+ Sección 22 y 59: ¿Conflicto interno del Sindicato?

Cualquier gobierno da una pésima señal, cuando hace público un trato desigual para quienes son pares. Eso es lo que hizo el pasado miércoles el Gobierno del Estado, cuando envió a elementos antimotines de la Policía Estatal, a desalojar a integrantes de la Sección 59 del SNTE que realizaban una protesta a las afueras del Palacio de Gobierno. Frente a los hechos, palidece cualquier aseveración relativa a la pluralidad y tolerancia del régimen gobernante.

Ayer, a través del noticiero radiofónico del periodista Humberto Cruz, el secretario Particular del Gobernador del Estado, Benjamín Robles Montoya, trataba de justificar la acción de la fuerza pública, argumentando que ésta se había solicitado ante la incursión violenta de integrantes de la Sección 59 del SNTE, liderados por Humberto Alcalá Betanzos, al Palacio de Gobierno, y ante los desmanes que los agremiados de esa facción sindical realizaban a las afueras del recinto.

Al mismo tiempo, el Periodista daba cuenta de señalamientos hechos por el mismo Alcalá Betanzos, quien denunciaba haber sido amenazado textualmente por el citado funcionario con el uso de la fuerza pública, si no cesaba la manifestación que realizaban los profesores disidentes.

Independientemente de quién tenga la razón, queda claro que juntos cometieron un acto grave que no sólo quebranta el Estado de Derecho y la supuesta vocación por la legalidad que dice tener el gobierno estatal, sino que además deja en claro que el grupo gobernante está dispuesto a todo, con tal de privilegiar a quienes, según sus ponderaciones, le provocan menos problemas. ¿De qué hablamos?

De que queda claro cuál es la lógica de la ponderación gubernamental: hace apenas una semana, miles de profesores de la Sección 22 no sólo atentaron —como cada año— contra el patrimonio edificado del Centro Histórico, sino que también arremetieron gravemente contra los derechos de miles de oaxaqueños que tienen algún tipo de relación con los espacios ocupados. Los maestros democráticos de la 22, además, impidieron las actividades en sucursales bancarias, centros comerciales, oficinas públicas, calles, carreteras y demás. Y nadie los molestó, y mucho menos los tocó ni con el pétalo de una rosa.

Menos de una semana después, ocurre otra protesta como muchas otras que suceden casi a diario en la capital oaxaqueña. La particularidad, sin embargo, es que ésta era de profesores del sector disidente a la Sección 22, que exigen reconocimiento político e interlocución al gobierno estatal, y que en el fondo exigían un trato similar al que se les da a sus contrapartes.

¿Qué hizo el gobierno estatal en cada circunstancia? En la primera, entabló todo tipo de mesas de negociación, guardó a la policía, toleró el quebranto a la ley, y hasta los insultos del magisterio democrático. Además, les dio una cantidad millonaria de dinero, y también prometió respetarles el privilegio de la negociación. Empero, a los segundos, sólo los recibió a garrotazos y los dispersó a través de la fuerza pública.

Es perfectamente comprensible que el gobierno estatal está buscando no tener problemas con la Sección 22, y que en esa lógica desdeña a la 59. Sin embargo, más allá de la fortaleza de unos y la debilidad de los otros, es una pésima señal que abiertamente se decida a tolerar a unos y a no hacerlo con los otros. Es un lujo que no se puede dar un gobierno que se jacta de tolerante y democrático. Y mucho menos de uno que dice procurar la reconciliación, y que busca que la ciudadanía le crea que gobierna igual para todos.

TOLERANCIA, ¿O QUÉ?

No se trata de que el gobierno estatal decida tolerar cualquier acción, venga del grupo de lucha social o sindicato que venga. Hacerlo sería tanto como hacer expresa su rendición y la renuncia a cumplir con el mandato popular que le fue conferido. Tampoco se trata de que a partir de ahora reprima cualquier acción de protesta. Esos son los extremos, y como tales debían ser desterrados de la conciencia del gobernante.

Del mismo modo, tampoco se trata de que a partir de ahora ninguna organización proteste, o que todas exigieran que se les respete su “derecho a manifestarse” independientemente de las acciones que realizaren. ¿Qué hacer entonces?

Por un lado, el gobierno estatal debía comenzar a entender que los enconos del pasado quedaron atrás, y que los compromisos asumidos con ciertos sectores o grupos deben cumplirse a pie juntillas, pero sin poner en riesgo la premisa de que, valga la redundancia, el gobierno gobierna para todos, y que la administración estatal no se trata ni de una facción, ni de un grupo ni de un partido político, ni de un gremio, al que se le tenga que tolerar incondicionalmente, y en el que sus adversarios tengan que ser perseguidos inopinadamente.

Frente a ello, no habría sido admisible que el gobierno estatal tolerara cualquier tipo de acción proveniente de la Sección 59, como tampoco lo es que sí lo haga, y lo acepte expresamente, cuando se trata de la 22. Del mismo modo, no se trata de que éste se ponga a entregar todo, a cualquier grupo, cuando éste vaya a plantarse frente al Palacio de Gobierno.

Creer lo anterior, equivaldría a pensar que todos los integrantes de tal o cual partido serían aporreados o tolerados a pie juntillas, y con ello debíamos también suponer la convalidación de actos de discriminación que, además de estar prohibidos por la ley, son abominables para cualquier gobierno que se jacta tanto de tolerancia y democracia, como el oaxaqueño.

¿Esta es una señal clara de que el gobierno estatal sólo tolerará a sus adversarios de riesgo, y perseguirá a los minoritarios? Esto significa, en palabras llanas, que bien podría entregarse a los poderes fácticos para mantener su estabilidad. Claro, sostenerla a cambio de quebrantar expresamente la legalidad y los principios rectores que hacen al Estado el Ente Soberano que gobierna y regular todas las conductas y actividades que ocurren dentro de su ámbito de competencia. ¿Para allá vamos? Es pregunta.

¿QUIÉN FUE?

Por cierto, de la “explicación” dada por Robles Montoya sobre la disuasión policiaca a los manifestantes de la 59 el miércoles pasado, se desprende que fue él quien solicitó el auxilio de la fuerza. ¿Y él qué legitimación legal habría tenido hacerlo? Debía recordar que, más allá de su protagonismo, su cargo formal no le da más atribuciones que las del control de su propia oficina. Cuidado con la formalización, y “normalización”, de ese tipo de excesos.

