+ También hay damnificados, pero no hay interés

Desde hace más de una semana, cuando las torrenciales lluvias provocaron cientos de miles de damnificados en toda la costa del Pacífico, el Presidente de la República envió a prácticamente todo su gabinete a atender las zonas siniestradas y, personalmente, ha estado unas seis veces en entidades como Guerrero, fuertemente lastimadas por los efectos del clima. Llama la atención que en este momento, como en muchos otros, la Federación ha desplegado sobre Oaxaca sólo la atención necesaria, pero sin que eso pueda llegar a confundirse con cercanía e incluso con un trato justo hacia nuestra entidad.
En efecto, como bien se sabe, la semana pasada las tormentas Ingrid y Manuel dejaron una enorme estela de destrucción y pérdidas humanas, que hoy son consideradas por el gobierno federal como los más devastadores de los últimos tiempos, por la vasta extensión territorial que afectaron las lluvias. Esto generó, en los días siguientes, un importante despliegue de acciones del gobierno federal, que en el momento apenas si pudo reaccionar en proporción a la crisis, pero que conforme han ido pasando los días ha ido creciendo a grado tal de que hoy no existe otro tema prioritario para la Federación que pueda considerarse que se encuentra al mismo nivel de la crisis provocada por las lluvias.
En este escenario, el presidente Enrique Peña Nieto ha entendido bien el momento por el que atraviesa el país, y desde el primer día de la crisis se dedicó a atender el problema de forma personal viajando a los lugares con afectaciones y llevando un mensaje concreto de que el gobierno federal asumirá la responsabilidad por la atención a los damnificados y por la reconstrucción de las zonas devastadas. Eso lo ha llevado a estar en todas las entidades con fuertes afectaciones, menos en Oaxaca en donde hay decenas de comunidades que estuvieron varios días incomunicadas y que requieren no sólo la atención de la Federación, sino el refrendo simbólico del Jefe de la Nación.
Ese refrendo simbólico es el que ha llevado al presidente Peña Nieto a estar seis días seguidos en las zonas devastadas de Guerrero. Es lo mismo que, en los últimos días, lo llevó a Sinaloa y a otras entidades federativas con afectaciones por las fuertes lluvias. Políticamente, el Presidente debe hacer presencia periódica en todas las entidades que integran el Pacto Federal porque a través de eso se hace el refrendo del acuerdo fundacional que le dio vida y que mantiene unida a la nación.
Por distintas razones, Oaxaca estuvo lejos de las administraciones federales panistas, que nunca le pusieron mayor atención a ese simbolismo político por las diferencias partidistas entre los Mandatarios federales y los estatales. Y hoy, esa lejanía sigue siendo tanto o más perceptible que en los tiempos de los gobiernos estatales priistas, y de las administraciones federales del PAN.

INDOLENCIA FEDERAL
Las tormentas Ingrid y Manuel vinieron a romper la agenda nacional. Hasta hace unos diez días, las prioridades federales se centraban en el conflicto magisterial y en las reformas hacendaria y energética que se siguen discutiendo en las cámaras legislativas. Las lluvias y las afectaciones vinieron a cambiar esa dinámica y a imponer la necesidad de que toda la alta burocracia del gobierno federal se dedicara a atender las afectaciones y a los damnificados, y a que esos dos temas otrora prioritarios fueran “administrados” hasta que esta contingencia pasara.
Esa es la razón por la que, hasta en los noticiarios de televisión, el tema de las reformas que se discuten en el Congreso tengan una atención en segundo plano y a que, en los hechos, esos temas se encuentren en una especie de “stand by”, mientras existen las condiciones para volverlos a subir al primer plano de la agenda legislativa. Por eso, ni en esta semana y posiblemente ni en la siguiente, se discuta o se decida sobre temas como la reforma hacendaria (a ésta sólo la determinarán los plazos constitucionales) y menos la energética, que habrá de requerir operación política al más alto nivel entre el gobierno federal, las cámaras legislativas y los partidos.
Pero en el caso del conflicto magisterial, que concierne directamente a Oaxaca, sí se vio una nueva actitud de desdén hacia la entidad por la distancia que existe entre el régimen del Presidente de la República y el Gobierno de Oaxaca. Para muestra, los hechos: mientras la entidad tenía más de 130 municipios fuertemente afectados por las lluvias, nadie en la Secretaría de Gobernación quiso o pudo operar con la prontitud y la capacidad debida, como para convencer a los grupos de maestros inconformes de que el Gobernador de Oaxaca podía ya no estar en las mesas de negociación con la Sección 22 y la CNTE, y dedicar ese tiempo y atención para atender a los damnificados, que por simples razones humanitarias están por encima de cualquier conflicto de intereses, como el de los maestros.
De hecho, fue hasta antier lunes que el gobernador Gabino Cué Monteagudo pudo establecer que el diálogo con los profesores en paro estaba agotado, y que quedaba en la decisión de ellos continuar con su paro de labores o regresar a clases. Implícitamente, lo que el Mandatario quiso decir es que ya no habría más mesas de negociación y que por tanto ahora sí podría dedicarse a atender otros asuntos que también son de prioridad para la administración estatal. En el pináculo de esos temas se encuentra la atención a los damnificados de la entidad, que siguen esperando una respuesta de mayor nivel de los tres ámbitos de gobierno.
¿Vendrá a la entidad el Presidente? Hasta el momento no hay noticia sobre eso. Es cierto que han estado aquí algunos de los integrantes de su gabinete. Pero queda claro que en la agenda nacional Oaxaca sólo es foco de atención por el conflicto de los maestros, pero no porque haya voluntad por demostrar que el gobierno federal está también presente en las zonas siniestradas por los fenómenos de la naturaleza. El pacto federal, al final, está esperando un mejor momento para hacerse visible entre la Federación y el estado de Oaxaca.

SOMOS REHENES
Ayer Oaxaca vivió una mañana de locura. ¿Por qué? Por tres temas que demuestran que aquí las minorías mandan: gran parte de la capital fue sitiada por los integrantes de la impresentable CNP; el llamado “Paso Deprimente” (en Cinco Señores) fue bloqueado por materialistas; y Ciudad Administrativa por un pequeño grupo de inconformes. Es claro: aquí hay todo, menos autoridad.

