+ Gobernabilidad no debe tener un costo tan alto

Aquí en Oaxaca, el candidato presidencial de las llamadas “izquierdas”, Andrés Manuel López Obrador, propuso un pacto educativo “para que haya clases de lunes a viernes”. Dijo que, de ganar la Presidencia, Elba Esther Gordillo no continuaría manejando la educación en el país. Y luego de reconocer que los maestros de Oaxaca “sí trabajan” y “sí están comprometidos”, llamó a todos a convertir a nuestra entidad en ejemplo “para el país”. ¿Está seguro el tabasqueño de lo que dice?

Queda claro que romper la inercia que lleva la educación pública en Oaxaca rebasa por mucho las solas promesas de un candidato presidencial, e incluso las prioridades del gobierno local. De hecho, nuestra entidad es punta de lanza de todos los males y atrasos que tiene un rubro tan importante como el de la instrucción pública.

Aquí se anidan no sólo problemas de aprovechamiento y de bajos niveles del proceso enseñanza-aprendizaje en las instituciones públicas de educación controladas por la Sección 22 del SNTE; también existen graves cuestionamientos por el corporativismo sindical, por su radicalismo y por la proclividad que tienen los grupos dominantes del magisterio democrático por endurecer cada vez más los mecanismos de control sobre sus agremiados, y al mismo tiempo por involucrarse en cuestiones políticas y de disputas por el poder, independientemente de nunca dejar de lado sus ambiciones por continuar acrecentando sus conquistas sindicales.

Por ello, si presidenciables como López Obrador asumen que es urgente el rescate de la educación pública en la entidad, deben también reconocer que el problema no sólo radica en que los regímenes de gobierno en nuestro estado sean antidemocráticos, corruptos o autoritarios, sino también en el hecho de que aquí, en nombre del más noble de los sindicalismos, se ha anidado uno de los totalitarismos más radicales que conocemos en el país. Curiosamente, ese totalitarismo sindical ha sido sistemáticamente perdonado y justificado siempre en aras del mando democrático en que se ha envuelto, y por las simpatías que eso genera en los grupos progresistas o “no alineados” que buscan la desincorporación de los regímenes de gobierno.

Por si ello fuera poco, resulta que muchos de esos grupos que han santificado de forma acrítica e incuestionable la lucha de los profesores democráticos de la Sección 22, y en general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, son los mismos que hoy arropan al candidato presidencial de “las izquierdas”.

Eso, de entrada, pone en tela de duda cualquier calidad de arreglo o de “pacto por la educación”, si éste tiene compromisos pactados bajo la mesa, o si arreglarse es tomado como sinónimo de inclinar la balanza a favor de quienes, en efecto, luchan por la educación, pero que también lucran y dañan en nombre de ella.

Un pacto educativo, por tanto, debiera abarcar la necesidad de rescatar la educación y comenzar el proceso de desincorporación de los caciquismos sindicales; pero también debiera pasar no por el desmantelamiento de los grupos progresistas del magisterio, pero sí el establecimiento de reglas claras, y marcos de negociación específicos, que regularan y transparentaran su relación con el gobierno federal y de las entidades federativas.

DAR TODO, NO

Todos aquellos que, en el ámbito nacional, hablan de la necesidad de consolidar la gran reforma educativa, y aseguran que para ello es indispensable que sea liquidado el corporativismo, y el caciquismo sindical de la profesora Elba Esther Gordillo Morales, están equivocados.

También lo están quienes dicen que la educación en Oaxaca sólo mejorará al liquidarse la Sección 22 del SNTE, o al terminarse la lucha gremial que esta Sección magisterial ha encabezado por años frente a los gobiernos estatal y federal. Privilegiar los extremos nunca traerá aparejada una solución correcta para cualquier problema.

Ese es hoy el problema que tiene el gobierno de Oaxaca en su relación con la Sección 22, y es el que traería un remedio similar planteado por un gobierno como el de López Obrador, si de antemano santifica y exime de responsabilidad a la Sección 22. En el caso del gobierno local, es claro que éste ha buscado destrabar la mala relación con el magisterio democrático, a partir de evitar al extremo cualquier tipo de confrontación, y de entregarle todos los recursos, las posiciones administrativas del sector educativo, y todos los intereses en el ámbito político.

Sólo a partir de eso se explican los arreglos más o menos “a favor de la educación” (y de la costosa “gobernabilidad”, como lo comentábamos la semana pasada en este espacio) que ha habido en los dos últimos años, y de la relación fríamente tersa que existe entre el gobierno estatal y la dirigencia seccional del SNTE, a pesar del complejo momento político por el que éste nacionalmente atraviesa.

Si, en esa misma lógica, López Obrador asume que el arreglo del problema educativo de la entidad se encuentra en la entrega total a la Sección 22 del SNTE, y a su santificación sin ningún tipo de crítica o cuestionamiento por sus rudos métodos de lucha, y por la poca preocupación que demuestran por los temas estrictamente educativos, y por los bajos resultados que entregan a los oaxaqueños, entonces de antemano podríamos asegurar que su salida es equivocada, demagógica, costosa y peligrosa ya no sólo para Oaxaca, sino para la nación.

Es cierto que ha sido, y seguiría siendo, un error desmantelar el SNTE, como también lo sería tratar de erradicar a la Sección 22. Sin embargo, el otro extremo indica que también sería erróneo continuar por la ruta que hasta ahora han seguido los gobiernos para evitar el choque.

Por eso mismo, todo pacto educativo necesariamente tendría que pasar por un diálogo abierto y amplio con toda la sociedad oaxaqueña, y por la consideración de todas las aristas y necesidades de los oaxaqueños, y no sólo de los profesores de la Sección 22 del SNTE. Cualquier otro arreglo sería sólo la continuación del drama educativo que los oaxaqueños hemos vivido ¡en los últimos 32 años!

MOMENTO CRÍTICO

La Sección 22 pasa por un momento crítico. Siendo éste año presidencial, también lo es de sucesión en su dirigencia estatal. La Coordinadora se encuentra en un momento de definiciones frente a la maestra Gordillo. Es, de nuevo, un sexenal punto de quiebre, riesgoso para Oaxaca. Abundaremos.

