+ Actos ilegales y excesos: constante de autoridades

Desde que la diputada Eufrosina Cruz Mendoza llegó al Congreso del Estado, trató de poner a debate no sólo la estructuración, sino también la permanencia del reconocimiento de los usos y costumbres, como forma de determinación política de más de cuatrocientas comunidades indígenas en Oaxaca.

La legisladora local, icónica por el abuso de que fue objeto al no dejársele participar en la elección de autoridad municipal en su natal Quiegolani, ha sacado a la luz sólo una vertiente —la política— de las desviaciones prácticas que actualmente presenta ese sistema. Y aún cuando son visibles y perceptibles muchos otros abusos cometidos por las autoridades municipales directamente contra los particulares, en nombre de los usos y costumbres, parece que existe un temor o resistencia profunda a señalarlos tan sonoramente, como debía hacerse.

Un ejemplo de ello, que además impacta en la posibilidad de desarrollo económico de las comunidades y del Estado, es lo que ocurre entre una empresa privada y la autoridad municipal de Rojas de Cuauhtémoc, en el distrito de Tlacolula. Éste caso, apenas alcanza a ser uno de muchos otros que ahora mismo ocurren en territorio oaxaqueño. ¿De qué hablamos?

El pasado 26 de febrero, la empresa Procesadora de Pétreos Abasolo S.A., localizada en el ejido de Santa Rosa Buenavista, municipio de San Sebastián Abasolo, hizo pública en TIEMPO una relación de hechos, en la que se ha visto involucrada con la autoridad municipal de Rojas de Cuauhtémoc.

A grandes rasgos, lo que ha ocurrido es que el edil de esa comunidad, Felipe Díaz Romero, y sus antecesores, determinaron cobrar “derecho de peaje” a la empresa, para permitir que los camiones que transportan el producto que comercializa la Procesadora, puedan circular a través de la comunidad. El asunto se vuelve vital, porque en Rojas de Cuauhtémoc se encuentra la única vía de acceso al sitito donde se encuentran las instalaciones de esa empresa.

Este asunto va más allá de un simple lío entre particulares. Además de que el cobro por derecho de paso en vías federales está expresamente prohibido para cualquier persona, esto resulta mucho más grave cuando quien realiza tal conducta es una autoridad. Y es claro que para ninguna empresa seria, es atractivo asentarse en sitios en donde lejos de facilitarles el desarrollo económico, se le ponen todo tipo de trabas, que luego se convierten en abiertos actos de extorsión.

En este caso en particular, sin ningún rubor, el edil de Rojas de Cuauhtémoc, Felipe Díaz Romero, no sólo reconoció cobrar “peaje” a esa empresa, sino que, por acuerdos de la Asamblea Comunitaria, lo hace con los vehículos de todas las empresas que comercializan productos en esa comunidad.

Así, en nombre de los usos y costumbres, pasa por alto las garantías otorgadas por la Constitución a los particulares, hace pedazos los límites que tienen impuestas las autoridades municipales para el ejercicio de sus funciones, y además establece un discurso alarmante que debería escandalizar tanto a los ámbitos de gobierno, como a una sociedad oaxaqueña que, por mucho, se dice democrática.

ABUSOS E ILEGALIDAD

En una entrevista concedida a un portal electrónico, publicada el pasado viernes, el edil Díaz Romero reconocía abiertamente la existencia de un “convenio”, a través del cual la empresa comercializadora de material pétreo, se obligaba a pagar la cantidad de 15 mil pesos por “peaje”.

Aseguraba que al fenecer dicho acuerdo, la asamblea comunitaria decidió que para dejar pasar a los camiones, el cobro mensual ascendiera a 25 mil pesos, además de la reparación de algunos puentes.

Y por si fuera poco, el Munícipe de Rojas de Cuauhtémoc aseguraba que “Solo (sic) cobran un impuesto a los vendedores que llegan al pueblo, a las gaseras, y los recursos que se capten no serán para la tesorería municipal sino se entregarán íntegros para las escuelas del pueblo porque no se tiene recursos para darles mantenimiento.”