+ Oaxaca no debe permitir ser minoría oprimida

Es posible que estemos viendo los últimos capítulos del conflicto magisterial en la Ciudad de México, aunque lo que ahora no debe permitirse es que la inconformidad sólo se traslade del Distrito Federal a Oaxaca sin resolverse. Si eso pasa, entonces quedará claro que el gobierno federal tomará a nuestra entidad como el foco de reducción de la resistencia —que sí quiere ser el magisterio democrático— que condenaría a nuestra entidad a la putrefacción no sólo del conflicto, sino de la paz pública y del derecho a la educación de más de un millón de niños. Sería abominable pensar que Oaxaca quedara como la “minoría oprimida” de la reforma educativa en el país.
En efecto, durante la tarde de ayer lunes se darían a conocer los resultados de la consulta hecha por la Sección 22 del SNTE a sus miembros movilizados en la Ciudad de México. Éstos podrían optar entre continuar con la resistencia a las reformas ya desde las aulas, ya en paro indefinido de labores. De darse el primer supuesto, el plantón de maestros en la capital del país sería sólo representativo. Pero de darse el segundo caso, entonces tendrían que optar por el plantón masivo, a partir del cual deberían movilizarse nuevamente miles de profesores oaxaqueños para la reinstalación de un plantón extenso.
Frente a la decisión de los maestros se encuentran las posturas tanto del gobierno federal, como del estatal. Ambos han afirmado que para ellos el diálogo con la Sección 22 está agotado, que fueron suficientes las respuestas que dieron a demandas magisteriales, y que se sostienen en la decisión de pagar los salarios retenidos a los profesores sólo cuando éstos inicien el ciclo escolar. La Federación y el Estado, además, se sostienen en la decisión de no dar marcha atrás en la reforma educativa, en no detener su aplicación, y en estudiar el contenido del PTEO como una posible visión alternativa del nuevo contenido de la legislación en materia educativa.
¿Si la Sección 22 decide continuar en la Ciudad de México, querrá hacerlo buscando qué? Obviamente, tratando de conseguir la satisfacción de los puntos en los que no quiere ceder el gobierno estatal y federal. Si eso pasa, ya no habrá visiones y negociaciones parciales, aunque en los hechos los únicos que seguirán incrementando su nivel de desgaste serán los maestros, que continuarán sin percibir su salario, y acumulando el repudio de la ciudadanía que ya no quiere verlos en la capital del país.
En ese sentido, la mejor solución que podrían darle al problema —que, es cierto, es una solución parcial porque los remedios totales en un asunto como éste, no existen— es que los profesores oaxaqueños decidan continuar con su lucha a través de un plantón representativo en la capital del país, pero resolviendo el inicio del ciclo escolar de inmediato en Oaxaca.
Aunque esa parece ser una solución demagógica, lo cierto es que en el caso de nuestra entidad no puede pensarse ni en una solución total que ponga fin a la inconformidad magisterial (eso significaría ceder en todo, anular de facto la reforma, y darles definitivamente los pocos espacios sobre los que ellos aún no tienen el control de la educación en la entidad) como tampoco puede pensarse en la posibilidad de que los maestros trasladen sus movilizaciones y su plantón a Oaxaca sin decretar el inicio del ciclo escolar.

PLANTÓN REPRESENTATIVO
Para Oaxaca la mejor solución sería la decisión del plantón representativo en la Ciudad de México porque, aunque sea difícil de entender y de aceptar, sólo de ese modo el tema del magisterio de la CNTE no dejaría de estar en la agenda del gobierno federal, ni dejaría de ser foco de atención para la opinión pública nacional, que es la única que de algún modo puede continuar presionando para que todos los actores de este tema encuentren un arreglo así sea en el mediano plazo. Si transfieren el problema a Oaxaca, será tanto como darle el tiro de gracia a la educación pública en nuestra entidad. ¿Por qué?
Porque si trasladan el plantón y las movilizaciones a Oaxaca, de inmediato el tema dejará de estar en la atención del gobierno federal, y los problemas que ocasiona el paro de labores (así sea la anulación del derecho a la educación de un millón 300 mil niños y jóvenes) pasaría de la ruidosa atención de la opinión pública y los medios de la capital del país, a la desilusionada y poco activa ciudadanía oaxaqueña que no tendría manera de reaccionar y hacer ver el tamaño de su enojo frente a los profesores. Si eso pasa, la Sección 22 se sentiría libre para seguir presionando y tomando decisiones que, aun siendo impopulares, no tendrían ningún efecto adverso para ellos.
En este sentido, una de las posibilidades que no debe admitirse en Oaxaca es que el conflicto sea visto por el gobierno federal a través de la forma “democrática”. Es decir, que asuma que si la democracia es el gobierno de la mayoría, entonces su contraparte es una minoría oprimida, que debe pagar las consecuencias de no ser parte de quienes están a favor del gobierno. El gobierno federal bien puede ver el conflicto magisterial de esa forma, y dejar que una sola entidad federativa se pudra con la resistencia de los mentores (Oaxaca) a cambio de que los otros 31 estados asuman las nuevas reglas en materia educativa y se alineen en el nuevo esquema educativo del presidente Enrique Peña Nieto.
Ese es un lujo que no nos podemos dar en Oaxaca. Aceptarlo sería tanto como dejar que aquí sí se cancelaran de facto los nuevos esquemas educativos e independientemente de que éstos sean constructivos o no, terminar de escriturar todo el ámbito educativo a los profesores de la Sección 22, para que éstos sigan haciendo y deshaciendo a discreción, cobijados en la bandera de que reformar la educación es privatizarla y perjudicar a la niñez y juventud que, de todos modos, con las aulas cerradas sigue sin recibir la educación de calidad que por derecho le corresponde según la Constitución de la República.

ADIÓS INCONCLUSO
Por cierto, la “histórica” LXI Legislatura sin que los diputados hayan emitido la declaratoria de que se aprueba, o se rechaza, la reforma educativa. Es cierto, es un tema irrelevante en lo práctico, pero muy revelador de la alarmante improductividad de los diputados locales salientes, de su indolencia por los asuntos que necesariamente implican demostrar oficio político, y su proclividad a la ambición. Pero, ¿ya cobraron su bono de despedida (2.5 millones de pesos, por diputado) por la aprobación de las cuentas públicas?

+ Disputa: lo loable contra lo inconfesable

Contrario a lo que se piensa, al magisterio democrático oaxaqueño aún le queda suficiente combustible para continuar su resistencia contra las reformas en materia educativa, y para dar una larga batalla –en Oaxaca o en la capital del país- por la preservación de sus privilegios. Si el gobierno federal y los maestros paristas actúan con inteligencia, pueden desactivar las movilizaciones en la capital del país y conseguir –que es lo más importante- el inicio del ciclo escolar en este estado permanentemente azotado por el huracán magisterial de la Sección 22 del SNTE. ¿Cuál es la fórmula?
En efecto, esta semana es determinante para el conflicto magisterial, si la CNTE y el gobierno alcanzan puntos de coincidencia mínimos que les permitan destrabar este momento crítico que ya está siendo demasiado costoso para todos. Las acciones magisteriales llevan cinco semanas continuas, mismas en las que ha habido comunicación permanente entre los dirigentes de las secciones magisteriales que protestan y funcionarios del gobierno federal y de las entidades federativas involucradas. ¿Por qué, a pesar de tanto diálogo, han sido tan pocos los avances?
Porque queda claro que así como los maestros de la Coordinadora han ido siempre a negociaciones llevando como único punto de discusión que sea cumplido en su totalidad el pliego de demandas que presentaron desde el inicio, el gobierno federal ha llevado una posición más o menos similar a las negociaciones, pues en todo este tiempo han sido más las exigencias que las concesiones, y concretamente no han abierto los suficientes espacios de intercambio para que los profesores de la CNTE asuman que están siendo escuchados y que sus demandas están siendo incorporadas a la agenda educativa del gobierno federal y las entidades federativas.
Sería fácil decir, en este sentido, que lo necesario entre unos y otros es una negociación de intercambio mutuo, en la que se pudieran hacer recíprocas concesiones para finalmente construir un acuerdo que hiciera programático el cumplimiento de dichos compromisos. Esto podría ocurrir si se cumplieran dos condiciones –que no se han dado en este caso. ¿Cuáles son? Primera, que ambos bloques (gobierno y magisterio) estuvieran dispuestos a negociar sin tener como precondición las posiciones inamovibles de sólo ir por todo o por nada en las mesas de negociación. La segunda, que los asuntos a tratar fueran concretos, que no tuvieran dobleces. Y que fueran tan confesables como para hacer de verdad público el diálogo y los acuerdos alcanzados.
No se dan ninguna de las dos condiciones. La primera de ellas está ausente porque hasta hoy el diálogo entre el gobierno federal y las organizaciones inconformes se ha centrado en temas coyunturales, pero no por los asuntos de fondo que son los que se supone que son la razón por la que los maestros viajaron hasta la Ciudad de México.
¿Qué han negociado? El plantón, el paro de labores, las movilizaciones, las fechas significativas, y el posible regreso a las aulas. ¿Y qué es lo que sigue pendiente de ser negociado? Todos los temas de fondo de la reforma educativa, que van desde la evaluación hasta la recentralización del manejo administrativo de la educación, pasando por todos los privilegios que pretenden ver intocados los profesores democráticos.

