+ Avilés no vende candidaturas: negocia convenciones

El Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca está a punto de sellar la que podría ser la más profunda derrota en su historia como partido en la entidad. Hoy que se llevan a cabo las convenciones distritales para la designación de diputados locales, y cuando se realicen las de nivel municipal, no ocurrirá otra cosa sino la confirmación de que la conducción amañada de un proceso interno está encaminada al desastre. Hay razones de sobra para asegurarlo.

En efecto, a principios de año el Consejo Político Nacional del PRI estableció que en las entidades donde habría proceso electoral, se elegiría a los candidatos a través de convenciones distritales y municipales, y no por medio de encuestas, votaciones internas u otros métodos que se han ensayado en el pasado. Por eso, en Oaxaca se determinó que el registro de aspirantes a obtener una candidatura, se realizaría en la primera semana de marzo, para luego hacer proselitismo al interior del PRI (y particularmente entre los integrantes de los delegados distritales y municipales) y finalmente fueran las respectivas Convenciones, quienes avalaran a los candidatos. Ese era el camino. Pero, como siempre, en Oaxaca torcieron el camino hacia la corrupción y la imposición. ¿Por qué?

Porque tal y como lo han hecho en el pasado, aquí los encargados del proceso interno trataron, según su costumbre, de definir las candidaturas a diputados y alcaldes a través de decisiones cupulares. Esa posibilidad quedó abierta con el hecho de que, todavía en el mes de febrero, no había Presidente en funciones del Comité Directivo Estatal, y todo estaba en manos de la Secretaría General, que ya estaba depositada en Alejandro Avilés Álvarez.

Éste trató de reemplazar el periodo de precampañas por el de una especie de “subasta” en la integración de las convenciones distritales. Aunque parezca increíble, en muchos casos Avilés —desde la cómoda oficina de la Secretaría General, en la que opera con todo el bajo perfil a su favor— “amarró” ciertas candidaturas a través de la venta de la integración de los participantes en las convenciones distritales y municipales.

Esa novedosa forma de “chicanear” una candidatura le resultó ampliamente favorable. Y es que su nuevo método de torcer un proceso que se supone que es democrático, consistió en que a los candidatos que cupularmente amarraron su candidatura, o que se pusieron de acuerdo directamente con él, les permitió que les entregaran listas completas de las personas que asistirían a esas convenciones.

Y como se supone que en una convención, ungen como candidato al aspirante que más aceptación recibe de los asistentes, entonces al cerrar la integración a favor de un solo de los precandidatos, en detrimento de los demás, lo que estaría haciendo en automático es asegurar que toda la votación y aclamación fuera para uno solo de ellos, y que los demás no tuvieran posibilidad alguna de competir o de incidir en la convención, o en el resultado de esa votación.

A grandes rasgos, eso es lo que ha generado cúmulos de inconformidad entre la militancia priista que está fervorosa de participar en el proceso interno, y esa sería la causa por la que este día en que se realizan las convenciones distritales, varias de ellas terminaran reventadas o en franca confrontación, no por la beligerancia de quienes la integran, sino por la inconformidad de quienes se quedaron marginados de este proceso, no por no tener méritos o trabajo político, sino simplemente por no haberse prestado al juego de los arreglos cupulares o de la venta de candidaturas, que por todos lados se acusa al interior del priismo local.

FALLAS E INCONFORMIDAD

Esas maniobras dieron origen a la inconformidad que ayer externó el aspirante a la alcaldía de la capital oaxaqueña, Javier Villacaña Jiménez, respecto a la Comisión Estatal de Procesos Internos, y a la anulación tácita del periodo de precampañas al interior del priismo. “Se perdió un tiempo valioso (…) para definir estrategias y tener visualizados escenarios respecto al proceso”, dijo el también diputado local. Esa, de la Comisión de Procesos Internos, es tan sólo una primer falla de muchas que están ocurriendo en un proceso que augura ser un desastre.

Y es que la inconformidad real de Villacaña radica en las maniobras que hace unas semanas intentaron hacer en su contra para dejarlo fuera de las convenciones, cosa que finalmente no lograron. Sin embargo, esos mismos intentos los están haciendo con los más de ochenta personajes que se registraron para competir por las 25 candidaturas a las diputaciones locales, y los cientos que se registraron para las candidaturas a los gobiernos municipales. Todo se refleja en la capital oaxaqueña, porque ésta es la principal caja de resonancia de un fenómeno nocivo que se repite, sin ningún pudor, en la gran mayoría de los distritos, y en los municipios grandes y pequeños, que se rigen por el sistema de partidos políticos.

Veamos otro botón de muestra. En el municipio de Santa Lucía del Camino, por ejemplo, Avilés Álvarez arregló no la candidatura, sino la integración de la convención municipal —a través del método antes descrito—, a favor de Fortunato Mancera, un precandidato que a pesar de no contar con trabajo político en el municipio, y de tener escasas posibilidades de competir incluso ante casi cualquier otro de los aspirantes a la alcaldía en esa localidad, es quien sí se pudo arreglar con Avilés, y fue a quien le dieron todas las facilidades para conformar la integración de la convención municipal, que se celebrará en días próximos.

Hoy, ante la abundancia de señalamientos como ese, y ante la incapacidad natural del dirigente Juan José Moreno Sada por apagar tantos incendios al mismo tiempo, veremos cómo varias de las convenciones distritales son reventadas por la inconformidad de la militancia real, que de nuevo fue marginada de la posibilidad de participar en la designación de sus candidatos, y que seguramente negará el voto a esos candidatos que son resultado de las maniobras y los acuerdos, y no del respaldo de su trabajo y de quienes (cada vez menos) todavía creen en el priismo.

PREOCUPACIÓN REAL

En esas condiciones, no extrañará ver cómo el PRI pierde todavía más distritos y alcaldías de las que perdió en 2010. Eso, sin embargo, no quita el sueño a quienes están ejecutando estas maniobras. Su fe está puesta en la lista de candidatos por representación proporcional. Ahí, Avilés y toda la herencia del ulisismo, quiere ver coronadas sus maniobras, aunque su legado real será el desastre.

+ Gobierno, en mejor ruta con esas banderas

La ruta de choque era inevitable. El pasado domingo, la Asamblea Estatal de la Sección 22 del SNTE decidió rechazar el proyecto de ley que habían construido junto con el Gobierno del Estado, para influir en la reglamentación de la reforma constitucional en materia educativa, que entró en vigor en febrero pasado. Al desconocer dicho documento, el magisterio puso en evidencia su insistencia inamovible porque el Plan para la Transformación de la Educación (PTEO) sea aprobado íntegramente y no en un proceso de armonización con la Constitución y las normas federales. Y esa intención dejó ver los límites naturales del gobierno estatal, que decorosamente reconoció su imposibilidad de mantener la ruta trazada por el magisterio. ¿Qué sigue?

En efecto, varias fueron las decisiones que dejaron en claro que el régimen gobernante trataría de evitar una confrontación innecesaria con el magisterio. Derivado de ello, frenaron indefinidamente la discusión respecto a si la Legislatura local aprobaba o rechazaba el contenido de la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución de la República; el gobierno, en esa lógica, optó por asumir un discurso y una actitud crítica frente a la reforma; e incluso, esa fue la razón por la que, aún teniendo en contra a amplios sectores de la opinión pública, el gobierno asumió el PTEO como iniciativa propia e instaló mesas de trabajo en conjunto con la Sección 22, para que a través de la construcción de una propuesta legislativa sólida fueran, juntos, a la Ciudad de México a tratar de incidir en la legislación secundaria que reglamentará el nuevo contenido constitucional relacionado con la educación.