+ Congreso liberal, sólo para lo que conviene

El pasado miércoles, el Congreso del Estado decidió rechazar la reforma al artículo 24 de la Constitución federal en materia de culto religioso. Si la LXI Legislatura comienza a dar muestras de una tendencia liberal y anticlerical, entonces los diputados locales oaxaqueños están ahora obligados a revisar otras decisiones constitucionales que fueron determinadas por intereses eclesiásticos, y que también abonan al rompimiento del Estado laico por el que el miércoles decidieron votar en contra de esa reforma.

En efecto, aunque poco alcanza a entenderse el fondo de la reforma a la Constitución federal que se pretende, ésta tiene que ver no con el ensanchamiento como tal de la libertad religiosa o de culto de las personas, sino más bien se inscribe en el agrandamiento del marco de influencia que podrían tener las asociaciones religiosas a partir de esta modificación.

Y es que al hacerse más amplio el espectro de esa libertad tanto para las personas, como para las asociaciones encargadas de profesar y difundir algún culto, también se abre la posibilidad de que éstas puedan acceder a medios y recursos que hoy le están vedados.

Particularmente, la modificación al artículo 24 de la Constitución Federal podría dar pauta para que asociaciones que promueven el culto religioso pudieran no sólo acceder a medios de difusión masiva (libertad que ya está garantizada actualmente, por medio de la cual, por ejemplo, las iglesias y congregaciones pueden contratar espacios en medios de comunicación), sino que ellos mismos pudieran tener sus propios medios de difusión (no sólo relacionados con medios de información) para dar una mayor cobertura a las actividades de culto religioso que promueven.

Esto porque uno de los puntos álgidos que plantea esa reforma radica justamente en eso: en que el ensanchamiento de una libertad de culto religioso (para quien lo promueve y para quien lo ejerce) trae aparejado algo que se conoce como “libertad de difusión” de esas creencias religiosas tanto en privado como en público. Y si el decir, difundir o promover algo en privado no tiene ningún problema, esto pasa a otro ámbito cuando se dice que la reforma abriría la posibilidad de que las asociaciones religiosas tuviesen el reconocimiento constitucional de herramientas de difusión aún más poderosas de las que tienen.

¿A qué se refieren esas “herramientas”? A que, en términos sencillos, con la aprobación de la reforma al 24 constitucional se estaría buscando que las propias asociaciones de culto pudieran tener sus propios medios de difusión (entendidos éstos como medios de comunicación, por completo dedicados al servicio de la difusión de una religión, culto o creencia en específico), así como también sus propias instituciones educativas a través de las cuales pudieran hacer una promoción de las creencias que ellos profesan.

Esto es lo que, en realidad, enrarece las motivaciones de la reforma. Porque más allá de ello, en realidad en México desde hace décadas están resueltos prácticamente la totalidad de los problemas relacionados con que el Estado no permita la realización de un culto religioso, o que fuese intolerante con alguna organización promotora de creencias de fe, o con la forma de realización de algún tipo de culto.

Por eso, queda claro que la reforma al artículo 24 constitucional federal tiene motivaciones ocultas, enmascaradas en la libertad de creencia, que deben ser censuradas no porque sean en sí reprobables o regresivas o atentatorias en contra de los principios liberales que rigen a nuestra Constitución, sino por el hecho mismo de presentarse como un engaño a quienes creen que la razón es el ensanchamiento de la libertad, cuando en realidad lo que se busca es que las asociaciones religiosas tomen espacios dentro de los medios y las distintas formas que existen para difundir las creencias religiosas.

REVISAR OTROS TEMAS

Ahora bien, si las fracciones parlamentarias que demostraron una vocación liberal y de avanzada en el Congreso del Estado, de verdad tiene ganas de revisar todos los temas que atentan contra lo que ellos denominan o entienden como Estado laico, entonces tendrían también que comenzar a analizar otros temas paralelos, que ya son vigentes en nuestra legislación y que en otros tiempos no sólo no fueron rechazados por conservadores y regresivos, sino que también fueron promovidos no sólo por la iglesia católica, sino por todos los partidos que ahí tienen representación legislativa.

¿De qué hablamos? De la reforma a la Constitución Política del Estado que, en 2009, estableció en su artículo 12 que en Oaxaca se garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción. ¿Por qué?

Porque independientemente de que esa determinación implica el hecho de eliminar por completo cualquier posibilidad de reglamentación del aborto voluntario en la entidad (e incluso obligaría a eliminar del Código Penal local todas las formas de autorización legal del aborto por parte del Estado), lo grave es que esa reforma fue confeccionada y promovida también desde las cúpulas de la Iglesia Católica; que, además, fue negociada y consensada desde las altas esferas religiosas con las altas esferas políticas de la entidad; y que, por esas razones, fue aprobada en la LX Legislatura local por todas las fracciones parlamentarias ahí representadas, independientemente de la filiación política e ideológica que cada una de ellas dijera tener.

No sólo por lo que literalmente obliga esa reforma, sino por los intereses y la forma de negociación que representa, esa reforma debiera echarse por tierra para que, luego, en un verdadero proceso legislativo y deliberativo, se llegase a una conclusión verdaderamente legítima sobre si se debe o no establecer la garantía de la vida desde el momento de la concepción en la entidad, y el alcance que esto debiera tener en relación a la legalización del aborto voluntario, que es uno de los temas que más ruido le ha hecho a la Iglesia Católica en los últimos años.

CONGRESO DE CONVENIENCIAS

Esta Legislatura no debe ser eso: un Congreso de poses que acepta o rechaza reformas según sea la conveniencia política del momento. En esta y en todas las Legislaturas debe haber mayor capacidad para digerir los problemas y las decisiones a las que se enfrentan, y no sólo dar pautas de independencia y laicidad sin entrar a revisar el pasado. Los poderes fácticos, hoy y nunca, deben determinar las decisiones que toman los legisladores.

+ Las causas continúan sin respuestas claras

Hoy se cumplen seis años del intento de desalojo de que fueron objeto los profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE, del plantón que en 2006 mantenían en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Desde entonces, han corrido ríos de dinero y acuerdos entre las partes en conflicto, pero lo cierto es que ninguno de ellos ha pasado por una verdadera democratización de las causas sociales más importantes de la entidad, que entonces se pusieron en la mesa de las inconformidades.