Esto debía ser inconcebible para una entidad federativa en la que se supone que prevalece el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, en primer término, el artículo 11 de la Constitución General de la República establece el derecho de libre tránsito de las personas.

Además, porque el numeral 117, fracción III, de ese mismo Ordenamiento establece que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, “gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio”. Interpretando en sentido contrario ese precepto, frente al principio general del derecho que establece que “quien puede lo más, puede lo menos”, podemos entender que si esto se encuentra prohibido para las entidades federativas, también lo está para los municipios.

Y por si algo faltara, una razón más: un cobro de este tipo, para ser constitucional y legal, debe estar contemplado en la Ley de Ingresos Municipal correspondiente. Frente a ello, ¿el Congreso del Estado habrá tenido la osadía de autorizar un impuesto derivado de una conducta como el libre tránsito, que ninguna autoridad municipal o estatal puede prohibir, y ni siquiera regular?

Pero además: ¿El Congreso es copartícipe de estas flagrantes violaciones al orden constitucional federal? ¿O simplemente desconoce que este tipo de conductas a todas luces ilegales, se repiten en innumerables comunidades oaxaqueñas y se convalidan por los “acuerdos de asamblea” a los que llegan las autoridades en nombre y manipulación de los usos y costumbres?

Aspectos como estos, que ocurren a diario pero a los que nadie parece poner atención, hacen impresentables a muchísimas comunidades oaxaqueñas, como sitios en los que se pueden desarrollar nuevas empresas. ¿Cómo pretenden detonar el desarrollo, si lejos de facilitar el comercio, se establecen este tipo de trabas prohibidas por la ley?

ABUSOS Y COSTUMBRES

Por todo eso, es claro que más allá de la vertiente política, los verdaderos abusos que se dan a partir del costumbrismo, se encuentran en su relación con los particulares. ¿Qué nadie le pondrá un alto al edil Díaz Romero, para que cese en sus conductas contrarias a la ley? ¿Y qué los particulares que son objeto de ese tipo de abusos, seguirán quedándose callados frente a estos aberrantes actos que sobrepasan cualquier ley, orden y supremacía de las leyes constitucionales? Esto es lo que debían atender con urgencia, tanto desde el Congreso local, como desde el Gobierno del Estado. ¿O qué la autoridad no existe?

+ ¿Quién respaldaba realmente a maestros en 2006?

Ayer, en un artículo publicado en el periódico El Universal, de la Ciudad de México, la periodista Denise Maerker trataba de demostrar que las manifestaciones magisteriales en contra del gobernador Gabino Cué, hoy tienen un efecto distinto al que en su momento tuvieron con su antecesor, Ulises Ruiz. ¿Es esto cierto?

Maerker inicia asegurando que “quienes piensan que pueden actuar igual frente a Gabino Cué como lo hicieron con Ulises Ruiz están equivocados”. Y, refiriéndose particularmente a la Sección 22 del SNTE, a los hechos del pasado 15 de febrero, y al condicionamiento lanzado al gobernador Cué, señala que:

“En Oaxaca hay varios grupos que parecen estar en esa situación. Actúan como siempre, presionan como siempre y quieren lo de siempre. El problema es que sí ha habido cambios y no son menores: ya no gobiernan los mismos y sobre el nuevo gobierno pesan expectativas muy distintas. A Gabino Cué Monteagudo lo observan, lo apoyan y le exigen grupos muy diversos y opuestos a los que respaldaban a Ulises Ruiz Ortiz…

“Entonces, cuando un grupo de maestros de la sección 22 —está probado que fueron ellos— se lanza violentamente contra la Policía Federal y denuncia represión, no es tan fácil que reciban el apoyo ni el beneficio de la duda de amplios sectores de la sociedad oaxaqueña y nacional como hace cinco años; todo lo contrario, despiertan una inmediata desconfianza. No es lo mismo rebelarse contra un gobierno que torpemente intentó por la fuerza desalojarlos del centro de Oaxaca, como lo hizo Ulises Ruiz el 14 de junio de 2006, que hacerlo contra un gobierno recién electo, que no ha hecho nada en su contra y que goza de una legitimidad excepcional porque derrotó, gracias a una gran alianza, a quienes detentaban el poder desde hacía décadas.”