A todos les quedaba claro que si de lo que se trataba era de evitar el choque con la Sección 22, ese era el camino para el gobierno, aún frente a la crítica de todos los demás sectores que acusaban de entreguismo a los poderes Legislativo y Ejecutivo locales. Contra la opinión de la mayoría, el gobierno defendió el PTEO como una alternativa, y puso a trabajar a una comisión conjunta que habría de hacer lo natural: armonizar y darle la forma adecuada a la propuesta magisterial, para que ésta pudiera ser presentada y defendida en cualquier foro, y ante cualquier especialista, en la capital del país; y sobre todo, añadirle los elementos necesarios para que la propuesta de la Sección 22 no fuera rechazada de entrada por tener visos de inconstitucionalidad.

Esas adecuaciones, hechas por un grupo de especialistas y por el propio Comité Jurídico de la Sección 22 del SNTE, fue lo que el fin de semana rechazó la Asamblea Estatal. Según lo establecieron en sus resolutivos, la Asamblea acordó “el rechazo al documento presentado por el Jurídico de la Sección XXII a la Reforma de la Ley General de Educación y se construya otro con las adecuaciones pertinentes al Proyecto de Reforma de Ley General de Educación”.

En ese mismo resolutivo, dejaron en claro que lo que quieren no es un proyecto de reforma viable y acorde con la Constitución, sino un documento que por encima de todo sostenga íntegramente el contenido del PTEO. Algo así, pues, como un traje a la medida. Quizá por eso, establecieron que ese nuevo proyecto será elaborado “por parte de una Comisión Jurídica integrada por con un grupo de abogados constitucionalistas y abogados de la CNTE, además del Investigador en Pedagogía Hugo Aboites, con la finalidad de ubicar los términos que reflejen la integración del PTEO al marco normativo Federal y Estatal, y posteriormente se baje a consideración de la Asamblea Estatal y las bases para finalmente ser remitida a las instancias correspondientes”.

LA NECIA INSISTENCIA

Ayer mismo, el gobernador Gabino Cué estableció la postura del gobierno estatal frente a la decisión de la Asamblea Estatal de la Sección 22, de rechazar el documento que su propio comité jurídico había ayudado a construir. En conferencia de prensa, el Mandatario dijo, creemos que con toda razón, que la reforma educativa constituía una oportunidad para proponer y participar, pero sobre todo, para contribuir en el proceso de mejoramiento de la educación en el país y en nuestra entidad.

El gobierno vio esa doble oportunidad (de incidir en la reforma educativa federal, y de evitar el choque con la Sección 22) desde el momento en que acordó la instalación de mesas de trabajo para la elaboración de una propuesta conjunta de ley, que después (para beneficio fundamentalmente de la Sección 22) sería presentada nada menos que por la Legislatura del Estado al Congreso de la Unión, en base a la facultad de presentar iniciativas de leyes federales, que le reconoce el artículo 71 de la Constitución de la República, el cual también establece que en el caso de que se presente una iniciativa de ley por parte de un Congreso local, ésta pasará sin mayor trámite a la Comisión legislativa respectiva para su análisis.

Eso fue lo que rechazó la Sección 22 con su insistencia por hacer un documento que, aunque no sea viable jurídicamente —y sea incapaz de superar hasta el primer tamiz de la constitucionalidad de las comisiones legislativas que se creen para dar contenido a la reforma educativa—, sí sea el que contenga íntegramente, y sin cortapisas, el contenido del PTEO.

Al final, es claro que esa necedad los hará fracasar en cualquier intento por incidir de manera razonada en la discusión legislativa sobre la reglamentación del nuevo artículo tercero, pero que al mismo tiempo les dará banderas para seguir protestando en las calles, y continuar una lucha en la que, ha quedado claro, tienen todos los elementos para exigir en las protestas lo que no podrán defender a través de la propuesta seria y viable que se esperaba de ellos, pero que no resultará por sus posturas inamovibles.

EL MUNDO ESTÁ MAL

Lo que los maestros quieren es un sinsentido: quieren que las leyes estatales y las federales se adecuen a su Plan Educativo. En su visión corta e intolerante, esto debe ser así para que ellos puedan estar conforme. Eso no sucederá. Por eso veremos cómo, al final, se quedan solos con su documento, con sus constitucionalistas, con sus investigadores y con su Hugo Aboites, pero no con el objetivo de incidir en la nueva visión de la educación (y evitar que la oligarquía tome todo el control de ella), que era lo hasta sus propios aliados esperaban de una Sección 22 del SNTE más razonable y abierta al intercambio, y no a los fanáticos intolerantes que ya decidieron ir, solos y por la libre, únicamente para chocar con la pared… y seguir protestando. Esa será la historia.

Gobierno y Congreso deben dejar el silencio

No sorprende que ante la necesidad de respuestas, y la abundancia de resistencias, las soluciones a los múltiples problemas del transporte público en Oaxaca sigan estancadas y más enredadas que nunca. No sorprende, a pesar de que quienes se quedan en medio de todo son (somos) los usuarios, que seguimos recibiendo un servicio caro, riesgoso y de mala calidad. Nunca debemos perder de vista que más allá de los problemas y sus causantes, quienes importan son los ciudadanos, a quienes nadie les ha dado el respeto y las respuestas que merecen.
En efecto, hace unos días se cumplió el plazo que habían pactado el Gobierno del Estado y las diferentes organizaciones de transportistas, para comenzar a cumplir los acuerdos establecidos en una minuta a cambio de las cuales la Secretaría de Vialidad les autorizó un incremento de cincuenta centavos al costo del pasaje. Para nadie era una novedad que en esa minuta se estableciera el deber de los concesionarios de renovar la flota vehicular, capacitar a los conductores, contar con el seguro del usuario, y una larga lista de temas que son exactamente los mismos que sirven para justificar todos los incrementos a la tarifa, pero que nunca se cumplen a favor de los usuarios.
La diferencia entre este último incremento y todos los anteriores, es que en este caso la Sevitra dio un paso más al frente y anunció la entrega al Congreso local, de una iniciativa que contenía el proyecto de Ley de Transporte, a través del cual se daría cumplimiento no sólo a los acuerdos recién firmados, sino que además tendría la capacidad de regular, con soluciones actuales, todos los temas del transporte que hoy, por no contar con una ley que prevea supuestos existentes en la realidad, están en el vacío jurídico y, por tanto, en la anarquía.
El problema es que ahí se atoró todo. Por distintas razones, los diputados no están interesados en entrar al análisis de una ley como esa. Muchos de ellos, están más preocupados por sus proyectos personales o el aseguramiento de su futuro político a través de nuevos cargos, y otros simplemente no ven importante el problema. Pero lo más lamentable, es que en el mismo gobierno estatal no ven ese asunto como prioritario. Por eso, hasta hoy nadie en el gobierno le ha dado el impulso que necesita esa iniciativa para impulsar a los diputados a que discutan y, en su caso, aprueben esa iniciativa.
¿Qué está pasando ante este nuevo vacío? Que por la sola falta de una ley, los acuerdos se hacen imposibles de cumplir. La Sevitra dice estar atorada en ese paso intermedio. Los diputados no han hecho una sola manifestación respecto a si discutirán o no, y cuándo, tanto la iniciativa de Sevitra como otras que desde antes ya habían sido presentadas. Y mientras los concesionarios están preparándose no para cumplir cuando menos parcialmente el contenido de los acuerdos tomados en enero, sino para generar resistencia en contra de cualquier intento de que se discuta la nueva Ley de Transporte que termine perjudicando sus intereses.
Este es, para los usuarios, el peor escenario. La autoridad se quedó en medio de un asunto en el que no tiene el control total. Los diputados están abstraídos. Y quienes debían cumplir están haciendo todo, a la vista de todos, para no hacerlo. Y mientras, la tarifa no tiene posibilidad de regreso, ante el incumplimiento. ¿Podríamos pensar en un escenario todavía peor?