+ Marchas, paros, plantones y “negociaciones” ¿legales?

Bien dice el refranero que “para tener el pico largo, hay que tener la cola corta”. Y es que si la Sección 22 del SNTE asegura que su par en Oaxaca, la Sección 59, no tiene legitimidad y tiene “irregularidades” tanto en su reconocimiento ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato magisterial, como ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, también debía reconocer que la gran mayoría de sus acciones tampoco gozan de la legalidad y legitimidad con la que ahora pretenden defenderse.

En efecto, de acuerdo con declaraciones dadas a conocer ayer por la Agencia Quadratin, el secretario General de la Sección 22, Azael Santiago Chepi, puso en duda los respaldos que la Sección 59 dice tener a través del registro del Consejo Nacional del SNTE y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aseguró que existen “irregularidades que deben revisarse” respecto de esos registros.

Queda claro, frente a ello, que el dirigente del llamado “magisterio democrático” pretende manipular la realidad a su conveniencia, para lograr el objetivo planteado por la Asamblea Estatal de la Sección 22, de ser el único “gremio legítimo” del magisterio oaxaqueño. Además de confundirse, y de negar cuestiones legales que rebasan por mucho la esfera estatal, con su reproche fundado en la legalidad, el Líder magisterial también debería incriminar a su gremio por el abierto desprecio al Estado de Derecho que cometen casi con cada una de sus acciones y métodos de lucha.

Pero vayamos primero a los antecedentes de la Sección 59. Ésta, contrario a lo que se piensa comúnmente, no surgió a raíz del movimiento magisterial de 2006, ni en su momento fue una hechura del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

De hecho, el antecedente fundamental de la 59, fue el Consejo Central de Lucha, que surgió por diferencias internas durante la dirigencia de Enrique Rueda Pacheco, y fundamentalmente por la negativa de Erika Rapp Soto, a la sazón tesorera del Comité Seccional en Oaxaca del SNTE, a prestarse a los juegos de corrupción del entonces Secretario General, en cuestiones como la comercialización de electrodomésticos a los profesores, y la “legalización” de prebendas que eran exigidas al Gobierno del Estado.

Así, independientemente del conflicto magisterial y los hechos particulares ocurridos en 2006 y después, el Consejo Central de Lucha recibió el reconocimiento como Sección magisterial por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en 2007, y también fue avalada como tal por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2008, a través del otorgamiento de la toma de nota respectiva.

Así, queda claro que el problema inicial de la 59 no es de legalidad, sino más bien político. Esto porque, en un primer momento, la 22 no sólo se ha resistido a reconocer que existe otra sección magisterial en Oaxaca, sino que se ha dedicado a presionar al Gobierno del Estado para que no tenga ningún tipo de interlocución con la disidencia magisterial.

En ese sentido, la 22 ha logrado su objetivo en la medida que ha atajado las posibilidades de que la Sección 59 pueda negociar y obtener beneficios. A la par de ello, se ha valido de todos los tipos posibles de terrorismo intersindical, para lograr el desaliento en la disidencia y conseguir el regreso de quienes se habían cambiado de representación sindical.

VIOLENCIA E ILEGALIDAD

Quién sabe si existan o no mediciones sobre el buen o mal desempeño que tenga la Sección 59 en su trabajo docente. Lo que sí queda claro que es que uno de sus mayores cuestionamientos radica en la falta de claridad en cuanto a su vida interna. Desde hace cinco años, por ejemplo, no cambian de dirigente. No queda claro si reciben recursos por concepto de cuotas desde la dirigencia nacional del SNTE. Y tampoco queda claro si han conseguido beneficios en sus gestiones ante el gobierno estatal, y en qué pudieran éstas consistir.

No obstante, lo que sí queda claro es que ninguno de esos cuestionamientos le llega ni a los talones a cualquiera de las acciones “de lucha sindical” comunes de la Sección 22. Veamos por qué.

Contrario a lo que ocurre en casi cualquier otro gremio, la Sección 22 nunca se ha conducido en el marco de la legalidad al organizar, decretar y estallar sus paros de labores. Por eso —porque sus decisiones sindicales no pasan por la regulación de la Autoridad Laboral—, a sus suspensiones de labores se les puede denominar de cualquier modo posible, menos como “huelga”. Éste último término debe tener el aval de la Junta de Conciliación, y para que ésta pueda ser estallada el patrón primero debe ser emplazado legalmente y la huelga debe reunir ciertas características.

¿Alguna vez ha seguido este procedimiento la “legalista” Sección 22 del SNTE? Evidentemente no. Para ellos, la legitimidad de su lucha se encuentra en su fortaleza numérica y en las resoluciones de su Asamblea Estatal, como único ente regulador de sus acciones.

¿Otra muestra de su supuesta y engañosa vocación por la “legalidad”? Ciertamente, la Constitución federal garantiza a todos la libre manifestación. Sin embargo, el apoderarse por completo de las calles, cada que se les pega la gana, no resulta ser sino otro acto lesivo y ominoso para la mayoría, que también se encuentra únicamente fundado en su fuerza y en sus determinaciones, pero no en un posible asunto jurídico en que realmente pudieran basarlo.

Por último, habría que preguntarse, por si fuera poco, por qué sus procesos de negociación con el Gobierno del Estado siempre son a puerta cerrada. Por qué nunca se han preocupado por llamar a un representante de la Secretaría del Trabajo para que avale la legalidad tanto del proceso de negociación, como de los logros obtenidos. Habría que ver, de entrada, si lo que tienen cada año con el gobierno estatal es de verdad un proceso de negociación, o si todo se basa en un abierto chantaje en contra del gobierno estatal.

Todo eso debían aclararlo, o justificarlo los democráticos de la Sección 22, antes de sentirse con la calidad moral para disertar sobre la legalidad de un grupo como la Sección 59 del SNTE.

¡AGUAS, AGUAS!

Más de uno en Oaxaca, mientras ve por televisión la noticia de la detención del ex gobernador Pablo Salazar, se acuerda de aquel refrán que dice: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Y sin quererlo ni controlarlo, tiembla.