EL YING Y EL YANG
En medio de todo esto hay un problema que no es menor: por cada tema loable por el que el magisterio de Oaxaca dice estar luchando en la capital de la República, hay otro tema oscuro en el espejo que es el que en verdad ellos quieren preservar. Si los vemos uno por uno podremos darnos cuenta fácilmente de lo que hablamos.
Por ejemplo, los maestros de Oaxaca dicen estar luchando en contra de la privatización educativa, aunque en realidad contra lo que están luchando es la modificación de sus conquistas laborales. Ellos afirma categóricamente que la reforma es parte de una intención del gobierno federal por entregar el rubro educativo nacional a criterios de tipo eminentemente capitalista. En esa “intención” (que en realidad es una mera inferencia, porque la ley dispone, no supone) ellos justifican el rechazo a una norma que sí limita no sus derechos, sino sus conquistas.
Otro ejemplo: la Sección 22 afirma que lucha por el derecho a la educación. Esa es una bandera loable. Pero lo cierto es que tanto la lucha por la educación pública, como la supuesta lucha por sus derechos, son una falacia. En realidad, el magisterio lucha por la preservación de un estado de cosas, pero sin fundarse en un derecho concreto. Su defensa no entraña el derecho a la educación ni de sus derechos laborales, sino únicamente la resistencia a que sea modificado el esquema bajo el cual trabajan.
Uno más: los maestros de la CNTE dicen que no se resisten a la evaluación, pero dicen que la reforma educativa es homogenizadora y desconoce las particularidades de nuestra nación, así como los problemas sociales que existen en varias entidades, y pretende medir a todos los alumnos y a todos los maestros según estándares internacionales que no corresponden a la realidad de infinidad de comunidades de varias entidades pobres o marginadas. ¿Es todo eso cierto? Posiblemente sí. Pero en la supuesta resistencia a la homogenización, lo que buscan es que no se les evalúe, ni se someta a revisión periódica la forma en que realizan su trabajo frente a los alumnos.
Esos son sólo algunos ejemplos que sirven para demostrar lo complejo de la negociación. Este es algo así como un juego de espejos, en el que se esgrimen las razones loables en defensa y justificación de las inconfesables. Es cierto que el gobierno federal ha fallado en su posición de todo o nada. Pero la 22 también falla gravemente cuando pretende engañar a todos con esos argumentos, sin asumir que en las condiciones actuales, ya ni los más crédulos los dan por válido con los ojos cerrados, como era antes.

RELAJAMIENTO
Como no habrá victorias totales, lo único que queda es la parcialidad, aunque a un costo alto. ¿El gobierno federal aceptará algo así como una aplicación paulatina de las nuevas normas educativas en entidades como Oaxaca? ¿Permitirá que el IEEPO se trague –nuevamente- toda la melcocha de posponer de facto la entrada en vigor de la reforma educativa? ¿El magisterio decidirá el regreso a clases a cambio de una medida de distensión de este tipo? Este fin de semana es clave. Ahí sabremos si las concesiones son suficientes para darle cauce a este conflicto.

+ Estos son momentos para despertar como sociedad

El terremoto ocurrido en la Ciudad de México hace exactamente 28 años, no sólo cimbró a la sociedad por la magnitud del desastre o por el altísimo número de pérdidas humanas y materiales, sino también porque —en el ámbito de la vida pública— corroboraron que el gobierno era mucho más débil, lejano y soberbio de lo que todos suponían. Hoy, México atraviesa por una contingencia que si bien no es ni cercana en costo de vidas humanas, sí está considerado como el peor desastre de las últimas décadas. ¿Servirá esto para que volvamos a “despertar” como sociedad?
En efecto, se dice que el régimen de partido hegemónico tuvo sus primeras —pero irremediables— fracturas (que lo llevarían a perder definitivamente el control político del Distrito Federal, y luego la Presidencia en el año 2000) el 19 de septiembre de 1985, cuando el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado no fue capaz de responder a la crisis derivada del terremoto.
Ese día, ante el desastre, el gobierno priista del presidente De la Madrid no fue capaz de coordinar el apoyo a los damnificados. Tampoco tuvo capacidad para articular las tareas de rescate de las personas que habían quedado atrapadas entre las edificaciones derrumbadas. Rechazó la ayuda que ofreció la comunidad internacional. Y, desde el primer momento, fue rebasado por la sociedad que, organizada de forma espontánea pero contundente, tomó las riendas de la situación y fue quien finalmente se tendió la mano entre sí y tomó conciencia de que podía hacer mucho más que sólo sentarse a esperar a un gobierno que, según vieron, no llegaría en su rescate.
Ese fue uno de los elementos determinantes que dieron pie al desmantelamiento paulatino del llamado régimen de partido hegemónico que fue el PRI hasta 1997. En los comicios presidenciales de 1988 el Distrito Federal, y el centro de la República, le cobró fuerte la factura al presidente de la Madrid, y al PRI (y por eso casi pierde Carlos Salinas de Gortari como abanderado presidencial del PRI frente a Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por los partidos integrantes del Frente Democrático Nacional), no sólo por la larguísima ola de crisis económicas y devaluaciones de la moneda que habían ocurrido en la última década, sino también por el descuido y el olvido oficial de sus deberes frente a la ciudadanía, los cuales habían quedado claramente constatados en momentos como el terremoto de 1985.
En buena medida, el surgimiento de una oposición partidista fuerte surgió del desencanto ciudadano por seguir siendo clientela de un partido, y un régimen que no tenía capacidad de responderle en los momentos de crisis. De ahí se entiende que si el primer “despertar” se dio en 1968, y el segundo en la década de los ochentas, hoy en día —ante una crisis de magnitudes comparables— la sociedad debería nuevamente retomar su papel de preponderancia ya no para hacer ganar o perder a un partido y premiarlo o castigarlo con el poder, sino más bien para exigir condiciones distintas de atención a la ciudadanía, y para obligarlo a ser un poder menos basado en los intereses cupulares y más cercano a lo que necesita la gente.

GOBERNAR CON TODOS
¿Qué podríamos esperar del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en una condición como la actual, y ante una emergencia como la que vive gran parte del territorio nacional en estos momentos? Seguramente, debíamos esperar, y exigir, que el Presidente y su partido (el Revolucionario Institucional) dejen de creer que todo México es el Pacto por México o los radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Uno es un pacto partidista que representa de forma muy relativa al interés nacional, y el segundo es una minoría que protesta no por el respeto a un derecho, sino por el inminente fin de sus privilegios.
Lo que el gobierno federal debía asumir en estos momentos —y los ciudadanos exigírselo— es que México es la gente que necesita atención, la gente que está clamando por la atención y las respuestas federales que están llegando a cuentagotas frente a una crisis de gran escala. La ciudadanía está exigiendo que el gobierno no se olvide que se gobierna con todos y no sólo con el PAN y el PRD, y que asuma que son tan legítimas las demandas de la gente que se encuentra aislada, varada, o sin posibilidad de acceso a satisfactores básicos como comida, agua o atención médica, que las de los trabajadores que ruidosamente protestan en la capital de la República. El ciudadano, pues, exige —o debería estarlo haciendo— que el Presidente se acuerde que México es todo, y que no todo se reduce a las victorias y derrotas políticas que suma su gobierno en estos primeros meses de gestión.
El caso de Oaxaca es similar. Es difícil de creer que ante un momento de tal crisis, en la que decenas de miles necesitan de la atención urgente, de todos, el gobierno deba distraer su atención en un conflicto político con el magisterio que, según podemos ver, tiene una perspectiva estéril casi de principio a fin. Mientras eso pasa, y los profesores democráticos obligan al gobernador Gabino Cué a sentarse a mesas de negociación predestinadas al fracaso, miles de oaxaqueños esperan que llegue su Mandatario, al que ellos eligieron, a darles una respuesta y a solidarizarse personalmente (como lo demandan los principios básicos de la democracia) con ellos que posiblemente lo perdieron todo.
Por eso este debía ser un momento propicio para despertar y no para tirarnos al desánimo como ciudadanía. Lo peor que puede ocurrir es que a todos nos gane la indolencia y tomemos como algo natural el ensanchamiento de la brecha que ya existe entre el pueblo y el gobierno. Sí, se trata de organizarnos e ir a hacer la parte que no puede o no ha querido hacer el gobierno. Pero también se trata de exigirle una visión más incluyente, más cercana a la gente y más demostrativa de que se gobierna para todos, y que no sólo se hace con quienes presionan o con quienes conviene.