ANARQUÍA Y ABUSOS
Históricamente, los concesionarios del transporte urbano y suburbano se han quejado de las difíciles condiciones en las que prestan ese servicio. Una y otra vez dicen que el precio que paga el usuario por el servicio no alcanza a cubrir el alto costo de los insumos, refacciones y combustibles, además de todo el personal que se encuentra alrededor del funcionamiento de los autobuses. Siempre se han quejado de eso, aunque hasta ahora en Oaxaca no existe un solo concesionario, uno solo, que no tenga una capacidad económica personal envidiable frente a otros que realizan actividades similares.
¿Es posible pensar en empresas pobres con empresarios ricos? Evidentemente no. En este caso, lo que ha ocurrido es que, desde hace mucho tiempo, el servicio se ha visto deprimido en aras de sostener el margen de ganancias de los dueños de las unidades. En razón de eso, los concesionarios han sido los primeros que se han resistido a que la antiquísima Ley de Tránsito Reformada sufra nuevas modificaciones, para regular con mayor certidumbre la actividad y la situación jurídica del servicio que prestan. A nadie más que a ellos, le convienen las lagunas legales y la anarquía que impera en ese sector. ¿Por qué?
Porque con el solo hecho de que la ley regule a un transporte urbano de hace tres o cuatro décadas, y no el actual, les permite prestar un servicio de pésima calidad en toda la extensión de la palabra. Nada los obliga ni siquiera las minutas y los acuerdos que recurrentemente firma con la autoridad a cumplir con un mejor servicio porque esa noción del mejor servicio no está contemplada en la ley. Lo mismo ocurre con los mecanismos que tiene el gobierno para hacer valer su figura de autoridad. Si la ley no los obliga a nada, y tampoco le da al Estado las herramientas para asumirse como regulador y no sólo como un observador, entonces lo que queda es el tipo de servicio que se presta actualmente.
Tristemente, en ese escenario, el único que se queda indefenso, es el usuario. Éste tiene que soportar la codicia de los concesionarios y el mal servicio que ellos mismos han procurado. Debe también soportar las incapacidades continuadas del gobierno para asumirse como autoridad y ya no como protector de los concesionarios. Y por si eso no fuera suficiente debe pagar los costos de la indolencia del Poder Legislativo, que simplemente porque no quiere, o porque no le conviene al proyecto personal de los diputados, dice no a cualquier posibilidad de discutir y legislar lo relativo a este tema.
Todos debían tener en cuenta que finalmente, todo impacta en quienes usan las viejas, sucias y peligrosas unidades de transporte, que son los mismos que votan mayoritariamente en todas las elecciones. No lo olviden.

¿NO SE VAN?
¿Cómo harán para que alguien crea que las empresas eólicas no se irán de la entidad, cuando hasta hoy ni el gobierno estatal, ni el federal, han sido capaces de resolver el tema de Mareña? Es lo primero que debían contestar aquellos que prevén más inversiones, pero no pueden ni aterrizar las que ya están listas para asentarse en Oaxaca.

+ Potestativo, incluir visiones locales en reglamentación

A pesar de que en la entidad se apruebe el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, nada más que la presión social, la gestión o la sensibilidad política de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, podrá hacer que una visión alternativa se inserte en la reglamentación federal en materia educativa. La reforma al artículo tercero constitucional deja en claro cuáles son los nuevos parámetros de la calidad educativa. Y aunque en Oaxaca digan misa, hagan santería, y entre el gobierno y la Sección 22 reformen la ley estatal de educación, lo cierto es que sin argumentos y gestión política sólida, nada de esto habrá de permear en el ámbito federal.

En efecto, para entender este asunto es clave releer ciertos puntos de la reforma educativa. En particular, el inciso d), de la fracción II del artículo tercero constitucional establece lo siguiente: “[la educación] será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”. Y lo que continúa diciendo el artículo da luces exactas sobre la dimensión que puede tener una visión estatal como la del PTEO, que pretenden convertir en ley.

La fracción III del artículo citado, dice lo siguiente: “Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo…”. Vayamos punto por punto a desenmarañar el contenido de la fracción.

Primero, la reforma establece que es el Ejecutivo federal quien tiene la rectoría de la educación básica y media básica en toda la República mexicana. Acto seguido, establece que para esos efectos, el Presidente de la República tiene la potestad de escuchar las consideraciones que hagan los gobiernos estatales y del Distrito Federal, así como los demás actores involucrados en el tema educativo como los maestros y los padres de familia, y que además, todo esto habrá de ocurrir según lo establezcan las leyes reglamentarias que se emitan al efecto.

Si interpretamos esta disposición en sentido contrario, lo que queda es lo siguiente: que para la planeación educativa nacional, los gobiernos de las entidades federativas tienen la posibilidad de proponer lineamientos al Ejecutivo federal pero que, en esa misma lógica, queda bajo la potestad de éste tomar o no en cuenta las consideraciones, e incluirlas o no en los lineamientos y disposiciones que emita para reglamentar la educación.

CONTENIDO FIRME

Vayamos a otros aspectos del precepto antes citado. Pues el nuevo artículo tercero señala que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.”

Y luego indica: La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. …”. ¿Qué significa todo esto?

Primero, que las reglas relativas a la evaluación de la educación y los nuevos mecanismos de promoción, no están sujetos más que a reglamentación pero no a cambios o interpretaciones distintas a la que se lee. Si la Constitución de la República establece los mecanismos antedichos, ni la ley ordinaria, ni la reglamentaria, y mucho menos una estatal, pueden ir en contra del contenido constitucional.

Si esto les genera incomodidad a los profesores, lo que en verdad debe enloquecerlos es que la propia Constitución establezca que todos los ingresos y promociones que no estén ajustados a los parámetros constitucionales, serán nulos. Esto último, lo que hace es desproveer legalmente a los mecanismos discrecionales que, como en Oaxaca, existen para otorgar plazas, para hacer promociones a cargos y niveles salariales, y para nombrar a cargos directivos, que van desde los directores de las instituciones educativas hasta los altos mandos considerados ya como autoridad educativa en las entidades federativas.

Por eso aquí en Oaxaca pueden darle muchas vueltas al asunto, y finalmente terminarán topándose con la Constitución de la República. Sólo haciendo una labor de cabildeo político al más alto nivel, el gobierno y los maestros oaxaqueños podrán hacerse escuchar en las cámaras federales para exponer el capricho del PTEO y el contenido de una ley estatal de educación que, de no ser muy cuidada, podría tener importantes problemas de constitucionalidad.

NO HAY REVERSA

Todos los maestros que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dicen que lucharán porque se derogue la reforma al artículo tercero. ¿Cómo tendría que hacerse esa derogación? Con el mismo método por el que ocurrió esa reforma. Es decir, que tendrían que votar en se sentido las dos terceras partes de las dos cámaras federales, y luego ser aprobada la “derogación” por 17 Legislaturas estatales. En las condiciones actuales, ¿cuándo ocurrirá eso? Nunca. Por eso, esta reforma no parece tener reversa posible.

