Organizar a la militancia, reto mayor de dirigencia

Económicamente, desde hace mucho tiempo el Comité Directivo Estatal ha tenido vida artificial. Aunque en los tiempos del llamado “partido oficial”, recibía grandes cantidades de recursos no declarados, que le permitían solventar su actividad, esto no significaba que su solvencia pudiera traducirse en seriedad y responsabilidad en el manejo de sus finanzas. Hoy, cuando la dirigencia priista quedó en la orfandad, quedan en evidencia no sólo sus carencias económicas “institucionales”, sino también la situación de informalidad e incertidumbre en la que laboran los no pocos trabajadores del antiguo “partidazo” en Oaxaca.

Quienes trabajaron en el PRI estatal durante los tiempos del partido hegemónico (hasta finales de la década de los noventas), en cargos de dirigencia o incluso como empleados administrativos u operativos, difícilmente conocieron carencias. Aquellos tiempos —que abarcaron décadas— fueron de bonanza, automóviles de lujo, sueldos considerablemente buenos, e incluso de privilegios ante las autoridades para tener facilidades en el desarrollo de sus actividades, o para no ser objeto de actos de molestia.

Con el paso de los años, y el reforzamiento en los procesos de fiscalización de los recursos que recibían los institutos políticos, estos apoyos comenzaron a ser más discretos y limitados, aunque no por ello menos fluidos. Quizá de una década a la fecha, las condiciones laborales para los empleados ajenos a la dirigencia estatal, dejó de ser de cierta comodidad, para pasar a ser de constante incertidumbre y regateos sobre los salarios, prestaciones e insumos de trabajo que realmente necesitaban.

Ya para entonces, ser empleado del Comité Directivo Estatal priista, era sinónimo de no haber tenido una sola opción —o amigo— en la administración pública estatal, o haber sido castigado por alguna cuestión determinada. Los trabajadores, entonces, ya no conocieron lo que era percibir su salario a tiempo o completo; carecían hasta de los insumos mínimos de oficina; dejaron de tener las prestaciones sociales que la ley exige para los trabajadores y patrones.

Y, en resumen, comenzaron a ver al tricolor estatal como un mero lugar de paso, o escalafón, en lo que se incluían en el equipo de trabajo de alguno de los beneficiarios del gobierno en turno, o para esperar una oportunidad estratégica, estando o no campaña, para enrolarse en un empleo en el gobierno estatal.

Esa situación prevaleció por mucho tiempo. Lamentablemente, mientras se degradaba la estancia en el “partidazo” y se hacían más evidentes las carencias económicas, los sucesivos dirigentes estatales vivían otra situación. El reforzamiento de la fiscalización de los recursos que recibían, los hizo ser más “cuidadosos” en la forma en cómo aplicaban éstos para las necesidades reales del partido. Así, con tal de no aparentar “lujos” o bonanzas que las solas prerrogativas no permitían, los administradores del tricolor decidían usar el presupuesto —que evidentemente recibían, en efectivo y sin recibo oficial, de parte de las arcas estatales— para las necesidades de la dirigencia (lujos, bonos, viáticos de la Presidencia, asesores, además de todo tipo de frivolidades), pero no para cubrir las injusticias que se cometían en contra de quienes veían al partido no como una oportunidad política, sino como una opción de empleo y salario para llevar el sustento a sus familias.

CAJA CHICA (Y OLVIDADA)

En los tiempos del PRI-gobierno, cada que había cambio de dirigencia priista, emergían como hongos las inconformidades sobre las deudas y pendientes de pago que dejaba el Presidente en turno. Éste, y el nuevo dirigente, eran siempre acusados de no pagar los salarios, de maltratar a los trabajadores, de hacer promesas de pago y no cumplirlas, y también del no reconocimiento al trabajo devengado, o los salarios pendientes de pago, que hacían los nuevos dirigentes respecto a los anteriores. Ese fue el pan de cada día de quienes trabajaron largo tiempo en el Comité Directivo Estatal del partido.

Durante todo el tiempo que duró el “partidazo”, los dirigentes estatales sólo se preocupaban en dizque cobrar las cuotas partidarias, no para verdaderamente dar sustento al partido, sino para fortalecer sus proyectos personales del momento. Era raro, en este sentido, el Presidente que se preocupaba verdaderamente por la situación salarial de sus trabajadores, o quien hacía alguna mejora a las oficinas o condiciones de trabajo. La mayoría se dedicaba “a lo suyo”, y regateaba lo más posible cumplir con sus obligaciones económicas como dirigente. En realidad, a nadie le preocupaba incrementar los ingresos del CDE porque de todos modos éstos estaban garantizados, y porque era, además de difícil, “políticamente incorrecto” hacerla de “cobrador” a los cuadros distinguidos del partido, que además nunca se preocuparon verdaderamente por éste.

Por todo eso, hoy al tricolor le acomoda perfectamente aquella perla de la sabiduría popular, que dice que un padre mantiene a diez hijos, pero diez hijos no mantienen a un padre. Hoy, por dudar sobre el uso correcto de los recursos, o por egoísmo, prácticamente nadie se encuentra al corriente en sus cuotas.

Quienes hoy tienen cargos de elección popular, aún obtuvieron las candidaturas bajo los antiguos esquemas de que el gobernante se decidía por ellos, y todos los documentos de acreditación —incluyendo los que prueban el requerimiento estatutario de “encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas de partido”— les eran confeccionados de tal modo que no cupiera espacio para la impugnación, la ilegalidad o el cuestionamiento.

Por eso hoy el PRI estatal se encuentra a punto de la bancarrota. Porque la orfandad lo llevó a la crisis; por el desapego y el desinterés de sus militantes, legisladores y “cuadros distinguidos”, y también porque ningún gobierno de alguna entidad federativa priista, se ha querido hacer cargo de ellos.

¿QUÉ PONDERARÁN?

Lo importante, en todo esto, debiera ser que Eviel Pérez Magaña hiciera, como un líder auténtico, hasta lo imposible (aún a costa de su peculio personal) para por lo menos dar condiciones mínimas de decoro a los trabajadores del priismo. No hacerlo él, junto con todos los demás que tanto se ufanan de su militancia tricolor, equivaldría a negar, y apartarse, del hecho de que los diputados locales y federales, el Senador y los presidentes municipales del PRI, son lo único que representa, formalmente, al devastado priismo oaxaqueño.