AYUDA A LA COSTA
Damas rotarias encabezadas por por la empresaria Martha Alicia Escamilla y la profesora Laura García Gómez (ambas ex presidentas del Club Rotario Guelaguetza) se organizaron desde el fin de semana y, con la heroica ayuda de un puñado de personas, hasta ayer habían juntado tres toneladas de víveres para los damnificados de la Costa y la Sierra Sur. Ojalá haya más ciudadanos organizados para esas tareas, y ojalá que los tres ámbitos de gobierno den la ayuda necesaria para garantizar que esa comida llegue a quienes la necesitan.

+ Todo en manos de radicales; exprimirán a maestros

El mal fario sigue rondando el conflicto magisterial. A pesar de lo que muchos quisieran, el paro de labores no tiene si quiera una fecha más o menos cercana para ser revisado —y mucho menos levantado—, así como tampoco existe certeza de que pueda llegar a acordarse algo más que la continuación de las hostilidades. Los resolutivos de la más reciente Asamblea de la Sección 22 dan luces sobre los pasos a seguir en el movimiento. Pero todos van encaminados a seguir exprimiendo a los profesores para que continúen en la lucha, y para proveerse de argumentos y justificaciones para no levantar el plantón y el paro indefinido de labores.
En efecto, el primero de los puntos que debe ser considerado, es el relativo a que, de llegar a darse una anuencia de las bases, las clases no iniciarán sino hasta después del 23 de septiembre próximo. ¿La razón? Que en los resolutivos de la Asamblea Estatal Permanente celebrada el 13 de septiembre pasado en la Ciudad de México, quedó claro que todos los posibles acuerdos se discutirán hasta la siguiente Asamblea que se realizará el viernes 20 de septiembre. Es decir, que de llegar a decretarse el fin de la jornada de lucha y el inicio del ciclo escolar, éste no iniciaría antes de la última semana de septiembre.
Sin embargo, no hay muchas razones para tener aliento sobre el posible arranque del ciclo escolar. Esto, debido a dos razones: la primera, que determinaron que la consulta a las bases se dará únicamente entre los trabajadores de la educación que se encuentran en la Ciudad de México; y anclaron esta consulta al cumplimiento de una serie de demandas por parte del gobierno federal, el estatal, y el SNTE. ¿Tenemos clara la dimensión de esos dos resolutivos?
En el primero de los aspectos, el punto 18 de los acuerdos del 13 de septiembre pasado, la Asamblea Estatal determinó “consultar a las bases movilizadas en la Ciudad de México, la modalidad en que deberá desarrollarse la actual jornada de lucha, bajo un documento orientador que elabore la Secretaria de Orientación Política e ideológica que rescate el balance real de esta etapa. Dicha consulta será realizada el día viernes 20 de septiembre del presente año.”
Esto, de antemano, está encaminado a la continuación del paro. ¿Por qué? Porque a estas alturas, la Sección 22 ya no desea consultar entre todos sus trabajadores, sino sólo entre los que se encuentran en la capital del país. Ahí, ya sólo se encuentran los sectores más comprometidos con la lucha frontal del magisterio, y éstos difícilmente aceptarán el reinicio de clases mientras no se dé una respuesta verdaderamente “contundente” por parte de sus interlocutores.
Y si esto no fuera suficiente, habrá que releer lo que dice el punto 20 de los citados acuerdos. En éste, la Asamblea magisterial se pronuncia por “continuar con la Mesa de Negociación con el Gobierno Federal, el Gobernador del Estado de Oaxaca y el Secretario General del CEN del SNTE para mejorar las respuestas a los siguientes puntos: la liberación de los presos políticos y de conciencia, aprobación de la Comisión de la Verdad, el respeto a las conquistas y la defensa de los derechos de los trabajadores del MDTEO, otorgamiento de recursos Federales y Estatales para la puesta en práctica del PTEO, liberación inmediata de los salarios de los trabajadores del MDTEO, devolución de las escuelas tomadas por los espurios en esta Jornada de Lucha de manera inmediata y sin condiciones, desaparición de la espuria y devolución de las cuotas sindicales.”
Esto significa, en términos llanos, la abrogación de toda la reforma educativa (la norma constitucional, y las leyes secundarias), la restauración de todos los derechos y conquistas que desaparecen con la nueva legislación; la implementación del PTEO; la restitución de salarios; la desaparición de la Sección 59; y, en esencia, la rendición total del Estado frente a sus pretensiones.
Todo esto, queda claro, no ocurrirá jamás en una mesa de negociación con el gobierno federal. Y como esto no pasará, y como el movimiento ya se encuentra plenamente en manos de los sectores más radicales del magisterio oaxaqueño, entonces todo está predestinado a continuar como hasta ahora: con las escuelas cerradas, con los maestros protestando, y con la sociedad volcada en contra de un movimiento que, en esencia, no lucha por la defensa de un derecho, sino por la preservación de sus privilegios.

LOS AMAGUES
En estas condiciones, es ya un triunfo de la Sección 22 conseguir que las escuelas sigan cerradas. Esto no lo está logrando necesariamente porque los trabajadores de la educación estén plenamente convencidos de que deben seguir en este movimiento, o porque estén dispuestos a resistir indefinidamente sin percibir sus salarios. La Sección 22, en realidad, está endureciendo sus posiciones a partir del control que tiene de sus trabajadores, y está utilizando toda su fuerza en contra de quienes se resistan a participar en las movilizaciones, o que cuando menos no acaten los resolutivos de continuar en paro de labores.
Esto lo han reflejado en dos de sus resolutivos. Los puntos 15 y 16 del documento antes citado, señalan respectivamente: “la Asamblea Estatal acuerda que los Jefes de Departamento, Jefes de Sector, Supervisores y Directores que no se encuentran movilizados en esta Jornada de Lucha se les sancione de acuerdo a los Principios Rectores de este MDTEO”. Y el siguiente punto dice: “La Asamblea Estatal acuerda que los Niveles Educativos retomen las Constancias de Participación Sindical de la presente Jornada de Lucha para los diferentes beneficios logrados por el MDTEO, tales como: becas, préstamos, cambios, ascensos, etc.”
Es decir, que apenas termine la jornada de lucha, la 22 buscará con todo premiar y sancionar según sus reglas “democráticas” a los maestros, y no con base en su esfuerzo y preparación como se debería. Ratificará, pues, su voluntad de que esté mejor quien participe en la lucha, independientemente de si es o no un buen maestro frente a grupo. Algo terrible.