+ Feudo educativo, reflejo de anarquía local

En las condiciones actuales, el gobierno federal debe dar pasos firmes para retomar el control de la educación en las entidades federativas. Éste, que es un deber constitucionalmente concurrente de los tres órdenes de gobierno, en las condiciones actuales debe ser asumido con los mecanismos adecuados de Estado para que, como lo ha dicho el propio Presidente de la República, la rectoría educativa deje de estar en manos de poderes fácticos como el magisterio disidente. Si el tema Elba Esther Gordillo está resuelto, ahora deben hacer lo necesario con la disidencia magisterial que sigue tratando de someter al Estado.

En efecto, el artículo tercero de la Constitución General de la República establece que  todo individuo tiene derecho a recibir educación. Y continúa disponiendo: “El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.” Y dos párrafos más adelante el precepto antes citado establece que “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”

Aunque parezca un exceso decirlo, lo cierto es que la norma constitucional debe cumplirse. Hoy, la realidad está lejos de ser un reflejo más o menos firme de lo que establece el mandato de la norma constitucional. La mayor de las paradojas queda en evidencia, cuando se repara en el hecho de que en México no se cumple lo que dice la Constitución en materia educativa, pero no porque no haya recursos económicos o humanos suficientes, o porque los mexicanos se resistan a ser instruidos a través de los mejores materiales y métodos educativos, e incluso porque el Estado no pueda o quiera hacerlo, sino simple y sorprendentemente porque un radicalizado poder fáctico denominado magisterio (y hasta eso, es sólo un sector de él) pretende seguir sometiendo a la educación, a la Constitución, y al Estado, a sus intereses, proyectos políticos y necesidades económicas.

¿Qué debe hacer el Estado en su conjunto? Volver a tomar el control de la educación para rectificar lo que se ha torcido, pero también para hacer que lo que dice la Constitución se cumpla. Uno de esos pasos fundamentales fue justamente el de elevar a rango constitucional ciertos criterios relacionados con la evaluación y con los estándares de calidad que deben cumplir todos aquellos que están parados frente a un grupo de alumnos, así como también el establecimiento de los mecanismos para normar correctamente la vida y la evaluación de los profesores. El paso político que se dio en concordancia con ello fue el descabezamiento del gordillismo, que estaba maniobrando para generar focos de resistencia contra la reforma. Sin embargo, eso no es suficiente.

¿Por qué? Porque si la reforma constitucional fue nacional, el cumplimiento de la norma debe ser asimismo en todo el territorio mexicano. El gobierno de la República no puede desdecirse de lo que ya hizo, y aplicar el contenido de la reforma sólo en las entidades federativas donde no hay resistencia o donde los maestros están a favor de los nuevos estándares educativos. Particularmente, debe voltear los ojos a los estados que se han declarado en resistencia, y aplicar medidas efectivas en ellos. Esas medidas tendrían que ver, incluso, con la recentralización educativa.

VOLVER AL PASADO

Varios aspectos demuestran el fracaso del federalismo bajo el modelo mexicano, pero en entre ellos destaca el educativo. Hace poco más de dos décadas, el gobierno federal inició un proceso de descentralización de la administración y el manejo educativo, para transferirlo —junto con sus recursos económicos— a las entidades federativas. Oaxaca fue uno de esos estados, que a poco más de veinte años de distancia, ha demostrado su nivel de anarquía y el fracaso que significó dicha iniciativa.

¿Qué se buscaba cuando se llevó a cabo ese proceso? Se decía que con él, en general la educación tendría mayor apego a la realidad y las necesidades de cada entidad, y que sería más efectivo el manejo que pudiera darle el ámbito de gobierno que estaba más cerca de los problemas relacionados con la educación y con los maestros. El problema fue que en Oaxaca la educación, la autoridad y todo fue transferido en una proporción importante a los propios maestros. Esto, que parece ya un lugar común sobre el problema educativo de la entidad, en realidad fue el parteaguas de todo este problema que se vive actualmente.

Y es que con eso, la Federación se desentendió de muchos de los problemas relacionados con la educación y con los maestros, y los transfirió a las entidades federativas. Los gobiernos estatales fueron rápidamente rebasados, y el control magisterial de la administración de su propio gremio, y de la educación, creció a niveles insospechados. Y finalmente, el magisterio de varias entidades de la República —que ha tenido un manejo totalmente libre de sus recursos que, a la postre, los fortaleció, los organizó y los adoctrinó— se ha erigido en un auténtico poder fáctico que hoy es quien se niega a reconocer el nuevo contenido constitucional.

Lo reconozca o no el gobierno federal, con ese panorama la reforma educativa se vuelve a una farsa, y de nuevo queda inscrita en el ámbito de las buenas intenciones que no son posibles de cumplir. La mitad de esa toma de control del Estado sobre la educación quedó consolidada cuando lograron destronar a Elba Esther Gordillo y conseguir que la reforma educativa se elevara a rango constitucional. Pero la asignatura pendiente se encuentra en las entidades federativas en las que aún sigue habiendo resistencias que no sólo ponen en riesgo el mandato constitucional, sino que enturbian la vida y la educación de millones de personas en el sureste mexicano.

SOBRE LAS EÓLICAS

Que a nadie se le olvide el tema de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Dentro de poco tiempo podría haber noticias funestas sobre Mareña Renovables y el retiro de su inversión de Oaxaca. De concretarse, quedaría claro que el gobierno de Oaxaca fue incapaz de manejar esa situación; que la Federación sigue teniendo a nuestra entidad fuera de sus prioridades, y que finalmente ganaron las “20 personas” que se oponen a la instalación del parque eólico. Apúntenlo.

+ Normalistas, primeros que la aceptan

Es un avance que el Gobierno del Estado haya logrado alcanzar acuerdo con los estudiantes de las escuelas normales oaxaqueñas para que éstos accedan a nuevas plazas de trabajo a través de concurso y no de contratación automática. Lo es porque aún con todos los aspectos negativos que tiene la enfermiza relación Estado-magisterio, esto significa ya un avance en la aplicación de la naciente reforma educativa. Es mucho lo que está en juego, y por esa razón el Estado debe cuidar todas las formas para evitar —lo creamos o no— que este avance termine en la basura.

En efecto, como un problema tan complejo como el magisterial no es monocromático, desde el inicio debía entenderse que la aplicación de la reforma educativa no debía ser intempestiva, sino más bien de una forma tan gradual que fuera casi imperceptible. Si así se han implementado todas las grandes reformas en nuestro país, esta no podría ser la excepción.

De hecho, decíamos en nuestra entrega del pasado 15 de marzo que, en el marco del diálogo y la democracia, el gobierno debía actuar con sensibilidad política para procurar avenimiento antes que discordancias con todos los actores educativos en Oaxaca. “Quizá —apuntábamos— el gobierno de Oaxaca tenga el deber de graduar la aplicación de las nuevas normas constitucionales para evitar el choque violento entre prácticas de facto y normas recién legisladas, siempre que esto no constituya una agresión frontal al nuevo texto constitucional, y que no ponga en riesgo la relación del Estado oaxaqueño con la Federación”. Hoy, aún con ese primer acuerdo entre el gobierno, los normalistas y la Sección 22, suscribimos esa aseveración. ¿Por qué?