+ ¿Por qué someter a concurso aplicación del reglamento?

Tanto el secretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla, como el comisionado de la Policía Estatal (SSPE), César Alfaro Cruz, debían explicar bajo qué lógica decidieron someter a concurso el nombramiento de Director de Tránsito del Estado. Tal decisión no sólo parece ser desatinada, sino hasta riesgosa, en una institución que históricamente ha tenido más problemas de credibilidad, operatividad y honestidad frente a la ciudadanía.

En efecto, en abril pasado la SSPE emitió una convocatoria a través de la cual invitaba a todos los elementos de las corporaciones estatales (Policía Estatal, Bancaria, Tránsito del Estado, Fuerzas Estatales de Apoyo y Seguridad Regional), que tuvieran el rango de suboficiales, que acreditaran estudios de bachillerato, y que comprobaran haber aprobado los exámenes de control de confianza, a que concursaran para obtener el cargo de Director de Tránsito del Estado.

Ésta, que parece una decisión basada en la lógica de decidir “democráticamente” y de cara a la sociedad el destino de una corporación policiaca, en realidad tiene muchos puntos oscuros que, evidentemente, no han sido aclarados. Y es que, independientemente del cambio de gobierno, las prácticas de corrupción, el tráfico de influencias, y la falta de confiabilidad que han reinado en esa institución, siguen estando ahí. Ese es el problema de fondo.

Frente a todo eso, habría que preguntarse cuál fue la razón por la que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado permitió que se sometiera a concurso la titularidad de una corporación sobre la cual él tiene el mando y la facultad de nombrar y remover a su Director; por qué permitió que se convalidara que esa corporación tuviera como principal mando a un efectivo con rango de suboficial y sólo con estudios de bachillerato; y por qué decidió no antes hacer algo para cortar de tajo tanto las deficiencias de la corporación, como la galopante corrupción que ya es tradición en ella, y pretende perpetuarse.

Tránsito del Estado, como las demás corporaciones policiacas del gobierno estatal, se encuentran operativamente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; empero, siendo parte de la Administración Pública del Estado, ésta también es responsabilidad del Gobernador del Estado, en cuanto a su integración y funcionamiento.

En ese sentido, no queda claro por qué esa Dirección sí se sometió a concurso. Y por qué, si realmente existe ese espíritu democrático y de apertura e inclusión, no antes también se sometieron a concurso las plazas de Secretario de Seguridad Pública, y de Comisionado de la Policía Estatal.

Frente a todo eso, queda claro que uno de los problemas de fondo es que no existe verdadera claridad ni en la fundamentación —legal y administrativa— del concurso, ni en el proceso, y mucho menos en cuanto a la confiabilidad del elemento estatal que en estos mismos días puede convertirse en Director de Tránsito, sin verdaderamente tener el conocimiento de sus responsabilidades más allá del solo empirismo, ni la confianza de los mandos superiores, y quizá tampoco la confiabilidad requerida para garantizar que desempeñará su encargo con honestidad y responsabilidad.

MAL PRECEDENTE

Era ya hasta “tradicional” saber que, por ejemplo, la asignación de patrullas, motopatrullas, zonas de vigilancia, cargas u horarios de trabajo, estaban siempre determinadas en la Dirección de Tránsito no por los méritos o las aptitudes de los agentes, sino por el pago de “cuotas”. Tener una patrulla, una motocicleta o una “buena zona” para vigilar, costaba a los agentes cierta cantidad de dinero diaria que tenían el deber de entregar a sus superiores a título de renta, y que obtenían como producto de la extorsión a los automovilistas.

Algo similar ocurría con la asignación de las delegaciones de Tránsito en el interior del Estado. Éstas también eran asignadas no a los agentes de mayor confianza, sino a los que tenían mejores aptitudes para obtener dinero sucio a cambio de la aplicación, o no aplicación de la ley y el reglamento de tránsito, en las regiones del Estado. Las delegaciones eran asignadas a cambio de un monto económico inicial, y después sostenidas a cambio de la entrega de rentas mensuales. Así funcionaba esa corporación desde siempre, y hasta hace muy poco tiempo.

¿A poco todo eso fue erradicado con el simple cambio de gobierno? Son tan pocas las posibilidades de que todo eso hubiere dejado de ocurrir, partiendo del solo hecho de que la corporación lleva ya más de seis meses sin titular; que, al igual que otras corporaciones como la Policía Auxiliar, ha sido relegada y desatendida; y porque ahora, sospechosamente, se pretende someter a concurso para entregarla a una persona que —sin afanes de menosprecio— puede tener poca o nula experiencia administrativa, un bajo perfil académico, y escasos conocimientos no sólo sobre las tareas actuales de la corporación, sino sobre los requerimientos para estar acordes con los retos y las necesidades del futuro cercano.

Además, si el concurso pretendía ser verdaderamente abierto al escrutinio, y de cara a la sociedad, ésta debió haber sido también incluida no sólo como posible participante, sino también como parte del Comité que decidirá el futuro de la corporación.

¿Cómo procurar una evolución para este tipo de tareas, cuando ni siquiera es requisito que los participantes cuenten ya no con estudios o conocimientos comprobables específicos sobre urbanismo y vialidades, sino con cualquier tipo de formación profesional? ¿Cómo pretender explicar esa decisión, cuando los indicios de corrupción son altos, y con su supuesta apertura más bien parece que desean que todo eso permanezca, se convalide, y además, quede en familia?

Si verdaderamente existe voluntad por procurar un cambio positivo, parece que en la Secretaría de Seguridad Pública tienen extraviada la brújula. La ruta seguida, parece ir exactamente en el sentido contrario a lo que pretenden aparentar.

DESTINO PREDECIBLE

Dentro de la corporación, aseguran que la designación del próximo Director de Tránsito podría definirse entre el actual director operativo, Juan Reyes Corpus, y otro agente “allegado” al comisionado Alfaro. El comandante Corpus, dicen, sería la comparsa para legitimar el “concurso”, y así nombrar a quien desde un principio quisieron impulsar de la SSPE para mantener el estado de cosas, ahora a su favor. Todo un teatro. Ver para creer.

