido hegemónico —y él era quien decidía a quién se le aplicaba la justicia, y a quién no, independientemente de su calidad de servidor público— fue hasta hace pocos años cuando se vio el problema que representaba el llamado fuero para los servidores públicos, y particularmente para los representantes populares. Hasta el momento en que ocurrió el intento de proteger a Julio César Godoy Toscano de la acción de la justicia, se vio que el fuero sí podía servir para fines distintos para los que fue creado.

De hecho, a Godoy Toscano le siguieron otros casos patéticos como el de Luis Enrique Tarín García; o el de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo que también estuvieron protegidos por el fuero para evadir sus responsabilidades frente a la justicia; y más recientemente el caso de un diputado local de Guerrero que es acusado de ser el verdadero líder de una banda criminal conocida como “los tequileros”. Esos, en un país de 120 millones de habitantes y una dinámica bastante compleja, pueden seguir siendo considerados como hechos aislados.

Al final, parece claro que al calor del proceso electoral sí pueden prosperar algunas iniciativas importantes, que quizá lleguen a convertirse en norma constitucional. Falta la consideración del Senado, que seguramente estará en una sintonía más o menos similar a la de la cámara baja, y posiblemente se allane a la iniciativa enviada por los diputados. Luego tendrá que ir a las entidades federativas para que sus legislaturas locales se pronuncien al respecto.

PISO PAREJO

Como sea, lo cierto es que la sola posibilidad de que un tema tan relevante como este se fije en la agenda pública, es ya un triunfo para todos los mexicanos. Propios y extraños debemos asumir que la evolución del servicio público debe apuntar hacia las responsabilidades, y que hoy ni siquiera el Presidente puede ser ajeno a ellas. Este debe ser un imperativo ineludible para que los mismos gobernantes y servidores públicos en general, sientan menos seguros de exceder sus funciones, o violar la ley, sin la posibilidad de que tengan consecuencias.

Destino anunciado de Andrés Manuel: de llegar a la Presidencia, se convertirá en rehén de sus aliados actuales

Hay —dicen— señales concretas que apuntan a que el ganador anticipado de la contienda presidencial será Andrés Manuel López Obrador. Esa es la razón por la que —también, dicen— hay todo un proceso adelantado de discusión sobre los proyectos a los que el tabasqueño pretende intervenir o para frenarlos o para modificarlos —tales como el nuevo Aeropuerto o las inversiones relacionadas con la reforma energética, entre otros—. También debería comenzar a verse quiénes serán los aliados, y quiénes los adversarios —hoy visibles e invisibles— del eventual “Andrés Manuel Presidente”.

En efecto, quienes desde hace doce años han abrevado los temores propios de quienes tienen ante sí lo desconocido, hoy parece que deben comenzar a procesar lo que algunos ven como irremediable: que Andrés Manuel López Obrador se convertirá en Presidente de México. Junto a ellos, están los que ven no con preocupación la llegada de un nuevo partido al poder, sino la posibilidad de que se cancelen algunos de los proyectos económicos más relevantes del país, a partir de planteamientos de campaña de quien podría convertirse en Presidente. Unos y otros deben asumir que ellos no serán ni los primeros adversarios del eventual nuevo Presidente, y que tampoco podrían ser los más importantes. ¿De qué hablamos?

De que para llegar a la Presidencia, Andrés Manuel ha explotado algunos de los argumentos y de los temas más sensibles del pasado reciente y el presente gubernamental: ha señalado que todos en el pasado han sido corruptos y que él no lo será; ha prometido terminar con estructuras jurídicas como la reforma educativa para congraciarse con el gremio magisterial —oficialista y disidente— y para apartarse de los proyectos de mejora educativa planteados al menos por sus dos antecesores inmediatos.

También ha cuestionado la viabilidad del nuevo Aeropuerto Internacional de México; y también ha puesto en entredicho la continuidad de los procesos de asignación de proyectos de exploración de pozos petroleros entre el Estado mexicano y particulares. Incluso, se ha mostrado a favor de someter a consulta algunos de los derechos más progresistas que la sociedad mexicana ha ganado en los últimos años. Y así. Pues básicamente, a Andrés Manuel le ha salido perfecta la estrategia de ir en contra de todo para ganar el consenso social a favor de un cambio, aunque hasta el momento parece no haber reparado en el enorme costo que tendrán, en el mediano plazo, las decisiones y los aliados con los que ahora quizá logre llegar a la Presidencia.

En esa lógica, quién sabe si Andrés Manuel López Obrador entienda que llegar a la Presidencia es un medio y no un fin. Es un medio para lograr mejores condiciones de democracia y gobierno para el país, y no un fin que más bien está relacionado con las ambiciones de poder. Cuando su lucha por la Presidencia se intenta entender desde la lógica de los fines y no de los medios, puede entenderse que todas y cada una de las decisiones y ofrecimientos que hoy está haciendo para congraciarse con el electorado, en otro momento tendrá costos que no necesariamente pagará él, sino que los terminaremos pagando todos los mexicanos independientemente de si a él le va o no le va bien en su periodo de gobierno.

LOS COSTOS

Es bien sabido, por ejemplo, que a Andrés Manuel pronto le rebotará el bumerang relacionado con la reforma educativa. Él ha prometido derogar todo el contenido de la evaluación docente actual, aunque no ha considerado la posibilidad de que no tenga mayoría en el Congreso, o que aún teniéndola, no logre generar el consenso legislativo necesario para volver a reformar el artículo tercero constitucional para poder cumplir con su planteamiento de “matar” la actual reforma educativa.

