+ LXII Legislatura: todos “consensaron” llevar a la quiebra al Congreso

Es necesario registrar —y no olvidar— las afirmaciones del diputado electo Irineo Molina Espinoza, quien fungirá como coordinador de la bancada de Morena en la LXIII Legislatura estatal. En entrevista con TIEMPO, Molina asegura que exigirá a la Auditoría Superior del Estado, una revisión fiscal y contable a sus antecesores. Esa, la de las auditorías al Poder Legislativo, es una de las demandas más añejas y menos posibles en Oaxaca, en un escenario en el que reiteradamente los legisladores han logrado como único consenso de sus respectivas gestiones, el llevar a la quiebra a las finanzas legislativas, y de paso a la legalidad y al Estado de Derecho.

En efecto, el próximo Coordinador de Morena en el Congreso, reprochó que quienes integran la LXII Legislatura convirtieran al Poder Legislativo en una alianza comercial en la que todo se vendía, y evitaran transparentar su actuar. Consideró que “es momento de que al seno del Congreso de Oaxaca se aplique la transparencia y austeridad”, y sobre todo “se acabe con esos vicios que definieron y distinguieron a la LXII Legislatura”.

Todos sabemos que esos vicios que definieron y distinguieron a la Legislatura que fenece fueron los relacionados no sólo con la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos, sino sobre todo con confabulación entre fracciones parlamentarias para cerrar su manejo financiero a cualquier forma de revisión, e incluso echar a quien intentara hacerlo, independientemente del nivel jerárquico o político en que se encontrara.

En ese sentido, es menester recordar que la propia LXII Legislatura inició con demandas muy claras y concretas de rendición de cuentas y de revisión de la actuación de quienes integraron la LXI Legislatura. Quizá hoy para muchos es un recuerdo vago, pero aquella Legislatura —la primera de este sexenio— concluyó en medio de un escándalo por la revelación de transferencias millonarias a los coordinadores de las bancadas que integraron la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Hubo, en aquel momento, dos botones de muestra: uno fue la revelación de sumas superiores a los cuatro millones de pesos en las cuentas bancarias del entonces diputado Alejandro López Jarquín. Y algo muy similar ocurrió con quien fungía como coordinador de la bancada priista, el diputado Francisco García López, a quien igualmente desde las cuentas institucionales del Poder Legislativo, le fueron transferidas fuertes cantidades sobre las que nunca hubo una explicación cabal.

Cuando concluyó la LXI Legislatura, los diputados entrantes (que ahora son salientes) prometieron a la ciudadanía que investigarían a fondo dichas operaciones; que abrirían las cuentas del Congreso a la ASE para que llevara a cabo los actos de fiscalización que en derecho correspondían; y que tendrían una actitud distinta que la de sus antecesores. La realidad revela que no sólo no ocurrió nada de eso, sino que los integrantes de la LXII Legislatura profundizaron la opacidad, la discrecionalidad y la lucha por mantener en secreto el destino de sus recursos.

ALIADOS PARA LA OPACIDAD

Presionado por las circunstancias, al inicio de la LXII Legislatura, el diputado Alejandro Avilés Álvarez —en su calidad de presidente de la Jucopo— dijo en público que permitiría las revisiones por parte de la ASE, aunque en privado ninguneó, regañó y ridiculizó al auditor Carlos Altamirano Toledo, por declarar a la prensa que el organismo de fiscalización que —según— encabeza, se encontraba listo para iniciar las auditorías a la gestión de los diputados de la LXI Legislatura. Lo único cierto es que dichas revisiones nunca ocurrieron, y la muestra palmaria de ello radica en que la ASE no registra, de 2014 a la fecha, ningún resultado de auditoría al ejercicio de los recursos legislativos, simplemente porque nunca tuvo acceso a ellos.

Luego vino el festín económico del que se sirvieron los coordinadores parlamentarios del PRI y el PRD —los dos primeros años de la LXII Legislatura, en los que uno y otro encabezaron sucesivamente la Jucopo— en una verdadera danza millonaria a la que accedieron gracias al trabajo del Tesorero del Congreso, que fielmente guardó los secretos sobre el manejo de los recursos, a cambio del respaldo legislativo para sostenerse en su cargo.

De hecho, la muestra más clara de esa alianza para llevar a la quiebra al Congreso, se vio cuando la diputada Natividad Díaz prometió, el año pasado, que realizaría las auditorías prometidas. ¿Qué ocurrió? Que todos se pusieron de acuerdo, primero para impedirle cualquier intento de revisar las finanzas legislativas, y luego para echarla de la Junta y de la Coordinación de la bancada, cosa que finalmente ocurrió hace algunas semanas.

Frente a esa realidad, hay que memorizar las declaraciones de Irineo Molina. Dentro de no mucho veremos, en los hechos, si logra al menos algo de lo que ahora, con tanto denuedo promete.

COSAS QUE PASAN…

La semana pasada, la ASE llevó a cabo la premiación de un concurso de dibujo infantil sobre la rendición de cuentas. El invitado estrella del evento, realizado en el Hotel Fortín Plaza, fue el experto en docencia y temas educativos, Jesús Amaya Guerra, a quien trajeron a Oaxaca para dictar una conferencia. Llamó la atención que inmediatamente después de que terminó ese evento, en un salón contiguo, inició un evento con una temática similar, pero organizado por la subsecretaria de Desarrollo Social, Dalia Báez Arenas. Ahí, Amaya Guerra dio otra conferencia. La duda que quedó entre quienes atestiguaron el hecho, es si la ASE pagó los gastos y honorarios de un conferencista, que luego se fue a otro evento oficial de la Sedesoh, o si fue al revés… o si, con doble pago, todo fue producto de una amena casualidad entre ambas instituciones.

+ Nuevo gobierno debe incluir a la ciudadanía en debate de la educación

Ha una década desde el conflicto magisterial en Oaxaca, y ante el saldo rojo de la educación pública en la entidad, es indispensable que los actores públicos involucrados –ciudadanía incluida— den las pautas de las aspiraciones educativas en la entidad para los próximos años. El arribo de un nuevo gobierno, y de una clase política que pretende renovarse, parece el escenario propicio para ello. Sólo falta que todos den muestras de voluntad y de ya no sólo pelear por sus intereses, sino de establecer el nuevo rumbo que apremia a la instrucción pública en la entidad.