+ Hoy, lejos de ideología, cerca de conveniencias

Cada año que pasa, se va haciendo más visible la distancia existente entre la lucha magisterial que inició en Oaxaca en el año de 1980, y los intereses actuales que tiene la Sección 22 del SNTE. Independientemente de las demandas políticas que entonces y ahora plantean, queda claro que la brecha más amplia entre entonces y ahora se encuentra en la legitimidad y las bases ideológicas de sus acciones como asociación sindical y como organización de lucha social.

Hace 31 años, la Sección 22 del SNTE inició una lucha por la defensa no de cuestiones relativas al interés general, sino más bien por el reconocimiento de su derecho a decidir sus cuestiones internas. En efecto, hasta entonces la dirigencia y el rumbo del sindicato magisterial de Oaxaca era decidida desde el Comité Estatal del PRI y, esencialmente, desde la gubernatura del Estado.

Y quienes decidieron emprender la verdadera lucha por la democracia dentro de la Sección 22, fueron no a buscar mejoras salariales ni prebendas económicas y mucho menos asaltos en despoblado en contra de las arcas estatales; más bien fueron a exigir el derecho a ser ellos quienes pudieran decidir quiénes serían sus dirigentes, su forma de organización y las formas de lucha que debían emprender para defender sus intereses sindicales.

Esa, como puede verse, sí era una verdadera lucha democrática que buscaba oponerse, a través de todos los medios posibles, a la intervención en su vida interna. De ahí que aquella lucha magisterial iniciática no sólo no fue mal vista por la sociedad oaxaqueña —que, para entonces, también comenzaba a despertar en sus ansias democráticas—, sino que fue apoyada y respaldada por todos aquellos que ya veían como excesiva la injerencia del poder estatal en la vida interna de todos los gremios.

Si esto fue así, ¿entonces cuál fue el problema? Esencialmente, éstos parecen haber sido dos: primero, el mal planteamiento de los postulados ideológicos en los que fundamentaron tanto su lucha democratizadora, como la formación de los cuadros políticos que hoy dominan la Asamblea Estatal; y el segundo, que al pasar del tiempo se dieron cuenta que esa maquinaria política que crearon era no sólo capaz de hacer valer sus determinaciones legitimadas por la sociedad, sino que también tenía la posibilidad de conminar al gobierno en turno a cumplir con sus pretensiones, independientemente de que éstas fueran o no útiles o respaldadas socialmente.

Por eso, treinta años después tendríamos que preguntarnos —y tendrían que preguntarse ellos mismos— qué es lo que verdaderamente les ha traído de provechoso —respecto a sus postulados ideológicos—, el hecho de que con toda convicción fundamenten su lucha en principios de marxismo socialista, y otras corrientes del tipo, si en realidad ellos nunca han sentido en carne propia la lucha de clases, ni han tenido que lucha contra los intereses capitalistas que sí pueden, hoy mismo, estar provocando serios daños a ciertos sectores de la economía.

En el fondo la sociedad, el sistema y el gobierno siguen siendo exactamente los mismos. Sólo que ellos han justificado en esos principios ya desvirtuados —por ellos mismos— el sostenimiento y la permanencia, hasta hoy, de una lucha que, ya lejos de la democracia interna inicial, les sigue trayendo beneficios incuantificables, y les da un poder que sus mismos dirigentes iniciales nunca imaginaron tener.

DE LA IDEOLOGÍA

A LA CONVENIENCIA

Sin embargo, en estos treinta años son ya varias generaciones de maestros las que han pasado por los cargos de dirigencia, tanto de los poderes fácticos internos de la 22, como del propio Comité Ejecutivo Seccional. Si hoy buena parte de la clase dirigente no fue parte de aquella lucha inicial, e incluso ya ni reconoce como verdaderamente válidos aquellos postulados ideológicos, ¿entonces por qué hoy la lucha de la Sección 22 es mucho más intensa y radical que hace tres décadas?

La respuesta, queda claro, se encuentra en el proceso de formación política e ideológica de las nuevas generaciones de integrantes de la Sección 22, y en las condiciones actuales en que esos nuevos integrantes del sindicato magisterial realizan su trabajo, y defienden sus intereses sindicales. Empero, para comprender lo anterior, es necesario que vayamos por partes.

Queda claro que cualquier tipo de formación ideológica o política que puedan tener los profesores y/o administrativos actuales de la Sección 22, no se parece en nada a las experiencias que pudieron haber tenido los profesores del pasado. Aquellos fueron parte de una generación esencialmente rebelde e ideologizada, que creía a pie juntillas en las utopías revolucionarias y que combinó esas condiciones con un sensibilizador trabajo de campo al interior de las comunidades rurales del interior del estado, en las que vio y vivió en carne propia las carencias e injusticias de que eran objeto las personas.

No obstante, los profesores integrantes de la Sección 22 de hoy, carecen por completo de formación política e ideológica; son parte de una generación que no cree en nada; y que incluso tiene un profundo desencanto respecto a las promesas de cambio que en antaño tuvieron las utopías revolucionarias. A partir de ello, defienden su lucha sindical, únicamente basados en las conveniencias y en los jugosos beneficios económicos que les reporta el organizar todo tipo de manifestaciones cada año, en pos de lograr mejores condiciones salariales, de trabajo o de impunidad respecto a los delitos que cometen.

Todos ya tienen hoy perfectamente claro de la capacidad de ingesta que tiene su organización, y de la capacidad de conseguir los objetivos que se proponen. Ya nadie se pregunta hoy si están bien o si su lucha es comprometida o correcta; más bien, continúan viendo los objetivos y los reportes de ganancias que tienen. Y para eso acuerdan continuar indefinidamente con una lucha que ya no tiene el matiz democrático, y tampoco tiene la fundamentación política que tuvo en el pasado.

¿QUÉ SIGUE?

Si esta tendencia no se modifica, cada año veremos más movilización y más presión, con menos sustancia. Hoy la dirigencia de la 22 está en manos de los menos preparados, y de los menos conscientes. Así, no parece alentadora ni la finalidad social real de la lucha magisterial, ni la posibilidad de que en el futuro cercano este patrón de conducta pueda cambiar. Es decir, no cambiará hasta que de verdad la sociedad se canse. Lo veremos.