Porque esencialmente, el gobierno de Oaxaca construyó un acuerdo con los normalistas inconformes, para que a cambio de la contratación automática que éstos exigían, accedan a las plazas de trabajo a través de exámenes regionalizados que permitan que la Federación otorgue los recursos para la creación de esas nuevas fuentes de trabajo.

Viendo este acuerdo, es claro que aún cuando no reconoce la intervención ni del gobierno federal ni del recién creado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el gobierno y los normalistas sí acordaron dos puntos que son esenciales. El primero de ellos tiene que ver con el otorgamiento de plazas a través de concurso; y el segundo, que esto lo harán para justificar la creación de las nuevas plazas para que, con eso, el gobierno federal le dé cobertura presupuestal al pago del salario de esos nuevos trabajadores de la educación.

Esto es un avance sustancial, aunque ciertamente es insuficiente. Es positivo porque, en el pasado se han otorgado plazas a los normalistas a través del esquema de la contratación automática, sin que para ello existiera mecanismo de control —o filtro alguno— para regular quiénes ingresan al servicio magisterial, y porque también se hacía sin cobertura presupuestal, contribuyendo a incrementar los ya de por sí abultados pasivos económicos del IEEPO.

Sin embargo, es insuficiente porque lo ideal sería que los normalistas se ajustaran ya no digamos que al nuevo contenido de la norma constitucional federal, sino a los esquemas que existían desde los tiempos de la Alianza por la Calidad en la Educación, que ya imponían importantes mecanismos de acceso a plazas y beneficios económicos, pero que nunca fueron reconocidos por la Sección 22, porque según ellos imponía esquemas que caían en la privatización educativa y que no tomaban en consideración las particularidades sociales y educativas de una entidad como la nuestra.

DESCUIDOS POTENCIALES

Sin embargo, el hecho de que este acuerdo constituya un avance de ninguna manera equivale a que el gobierno le pudo ganar una partida completa a los profesores democráticos de la Sección 22, o que a partir de ello éstos acaten por completo los nuevos esquemas federales.

Por ejemplo, los normalistas ya aceptaron un esquema de exámenes regionalizados para acceder a las nuevas plazas de trabajo. Sin embargo, ¿Quién va a aplicar estos exámenes? ¿Quién va a ejecutar la evaluación? Y ¿Quién establecerá los criterios, parámetros, contenidos y alcances de este examen regionalizado? Es muy probable que en el momento de aplicarlo, los profesores democráticos exijan que sea el IEEPO, o una comisión mixta creada entre ellos y el gobierno estatal, quienes implementen el examen, lo califiquen y determinen quién puede acceder a las plazas. Si el gobierno cede en eso, en automático estará echando a la basura el avance de este acuerdo inicial. ¿Por qué?

Porque el IEEPO está en manos de la Sección 22. Porque, además, las comisiones mixtas no son sino una mascarada para esconder el entreguismo oficial que durante años ha habido del gobierno frente a los maestros. Además, porque si los maestros pretenden “evaluar” a los normalistas como lo hacen cuando son estudiantes, entonces el resultado anticipado consistirá en que todos aprobarán el examen con las mejores calificaciones, y que por tanto todos deben tener el derecho de una plaza de trabajo.

Esto último lo afirmamos por lo siguiente: porque quienes conocen los archivos de las escuelas normales, dicen que ahí desde hace años no hay un solo reprobado. Es más, no hay un solo alumno con promedio general de menos de ocho. Pues si un directivo o profesor exige más de la cuenta, o no accede a asentar calificaciones favorables, los normalistas crean conflicto para exigir su destitución. Y lo han hecho docenas de veces.

Por eso la actuación oficial debe ser milimétrica para no dar un paso y terminar retrocediendo dos. Esto es fundamental porque puede ser la punta de lanza de un nuevo marco de entendimiento y, sobre todo, de aplicación de la ley. Descuidar la trascendencia del avance equivaldrá a demostrar que, de nuevo, el poder fáctico de los maestros se impone al mandato de la ley, y que finalmente todo puede deponerse en aras de no quebrantar la ley. Aguas.

UNA BURLA

La del PRI estatal con sus “anuncios previos” de quiénes serán sus candidatos a diputados. Revelan sólo una cosa: que ahí tienen todo tan revuelto, y tan desordenado, que ha sido imposible que resuelvan una cuestión como las precandidaturas. Mientras, la Coalición se ríe de ellos y están metidos de lleno en la precampaña. El partidazo sigue dando muestras de estar reducido, literalmente, a su mínima expresión.

+ Volver a lucha democrática, no a chantaje

Para cualquiera que no conozca la historia y el origen de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o del movimiento magisterial en Oaxaca, fácilmente podría creer que éstos nacieron como lo que hoy son: grupos de presión que abiertamente chantajean al Estado. No obstante, lejos de todo eso se encuentra un origen ciertamente noble y, aunque hoy parezca increíble, de importantes rasgos democráticos. Si la educación debe pasar por un urgente proceso de reencauzamiento, debería ocurrir lo mismo con esos grupos que, además de haber deformado sus objetivos, hoy por eso son los principales obstáculos para una mejor educación.

En efecto, en Oaxaca no es raro que los propios maestros de denominen como “democráticos” y que en esa lucha democrática fundamenten sus acciones y su irreverencia frente al Estado. Sin embargo, hoy en día muchos desconocemos cuál es la razón o la causa por la que se califican como democráticos. Y por eso mismo, se nos hace una enorme contradicción que alguien que se pone ese calificativo, sea también quien cierre las escuelas, quien tome las calles, marche, se plante, proteste y trate de manera permanente de tener arrodillado al gobierno. Ante esto hay dos preguntas esenciales que debemos respondernos: ¿Dónde está ese origen democrático y, sobre todo, por qué es urgente que regresen a él?

Vayamos a responder la primera pregunta. Ayer domingo, en su columna del periódico Excélsior, el periodista Pascal Beltrán del Río aportaba datos valiosos sobre el origen de la CNTE que, hoy en día, no todos conocemos. Retomemos algunos de ellos: “La CNTE surgió en diciembre de 1979, como resultado del I Foro de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE. Dicho foro fue convocado por los Consejos Centrales de Lucha (CCL) de Chiapas, Morelos, Tabasco y La Laguna, organismos creados para apoyar la movilización de los maestros chiapanecos contra el retraso de pagos y el alto costo de la vida en ese estado…”

“En pocos meses, la inconformidad magisterial se extendió a los estados de Tabasco y Morelos, así como a La Laguna, donde se formaron los CCL. Y se iniciaron movilizaciones nacionales contra el SNTE, que dirigía Jonguitud, y la SEP. Con motivo de la manifestación del Día del Trabajo de 1980, el magisterio oaxaqueño tomó las calles y desconoció a la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, que entonces encabezaba Fernando Maldonado Robles, quien era, a la vez, secretario general del PRI estatal. Durante los meses de mayo y junio de 1980, los profesores de Oaxaca inventaron un nuevo método de lucha: el plantón. Durante semanas, 20 mil maestros se instalaron frente a las oficinas centrales de la SEP en la Ciudad de México.”

Beltrán del Río narraba cómo esa disidencia magisterial tomó rápidamente el control de varias secciones sindicales, particularmente en Guerrero, Michoacán y Oaxaca; cómo a través de la CNTE se constituyó un movimiento opositor efectivo a Vanguardia Revolucionaria, que era la corriente política que dominaba al SNTE a través de Carlos Jongitud Barrios, y cómo Vanguardia enfrentó violentamente a la CNTE a través de asesinatos como el del profesor Misael Núñez, hasta que finalmente en 1989 el presidente Carlos Salinas de Gortari terminó de tajo con la dirigencia de Jongitud, abriendo paso a la era de Elba Esther Gordillo.