En efecto, en octubre de hace diez años el conflicto magisterial y popular llegó a su punto cúspide, cuando la Sección 22 del SNTE decidió involucrar a la ciudadanía en la crisis social, y convirtió un conflicto gremial y laboral, en una confrontación entre toda la ciudadanía. Finalmente, el magisterio estaba defendiendo sus intereses económicos y políticos, como lo ha hecho permanentemente de entonces a la fecha. Aunque lo que sigue pendiente es el diálogo por la educación que nunca pudo propiciarse primero por las resistencias magisteriales, pero también por la incertidumbre que generaron los titubeos permanentes de las administraciones de Ulises Ruiz, y Gabino Cué, consecutivamente.

En esa lógica, es claro que diez años después de aquella situación, la educación en Oaxaca ha sido el tema más debatido pero menos abordado en la agenda pública. No hubo forma de penetrar la verdadera discusión sobre el rumbo de la educación, primero porque la Sección 22 se dedicó de lleno a exigir sus resarcimientos por el conflicto magisterial; después, porque, por sistema, se declararon en oposición a los programas educativos del gobierno del presidente Felipe Calderón, y luego a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto.

Incluso, ni siquiera la discusión legislativa de una nueva Ley Estatal de Educación fue espacio para dialogar sobre el tema sustantivo en materia educativa entre gobierno, maestros y padres de familia, que no es sino el tipo de educación que reciben los niños y jóvenes en las escuelas públicas de la entidad, y la necesidad de replantear, junto con las necesidades y exigencias políticas de los maestros, los planes y programas de estudio no con que se evalúa a los profesores, sino con los que imparten clase cotidianamente a sus educandos.

En este sentido, es alarmante cómo ese tema —que debiera estar en el centro del debate— es el que más ha sido relegado de la discusión pública sobre la educación. Hasta hoy, el magisterio sostiene como la base de sus argumentos, que están en contra de las evaluaciones, y que demandan un sistema que considere las diferencias culturales, sociales, económicas y políticas de las comunidades marginadas. Pero esas demandas han servido para encubrir el silencio que reina sobre el análisis de la educación que ellos mismos están impartiendo, y la que van a ofrecer —o la que deben ofrecer— en el mediano y largo plazo en Oaxaca.

ESPACIO DE DIÁLOGO

En los últimos años, el gobierno estatal fue un ariete de las demandas del gremio magisterial. La administración estatal, de hecho, parecía estar permanentemente al servicio de las demandas magisteriales —y de sus intereses y tácticas de lucha social— porque esa era la forma de convivir en un escenario en el que la gobernabilidad dependía en gran medida de la estabilidad de la relación entre el sindicato magisterial y el Estado.

Sin embargo, a partir del 21 de junio de 2015 quedó claro que dicha relación no era indispensable, y que en realidad había que ir a un nivel superior para discutir ya no los temas políticos de la educación, sino la educación misma, que hasta ahora es un diálogo postergado y silenciado. ¿En qué hemos estado? Reiterada y cíclicamente se ha discutido la parte política, pero sin discutir la verdadera parte sustantiva de la educación en la entidad.

Por eso hoy es urgente ya no sólo discutir la parte política, sino los verdaderos temas educativos. Nosotros los ciudadanos tenemos gran responsabilidad en ese rubro, porque a pesar de ser mayoría frente al gremio magisterial, e incluso frente al Estado, hemos sido quienes menos hemos participado en los destellos de diálogo educativo que han existido hasta ahora. Toda la participación de la ciudadanía se ha reducido al ejercicio de algunas formas de presión, en algunas escuelas, cuando hay organización.

Pero en realidad, tanto para el gobierno como para la propia Sección 22 ha sido ampliamente conveniente la inexistencia de organizaciones de padres de familia dispuestas a dialogar no sobre los salarios o las condiciones laborales de los profesores, sino sobre la urgencia de que haya clases permanentemente; sobre qué se les va a enseñar a los niños en clases, y sobre cuál es el futuro de la educación y la docencia en Oaxaca.

Ese es diálogo que falta. Es el gran rubro pendiente que tendría que impulsar el gobierno de Alejandro Murat, si es que de verdad desea que su gobierno no repita la política de evasión que ha prevalecido en los últimos años, respecto a la educación pública en Oaxaca.

AL MARGEN: 10 AÑOS

El 3 de octubre de 2006, apareció por primera vez esta columna en las páginas de TIEMPO. Ha sido una década de trabajo arduo en el registro cotidiano de los acontecimientos de nuestra sociedad; de aprendizaje de nuestros compañeros más experimentados, y de consideración de los propios errores. A través de estas líneas, el autor de este espacio patentiza su gratitud hacia todos los que hacen posible la edición cotidiana de este diario, y a quienes día a día nos prefieren como lectura de reflexión, crítica y análisis político. A todos, muchas gracias.

+ Oaxaca debe revisar sus leyes para establecer vanguardia laica

En los últimos meses hemos visto movimientos inusitados que tienen como bandera la defensa de la familia, pero que encierran el intento más evidente de grupos religiosos por influir en las determinaciones políticas y jurídicas del país. La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto sobre el matrimonio igualitario, reactivó una pugna que ya existía en temas como la legalización del aborto en la capital del país, y el reconocimiento a la diversidad sexual como parte de nuestra sociedad. Si de verdad se pretende estimular la vanguardia jurídica en Oaxaca —una pose muy recurrida, pero muy poco atendida—, la defensa del Estado laico debe ir por delante.

En efecto, hoy muchos se dicen escandalizados por la forma en la que la Iglesia Católica, y grupos conservadores, han sacado a la gente a las calles para tratar de frenar la iniciativa presidencial relativa al matrimonio igualitario. Bajo argumentos morales, religiosos, bíblicos y hasta fantasiosos, esos grupos pretenden establecer que el esquema familia está integrado —como lo dice el inconstitucional artículo 143 del Código Civil de Oaxaca— por un solo hombre y una sola mujer, que se unen en matrimonio para perpetuar la especie y brindarse ayuda mutua en la vida. Al defender ese argumento, dichos grupos pretenden marginarlos del reconocimiento constitucional a la igualdad entre las personas, y a la prohibición de la discriminación en todos sus tipos.

Esa ofensiva, hoy, es la más vista pero no ha sido la única ni es la primera. De hecho, en el pasado reciente, en el año 2012, grupos pro religiosos impulsaron fallidamente una reforma al artículo 24 de la Constitución federal para dar pauta a que asociaciones que promueven el culto religioso pudieran no sólo acceder a medios de difusión masiva (libertad que ya está garantizada actualmente, por medio de la cual, por ejemplo, las iglesias y congregaciones pueden contratar espacios en medios de comunicación), sino que ellos mismos pudieran tener sus propios medios de difusión (no sólo relacionados con medios de información) para dar una mayor cobertura a las actividades de culto religioso que promueven.