Cambios y ajustes, hechos sin fundamento

Aunque digan lo contrario, las festividades de los Lunes del Cerro, siguen siendo un objeto claro de las ocurrencias y perspectivas personales de quienes han ejercido el poder en Oaxaca. Ni los llamados Comités de Autenticidad, ni las delegaciones, ni las autoridades, ni los encargados últimos de la preservación de las tradiciones, han podido o querido hacer algo para dignificar y verdaderamente dar seriedad a una fiesta que no fue producto de la ocurrencia de una persona, ni acto de aparición espontánea de un régimen o ámbito de gobierno.

Desde hace algunos años, vemos una fiesta de los Lunes del Cerro que es cambiante, aunque sin más fundamento que las ideas, la perspectiva, o hasta los desatinos del gobernante en turno. Desde la polémica, y quizá desatinada decisión, de “techar” el auditorio Guelaguetza, hasta la modificación de los bailables y representaciones, pasando por la inclusión de representaciones ajenas a la cultura y tradición de los pueblos oaxaqueños, e incluso las más recientes decisiones oficiales de eliminar el llamado “palco oficial”, y eliminar el “culto al Tlatoani”, todas son decisiones tomadas sin un fundamento verdaderamente explicable y verificable. Veamos si no.

Independientemente de lo agradable o no que sea a la vista el Auditorio Guelaguetza, o de que personalmente pueda gustarnos o no el manteado, es cierto que tanto la decisión de instalar el techado, como la reciente de retirarlo, parten de los caprichos del gobernante en turno. Hoy, por ejemplo, los defensores del régimen del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, se deshacen en exaltaciones a la obra, y de regodeos respecto a la “brillante” decisión del gobernante a quien defienden, de impulsar la obra.

Del mismo modo, aunque un sector del gobierno estatal se dice “satisfecho” con la obra, otro grupo bastante importante y de peso, asegura no estar de acuerdo con la obra. Ello quedó más que claro el lunes mismo, cuando el gobernador Gabino Cué Monteagudo dijo, en declaraciones a la prensa, que a él le gusta más el sol, y que por eso no está de acuerdo con la permanencia de la velaría en el Auditorio Guelaguetza.

Frente a esas dos posturas, uno puede comprender que, en la esencia del poder político mexicano, se encuentra la disposición de que la palabra del gobernante se convierte en orden y ley casi en automático. Sin embargo, alejándonos de esa idea, debiéramos preguntarnos lo siguiente:

¿Qué fundamento sólido, más allá de la voluntad de los gobernantes, existe hoy para defender o satanizar, o para presumir, o votar a favor de la eliminación de la velaría? Si se supone que los tiempos cambian, y que éstos evolucionan para que la democracia sea más consistente, entonces lo que debiéramos haber escuchado desde un inicio, son razones convincentes y objetivas, más allá del capricho del ex gobernador Ruiz, para decidir la instalación de la velaría.

Del mismo modo, para hoy votar a favor del retiro del manteado, hoy debiéramos basarnos más en datos duros, que en apreciaciones personales, caprichos, o testarudeces, para decir objetivamente por qué debe ser retirada la velaria.

Hasta hoy, se ha dicho, por ejemplo, que el techado del Guelaguetza rompe con la imagen urbana. Sin embargo, quienes lo dicen —y quienes alientan a éstos a decirlo—, no tienen en sus manos otro argumento, ni estudio verdaderamente serio, más allá de su perspectiva particular.

Del mismo modo, y esto resulta aún más grave, el mismo Gobierno del Estado no tiene en sus manos elementos sólidos, para reforzar la decisión del gobernante de que ésta sea retirada. En este sentido, no han podido determinar, por ejemplo, que la velaria es peligrosa; que es discordante a la imagen de Oaxaca, o incluso que su colocación afectó, o no benefició en nada, económicamente a la entidad.

TRADICIÓN, POR

LA MISMA SENDA

Lo grave es que todo esto se extiende a la tradición en sí. Por ejemplo, ¿fue una decisión fudamentada, la de decidir eliminar el palco oficial? Hasta donde se supo, físicamente el espacio ya no existe; sin embargo, queda claro que si algo debían eliminar, no era el perímetro que ocupaban los representantes políticos del Estado (y en otros tiempos del país) y la Diosa Centéotl, sino los privilegios que éstos tienen y los excesos que cometían los funcionarios y sus invitados durante las celebraciones de los Lunes del Cerro.

¿A poco ya no hubo espacios privilegiados para el gobernante, sus funcionarios y los invitados especiales? ¿A poco ya no hubo perímetro de seguridad, ni atenciones especiales, para todos ellos? ¿De verdad se acabó el culto al Tlatoani, al cacique o al gobernante? ¿O es que en realidad, lo que se hizo fue “maquillar” de democrática una decisión que más bien parece una pose u otra más de las ocurrencias?

En el fondo, si verdad se terminó el culto al líder de la tribu, lo que debió disponer el Gobierno del Estado, es que todos (incluido el Gobernador, sus invitados, los funcionarios estatales, y los representantes de la prensa de la capital del país) tuvieran el deber de comprar su boleto personal para poder acceder al Auditorio Guelaguetza a presenciar la fiesta del Lunes del Cerro, y que todos fueran como cualquier oaxaqueño o turista más, que paga para presenciar un espectáculo, en el cual tiene asegurada la entrada, pero no un espacio ni un asiento en un lugar privilegiado.

Incluso, debiera haber más seriedad respecto a la forma en cómo se encuentra hoy estructurada la fiesta de la Guelaguetza. Vemos los oaxaqueños, cómo cada año las autoridades siguen distorsionando el sentido y la esencia de la fiesta, para agregarle nuevos elementos que en realidad no corresponden a lo que representa esta tradición para los pueblos.