Maerker asegura que frente a los hechos del 15 de febrero, y la molestia y los amagues de la Sección 22 al gobierno de Cué, “sabiamente” la mayoría en la Asamblea Estatal de la 22 decidió “enfriar” la situación, antes que seguir el plan de acción que proponía el secretario General, Azael Santiago Chepi, para hacer bloqueos, paros y cerrar carreteras en presión al Gobierno del Estado.

Señalaba que el único punto que prevaleció, fue el exigir la renuncia de Irma Piñeyro y Bernardo Vásquez Guzmán, por ser cercanos a la profesora Elba Esther Gordillo. Y que, en el fondo, estos movimientos tendían no a presionar al gobernador Cué, sino a reforzar el control económico que la 22 ejerce sobre el sector educativo en Oaxaca.

Pareciera que más que analizar una situación delicada y tan llena de aristas como la que prevalece en Oaxaca, lo que Maerker pretendía era “apartar” al gobierno de Oaxaca de la percepción de que el magisterio lo puso contra la pared.

No se equivoca cuando dice que los equilibrios de fuerzas son distintos, que la imagen y el grado de legitimidad del gobernador Cué nada tienen que ver con los de su antecesor, y que incluso ciertas prácticas en el poder son distintas.

Sin embargo, es claro que ni entiende por completo la lógica de la Sección 22, ni tampoco toma en cuenta algunos de los factores que verdaderamente fueron el detonador del conflicto magisterial vivido aquí hace casi cinco años.

¿APOYO POPULAR?

Para todo aquel que vive y conoce Oaxaca, está claro que si existe aquí un factor de poder que nunca considera, ni tiene sensibilidad alguna respecto a lo que la sociedad opina de ellos, ese es la Sección 22 del SNTE.

En razón de ello, queda claro que antes y ahora sus acciones han sido abiertas. Y que aún en contra de lo que se pretende justificar, la 22 nunca necesita ni aparentar ni tomar acciones desesperadas para mantener el control de sus trabajadores, que ejerce plenamente a pesar de todos sus adversarios políticos en Oaxaca y el país.

En un primer momento, es claro que la exigencia de renuncia no de dos, sino de cuatro funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado, por donde le vea constituye un golpe certero a la estabilidad y la autoridad de cualquier régimen, y que es una demostración implacable del grado de influencia que puede llegar a manifestar un poder fáctico como en Oaxaca lo es la Sección 22.

Contrario a la percepción, la 22 sí puso al gobierno estatal contra la pared, porque un resolutivo de su Asamblea Estatal adquiere, por esa sola razón, la calidad de irrenunciable e innegociable. Es decir, que la renuncia de Piñeyro, Vásquez, Marco Tulio López y Benjamín Robles, ya no están, ni estarán, sujetas a negociación. Y llegado el momento, el magisterio hará todo lo necesario para hacer valer dicho acuerdo. Si ese no es un golpe brutal para cualquier gobierno —aún un ampliamente legitimado como el del gobernador Cué—, entonces no sabremos qué tendría que ocurrir para de verdad tambalearlo.

Pero además, en lo relativo al respaldo social, es claro que ese y otros análisis omiten innumerables elementos que desencadenaron la crisis magisterial hace cinco años. Es cierto que en 2006 la decisión del desalojo tomada por Ulises Ruiz fue torpe y mal planeada. Pero también es cierto que el conflicto alcanzó magnitudes alarmantes, sólo cuando inconscientemente la sociedad oaxaqueña fue involucrada a través de la manipulación propalada desde las estaciones de radio ocupadas por el magisterio, por los amplios espacios dados por ciertos medios informativos, y por todos los factores políticos, económicos y sociales que en ese momento se conjuntaron tanto para reforzar los objetivos de la 22, como para destruir al rancio grupo priista que entonces gobernaba.

¿QUIÉN CAMBIÓ?