Esto porque uno de los puntos álgidos que planteaba dicha reforma radicaba justamente en eso: en que el ensanchamiento de una libertad de culto religioso (para quien lo promueve y para quien lo ejerce) trae aparejado algo que se conoce como “libertad de difusión” de esas creencias religiosas tanto en privado como en público. Y si el decir, difundir o promover algo en privado no tiene ningún problema, esto pasa a otro ámbito cuando se dice que la reforma abriría la posibilidad de que las asociaciones religiosas tuviesen el reconocimiento constitucional de herramientas de difusión aún más poderosas de las que tienen.

¿A qué se referían esas “herramientas”? A que, en términos sencillos, con la aprobación de la reforma al 24 constitucional se estaría buscando que las propias asociaciones de culto pudieran tener sus propios medios de difusión (entendidos éstos como medios de comunicación, por completo dedicados al servicio de la difusión de una religión, culto o creencia en específico), así como también sus propias instituciones educativas a través de las cuales pudieran hacer una promoción de las creencias que ellos profesan.

MÁS INJERENCIA

Antes, la Iglesia Católica actuó a través de grupos conservadores para contrarrestar la inercia que podría generar la legalización del aborto en la capital del país. Durante años se dedicaron a promover, en las Constituciones locales —incluida la Constitución de Oaxaca— el derecho a la vida, pero estableciendo que ésta se encontraba protegida por la ley “desde el momento de la concepción”.

En el caso oaxaqueño, en 2009, y empujados por no se sabe qué, o pagando no se sabe qué apoyos, los diputados locales emanados del Partido Revolucionario Institucional apoyaron una propuesta de los de Acción Nacional, para establecer en la Constitución Política de Oaxaca, que dicha Norma protegerá el derecho a la vida de las personas “desde el momento de la concepción”. Esto pareció revivir, en el medio local, un debate que ha sido ampliamente abordado en otros momentos y por instancias jurisdiccionales federales de la más alta jerarquía; y que, valga decirlo, ya fueron resueltos.

Dicha adición, ubicada de inmediato como “Ley Provida” establece lo que apuntamos en el párrafo anterior. Esto, por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, fue tomado como el establecimiento de una prohibición constitucional para que en la entidad, en cualquier otro momento, se apruebe una reforma a leyes secundarias a través de las cuales, se legalicen ciertas formas de aborto voluntario.

Esta fue otra forma disimulada a través de la cual la Iglesia se inmiscuyó directamente en los criterios constitucionales para formular normas que protegen no los derechos de las personas sino sus concepciones morales.

¿HABRÁ PROGRESISMO?

Por eso, cualquier destello de progresismo en Oaxaca —ahora que según se inauguran nuevos tiempos políticos— tendría que pasar no nada más por el reforzamiento de la figura del Estado laico, sino por la modificación del artículo 12 para eliminar los términos regresivos en que fue modificado en 2009 por aquella reforma “Provida”. Dicho ánimo también tendría que pasar por la adecuación del Código Civil para eliminar los preceptos declarados inconstitucionales respecto al matrimonio civil. ¿Quién tendrá el valor? Pronto veremos si por lo menos hay destellos de esos temas sustantivos, frente a la apabullante grilla del cambio de sexenio.

+ PRI oaxaqueño avala las intenciones del gobierno saliente

Es paradójico que una reforma que según fue promovida para combatir la corrupción y la impunidad, sea en realidad promotora de dichas conductas. Esto ocurre con un paquete de reformas a la Constitución del Estado, y a la Ley de Fiscalización Superior, promovidas por el diputado Adolfo Toledo Infanzón, que no sólo no cumplen con los nuevos parámetros establecidos por la Constitución federal en la reforma anticorrupción, sino que también parecen ser una carta de porte para los funcionarios de la administración saliente que estarían dándose el escenario más benévolo posible para los tiempos que vienen.

En efecto, en la sesión del pasado 15 de septiembre los diputados locales aprobaron reformas a la Constitución local y a la Ley de Fiscalización Superior, que son flagrantemente violatorias de diversos principios contenidos en la Constitución federal.

¿En qué consisten dichas reformas en el ámbito local? Básicamente, lo que hacen es doblegar algunos principios relacionados con la fiscalización superior y, de hecho, someter a la ASE a las decisiones de la Junta de Coordinación Política. Todo esto, además de fijar plazos de prescripción menores a los establecidos en la Constitución federal, lo cual de entrada los hace inconstitucionales, y revela a los diputados locales como auténticos promotores de la impunidad y la corrupción de la función pública, evidentemente en beneficio primario de los servidores públicos estatales que dejarán sus cargos el próximo 30 de noviembre.

Vayamos por partes. En las reformas constitucionales, el Congreso estableció que la Auditoría podrá realizar investigaciones excepcionales (artículo 65 bis) cuando, por ejemplo, la fiscalización de una obra o recurso sea de tipo multianual. Dicha cuestión está también contemplada y permitida en la legislación federal, salvo porque los diputados locales establecieron en la Constitución, que la ASE puede promover procedimientos de responsabilidades ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas —que también es inconstitucional— “en caso de que existan elementos de presunción de violaciones a la ley”.

Esto es no sólo inconstitucional sino escandalosamente irresponsable. La ASE es un órgano técnico cuya función se basa en la definición de responsabilidades a partir de datos y resultados objetivos. ¿Cómo establecer entonces que podrá promover a partir de “elementos de presunción de violaciones a la ley” y no de criterios sustantivos? Y, en esa lógica, ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia, que de la ley penal se extiende a todos los procedimientos seguidos en forma de juicio? Técnicamente, lo que hicieron fue establecer deliberadamente un error en la ley, que pueda servir como base del beneficio para la defensa de los acusados de corrupción.

VIOLACIONES CONSTITUCIONALES

Ahora bien, dice el recién reformado artículo 37 de la Ley de Fiscalización que “las facultades de la ASE para fincar responsabilidades e imponer sanciones, prescribirán en tres años”. Quizá los asesores del diputado Adolfo Toledo Infanzón no leyeron el correlativo de la Constitución federal, o aún leyéndolo lo desatendieron intencionalmente porque, a la letra, el segundo y tercer párrafo del artículo 114 de la Constitución federal dicen algo muy distinto. Éstos señalan:

“La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

“La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años”.

¿Son visibles las diferencias entre ambas disposiciones? La primera, es que la única prescripción que la Constitución federal circunscribe a tres años, como plazo mínimo y no como plazo fatal, es en materia penal. Segunda, para la responsabilidad administrativa la Constitución federal establece un plazo de prescripción de siete años como mínimo —y no tres, como mañosamente se estableció en la legislación local— cuando las faltas sean graves. Y tercera, que en la legislación local, sin embargo, no se hace mención alguna a la escala de gravedad de las faltas: todas prescriben a los tres años independientemente de si el quebranto fue por un bolígrafo o por una falta grave.