CAMBIOS CAPRICHOSOS

Lamentablemente, ni las organizaciones involucradas, ni las delegaciones regionales, ni quienes se ostentan como defensores de la cultura y las tradiciones de las comunidades oaxaqueñas, tienen el valor o la decisión para alzar la voz y denunciar lo que a su juicio está mal planteado. Nadie ha tenido la visión para darle cierto rigor a la celebración, y establecer los cánones a partir de los cuales ésta deba regirse independientemente de los caprichos o las ocurrencias de los gobernantes. Mientras, seguiremos viendo cómo cada sexenio los Lunes del Cerro siguen tomando matices distintos, que en realidad no hacen sino alejarla cada día más de su verdadera esencia.

+ Sección 22-Gobierno: Innovación o mala copia

Todos aquellos que conocen la tradición y el significado de la representación de la Guelaguetza en Oaxaca, coinciden en asegurar que de unos años a la fecha, ésta ha perdido mucho de la esencia que la caracterizaba, y que el llamado “Comité de autenticidad” de la celebración no ha hecho sino desvirtuar su sentido original.

Hoy, cuando en Oaxaca se celebran dos representaciones simultáneas —la llamada “Guelaguetza oficial”, y la magisterial— debemos preguntarnos si los organizadores de ambas celebraciones, verdaderamente están preocupados por la preservación de la tradición, o si sólo se dedican a hacer copias malas, simultáneas, de una celebración que está perdiendo su origen y razón inicial.

Varios son los problemas fácilmente distinguibles de la celebración actual de los Lunes del Cerro. Quienes conocen del tema, aseguran por ejemplo que la decisión tomada hace unos años por el Gobierno del Estado, de hacer dos celebraciones por cada una de las fechas (es decir, la implementación de las llamadas “Guelaguetzas vespertinas”), trajo consigo la necesidad de alargar las representaciones, e incluir a más comunidades y regiones de las que originalmente participaban en las muestras folklóricas.

Esta necesidad, hizo que fueran creados más bailables, y que a la fiesta de los Lunes del Cerro también se le agregaran otras representaciones, como las de las mayordomías, bodas o celebraciones rituales de ciertas comunidades. En algunas, además, se cayó en el extremo de improvisar ciertos bailes que, marcadamente, poco o nada tienen que ver con las tradiciones reales de las comunidades a las que dicen representar.

Por si fuera poco, todo esto se combinó con otras cuestiones, como el pago de ciertos favores políticos (o, al contrario, la reprimenda) a ciertas comunidades o regiones que comulgaban o tenían coincidencias políticas o partidistas con el grupo que tenía en sus manos al gobierno estatal. Al contrario, en diversos momentos, ciertos grupos fueron marginados sólo por el hecho de que no compartían preferencias políticas, o no habían favorecido al candidato o partido que interesaba a la administración estatal.

Todo esto, evidentemente, fue mermando una tradición que, por su propia esencia, debía estar ajena, y debía rebasar incluso, cualquier cuestión política o partidista tanto de los participantes en la Guelaguetza, como de los organizadores. Ahora mismo, ya con el llamado “gobierno del cambio”, algunas de estas cuestiones nuevamente quedaron marcadas, y tuvieron como telón de fondo disputas políticas que, en realidad, nada tenían que ver con la celebración de los Lunes del Cerro.

Ante todo esto, habría que preguntarse en primer término, si verdaderamente el gobierno estatal, y las asociaciones civiles y comunitarias, participantes en la organización de los Lunes del Cerro, en verdad se encuentran comprometidas con la preservación del arraigo y el sentido inicial de las celebraciones, o si sólo continuarán con esta política de seguir haciendo comercial esta celebración que, en realidad, entraña un amplísimo significado respecto a la cosmovisión y las tradiciones ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca.

Es cierto: la Guelaguetza, hoy, debe no sólo preservar el sentido cosmológico de las comunidades, sino que también debe constituir la base de un atractivo turístico con el que funciona buena parte de la economía local, ya que la mayor cantidad de visitantes nacionales y extranjeros que llegan a Oaxaca en calidad de turistas, lo hacen para ver las fiestas de la Guelaguetza.

Sin embargo, las autoridades y todos los involucrados, deben ponderar con toda seriedad hasta qué punto deben comercializarla, sin ponerla en riesgo; y hasta qué punto flexibilizan la llamada “autenticidad” de la celebración. No hacer esto, equivale a seguir vulgarizando una representación que hoy, ya de por sí, se aprecia bastante manoseada por quienes sólo la ven como un negocio.

¿Y LA FIESTA MAGISTERIAL?

La Sección 22 no debía ser ajena a este cuestionamiento. Desde 2006, ellos también hacen su propia celebración. Sólo que hasta ahora no queda claro cuál es la fundamentación de sus representaciones, ni tampoco si ellos han hecho algo más que copiar la celebración organizada por el Gobierno del Estado.

Lo más sencillo, y que quizá sea lo que ocurre, es esto último. Sin embargo, se supone que si el gremio magisterial es un sector medianamente educado y culturizado, y que tiene también un grado importante de contacto social con las comunidades, debía ser labor de ellos no sólo copiar una celebración para llevarla al “pueblo” que, según ellos, no puede pagar un boleto para asistir al Cerro del Fortín, sino también llevar a cabo un proceso real de investigación y racionalización de cada una de las representaciones, para rescatar, preservar y reseñar su sentido original, y no sólo copiar las distorsiones que se presentan en la Guelaguetza oficial.

Esta debía ser una labor de responsabilidad, para no sólo dejar la Guelaguetza magisterial como una opción para “los pobres” o para quienes están comprometidos con las causas de la Sección 22, sino para que ésta celebración verdaderamente tuviera la capacidad de hacer alguna aportación a la cultura y la preservación de las tradiciones en Oaxaca.

Hasta hoy, no queda claro si ellos han analizado o puesto en marcha cuestiones de ese tipo. Sin embargo, sería interesante, y hasta necesario, que tuvieran la decisión de no sólo hacer la copia de una representación incorrecta, sino una verdadera labor de rescate de las tradiciones que se están perdiendo, o de la estructura original de la fiesta de los Lunes del Cerro.

En la medida que la Sección 22 tenga la capacidad de llevar a cabo esas cuestiones, es que estará en posibilidad de presumir a los oaxaqueños, y a los visitantes nacionales y extranjeros, que aporta algo más, que una simple representación como las que todos los días se pueden ver en distintos foros, hoteles y restaurantes de la capital oaxaqueña, que cuentan con el “servicio” de las representaciones de la Guelaguetza.