CENTROS DE ACOPIO
En Oaxaca, tuvo que ser la Secretaría General de Gobierno quien instalara un Centro de Acopio de ayuda para nuestros paisanos de la Costa, Istmo y Sierra Sur que resultaron afectados por los fenómenos meteorológicos de los últimos días. ¿Y dónde quedó el DIF Estatal, y todas las demás dependencias estatales que se supone que están para ayudar a la ciudadanía en situaciones críticas como éstas?

Por eso, irán de frente hasta hallar límite

Hay quienes todavía consideran que la Sección 22 del SNTE perteneciente a Oaxaca, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, basan sus acciones en cuestiones como la aceptación o repudio ciudadano, el resultado de sondeos de opinión, e incluso en las consecuencias que puedan tener sus acciones frente a terceros. Nada de eso les importa en realidad. Y por eso las opciones se terminan frente a un gobierno federal que dentro de poco tiempo deberá optar o por dar una gran lección de política, o tomar la fuerza frente a quienes quieren poner en entredicho su autoridad.

Vayamos por partes. Pues por un lado, debemos primero entender que el magisterio de Oaxaca, y de otras entidades que se encuentran protestando en la Ciudad de México, no tienen en su agenda cercana la posibilidad del regreso a las aulas y que, como lo anunciaron ayer, no sólo buscarán regresar al zócalo de la capital, sino que incluso anunciaron que intentarán sitiar toda la Ciudad de México para demostrar fuerza y para reiterarle a los tres poderes federales su rechazo a la reforma educativa. Por el otro extremo, queda claro que el gobierno puede hacer muchas cosas, menos posponer indefinidamente la solución a este conflicto.

Todo esto significa, en términos generales, que el desalojo de maestros ocurrido la semana pasada en la capital del país, no sólo no terminó con el problema de las protestas y el paro de labores, sino que pospuso —quién sabe hasta cuándo— el regreso a clases. Como ocurre cada que alguien toma una decisión de fuerza contra la CNTE, ésta decidió re victimizarse y no sólo no regresar a clases, sino reforzar el plantón e intentar acciones de mayor fuerza. Es, digámoslo así, un berrinche a gran escala.

Ante esto, el gobierno federal tiene cada vez menos opciones. La primera de ellas, es la salida política, que en estos momentos no parece muy posible, debido a que los maestros de la Coordinadora —y en eso los de Oaxaca también son punta de lanza— tienen objetivos que consideran como inamovibles e innegociables. Los maestros, pues, han ido a un “todo o nada” a las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación. Eso está condicionado por la fuerza que toman los grupos radicales que no aceptan victorias parciales ni cesiones frente a cualquier negociación o argumento. Y queda claro que en esas condiciones el margen de negociación casi se reduce a cero.

Una segunda opción que tendría el gobierno federal es la de comenzar a forzar una solución a partir del agotamiento de los inconformes. La CNTE asume que tiene la fuerza suficiente para continuar indefinidamente esta jornada de protestas. Hasta el momento, el magisterio democrático ha tratado de esconder la merma que ya tienen sus bases, y asume que con sus incondicionales (que no son los 70 mil maestros de Oaxaca, ni todas las secciones magisteriales en las que tiene presencia la Coordinadora) podrá continuar su estancia en la capital del país.

Es aventurado hablar de cifras. Pero lo que sí queda claro es que hoy en día el magisterio oaxaqueño (que está acostumbrado a la seguridad del salario, pero que hoy en día tiene dos quincenas retenidas) no tiene la misma capacidad y disposición para la movilización que como lo tuvo hace apenas un mes.

En este sentido, es clave la forma de autofinanciamiento del magisterio: de cada delegación sindical o centro escolar, un grupo de profesores es el que decide trasladarse a las protestas, y todos los demás cooperan con dinero para el pago del traslado, de la alimentación y del hospedaje, si es que deciden no pernoctar en el sitio del plantón.

Mientras tenían el salario asegurado, los maestros podían rotar o “calendarizar”, sin problemas, la presencia periódica de cada uno de ellos en las movilizaciones de la capital del país, junto con la cooperación de todos los demás. Así el desgaste económico y físico se relativizaba, tanto para quienes iban a las protestas como para quienes las financiaban. El problema es que ahora no tienen fuentes para el autofinanciamiento. Y aún frente a las presiones del Sindicato (que está utilizando verdaderas medidas de fuerza para obligar a sus agremiados a continuar en la protesta), el desgaste pronto será inocultable para la Coordinadora, que hasta ahora sigue aparentando que su fuerza está intacta.

LA SOLUCIÓN DE FUERZA

El gobierno federal aplicó una medida de fuerza al gordillismo que controlaba el SNTE: metió a la cárcel a su dirigente, y envió sendas amenazas a todos aquellos que pretendieran inmolarse en defensa de la profesora Elba Esther Gordillo. Así, en poco tiempo los alineó a todos. ¿Qué hacer en el caso de la CNTE?

En este asunto hay varios problemas que reducen las opciones de solución: la CNTE no tiene un dirigente visible. De hecho, está claro que Rubén Núñez, el líder de la Sección 22, está actuando presionado y arrastrado por las resoluciones de un Sindicato que él no controla. De la sola Sección 22, hay más dirigentes subrepticios que líderes visibles. Así que “descabezar” a la 22 encarcelando a Núñez no resolvería nada. Y lo mismo pasa con la CNTE, que tiene una estructura de mando horizontal y casi furtiva, que no es la que se sienta a negociar con las autoridades federales.

¿Qué hacer? Al gobierno federal le quedarían pocas opciones. Una sería comenzar a desmantelar los elementos que le dan fuerza a la Coordinadora. Es decir, desmantelar estructuralmente lo que les da fuerza, como el control salarial y administrativo que tiene el Sindicato sobre sus agremiados (salarios, prestaciones, escalafón, ubicación, etcétera). Otra, de más fuerza, tendría que pasar por la posibilidad de dar por terminada la relación laboral con los paristas, y ofrecer (como lo hizo con el SME) un atractivo programa de retiro en aras de desmovilizar a la mayor cantidad de maestros, y entonces sí focalizar a los radicales  en una resistencia menor y más controlable, que les permitiera una salida negociada en el mediano plazo, o incluso optar por la vía de dejarlos en su resistencia por tiempo indefinido.

ENCRUCIJADA

Esto, como queda claro, es un verdadero ajedrez en el que las piezas, a partir de ahora, deben moverse con mucha cautela e inteligencia porque de ello depende el inicio del ciclo escolar. Finalmente lo que está en medio, y es de lo que menos se habla, es el profundo daño a la educación de más de un millón de niños y jóvenes, que siguen esperando el regreso a las aulas.

Problema no está resuelto: ¿dejarán que se pudra?

El gobierno de la República tomó una decisión importante el viernes cuando decidió desalojar a los profesores de la Sección 22 del SNTE del zócalo de la Ciudad de México, y ahora debe demostrar que su capacidad política es más que el solo acuerdo del Pacto por México, y que su interés de fondo es por la educación a ras de suelo, y no sólo por ver concretadas las reformas estructurales como una pose y como un triunfo político del Presidente de la República. El problema de la CNTE no está resuelto, y el gobierno ahora debe demostrar que sabe hacer política.

En efecto, el problema no sólo no se resolvió el viernes con el desalojo de maestros de la Plaza de la Constitución en la capital del país, sino que con esa acción se les dio motivos para continuar lejos de las aulas. Al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le interesaba mucho que el zócalo estuviera despejado el fin de semana, para poder llevar a cabo el tradicional Grito de Independencia la noche de anoche, y para que se desarrollara en condiciones normales el Desfile Militar del 16 de septiembre, particularmente en este que es un año emblemático por conmemorarse el centenario del Ejército Mexicano. Pero, ¿ya sabe el gobierno federal qué hará con los maestros una vez que pase la celebración de la independencia?

