+ Vicios, de años; solución debe ser conjunta

Si una persona de otro país viera el grado de beligerancia del magisterio oaxaqueño, seguramente pensaría que no sólo en Oaxaca, sino en todo el país, se vive una situación de Estado fallido. En los más de 30 años que lleva la lucha magisterial, el Estado en conjunto le ha permitido a los profesores una serie de tropelías que hoy son tomadas como cosa de todos los días. Cualquier arreglo de fondo con el magisterio en Oaxaca tendría que comenzar, necesariamente, por no volver a permitir eso que para nosotros es algo ya casi cotidiano.

En efecto, si hacemos el recuento invariablemente debemos comenzar por los paros de labores a los que recurrentemente acude la Sección 22 para llevar a cabo sus movilizaciones, protestas y plantones. ¿Qué figura legal protege al “paro de labores”? jurídicamente, ninguna. Pues todavía hay quien confunde las acciones magisteriales con lo que conocemos como una huelga.

Y una huelga, según la ley, consiste en la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores que tiene por objeto, entre otros, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción; obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión; obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el período de su vigencia; o exigir la revisión de los salarios contemplados en su contrato de trabajo.

¿Los maestros oaxaqueños caen en alguno de esos supuestos? Evidentemente, no. Ellos decretan sus paros fundados únicamente en su fuerza política y en su capacidad numérica. Nunca han llevado a cabo una sola movilización, ni actividad de presión, ni paro, fundado en el reconocimiento a su derecho de huelga que podría hacer sobre ellos la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, o a la legitimidad de sus demandas fundadas en la ley. Si en algún punto comienzan las torceduras en la relación magisterio-gobierno, esto es en el hecho de que tanto el gobierno federal como el de Oaxaca, históricamente le han reconocido a la Sección 22 un derecho fáctico a la realización de paros (porque no constituyen huelga), y ha tomado esos paros ilegales como punto de partida para negociaciones de todo tipo.

No obstante, junto a los paros hay otros aspectos colaterales. ¿Si los paros son ilegales, y si su lucha es tan democrática como aseguran, entonces los profesores de la Sección 22 corren con la carga de los días de salario que se les descuenta cuando no van a trabajar? La respuesta también es no. Los profesores oaxaqueños reciben su salario anual íntegro, a pesar de que no completan ni las dos terceras partes de los días efectivos de clase que contempla el calendario oficial, y de que no permiten ningún tipo de evaluación que corrobore sus conocimientos.

Ahora bien, vayamos al tema de los plantones y las movilizaciones magisterial que recurrentemente se tornan violentas, pero sobre las cuales exigen respeto fundados en lo que dice la Constitución al respecto. ¿Qué dice la Carta Magna al respecto? En la fracción II del artículo 9 de la Constitución federal, se establece que “no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”

¿De veras son así las protestas magisteriales? ¿De verdad debe considerarse como legal un conjunto de actos que ciertamente están destinados a realizar una protesta, pero que están hechos sobre la base de la afectación a terceros, y que además de la violencia que se ejerce, tienen como objeto no hacer valer un derecho, sino esencialmente protestar contra la autoridad y presionarla quebrantando el orden, la gobernabilidad y hasta las reglas básicas de la urbanidad?

CACHORROS DE LA ILEGALIDAD

La situación de los normalistas es aún más compleja. Pues estos ni siquiera tienen la calidad maestros (es decir, de empleados del gobierno), y ya llevan a cabo protestas tanto o más violentas que los profesores en activo. ¿Por qué lo hacen?

Porque ellos consideran que siendo tanto o más radicales que los profesores, y llevando a cabo acciones “contundentes”, se encuentran en posibilidad de congraciarse con su dirigencia magisterial. Buscan todo eso, porque aunque pareciera contrario a toda lógica, es el sindicato magisterial y no la autoridad educativa, quien tiene en sus manos la posibilidad de otorgar mejoras salariales y de condiciones de trabajo para los nuevos profesores. Los normalistas, por eso, ven en el radicalismo, un “área de oportunidad” a partir de la cual pueden iniciar su vida laboral en mejores condiciones que sus compañeros que no tienen interés en estar bien con la dirigencia magisterial.

¿Y sobre la contratación automática? Ésta podría ser bien recibida, y bien aceptada por la ley y por todos, si ese pase automático fuera el resultado de verdaderos años de preparación y esfuerzo por demostrar disciplina, trabajo y conocimientos. ¿Alguien cuestiona, por ejemplo, que los egresados del Heroico Colegio Militar, del Aire o de la Heroica Escuela Naval, sean contratados automáticamente por las fuerzas armadas, y que incluso se les dote de un grado militar? No. Y es así, porque todos saben que quien egresa de esas instituciones se ganó a pulso el grado y el empleo que el Estado le ofrece. ¿Habría algún punto de comparación entre una contratación automática del Colegio Militar y uno de una escuela normal? No. Y, con el perdón de quien pueda sentirse ofendido, es hasta ridícula la comparación.

Los grandes males de la relación Estado-magisterio debe comenzar a ser resueltos por temas como éstos. No se puede esperar ninguna legalidad ni respeto, cuando lo que se ha promovido durante tres décadas ha sido exactamente lo contrario. El gobierno federal y el del Estado deben entender que el principio de todo está ahí. Para dar soluciones de fondo.

EL CARGO Y LA VERGÜENZA

Hay un dicho que recientemente es muy recurrido en la política local. Dicen que hoy, a quienes andan en política, el cargo les puede durar tres años, pero que la vergüenza les va a durar toda la vida. El problema es que nadie lo toma en serio. O nadie tiene vergüenza, o a nadie le importa el grado de devaluación que tiene hoy el ejercicio político en la entidad.

+ Cambiar relación gobierno-S/22-ciudadanía

Fácticamente, el Gobierno del Estado aceptó el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, aunque hoy es claro que eso ni tiene perspectivas de mejorar sustancialmente la educación, ni reestructura la relación política entre el gobierno y el magisterio democrático, ni genera puentes de entendimiento y concordia entre ambos (el gobierno y el sindicato) con la ciudadanía. ¿Qué podemos ganar entonces los oaxaqueños ante esta alianza entre el gobierno y los profesores de la Sección 22 del SNTE?
En efecto, el único punto de referencia que existe en nuestro país de una reforma de gran calado en esa materia, es lo que acaba de hacer el gobierno federal. Y, en ese sentido, lo único material que esencialmente ha hecho el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es meter a prisión a la ex lideresa Elba Esther Gordillo Morales. Curiosamente, todos aplauden al Presidente, pero no porque la reforma educativa genere cambios en automático en la educación o porque mejore los índices educativos en el país. En el fondo, las loas parten del hecho de que el poder presidencial demostró su voluntad de cambio logrando dos hazañas que hasta hace poco parecían imposibles: uno, la reforma constitucional; y dos, el descabezamiento de la dirigencia sindical.
¿Por qué hacer el contraste entre el ámbito federal y Oaxaca? Porque fundamentalmente, el contraste de la reforma educativa que acaba de consolidar el gobierno del presidente Peña Nieto se encuentra aquí, donde la Sección sindical del magisterio plantea una visión alternativa de la mejora educativa. Se supone (porque esa es la justificación) que ambas visiones de la educación tienen como fin el brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Sin embargo, es harto contrastante la forma en cómo un gobierno y otro (el de Oaxaca y el federal) intentan generar esa mejora. ¿Por qué?
Porque el gobierno federal decidió dejar atrás los pactos de complicidad, y actuar. El solo hecho de consolidar una reforma educativa que no había sido dictada desde los escritorios del SNTE, para luego descabezar a la dirigencia que intentaba oponerse al cambio, permitirán al gobierno federal, en el mediano plazo, tener un margen holgado de movilidad para llevar a cabo los cambios graduales que requiere la educación pública (incluso, si en este momento el gobierno federal decidiera suspender todo movimiento alrededor de la educación, y no implementara ninguno de los cambios establecidos en la reforma constitucional, de todos modos pasaría a la historia por haber desmantelada la nociva hegemonía sindical en el ámbito educativo).
En cambio, ¿qué ha hecho el gobierno de Oaxaca? aquí se optó por el camino que, según quedó claro en la experiencia federal, es el equivocado. Pues aquí en Oaxaca lo único que queda perfectamente claro es que la alianza y la complicidad entre el gobierno y el sindicato es más fuerte, y por tanto rebasa por completo, cualquier perjuicio que esta alianza pueda ocasionar a la educación, a la ciudadanía, a la gobernabilidad e incluso al futuro de los niños y jóvenes oaxaqueños.
¿Por qué esta alianza es inamovible para el gobierno de Oaxaca? porque, según parece, ellos están claramente convencidos de que la Sección 22 integra el bando de los buenos; que ellos no pueden ni deben abandonar esa postura; y porque, del mismo modo, están convencidos de que sólo así podrán mantener la gobernabilidad.
Sin embargo, ante los hechos quedan muchas preguntas: ¿De veras la 22 integra a tal grado el bando de los buenos, aun cuando su apoyo social es francamente imposible de comparar con el que tuvo en otros tiempos, como los del conflicto magisterial de 2006? ¿De veras es posible seguir creyendo que ese es un camino para mantener la gobernabilidad, hoy que Oaxaca es una entidad más que nunca sometida a los caprichos e intereses de los maestros democráticos?