En cualquiera de los supuestos —incluso en una tercera posibilidad, que podría radicar en acciones legales que intentaran evitar la derogación de la reforma educativa, ya que en buena medida ésta engloba derechos fundamentales que pueden ser oponibles a través de distintos mecanismos de control constitucional—, el propio Andrés Manuel se convertiría en rehén de quienes hoy cree que son sus aliados.

Pues independientemente del desenlace que tenga esa historia, lo que sí es claro que es que no mucho tiempo después de iniciado su eventual gobierno, comenzaría a sentir no sólo la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —de quien ya es esperable la oposición, pues asumen esa postura casi por sistema—, sino también del SNTE, que en un momento dado podría también movilizarse para tratar de conseguir que el tabasqueño cumpliera sus promesas. ¿Quién perdería? Evidentemente, todos los mexicanos. Pero además de eso, en ese tema, él sería el principal rehén de sus aliados.

Otro ejemplo puede ser el aeropuerto. Andrés Manuel puede decir muchas cosas, pero lo cierto es que no será fácil detener una obra de tal envergadura, y tampoco será sencillo evadir las consecuencias que esto tenga. Si logra detener la obra, ello tendrá muchas consecuencias que irremediablemente tendremos que pagar todos por la inestabilidad que eso le acarreará al país. Pero si no logra detener la obra, quizá sea aún peor (para él). ¿Por qué? Porque entonces tendría nuevamente encima los cuestionamientos de todos aquellos a los que ahora ha convencido de votar por él, y a los que evidentemente no podría cumplirles tal promesa que hoy parece tan simple, pero que implica consecuencias de gran calado.

Algo similar ocurre con su doble moral relacionada con los derechos fundamentales. Hoy Andrés Manuel, a pesar de ser un personaje que ha militado en la izquierda, se congracia con los sectores más conservadores al asegurar que pondrá a consulta la permanencia de ciertos derechos ganados por las minorías, como los relacionados con el reconocimiento constitucional de algunas minorías, y más aún con temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, y otros que guardan relación con eso.

¿Qué ocurrirá? Que simplemente no podrá ni ponerlos a consulta; y que, en el caso que lo haga —fuera de la ley, porque según la Constitución los derechos fundamentales no pueden ser sometidos al juicio de la mayoría—, de todos modos no logrará ni derogarlos ni hacerlos retroceder, ni nada. Eso ocurrirá, y entonces de nuevo Andrés Manuel terminará siendo rehén de quienes hoy lo defienden por el incumplimiento de una promesa que —valga la redundancia— es imposible de cumplir.

DEMAGOGIA

Puede ser que él represente un cambio, y de ser así debería ser bienvenido. El problema es que ese cambio está lleno de demagogia, que aflora casi ante el más sencillo de los análisis. Aquí han sido planteados sólo algunos botones de muestra.

Imparte TSJE seminario de oralidad mercantil a organismo de abogados

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Jueces, expertos en la materia, imparten sus conocimientos a los integrantes de la Barra Mexicana Colegio de bogados de Oaxaca A.C

Para difundir el desarrollo de los Juicios Orales Mercantiles, así como los principios y bondades de este nuevo proceso de justicia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO), a través de la Escuela Judicial, impartió el Seminario Introducción al Juicio Oral Mercantil a integrantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Oaxaca A.C.

En las instalaciones de los juzgados Civiles y Familiares del Centro, los jueces especializados en oralidad mercantil, Miguel Hernández Bautista y Martha Elena Gómez Carreño, expusieron a los abogados litigantes los puntos fundamentales que conforman el sistema oral en la materia.

“El objetivo de los Juicios  Orales Mercantiles no es nada más llegar a una sentencia, sino privilegiar la resolución de conflictos que puede ser a través de convenio”, comentó el juez Hernández Bautista.

Indicó que los antecedentes de la oralidad se encuentran en el derecho griego y romano, donde predomina la palabra hablada a la escrita para la resolución de conflictos; además, expuso que en las constituciones mexicanas ya se habla del sistema oral en temas judiciales.

“En la Constitución de Apatzingán, el Artículo 31 señala que ninguna persona debe ser juzgada ni sentenciada sino después de haber sido oído legalmente.  Eso significa que en un proceso alguien tiene que hablar para que alguien escuche. En la Constitución de 1917 ya se establecía que las personas serán juzgadas en audiencia pública por un juez  de ciudadanos que sepan leer o escribir; eso habla de la oralidad”, indicó el juez.

Señaló que entre los beneficios del Sistema Oral Mercantil es la disminución de tiempo en trámites; la eficacia en las notificaciones, las cuales se realizan de manera electrónica; así como el breve tiempo que tardan las audiencias de resolución, “que son en cuestión de minutos; la más breve que hemos tenido ha sido de dos minutos”, dijo Hernández Bautista.

Por su parte, la jueza Martha Elena Gómez Carreño  pidió a los abogados no comparar el Sistema Acusatorio Adversarial con el Sistema Civil, puesto que tienen diferencias al  tiempo de señalar que los principios que rigen al juicio oral mercantil son: oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, los cuales deben comprenderse para que cada parte del proceso se realice de manera adecuada.

En este sentido, Gómez Carreño indicó que el Juicio Oral Mercantil es público, abierto a la sociedad,  que adecua los requerimientos a las necesidades de los justiciables tomando en cuenta los derechos humanos;  brinda las pruebas necesarias que permiten al juez resolver de manera eficaz y de manera especial, subrayando que no se debe ejercer violencia para reclamar derechos.

En tanto, la directora de Escuela Judicial, Yanis Santiago Rodríguez puntualizó que se organizan diversos talleres a fin de brindar capacitación a los abogados oaxaqueños, mientras que la representante de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados de Oaxaca, Edna Franco agradeció el trabajo y disposición del Poder Judicial en compartir la experiencia y conocimiento a los integrantes de esa organización.