Haciendo un ejercicio rápido de memoria, debemos preguntarnos qué ocurrió hace cinco años. Pues bien, la madrugada del 14 de junio de 2006, y luego de 24 días de plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, el Gobierno del Estado decidió desalojar a los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se encontraban ahí, exigiendo el cumplimiento de su demanda de rezonificación salarial.

Aquel día, luego de varias horas de enfrentamiento, en el que se combinó la mala planeación del operativo con el mal cálculo de a cuántas personas se enfrentarían, los elementos de la entonces Policía Preventiva, se toparon con un bien agrupado, y numeroso, contingente de profesores, que defendieron los espacios que mantenían ocupados hasta replegarlos por completo.

Así, los 700 elementos dispuestos para la tarea, fueron dispersados por los varios miles de manifestantes con quienes se enfrentaban. Y por eso, al final de la jornada, el gobernador Ulises Ruiz ya no sólo enfrentaba la demanda económica de la Sección 22, sino que ya también se le exigía tanto su renuncia como la de varios de sus funcionarios, y el magisterio se hermanaba con otras organizaciones sociales que también se decían agraviadas por el gobierno estatal, para juntas exigir la salida del régimen gobernante.

Fue a partir de entonces, que la Sección 22 inició el proceso de creación de un organismo que agrupara a todas las organizaciones y grupos ciudadanos que entonces les mostraron adherencia, y estableció un catálogo de demandas cuyo común denominador era la democratización del estado, el arribo de un régimen de gobierno respaldado por la ciudadanía, y la realización de reformas para garantizar que hubiera democracia, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.

Así, del primero de los procesos surgió la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca; y del segundo surgió la exigencia de una nueva legislación que diera cauce a las demandas democráticas del movimiento magisterial y popular, y que se materializara en una legislación y un gobierno con verdadero apego al interés de la ciudadanía. Tanto la Sección 22, como la APPO, establecieron, en abstracto, todo ese conjunto de demandas, que además fueron su parapeto y justificación durante el tiempo que duró el conflicto y en los años posteriores.

Sólo que hoy, seis años después, debíamos preguntarnos en qué estado se encuentran ya no esas reformas en abstracto, sino en específico, que se demandaban y que se supone que fueron cumplidas con la reforma constitucional y con el cambio de régimen gobernante en la entidad; pero sobre todo, debíamos preguntarnos en dónde se encuentran hoy aquellos actores y causas fundamentales del movimiento que dieron legitimidad, fuerza y motivos al grupo político que hoy gobierna Oaxaca.

SÓLO GOBERNABILIDAD

En este punto debiéramos preguntarnos qué ganamos los oaxaqueños en estos seis años. En el recuento, necesariamente debieran entrar un cambio de grupo gobernante; también debiera abarcar la materialización de una reforma constitucional que, según se plantea, pretende democratizar la vida pública de la entidad; pero más allá de eso, debiera también abarcar si hemos ganado algo los oaxaqueños en los aspectos que directamente nos atañen a nosotros y que se reflejan en nuestro día a día.

Haciendo el recuento, el cambio de régimen ha provocado un cambio, aunque no necesariamente un cambio con todas las aristas positivas. Hasta hoy, el grupo gobernante no ha terminado de afianzarse en la posibilidad de tomar todas las riendas el Estado. Inicialmente se pensó que la pluralidad de fuerzas que integra al sector gobernante sería un elemento de contribución a una mejor gobernabilidad.

Hoy, sin embargo, puede verse que el resultado ha sido contrario no sólo para la sociedad, sino para el mismo Gobernador del Estado, que hoy paga las consecuencias de las aldeas de poder que se crearon al interior mismo del gobierno, y que no todas están encaminadas al logro del bien común y de los objetivos de este régimen.

La reforma constitucional, por su parte, no ha logrado generar más cambios que los meros declarativos. La gran mayoría de los mecanismos de democracia directa incluidas en el nuevo Texto Constitucional, hoy están enunciados pero no existe posibilidad positiva de hacerlos valer. No hay certeza, además, de que, tal y como están, esos mecanismos puedan ser verdaderamente funcionales y útiles para la sociedad.

Al final, lo que parece es que lo único que —medio— nos ha quedado a los ciudadanos es el control de la gobernabilidad. Con todos sus asegunes, hoy la gobernabilidad de la entidad parece mucho más controlada que en los años previos. Eso, sin embargo, no es suficiente ante una sociedad que cada vez está más cansada de la falta de orden, y que tiene menos tolerancia a las formas de lucha que ejercen los mismos grupos que protagonizaron el conflicto magisterial, y que hoy mismo continúan teniendo actividad de presión al gobierno en turno.

Eso, al final, debiera quedarnos como un precedente grave de insuficiencia. Resulta, pues, que los oaxaqueños no hemos entendido las lecciones y los imperativos del conflicto magisterial y popular que inició hace exactamente seis años, y que a pesar de sus altos costos no ha sido lo que la mayoría quiso, ni ha cumplido con los propósitos para los que se supone que fue generado.

LUCHA ¿SÓLO POR PODER?

No debiéramos comprender este conjunto de episodios como parte de la lucha por el poder. Aunque esa es la lectura que le dan todos los grupos políticos de la entidad, lo cierto es que este conflicto tuvo una base social más amplia que no ha sido satisfecha ni retribuida por su participación y sus anhelos. Reducir todo a una mera trifulca explica sólo una parte de la crisis. Lamentablemente esa es la visión predominante porque entre nosotros no ha habido posibilidad de pasar a fases superiores, que la de la convivencia mínima y el control básico de la gobernabilidad.