En realidad, antes como ahora, el grueso de la sociedad oaxaqueña no ha visto con buenos ojos las acciones del magisterio. Su radicalismo ha provocado incuantificables quebrantos económicos, rezago educativo, violencia e inestabilidad. Y todas esas facturas las ha pagado, siempre, la sociedad. Más bien, lo que ha cambiado es el partido y las personas que detentan el poder. Antes, cuando el impresentable Ulises Ruiz era gobernador, para amplios sectores de la llamada “prensa nacional” la lucha magisterial era justa y tenía total respaldo social. Sólo que ahora, cuando la circunstancia política es distinta, pero la lucha magisterial es la misma de siempre, entonces sí deciden poner en entredicho la legitimidad de las causas, el respaldo de la sociedad oaxaqueña, e incluso los intereses de fondo por los que luchan. Está claro, pues, qué cambió y qué no en Oaxaca.

+ SSPE, debe adecuarse a las circunstancias

Como si fuera una reedición del pasado, la actual administración del Gobierno del Estado está cometiendo los mismos errores de sus antecesores, al plantear los esquemas de seguridad pública. Así como ocurrió en el pasado, hoy el Ejecutivo estatal actúa en ese rubro en base a criterios eminentemente políticos, y no a las necesidades reales de la entidad en esa materia.

¿Por qué decir que todo esto parece una reedición del pasado? Porque hace seis años, cuando se renovó la administración estatal y Ulises Ruiz asumió la gubernatura, decidió los nombramientos de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, y de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, en base a criterios políticos. Hoy ocurre exactamente lo mismo.

¿Qué pasó entonces? Hace seis años, el recién asumido gobernador Ruiz decidió sostener a los mandos policiacos estatales (José Manuel Vera Salinas, Manuel Moreno Rivas y Aristeo López Martínez, principalmente) en las tareas operativas tanto del gobierno estatal, como del municipal de Oaxaca de Juárez que en aquellos momentos también se encontraba en manos de priistas.

Fue visible que esa decisión, junto con el nombramiento de Juan José González Davar al frente de la Seproci, fue tomada con fundamentos puramente políticos. La permanencia en el cargo de los mandos operativos, era parte del pago de favores que el gobernador Ruiz hacía al grupo político que lo impulsó para la gubernatura.

Y el nombramiento de González Davar en la Seproci, en realidad obedecía al otro criterio que reinó en la pasada administración —también ajeno a las razones prácticas y de operatividad—, respecto a que para ostentar un cargo de primer nivel, era más fuerte la inercia de ser amigo cercano del Gobernador, que ser un experto en las tareas públicas que se encomendaban.

Así fue como quedó integrado, inicialmente, el grupo que tenía a su cargo las tareas de la seguridad pública hace seis años. Unos por pago de compromisos políticos, otros por vínculos de amistad, e incluso por las decisiones arbitrarias de quienes fueron los beneficiarios de la delegación del poder (esto último, por el nombramiento de Alma López en Seproci, que impulsó Jorge Franco cuando apenas cumplía un año la administración de Ruiz), lo cierto es que nadie era verdaderamente experto y conocedor de los retos que estaban por venir. Y el costo que pagó Oaxaca por eso, fue extremadamente alto.

¿Qué ocurría? Que todos esos personajes, estaban acostumbrados a ver la función de seguridad como parte de una tarea política. Oaxaca entonces no tenía problemas graves de inseguridad, y tampoco conocía la beligerancia de grupos radicales. Así, los policías se dedicaban no sólo a preservar el orden, sino también a vigilar, a espiar, a obtener información y a ser sombra de personajes cómodos o incómodos para el régimen. Pero, a la luz de los hechos, nadie estaba preparado para el 2006.

En efecto, si en aquel año el conflicto magisterial tuvo un punto de inflexión, éste ocurrió cuando los mandos policiacos actuaron erróneamente, y esto se combinó con las deficiencias y los errores de cálculo y visión de los operadores políticos del gobierno estatal.

El desalojo fallido, en particular, fue lo que le dio a aquella administración estatal la pauta para regresar a la escena, a aquellos mandos policiacos que en otros tiempos trajeron a raya los movimientos sociales y estudiantiles de los años setentas y ochentas. Esa fue la razón por la que fueron traídos a la escena, personajes como Pedro Ismael Díaz Laredo, o Daniel Camarena Flores.