OAXACA, DE FIESTA

Qué bien se ve Oaxaca estos días, ¿no? Las calles bulliciosas; los cantos, bailables y representaciones artísticas por doquier, rebasan cualquier capacidad organizativa de gobierno o grupo alguno. Esta fiesta es de nosotros, de los oaxaqueños, de la ciudadanía. Ojalá que julio fuera eterno, para ser siempre parte de esta ciudad que año con año se reinventa para mostrarnos su grandeza.

+ Buscar los “trucos”, no desaparecer esquema

Es cierto: debe haber voluntad de los diputados integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, para revisar los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo que firmó la anterior administración, y eventualmente cancelar los pagos excesivos que efectúan anualmente por la construcción de los complejos administrativos de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.

Sin embargo, si de verdad tienen ganas de hacer algo verdaderamente positivo por Oaxaca, los diputados deben ir no a eliminar la posibilidad de hacer ese tipo de contrataciones, sino más bien a erradicar los trucos y las lagunas que tienen las leyes que regulan actualmente dicho esquema, y así evitar que éstos vuelvan a ser distorsionados en el futuro.

Todos aquellos que saben de obra y administración pública, saben que los contratos coloquialmente llamados “PPS”, son de amplia utilidad y beneficios tanto para los gobiernos como para la población. A grandes rasgos, a través de un Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, un gobierno puede contratar la construcción de una carretera, un hospital, un campus universitario, o algunos otros tipos de obra que son de gran impacto social.

Como generalmente un gobierno no cuenta con tantos recursos —cientos o miles de millones de pesos— para una sola obra, en un solo ejercicio anual, opta por la contratación de un PPS, a través del cual una empresa privada construye la obra hasta su culminación, y en el momento en que esto ocurre el particular “arrienda” por un tiempo determinado la obra al sector público, y se compromete a sostener su funcionamiento, operación y mantenimiento en óptimas condiciones, a cambio de que el gobierno cubra una contraprestación económica por un concepto también equiparable al del pago de un arrendamiento, en calidad de arrendatario.

En México, el gobierno federal construye cada año infinidad de obras bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios. Así evita dejar obras a medias, no concluirlas; o, en el caso de obras prioritarias, los esquemas PPS permiten que la obra se realice hasta su conclusión, en un periodo corto de tiempo, y bajo un esquema de trabajo no sujeto a ejercicios presupuestales, recortes, reasignaciones, y todas las demás vicisitudes a las que se enfrenta la obra pública, cuando depende directamente de los recursos del Estado.

Sólo que, en el caso del gobierno federal, éste tiene diversos mecanismos, todos ellos estrictos y no sujetos a la imposibilidad de cumplirlos, para revisar y fiscalizar en todo momento el avance de la obra, y para que desde el momento de la firma del contrato no haya cuestiones ventajosas, o no previstas, ni a favor ni en contra del gobierno. Varias Secretarías de Estado, desde diversas ópticas, revisan las obras construidas con PPS de modo permanente, para corroborar que tanto la cuestión presupuestal, como los aspectos técnicos, sean cumplidos a cabalidad.

Muchos de esos aspectos, no se encuentran contemplados en las normas locales; y todo eso fue lo que abrió la puerta para que la contratación de los esquemas PPS estatales, se convirtieran en un verdadero festín de irregularidades y desregulaciones, del que salieron beneficiados un puñado de personajes cercanos al poder en la administración anterior.

LAGUNAS LEGALES

De tener voluntad, los diputados de la LXI Legislatura debieran revisar, por ejemplo, que la ley estatal respectiva no contempla la obligación de que para la asignación de una obra, tengan que participar un determinado número de empresas, que tengan la capacidad de demostrar su solvencia moral, económica y técnica.

En el caso específico de Ciudad Administrativa, la ausencia de esas estipulaciones fueron las que permitieron que la obra finalmente le fuera asignada a una empresa constructora que presuntamente no contaba con las características ni los antecedentes requeridos, y que sólo la supervisión de obra fuera realizada por otras empresas que sí han construido obras de importancia en el país.

Del mismo modo, esa falta de regulación, fue la que permitió que, en un acto discrecional y unilateral —aunque finalmente legal por mandato de la norma—, el Gobernador del Estado asignara directamente la obra, sin ser sometida al concurso o licitación que debiera ser indispensable para una sola edificación que costará, en total, más de mil 500 millones de pesos.

Del mismo modo, deberán revisar qué debe entenderse legalmente por “prestación de servicios”. Se supone que durante el tiempo que dura el contrato, la empresa constructora se hace cargo del mantenimiento y operación del inmueble, y a cambio el gobierno paga una contraprestación económica.

En ese sentido, lo primero que tendrían que indagar, con mucha seriedad y pulcritud, es qué servicios presta la empresa que construyó, por ejemplo, Ciudad Administrativa. En la prestación de ese servicio, que puede ser tan intrascendente como el solo mantenimiento a los elevadores de personal, puede fundamentarse un contrato oneroso, que en realidad sí traslada todas las demás operaciones al gobierno estatal y que, en palabras llanas, constituye un gasto doble para las arcas estatales.

Estos, y varios aspectos más, son los que debieran ponerse bajo la lupa para determinar, ahora sí con bases firmes, cuáles son los aspectos que deben ser reformados y reforzados con urgencia, y qué previsiones se deben tomar para el futuro.

Queda claro que así como se encuentra actualmente la ley, lo que hace es otorgar un enorme cheque en blanco tanto al gobierno estatal como al constructor, y permitir que éstos puedan hacer todo tipo de arreglos para beneficiarse mutuamente a costa del dinero público, tal y como lo habrían hecho con la edificación de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.

Desaparecer los esquemas PPS sería tanto como errar la solución. Lo que deben eliminar son los trucos, las lagunas y las trampas que vician de fondo un tipo servible de contratación, que le puede ayudar bastante a Oaxaca.

CONCURSO DE PLAZAS

Es gracioso ver cómo hasta los anti-sección-22 se escandalizaron por el anuncio de la incorporación a los concursos para la asignación de plazas. No se asusten. El botín mayor está a salvo: nadie se ha atrevido a cuestionar a los temibles normalistas. Esos que estudian para profesores, pero que son expertos en desmanes, bloqueos y disturbios. Que nadie tiemble. Después de la tormenta, se verá que todo sigue bajo control.