+ No se trata de discursos, sino de acción

Está de moda que muchos por convicción o por rebeldía, pero también por imitación y hasta por pose, se declaren partidarios del Movimiento #YoSoy132. Ésta parece ser una expresión genuina del hartazgo y la inconformidad de las clases sociales más jóvenes e instruidas del país, por los resultados que ha dado la clase política del país en la última década. Oaxaca no ha estado exenta de partidarios del Movimiento #YoSoy132. Sin embargo, para asumirnos como tales también debiéramos analizar lo que hemos sido como actores parte de la vida pública local, y todo lo que, a pesar de nuestras circunstancias, hemos dejado de hacer.
En efecto, el Movimiento #YoSoy132 nació como una expresión genuina de jóvenes estudiantes, pertenecientes a una de las universidades privadas más importantes del país, que injustamente fueron calificados como “porros” por la dirigencia nacional del PRI. En uno de los videos iniciales, un grupo de universitarios identificados con esta expresión, establecieron líneas específicas sobre la visión que tienen miles de jóvenes mexicanos pertenecientes a las generaciones que están a punto de egresar de las universidades, y que ya se dan cuenta de la realidad en la que viven, así como las contradicciones y deficiencias que tiene nuestra clase política y gobernante.
En dicho video, en el que 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana desmienten a aquellos que los calificaron como porros, y se acreditan como estudiantes de esa universidad, establecen una visión de país que hasta ahora no había sido reconocida expresamente por los grupos de mayor edad en nuestro país. Con expresiones como “veo mi país muy mal. No les creo a los medios, ni mucho menos a los partidos políticos. Estoy en este movimiento de universitarios y no acarreados, porque a mí también me dio mucho coraje y dolor la forma en que los medios nos intentaron ver la cara. Ya estamos hartos de que nos manipulen”, tratan de establecer identidad con quienes ya no buscan identidad con partidos sino con ciertas causas de interés general para nuestro país.
Esto, como era de esperarse, tuvo eco en todo el país. En muchos predominó la declaración de antipeñanietismo del Movimiento #YoSoy132. Pero en otros, la identidad se generó a partir de la no identificación con los representantes tradicionales de los partidos y de los poderes fácticos que dominan la nación. Como era de esperarse, esto también tuvo eco en nuestra entidad. Y por esa razón, en diversas universidades y agrupaciones juveniles se gestó la idea de replicar ese Movimiento y asumir pública su concordancia con el Movimiento #YoSoy132.
Hasta ahí todo parece lógico y coherente. Sin embargo, si en alguna otra expresión espontánea de inconformidad pudiera tener identidad el Movimiento #YoSoy132, ésta necesariamente debiera ser con el movimiento magisterial de Oaxaca, ocurrido en 2006.
Ambos movimientos se gestaron a partir de inconformidades sociales acumuladas; ambos movimientos detonaron por actos específicos del grupo gobernante (o en el caso específico del Movimiento #YoSoy132, de quienes posiblemente lleguen al poder federal); y en ambos casos, esos movimientos lograron una aceptación social sin precedentes, que les brindó la fuerza, el respaldo y la capacidad política para transformar aspectos específicos de la vida pública de la sociedad en los que se declararon interesados.

NO A DOBLES FRACASOS
El Movimiento #YoSoy132 está en proceso de constituirse y de definir, más allá de la euforia y el momento político de su surgimiento, los derroteros que seguirá como movimiento específicamente constituido, y como expresión de ciudadanos que buscan la democratización del país desde prácticas y trincheras específicas.
El gran riesgo que corre esta expresión de la ciudadanía joven, se encuentra en la posibilidad de que el movimiento se desacredite por decisiones políticamente equivocadas; que tome rumbos meramente idealistas y por tanto inalcanzables en la vida práctica; o que, incluso, termine avasallado —o colonizado— por algún partido político, o por otras expresiones sociales, políticas o partidistas más experiencia y mañas en la praxis política a ras de suelo.
Sin embargo, más allá de las expresiones específicas del Movimiento #YoSoy132, en Oaxaca debiéramos ser más cuidadosos. Aunque, en conjunto, quienes integramos la sociedad oaxaqueña joven y universitaria, nos hemos negado a revisar y reconocer el fracaso que constituye para todos el movimiento político del 2006.
Porque aún cuando éste no fue un movimiento iniciado por jóvenes, sí fue seguido por cientos de ellos —nosotros— que desde diversas trincheras buscaron, o dijeron buscar, la posibilidad de transformar la realidad imperante, y generar condiciones más democráticas y justas para la interacción entre el poder y la sociedad civil.
En Oaxaca esa posible expresión fracasó. Esto porque más allá de la alternancia de partidos en el poder, y del “derrocamiento” electoral del gobernador Ulises Ruiz (hasta 2010 y a través de las urnas), ni los jóvenes, ni nadie tuvo la capacidad de ver más allá del momento político ni de construir una agenda real de temas específicos a partir de la cual se buscara una transformación y democratización de la vida pública de nuestra entidad.
¿Mentimos? Claro que no. Los jóvenes oaxaqueños no entendieron (entendimos) que eran tan importantes las expresiones callejeras como la necesidad de glosar los planteamientos del movimiento; no hubo capacidad de comprender que había que pasar de la violencia y la inconformidad a los planteamientos específicos. Aquí no hubo condiciones para que se vieran las condiciones reales de nuestra sociedad, y se buscaran planteamientos y mecanismos de mediano y largo plazo para que las cosas cambiaran.

¿QUÉ CAMBIÓ EN OAXACA?
Si debiéramos hacernos esa pregunta en Oaxaca, a la luz del Movimiento #YoSoy132, lo que podríamos responder es que lo único que cambió fue el régimen y el grupo gobernante. Lo que trató de hacerse como reforma política fue parte de la agenda del gobierno y de un despacho de asesores, pero no del movimiento popular encabezado por los maestros y los jóvenes en 2006. No cambiaron las condiciones de desigualdad, de falta de oportunidades, de inequidades, e incluso de excesos y poca apertura a la democracia por parte del grupo que detenta el poder. por eso, antes de declararnos partidarios del Movimiento #YoSoy132, debiéramos revisar nuestro pasado. Nos llevaríamos un fiasco como jóvenes y como ciudadanos.

Que a partir de mañana miércoles 13 de junio de 2012 se reiniciará la actualización diaria de este espacio de análisis y opinión de la vida pública de Oaxaca. Agradecemos a todos nuestros seguidores en Twitter y Facebook, y a suscriptores al blog, por su paciencia, interés y comentarios. Y reiteramos nuestro compromiso por continuar en la construcción permanente de esta trinchera periodística oaxaqueña.

Gracias.

Atentamente,

Adrián Ortiz Romero C.