+ Sección 59: castigo, por hacer lo que les toca

¿En qué otro lugar, más que aquí, se ha visto que a cierto sector se le castigue por cumplir con su obligación, y al mismo tiempo se premie a sus contrapartes, que no sólo no cumplen con los cometidos para los que fueron contratados, sino que además quebrantan el orden y el interés público? Eso es lo que ocurre en Oaxaca, a la vista y con la aceptación de todos, con la relación que sostiene el Gobierno del Estado con las Secciones 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El escenario, hoy, es perfectamente claro: la Sección 22 reinicia hoy labores, luego de dos semanas de paro, en las que no sólo abandonaron las aulas, sino que también instalaron un plantón masivo en más de cuarenta calles del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, organizaron marchas, bloqueos a las principales arterias citadinas, obstrucción de actividades en sucursales bancarias, centros comerciales, restaurantes; y mantuvieron cerradas las instituciones gubernamentales —es decir, detenida la prestación de servicios públicos— durante ese lapso.

¿Cuál era el problema? Que ellos, como cada año, presentaron al Gobierno del Estado un pliego petitorio que se encuentra lleno de exigencias económicas que, además, deben ser satisfechas independientemente de que lo merezcan o no. Para la 22 no existe contraprestación alguna frente a su amplia superioridad numérica; para ellos es inválido cualquier cuestionamiento respecto a la calidad del servicio público que ellos ofrecen. Para ellos, simplemente, el gobierno debe responder atendiendo suficientemente todos y cada uno de los puntos planteados. Y frente a ello, nadie debe cuestionar. Nadie debe preguntar. Nadie debe, ni puede, ni tiene por qué exigir nada a cambio.

En ese sentido, la actitud del gobierno estatal concuerda con la postura de la Sección 22. Aunque este es un gobierno que supuestamente es aliado de las causas sociales y de la educación pública, e incluso del propio magisterio democrático, fue presionado por todos los frentes a que cumpliera todas las exigencias económicas de los maestros de la 22. Y una de las exigencias que está pendiente de ser satisfecha, pero que seguramente será también entregada dentro de no mucho tiempo —en bandeja de plata— a los democráticos, es el inicio del desmantelamiento de la Sección 59 del SNTE.

Esa, que parece ser una postura concordante con las exigencias de la Sección 22, e incluso con las fobias políticas del actual régimen, en realidad no parece sino ser el inicio de otro abominable atentado contra la educación pública —ahora no perpetrado sólo por los “democráticos”, sino también por un gobierno que no es capaz de distinguir el límite entre los compromisos políticos, los débitos de grupo, e incluso las fobias partidistas o entre regímenes de gobierno, y el interés por la educación. ¿De qué hablamos?

De que, en un primer momento, parece existir concordancia entre el gobierno estatal y la 22 por desaparecer a la 59. Los motivos son muy sencillos de entender. Para los “democráticos”, la 59 no es sino la cofradía de los traidores, que debe ser eliminada no sólo por disputarle una pequeña fracción de la membresía sindical o por haber emergido del ala crítica a la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, sino también por ser, para ellos, una representación del charrismo priista dentro del magisterio oaxaqueño, que debe ser combatido hasta la desaparición.

Esa misma es la coordenada por la que el gobierno estatal le ha negado todo reconocimiento, interlocución y apoyo a la Sección 59 del SNTE. Quedó claro desde el primer momento —cuando a unos días de asumir su actual cargo, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vásquez Guzmán, declaró que sólo reconocía a la 22 como interlocutor válido— que éste gobierno no desearía tener ningún tipo de acercamiento con los antiguos aliados del régimen priista, durante el conflicto magisterial de 2006.

Ambos se resisten a darle el sitio que debía de tener la 59 —así sea mínimo—, aún cuando pudiera ser no una convicción, sino resultado de las mismas causas y circunstancias, las que han llevado a esa sección magisterial a cumplir con uno de los reclamos más sentidos de la sociedad: no cerrar las aulas por cuestiones políticas.

COMPROMISO OLVIDADO

Si la Sección 59 está en contra de la 22, y quiere hacerlo patente, una de las pocas formas válidas de hacerlo es no caer en los mismos vicios que su contraparte. Así, quizá al menos por esa razón, los integrantes del antiguo Consejo Central de Lucha no han cerrado las aulas ni han tratado de parecerse a sus adversarios internos. Por eso, a diferencia de los “democráticos” de la 22, éstos ni han cerrado las escuelas ni han afectado a la sociedad ni han arrancado conquistas sindicales ominosas a las arcas estatales.

Sin embargo, todos son sus enemigos. El IEEPO, por una parte, no les ha dado ningún espacio digno para la realización de su trabajo; la Sección 22 los persigue hasta tratar de erradicarlos; y unos y otros se defienden argumentando que no pueden romper ni sus alianzas ni sus compromisos, porque eso significaría hacer enojar a la Sección 22, provocar que éstos nuevamente dejen las aulas para presionar políticamente al gobierno, y por ende trastocar la paz y el orden públicos.

No obstante, queda claro que, ante las circunstancias, el primer enemigo de la educación en Oaxaca es el Estado mismo. Éste —hoy más que nunca, aunque así ha sido siempre—, premia a quienes se dedican a quebrantar el orden, a trastocar la educación y a dañar a las futuras generaciones; y castiga a quienes —al menos por circunstancias y por conveniencia, porque quién sabe si por convicción— tratan de cumplir con las atribuciones para las que fueron contratados.

¿No es esta una muestra clara, y ofrecida a plena luz del día, de que en Oaxaca, gracias a nuestro gobierno y al magisterio dominante, vivimos en un auténtico mundo al revés? ¿Qué nadie se da cuenta de la gravedad que implica ese estado actual de cosas?

SOLIDARIDAD

Desde este espacio, manifestamos nuestra más amplia solidaridad y aprecio al periodista Jaime Méndez Pérez. Hombre trabajador e informador serio, ex compañero de esta Casa Editorial, que hoy es objeto de una infamia por parte de quienes pretenden lavar sus remordimientos, acusando a otros de lo que se resisten a ver cuando se miran al espejo.