¿Qué efecto tuvo eso sobre la CNTE? Dice Beltrán del Río: “Su entonces dirigente, Teodoro Palomino, celebró la caída de Jonguitud como resultado de la presión de los “maestros democráticos” (así se les conocía entonces) y no de la decisión de Salinas”.

Además de esto, y corriendo en carriles paralelos, la CNTE se convirtió en un grupo de presión ya no dedicado a la democratización sindical, sino a la obtención de canonjías. Y todo esto se conjugó a la perfección con el proceso de descentralización educativa iniciada en la década de los noventas, en la que la administración educativa recayó en los gobiernos estatales y éstos, por sus debilidades propias, se convirtieron en blanco de grupos como la CNTE en otras entidades, y como la Sección 22 en Oaxaca.

“DEMOCRÁTICOS”, ¿POR QUÉ?

Volvamos al tema de Oaxaca. Pues aunque hoy está extraviado, el origen de la Sección 22 era loable y democrático. Ellos, en la insurgencia magisterial de 1980, se levantaron en contra de su sindicato, del gobierno, y del PRI, para exigir que las decisiones políticas de su sindicato se tomaran en consideración a lo que todos los agremiados preferían, y no desde las cúpulas del tricolor, o del gobierno en turno.

Esa fue una de las razones fundamentales por las que se denominaron como “democráticos” y por la que recibieron un amplísimo apoyo que todavía se vio reflejado en 2006, cuando la sociedad oaxaqueña apoyó ampliamente su movimiento y repudió de manera efectiva al gobierno de Ulises Ruiz que los había reprimido. Si se revisa la historia de ese movimiento (es esencial para ello el libro de Isidoro Yescas y Gloria Zafra, la Insurgencia Magisterial de 1980, que tuvo una reedición por parte del IEEPO hace unos siete años) podrá verse que hubo objetivos verdaderamente democráticos, y que durante casi toda la década de los 80’s su lucha fue siempre cuesta arriba, consiguiendo victorias titánicas frente a gobiernos y administraciones del SNTE que se negaban a reconocerlos y a darles validez como interlocutores.

¿Dónde se perdieron? En el momento en que claudicaron en la lucha democrática, y bajo esa bandera se dedicaron a conseguir victorias ya inscritas en el ámbito de sus intereses económicos y políticos. Haberlos incluido en el IEEPO, por ejemplo, en sí misma no era una mala idea. Pero todo se pervirtió cuando ellos tomaron eso como una victoria y usaron ese poder para fortalecer su movimiento por encima del Estado y de la educación. Lo mismo pasó con los métodos de lucha, que si bien sirvieron para la democratización al inicio del movimiento, luego se convirtieron en armas que apuntaron hacia el gobierno y la sociedad para orquestar verdaderos chantajes.

DEBER DE TRANSFORMARSE

Por eso, fuera de todo apasionamiento, debe haber una transformación natural de las formas de lucha del magisterio democrático. Deben volver, aunque suene redundante y hasta contradictorio, a la democracia. Es decir, a la búsqueda del bienestar para las mayorías, pero no a través de la lucha contestataria y radical. Eso sería lo ideal, aunque ciertamente hoy se ve como algo prácticamente imposible.

+ Capital será clave para comicios estatales de 2016

El pasado miércoles, de visita en Oaxaca, la secretaria General del CEN del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, afirmó que los candidatos a diputados locales y presidentes municipales para las elecciones del próximo 7 de julio, serán “quienes representen la mejor rentabilidad electoral y no necesariamente quien gane la encuesta”. ¿De verdad están viendo todos en Oaxaca la trascendencia que tienen las definiciones de las próximas horas, para el mediano y largo plazo de un partido como el PRI?

En efecto, en el tricolor oaxaqueño todas las definiciones están, literalmente, hechas bolas, y eso genera un nivel de preocupación casi proporcional a la inesperada visita de la Número Dos del PRI nacional. A horas de darse las definiciones que marcarán el rumbo del priismo local para los próximos años, y para la sucesión gubernamental estatal, en Oaxaca no le encuentran la cuadratura al círculo. Y la insistencia por decisiones cupulares está a punto de generar un quebranto de grandes proporciones.

Oaxaca capital, en primer término, es un tema de enorme preocupación para la dirigencia nacional por varias razones. Una de ella, la más cercana, era la que señalábamos ayer en este espacio, y que tiene que ver primeramente con el hecho de que una mala decisión en la definición de la candidatura a la alcaldía, terminaría condenando a la derrota, en automático y colateralmente, a los dos candidatos a los distritos que abarcan las zonas norte y sur de la capital oaxaqueña.

Pero además hay otras razones de mayor peso a mediano plazo. Y es que quien sea el próximo alcalde de la capital oaxaqueña tendrá la calidad natural de aspirante a la gubernatura del Estado. Si eso lo tienen claro los partidos que integran la coalición, y por eso están elaborando una cuidadosa definición en consenso con el grupo gobernante, en el PRI también tienen esa noción. La diferencia es que mientras los aliancistas están generando un consenso, los priistas están en el riesgo más grave de generar, por su feroz jaloneo, una ruptura que no sólo los anule en la carrera por la Presidencia Municipal, sino que además los elimine del mapa para los comicios de 2016.

Por eso la Secretaria General del CEN vino a poner en claro que, para esa definición, no sólo se trata de ganar una encuesta sino de generar certeza sobre la solidez de quien sea candidato a la Presidencia Municipal de la capital oaxaqueña. Y lo que de entrada queda claro, es que esa sola visión choca de manera frontal con la forma en cómo el Comité Directivo Estatal está procesando la definición para la candidatura y, en general, cómo la llevado todo el proceso.

En este caso en específico, el haber descuidado las formas, podría terminar generando tanto daño en el ámbito de la apertura, como lo habría hecho el no permitir ningún tipo de proceso y reducir todo a una designación directa. ¿De qué hablamos? De que hoy la dirigencia priista tiene un problema inicial con la existencia de doce precandidatos. De ellos, cuando mucho cuatro son los que tienen posibilidades reales de alzarse con la candidatura.

Todos los demás parecen más oportunistas —y salidos de la nada— que aspirantes reales a un cargo que será particularmente disputado. Esto se convierte en un problema cuando, de entrada, el mensaje del CDE y del CEN fue en el sentido de que habrá una candidatura de unidad. Es decir, de que finalmente quien tenga la delantera habrá de ceder espacios a todos los demás. Si eso es así, lo que terminará ocurriendo es la pulverización de una potencial buena candidatura, y la disminución de posibilidades, cuando de lo que se trata es que todos sumen.

Pero además, ¿cuál es el criterio actual sobre la competitividad y la “rentabilidad” en el PRI estatal? Queda claro que no hay. No tienen noción de él, o no lo conocen, o no lo quieren poner en práctica. Y es que de los doce aspirantes a la alcaldía, ¿cuántos realmente tienen la capacidad de competir? ¿Cuántos tienen un capital político real, y una competitividad electoral comprobable, y cuántos sólo se inscribieron al proceso buscando la oportunidad de abrir un margen de negociación respecto a su declinación y la “suma” ante el candidato ganador?