CAPACIDAD DE RESPUESTA
No perdamos el punto: en el ámbito federal el gobierno tuvo la capacidad de responder a los problemas que enfrentaban. Por eso apuraron la reforma constitucional y tomaron medidas con la profesora Gordillo. No es posible saber hoy cuál será el alcance material que tenga el nuevo contenido constitucional. Pero sí nos queda perfectamente claro que el gobierno consiguió poner sobre la mesa la certeza de que es el Estado quien dicta las normas, y que el margen de negociación tiene límites que no pueden traspasarse.
Eso es lo que en Oaxaca no existe. A la luz del público, el gobierno está completamente replegado a los intereses magisteriales y con eso ha dejado de atender el interés de la mayoría y los derechos de todos aquellos que nos convertimos en víctimas colaterales de una disputa en la que, como ciudadanos, tenemos todas las soluciones lejos de las manos. Por eso, para el grueso de los oaxaqueños el gobierno no sólo no está haciendo lo correcto alimentando la lucha magisterial, sino que incluso está dando la espalda a los oaxaqueños que quieren ver soluciones distintas a las que se plantean hasta el momento.
Se supone, entonces, que el gobierno y la Sección 22 intentan generar aceptación del PTEO y de su supuesta defensa de la educación pública, para que luego tengan la legitimidad de convertir todos esos planteamientos en ley. ¿Van por el camino correcto? Evidentemente no. Porque lejos de legitimar el contenido de su programa, o la justeza de su lucha, lo que están haciendo es socavar, hasta el fondo, cualquier apoyo ciudadano que pudieran tener,  minar por completo la aceptación de su plan alternativo, y también restar cualquier posibilidad de aceptación de cuestiones como el pase automático para los normalistas.
Por eso es imposible sostener de largo plazo la lucha magisterial en alianza con el gobierno. Éste último no podrá tener la capacidad de continuar guardando silencio frente a las acciones del magisterio, que hoy hace lo que quiere sin que haya fuerza o poder que le haga al menos moderar sus formas de lucha. Si la idea es que la ciudadanía acepte a los democráticos, van en un sentido exactamente contrario al que pretenden.

VAN POR LA REPRESIÓN
En enero de 2012, los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, provocaron un enfrentamiento sangriento a partir de la toma y secuestro de unidades de servicio público. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Los normalistas buscan romper el orden a otro nivel. Es imposible pensar en la represión, pero también lo es que el gobierno siga como su cómplice, sólo guardando silencio. Aguas.

+ Diputaciones y alcaldía, cereza del pastel

Estamos a pocos días de que comiencen las definiciones de los partidos y coaliciones rumbo a los comicios intermedios del presente año. Como nunca antes, tanto la presidencia municipal, como las diputaciones por los dos distritos de Oaxaca Centro, serán un termómetro del nivel de tolerancia y participación de los partidos o, en sentido contrario, de los acaparamientos y el privilegio a las decisiones cupulares que ahí puedan darse. Basta hacer un pequeño recuento para corroborar lo anterior.

En efecto, en Oaxaca se enfrentan hoy dos posiciones claras: una, la que intenta que prevalezca el interés cupular en los partidos; y la otra, que razonadamente pretende que, al menos en las zonas urbanas, exista un ambiente de mayor inclusión a diversas corrientes, y que las definiciones políticas se construyan a través de procesos más democráticos. Entienden estos últimos, que estos ya no son momentos de imposiciones o de engaños a la ciudadanía, porque los tiempos del voto duro y de las “cargadas” en los partidos se encuentran más lejos que nunca.

Sin embargo, los intentos por la cargada, por la imposición y por el avasallamiento siguen siendo parte del día a día en los partidos políticos. Veamos si no, en el Revolucionario Institucional existe todo un aparato político trabajando a favor de la candidatura de José Escobar Gómez. Es algo así como el “candidato oficial” del grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, que fallidamente intenta posicionarlo ante la ciudadanía, y que ahora pretende colocarlo como el candidato inminente a la alcaldía de la capital oaxaqueña.

Esto, en sí mismo, es un error. Pues además de que Escobar carece de los méritos y el trabajo político que debiera ser carta de presentación para una candidatura como esta, es evidente que dentro mismo de ese partido el orden ya no es vertical, y que por tanto existen diversas expresiones que corren en distintas bandas respecto a aspirantes, aspiraciones y proyectos políticos, y que ponen como primera condición para el juego democrático que haya competencia, que gane la candidatura el más aventajado, y que se evite incurrir en la tentación de generar una imposición para después tratar de que todos se sumen a esa candidatura.

Hoy mismo, en el PRI, existen diversas expresiones importantísimas que, de ser desdeñadas, generarían rompimiento que seguramente gangrenaría otras estructuras del priismo. Pues además de Escobar, existen muchos personajes que también aspiran a la Presidencia Municipal de la capital oaxaqueña, y que independientemente de su estatura o capital político, deberían ser tomados al menos moralmente en cuenta.

¿Qué pasará, por ejemplo, si en esa “competencia interna” dejan fuera a Javier Villacaña? ¿Qué pasará si finalmente cierran la competencia por la candidatura a Villacaña y Escobar, y dejan fuera a otros personajes (pensemos en Martín Mathus, por ejemplo, que también ha externado su deseo de ser tomado en cuenta como aspirante a la alcaldía) que, les guste o no, también representan un sector del priismo, y constituyen expresiones de militancia que necesariamente deberían ser tomadas en consideración? ¿En esas condiciones podrían hablar de democracia? ¿Sería “democrático” pensar que el PRI en Oaxaca de Juárez se reduce a únicamente Villacaña y Escobar, sin considerar que hay una gama enorme de nombres y reputaciones que debieran ser parte del juego democrático?, ¿sería lógico pensar, esencialmente, a que Oaxaca se reduce a dos personajes?