+ Partido deshecho en Oaxaca; unidad, nula

El miércoles estuvo en Oaxaca el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell. Aunque formalmente venía a evaluar el trabajo de las estructuras priistas, en realidad la visita tuvo como punto clímax hacer una serie de advertencias sobre los riesgos del divisionismo y del voto diferenciado al que llaman diversos grupos de priistas oaxaqueños. Aunque los señalamientos son fundados, tal parece que el priismo oaxaqueño se encuentra en una irremediable ruta de colisión que al Comité Nacional ya le parece poco posible de revertir.

La visita de Coldwell fue de todo, menos de cortesía. De hecho, en las reuniones con la estructura y candidatos priistas, como también en la conferencia de prensa que ofreció a los medios locales, el Líder nacional se notaba incómodo, molesto y hasta un poco intolerante. Razones había de sobra: lo que encontró en Oaxaca fue justamente lo que ningún dirigente quisiera ver. Es decir, una estructura desmoronada, una “clase política” confrontada, convenenciera, egoísta y llena de traiciones. Y una tendencia marcadísima a llamar a un voto diferenciado, que no perjudica a nadie más que al priismo oaxaqueño.

Y es que hubo quien, cizañeramente, quiso pintar a Coldwell una realidad inexistente. Los dos diputados locales que ocupan carteras relevantes en la dirigencia estatal (David Mayrén como secretario General, y Martín Vela como secretario de Organización) pretendieron hacer creer a Coldwell que, en efecto, aquí se trabajaba con armonía y unidad, y que el triunfo arrollador sólo dependía del supuesto trabajo de unidad entre los grupos priistas de quienes aparecen como candidatos.

Para aparentar lo anterior, Mayrén y Vela dieron la palabra al repudiado edil de San Pedro Mixtepec, Eduardo Rojas Zavaleta, quien incluso habló de las bondades del trabajo armónico con el gobierno estatal y de las amplias posibilidades que daba el hecho de tener buen entendimiento con aquel. Ninguno de ellos se atrevió a hablar de la situación real del priismo. Y por esa razón, pronto fueron refutados por otros priistas que sí tuvieron la determinación de hablar de las confrontaciones, de las traiciones, de las aversiones entre grupos, y del constante llamado al voto diferenciado que se da en todos los estratos del priismo.

¿Por qué tratar de aparentar lo que no existe? En primer término, queda claro que porque Mayrén y Vela pretenden no sólo evitar el cuestionamiento, sino incluso tratar de bombardear al delegado presidente, Jorge Esteban Sandoval Ochoa. En su lógica, el tratar de ocultar las divisiones, y buscar la apariencia de unidad y armonía, hace innecesaria la presencia de Sandoval. Y, teniendo libre el cargo de dirigente, podrían consolidar la toma de control del comité estatal priista, que hasta ahora sigue en manos de un priista no oaxaqueño que, paradójicamente, es el único que no busca confrontar sino verdaderamente conciliar.

Todo eso parece haberlo registrado Pedro Joaquín Coldwell, quien, sin embargo, pareció también haber venido a advertir el riesgo de las prácticas actuales, pero también que Oaxaca ya no es una prioridad para el priismo nacional, y que por esa razón los priistas locales pueden seguir haciendo lo que les venga en gana.

ESTADO SIN INTERÉS

Seguramente, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI ya saben que la victoria del candidato presidencial Enrique Peña Nieto en Oaxaca, no es del todo posible. Del mismo modo, saben que en otras entidades donde son electoralmente más fuertes, pueden conseguir las curules y escaños que les hacen falta para construir una potencial mayoría en el Congreso de la Unión. Por esas razones, saben que es más fácil dejar que la crisis se ahonde entre una militancia tan descompuesta como la de nuestra entidad, que seguir invirtiendo en su rescate y reconstrucción. ¿Por qué?

Porque, en primer término, a Coldwell no parece importarle mucho que la dirigencia estatal esté, en gran medida, controlada por personajes (Mayrén y Vela Gil) que están completamente entregados (desde sus cargos legislativos) a un régimen gobernante conformado por fuerzas opositoras a la suya, que también buscan desmantelar al priismo. Uno y otro son reflejo del ulisismo que continúa teniendo predominancia en la dirigencia estatal, pero que no por ello reflejan trabajo político eficiente, y capacidad para generar los consensos que le hacen falta a su partido.

De hecho, ellos procuran lo contrario. Su paso por la dirigencia estatal priista ha estado marcada por la diferenciación entre grupos, y la exclusión de quienes ellos, dentro del mismo PRI, consideran como contrarios. Si se supone que ellos contribuyen a la conducción de un partido que incluya a todos, lo que han hecho es continuar con la lógica de la confrontación con los grupos de los otros ex gobernadores priistas que también han reclamado sus espacios e inclusión, dentro del partido.

Y si eso no le preocupa a Coldwell, queda claro que mucho menos le interesa el futuro de todos los candidatos a diputados y senadores del tricolor por la entidad. La campaña de Enrique Peña Nieto es lo que, en esencia, le interesa a la dirigencia nacional. Y ellos han trazado rutas de trabajo independientes a la de los abanderados locales en todos los estados de la República. Saben, también, que lejos de que Peña necesite a los demás candidatos, son éstos los que lo necesitan a él. Y saben que lo que consiga el Candidato Presidencial es más de lo que ellos puedan invertir en tiempo y desgaste tratando de conciliar a grupos que no tienen ganas de arreglarse.

Por eso Pedro Joaquín Coldwell fue enfático en sus advertencias. Dijo, por ejemplo, que nadie hará más de lo que los priistas locales puedan hacer por ellos mismos. Dio a entender que todos deben trabajar por sus propios proyectos, porque llamar al voto por Peña (en un eventual triunfo presidencial) no les garantiza ni un espacio ni la simpatía del partido, si lo que en realidad aquí promueven es la división y la traición.

PARTIDO DESHECHO

Al final, lo que vino a corroborar es que el PRI oaxaqueño está deshecho. Que sus divisiones internas y sus confrontaciones, son más fuertes que cualquiera de sus candidatos. Y que en esas condiciones, las aseveraciones triunfalistas del “carro completo” y la victoria avasallante, no pasan de ser palabras obligadas para un dirigente nacional que en realidad tiene una percepción bastante menos optimista de los inminentes malos resultados en Oaxaca.