Así, la joya de la corona de la reforma del diputado Toledo Infanzón está en el nuevo artículo 38 de la Ley de Fiscalización, que establece que para proceder penalmente en contra de los ‘funcionarios de elección popular’ (¿no habrán leído que el término ‘funcionario’ fue desechado de la Constitución federal hace tres décadas?) y los previstos por el artículo 118, por delitos cometidos con motivo de su encargo, “se requerirá querella del Auditor Superior PREVIA AUTORIZACIÓN de la Junta de Coordinación Política”.

Es decir, que en estos tiempos del “combate a la corrupción”, en Oaxaca institucionalizaron la subordinación de la fiscalización, a la decisión política —y las negociaciones, y los arreglos, y las extorsiones— de los diputados locales. Bonita forma de combatir la impunidad.

APORTE ACADÉMICO

Una de las dos únicas referencias bibliográficas que están plasmadas en la exposición de motivos de dicha iniciativa, es de “monografías.com”… algo que hoy en día sólo es aceptable —y eso, a veces— en las tareas de la secu. Con esa burla a plena luz del día, queda claro el nivel de descaro con el que promueve la impunidad en Oaxaca, el mismo individuo que luego querrá ocupar el cargo de Carlos Altamirano Toledo.

+ Por mezquindad, buscan a la derecha ¿o querrán aislarse?

El futuro de las fuerzas de izquierda en Oaxaca únicamente les pintaría bien si lograran conformar algún tipo de alianza. Hoy, ese sector de la política partidista se encuentra pulverizado y pareciera que hasta confrontado. En la medida que no logren ponerse a salvo de sus propias diferencias, y opten por la aglutinación, lo único que tendrán es el avasallamiento priista que, según parece, viene con todo a la reinstauración de algunas prácticas que se creerían desterradas.

En efecto, los dos primeros años de gobierno de Alejandro Murat Hinojosa serán determinantes para los años siguientes de la oposición. De todo esto, en el Congreso del Estado deberían generarse los contrapesos necesarios para que el juego democrático no vuelva a ser un caos —como ahora—, pero para que tampoco vuelva a ser el gobierno de uno, como en el pasado priista. Quienes tienen en las manos esa posibilidad son las fuerzas de izquierda, que hoy más que nunca deberían —en el ideal— dejar de lado sus mezquindades y aglutinarse para hacerle contrapeso al poder priista.

¿De qué hablamos? De que es casi un hecho que la LXIII Legislatura quedará integrada de la forma siguiente: el PRI tendrá 17 diputados; Movimiento de Regeneración Nacional tendrá nueve diputados; el PRD tendrá ocho legisladores; el PAN, 4, el Partido del Trabajo, tres, y Unidad Popular, uno. ¿Qué significa esto? Que, linealmente, el PRI tendrá la mayoría, pero con pocas posibilidades de construir en el corto y mediano plazo, si no teje una alianza sólida por lo menos con una de las fuerzas de izquierda, particularmente con el PRD o con Morena. En ambos casos, quedaría a muy pocos votos de la cifra mágica de 27, para lograr reformas a la Constitución.

Ese escenario es el menos complicado porque el PRI será también el gobierno y, dados los antecedentes, no sería raro que trabaran alianzas fácticas o con el PRD o con Morena a cambio del cogobierno (al respecto, hablamos ampliamente en nuestra entrega del 6 de septiembre: “¿Estará preparado el nuevo régimen para cogobernar con Morena?”) o de permitirles el acceso a recursos económicos o concesiones políticas, con tal de lograr la holgura requerida para la toma de decisiones en la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Así pues, la relación de la connivencia parecería más simple de concretar, que la de una posible alianza entre las izquierdas.

Sí, porque de hecho existe la posibilidad —hasta ahora es una intención, aunque no descartable— de que antes de que termine la LXII Legislatura, que se encuentra bajo la hegemonía total no del PRI sino Alejandro Avilés, impulse la reinstauración de la figura de la Gran Comisión como órgano supremo de gobierno del Congreso del Estado. Razones hay de sobra: en la Legislatura siguiente el PRI tendrá una mayoría simple, pero a todas luces insuficiente para generar cualquier síntoma de gobernabilidad —o cuando menos estabilidad— en su relación con el Ejecutivo.

Además, si el PRI preside la Junta de Coordinación Política el primer año de la LXIII Legislatura, tendría que entregarle la presidencia de la Mesa Directiva a Morena, que sería quien le tomaría la protesta a Murat Hinojosa como gobernador del Estado. Este un escenario incierto, y sin mucha capacidad de negociación. Asimismo, Avilés ha fustigado lo suficiente a las demás fuerzas políticas como para dinamitar cualquier posible alianza que le permitiera tomar el control de los órganos de dirección en la Legislatura siguiente. Por eso la posibilidad de reinstaurar la Gran Comisión, y volver a los tiempos de la hegemonía priista.

JUNTAR A LAS IZQUIERDAS

No es buen signo que, en ese marco, el comisionado nacional del PT, Benjamín Robles Montoya esté anunciando que busca la posibilidad de una alianza con el PAN en la Legislatura siguiente. El movimiento sería simple: al tener el PAN más diputados que el PT (cuatro contra tres) entonces lo natural sería trasladar a uno, o todos sus legisladores, al panismo, para conformar una bancada.

Eso sería todo menos un movimiento simple: en sus condiciones actuales, la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que para conformar una bancada, todos sus integrantes deben ser de la misma filiación partidista. Así pues, Robles estaría buscando dejar sin representación a su propio partido, o disminuirla al máximo, con tal de no dialogar con las otras izquierdas y con tal de seguir en su lógica de dinamitar las representaciones progresistas para aliarse con el panismo, que tiene una ideología política opuesta a las de los partidos de izquierda.

¿Qué debiera ser lo natural? Que cuanto antes, el PRD buscara la posibilidad de conformar una agenda política común con Morena y con el PT para ser un contrapeso real al poder y la hegemonía que intenta reinstaurar el priismo. El asunto es de la mayor trascendencia porque no sólo se trata de los intereses pragmáticos o electorales en el corto plazo, sino de la conformación de un contrapeso efectivo a ese poder que intenta restaurarse en la fuerza y la dominancia que tuvo en otros tiempos.

LOS POLOS SE UNEN

¿Por qué tanto interés en pagar por adelantado lo relativo a la construcción y administración de Ciudad Administrativa? ¿Dónde quedaron aquellas promesas de transparentar el cochinero financiero —del que dimos cuenta ampliamente en este espacio, desde los tiempos de Ulises Ruiz— que implicó la construcción de esos complejos administrativos? ¿De veras es tal el ahorro? ¿O de ese tamaño fue el “arreglo”?