Luego, ante los duros cuestionamientos por los abusos policiacos ocurrieron nombramientos de “defensores de los derechos humanos”, como Sergio Segreste Ríos y Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Y fueron no decisiones políticas, sino pragmáticas —por la explosión de inseguridad en que se vio inmersa Oaxaca a partir de 2008—, las que orillaron al gobierno estatal a contratar los servicios del vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, junto con la llegada de “los chilangos” Javier Rueda Velázquez, Alan Peña y Jorge Alberto Quezadas Jiménez.

EL MISMO CAMINO

Dicho recuento parecería hasta ocioso, si no fuera porque parece que ahí están, perfectamente visibles, las huellas de las decisiones que está tomando, y que tomará, el gobierno de Gabino Cué respecto a la seguridad pública.

Hoy, como en el pasado, sus decisiones están encaminadas a satisfacer intereses políticos. Pero eso, seguramente, cambiará con las circunstancias. Y ojalá que para entender eso, no tenga que pagar un costo tan alto como el que pagaron sus antecesores, y el pueblo de Oaxaca, con hechos como el del 2006, y la ola de ejecuciones y presencia criminal, que ocurrió aquí en los dos años siguientes al conflicto magisterial.

El secretario Marco Tulio López Escamilla, tiene tatuado el nombre de Roberto Pedro Martínez Ortiz desde el ángulo en que se le vea. La decisión de nombrarlo a él, fue una de las varias recomendaciones que hizo al gobernador Cué el ex Procurador de Justicia en los tiempos del gobernador Diódoro Carrasco, y que tiene que ver, más que con un tema de eficiencia y conocimiento de esa labor, con un simple pago de cuotas.

López Escamilla ya demostró que no es diestro en conocimientos respecto a lo que necesita Oaxaca. ¿Qué necesita? Nuestra entidad requiere de una policía capacitada para enfrentar no sólo los retos naturales de la seguridad pública frente al crimen organizado, sino también para poder hacer frente de manera eficaz a las agitaciones sociales que aquí ocurren con recurrencia.

Hasta ahora, parece haber quedado claro que eso último no es una de las fortalezas de los actuales mandos. Y sobre el combate a la delincuencia, también está en entredicho frente a los delitos de alto impacto que se han cometido en las últimas semanas.

¿Tendrá el gobierno de Oaxaca que resentir lecciones graves —como fue en el pasado— para aprender que la seguridad pública no es un tema político, sino de operatividad? ¿Se tomarán decisiones oportunas? Ojalá que no pretendan seguir los pasos de sus antecesores, porque ello equivaldría a tapar el pozo sólo después de que apareció el niño ahogado.

¿INNOVACIÓN?

Por cierto, anuncian como un descubrimiento la elaboración de una Ley para el Uso Racional de la Fuerza. ¿Sabrán en el gobierno estatal que dicho esquema ya se encuentra en el Programa Preliminar de Gobierno, y que además esa es ya una propuesta harto perfeccionada? No saben. O no quieren reconocerlo.

+ Oaxaca: enfrentamiento opacó a buenas noticias

Esencialmente, el diferendo entre los gobiernos de México y Francia se ha apreciado no a partir de la verdadera diplomacia, sino sólo a la luz del procedimiento judicial a través del cual la ciudadana francesa Florence Cassez fue condenada a 60 años de prisión, tras probársele la acusación de haber participado en varios secuestros.

Esa vertiente, que no parece ser sino una pedestre demostración de indolencia de ambos gobiernos por los temas verdaderamente importantes que les debían interesar, eclipsó por completo la posibilidad de ver todo lo bueno que encerraba una relación bilateral tan añeja como la de ambos países, y sobre todo la posibilidad de abrir mayores espacios al enorme potencial y riqueza artística que particularmente tiene México. Lo que quedó en medio, y que a nadie parece interesar, es la cancelación del Año de México en Francia.

¿Y qué era —porque ayer viernes fue cancelado definitivamente todo el calendario de eventos por parte del gobierno francés— El Año de México en Francia? Era, en términos generales, un conjunto de actividades culturales tendientes a promover la cultura y las artes mexicanas en aquella nación. Eran, en total, más de 500 eventos y exposiciones distintas las que, a lo largo de un año, se celebrarían en aquel país, y que fueron puestas en la piedra de los sacrificios por un asunto ciertamente tan estruendoso, pero en el fondo tan inicuo e intrascendente, como el de Florence Cassez.