Esa tentación autoritaria particularmente por las definiciones en la capital oaxaqueña, tiene una causa: pretenden ser parámetros para lo que ocurrirá dentro de tres años, cuando se definan candidaturas como la del próximo Gobernador del Estado. Por eso, aquí en particular existe una disputa franca por las candidaturas, pero claramente sin pasar por la democracia o la competencia limpia, sino más bien por los intentos de avasallamiento o de imposición, como en los viejos tiempos.

DIPUTACIONES…

El caso de las diputaciones por la capital oaxaqueña es asimismo particular. Ahí también hay quienes intentan ganar una candidatura simplemente por el abolengo o los falsos capitales políticos, sin considerar que la capital requiere mucho más que simples ganas de ser diputado. Además de todo, en la capital el escenario puede ser tan adverso que por eso las opciones se cierran a unos cuántos personajes.

Uno de los personajes que intenta llegar, por el PRI, a una candidatura a diputado, es el regidor Joel Castillo Pérez. Éste ha tenido un pálido desempeño como concejal de la capital oaxaqueña, aunque ciertamente acumula el liderazgo y control que aún tiene sobre amplios sectores del sindicato de burócratas al servicio del gobierno estatal. Si este personaje pretende llegar a ser candidato, es claro que no le falta capital político, sino más bien una mayor definición sobre su proyecto y los planteamientos que ya debiera tener para la capital oaxaqueña, tomando en cuenta que él representa a un sector social, el de la clase media trabajadora, que no ha sido atendida ni por gobernantes ni por legisladores en los últimos años.

Otro de los personajes que, por el PRI, intenta llegar a una de las dos candidaturas a diputado por los valles centrales, es Rubén Tenorio Vasconcelos, que sin hacer mayor aspaviento parece tener claras un conjunto de necesidades para la construcción de una zona metropolitana entre la capital de Oaxaca y los erróneamente denominados “municipios conurbados”. ¿Qué le falta? La atención y el apoyo de su partido para considerar esos temas como electoral y políticamente prioritarios. Y después para abrir las candidaturas a causas y no sólo a acomodos de grupo.

Fuera de eso, no parece haber más. Si, de nuevo, las definiciones no se convierten en imposiciones, este bien podría ser un experimento para un partido que ya no sólo debe defender proyectos de grupo, sino abanderar causas que pueden ser perfectibles. Si optan por los manotazos del pasado estarán desperdiciando la posibilidad de mostrarse a la ciudadanía como algo más que camarillas que buscan irracionalmente el poder.

EN LA OTRA ACERA…

¿Qué harán en los partidos que integran la coalición para abrir sus procesos internos a la democracia y a la participación ciudadana? El reparto no es buena opción. La imposición, tampoco. La postulación de impresentables, menos. ¿De verdad tienen un as bajo la manga? Hugo Jarquín no es un buen antecedente sobre eso…

Sin ningún rubor dice el dirigente de la Sección 22 de la SNTE, Rubén Núñez Ginés, que el magisterio oaxaqueño “no teme hacer pública las cuentas financieras que maneja”, pero que esa decisión es exclusiva de la asamblea estatal. Si de verdad están tan seguros de no temer revisiones, ¿estarán dispuestos a transparentar no los recursos económicos —que, en relación a lo que manejan, es lo de menos— sino el conjunto de decisiones educativas que toman discrecionalmente, y que hoy están del todo en sus manos?

En efecto, la pregunta no es ociosa. Pues si al gobierno federal —ahora en manos del PRI— le escandalizó el hecho de que la educación pública estuviera en manos del sindicato magisterial, y tomó decisiones de gran calado para terminar con la hegemonía sindical en ese rubro, ahora debería venir a Oaxaca a ver lo que aquí ocurre. Seguramente terminarían abrumados por la hegemonía total que tiene aquí la Sección 22 sobre la educación y sobre la gobernabilidad, pero también por el grado de sometimiento e “independencia” que ejerce en relación al Gobierno del Estado.

Y es que, como se ha venido diciendo con insistencia, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió terminar de tajo con el liderazgo sindical de la profesora Elba Esther Gordillo al frente del SNTE, cuando se dieron cuenta que ésta sería el principal obstáculo para la reforma educativa. En varias ocasiones, el Titular de la Secretaría de Educación Pública había afirmado —y esto se tomaba como un acto temerario— que la rectoría educativa regresaría al Estado mexicano.

En esa misma ruta apuntó la reforma al artículo tercero constitucional. Y finalmente, se vieron obligados a descabezar al SNTE a partir del manejo de los recursos económicos. Éste, sin embargo, constituyó el medio para la deposición de Gordillo, pero no un objetivo en sí de la reforma educativa, del gobierno federal, o de la nueva relación entre el Sindicato y el Gobierno.

Eso es lo que, según parece, no entienden, o no quieren entender ni el gobierno de Oaxaca ni la Sección 22 del SNTE. Seguramente por eso, el Gobierno de Oaxaca se ha limitado a decir, respecto al proceso que enfrenta la maestra Gordillo, que debe ser procesada conforme a derecho; y el dirigente Núñez sostiene que el magisterio oaxaqueño no teme hacer pública las cuentas financieras que maneja. Evaden claramente el hecho de que, en el fondo, el asunto álgido que hoy tiene tras las rejas a la maestra Gordillo no tiene tanto que ver con el manejo irracional de los recursos sindicales, sino más bien con la necesidad de recuperar el control de la educación.

¿Realmente la Sección 22 maneja muchos recursos económicos en numerario? Con posibilidad de equivocarnos, podemos decir que no. Pues si bien es cierto que en las negociaciones anuales entre el magisterio democrático y el gobierno de Oaxaca se pacta la entrega de recursos económicos al Comité Ejecutivo Seccional, esto no constituye una cantidad relativamente considerable respecto al número de maestros que tiene agremiados.

Y justamente respecto al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, una de las demandas más añejas que tiene la Sección 22 radica en eso: en que la cúpula nacional que encabezaba la profesora Gordillo entregue a la Sección magisterial oaxaqueña los recursos económicos que les retiene a todos los trabajadores de la educación por concepto de cuotas sindicales.

En el fondo, ¿por qué no le temen a la revisión de sus cuentas o del manejo financiero que tiene el sindicato magisterial en Oaxaca? Porque sus cantidades y su manejo económico es nimio. En realidad, el gran negocio de los sucesivos dirigentes, de los líderes de las facciones internas que confluyen en la 22, y de todos aquellos que tienen alguna ascendencia en el movimiento, está institucionalizado: se encuentra en las plazas que ostentan, en los montos económicos que cobran sin que nadie sepa bien a bien son merecedores de éstos; en las prebendas que les da el gobierno estatal, y en los recursos que les son entregados personalmente, fuera de toda fiscalización, en efectivo, y para ellos personalmente, luego de cada negociación anual de su pliego de exigencias.

MANEJO MAYOR

A la maestra Gordillo la están procesando judicialmente por haber dispuesto de alrededor de dos mil millones de pesos del Sindicato magisterial, para sus lujos y gastos personales. La Sección 22, sin embargo, tiene cuando menos 20 años (el tiempo que lleva el IEEPO materialmente bajo su dominio) manejando gran parte del presupuesto educativo, las decisiones en el sector, y las relaciones laborales con sus agremiados.

Esto parece increíble, pero es totalmente cierto. Oaxaca tiene un presupuesto anual de alrededor de 14 mil millones de pesos para el sector educativo. Y aunque la 22 dice tener las manos limpias, y que sus cuentas pueden ser del todo auditables, nada dicen del hecho de que ellos con sus decisiones manejan buena parte de esos 14 mil millones anuales; que éstos deciden gastarlos en función de sus intereses políticos, del pago de favores relacionados con sus cuestiones sindicales y políticas, y de la discrecionalidad con la que manejan la educación en Oaxaca.