+ Puente: el Gobierno no planea cancelarlo

En un verdadero Estado democrático, resulta inadmisible que, por un asunto de ciudadanía, un líder sea amenazado de muerte. Y lo es más que, aprovechando esa oposición tolerada por el propio gobierno, haya grupos amorfos que intenten lastimar a un personaje como el maestro Francisco Toledo. Por esa razón, todos los oaxaqueños (el Estado y la sociedad), debiéramos estar profundamente preocupados por los amagues proferidos en contra del Artista oaxaqueño.

Francisco Toledo es uno de esos mecenas culturales que cualquier ciudad del mundo quisiera tener. Su actividad artística pasó de ser de mera demostración de sus capacidades y sensibilidad personales, para convertirse en un auténtico liderazgo que ha buscado fomentar y promover la cultura en Oaxaca a todos los niveles.

Gracias al maestro Toledo existen algunos de los espacios culturales más importantes de nuestro Estado, e incluso del país. Del mismo modo, ha compartido las ganancias obtenidas de su obra para promover talleres y espacios de difusión cultural. Y junto con otras organizaciones determinantes para la vida cultural del Estado, como la Fundación Alfredo Harp Helú, han dado a Oaxaca las características —la mayoría de las veces poco valoradas por el gobierno y la propia ciudadanía— como una de las capitales culturales más importantes del continente, y del mundo.

Una parte importante de esa promoción de la cultura, tiene que ver con la preservación de la capital oaxaqueña. El maestro Toledo, y las organizaciones culturales que coinciden con sus causas, han entendido que uno de los temas comunes más importantes para toda la ciudadanía, radica justamente en la generación de condiciones adecuadas para el desarrollo armónico de nuestra ciudad.

A partir de eso se explica que Pro Oax, el maestro Toledo, la Fundación Harp, y algunas otras organizaciones, sean partícipes permanentes de proyectos a favor de la capital oaxaqueña (el rescate y desarrollo armónico de los espacios públicos, la preservación de sitios históricos, el establecimiento de nuevos y mejores espacios culturales, y el fomento a todo tipo de actividades artísticas para niños, jóvenes y adultos, sin importar su origen, condición y estrato socioeconómico).

Y a partir de ello se explica también que él, y las organizaciones antes mencionadas, hubieran pedido opinar e intervenir en un proyecto tan importante para la vida pública de los oaxaqueños, como lo es el Distribuidor Vial que pretenden hacer en el crucero de Cinco Señores.

Incluso, si esto se entiende en una perspectiva más amplia, era deber de ellos oponerse al plan original del gobierno, para también proponer alternativas inteligentes de solución, y pedir la revisión integral de ese proyecto. Todo esto, en el entendido de que en un Estado democrático —como el que tanto pregona el régimen gobernante— nadie posee la verdad absoluta, y que por esa razón las decisiones que implican a todos deben ser acordadas y enriquecidas con la visión de quienes generalmente intervienen en esos asuntos, desde esferas determinantes del ámbito privado.

AMENAZAS INADMISIBLES

Ayer, en un noticiero radiofónico de la capital del país, el maestro Toledo denunció que las amenazas que ha recibido, “pueden tener su origen en su reciente participación en unas mesas sobre la construcción de un puente, ubicado en Cinco Señores a las afueras de Oaxaca, ya que sugirieron escuchar otras propuestas de proyecto y exigieron revelar el proyecto completo dedicado a las zonas conflictivas de tránsito de la entidad, situación que derivó en la suspensión de la obra.”

Ante esta aceptación expresa, es necesario considerar tres cuestiones fundamentales: primera, si el Gobierno del Estado fue o no tolerante con la firme oposición presentada por el maestro Toledo y otras personalidades de la vida cultural del Estado; y segundo, si derivado de la aparente suspensión de la obra, en realidad el gobierno estatal sí o no pretende modificar el proyecto. E incluso, en un tercer momento, si no esos asuntos han sido ocasión para terceros aprovechados, que buscan sacar una ganancia del momento y del posible enojo de quienes se vieron afectados con la suspensión de la obra vial en Cinco Señores.

La primera de las cuestiones es esencial. Porque aún cuando el gobierno estatal nunca ha sido claro en su postura respecto a los cuestionamientos a la obra hechos por el maestro Toledo, Pro Oax o la Fundación Harp, éste tampoco ha sido intolerante o impermeable a las críticas. De hecho, esa parece ser la razón por la cual se decidió la suspensión temporal de la obra y la revisión del proyecto. De no haber tenido voluntad, simplemente habría tomado las críticas como disentimientos, y —como era en el pasado— habría desoído las alternativas, y seguido adelante con los trabajos de construcción hasta completarlos.

La segunda también es importante. Porque hasta donde se sabe, las obras del Distribuidor se encuentran detenidas únicamente por un asunto logístico, y no porque la obra esté suspendida definitivamente. La falta de claridad en la postura del gobierno, deriva en la posibilidad de que únicamente se le haya dado, literalmente, la vuelta a la dinámica de construcción del distribuidor, pero que éste siga en sus planes originales, y que en lugar de construir primero el puente y después el túnel, ahora se vaya a construir éste primero, y aquel después, para dar tiempo a la presentación de alternativas viables en la construcción del paso elevado.

La tercera de las cuestiones es, incluso, más sintomática de nuestros tiempos. No sería el primer caso de una extorsión que deriva de un asunto polémico, en el que terceros buscan obtener ganancias de conflictos entre dos personajes o ámbitos conocidos.

Sin embargo, como quiera que sea, este es un asunto preocupante, en el que el gobierno debe tomar todas las previsiones. Es inadmisible que permita que alguien (el constructor afectado, funcionarios dolidos, sus detractores de siempre, grupos criminales o fanáticos disidentes) pretendan intimidar a un personaje que lo único que ha hecho es dar, y mucho y siempre,  a la cultura y al arte en Oaxaca. El Estado no puede darse el lujo de permitir algo así.

¿PARA CUÁNDO?

Por cierto, sería bueno que Sinfra informara a los oaxaqueños su estimación real respecto a la reanudación de los trabajos en el Distribuidor, y el tiempo que tomará su culminación. Al menos para saber cuánto tiempo más tendremos que evitar la zona, o padecer las molestias.