El problema de fondo, a nuestro juicio, es el siguiente: los maestros de Oaxaca cumplen hoy su quinta semana de paro. En Oaxaca, un millón 300 mil niños y jóvenes que cursan su educación básica en escuelas públicas, no han iniciado el ciclo escolar. Los mismos maestros están metidos en una espiral de radicalismo que los tiene sin laborar, sin salario, y sin muchas posibilidades de acuerdo. El movimiento magisterial fue, como siempre, tomado por los radicales que aprovecharon los recovecos de la negociación –y la urgencia del gobierno por desocupar la plancha del zócalo– para tomar el control. Es decir, que no hay clases. Y no hay claridad en qué solución se le dará al conflicto.

En este sentido, consideramos que el desalojo del viernes no sólo no fue solución al conflicto magisterial, sino que agravó las cosas y alejó la posibilidad de solución. La acción policiaca, está visto, no arregló nada frente a una dirigencia magisterial que no necesita más que unas horas para reorganizarse y regresar por lo que les quitaron. Y lo más grave es que la acción policiaca le dio razones (la gran mayoría poco válidas, aunque frente a los hechos eso ya es lo de menos) a otros grupos que sólo estaban esperando ese momento para enquistarse al movimiento magisterial e ir a protestar juntos.

Todo eso está pasando. Ayer domingo, el magisterio de la Sección 22 anunció que el miércoles irá a recuperar su plantón en la plancha del zócalo de la capital del país; pero ya no lo harán solos, sino que ahora irán junto con otros grupos como el SME, Morena, y varios más (hasta los anarcopunks) que nada tienen que ver con el conflicto magisterial, pero que ahora están regodeándose porque tienen motivos para hermanarse con una lucha, para abrir márgenes de negociación con el gobierno federal (que antes no los consideraba) y para tratar de sacar ganancias de la prolongación de este movimiento que tiene un costo social elevado, pero un costo educativo que es incalculable.

ABRIR LA POLÍTICA

Hasta ahora el gobierno federal ha hecho otras cosas, pero no política con el magisterio. Sus vías de solución han sido las siguientes: que los maestros acepten la nueva ley, porque el acuerdo de partidos políticos logró aprobarlas en las dos cámaras legislativas fueron aprobadas. Fue eso, o la solución policiaca de disolución. La Secretaría de Gobernación no ha querido ceder en las exigencias magisteriales, y tampoco ha fomentado una solución al nivel del gobierno de Oaxaca. ¿Entonces?

Podríamos pensar que lo más fácil para el gobierno federal, en estas condiciones, es dejar que el problema se traslade a Oaxaca y aquí se pudra. El problema es que en estos momentos, el tema magisterial ya no es un tema local ni regional (de Oaxaca o del sureste del país) y más bien es un tema toral perfectamente fijado en la agenda pública nacional. Hagan lo que hagan, los maestros de Oaxaca continuarán teniendo atención nacional hasta que efectivamente regresen a clases y den por terminada la actual jornada de lucha.

Hay una razón clara para ello: este conflicto se generó por la decisión del gobierno federal por las reformas en materia educativa, y la resistencia del magisterio oaxaqueño. En este escenario, el gobierno de Oaxaca quedó rebasado ante la dinámica nacional. Por eso, mientras los maestros sigan en la Ciudad de México (o incluso si regresan a Oaxaca, pero continúan con el paro de labores) y no inician el ciclo escolar, la responsabilidad de fondo será del gobierno federal, y el costo lo pagará el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a quien se le cargará el costo de no poder resolver este problema.

Por eso, lo que pase en esta semana será determinante. La Secretaría de Gobernación debe hacer un manejo quirúrgico del asunto para diseccionar bien el problema, para separar a los elementos ajenos al tema magisterial, para negociar ya no sólo con el dirigente magisterial, Rubén Núñez (que claramente fue rebasado por los grupos radicales de la Sección 22, que reventaron el acuerdo de la entrega del zócalo, y que son quienes empujan fuerte para regresar a él el miércoles) sino para construir entendimiento con quienes justamente no quieren un arreglo.

Y sobre todo para que, al margen del tema estrictamente policiaco, este conflicto pueda ahora sí tener una solución de fondo que permita el regreso de los maestros a las aulas, y el fin de este paro que puede continuar de forma indefinida, a costa de los niños y jóvenes que no tienen clases, y también a costillas de los miles de profesores que (por recuperar sus quincenas perdidas, o realmente por convicción, o por preocupación por el daño que están provocando) ya quieren regresar a clases.

OTRO 2006

Algunos por alarmistas, otros por soñadores, pero no faltó quien todo el fin de semana se la pasó diciendo que estábamos en la antesala del 2006. Pero, de risa, no fueron más que un puñado de chavos banda (o normalistas… casi lo mismo) quienes se dedicaron a molestar a la ciudadanía. Protestantes que hacían barullo sólo en el día, porque en la noche había que ir a ver la pelea del Canelo, o a dar El Grito. Nada habrá de otro 2006. La ciudadanía, creemos, sí aprendió la lección.

+ ¿Por qué Federación asume control de los profesores?

Uno de los temas torales de la iniciativa fiscal que presentó el domingo el Gobierno de la República, radica en que la Federación pretende retomar el control del pago de salarios de todos los profesores del país. Esta es una medida mayor, que no sólo es un signo claro del fracaso de la llamada descentralización educativa emprendida por el gobierno federal a principios de la década de los noventas, sino que también podría ser un reflejo fiel del federalismo mexicano que es falso por partida doble: en primer término porque los estados han sido incapaces de cumplir con una atribución básica que les fue conferida; y en segundo plano porque la misma Federación falló, o que se resistió a cumplir con su deber de fortalecer a las entidades ante la facultad que les otorgó.
En efecto, para entender este tema es necesario ir por partes. Pues de entrada queda claro que este es un tema que está lejos de ser nuevo, o carente de un diagnóstico actualizado. Desde siempre se ha sabido que la descentralización educativa sirvió en mucho para que entidades como Oaxaca se convirtieran en rehenes de las secciones magisteriales que, bien organizadas, encontraron formas eficaces de presionar a los gobiernos estatales ya no para conseguir mejoras en el ámbito educativo, sino para adjudicarse victorias económicas o políticas que no fueron proporcionales a los bajos niveles de aprovechamiento educativo que han alcanzado en casi tres décadas.
Frente a esta realidad, una pregunta que nos hemos realizado en otros momentos (ver Al Margen 27.03.13), y que hoy encuentra respuesta con la propuesta del gobierno federal, es: ¿Qué debe hacer el Estado en su conjunto para reasumir su responsabilidad en el ámbito educativo? La respuesta ha sido clara desde siempre: volver a tomar el control de la educación para rectificar lo que se ha torcido, pero también para hacer que lo que dice la Constitución se cumpla.
Uno de los pasos fundamentales para hacer que la ley se cumpliera fue justamente el de elevar a rango constitucional ciertos criterios relacionados con la evaluación y con los estándares de calidad que deben cumplir todos aquellos que están parados frente a un grupo de alumnos, así como también el establecimiento de los mecanismos para normar correctamente la vida y la evaluación de los profesores. El paso político que se dio en concordancia con ello fue el descabezamiento del gordillismo, que estaba maniobrando para generar focos de resistencia contra la reforma. Sin embargo, aún frente a la reforma y el descabezamiento del gordillismo, eso no es suficiente.
¿Por qué? Porque si la reforma constitucional fue nacional, el cumplimiento de la norma debe ser asimismo en todo el territorio mexicano. En ese sentido, el gobierno de la República no puede desdecirse de lo que ya hizo, y aplicar el contenido de la reforma sólo en las entidades federativas donde no hay resistencia o donde los maestros están a favor de los nuevos estándares educativos. Particularmente, debe voltear los ojos a los estados que se han declarado en resistencia, y aplicar medidas efectivas en ellos. Esas medidas tendrían que ver, incluso, con la recentralización educativa que hoy se está poniendo de manifiesto con la propuesta de reforma fiscal, que incluye la desaparición del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (con lo que la Federación transfería a las entidades federativas los recursos para que éstos pagaran la nómina de sus maestros) y su reemplazo por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), a través del cual la Secretaría de Educación Pública sería la única responsable de operar un sistema de administración de nómina magisterial a nivel nacional.
La medida busca un solo fin: que la Federación reasuma el control económico de los asuntos magisteriales, y que a través de esto desaparezcan los chantajes magisteriales a gobiernos estatales, las dobles negociaciones y los privilegios y prebendas extraordinarias que han conseguido los profesores en los últimos años presionando a gobiernos estatales institucionalmente débiles o con poco margen para negociar con los profesores organizados.