Por eso, la Sección 22 puede decir cualquier cosa, menos que tiene las manos limpias. No se trata del recurso en numerario que pudieran manejar, sino más bien del enorme conjunto de decisiones de autoridad que se encuentran en sus manos, y del control total que tienen en la educación. Ellos son amos y rectores de todos los aspectos relacionados con la educación. Y nadie —ni el gobierno, ni la sociedad, ni los propios maestros, ni los padres de familia— ha cuestionado o intentado desmantelar ese enorme poder que, por su sola concentración, es nocivo para los niños que no son bien instruidos, y también para los oaxaqueños que prácticamente todos los días pagamos el tributo de que ellos sean —oh paradoja— los dueños de la educación pública en Oaxaca.

SÓLO SUEÑOS…

¿De verdad siguen creyendo los priistas que aspiran a una delegación federal, que éstas (y más las importantes como Sedesol, CDI u Oportunidades) les serán entregadas en base al solo criterio electoral del gobierno federal? Esa decisión pasará, irremediablemente, por el aval del Gobernador del Estado. Esto es lo que ha ocurrido en otras entidades en las que ya renovaron a los delegados federales. Y es lo que, para mal de muchos que ya se ven despachando en oficinas federales para contrapuntear al Gobernador, pasará en Oaxaca. ¿Apuestan?

Fue maestra, mas no fortuita, la forma en cómo, en menos de una semana, el gobierno federal terminó con el absolutismo sindical que ejercía Elba Esther Gordillo en el SNTE. Esto pudo ocurrir por la decisión de autoridad que tuvo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero también por el claro agotamiento de las estructuras magisteriales que, sin titubear, le dieron la espalda a la maestra en un momento en que, según parecía, lo que estaba en riesgo eran los derechos de los maestros y no el liderazgo de la Dirigente. ¿En Oaxaca podemos rescatar algo de todo eso?

En efecto, el liderazgo de la maestra Gordillo era tan totalitario como el que aquí ejerce la Sección 22 sobre los profesores, e incluso sobre el Estado. De hecho, durante las dos últimas administraciones federales, el SNTE se apareció como uno de los más influyentes poderes fácticos del país que fue capaz no sólo de mantener su vertical estructura de mando y sus conquistas, sino que también fue premiado con espacios en el sector público como la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP o la Lotería Nacional, y que incluso, en franco desafío a la partidocracia gobernante en México —y en clara violación a la ley electoral, que expresamente prohíbe la creación de partidos a partir del corporativismo sindical—, fue capaz de crear un partido que hoy encabeza su hija que, por si algo faltara, hoy es Senadora. ¿Si la Maestra tiene tanto poder, cómo fue posible que cayera en desgracia total en menos de una semana?

Su debacle puede explicarse en dos vías: la primera, que tiene que ver claramente con el hecho de que su poder se relativizó ante la legitimidad electoral y la aceptación política del nuevo gobierno priista. A diferencia de los dos Presidentes emanados del PAN (para los que la Maestra era política y electoralmente determinante), el presidente Enrique Peña Nieto no necesitó a la Maestra para esos fines; encontró, además, a un liderazgo sindical desgastado por su propia permanencia y por los excesos que había cometido. Y, además, todo esto se combinó con la amenaza que lanzó Gordillo al nuevo gobierno, de bloquear el paso de la reforma educativa, que era el primer gran proyecto político de este sexenio, y que debía constituir la primera batalla ganada de una administración federal que se jactaba de fortaleza.

Por eso, en menos de tres meses descabezó a la dirigencia magisterial. Para lograrlo, garantizó que el golpe se focalizara en la Maestra y no en el Sindicato. ¿Qué hizo? A la par de ejecutar su detención, comenzó el proceso de descalificación mediática, focalizando el mensaje en el uso excesivo y personal que la profesora Gordillo hacía del dinero que se les descuenta a los profesores de su salario por concepto de cuotas sindicales. Luego, envió señales de que el conflicto era con Gordillo pero no con el total de la dirigencia o con los integrantes del Sindicato.

Y finalmente, casi a la par del golpe político, operó el relevo en la dirigencia magisterial, garantizando que el nuevo líder fuera alguien que cuando menos pudiera dar certeza de serenidad, diálogo y reconocimiento al gobierno federal como la máxima autoridad del país, dejando atrás la actitud desafiante que había tenido la maestra en los últimos años, frente a los dos gobiernos anteriores.

¿Cuál es el resultado de todo eso? Que, según parece, operado ese conflicto y hecho el control de daños en la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobierno federal no tendrá mayor problema en comenzar el proceso de implementación de la reforma educativa. Si en México la mayoría de las grandes reformas han sido prácticamente imperceptibles para el grueso de la población por tener como estrategia de fondo su implementación pacientemente gradual, esta no será la excepción. Con eso garantizarán que, quizá en una década, se aplique a plenitud de la reforma educativa, garantizando, sí, un sector educativo más ordenado y competitivo, pero ahorrándose el choque violento que generan las reformas implementadas de forma intempestiva.

¿Y OAXACA?

Para no variar, es claro que —aún con el hartazgo de la ciudadanía por las acciones magisteriales— en nuestra entidad vamos aún varios pasos atrás en la relación política entre el sindicato magisterial y el gobierno estatal. Aquí, es claro que estamos en la etapa del gobierno débil, que necesita la legitimación de un sector fuerte como el magisterial; pero que éste “vende” su apoyo a cambio de espacios oficiales, prebendas y libertades que rayan en el exceso.

El símil es exacto: pues igual que la profesora Gordillo, en Oaxaca la dirigencia magisterial es absolutista y omnipotente. Es decir, nadie tiene control sobre la forma en que manejan los recursos que tienen al alcance. Al igual que la profesora Gordillo, la dirigencia magisterial local les intercambia a los maestros los privilegios por la democracia. Es decir, mantiene a salvo sus derechos, pero a cambio de no cuestionar a su dirigencia.

Pero si todo esto fuera poco, sin ningún rubor la Sección 22 tiene no una Subsecretaría bajo su control, sino a todo el Instituto Educativo de la entidad. Pues exceptuando al Director General del IEEPO (que, para variar, es hoy un espantajo totalmente sometido a los intereses de la 22), todos los cargos directivos de la dependencia son nombrados por el Sindicato.

Quizá por la costumbre ya no nos sorprende. Pero es vergonzoso en extremo el hecho de que públicamente se peleen por coordinaciones como la de Secundarias Técnicas, cuyos cargos debían ser nombrados por un acto de autoridad y no por prebendas al sindicato magisterial. ¿Cuál es el problema de todo? Que el gobierno estatal hoy no tiene capacidad para alejarse del apoyo de la 22, a pesar de que éste le ha hecho perder un enorme capital político ante la ciudadanía con tal de mantener esa costosa alianza.

¿Y LA LEGITIMIDAD?

Lo sorprendente de todo es que esta administración en Oaxaca llegó con todo menos con carencia de legitimidad. De hecho, Gabino Cué llegó al gobierno con una victoria abrumadora y con una mayoría legislativa que, sólo con dos votos de la oposición, puede hacer cambios constitucionales. ¿Cuál es el problema? Que el Gobernador no tiene aliados. Sus compañeros de alianza son un conjunto de codiciosos y convenencieros que sólo buscan su beneficio. La 22 es sólo uno de ellos. Pero no puede terminar esa alianza, porque romper con ellos sería romper con todos. Y así, toda fortaleza quedaría diluída.