+ Carencia de liderazgos, causa del “reciclamiento”

Se dice que en política, el gobernante debe estar pensando, en cada paso que da, en los mecanismos que tiene a su alcance para preservar y transmitir el poder a la persona que elija. La ausencia de esta noción, y de las personas idóneas para esta necesidad, implica la decadencia prematura del grupo que gobierna. ¿Le estará pasando esto al actual régimen gobernante en la entidad?

La pregunta no es menor. Porque aún cuando el grupo en el poder está moviendo libremente más piezas de las tradicionales en el actual proceso electoral, es claro que ninguna de ellas tiene una perspectiva clara no sólo de detentación presente de los espacios de poder, sino sobre todo de la irremediable necesidad de transmisión que habrá del Poder Ejecutivo del Estado.

Y es que, tradicionalmente, en Oaxaca ha operado desde hace décadas la “costumbre” política de que desde el Senado de la República se construyen las candidaturas a Gobernador. Aunque con distintos contextos, la Cámara Alta ha sido la tribuna de impulso de los últimos cinco Gobernadores, que a partir de la ascendencia de tal cargo han reclamado su derecho a aparecer como aspirantes potenciales a la gubernatura del Estado. No basta más que con repasar sus nombres, para corroborarlo.

Aunque el grupo gobernante impulsa, por distintas vías partidistas, las candidaturas de Benjamín Robles Montoya y de Diódoro Carrasco Altamirano al Senado de la República, queda claro que ninguna de estas opciones implica el perfilamiento de un proyecto sucesorio que pueda comenzar a construir los escenarios del 2016, cuando el gobernador Gabino Cué Monteagudo deba dejar su cargo. ¿Qué impide a ambos personajes la posibilidad de encabezar esos posibles proyectos de sucesión?

Comencemos por el lado panista. Porque aún cuando el ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano está bien afianzado como candidato a Senador de la República, es evidente que su fortaleza se encuentra únicamente en la elección actual, pero no en un posible proyecto de sucesión. La razón es simple. Él ya detentó el cargo de Gobernador Constitucional del Estado entre 1992 y 1998. Y tanto el artículo 116 de la Constitución de la República, como la particular del Estado, impiden de manera absoluta que quien ya ocupó ese cargo con la calidad de constitucional (es decir, electo por la mayoría en comicios ordinarios), pueda volver a desempeñarse como tal.

La situación, políticamente hablando, no es menor. Durante la gestión actual, el ex Gobernador ha demostrado tener una influencia determinante tanto en los asuntos públicos como en la forma en que se establecen los equilibrios dentro del equipo que gobierna. En todas las ocasiones ha quedado claro que él no sólo tiene la gracia y la venia de quien detenta el poder, sino que incluso ha también demostrado que tiene capacidad de incidir en las decisiones más importantes, y que es lo suficientemente fuerte como para reafianzarse no sólo como un tipo de “patriarca”, sino como un personaje con potencial político específico. Su candidatura al Senado, y sus posibilidades de triunfo, así lo demuestran.

Sin embargo, con todo y eso, el proyecto político que representa el sector panista del ex gobernador Carrasco, sirve de poco para las necesidades sucesorias (que si no las ve ahora, sí deberá hacerlo después) del gobernador Cué. Al no poder ser nuevamente Gobernador, el proyecto de Carrasco Altamirano se vuelve terminal para estos efectos.

Y entonces, lo que es evidente es que, o ese grupo genera un nuevo liderazgo en el corto plazo, y ese liderazgo tiene la capacidad como para crecer lo suficiente hasta convertirse en un potencial candidato a gobernador en 2016; o que, aún con la fortaleza que pueda llegar a acumular, no tendrá más remedio que aliarse con otras fuerzas para impulsar a un nuevo candidato afín. Y eso (ceder o compartir el poder), según parece, no es la mejor opción para todos aquellos que están en política.

PROYECTO TRUNCO

Por la otra vía, la de los llamados “partidos de izquierda”, también parece un proyecto viable. Porque aún cuando la Constitución del Estado no prohíbe que sea Gobernador una persona que no es originario de la entidad oaxaqueña, políticamente este se vuelve siempre un cuestionamiento de fondo en nuestra praxis política. Hay abundantes ejemplos de aspirantes a gobernador, e incluso de ex gobernadores, a los que no se les termina de cobrar la afrenta de pretender gobernar la entidad no habiendo nacido en ella.

En este sentido, aún cuando el artículo 68 de la Constitución del Estado autoriza a que pueda ser Gobernador alguien que sólo ha tenido residencia efectiva de cinco años, aunque no sea nativo del estado, es evidente que este será un primer escollo grava para quien, como Benjamín Robles Montoya, está claramente identificado como oriundo del Estado de Michoacán.

Y si ese ya es de por sí una cuestión grave, lo es mucho más las heridas que comienza a generar en los intentos por imponerse, por la vía de la fuerza, como abanderado de las izquierdas, y por ser un empecinado captador de todos los rencores y las afrentas que se vienen generando en los demás partidos y fuerza política.

Así, aunque hoy tiene una ascendencia importante en el grupo gobernante, queda claro que eso no le garantiza, bajo ninguna perspectiva, ser primero el elegido del Gobernador para sucederlo, y después tener la capacidad y el peso específico para ganar una elección determinante como la que será la de 2016.

Al final, todo esto demuestra una cuestión más, que no deja de ser grave: el grupo gobernante carece de más liderazgos, que éstos dos, que parecen ser meramente terminales. Aún se encuentran a tiempo de construir vías distintas para tratar de sacar adelante su proyecto de sucesión, y para poder dar viabilidad al imperativo esencial que tienen todos los grupos políticos con el poder en las manos, que es el de conservarlo.

Si no lo hacen, estarán entonces sólo a la expectativa de los movimientos que hagan grupos paralelos a ellos, y al final tendrán que sumarse. El binomio perfecto radicaría, sin embargo, en lo contrario. Pero no se ve por dónde.

¡FELICIDADES OAXACA!

Día a día, nuestra ciudad nos demuestra su grandeza, cuando se impone a todos los conflictos que enfrenta. A pesar de todo, y a veces de nosotros los mismos oaxaqueños, esta ciudad es majestuosa, viva y radiante. Esto, a pesar de que podría parecer una persona de edad avanzada. Sin embargo, sus primeros 480 años, son apenas nada. ¡Felicidades, Oaxaca!