Ese es un problema enorme del proceso actual para definir al candidato a la alcaldía citadina. Y todo se termina de enrarecer, cuando se entrelaza con el reducido margen que están dejando para las definiciones en las diputaciones locales.

VISOS DE ILEGALIDAD

La aceptación o rechazo de precandidaturas a las 25 diputaciones locales debió haber quedado resuelta desde el pasado 13 de marzo. Tarde y a prisas, emitieron una prórroga que venció el pasado día 18. Cuando llegó el plazo, de la nada sacaron una segunda extensión de tiempo que venció ayer jueves a mediodía. Hasta las primeras horas de la tarde, la Comisión Estatal de Procesos Internos ni había publicado una definición sobre quiénes aparecerán como precandidatos, ni tampoco había emitido una tercera prórroga al plazo que ellos mismos establecieron.

¿Qué pasa? Que hay una insistencia terca por aceptar sólo 25 precandidaturas (una por cada distrito uninominal) para evitar las precampañas y tener, finalmente, “candidatos de unidad”. Sólo que la conducción política de tal decisión ha sido desastrosa. Esto porque, simplemente, no han tenido capacidad ni para hacer operaciones de tejido fino para ir descartando aspirantes para evitar rupturas, y tampoco para actuar en base al pulso real en los distritos. ¿Cómo quieren resolverlo? Como siempre, con el reparto de candidaturas según grupos y débitos políticos, sin tomar en consideración los efectos negativos que puede tener tanto el reparto en cuotas como el rechazo tajante de hombres y mujeres que, siendo aspirante, pueden tener capitales electorales importantes al margen de los padrinos o la pertenencia a grupos políticos.

Ese no es un asunto menor, que hoy ya se combina con los temas legales. ¿De veras en la Comisión de Procesos Internos están seguros de estar haciendo lo correcto? ¿De verdad van en la ruta política y legal correcta? El asunto no parece tan sencillo. Ahí habrán de tener un enorme dolor de cabeza, a partir de hoy, independientemente de la forma en cómo terminen resolviendo el asunto de las precandidaturas.

QUE SIEMPRE NO…

…habrá paro indefinido. ¿Cuánto le costará al gobierno, y al Estado, esa definición de la Sección 22 del SNTE? Es todo, menos un acto de buena voluntad con Oaxaca. Ojo…

+ Pacto por Oaxaca: trascendental que se cumpla

No es obra de la casualidad que ayer viniera a la capital oaxaqueña la secretaria General del CEN del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, a firmar el llamado Pacto por Oaxaca entre los aspirantes a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez. El acuerdo tiene como objeto que todos se ciñan a la decisión que tome el partido. Pero, en el fondo, las miras parecen estar puestas en el grave riesgo que hoy corre el priismo de que el resultado de esta elección se les descuadre por completo.

En efecto, hace apenas unos días el líder nacional del PRI, César Camacho, llamaba a los Comités Directivos Estatales de su partido a estar atentos y no cometer error alguno en la postulación de sus candidatos con miras a las elecciones el próximo 7 de julio (La Jornada, 18 de marzo de 2013). Camacho sostenía además, que hoy en el país existe una franca competencia electoral que obliga al partido (el PRI) a contar con un escrutinio jurídico necesario para que no existan debilidades en la postulación de candidaturas y causas partidarias. Y remataba diciendo que el PRI debe trabajar para que no haya ninguna debilidad en la postulación de candidatos y en sus causas partidarias “producto de una acción u omisión que tengan que ver con el descuido de alguno de nosotros”, sentenciaba.

El llamado es franco y literal: los Comités Estatales no deben fallar en la selección de sus candidatos, porque el PRI pretende regresar al “carro completo” en todas las entidades en las que hay comicios. Y si la visión del PRI nacional se centra en obtener la mayoría de los triunfos, lo cierto es que en Oaxaca parecen estar transitando en sentido contrario. Es sintomático, por eso, que la propia Secretaria General del CEN haya venido a poner orden. Y lo es mucho más que, para dar la pauta, haya puesto en el centro de la discusión la disputa interna por la capital oaxaqueña.

Aquí, en Oaxaca de Juárez, se vive una batalla que, en sí misma, no tendría por qué ser distinta de cualquiera de otros tiempos. De hecho, desde hace tres lustros la definición priista por la alcaldía citadina se ha dado por procesos internos (reales o simulados); pero la diferencia entre antes y ahora es que hoy no hay Jefe Político (Gobernador) que ponga orden o conduzca el proceso hasta una definición más o menos consensada. Además, hoy más que nunca la capital será referente electoral y político de lo que pueda pasar con el PRI en los próximos años.

Vayamos por partes para entenderlo. ¿Qué tendría de diferente esta contienda de las anteriores? En que hoy no existen los límites. Además, en que hoy la competencia por el cargo puede romper fibras políticas sobre las cuales no existe mecanismo de curación. Si la ruptura es posible, no hay dique de contención alguno que naturalmente pudiera contener la crisis. Y, lo que más preocupa a la dirigencia nacional, es que la derrota en la capital oaxaqueña pueda ser premonitoria de varias derrotas en cascada en las diputaciones locales.

El riesgo no es menor. De hecho, contrario a lo que exigía Camacho Quiroz, en Oaxaca de Juárez intentaba procesarse la definición por la alcaldía citadina según los métodos tradicionales del último grupo gobernante priista de Oaxaca. Es decir, simulando un proceso, lanzando todos a una batalla sobre la cual no habría otro resultado más que el desgaste de todos, para finalmente tomar una decisión cupular obligando a todos a ceñirse a ella.

Eso es lo que trató de hacer el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz hasta hace dos días, a través de su abanderado José Escobar Gómez. Abrió una contienda interna, supuestamente democrática, en la que decidió participar una docena de personas. Se abrieron los frentes de guerra, particularmente con el único contrincante real, que es el diputado Javier Villacaña. Y finalmente intentaban torcer los mecanismos partidistas para que, artificialmente, la candidatura recayera sobre Escobar.

No sólo no les salió, sino que en el riesgo real llamaron la atención del CEN. Allá en la Ciudad de México sí calculan que al perder la alcaldía citadina estarían automáticamente perdiendo las dos diputaciones locales por los distritos que comprenden la capital oaxaqueña. Y si ese fenómeno se repite en las principales capitales regionales de Oaxaca (Huajuapan, Juchitán, San Pedro Mixtepec, Tuxtepec, etcétera) como producto de la imposición de candidatos a Presidentes Municipales, entonces el fantasma del blanqueo (es decir, de la derrota total en distritos y municipalidades) estaría muy cerca del priismo oaxaqueño.

PROCESOS CONCATENADOS

Y es que hoy en día los procesos electorales están ampliamente ligados para un partido como el PRI. De hecho, como los comicios son concurrentes, el mayor cuidado debiera estar en la postulación de candidatos a Presidentes Municipales en los grandes centros de población.

En el caso de Huajuapan de León, por ejemplo, una postulación errónea en la alcaldía provocaría no sólo una derrota municipal, sino que automáticamente anularía a quien aparezca como candidato a diputado. ¿Por qué? Porque alrededor del sesenta por ciento del total de votación de ese distrito se encuentra en la ciudad de Huajuapan. Y como el voto diferenciado no es característica propia de Oaxaca, entonces al perder el candidato a Munícipe, también estaría perdiendo el abanderado para la diputación por ese distrito.