DOBLE FRACASO
Esto, sin embargo, revela un doble fracaso: por un lado, queda claro que (aunque no se dice abiertamente) todo esto constituye un estruendoso fracaso de las entidades federativas, a las que hoy se propone que se les quiten facultades directamente relacionadas con la administración de recursos económicos, ante la incapacidad que han demostrado para afrontar los problemas relacionados con el magisterio, y para hacerse presentes como autoridad y no como rehén de las secciones magisteriales. Oaxaca es, quizá, el más visible de esos casos, pero está lejos de ser el único.
Empero, en el sentido contrario, queda claro que este fracaso no es sólo de las entidades federativas sino también de la Federación. Pues es evidente que el Pacto Federal está construido no sólo de la voluntad aislada de las entidades por construir una Federación y dotarla de facultades para su funcionamiento, o de ésta por materializarse únicamente para generar fortaleza equilibrada para todos los Estados que la conformaron. En realidad, es claro que el Pacto Federal está constituido de compromisos mutuos, solidarios y bilaterales, en los que es deber de todos los Estados cumplir con los fines comunes, pero es también responsabilidad de la Federación generar las condiciones de igualdad para que los estados puedan cumplir con los compromisos que son propios de ellos o que les fueron delegados.
En este momento, la medida es pragmática y apremiante. Es, quizá, una medida que busca corregir un problema actual con una solución práctica. Pero en el fondo, este es un nuevo llamado de atención respecto a lo cuestionable de nuestro modelo federal y a las demostraciones materiales de su mal funcionamiento. Jugamos en México a la Federación. Pero queda claro que en los temas torales terminamos ciñéndonos al centralismo que siempre ha estado como contraparte de nuestra democracia.

RECORTES
En el caso de Oaxaca, si la Federación retira las aportaciones del FAEB habrá un hueco enorme que materialmente deberá ver cómo se solventa en el IEEPO. Algo similar pasará si el gobierno federal cambia la aportación de recursos por la de productos en especie en el tema de la salud. ¿Ya se vio el tamaño del problema práctico? En el ámbito educativo son más de 15 mil millones. ¿Cómo se solventarán los huecos existentes?

+ S-22, con toda la fuerza, porque ya preveían esto

Cuando en mayo pasado la mayoría de los profesores de la Sección 22, se pronunció por aguantar el paro indefinido de labores y prolongar su estallamiento hasta el momento en que se llevaran a votación legislativa las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia educativa, lo hizo con la visión clara de que esta sería la mejor batalla que habrían de dar en mucho tiempo y que para eso tenían que mantener intactas las fuerzas naturales del magisterio. Así como el gobierno federal no calculó bien la capacidad de movilización y la experiencia del magisterio en la resistencia, quizá los mismos profesores no calcularon bien el costo extenuante que tendría esta jornada de lucha. Finalmente eso es lo que está determinando esta lucha.
En efecto, hoy se cumple la cuarta semana de resistencia magisterial en la capital del país. En ese tiempo, el magisterio de Oaxaca ha encabezado las protestas del gremio de otras entidades que también tienen presencia en la capital del país, y en ese tiempo han visto victorias y derrotas parciales que, sin embargo, no parecen ser del todo determinantes para el acelerado proceso de desgaste que hoy presentan. ¿Qué pasa con los maestros?
La Sección 22 hoy se enfrenta a un dilema mayor: por un lado, están tratando de demostrar al gobierno federal que ni las inclemencias del tiempo, ni lo prolongado del tiempo que llevan en la capital del país, e incluso ni siquiera la falta de recursos económicos por la suspensión del pago de salarios, han sido suficientes para frenarlos. Al ser la sección magisterial más radical de todas las que integran la CNTE, la 22 ha sido la más firme en la decisión de no abandonar el plantón en la capital del país y sostener su decisión de no regresar a clases y de no dejarse presionar por el gobierno de Oaxaca o por los padres de familia que les exigen con fuerza el inicio del ciclo escolar. Esa resistencia es épica, aunque de un costo altísimo para sus bases.
¿Por qué? Porque si bien el magisterio de Oaxaca está acostumbrado a la resistencia, hoy el escenario en donde desarrolla su plantón y movilizaciones es hostil y lejano. Todo eso, sin duda, se adereza con el hecho de que la contraparte (el gobierno federal, que presionó al de Oaxaca) consiguió que les congelaran sus salarios, e incluso con el hecho de que la Ciudad de México no es un territorio benévolo para la causa magisterial. Ellos previeron que la resistencia sería dura. Pero seguramente no calcularon la capacidad de desgaste que el solo escenario tendría para sus maestros.
Todo esto se explica no a partir de la lucha política, sino de la cotidianidad. Contrario a lo que muchos dicen (que este movimiento es financiado por gobiernos o por grupos políticos), el magisterio de Oaxaca está demostrando amplia capacidad de solventar sus propias protestas y también de absorber sus propios costos. Sin embargo, en las previsiones no estaba que la jornada de lucha durara un mes, que durante ese tiempo no tuvieran provisiones económicas (salario), y que la sola estadía en la capital del país fuera tan desgastante.
Quienes conocen la organización real del movimiento magisterial, saben por ejemplo que sólo una parte de la membresía sindical se encuentra en la capital del país, pero que todos los que no fueron, con constancia aportan económicamente para la manutención de sus compañeros que están en la Ciudad de México. Son las dos formas mínimas de participar en las movilizaciones.
Sin embargo, si hoy los que están en Oaxaca padecen por no estar percibiendo salarios y por tener que enviar de todos modos dinero a sus representantes en el plantón, los que se encuentran en el DF padecen todas las inclemencias de vivir, dormir, comer y solventar sus necesidades en un ambiente completamente hostil, además de no tener dinero para sostener a sus familias que se quedaron en Oaxaca.
La pregunta clave en esto es: ¿cuánto tiempo más podrá la Sección 22 sostener la presión que está hoy ejerciendo sobre sus bases para que participen en el movimiento? Porque el desgaste no viene de la lucha política, sino de la resistencia en sí misma. Por eso, por su propia supervivencia, el movimiento magisterial debe encontrar otras formas de lucha alternas que le eviten este proceso de desgaste que ha sido más extenuante que nunca.