+ Dejar a salvo temas técnicos, imperativo urgente

El transporte público en Oaxaca es un caos por la proclividad que tiene a los temas políticos. Aunque durante sexenios éste rubro fue uno más de los más utilizados para comprar, cooptar o mantener a raya a propios y extraños, es evidente que hoy no aguanta más. La administración estatal se enfrenta, sin embargo, a los afanes electorales y futuristas de algunos personajes, pero también a la necesidad urgente de entrar a resolver los problemas específicos del sector para tratar de dar una nueva perspectiva a ese asunto que es tan caótico, como anárquico y corrupto.

En efecto, hace una semana en este espacio dimos cuenta de un caso específico en el que, por un afán electoral del candidato a senador por los partidos de izquierda, Benjamín Robles Montoya, un sector del grupo gobernante había presionado a los tribunales administrativos de la entidad para que emitieran documentos de certeza jurídica a una organización de concesionarios de la región de la mixteca.

Decíamos entonces que esa decisión implicaba no sólo el establecimiento de un nuevo precedente respecto al reconocimiento de las concesiones emitidas en el periodo del gobernador Ulises Ruiz (y que la presente administración consideraba como ilegales), sino sobre todo una evidente contradicción entre el discurso político, en el que se utilizó justamente el tema del tráfico de concesiones para evidenciar la corrupción del régimen anterior, y que incluso provocó el encarcelamiento del ex titular del ramo, Gonzalo Ruiz Cerón. Apuntamos que esto tenía como telón de fondo el cobijo que Robles Montoya estaba brindando a esos sectores de concesionarios, con tal de ganar adeptos electorales y ensanchar sus redes de influencia en la política estatal.

Pues bien, queda claro que este no es un asunto aislado. Porque según parece, el de los concesionarios de la mixteca fue sólo el primero de varios intentos que comenzarán a hacer para tratar de generar la simpatía con un sector amplio de los transportistas oaxaqueños, y desde ahí construir un grupo paralelo al ya existente, que lo debilite para después generarle un contrapeso al propio gobierno no sólo en lo relativo al transporte, sino en lo concerniente a la gobernabilidad del Estado.

¿Cómo pretenden hacerlo, tanto el candidato a senador Benjamín Robles, como personeros ahora a su servicio, como el impresentable Juan Luis Martínez, líder de la Confederación Nacional de la Productividad? Justamente quebrantando de nuevo el orden jurídico, y manipulando el sector con fines electorales.

Por un lado, están intentando “legalizar” muchos de los actos de gobierno que hizo la anterior administración en el rubro del transporte, y que ya en los tiempos del actual gobierno generaron fuertes inconformidades porque éste se negó a reconocer la validez de los mismos.

Por eso, Robles y sus personeros ahora mismo intentan atraer a esos dueños de taxis, colectivos, foráneos y demás que aún no han podido regularizar el estatus jurídico de sus unidades, para brindarles la “gestoría” e influencias para conseguir sus propósitos, a cambio de que éstos manifiesten incondicionalidad a su causa, repudien a las organizaciones a las que pertenecen, y formen un nuevo grupo a partir del cual hagan presencia en el escenario político estatal. La idea es nada descabellada. Sin embargo, es tan perversa y nociva para la gobernabilidad del estado, como lo ha sido el manejo siempre político, y nunca técnico, que por años se le ha dado a este rubro.

MANIPULACIÓN POLÍTICA

Benjamín Robles Montoya quiere ser gobernador del Estado en 2016. Sólo que hoy, aún siendo candidato a senador, está viendo que ni aun ganando la senaduría hay garantías de que conseguirá la candidatura al gobierno estatal por el grupo al que pertenece; y también ha comenzado a comprobar que sus apoyos son al mismo tiempo tan fuertes y tan débiles, como lo son los recursos públicos del gobierno estatal, pero también la inestabilidad en quienes lo tienen bajo su cuidado y manejo.

Robles, pues, sabe que en su tiempo los priistas fueron fuertes no por una aceptación genuina, sino porque el apoyo clientelar implicaba siempre beneficios para quienes estaban dispuestos a intercambiar su voto (o su conciencia) por una dádiva económica o por un favor político.

Para eso está tratando de tener influencia en el transporte. Sabe que, manejando eso, tendrá verdaderamente el peso específico que aún no tiene. Podrá, pues, convertirse en un factor de negociación con el propio gobierno estatal, pero también al interior de los partidos que hoy lo apoyan, ya no para que le otorguen candidaturas o le paguen favores, sino ahora para exigir que sea reconocido como uno más de los factores internos y le sean entregadas más posiciones de las que ahora tiene.

El intento parece perfecto. Hoy, tiene el poder y la influencia suficiente como para generar temores dentro de la administración estatal, y conseguir, alrededor de la recién creada Secretaría del Transporte, las condiciones necesarias para romper las alianzas entre los grupos de transportistas, y generar nuevos equilibrios favorables a sus causas.

De hecho, aquí mismo en la capital oaxaqueña los grupos adheridos a Robles Montoya, y secundados por personajes como Martínez de la CNP, están tratando de quebrar a la Unión de Taxistas del Estado de Oaxaca, para que un ala de ésta se vaya al nuevo conjunto de organizaciones identificado con Robles, y a partir de eso puedan generar fuerza capaz de llegar a presionar a la propia autoridad estatal (en manos del grupo que ahora le tiende la mano para crecer políticamente) en cualquier momento, y por cualquier circunstancia que se conveniente a sus intereses.

PONDERAR EL REORDENAMIENTO

Todo esto, sin embargo, choca no sólo con el propósito, sino con el apremio que tiene el Gobierno del Estado, por entrar de verdad a fondo al reordenamiento del transporte urbano, colectivo y foráneo. De hecho, parece claro que la administración estatal ahora sí está convencida de que eludir este asunto de nueva cuenta implica no sólo el incremento del caos en el sector, sino también el pago de costos políticos directos para quien ahora es gobierno. Entienden que parte de las facturas que en 2010 el electorado cobró al PRI fue por la corrupción y el caos que promovieron en el sector del transporte. No quieren repetir el escenario. Pero flacos favores reciben del “aliado” Robles Montoya.