+ Capitanes de la Nación: ¿de veras están atentos?

Hace unos días, a través de una manifestación pública, varios gobernadores, ex gobernadores, senadores, diputados federales y líderes políticos del Partido Acción Nacional, se manifestaron a favor de que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, sea el candidato presidencial de ese partido, para los comicios de 2012. Éste, que es un natural “presidenciable” por el cargo público que ostenta, en realidad, a la luz del verdadero interés nacional, no tiene otro mérito que ser un cercano colaborador, amigo, y proyecto político del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Esa parece ser la ruta que está trazada en nuestro país. Queda claro que la política continúa estando dominada, por completo, por los partidos políticos; pero también queda perfectamente establecido que éstos, a través de sus agentes (entendidos como legisladores, gobernantes, líderes partidistas, etcétera) no necesariamente tienen los mismos intereses del ciudadano de a pie.

Mientras ellos se disputan la titularidad del poder, el mexicano común está preocupado por las adversas condiciones (sociales, económicas, de seguridad, etcétera) en que sobrevive. Y los actuales aspirantes presidenciales, no son más que el reflejo de esta discordancia dolorosa que afecta hoy a nuestra maltrecha nación mexicana. Si aún creemos lo contrario, vayamos a los hechos duros para ver quién es más probable que esté equivocado.

El secretario Cordero Arroyo es un personaje que emergió de las filas de Acción Nacional, primero como empleado administrativo y ahora como potencial candidato presidencial. En sus haberes no se encuentran grandes logros políticos —rasgo que comparte con todos sus adversarios—, ni es parte de una generación parteaguas de la vida pública mexicana, y ni siquiera ha demostrado tener sensibilidad y cercanía con los problemas más sentidos de la ciudadanía.

En realidad, el asegurar que una familia mexicana puede sobrevivir mensualmente con un salario de seis mil pesos, y con él enviar a sus hijos a escuela particular, y pagar créditos hipotecarios y automotrices; o decir que México ha dejado de ser una nación en la que predomina la pobreza, no sólo son desatinos de un supuesto político de altos vuelos, sino también demostraciones fehacientes de que ese hombre, que aspira a gobernar a la nación, en realidad no sabe las condiciones en que ésta sobrevive.

Ésta, incluso, bien podría ser una versión moderna de la frase malamente atribuida a la reina María Antonieta de Francia, a quien se le señala por haber dicho “que coman pasteles”, cuando el pueblo francés fue al Palacio de Versalles a encarar a su esposo, el rey Luis XVI, ante la falta de harina y trigo para preparar pan.

No obstante, eso no parece ser lo peor de nuestra historia actual como nación. El problema de fondo no es la insensibilidad o la falta de méritos del secretario Cordero Arroyo respecto al interés de la mayoría, como para ser candidato presidencial. No. El problema, en el fondo, es que perfiles como el suyo (insensibles, despreocupados por el interés de la mayoría, defensores de las cúpulas, dispuestos a castigar a los más en pro de los menos, etcétera) son los predominantes en una nación que está urgida de liderazgos reales que nos hagan retornar a los postulados sociales que le dieron origen y sentido a nuestra nación.

¿Y LOS LÍDERES?

Hoy abundan los líderes políticos dispuestos a dizque defender el interés de la mayoría, sólo descalificando las acciones o los dichos de sus oponentes, y siendo totalmente acríticos y solapadotes de las acciones incorrectas —o francamente dañinas para el país— que se cometen desde sus propias trincheras partidistas. Tenemos, pues, un escenario plagados de buenos y malos, que pretenden creer, y hacernos creer, que denostando al Presidente, al PAN, al PRI o al partido o fuerza política que sea, se construye algo mejor que lo que tenemos.

Eso parece francamente abominable. El país ha decrecido dolorosamente para la mayoría, en aras de que los grandes intereses del capital o la política sigan teniendo sustancia para continuar hablando de la democracia, de la estabilidad macroeconómica o del “crecimiento” nacional. Nunca como ahora había habido tanta pobreza en nuestro México, ni tanta desigualdad, ni tanto desinterés de los hombres de la vida pública… por atender los problemas públicos.

Eso, que parece horrible, en realidad lo es. ¿Qué mérito, más allá de las estructuras partidistas o de la simple detentación del poder, tienen políticos como los que ahora nos gobiernan, o pretenden gobernarnos? ¿Qué gran obra, acción social o legado tienen en sus haberes, como para poder argumentar seriamente que son lo que el país necesita? ¿Qué tan bueno ha hecho el gobernador Enrique Peña Nieto —además de salir un día, y los demás también, en las pantallas de televisión—, como para pretender ser el Presidente de México?

En realidad, nos guste o no, quien tiene un mayor mérito de todos en el depósito de la confianza ciudadana, es Andrés Manuel López Obrador, en quien sí creyeron 15 millones de mexicanos que ya votaron por él. Sin embargo, y siendo críticos hasta con el ala crítica, ¿qué transformación sustancial se vio, del territorio que él ha gobernado, luego de su paso por el servicio público?

Queda claro que los hombres del poder, debían comenzar a discutir, y proponer soluciones, a los temas que verdaderamente preocupan a quienes habitamos este país. Debíamos dejar de considerar que con “estructuras electorales” se gana, y ya (y ganan ellos, no nosotros), para comenzar a exigirles que ellos discutan y solucionen los problemas públicos que nos aquejan a todos, y que al menos con eso demuestren que en realidad son los representantes de esta población que sigue votando, creyendo y dejándose gobernar —por políticos que no los representan—, aunque no obtiene respuestas.

CAMBIO DE ACTITUD

Debíamos comenzar a ser más críticos, y más honestos con nosotros mismos, para expresar lo que verdaderamente sentimos y esperamos de nuestra vida pública. La verdad, es lo de menos que gane quien sea la Presidencia, si los problemas que nos aquejan van a seguir ahí sin resolverse. Los mexicanos debíamos exigir atención, propuestas reales y acción de nuestra clase política. Quizá, al menos así, lograríamos cambiar este doloroso inmovilismo, que tanto daño le hace a nuestro país.