+ Este es más que “politización de justicia”

El encarcelamiento de la presidenta nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pone a prueba mucho más que la sola resistencia y fortaleza política del naciente régimen del presidente Enrique Peña Nieto. Más allá de los entretelones de la polémica nacional, y de los juicios del tribunal popular y de la opinión pública, es evidente que queda una enorme prueba para las instituciones del país. El reto es hacer justicia. Y eso implica someter a todo el aparato de justicia a una prueba de ácido que hasta ahora no se conocía en nuestro país.

En efecto, cuando la noche del pasado martes el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunciaba la aprehensión de la dirigente magisterial, señalaba que lo hacía en base a una investigación que inició apenas en el mes de diciembre de 2012, en la que participaron el Servicio de Administración Tributaria y la PGR. Afirmó que habían hecho un análisis a dos de las ochenta cuentas bancarias que tiene ese Sindicato, y que lo indagado era apenas el 10 por ciento de todos los movimientos de dinero que eran susceptibles de presentar irregularidades.

Eso sin embargo, aceptaba el Procurador, era suficiente para tener indicios claros de la comisión de delitos. Y la fortaleza de la Averiguación se sustentaba en el hecho de que ésta había sido ya consignada a un juez federal, y éste habría librado una orden de aprehensión en contra de la maestra Gordillo, que había sido ejecutada la misma tarde del martes, cuando ella concluía un vuelo privado desde los Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca.

La noticia corrió como reguero de pólvora y la polémica llegó de inmediato. En una extraña alineación de fuerzas, toda la opinión pública se ciñó de inmediato a una sola línea: la de la indignación por los movimientos bancarios y la ostentosidad de la vida de la maestra Gordillo, la adhesión (tácita, pero incondicional) a las acusaciones que le formulaba la PGR, y la afirmación, a priori, de que ella es culpable de los delitos que se le imputan.

Tal postura se entiende desde el criterio político, desde el cual —seguramente— desde las altas esferas del poder presidencial solicitaron a los principales medios informativos adherirse a esa línea, y muchos otros lo hicieron simplemente por estar convencidos de que la Profesora debía caer en algún momento, y porque en esto encontraron el momento perfecto para ver realizado ese deseo.

Por eso, desde la misma noche del martes hubo una sola línea: la de repetir hasta el cansancio las acusaciones del procurador Murillo Karam; la de exhibir los lujos y la ostentosidad con la que vivía la profesora Gordillo; la de hacer recuentos interminables sobre su vida pública, sobre sus desencuentros con la opinión pública, y sobre la fiereza de su liderazgo dentro del sindicato magisterial; e incluso sobre sus escándalos personales, sobre sus hijos, sobre el partido político que creó y sobre la asombrosa supervivencia política que le permitió ser una líder de la vida pública durante casi cinco lustros como presidenta del Sindicato más grande de América Latina.

EL TRIBUNAL POPULAR NO ES JUSTICIA

Ahora bien, pensemos en lo siguiente: si bien ante el Tribunal de los medios, el de la opinión pública, e incluso el popular, Elba Esther Gordillo ya es responsable por los delitos que se le imputan, lo cierto es que en el terreno de la justicia real, la constitucional, ella sigue siendo inocente y por ende debe tener tan garantizadas sus garantías fundamentales como sí lo tuvo el gobierno federal para acusarla. Aunque esto suena a defensa, en realidad lo que intentamos es fijar esta discusión también en el ámbito de la justicia, para que no sólo se quede en lo que dice u opina la mayoría, o en las sentencias que se pueden generar a través de las pantallas de la televisión y no de los tribunales.

¿Por qué es importante y, sobre todo, por qué afirmar que este caso pone a prueba a todo el aparato de justicia del Estado Mexicano? Porque en estricto sentido, lo que veremos a partir de ahora será una intensa batalla judicial, en la que se medirá la capacidad de la defensa de la profesora Gordillo, frente al sostenimiento de las acusaciones que ya formuló en su contra el Estado mexicano.

Conseguir una orden de aprehensión y encarcelar a alguien, es menos complicado que sostenerlo en prisión pasando por el tamiz de la revisión de las distintas instancias judiciales, y también hacerlo de cara a la sociedad mexicana. Hace 23 años, orquestar el “Quinazo”, y mantener en prisión a Joaquín Hernández Galicia fue mucho más fácil, que hoy intentar hacer lo mismo (una manipulación abierta de la justicia) con la profesora Gordillo. A finales de los 80s no existían las garantías judiciales efectivas, ni la apertura que hoy existen. Y México no estaba sometido con tanta intensidad al escrutinio de los tribunales e instancias internacionales de protección de los derechos humanos, como sí lo está ahora mismo.

Por eso todo el aparato está a prueba. Estará a prueba la PGR para tener la capacidad de sostener, técnica y jurídicamente, las acusaciones que formula y  basarlas en pruebas y no en la fuerza política del poder presidencial. Estarán también a prueba los tribunales de justicia federales, que tienen el deber, como nunca, de ser escrupulosos para dictar justicia de manera imparcial (independientemente del costo que eso tenga) a una mujer que de antemano ya es considerada como culpable ante el tribunal de la opinión pública y de la mayoría de los mexicanos, pero no ante la justicia como tal.

Finalmente estará también a prueba la misma sociedad mexicana, que deberá demostrar si tiene capacidad para entender los nuevos tiempos que vive este país, y entender la forma en que se conduzca este proceso. El golpe fue espectacular, y el momento de la desarticulación de esos poderes fácticos es espléndido. Sin embargo, el péndulo de todo esto radica en la justicia. Y ésta puede o no dejar satisfechos a todos cuando realmente se conozca la verdad, probada, de todas estas acusaciones.

¿Y LA 22?

El magisterio de la Sección 22 no está tan contento, como pensaríamos. ¿Por qué están en alerta? Porque saben que el fantasma de la justicia sobre Elba Esther Gordillo pende sobre ellos como Espada de Damocles. En otros momentos sería día de fiesta. Pero hoy lo malquerientes de Elba están tan aterrados como ella, que ya está en prisión.

+ Si gobierno cede, sólo ahondará crisis

Hoy que la reforma educativa es Norma Constitucional, a secciones magisteriales como la 22 de Oaxaca sólo les queda inconformarse ante lo que se entiende ya como un hecho consumado. Los nuevos criterios constitucionales, son inversamente proporcionales a las conquistas y los privilegios que hoy tiene el magisterio. Y sólo quedan dos caminos: o los profesores se ciñen a la reforma, o en los acuerdos estatales el Estado hace más grande y riesgosa la bomba de tiempo que significa el sostenimiento deliberado de los privilegios del magisterio oaxaqueño.

En efecto, el pasado lunes el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Constitucional y ayer mismo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos transitorios del decreto promulgatorio se establece que las modificaciones entran en vigor a partir de hoy, 27 de febrero; que en un plazo no mayor a 60 días se constituirá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); y que en un término no mayor a seis meses deberán ser aprobadas tanto la Ley del INEE como las reformas a la Ley General de Educación, para adecuarlas al nuevo texto constitucional.

En particular, la fracción II del Quinto Transitorio de la Reforma es frontal con los maestros que se resisten a la evaluación. Pues ahí se dispone el uso de la evaluación del desempeño docente “para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente”. Y además dispone: la evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional.

¿Qué significa esto? En términos sencillos, que además de la creación de un Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa (para que la autoridad tenga, en una sola plataforma, los datos necesarios para la operación del sistema educativo), se dispone el establecimiento de la tan temida evaluación a todo el personal educativo del país. Y claramente se advierte (ver el párrafo anterior) que a esto quedará sujeto el servicio profesional docente, del cual se entiende (porque esa es la esencia del servicio de carrera en cualquier área) quedarán sujetos la admisión, permanencia, evaluación y separación de las funciones de todos los maestros del país.