Algo similar ocurre en Oaxaca de Juárez. Y aquí el asunto es todavía más delicado, pues la alcaldía citadina trae aparejadas dos diputaciones locales. El asunto se repite, casi de manera similar, en las ocho regiones del Estado, en las que los dos procesos electorales tienen ligaduras específicas que los hacen ir juntos, de forma irremediable, en la ruta del éxito o del fracaso.

Por eso el Pacto por Oaxaca es una especie de “llamado a Juan, para que lo escuche Pedro”. La lucha electoral en la entidad se inscribe en un escenario nacional, y no sólo en los caprichos del ex gobernador Ruiz, o los de cualquiera de los otros ex Mandatarios. Ojalá que, por salud democrática del Estado, haya claridad en la toma de sus decisiones y no terminen en disputas estériles que sólo le dejen el camino libre a la coalición gobernante.

DOS VERSIONES

No deja de ser desconcertante que dos entes de un mismo gobierno den versiones distintas de un mismo hecho. ¿Por qué la Segego dice que habrá descuento a los maestros paristas, y el IEEPO dice que no? ¿No sería más fácil acordar líneas conjuntas antes de hablar? En esas condiciones, todos pierden.

+ Cambios y unidad palidecen ante maniobras

Hoy en el PRI oaxaqueño, se enfrentan de manera tajante las viejas tradiciones con la necesidad de mantener una unidad endeble y cuestionada. Estando a horas de definir las candidaturas a las diputaciones locales, pueden apreciarse las consecuencias del choque entre las apariencias de unidad e inclusión que pretendieron dar, y la preservación de las viejas prácticas relacionadas con el acuerdo cupular y la imposición de candidatos. Sin una efectiva labor política y de legalidad, es imposible empatar ambas cuestiones. Por eso el PRI se enfrenta a lo que aparenta ser otra irremediable ruptura.

En efecto, por lo menos en tres ocasiones se han intentado hacer sendas “operaciones cicatriz” al interior del priismo, y las tres, según lo visto, han fracasado. La primera se hizo el año pasado, cuando enviaron como primer delegado con funciones de presidente a Jorge Esteban Sandoval, que poco pudo y quiso hacer para generar un proceso de sanación al interior del priismo. A lo más que llegó, fue a incluir a algunos cuadros marginados en el Comité Directivo Estatal, y a tratar de dialogar con todas las corrientes que se encontraban en la ruta de la confrontación. Sin embargo, al no dejarse cooptar por ninguno de los grupos éste optó por su salida en noviembre pasado.

En su relevo vino Salvador Sánchez, que tampoco hizo mucho. En realidad, éste llegó trayendo como “cascabel” a Alejandro Avilés, que no iba al PRI a realizar proceso de inclusión o de reconciliación alguno, sino a cuidar los intereses de su grupo político. El margen de acción de Sánchez fue nulo, y una vez que comprobó que lo habían traído a Oaxaca sólo a legitimar las maniobras del grupo del ex gobernador Ulises Ruiz para acaparar el mayor número posible de candidaturas, y que ni siquiera habían dejado en sus manos las decisiones más obvias y el manejo presupuestal del CDE del PRI, también optó por irse.

El tercer proceso de inclusión parecía ser el definitivo. Desde el CEN priista enviaron a Juan José Moreno Sada a encabezar los trabajos del tricolor, acompañado del ex gobernador de Puebla, Melquiades Morales, como delegado general del CEN. En apariencia, esta tercera renovación buscaba dos efectos: primero, el establecimiento de límites a las pretensiones del grupo del ex gobernador Ruiz; y segundo, la generación de un proceso de inclusión y reforzamiento de las estructuras políticas del PRI de cara a la elección de diputados que se avecina.

En esa tesitura parece entenderse, por ejemplo, que el registro de aspirantes a cargos de elección popular se haya alejado de las prácticas del pasado; aunque, de entrada, todo parece que esa aparente apertura tendrá un final desafortunado. ¿Cuál era la tradición priista? La práctica usual consistía en que los únicos aceptados a los “procesos internos” (es decir, los precandidatos) eran registrados, con la cargada, en un solo bloque de 25 aspirantes.

Eso daba la idea de que esas eran las fórmulas “oficiales”, y que todo aquel que se registrara al margen de esa práctica lo hacía o por rebeldía, o por el ejercicio de un derecho que para las decisiones priistas era inocuo, o simplemente por hacerse el aparecido, pero que en realidad todo estaba definido y el acto de registro era como un “pre-destape” de quienes luego serían candidatos.

Todo eso ocurría, claro, cuando había Gobernador priista, y cuando el orden, la disciplina y los amagos políticos al interior del PRI, se hacía desde el Palacio de Gobierno. ¿Por qué erraron en esta práctica? ¿Dónde estuvo la falla? Y, sobre todo, ¿Por qué, por un aparente error de “cálculo democrático”, tienen hoy atorada una definición que en otros tiempos habría sido una de las menos trascendentes?

SE HICIERON BOLAS

En tono triunfalista, desde diciembre el entonces delegado con funciones de Presidente del CDE (Salvador Sánchez) decía que por cada distrito electoral había por lo menos seis cartas fuertes para pelear las diputaciones, y que había igual número de cuadros priistas dispuestos a ir a buscar las presidencias municipales. Quizá por eso, para dar una imagen de fortaleza y de gran capacidad de convocatoria y de cuadros con posibilidades de triunfo, el PRI estatal abrió la posibilidad del registro a casi todo aquel que quisiera participar como precandidato. El problema es que si eso lo hicieron bien, están fallando en todo lo demás. ¿Por qué?

Porque descuidaron tanto el tema legal, como la operación política. Lo legal, en el sentido de que en estos momentos, por la sola dilación, cualquier resolución de la Comisión de Procesos Internos del PRI ya viola las disposiciones de la convocatoria. Además, en aras de privilegiar los acuerdos cupulares, terminarán negando registros a quienes sí cumplen con los requisitos. Y digan lo que digan, esas resoluciones no soportarán la revisión por parte de los tribunales jurisdiccionales, que se atiborrarán de recursos de impugnación una vez que todos los agraviados recurran a defender sus derechos.

Eso último, evidencia que la operación política ha sido también nula. Antes, la tradición imponía que el Gobernador priista dictaba la lista definitiva de candidatos, y a todos los que se habían quedado en el camino o les ofrecía una alternativa (cargo, prebenda o dinero), o una amenaza abierta, para evitar la ruptura. El problema es que hoy no hay Gobernador que ponga orden al interior del PRI. Por eso, para hacer transitar el acuerdo cupular, debieran haber procesado el orden y la disciplina con formas verdaderamente políticas de negociación de posiciones y espacios. No lo hicieron. Y por eso hoy tienen atorado el anuncio de las candidaturas.

¿Qué queda? En realidad es poco. Si nada sale del curso que lleva hasta hoy, la dirigencia de Moreno Sada quedará empañada por esta gran ruptura en varios de los distritos electorales. Él mismo, no ha tenido ganas, ni capacidad, de hacer una mejor operación política, porque según parece, su margen de intervención es también aparente. Y todo quedará reducido a la frase eterna del gatopardismo, que por más que intentan, sigue siendo pecata minuta en el PRI: “Algo debe cambiar para que todo siga igual”.

RUPTURAS

Un punto álgido está en Huajuapan, donde grupos como el de Celerino Salazar podrían generar un gran cisma ante la imposición de Baruc Alavés como candidato a diputado. Otra gran ruptura podría generarse aquí mismo en Oaxaca de Juárez. Sería una historia priista más, de quien tuvo entrada de caballo, y podría tener salida de burro.