RESISTENCIA (¿MAL?) CALCULADA
Los maestros de Oaxaca sabían que algo así ocurrirían y por eso decidieron dejar pasar mayo, junio y julio antes de pensar en el paro indefinido. Ellos fueron claros: dijeron desde entonces que sólo estallarían el paro indefinido cuando se discutieran las leyes complementarias de la reforma educativa. Así lo hicieron, no sólo esperando el momento en que el gobierno y el Congreso accionaran, sino también pensando en el proceso de desgaste de sus bases.
Y es que quienes conocen a la Sección 22 saben que su capacidad de movilización es contundente, pero que también es de rápido desgaste. Es decir, que ellos deben calcular con toda precisión los objetivos que buscan para accionar con toda la fuerza en ese momento. Son muy eficaces, pero su aliento no es tan prolongado y firme como en otros tiempos.
En ese sentido, ellos sabían lo que pasaría en la Ciudad de México. Lo habían calculado bien a partir de que ésta sería una jornada larga en la que tendrían que enfrentarse a muchas vicisitudes. Quizá lo que no calcularon fue la capacidad del gobierno federal para presionar a los de las entidades federativas respecto a la suspensión de pago a los maestros que no iniciaran el ciclo escolar o que abandonaran las aulas. Si eso no hubiera pasado, hoy los maestros oaxaqueños no tendrían problemas en continuar resistiendo. No pensaron que les pegarían en el único punto débil (el pago de salarios) que rebasa la capacidad de control de su organización sindical, y que eso los obligaría a retroceder varios pasos (para primero negociar el reintegro salarial, y sólo después de eso plantear las demandas políticas por las que fueron hasta la Ciudad de México).

LOS SÍMBOLOS
El paro indefinido y la presencia en el Distrito Federal tendría que resolverse en el transcurso de esta semana. ¿Por qué? Porque la 22 tiene todavía la posibilidad de negociar su presencia (o retirada) ante el Grito y el desfile militar del 16 de septiembre, como símbolos de interés para el gobierno federal. Después de eso, los que siguen son meses “muertos” para la Plaza de la Constitución y a nadie le importaría que ellos siguieran ahí indefinidamente.

Uno de los temas que aún en lo marginal, no deben dejarse de tomar en cuenta: en mayo pasado, el Gobierno del Estado presentó una propuesta de legislación secundaria a la reforma constitucional federal en materia educativa, a la que nadie le dio seguimiento. Hoy, cuando la legislación es un hecho, y el magisterio oaxaqueño se dice marginado de la misma, no está de más la pregunta: ¿qué hizo la Sección 22, más allá de la movilización y el discurso, para aportar algo a la discusión sobre las leyes que reglamentan el nuevo artículo tercero constitucional?

En efecto, la pregunta no es ociosa en la medida en que sí hubo propuestas alternativas a las iniciativas presidenciales que, prácticamente sin cambios, se convirtieron en ley, y a partir del hecho de que el magisterio democrático de Oaxaca se dice marginado de toda discusión relacionada con la nueva legislación en materia educativa.

En este sentido, es claro que la realidad está lejos de los discursos y las posturas. Si se recuerda, desde principios de año se estableció, como parte de los acuerdos entre la Sección 22 y el gobierno estatal, que juntos construirían una propuesta de legislación secundaria en materia educativa federal, que atendiera la visión y las necesidades del magisterio oaxaqueño frente a la reforma de los artículos 3 y 73 de la Constitución federal. En ese acuerdo se había definido que el Gobierno del Estado ponderaría los planteamientos del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), y que con ello reflejaría la visión del magisterio democrático para la construcción de la propuesta.

Aunque pocos lo recuerdan, ese acuerdo no quedó sólo en el documento. De hecho, un grupo de trabajo conjunto entre el gobierno estatal y la Sección 22 elaboró una iniciativa que sería presentada el 1 de abril en un acto conjunto entre el magisterio y el gobierno estatal. A decir de quienes tuvieron acceso a la propuesta, ésta tenía la cualidad de generar una propuesta incluyente de los propios planteamientos de la Sección 22 sin romper con el entonces recién reformado artículo 3 de la Constitución federal. El problema fue que como dicha propuesta no era exactamente lo que el magisterio establecía en el PTEO, éste finalmente decidió rechazar la propuesta.

Concretamente, el punto 9 de los acuerdos tomados en la Asamblea Estatal permanente del 30 de marzo, establecía el rechazo de la Sección 22 a la propuesta construida con el gobierno estatal, pero a su vez establecía un compromiso que hasta ahora todos han ignorado. A la letra, el acuerdo dice: “[La Asamblea Estatal] acuerda el rechazo al documento  presentado por el Jurídico de la Sección XXII a la Reforma de la Ley General de Educación y se construya  otro con las adecuaciones pertinentes al Proyecto de Reforma de Ley General de Educación por parte de una Comisión Jurídica integrada por con un grupo de Abogados Constitucionalistas y abogados de la CNTE, además del Investigador en Pedagogía Hugo Aboites, con la finalidad de ubicar los términos que reflejen la integración del PTEO al marco normativo Federal y Estatal, y posteriormente se baje a consideración de la Asamblea  Estatal y las bases para finalmente ser remitida a las instancias correspondientes.”

¿Alguien sabe qué pasó con dicho compromiso magisterial? ¿Alguien sabe si a la propuesta realizada por el Ejecutivo estatal los diputados federales y senadores por Oaxaca le dieron algún seguimiento? Los propios hechos dicen que nada de esto ocurrió.

UN DESPERDICIO

Aunque en su momento la prensa lo reflejó poco, la propuesta de reforma a la Ley General de Educación llevada a la Ciudad de México por el gobernador Gabino Cué, fue reconocida ampliamente en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Legisladores oficialistas y opositores a la reforma constitucional federal, reconocieron de forma casi unánime que la propuesta llevada por el gobernador Cué era coherente con las nuevas necesidades de la educación en el país, y que además era conciliadora entre las posiciones del magisterio de la CNTE y la visión del gobierno federal. El problema fue que eso no pasó a más.

Frente a esto debemos primero preguntarnos: ¿Por qué los maestros de la Sección 22 decidieron no caminar con esa propuesta, construida sólidamente y reconocida por los actores más importantes del país? La respuesta está en que, en la Asamblea Estatal, los grupos radicales se impusieron sobre los moderados y decidieron –como es su costumbre- no aceptar cualquier otra visión que no fuera la propia, establecida en el PTEO. Ello les garantizaba los argumentos para la protesta, y los mantendría al margen de cualquier responsabilidad en la confección del nuevo marco legal, aun cuando ellos mismos se habían comprometido a construir una nueva propuesta que fuera acorde con el PTEO. A la luz de los hechos, no está de más reiterar la pregunta: ¿dónde quedó su propuesta?

Pero el asunto no se acaba ahí. Pues así como la Sección 22 mostró poco interés en contribuir a la formación del marco reglamentario al nuevo artículo tercero constitucional, también el propio gobierno estatal dejó de lado el tema. ¿Dónde quedó el interés del gobierno por continuar trabajando en las alternativas legales posibles para aminorar el impacto del problema magisterial que hoy representa la CNTE para Oaxaca y para el país?

Pues lo propio hubiera sido que no sólo construyera una propuesta de reforma a la Ley General de Educación, sino que en aras de refrendar su vocación propositiva, debió también hacer su propia propuesta de Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y lo que es más: debió hacer todo lo necesario para cabildear, por sí y a través de los invisibles diputados federales y senadores oaxaqueños, el contenido de sus propuestas para que éstas fuesen tomadas en cuenta en la nueva legislación federal, y el Gobierno de Oaxaca quedara no como un aliado de la Sección 22, sino como un aliado de la educación en un estado pobre y marginado como lo es Oaxaca. Nadie lo hizo. Ahí están las consecuencias.

¿RETENCIÓN O DESCUENTOS?

¿El gobierno estatal descontará los días no laborados por el magisterio, o sólo les retendrá sus salarios a los maestros hasta que regresen a clases? Hay una diferencia abismal, de justicia, entre una posibilidad y otra. Sería terrible que todo quedara en una retención, y posterior reintegro, como premio no a la lucha, sino a la indolencia de los maestros con su labor docente.