+ PRD, PT y Morena, se dicen fuertes pero reflejan debilidad

Es importante registrar los primeros movimientos de las fuerzas de izquierda de cara a la transición de poderes en la entidad. Aunque hay signos de sus intenciones, no ha quedado claro quién de ellos podrá asumir el liderazgo de la oposición en Oaxaca. No se trata sólo de querer sino, sobre todo, de poder político y de que quien lo logre, traiga a su favor los números y el respaldo político para conseguirlo. El signo distintivo es que hasta hoy ni el PRD, ni el PT, e incluso tampoco Morena, parecen tener lo suficiente para asumir ese liderazgo.

En efecto, faltan escasas seis semanas para que culmine la Legislatura actual, y asuman los nuevos diputados. Es un hecho que las dos bancadas principales serán la del PRI y la del Movimiento de Regeneración Nacional. Lo que hasta ahora sigue siendo una incógnita es qué pasará no con las bancadas sino con el liderazgo opositor, y de la izquierda. Hasta el momento no existen coordenadas específicas de ello. Por esa razón es importante registrar los movimientos que realicen las fuerzas de izquierda, y las intenciones que externen —y que denoten— de cara a la LXIII Legislatura y al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.

En ese sentido, vale la pena revisar los movimientos que hasta ahora están realizando en cada una de las izquierdas para ver, no lo que quieren, sino lo que pueden hacer. En el caso del PRD existe una lucha feroz, aunque hasta ahora poco registrada, por el relevo en la dirigencia estatal. En los documentos, Carol Antonio Altamirano sigue siendo el dirigente, aunque es evidente que ya sin ningún tipo de peso al interior del partido. Más bien, el futuro del perredismo se lo están disputando los grupos orgánicos perredistas contra el grupo del malogrado candidato perredista a la gubernatura, José Antonio Estefan Garfias, que pretende adueñarse de esa plataforma partidista como una tabla de flotación de lo que quede del grupo gobernante saliente.

En esa disputa, es importante registrar que a partir del 1 de diciembre tendrán que convivir no sólo ellos, sino también la operación política que seguramente intentará hacer el PRI para desarticular los esfuerzos de los grupos perredistas. ¿De qué hablamos? De que a nadie más que al nuevo grupo gobernante, le conviene que Estefan no se quede con el liderazgo del PRD. Permitirlo será tanto como legitimarlo como el heredero de la izquierda y del grupo perdedor en la contienda de junio pasado. Por esa razón, además de los esfuerzos que hagan los propios grupos al interior del PRD, también habrá que ver qué movimientos inducen desde el gobierno a partir de diciembre, para atajar las intenciones del ex Candidato a la Gubernatura.

Todos esos, son movimientos naturales que, finalmente, en donde impactarán será en la posibilidad de ser o no un verdadero liderazgo de la izquierda. Y, en eso, puede haber una victoria parcial al impedir que arribe a la dirigencia del PRD el grupo de Estefan —que además vendría impulsado por el panismo diodorista de Puebla, con otras intenciones—. Pero de no ser Estefan el próximo líder perredista, no habría una sola figura de altura para erigirse en el liderazgo opositor que naturalmente necesita Oaxaca.

LAS OTRAS IZQUIERDAS

Ayer, en conferencia de prensa, el senador Benjamín Robles Montoya hizo pública su intención de asumir el liderazgo de la izquierda. Dijo, por ejemplo, que “vamos a ser la única y verdadera oposición en Oaxaca que va a defender la causa del pueblo”,  no descartó la posibilidad de crear alianzas con la finalidad de no permitir “que el PRI apruebe leyes a conveniencia”.

En este sentido dijo que ya mantiene pláticas con otros dirigentes como la del PAN, entre otros institutos políticos, y dijo que estas acciones se suman a la que van a realizar con el proceso de entrega recepción, donde serán vigilantes que se cumpla con apego a la ley y transparencia y, en resumen, anunció que serán “una gran oposición” para Alejandro Murat y el PRI en la próxima Legislatura.

La única forma que tiene el senador Robles Montoya de cumplir con ese cometido será a través de su ariete en la LXIII Legislatura, Jesús Romero López, que será el diputado que encabece la representación del Partido del Trabajo. En esa lógica, la pregunta de fondo no radica en si Romero López podrá o no asumir alguna forma de liderazgo petista o de toda la izquierda en la entidad —de hecho, es de los que más experiencia política tiene de entre todas las izquierdas—, sino en si el mismo Robles Montoya estará dispuesto a seguirse ofreciendo como un kamikaze político dispuesto siempre a golpear, pero sin tener establecido un derrotero concreto, máxime cuando él es uno de los coprotagonistas de la pulverización de la izquierda como identidad política en Oaxaca.

¿Y QUÉ QUEDA DE MORENA?

Tienen una bancada importante pero en medio de un ayuno casi famélico de liderazgos políticos. Ninguno de sus cuadros políticos goza de referencia alguna en el radar político estatal. En el fondo, parece que su misma gloria es también su infierno: el liderazgo avasallador de Andrés Manuel López Obrador es el que hizo ganar al partido al margen de los candidatos. Eso llevará a muchos noveles políticos al Congreso local. Tan profunda es su carencia de cuadros, que en Oaxaca se reducen a dos, que no tienen responsabilidades concretas dentro de Morena: Salomón Jara y Flavio Sosa. Eso los deja en un claro titubeo a la hora de responder si alguno de sus diputados tendrá la posibilidad de asumir el liderazgo de la izquierda. Por eso, a pesar de todas las izquierdas son previsibles pocos, o nulos, liderazgos.

+ Oposición sistemática y gobierno cerrado, las constantes del caso

Hoy se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y si hubiera que hallar las coordenadas constantes del caso éstas serían cuando menos tres: la primera, que la verdad sigue desaparecida junto con los normalistas; segunda, que lejos de abrir la investigación, el gobierno federal ha actuado como cómplice de los autores de esos crímenes; y tercera, que a la expansión de las interrogantes ha contribuido sobremanera la oposición sistemática de quienes paradójicamente exigen que se investigue y se conozca la verdad de los hechos.

En efecto, el 26 de septiembre de 2014 ocurrió la detención-desaparición de un grupo de 43 normalistas de Ayotzinapa, que había llegado hasta la ciudad de Iguala, en Guerrero, para realizar acciones de protesta. El alcalde de la población, José Luis Abarca Velásquez, ordenó a sus agentes de la Policía Municipal detener a los normalistas para que no sabotearan el acto del informe de actividades que ese mismo día rendía su esposa como presidenta del DIF Municipal. Los normalistas fueron atacados a balazos por los agentes municipales, luego fueron aprehendidos y entregados a un grupo criminal, que presuntamente los privó de la vida, quemó sus cadáveres y los esparció en un río de la zona de Cocula, en Guerrero.