+ Predominan los pactos oscuros y revueltas

El Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, es hoy como un rompecabezas de mil piezas, parecidas y esparcidas, que nadie sabe bien a bien por dónde comenzar a armar. Lejos de querer practicar cualquier tipo real de operación cicatriz, e incluso de cierta convivencia equilibrada y armónica, los distintos grupos de poder que confluyen a su interior se encuentran en una guerra declarada tanto por la dirigencia estatal, como por las postulaciones rumbo a la elección federal del próximo año que, valga decirlo, ya se encuentra a la vuelta de la esquina. En la medida que se alimentan los extremos, al priismo se le desdibujan las posibilidades de la competitividad y el retorno a la senda del triunfo.

Queda claro que hoy ninguno de los grupos que disputa un espacio al interior del tricolor, está dispuesto a buscar equilibrios. Por un lado, se encuentran los grupos encabezados por militantes de ese partido que, en conjunto, se denominan “corriente renovadora”, los cuales en última instancia pretenden desplazar a la dirigencia del diputado Federal, Eviel Pérez Magaña, para tomar el control del partido y allanar ciertos intereses, muy precisos, que buscan ellos.

En la contraparte, se encuentra la dirigencia de Pérez Magaña, quien insiste en pretender que por su sola ascendencia como ex candidato a Gobernador, y por haber sido el designado por el Jefe Político del otrora grupo gobernante para encabezar los trabajos del priismo, todos los tricolores respeten su investidura y la dirigencia que encabeza.

Queda claro que, frente a estas ideas, se encuentra el cuestionamiento casi unánime de todos los priistas (institucionales, moderados y “reformadores”), que no alcanzan a ver un liderazgo verdaderamente construido y consolidado, ni a un dirigente fuerte que tiene la capacidad de tomar decisiones eficaces para el priismo, y hacerlas valer independientemente de las órdenes o recomendaciones que le dicte el ex gobernador Ulises Ruiz desde la Ciudad de México.

En un tercer punto, se encuentran aquellos priistas ciertamente institucionales que, sin embargo, no por ello respetan la ascendencia y la “mano” que tiene el dirigente Pérez Magaña en el camino al Senado de la República. Éste grupo, encabezado por los coordinadores parlamentarios tanto de la Cámara baja federal, como de la fracción priista en el Congreso del Estado, Héctor Pablo Ramírez Leyva y Martín Vásquez Villanueva, pretenden construir liderazgos independientes de la decisión del priismo y, en algunos casos, han caído en el extremo del intento de madruguete que, si bien no está prohibido, sí rompe con las reglas no escritas sobre las postulaciones dentro del tricolor.

En el fondo, queda claro que nadie pretende llegar a acuerdos institucionales internos. Y ese es el origen del problema. Es decir, los “reformadores” no encuentran otro camino para una posible reconfiguración de los factores de poder al interior del tricolor, que no pase por la salida del dirigente Pérez Magaña; éste, continúa aferrado a que le respeten, sólo “porque sí”, su posición y ascendencia; y los otros aspirantes principales al Senado (la gran mayoría de los demás sólo pretenden hacer públicas sus aspiraciones, para luego declinarlas a cambio de una negociación política) parecen incluso tener una especie de “acuerdo común” para que las postulaciones a la Cámara alta queden sólo entre ellos, pero sin permitir la participación o la apertura a más posibilidades.

¿Qué queda de todo esto? Que en su situación actual, la confrontación, en efecto, tenga nulas posibilidades de ser resuelta a través de un acuerdo que satisfaga a todos. Esto porque, simplemente, todos quieren todo. Y el problema, en realidad, es que como todo partido político, el tricolor necesita recuperar su competividad rumbo al proceso electoral del año venidero. Y simplemente no podrán hacerlo en las condiciones de confrontación y encono que prevalecen actualmente.

LUCHA, CON REGLAS

El pasado martes hubo un encuentro en la ciudad de México, entre el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, y la llamada “corriente reformadora” del priismo en Oaxaca.

Sobre los resultados de la reunión, se tienen al menos dos hipótesis distintas: la primera, que el Líder Nacional del PRI les reiteró que la única legítima es la dirigencia estatal de Eviel Pérez Magaña; y la segunda, difundida por los mismos tricolores oaxaqueños, que Moreira prometió enviar, en dos semanas, a un delegado con funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal, para que inicie un proceso de renovación de las estructuras partidarias del tricolor.

Ninguna de las dos versiones, asumida a pie juntillas, parece posible. Sería inaudito, en las condiciones actuales, que la Dirigencia Nacional recibiera, en sus oficinas centrales, a un grupo de priistas, sólo para decirles que ni habrá cambio ni habrá intervención del CEN para remediar el conflicto interno que ocurre en Oaxaca. Tal versión no es creíble, porque aún cuando el Comité Nacional pudiera respaldar de lleno a Pérez Magaña, ello no tendría por qué equivaler a que cerrara los ojos a un problema real, que puede ser potencialmente riesgoso para el priismo, y que necesita ser atendido con rigor y urgencia.

Empero, la segunda versión tampoco es del todo creíble. Aún con su fuerza, el CEN no puede pasar legalmente por encima de la dirigencia estatal. Les guste o no, a todos, el CDE es encabezado legalmente (quién sabe si en el terreno de lo legítimo se pueda decir lo mismo) por Pérez Magaña.

Y estatutariamente, sólo se podría enviar a un delegado con funciones de Presidente del Comité Estatal, si hubiera ausencia formal absoluta del Líder estatal. Esto, como queda claro, no ocurre, ni ocurrirá. En las condiciones actuales, no parece haber poder humano que haga renunciar a Pérez Magaña a la posición partidaria que hoy ostenta.

¿Y EL ARREGLO?

Lo único que sí sería creíble, y posible, es que dentro de poco el CEN respaldara públicamente a la dirigencia estatal, por ejemplo a través de una visita de Moreira al priismo oaxaqueño. Pero antes, necesariamente, debe enviar a un delegado po-lí-ti-co, para que medie y atempere la disputa interna que hoy ocurre. Finalmente, el PRI deberá abrirse para todos. Lo interesante será ver cómo, bajo qué esquema de negociación, y a pesar de quién —y de qué posiciones— comienza a ocurrir este doloroso proceso de apertura. Será como hallar la aguja de oro, dentro de este gran pajar.