Eso es justamente lo que no quieren los profesores —o más bien, la dirigencia magisterial— en Oaxaca. A partir de la evaluación docente están anclando todas sus protestas. Desde el pasado lunes los normalistas, que fueron los primeros afectados por la reforma, comenzaron un conjunto de movilizaciones que a partir de hoy serán secundados por los profesores en activo de la Sección 22.

Aunque el objetivo formal (de lograr la derogación de la reforma educativa) es prácticamente imposible de lograr, en realidad lo que intentarán hacer es doblegar nuevamente al Gobierno del Estado para que, aún a costa de la bomba de tiempo que significa la deuda educativa, y el fantasma de la revuelta social, decidan desconocer de facto la reforma constitucional y mantener los privilegios económicos, laborales y políticos, de los trabajadores de la educación. Veamos si no.

EL FANTASMA DEL 2006

A partir de hoy los maestros tratarán de presionar al Gobierno del Estado en varias rutas. Primero, le exigirán que cumpla sus exigencias a partir del hecho de que fueron aliados y que el trabajo electoral de la Sección 22 también fue útil para que la coalición de partidos opositora al PRI ganara los comicios de 2010. Segundo, podrían llegar al paro indefinido de labores. Tercero, tratarán de espantar con el fantasma de la crisis popular y con los actos de ingobernabilidad. Y quizá hasta intenten hacer escalar su movimiento hacia algo regional, si es que los acuerdos entre el gobierno federal y el SNTE no fructifican en aspectos que disipen el conflicto regional que sí podría ocurrir.

Sin embargo, el caso de Oaxaca es particular. Aquí, por ejemplo, se ha mantenido la contratación automática de todos los normalistas que egresan, independientemente de que desde hace varios años la federación no destina recursos para la creación de esas nuevas plazas, y de que nadie tiene certeza sobre la formación académica real que tienen esos nuevos trabajadores de la educación (porque ni siquiera les son expedidos documentos oficiales como normalistas, y porque desde hace años ninguno de los egresados de las Escuelas Normales, ninguno, ha logrado titularse como profesor de educación primaria). Por eso, por un acuerdo político, tomado cada año en las negociaciones del mes de mayo, el gobierno cede a la creación de esas nuevas plazas, que son soportadas únicamente por la presión de la Sección 22 y por el pasivo económico que tiene el Gobierno del Estado en el ámbito educativo.

Eso es lo que pretende potenciar la Sección 22: la presión al Gobierno del Estado para que éste sea quien sostenga sus logros, conquistas e impunidad laboral, a costa de endeudarse, de recortar otros programas sociales para destinar los recursos al gasto educativo, o de que sea éste quien presione a la federación para el otorgamiento de dinero extra, pero únicamente sobre la base de la amenaza por el potencial conflicto social que implicaría el no ceder a las presiones y chantajes de la Sección 22, y no por el cumplimiento a las nuevas normas constitucionales relacionadas con la educación.

El objetivo es bastante claro. La 22 pretende llegar a ese momento, porque ha visto con toda claridad que el gobierno ha estado siempre dispuesto a hipotecar el futuro (y aquí aludimos textualmente al director testimonial del IEEPO, Antonio Iturribarría) con tal de “no rascarle los huevos al tigre” hoy mismo, para cumplir lo que, les guste o no, es norma constitucional. Si siguen ahondando la deuda seguramente resolverán el problema en el corto plazo. El problema es que nadie de los funcionarios y gobernantes actuales estará en funciones cuando esa bomba explote. ¿Entonces, dónde queda la responsabilidad?

LÁGRIMAS Y RISAS

Algunos en el PRI estatal, ayer, tenían unas caras inusitadamente largas ante el cambio de dirigencia. Otros sonreían en pleno. A unos se les cayó el proyecto. Otros vinieron de la nada. ¿Qué no debe ocurrir? Un nuevo avasallamiento, o una nueva ruptura de los equilibrios. Es, quizá, lo que aún no alcanzan a ver.

Quizá la historia reciente de la dirigencia priista en Oaxaca se escribió en diciembre pasado, cuando un día se presentaron a tener una reunión, en la sede nacional del PRI, en la ciudad de México, un grupo de priistas oaxaqueños encabezados por el entonces delegado con funciones de Presidente, Salvador Sánchez. Ahí quedó claro cuál era el interés de fondo del grupo que había impulsado al nayarita. Y esas señales fueron registradas por la dirigencia nacional del PRI, que apenas dos meses después está desincorporando formalmente la influencia ulisista a través de la llegada de Juan José Moreno Sada a la dirigencia estatal del tricolor.

Vayamos por partes. Cuando ocurrió ese encuentro, en el mes de diciembre, en la cuenta oficial de Twitter de la secretaria general del CEN del PRI, Ivonne Ortega, se publicó una fotografía de la reunión que habían sostenido con la clase política oaxaqueña. Alrededor de Salvador Sánchez se encontraban, además de Alejandro Avilés (delegado con funciones de Secretario General del CDE en Oaxaca), otros personajes que nada tienen que ver con la actividad formal del priismo local. Ahí estaban nada menos que Bulmaro Rito Salinas, María del Carmen Ricárdez Vela, el diputado David Mayrén Carrasco y otros que, en común, tenían la única cualidad de no pertenecer al Comité Directivo Estatal, o a los sectores o adherentes al PRI en Oaxaca. ¿Qué hacían ahí?

En términos llanos, a lo que todos ellos habían ido a la Ciudad de México era no a acompañar a Salvador Sánchez, sino a empujar la exigencia de que el CEN del PRI debía destinar cuando menos 120 millones de pesos para el proceso electoral que se llevará a cabo en este año en Oaxaca. Fueron también a discutir las estrategias electorales y a justificar el monto económico que solicitaban a su dirigencia nacional.

Y el resultado de esa reunión se puede entender en dos partes: la primera, que a Sánchez le quedó claro que todos esos que lo acompañaban, que no formaban parte de la dirigencia ni de los sectores, iban porque su interés estaba en el dinero y no en el partido; y la segunda, que cualquier cantidad de dinero que se enviara de la Ciudad de México a Oaxaca para la actividad electoral intentaría ser acaparada por varios de ellos, cerrándole a él cualquier margen para la disposición del dinero, y provocando otra guerra interna por el control de los recursos. Por eso, después de esa reunión, comenzó a pensar en irse de Oaxaca y dejar botado el cargo, como finalmente ocurrió.

Eso era exactamente lo que le convenía al ulisimo. Por eso, ni Alejandro Avilés ni los dirigentes de sectores opusieron mayor resistencia, ni mostraron preocupación, por la repentina salida de Salvador Sánchez de la dirigencia. De hecho, desde antes le habían hecho ver que su figura era decorativa porque el control de todo estaría en otras manos. Y por eso simplemente guardaron silencio ante la renuncia de Sánchez… no fuera a ser que se arrepentía y les descuadraba el escenario de libertad que tanto trabajo les había costado construir.

LAS VUELTAS DEL AGANDALLE

Hagamos un alto en este punto y tomemos en cuenta otra historia que corre en una vía paralela a la de Salvador Sánchez y los priistas delegados del ulisismo en Oaxaca. Pues es necesario también recordar que hace más o menos un año, cuando estaban en vía de definición las candidaturas a diputados federales, en la región de la Cuenca del Papaloapan alzó la mano (para querer ser candidato) un personaje que desde el gobierno de José Murat se encontraba en la actividad privada. Éste era Juan José Moreno Sada.