Frente a esto, el gobierno federal ha actuado no como el primer interesado en el esclarecimiento de los hechos sino, en buena medida, como un cómplice. Aunque la mecánica lineal de los principales hechos ya se conoce —básicamente, lo que fue reseñado en el párrafo anterior— aún existen muchas interrogantes respecto a la posible participación de la Policía Federal, de integrantes del Ejército Mexicano; de la inacción de la PGR, que a pesar de tener denuncias sobre las posibles relaciones criminales de Abarca y su familia, nunca investigó; y de las complicidades que permitieron que esa familia fuera al mismo tiempo autoridad y controladora del crimen organizado en la región.

Esa es la razón por la que hoy la parte oficial de la investigación sigue siendo tan cuestionada. Inicialmente, al Presidente de la República se le recriminó no porque su gobierno tuviera responsabilidad directa en los hechos sino más bien porque pasó 10 largos días sin mencionar el tema —como si la desaparición sistemática de 43 estudiantes, fueran o no normalistas, a manos de la criminalidad, no fuera un asunto relevante— y porque cuando lo hizo, fue sólo para aislarlo como si eso fuera competencia sólo del gobierno estatal de Guerrero.

Hoy los cuestionamientos hacia el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto son otros: la PGR, que atrajo la investigación, ha contribuido sobremanera en la pérdida de credibilidad no ante los padres de los desaparecidos y los grupos de defensa de los derechos humanos que los asesoran, sino ante la ciudadanía en general. La investigación ha tomado cauces que abren las interrogantes de las que resuelven; y pareciera que el gobierno federal está decidido a que la investigación trascienda al sexenio —como pasa siempre en México— y se convierta en un problema para la próxima administración.

Nadie de ellos registra que la desaparición de los normalistas constituye un crimen de lesa humanidad, por la que tarde o temprano el Estado mexicano —no sólo el gobierno federal, o los estatales, sino todo el ente soberano que entendemos como Estado— tendrá que responder ante tribunales internacionales por la desaparición de los normalistas, por la participación y complicidad de agentes del Estado en esos hechos. Dichos agentes, para esos efectos, son los elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula que participaron en los hechos.

OPOSICIÓN SISTEMÁTICA

En contraposición a esa postura está la de mucha gente, que lejos de asumir una postura razonable se ha dedicado a ejercer una oposición sistemática, como si eso contribuyera en algo a hallar a los responsables de estos hechos, y castigarlos de la forma en que merecen.

Lejos de posturas explicables, muchos grupos tomaron la bandera de los normalistas para generarle desgaste al gobierno del presidente Peña Nieto y, dos años después, queda claro que lo lograron a un nivel que quizá ni ellos mismos imaginaron. ¿Cuál es el problema? Que con ello ha logrado una ventaja para los grupos políticos que luchan por la presidencia en 2018 y que ven en el descrédito a Peña Nieto su carta de porte a la Presidencia. Pero en realidad con eso han contribuido en nada a las respuestas que muchos sí esperamos sobre lo que realmente ocurrió aquella noche en Iguala.

Al final, resulta muy mezquino pensar que la búsqueda de la verdad es un problema exclusivamente del gobierno, y que lo que la gente debe hacer es sólo exigir y oponerse. El Estado mexicano debe hallar la verdad. Pero los opositores por sistema en realidad no están preocupados por los normalistas desaparecidos sino por ayudar a construir un proyecto político a costa de las banderas de los desaparecidos.

Por eso, a dos años de distancia queda claro que la verdad y los normalistas siguen desaparecidos. Y que así como vamos no hay para cuándo se sepa exactamente quiénes, fueron, cómo ocurrieron los hechos, y hasta qué nivel de responsabilidad estatal hubo en realidad en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

¿BONO DE RETIRO?

¿Les espanta la liquidación de Enrique Ochoa Reza de la CFE? Volteen a ver a Oaxaca. Aquí, dicen, quieren cargar con todo antes del 30 de noviembre. Y contra todo pronóstico —porque del partido tricolor nadie ha dicho ni media palabra—, parece que ahí la llevan.

+ Pueden hostigarlos, reconstituirlos o ahogarlos económicamente

Más allá del discurso, hay coordenadas sustantivas que darán la pauta de qué tan comprometido con la rendición de cuentas, y con los equilibrios democráticos, estará el gobierno que asumirá el 1 de diciembre. Los órganos constitucionalmente autónomos constituyen un moderno y creciente contrapeso al poder público, y por eso lo que decida la nueva administración sobre ellos —al margen de sus titulares— será trascendental como señal de compromiso con la democracia.

En efecto, en las últimas semanas se ha incrementado la expectativa sobre qué decidirá el nuevo régimen sobre los órganos constitucionalmente autónomos, a partir de la idea de que como los actuales titulares fueron impuestos por el régimen saliente, el nuevo gobierno buscará la reintegración de esas instituciones —el órgano de transparencia, la Auditoría, la Defensoría de los Derechos Humanos, y la Comisión de Arbitraje Médico, que hábilmente ha procurado ser invisible en los últimos años— con personas afines al nuevo régimen. Esa idea no sólo es superficial sino también equivocada, porque si se supone que los órganos autónomos son contrapesos al poder público, resulta un contrasentido quitar a los “amigos” del régimen saliente, para imponer a los “amigos” del régimen entrante, y volver a minar la credibilidad y la legitimidad que tanto necesitan los gobiernos actualmente.

Más bien, en lo que la sociedad y la opinión pública deberían —deberíamos— estar más interesados es en los signos que lance el nuevo gobierno sobre las atribuciones, el presupuesto y los alcances de esos órganos autónomos para los siguientes años. Esto es mucho más importante que los titulares de los órganos, porque finalmente los limitados alcances que actualmente tienen esas instituciones no derivan de la fortaleza o debilidad de sus titulares, sino de las condiciones en que medio realizan su trabajo. ¿De qué hablamos?

De que, si revisamos uno por uno los órganos autónomos, podremos comprobar que sus limitaciones son estructurales y que el fondo de este asunto no está en quién encabece el órgano sino en qué alcances institucionales pueda tener cada uno de ellos. Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha tenido un problema de fondo —en gran medida estimulado por su actual titular, Arturo Peimbert Calvo— por el asedio permanente de las organizaciones sociales que se asumen como garantes y únicas titulares y depositarias de los derechos humanos, y han desviado la labor del organismo defensor, a lo que ha contribuido ampliamente el propio Ombudsman que no parece comprometido con sus atribuciones sino con los compromisos con esas organizaciones.