Socavar órganos electorales, tendencia actual

Qué bueno que el consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Alberto Alonso Criollo, tenga la voluntad de no permitir que los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, sean quienes se repartan los cargos que aún faltan de designarse en ese instituto. Qué mal será, esta sea una mera intención sin fuerza, o que ante los intentos por objetivizar y transparentar las designaciones, y hacerlas al margen del interés de los partidos, éstos pretendan socavar no sólo al Titular, sino al órgano electoral mismo.

Actualmente, existe en México una peligrosa proclividad entre los partidos políticos por socavar a los integrantes, procedimientos y fines del Instituto Federal Electoral. Desde 2006, y sostenidamente, unos y otros se han encargado de cuestionar el trabajo del órgano electoral, y difundir con estruendo las fallas o deficiencias que éste comete.

Desde su reorganización, pasando por los cuestionamientos actuales, y la resistencia cómplice de todos los partidos representados en el Congreso federal, por designar a los tres integrantes que hoy faltan en el Consejo General, lo que parece encontrarse en el fondo es un ánimo por socavar integralmente al órgano, en aras de lograr que éste sea replanteado y renovado completamente —por enésima ocasión—, como si fuera éste el único responsable de la democracia de baja calidad que hoy tenemos.

Si bien recordamos, desde 2006 las fuerzas políticas nacionales pactaron, aún en contra de la Constitución, la renovación del Consejo General del IFE, pues políticamente todos consideraban que éste, encabezado entonces por Luis Carlos Ugalde, había sido uno de los factores fundamentales de la inestabilidad y la incertidumbre electoral vivida luego de la jornada electoral federal de aquel año. Todos, sin excepción, acusaron y cuestionaron al IFE por no tener la capacidad de estar a la altura del momento, y la potencial crisis institucional que potencialmente podía desbordarse en el país.

Tras la renovación —que parecía ser el remedio de fondo a la inconformidad de la partidocracia—, se pensó que todos los cuestionamientos acabarían. Si desde el periodo de Luis Carlos Ugalde había ya visos claros de un mero reparto partidista del Consejo General y las posiciones importantes del Instituto, con la nueva integración, procedente de 2007, todo eso quedó perfectamente claro: cada partido tuvo posibilidad de impulsar a “sus” consejeros, y ante eso, todos habrían estar conformes con la actuación de un órgano hecho ya no por ciudadanos, sino por consejeros con evidentes débitos partidistas.

El problema es que eso no ocurrió. Independientemente de quién o cuál sea la causa o el responsable de la comisión de sus errores y actos de corrupción, lo que queda claro es que nada se ha hecho hasta el momento por reforzar a un Instituto que hoy va en caída libre. Fundada e infundadamente, hoy el IFE es blanco de todos los cuestionamientos, campañas de descrédito y deméritos posibles, que no hacen sino debilitarlo en sus cimientos. Hoy, teniendo el proceso electoral presidencial a la vuelta de la esquina, lo que en el fondo todos los partidos quisieran es ver un nuevo Instituto, plantado ya sobre nuevos cimientos… aunque quién sabe si esos cimientos fueran verdaderamente constructivos para la democracia, o bien útiles para sus intereses particulares.

INSTITUTO EN RIESGO

Oaxaca tiene su propio contexto. Y aunque de fondo el consejero Presidente, Alonso Criollo tiene razón, y debía ser la postura natural de un individuo que encabeza nada menos que al órgano representante de la participación e integración ciudadana en los asuntos políticos del Estado, lo cierto es que él debe tener mucho más que voluntad para lograr los objetivos que se plantea.

En primer término, el Consejero Presidente del IEEPC no debe pasar por alto que el primer gran cuestionamiento que pesa sobre su gestión, y sobre la integración actual del Instituto, es que éste fue constituido en base a un mero reparto de cuotas. Independientemente de que haya sido o no legal la integración, lo que estuvo a la vista de todos es que dicho procedimiento fue llevado a cabo en base a una abierta —aunque no por ello transparente— negociación entre las fuerzas políticas aliadas al gobernador Gabino Cué; que hubo también, en aquella sesión, operadores del Gobierno del Estado; y que incluso hubo acuerdos previos, y potenciales cooptaciones —lo cual rompe con la esencia fundamental de un órgano dialogante, convincente y deliberativo, como lo debiera ser un Poder Legislativo— a integrantes de las fuerzas de oposición.

Ahora bien, e independientemente de la forma en cómo fue integrado el Consejo General del IEEPC, lo siguiente que debe quedar claro —y esto rebasa la esfera de competencia del consejero Alonso Criollo, aunque no por ello deja de ser de su incumbencia—, es si los partidos políticos, y el Gobierno del Estado (que fue parte material, aunque indebida en la integración), tienen verdaderamente voluntad política para permitir que el IEEPC tenga cierto grado de independencia (¡Cierto grado de independencia!) y le sea permitido nombrar a los funcionarios electorales sin la participación de quienes decidieron la conformación del Consejo General.

Si el consejero Presidente Alonso Criollo de verdad tiene el respaldo de los grupos políticos que decidieron su arribo al IEEPC, éste tiene entonces una gran oportunidad de dar pasos hacia delante en la conformación de un órgano electoral fuerte, legítimo e independiente del poder público.

Si no —y más sabiendo de la visceralidad e irresponsabilidad de las fuerzas políticas, que no saben anteponer el interés general, al suyo en particular—, de lo que seremos testigos será de un proceso lento y tortuoso a través del cual todos comenzarán, desde el Legislativo y desde las oficinas del gobierno estatal, a socavar al IEEPC para tratar de conseguir, en última instancia, su deslegitimación y la urgencia de su renovación, para erigir un nuevo órgano que sí sirva a sus intereses.

¿DEMOCRACIA CONSTRUCTIVA?

Ese escenario, posible como todos, ciertamente abonaría a reordenar los equilibrios de poder; pero en nada ayudaría a la construcción de una mejor democracia. Ojalá, por eso, que el consejero Alonso tenga razón en sus dichos y, como se dice coloquialmente, todo lo que diga lo sepa de cierto. Si no, lo que veremos será lamentable para el futuro político de Oaxaca.