Moreno Sada es un empresario que tiene una importante ascendencia en su región, pero que seguramente entendió que después del gobierno de Murat no tendría mayores posibilidades de aspirar a cargos de elección popular. Por eso esperó a que pasara el tiempo del gobierno de Ulises Ruiz, y fue hasta 2012 que externó su inquietud por convertirse en candidato a diputado federal por aquella región. ¿Qué pasó? Que, sin ningún decoro, Eviel Pérez Magaña pasó por encima de sus aspiraciones para decidir —fuera de todo proceso interno, encuestas o expresión de la militancia— que el candidato sería su sempiterno asesor jurídico y diputado local en el sexenio de Ruiz, Jaime Aranda Castillo.

¿Qué pasó entonces? Que como varios otros priistas, Moreno Sada amenazó con renunciar al PRI y generar una escisión en la Cuenca del Papaloapan; y que, en consecuencia, desde la Ciudad de México le extendieran la invitación de integrarse a la Fundación Colosio, que entonces encabezaba nada menos que el mexiquense César Camacho Quiroz.

Ahora volvamos a la historia de la vacante en la dirigencia priista de Oaxaca. Porque hace apenas unas semanas, cuando se fue Salvador Sánchez, desde la Ciudad de México se decidió que el nuevo delegado con funciones de presidente sería el ex diputado federal Jorge González Ilescas. Esa decisión había sido tomada ya en la dirigencia nacional del PRI, pero de nuevo fue el grupo del ex gobernador Ruiz, y el propio ex Mandatario, quien entonces amenazó con romper. Esto tensó la situación. Y cuando César Camacho Quiroz tomó conocimiento de esta nueva asonada del ulisismo con tal de no soltar la dirigencia (y los recursos, y las candidaturas, y todo lo demás…), se decidió por el colaborador oaxaqueño, que meses antes había dejado en la Fundación Colosio para que, por instrucción directa del Presidente Nacional del PRI, viniera a hacerse cargo del tricolor en Oaxaca.

Así llega Moreno Sada a la entidad. Viene no sólo a establecer nuevos equilibrios en concordancia con el ex gobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores, sino también a generar nuevos consensos trayendo consigo toda la legitimidad y fuerza de la dirigencia nacional. Viene también a demostrar cómo la política es cíclica, y cómo los carniceros de ayer se convirtieron en las reses de estos tiempos. Ajustará sus propias cuentas. Y seguramente, ahora no habrá pataleo ni berrinche que pueda frenar este relevo que, según se prevé, ocurrirá hoy mismo.

¿Y LAS PLURIS?

Si se sigue la tradición priista, Moreno Sada ocupará un lugar en la lista de candidatos pluimoninales. ¿Quedará Avilés, que es secretario General, en mejor posición que Moreno Sada? ¿Moreno se podrá imponer para encabezar la lista? ¿Si éste queda en el lugar 1, Avilés estará dispuesto a recorrer su candidatura al número 3? La cuota de género les hará ruido. ¿Y Beatriz Rodríguez se quedará cruzada de brazos? Esta puja va para largo…

+ Capital: su último intento de imposición

El grupo del ex gobernador Ulises Ruiz que aún se encuentra en Oaxaca pasa por uno de sus peores momentos de crisis. Ya no sólo se trata de los daños ocasionados por las sucesivas derrotas electorales o por el descrédito del ex Mandatario como figura política dentro y fuera del PRI en el ámbito nacional. En realidad, su crisis actual se basa en el bajísimo nivel de quienes representan a ese grupo, y de su menguada capacidad personal y electoral como figuras de poder. El caso de la capital oaxaqueña es un ejemplo claro de cómo únicamente a través de una imposición podrían mantenerse a salvo.

En efecto, la historia de esta debacle está enmarcada por un hecho irrefutable: que mientras estuvieron en el poder, el grupo del entonces gobernador Ruiz desdeñó a prácticamente todas las figuras de peso y ascendencia política, y tuvo una marcada proclividad por mantener cerca sólo a quienes eran amigos incondicionales, a tenían particulares capacidades en la ingeniería electoral, o a quienes podían garantizarles ganancias económicas a través del manejo presupuestal o de las maquinaciones administrativas para convertir en privado el dinero público.

Cuando gobierno se acabó y vino la derrota electoral, el agonizante grupo en el poder comenzó a pulverizarse. De inmediato, las figuras a las que nunca les permitieron cercanía decidieron alejarse voluntariamente. Aquellos que siempre habían tenido la calidad de empleados, también se fueron a buscar otros horizontes. Algunos más, que sentían convicción por su partido o por las banderas que defendían, decidieron quedarse en el PRI pero siempre con el desacuerdo de quienes se quedaron a cargo de la dirigencia formal del mismo. Al paso de poco tiempo, se dieron cuenta que quienes se habían quedado con la encomienda de cuidar al grupo y el poder que les quedaba, eran los menos preparados y competitivos, para la nada sencilla labor que tenían enfrente.

¿Quiénes eran? Era Eviel Pérez Magaña, que asumía haberse quedado como depositario de la dirigencia priista únicamente para buscar, desde esa plataforma, la senaduría que finalmente sí consiguió. En la representación legislativa del PRI se quedó el diputado Francisco García, quien se ganó su “liderazgo” también por gracia del grupo al que pertenecía pero no porque tuviera algún tipo de control o ascendencia sobre los demás diputados de su fracción.

A cargo de la ingeniería electoral se quedó Alejandro Avilés, que si bien puede ser bueno para ciertas labores de mapachería, no tiene nada ni de líder ni de dirigente. En los sectores del PRI también quedó un puñado de personajes cuyo único mérito era la amistad o el compromiso contraído con el gobernante caído. En esas condiciones, era previsible que la competitividad electoral del PRI fuera tan mala como el desastre electoral que finalmente provocaron en los comicios federales de 2012, en los que sólo pudieron conseguir la proeza de no salir blanqueados en todos los distritos electorales.

Sin embargo, a pesar de la situación las cosas no cambiaron significativamente. A través del chantaje y la exigencia de las prebendas y los espacios de poder, el ex gobernador Ruiz ha mantenido a todos los personajes en los que delegó su poder en Oaxaca, aunque lo cierto es que todos ellos siguen ahí a través de la vida artificial que les transfunde su Jefe Político. Y no conformes con ello, hoy pretenden seguir viviendo a través de los acuerdos y las imposiciones, pero no de la competitividad real o de la construcción de opciones electorales consistentes y basadas en el trabajo, y no en los compromisos o los caprichos del grupo al que se pertenece.

LA DEBACLE EN OAXACA DE JUÁREZ

Javier Villacaña es un priista que en sus haberes cuenta únicamente con el sencillo mérito del trabajo permanente en las zonas por las que ha querido competir electoralmente. Político de carrera, éste ha hecho del PRI y del trabajo en zonas populares, la base de sus aspiraciones, porque en realidad no cuenta con grandes méritos administrativos, empresariales o profesionales a partir de los cuales sustente la aspiración por la alcaldía de la capital que ha tenido desde hace tres lustros. Sin embargo, como la política se funda en la voluntad popular, su trabajo es meritorio para legitimar sus aspiraciones políticas.

¿A qué se enfrenta Villacaña? Se enfrenta al hecho de que no es el candidato del ex gobernador Ulises Ruiz, y a que por eso intenta ser atajado por quien éste pretende colocar como aspirante a la alcaldía citadina. Y es que, también con clarísimos indicios, el grupo del ex mandatario impulsa al empresario José Escobar Gómez, que ciertamente puede contar en sus haberes con ciertos méritos empresariales, pero nada más.