ÓRGANOS DÉBILES

La Defensoría de los Derechos Humanos representa el menos complejo de los problemas que enfrentan los órganos autónomos. Ésta sí es débil en la misma dimensión de la falta de compromiso de su titular. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el Instituto de Acceso a la Información, y con la Auditoría Superior, con los que sí debe haber demostraciones sustantivas de compromiso por parte del nuevo gobierno si es que quiere dotarse de la legitimidad que hoy no tiene el gobierno saliente —y de la que también adolece el régimen federal—, y si quiere demostrar que tiene compromiso verdadero con el combate a la corrupción, con la rendición de cuentas y con el acceso a la información.

La cuestión es simple: ayer el titular del Instituto de Acceso a la Información, Francisco Álvarez Figueroa se lamentaba el regateo de recursos económicos de que ha sido blanco por parte de la Secretaría de Finanzas, que aún le adeuda recursos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, por un monto superior a los tres millones de pesos. También reveló que su presupuesto anual ha sufrido recortes y —lo obvio— que esos recursos son claramente insuficientes ante las obligaciones que le impuso a los órganos de acceso a la información la última reforma constitucional y la nueva Ley General de la materia.

Caso similar es el de la Auditoría Superior del Estado, que es el órgano de fiscalización que tiene el mayor número de entes fiscalizables en el país —entre entidades estatales, municipios y órganos autónomos son alrededor de 650 entes sujetos a revisión por parte de la ASE— pero al mismo tiempo es el órgano que tiene el menor presupuesto de entre todas las auditorías estatales, y la federal, en México.

Finalmente, la resistencia de los diputados a asignarle más recursos a la Auditoría —a pesar de que en los últimos seis años el presupuesto del Congreso se duplicó—, y el desinterés del gobierno estatal, han hecho que actualmente —y por un asunto de limitaciones estructurales— la ASE no pueda revisar, en números redondos, más que al 10 por ciento de todos los entes a los que cada año debería realizarles una auditoría, cuando lo correcto sería que anualmente revisara las cuentas de los 570 municipios, de todas las dependencias estatales y de los órganos autónomos estatales.

SIGNOS DE CAMBIO

Por eso, más que pensar en si el nuevo régimen releva, defenestra o sostiene a los titulares de esos órganos, en donde se verán sus verdaderas intenciones será en el tratamiento presupuestal, legal y político que le dé a esas entidades autónomas. Si los mantiene económicamente arrinconados, si no les procura un mejor horizonte como contrapesos del poder, y si continúa con la lógica de la debilidad que los ha caracterizado en los últimos años, es que de fondo nada cambiará. Pronto —en el proyecto de Presupuesto 2017— lo veremos.

+ Mujeres trabajadoras, blanco de ataques misóginos y de intolerancia

A pesar de que el lugar común dice que en Oaxaca todos los actores y grupos de la vida pública luchan por la democracia y los derechos, la realidad apunta en sentido contrario. Hemos sido testigos de ataques reiterados no sólo en contra de la legalidad y la convivencia respetuosa, sino del trabajo legítimo de las personas. En los casos más recientes, además, han sido mujeres el blanco de esos ataques, cometidos demagógicamente en nombre de la democracia.

En efecto, el primero de esos casos es el de nuestra compañera fotorreportera de TIEMPO, Citlalli Cid que el fin de semana fue atacada arteramente por un grupo de profesoras de la Sección 22 del SNTE cuando hacía su trabajo —es decir, tomaba fotografías— sobre el estado que guardaba el plantón magisterial en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Ese grupo de maestras, intolerantes y arbitrarias, persiguió a nuestra compañera, que se guareció en una tienda de electrodomésticos ubicada en la primera calle de Guerrero, contigua al Palacio de Gobierno, y hasta ahí fue alcanzada por las “profesoras”, quienes la amenazaron, la vejaron y la obligaron a borrar su material de trabajo a la vista de elementos de seguridad pública, que ni por humanidad hicieron algo por proteger a la fotorreportera.

La respuesta de TIEMPO, con el respaldo solidario y necesario de un grupo amplio de medios informativos de la entidad, fue apenas proporcional a la agresión sufrida por nuestra compañera: dichos medios anunciaron su decisión de dejar de dar cobertura a las actividades de la Sección 22 del SNTE.

Y contrario a lo que dolosamente ha intentado argumentar la Sección 22 —que esa decisión atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía—, ésta decisión de los medios oaxaqueños no sólo responde a la agresión sufrida por Citlalli Cid (incluso ni siquiera por el hecho de ser mujer, o porque las féminas que la agredieron no respetaron el estado de gravidez en que se encuentra, o porque lo hicieron en la vía pública, a plena luz del día y ante la mirada imperturbable de la autoridad) sino en realidad al hecho de que, mientras no existan garantías mínimas —de la autoridad, y de los mismos grupos de presión en su imperativo de comportarse en un marco mínimo de civilidad— para realizar la labor periodística, no vale la pena arriesgar la integridad física de los trabajadores de la información.

En ese sentido, la Sección 22 se ha mantenido en su actitud de no reconocer lo que ocurrió, y achacar la situación a un malentendido. No asumen con responsabilidad el hecho de que ellos mismos, con sus llamados a la censura y a la persecución de todos —medios informativos, incluidos— que no respaldan incondicionalmente su lucha, contribuyeron a crear esa actitud de intolerancia y de agresión en contra de todos los medios. Y esa actitud ha sido pareja: lo mismo han hecho contra representantes de medios que han tenido coincidencias con ellos, que con quienes han sido críticos con sus acciones y estrategias de lucha.

Por eso, al final esto no se trata de censurarlos o de castigarlos. Simplemente se trata de protegernos como gremio frente a su intolerancia y su vocación violenta.

VIOLENCIA ¿DEMOCRÁTICA?

Una situación más o menos parecida es la que el diputado y sedicente presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo García Henestroza, ha emprendido en contra de varias empleadas del Poder Legislativo. La agresión más conocida es la que emprendió en contra de la directora de Comunicación Social, Gisela Mónica Ramírez Hurtado para separarla de su cargo a través de maniobras abiertamente ilegales y violentas; y ayer, García Henestroza emprendió acciones similares en contra de la titular del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, María de Jesús Mendoza Sánchez.