+ Pagos altos; gobiernos corruptos; y más evasores

Pareciera que las finanzas del Estado de Oaxaca se encuentran en un callejón sin salida: independientemente del color partidista, y del grupo en el poder, lo cierto es que el Gobierno del Estado no recauda ni el cuatro por ciento del gasto público; aunque también lo es que los sectores productivos de la entidad, ni tienen posibilidad de crecer lo suficiente como para pagar más impuestos… y en las condiciones actuales, tampoco están dispuestos a aceptar su realidad, y ajustarse a lo que debiera ser un pago realmente justo de lo que les corresponde.

Es un simple asunto de naturaleza, que la pugna eterna entre el Estado y el contribuyente, siempre fijará su litis en la forma en cómo, el primero, logra arrancar legal y legítimamente más recursos a los particulares; y cómo estos buscan, también por las vías legales e institucionales, pagar menos o, en su caso, recibir el mejor servicio público posible. Queda claro que, en estos argumentos, se encuentran las bases del problema fiscal que actualmente enfrenta nuestra entidad. ¿Por qué?

Porque en Oaxaca, como suele ocurrir, el Gobierno del Estado busca tener mayores márgenes de recaudación. Para lograrlo, hace campañas de concientización a la ciudadanía sobre su deber de pagar impuestos, y también anuncia que no dará marcha atrás sobre los gravámenes que ya cobra. Incluso, aunque no lo dice, éste busca siempre nuevas formas de obtener mayores recursos, aunque siempre contrastando la posibilidad con el costo político y electoral, que puede llegar a tener la elevación de impuestos.

En contraparte se encuentran los ciudadanos, y su cultura respecto al pago de impuestos. El oaxaqueño promedio que tiene un comercio o empresa, generalmente busca la forma de obtener el mayor beneficio de ella, incluso negando o deprimiendo los derechos de seguridad social de sus trabajadores, y las declaraciones de impuestos que hace al Estado.

Quienes cobran y quienes pagan, en el fondo saben que siempre se paga menos de lo que se debería, y que ésta situación no siempre tiene su origen en la deprimente situación económica, sino también en la negación de bonanza que es parte de la cultura del oaxaqueño, y de la búsqueda de formas de formas de evasión legaloides, o disimuladas.

El problema, en el caso actual de Oaxaca, parece radicar por un lado, en que el gobierno estatal pretende seguir cobrando, sin miramientos, los impuestos que ya existen, antes de pensar en generar nuevos gravámenes que compensen tanto la baja recaudación, como la evasión fiscal de los contribuyentes.

Todo esto se dificulta, cuando los contribuyentes que son blanco de los requerimientos fiscales ya tienen una piel gruesa, y en muchos casos se han vuelto resistentes al amague de la autoridad fiscal sobre represalias como consecuencia de la resistencia al pago; también cuando los que siempre pagan impuestos se cansan de hacerlo, mientras observan que quienes no pagan, siguen evadiendo.

Muchos más, que sí pagan regularmente y no cuestionan el monto de lo erogado, tarde o temprano llegan al punto del cuestionamiento a la autoridad, cuando no le ven un destino palpable a los recursos que entregan al Estado. Esto pasa, por ejemplo, con mucha gente que paga puntualmente su impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos, pero del mismo modo siempre transita por calles semidestruidas, que no son objeto ni del cuidado ni de la atención mínima de las autoridades estatales.

¿CALLEJÓN SIN SALIDA?

Aunque la crítica sea “políticamente incorrecta” tanto hacia el gobierno, como hacia los mismos ciudadanos, realmente es necesario preguntarse si realmente todos usan el dinero de los impuestos de la forma que deberían. En ese sentido, el gobierno siempre es el más cuestionado, porque todo lujo, prebenda o gasto no básico que se le autoriza a un funcionario, es de inmediato señalado por la ciudadanía, que aduce que en eso se gasta el dinero de sus impuestos.

En ese sentido, y con toda seriedad, rigor y honestidad, el gobierno estatal debiera informar seriamente, a cambio de cualquier tipo de solicitud de permanencia o de implementación de un nuevo gravamen, en qué medida ha cumplido las medidas de austeridad que prometió al inicio de la gestión.

Y no, no se trata de a cuántos trabajadores de la administración estatal ha logrado despedir, sino de moralmente, cuántas medidas ha tomado para reducir las extravagancias, bonos estratosféricos, coste de escoltas y guardias de seguridad a funcionarios no relacionados con la seguridad y la procuración de justicia, pagos de honorarios a asesores, y lujos sin sentido que reciben los servidores públicos de nivel superior.

Todo esto debiera informarse, tomando como base que al inicio de la gestión, el gobernador Gabino Cué Monteagudo prometió terminar con muchos de esos privilegios. Y aunque en un primer momento pareció que, en efecto, todo eso ocurriría, lo cierto es que en diversas dependencias pareció sólo haber un simple tránsito de privilegios: se les quitó a unos para dárselo a otros; y, en muchos casos, se les retiraron ciertos privilegios a los trabajadores de plantilla, para contratar a ejércitos completos de asesores, que cobran sumas importantes por servicios y estructuras administrativas paralelas a las ya existentes.

Pero también, del lado de los contribuyentes debiera haber más honestidad. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, constituyen dos o más personas morales distintas para repartir la contratación de sus trabajadores, y así evadir, en todas, el pago del impuesto sobre nóminas? ¿Cuántos no prefieren corromper a algún funcionario en el Instituto Catastral, para que les registre sus bienes inmuebles a un valor menor al real, y así puedan disminuir su impuesto predial?

Incluso, ¿cuántos de los comercios del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, están dados de alta bajo el régimen de pequeños contribuyentes, cuando en realidad debían tributar como empresas de otro tipo? Esas dos visiones debían ser parte de un debate serio y amplio sobre los impuestos que pagamos, los que no pagamos; y sobre los que bien gasta, y los que mal gasta el gobierno. ¿Habrá formalidad para discutir y tomar decisiones importantes?

¿SUBEJERCICIO?