­+ Justicia local: la reforma reciente está incompleta

El de la protección de los Derechos Humanos, sigue siendo un tema actual y cambiante en Oaxaca y en el país. Mientras aquí, con la reciente reforma constitucional se incluyó un instrumento importante para garantizar su tutela, a nivel nacional se encuentra en proceso de aprobación, por parte de los Congresos locales, una de las reformas más importantes en esta materia, que ha tenido la Constitución federal desde su promulgación. Aunque pareciera un tema lejano a nuestra cotidianidad, en realidad deberíamos poner mayor atención a los cambios constitucionales ya concretados, y los otros que están pendientes de hacer.

¿Qué se legisló en Oaxaca, en materia de Derechos Humanos, como parte de la reforma constitucional aprobada en el mes de abril pasado? Que, entre otras cosas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuviera la atribución de conocer de un Juicio de Protección de los Derechos Humanos, hasta ahora inexistente en nuestra entidad.

¿Qué características y procedencia tiene este procedimiento? En términos sencillos, éste novedoso instrumento legal tiene como punto de partida la emisión de una recomendación por parte de la también recién creada Comisión para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Así, ante el incumplimiento de la resolución no vinculatoria del órgano autónomo encargado de proteger los derechos de las personas por parte de la autoridad señalada como responsable, el o los particulares agraviados tienen ahora la posibilidad de acudir ante el Poder Judicial del Estado para substanciar, a través del camino antes señalado, un proceso para que esa recomendación se cumpla.

Ahora bien, cabe también preguntarnos: ¿qué ocurre respecto a la reforma constitucional federal en materia de derechos humanos, que está en vías de concretarse? Bien, pues ésta modificación lo que plantea es un cambio sustancial en cuanto al reconocimiento no sólo de las garantías individuales que expresamente otorga la Constitución federal, sino de todos los derechos humanos establecidos en los diferentes órdenes legales que asimismo reconoce nuestra Carta Fundamental.

Así, no sólo quedarían reconocidos los derechos manifiestos en la Constitución, sino también los contenidos en instrumentos internacionales. E incluso, en el caso del Juicio de Amparo, a éste también se podría recurrir para salvaguardar derechos colectivos siempre que con ellos se afecte la esfera jurídica de quienes recurren al llamado “juicio de garantías” —cuestión que hasta ahora no puede ser recurrida de acuerdo con las normas vigentes.

A grandes rasgos, ese es el panorama de los cambios que han sufrido, o que están sufriendo las respectivas Cartas Fundamentales en materia de protección y reconocimiento de los derechos humanos. Frente a ello, habría primero que preguntarnos si con esas reformas podríamos tener un marco jurídico acabado, o si son necesarios más ajustes para hacerlo verdaderamente vanguardista. Incluso, tendríamos también que preguntarnos, y respondernos, si verdaderamente estos cambios satisfacen la demanda de protección a las garantías y derechos, o si sólo son cambios cosméticos que podrían generar más burocracia, pero no mayor nivel efectivo de los fines que se propusieron.

ANÁLISIS CRÍTICO

Frente a todo eso, un novedoso estudio académico, realizado por los abogados Liliana Sánchez Toledo y Gerald García Báez, establece algunas coordenadas clave para comprender, particularmente, el contenido y alcance reales de lo relativo a la protección de los derechos humanos, en la reforma constitucional recién ocurrida en Oaxaca. Partiendo del análisis crítico, llegan a algunas conclusiones interesantes que bien debieran ser consideradas por el Congreso del Estado, para continuar la ruta de las reformas que generen cambios efectivos en esta materia.

En el primero de los puntos, señalan que “a pesar de instaurar el juicio de protección de los derechos humanos (…) como medio directo de control constitucional, y en base al artículo 4° de la Constitución, en el cual nos señala que la autoridad debe velar por el cumplimiento de estos derechos, resulta refutable, ya que el acceso a dicho juicio es de manera indirecta, cuando la Defensoría de Derechos Humanos haga una recomendación. Lo correcto y objeto del control constitucional es acudir a un medio expreso y directo que protegiere la eficacia de todo derecho fundamental consagrado en sus Constituciones.

“Otro punto que resulta importante mencionar es que no erradicamos el centralismo que se ha suscitado hasta nuestros días con el juicio de amparo, sino que por el contrario, al ser los derechos humanos que reconoce la Constitución local, los mismos que se reconocen en la reforma de la constitución federal, orilla a las personas a alternarse entre el juicio local o no tomarlo en cuenta, para acudir directamente al federal, lo cual no cumple con el propósito de control local.”

Todo esto, además de que el Juicio de Protección de los Derechos Humanos es improcedente contra actos administrativos o jurisdiccionales que transgredan la esfera jurídica de las personas, provocando que con esto, de nuevo se opte por el amparo federal, y no por los instrumentos de protección que ofrece la justicia local.

¿Qué hacer ante ello? Pues bien, los abogados Sánchez Toledo y García Báez presentaron al Congreso del Estado una propuesta de reforma para armonizar el Juicio de Protección de los Derechos Humanos existente en el marco jurídico local, con las reformas que están ocurriendo ahora mismo en el ámbito federal.

De este modo, aseguran, se ensancharía el campo de acción de la justicia estatal, se brindarían al particular mejores instrumentos de defensa, y se promovería un verdadero proceso de desconcentración en cuanto a la protección de los derechos humanos, que ahora sólo se encuentra en manos del Poder Judicial de la Federación.

INTOLERANCIA

La Sección 22 del SNTE exige que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca desconozca a la Sección 59, y los expulse de todos los centros educativos en donde éstos laboran. ¿Esto no debería hacerse en base a los resultados que entregan a la educación y a la sociedad oaxaqueña? Nadie sabe en realidad, si la 59 hace mejor su trabajo que la 22. No obstante, queda claro que con el hecho de no parar labores, ya llevan ventaja. ¿Es tanta su intolerancia? ¿O es que hasta en eso los satisfará el gobierno estatal?

+ Civiles somos más: ¿Nadie se da cuenta de ello?