¿Cuál es la intención de García Henestroza? Según él, asumir plenamente la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Aunque en realidad lo que está haciendo se reduce a dos intenciones: primera, desviar la atención, a través de esos actos violentos, de la enorme crisis financiera que enfrenta el Poder Legislativo para tratar de obtener alguna ganancia del río revuelto; y segundo, demostrar que en el Congreso local no conocen los escrúpulos ni le temen al escrutinio ciudadano, porque ellos mismos se han encargado de denigrar a los órganos encargados de proteger los derechos humanos de las personas.

En el primero de los casos, García Henestroza pretende, a través de la persecución a Ramírez Hurtado —con la complicidad silenciosa de la bancada priista—, desconocer toda la carga financiera que institucionalmente tiene el Congreso con las empresas de medios en Oaxaca. Esas maniobras demuestran tener la intención de disponer de los recursos económicos que quedan, y que son para el pago de proveedores, para fines que no terminan de ser claros.

ARBITRARIO E INDOLENTE

Por eso mismo ayer emprendió el ataque en contra de la dirección de recursos humanos, y es posible que lo haga también con las demás áreas legislativas que cuentan con recursos económicos para el desarrollo de sus funciones. En el caso de Gisela Ramírez, el diputado García Henestroza ha desoído dos oficios consecutivos de medidas cautelares emitidos por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Se aprovecha de la debilidad de la defensoría, y demuestra que no le interesa en lo más mínimo los efectos de opinión que generen las arbitrariedades que está cometiendo. ¿Esa es la civilidad democrática de la que tanto hablan?

+ Improductividad, conspiraciones y traiciones, sello distintivo

La LXII Legislatura terminará en medio del enfrentamiento de la fracción panista, la hegemonía silenciosa de la bancada priista, y la desaparición material de todas las corrientes de izquierda. Al final, esta Legislatura, que tuvo como sello distintivo inicial la pluralidad, termina plegada oficiosamente, y por completo, a los intereses del gobierno electo, pero además olvidando que fue la ciudadanía, y no ellos, quien definió las características políticas de la presente Legislatura, que ellos ya dieron por descontadas.

En efecto, la actual Legislatura es muy singular dentro del proceso de alternancia de partidos en el poder público en Oaxaca, porque en ella hubo la representación de nueve partidos políticos. Otra característica particular fue que a pesar de esa enorme pluralidad de la representación, el modelo de organización interna de la Legislatura llevó a que sólo hubiera tres fracciones parlamentarias, y que los representantes de seis partidos políticos se quedaran sin voz y voto dentro de los órganos de gobierno del Congreso local. No obstante las anteriores, es claro que la característica más particular de esta Legislatura fue la combinación de inmovilidad, conspiraciones y traiciones, que es justamente como está cerrando sus trabajos la LXII Legislatura.

¿De qué hablamos? De que finalmente ni la pluralidad, ni el aparente control que por modelo se supone que ejercerían las bancadas grandes sobre las pequeñas —y sobre los diputados sin fracción parlamentaria—, fueron condiciones relevantes. Más bien, desde el inicio de la LXII Legislatura hubo una disputa permanente por los controles políticos, ya fuera al interior de las facciones políticas —en cada fracción parlamentaria había cuando menos dos grupos enfrentados—, y después trasladado a las disputas por los intereses políticos y económicos de todo el Congreso.

Primero fue la fracción del PRD, que a lo largo de la presente Legislatura ha tenido cuando menos tres coordinadores parlamentarios. Hubo una agria disputa entre los diputados del Sol Azteca que en gran medida tuvo que ver con la forma en cómo se repartían los recursos —opacos, discrecionales— que le eran entregados a la coordinación de la fracción parlamentaria.

Esa falta de consensos, y esos cuestionamientos internos, generaron al menos tres cismas distintos en la fracción, que inició con el fallecido Anselmo Ortiz como coordinador, luego pasó por Félix Serrano y, maltrechamente, está terminando con Jesús López Rodríguez, que carga con el peso de haber apoyado a Benjamín Robles Montoya en su malograda carrera por la gubernatura como candidato del Partido del Trabajo.

TRISTEZA PANISTA

Al interior del PAN las cosas no han sido muy distintas. Desde el primer día de la Legislatura, un grupo importante de diputados cuestionó la designación que hiciera el dirigente estatal, Juan Mendoza, en su marco de facultades, de la diputada Natividad Díaz como coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN. Básicamente, los diputados alegaron desde entonces que eso contravenía a la democracia interna. Y aunque en varios momentos intentaron nombrar a Gerardo García Henestroza como su coordinador parlamentario, hasta hace pocas semanas pudo más la presión que ejercían en su contra desde la gubernatura, que sus intentos por llevar la democracia a la conformación de su bancada.

¿Qué pasó ahora, que sin más tumbaron a Natividad Díaz no sólo de la coordinación de su bancada, sino de la Junta de Coordinación Política que le corresponde al PAN presidir en este tercer año de trabajos legislativos? Que, como era de esperarse, desde la bancada priista decidieron mandarle un obús no a la diputada Díaz Jiménez, sino a la poca legitimidad que aún le queda al panismo como representación parlamentaria en la Legislatura siguiente.

Evidentemente, era de poca trascendencia pelear la coordinación de la bancada panista y la presidencia de la Jucopo, a escasos dos meses de que termine la Legislatura. Sin embargo, la intención de fondo fue generarle, desde el PRI, elementos de debilidad al PAN, que es el único grupo de varios diputados que no tendrá bancada en la LXIII Legislatura. Esa conjura en contra del panismo, fue orquestada desde el priismo con la complicidad de la bancada del PRD para mantener el oligopolio de las fracciones parlamentarias entre ellos, y para atajar lo que le queda de liderazgo a Mendoza Reyes, que siempre se lo debió al grupo gobernante que hoy está también en la agonía.

Acaso, es la fracción priista la que, a través de su coordinador, Alejandro Avilés Álvarez, ha logrado dividir a las fuerzas opositoras para que éstas no sean un obstáculo para los próximos dos años. Lo sorprendente en todo esto es que, a pesar de los enfrentamientos y las divisiones, en los diputados de todas las fracciones parlamentarias, y los que no tienen partido, hay un solo consenso: colaborar con el nuevo gobierno para demostrar disposición, y luego esperar que, después del 1 de diciembre, alguien se acuerde de ellos —oficialistas y opositores— y les permita no caer en el peor error de todo político, que es vivir fuera del presupuesto.

IMPUNIDAD

El subauditor de Fiscalización de la ASE, Ramón Icazbalceta, dijo ayer a un medio de la capital del país que hay desvíos detectados por casi cuatro mil millones de pesos. Eso no les preocupa a los diputados, que no avanzarán en las reformas anticorrupción porque tendrían que comenzar por transparentar el presupuesto del Congreso. ¿Así quieren no tener la peor reputación de entre los políticos en la entidad?