Será cierto que de las 158 obras autorizadas por el gobierno estatal, a la fecha sólo se han culminado 17? Cifra alarmante, si lo que se ofrece es que no habrá subejercicio. Ya veremos.

+ Legalidad debe ser una oportunidad, no una traba

Qué graves resultan, frente a una lectura seria y con rigor jurídico, las declaraciones de la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, en las que se lamenta por las “trabas” que, dice, pusieron los diputados de la LX Legislatura para impedir que se les castigara con rigor por los actos de corrupción que habrían cometido.

Textualmente, la Secretaria de la Contraloría dijo: “Se curaron en salud [los priistas] y los diputados de la LX Legislatura, que fueron mayoría, modificaron las leyes para evitar que sanciones por diversos delitos como la corrupción tuviera severos castigos (…) Una de esas modificaciones consistió en que para iniciar un proceso de presunta corrupción, tenían que presentar un dictamen de auditoría, misma que se lleva varios meses en realizarse, cuando anteriormente, ese proceso no era necesario, pues sólo se presentaban las querellas”.

Esto, que políticamente puede entenderse quizá hasta de forma “aceptable” (porque lo que está denunciando es que el grupo gobernante priista en la administración anterior, previó las posibles sanciones y por eso se modificó la ley a su conveniencia), en el terreno de lo jurídico son inaceptables. ¿Por qué?

Porque, en términos llanos, la Secretaria de la Contraloría habría deseado que el camino para proceder penalmente en contra de los ex funcionarios corruptos, fuera más sencillo. Es decir, que requiriera de menos pasos y menos cuestiones a comprobar jurídicamente, para meter a la cárcel a los involucrados.

Frente a todo eso, habría que preguntarse qué visión de la justicia tiene la contralora Woolrich Fernández y, sobre todo, qué idea tiene de lo que deben ser los procesos judiciales, y las garantías de certeza y legalidad con las que todos los ciudadanos —independientemente del partido en que militen o el gobierno para el que trabajen o hayan trabajado— deben contar.

En realidad, más allá de cualquier carga política, queda claro que, quizá por esta circunstancia específica, la contralora Woolrich sería partidaria de que las querellas aún pudieran presentarse sin necesidad de acreditar perfectamente los perjuicios a las arcas públicas, y sin haber agotado las posibilidades de corroborar el quebranto patrimonial que habría cometido todo aquel funcionario, o ex funcionario, al que se pretendiera juzgar de acuerdo al artículo 217 BIS A del Código Penal del Estado.

¿Por qué es preocupante una postura de esta naturaleza? Porque queda claro que la secretaria Woolrich, aún con su experiencia política y buen nombre como profesional del derecho, no ha alcanzado a entender que la dependencia a su cargo no es, ni tiene por qué ser, una instancia de consigna, y mucho menos un órgano parcial, respecto del cual no se tenga la certeza de que actuará objetivamente y no sólo como órgano que acusa anticipadamente y hace juicios sumarios a las personas.

Como bien se sabe, la Secretaría de la Contraloría, substancia procedimientos administrativos, que por muchas de sus características, tienen la forma de juicio. Y si bien es cierto que es la misma Contraloría la que detecta irregularidades y formula acusaciones, también lo es, que es ese un órgano que ejerce atribuciones materialmente jurisdiccionales, y que por ello, cuando menos debe dar garantías de audiencia, certeza y legalidad a quienes son señalados (con el objeto de que tengan oportunidad de defenderse y solventar las observaciones que se le formulan), para luego dictar resoluciones apegadas a lo que en derecho y justicia corresponde, y no al interés político de su gobierno o partido.

SE DERROTA SOLA

En efecto, pareciera que con sus declaraciones, la contralora Woolrich Fernández se está derrotando sola anticipadamente. Esto porque en lugar de ver como una oportunidad de demostrar eficacia contundente, y probar con todo el rigor del derecho, la metodología y la ley que los ex funcionarios señalados por presuntos desvíos, en efecto incurrieron en las responsabilidades que se les acreditan, está asegurando de antemano que ciertas “trabas” puestas a propósito en el Código Penal, le impiden meter a la cárcel, ya, a quienes según ella ya son responsables de quebranto patrimonial al Estado.

En realidad, la contralora Woolrich parece actuar como abogada postulante con un alto grado de interés político, y no como servidora pública, ¿Qué para ella lo verdaderamente importante es meter ya a la cárcel a quien se deje, para luego comprobar si en realidad fue responsable o no de los delitos que se le imputan? ¿Qué es ella una ciudadana del siglo XXI, o es una representante de la Santa Inquisición en los tiempos actuales?

Esto debiera preocupar a todos, independientemente de los afanes partidistas que siempre se pretenden encontrar en cualquier forma de análisis o cuestionamiento. En realidad, por la propia estabilidad de la justicia, y la legitimidad y fuerza con la que está actuando la administración estatal, debieran estar preocupados por comprobar con todo rigor, y sin dejar lugar a objeciones, que verdaderamente ocurrieron los desfalcos, y que sin ninguna duda son responsables las personas a las que ya señalaron —y estigmatizaron—, sin antes haberles dado oportunidad a que comparecieran y se defendieran dentro de los procedimientos correspondientes.

Con esa visión, corta e inquisitiva, en la que niegan toda oportunidad de defensa a los implicados, y pretenden tomar la delantera con el ocultamiento de todos los procedimientos, lo único que están haciendo es viciar de fondo, tanto jurídica como políticamente, las acciones que llevan a cabo.

No dar las garantías legales a los implicados, significará el fracaso jurídico de sus procedimientos. Y hacerlo ocultando datos, acusando sin contar con todos los fundamentos, y doliéndose porque los priistas “se curaron en salud” para modificar las leyes, sólo los llevará a deslegitimar, y arrancar todo viso de credibilidad y legitimidad, a las acciones que pretenden llevar a cabo.

MANEJO INADECUADO

Incluso, el gobierno estatal debía ser mucho más cuidadoso en la forma en cómo maneja, en el terreno de lo mediático, todas estas acusaciones y procedimientos que prepara. Aunque dicen que es justicia, cada vez es más claro que administran el problema, y lo vuelven tema cada que la circunstancia política lo amerita. Eso, finalmente, no les deparará nada bueno si es que lo que en realidad desean, es hacer justicia.