De hecho, sus aspiraciones por la Presidencia Municipal no se fundan en el hecho de que Escobar sea parte de una familia de empresarios exitosos, ni en sus méritos políticos propios (que, de hecho, en política no tiene ninguno), sino únicamente en la circunstancia de que es el favorito del ex Mandatario, y en que éste intentará asegurar la posición a través de sus conocidas negociaciones y presiones en la capital del país con las cúpulas priistas, pero no a través de la opinión general, a las encuestas, o a la consideración y el respeto a la militancia de su partido.

El problema es que Escobar representa claramente a ese grupo de méritos dudosos y de vida artificial que pretenden subsistir en la política priista de nuestra entidad. El grupo ulisista ya fue vencido por Villacaña hace unos meses, cuando intentaron atajarle la llegada a la Mesa Directiva del Congreso local. El ulisismo legislativo fue quien maniobró en su contra. Y ahora que pretende llegar a la candidatura a Edil por la capital oaxaqueña, tratarán de hacer lo mismo para imponer a Escobar. Aunque si lo logran, será únicamente para que la ciudadanía le recete, de nuevo, una derrota segura para el ulisismo priista que sigue sin entender que la política en los tiempos de oposición debe ir más allá de los compromisos y los caprichos a los que están acostumbrados.

EL ÁRBITRO, AUSENTE

Todo esto se enmarca por la ausencia total del árbitro electoral. Es lamentable para nuestra democracia que el IEEPCO, que encabeza Alberto Alonso Criollo, sea más que nunca una autoridad aparente, que no tiene capacidad ni siquiera para simular su preponderancia como mando institucional en la materia. Villacaña, Escobar y los demás van con todo, a una guerra que no tiene reglas y tampoco tiene autoridad. Terrible.

El gobierno estatal debía tomar con más reservas varios de los conflictos que hoy existen en territorio oaxaqueño, porque el potencial desbordamiento de cualquiera de ellos podría devenir en situaciones de crisis no sólo para los derechos de los particulares, sino también para la seguridad del Estado. Por eso, es indispensable que se apliquen medidas de distención que efectivamente toquen las fibras sociales, y no solamente continuar en las rutas política y policiaca que hasta ahora han demostrado ser un fracaso.

En efecto, en Oaxaca podemos contar varios conflictos que son inminentes. Dos de ellos, los más conocidos, se encuentran en la zona del Istmo de Tehuantepec, y son el de la resistencia de varias comunidades frente a la construcción de un parque eólico, y el que ocurre en la zona de Los Chimalapas por el conflicto limítrofe con el estado de Chiapas. Otro importante, aunque negado, es el de la creciente inseguridad en la zona de la costa oaxaqueña.

Y por si fuera poco, varios conflictos de límites entre comunidades se están combinando con factores de pobreza, marginación e inseguridad y, juntos, dan como resultado un peligroso coctel que cualquier día podría derivar en enfrentamientos, en nuevos grupos de autodefensa, o en células de la guerrilla. Por esa razón es indispensable explorar la vía social que hasta ahora parecen tener desatendidas las instancias estatales y federales.

¿Por qué asegurar que hasta ahora la vía política y la policiaca son un fracaso? En primer término, es posible afirmar que para conflictos de esta naturaleza, la salida policiaca es únicamente la inmediata aunque ésta no soluciona ni siquiera parcialmente (al contrario, ahonda la discordancia) el origen real del conflicto, y por esa razón debe ser usada únicamente como una forma de contención y de disuasión, pero no para intentar resolver un problema que tiene otras causas.

La vía política, que sí podría ser idónea, en Oaxaca ha fracasado. Pues es evidente que aún con la pesada burocracia que hoy tiene el gobierno estatal para la atención política y social de los conflictos (Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Módulos de Desarrollo, Sistema DIF, Secretaría de Asuntos Indígenas, etcétera) hasta ahora no ha tenido la capacidad para atender los conflictos que ha enfrentado.

Veamos si no, y pongamos como ejemplo los conflictos en la zona del Istmo de Tehuantepec. Ahí, tanto en el conflicto por la instalación del parque eólico, como en el relacionado con Chimalapas, el gobierno ha intentado únicamente la vía política y para eso ha enviado docenas de veces a funcionarios del gobierno estatal que intentan generar condiciones de diálogo con los grupos y comunidades involucradas, y por esa vía, tratar de darle cauce a los conflictos existentes.

El problema es que aún cuando las comunidades y los grupos no se resisten a sentarse en mesas de negociación, e incluso se prestan a llegar a ciertos acuerdos para encauzar algunos de los conflictos, lo cierto es que las respuestas oficiales son insuficientes y, en muchos casos, hasta desganadas. ¿Cuántas veces se han quejado los habitantes de las comunidades de Los Chimalapas porque a pesar de las promesas que han ido a hacer los representantes del gobierno estatal, nunca han cumplido con atender sus demandas y dotar de servicios a esa comunidad que ellos mismos califican como olvidada?

RIESGOS PARA LA SEGURIDAD

El problema es que hay conflictos que no pueden dejarse a la buena voluntad de los habitantes en conflicto o de los funcionarios que quieran o no cumplir las promesas que hacen a los inconformes. Aquí mismo en Oaxaca, y en varias ocasiones, ha habido conflictos que luego devienen en conflictos violentos de índole social a raíz de la deficiente atención que se les da a éstos. Las regiones de la sierra sur, y de la costa oaxaqueña, son prolíficas en ejemplos de ello.

Aquí en Oaxaca la guerrilla siempre ha sido la opción para muchas comunidades. Ese tipo de conflictividad ha sido alimentada por grupos que llegan hasta ahí para adoctrinar y entrenar a los habitantes, pero sobre todo es generada por ciertas condiciones extremas de pobreza y marginación que llevan a esas personas, a caer en la idea de que da lo mismo vivir en esas condiciones, que morir buscando cualquier tipo de atención o mejora en su calidad de vida.

Cuando el gobierno intenta dar a esos conflictos una solución política o policiaca, el resultado es el fracaso. Es así por el solo hecho de que mientras a la gente no se le quite el hambre, la sed o las enfermedades, ni se atiendan sus reclamos sociales más urgentes, de todos modos quedará latente la causa de fondo que dio origen al conflicto. Y al aplicar esas dos medidas, lo más que se logrará es llegar a una cuestión dilatoria que no tendrá impacto real para las comunidades.

Hoy, la existencia de varios conflictos debe llamar la atención al gobierno para actuar en otros ámbitos. Más de uno de ellos, tiene origen en la falta de atención y en la insuficiencia de las medidas sociales que se han tomado para atender sus rezagos. Más de uno de esos conflictos debe ser abordado desde la lógica estrictamente social, dejando de lado cualquier intento de brindar una solución “política” o de fuerza.

Para eso deben hacer mucho más, otras instancias que hasta ahora parecen desligadas de esos temas de seguridad. Es trágico, en este sentido, el enfrentamiento que existe al interior del gabinete de gobierno estatal. Pues deberían actuar en coordinación y sensibilidad instancias como la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Pública, éstas con la de Desarrollo Social; y todas juntas con la de Asuntos Indígenas, que hoy está subutilizada, devaluada y marginada de cualquier intervención en los temas que sí son prioritarios y que tienen que ver con la seguridad interior del Estado.

No pensar en esas soluciones sociales de fondo, es tanto como engañarse respecto a los conflictos, y condenar a Oaxaca a la repetición de hechos sangrientos que en el pasado han enlutado a cientos de familias en el interior del Estado.

INTRANSIGENTES

Da risa cómo los de la Sección 22 caen en la provocación. Claudio X. González, de Mexicanos Primero, vinieron no a dar cifras, sino justamente a que los “democráticos” dieran muestras de su intolerante “civilidad”. Lo hicieron. Y con sus demostraciones, pronto serán protagonistas de una segunda parte de “De panzazo”. ¿Apuestan?