Qué grave resulta una sociedad como la nuestra, en la que ciertos grupos medianamente organizados deciden afectar los derechos colectivos cada que lo desean; en la que el gobierno se ve rebasado en su capacidad de responder y de garantizar el imperio de la legalidad; y en la que los ciudadanos —usted y yo— siempre nos cruzamos de brazos asegurando que nada podemos hacer al respecto, y justificando nuestra parsimonia en el oscuro argumento de que “el gobierno es responsable de todo”. ¿Qué nadie —nosotros mismos, incluidos— se da cuenta que los ciudadanos podríamos hacer e incidir en mucho, por el simple hecho de que somos más?

Hoy podemos ver claramente que la nuestra es una sociedad fundamentalmente construida a partir de la evasión y el autoengaño. De evasión porque todos tratamos de ver en los demás, los problemas públicos que también son de nosotros. Y de autoengaño, porque queda claro que buena parte de los problemas y conflictos que nos aquejan, nacen de planteamientos que todos sabemos que son erróneos o absurdamente falaces, pero todos decidimos asumirlos como ciertos. Veamos si no.

Hoy mismo se desarrolla una andanada de protestas por parte de los integrantes de la Sección 22 del SNTE. A este grupo, tanto el Gobierno del Estado, como el federal, ya les dieron todo lo que merecían, y también todos los recursos que exigieron por la vía del capricho o el chantaje. Sólo en 2011, el magisterio oaxaqueño recibió, además del incremento salarial otorgado por el gobierno federal, más de mil 600 millones de pesos adicionales en prestaciones y beneficios sociales.

¿Cuál es el argumento para justificar la entrega de esta abultada cifra? Que los maestros de Oaxaca merecen mejores condiciones de trabajo; que éste es un acto de justicia para ellos; que el Estado debe canalizar mayores recursos económicos a la educación; y que, estos son objetivos planteados por un sindicato fuerte, como lo es el del profesorado oaxaqueño.

Por parte del gobierno, las justificaciones se encuentran en la misma vía: esencialmente, la administración estatal dice que todo esto lo hace como parte de su deber de dar respuesta a las exigencias magisteriales. Y en el fondo también acepta que otorga todos esos recursos a cambio de preservar la paz social en la entidad. Éstas, y las del magisterio, sin embargo, no son sólo más que justificaciones que, en rigor, no superarían ninguna prueba de honestidad moral y política. ¿Por qué?

Porque, en realidad, la lucha magisterial hoy nada tiene que ver con sus planteamientos originales. Ellos van por los recursos y la desestabilización. Cada año. Y también, en ese mismo lapso, el gobierno hace esfuerzos extraordinarios por entregar recursos a cambio de no ver boicoteados sus planes e intenciones de gobernar.

A nadie de ellos le importa que los incrementos salariales de los mentores sean a cambio de nada; que éste sea un abierto chantaje; que, además, la negociación magisterial constituya un asalto a las arcas estatales; y que el gobierno entregue todos los recursos no por convicción, sino por miedo a las agitaciones y disturbios que aquéllos son capaces de provocar. Es decir, que unos y otros se engañan y se autoengañan, para no asumir la responsabilidad del daño abominable que año con año se comete al satisfacer a un gremio insaciable como lo es la Sección 22 del SNTE.

¿Y LOS CIUDADANOS?

Las distintas esferas de gobierno en Oaxaca, le tienen pavor a los profesores de la Sección 22, porque éstos son 77 hombres y mujeres perfectamente disciplinados, que están dispuestos a hacer —tampoco por convicción, sino también por miedo a la reprimenda— lo que les mande su dirigencia sindical.

Por su parte, cuando el gobierno ve que el conflicto comienza a escalar a cierto nivel, saca a relucir la posibilidad en el uso de la fuerza. Deja ver, pues, que ante el agotamiento de la vía política y de diálogo con sus contrapartes, éste puede hacer valer “el Estado de Derecho” a través de la fuerza pública. No obstante, queda claro que ni la fuerza de unos, y mucho menos la de los otros, puede ser capaz de solucionar ese conflicto que está generando incertidumbre y problemas a los ciudadanos.

Frente a todo eso, ¿Cuándo entenderemos, los que nada tenernos que ver ni con unos ni con otros, que finalmente nosotros mismos podríamos hacer mucho, porque somos más que unos y otros? Los oaxaqueños debíamos comenzar a deshacernos de esa idea tonta y maniquea de que los disturbios los provoca sólo la 22, y las soluciones fallidas son responsabilidad del gobierno estatal, únicamente. En todo caso, a través de esos argumentos justificamos únicamente nuestra inacción y parsimonia. Pero en realidad nada hacemos para contribuir —de la forma que sea— a solucionar un conflicto que, en última instancia, es responsabilidad de todos.

Por eso, los diversos sectores de la sociedad debían ya dejar de quejarse, y hacer algo más. Debíamos comenzar a exigir compromiso, a exigir seriedad y apertura en los arreglos cupulares que se hacen desde el poder; debíamos comenzar a exigir, con verdadero rigor, que los maestros hagan lo que quieran con su sindicato, pero que verdaderamente se comprometan con la función educativa para la que según fueron preparados y después contratados.

La sociedad oaxaqueña debía comenzar también a sentirse inconforme con lo que es. A dejar de sentirse una pobre víctima, y comenzar a actuar como gente adulta y civilizada, que sabe qué es lo que quiere para el presente y su futuro. Debíamos dejar de aplicarnos esos analgésicos que únicamente nos hacen pensar que todos son responsables menos nosotros.

En la medida que tomemos conciencia de que podemos ir mucho más lejos, también podremos ir descubriendo que exigir no es malo, como tampoco lo es conformarse, y mucho menos indignarse. ¿A quién no le molesta que la educación pública en Oaxaca sea pésima? A todos. ¿Y por qué nadie hace nada? Del mismo modo: ¿A quién no le molestan los paros, plantones y “medidas de presión” de la 22? ¿Hacemos algo? ¿No? ¿Y entonces, por qué nos sentimos con calidad moral para quejarnos? …

EL MUNDO, ¿APARTE?

Stéphane Hessel, un hombre de más de 90 años de edad, en un texto denominado “¡Indignáos!” estableció los ejes de la resistencia de miles de jóvenes que, en varios países de Europa protestan contra las adversidades propias de nuestro tiempo. Nosotros no deberíamos ser ajenos a ello. Indignémonos por lo que aquí mismo ocurre. ¿Es demasiado pedir?