En este sentido, son implacables las palabras de nuestro compatriota escritor Alberto Ruy Sánchez, quien hace una serie de señalamientos que ponen en su verdadera dimensión las decisiones bravuconas tanto del gobierno francés, como los despropósitos del gobierno mexicano, que decidió atajarse a sí mismo dando todas las pautas para sacrificar lo más, en aras de lo menos.

En un texto titulado “La flaqueza mexicana frente a Francia”, publicado el pasado 15 de febrero en El Semanario, el escritor señalaba que: “En lo que toca al caso Cassez, ya se ha dicho: el hecho conocido y reconocido de que el proceso judicial se documentó mal y se escenificó después para las cámaras no produce automáticamente la inocencia de la Cassez del delito de cómplice de los secuestros. En otras legislaciones, y notablemente en la francesa, un error de procedimiento obliga a liberar al inculpado. No así en México donde, además, tres instancias de jueces la han vuelto a inculpar. El gesto desatinado de Sarkozy no la exonera. Son bravatas. Pero si eso no la hace inmediatamente inocente, de la misma manera no hace inocente al sistema judicial mexicano y su sistemática fabricación de culpables. Aquí hay dos juicios en curso, y el que nos muestra lo vicioso, enfermo y corrupto del sistema judicial mexicano es el caso de un inmenso culpable que no ha sido apresado y que sigue abusando de todos los mexicanos. El gobierno tendría que aceptarlo y actuar en consecuencia, no reformar sino revolucionar el sistema judicial en México, entre otras razones además de las de la justicia, para comenzar a ser verosímil ante sus gobernados y el público internacional.

“Víctimas de toda esta comedia de equívocos, bravuconadas, orgullos ofendidos y falta de respeto a cada país por sus propios gobernantes y los de enfrente no son la cultura o los artistas sino la gente que ama apasionadamente descubrir otras civilizaciones. Las personas que encuentran en las artes de diversos países una dimensión del sentido de sus vidas y que iban a descubrir que México es mucho, pero mucho más que la nota roja de la sección policiaca que monopoliza la atención actualmente. No podrán descubrirlo porque hay quienes piensan que toda esa gente iba sobre todo a escuchar a los políticos inaugurar muestras de arte.  A final de cuentas, la víctima principal es México en todas sus dimensiones. Incluyendo a la larga sus aguacates. Cancelar el año de México en Francia fue una muy mala decisión tomada con muchos gatos en la panza, sin lectura informativa y escasa reflexión, malos consejos y muy poca música de fondo.”

LA “DESGRACIA OAXACA”

Pero veamos el asunto en perspectiva. Podemos quejarnos airadamente de todo lo malo que ocurre por la cancelación de un conjunto tan importante de eventos como el Año de México en Francia, debido a un asunto que en el fondo es tan irrelevante como el de la francesa Cassez. Sin embargo, antes de acudir a esos ejemplos aparentemente tan elevados, deberíamos voltear a ver el caso Oaxaca.

El pasado martes nuestra entidad se convirtió en noticia nacional e internacional, no porque el Presidente de la República —Jefe de Gobierno, Jefe del Estado Mexicano— viniera a anunciar la aplicación de recursos federales extraordinarios por alrededor de mil millones de pesos, o porque en el marco de su visita se inauguró uno de los más avanzados y modernos campus universitarios que existen en el país, el cual se encuentra en la zona conurbada de la capital oaxaqueña, y que tiene el valor agregado de ser accesible para toda la población.

En efecto, un aspecto que pasó totalmente inadvertido ante el estruendo de la nota alarmista generada por el enfrentamiento entre profesores de la Sección 22 y elementos policiacos federales, y el pasmo del gobierno estatal ante tal eventualidad, fue la inauguración del campus Oaxaca de la Universidad La Salle, que fue construido en su totalidad y donado por la Fundación Alfredo Harp Helú, la cual además estableció un ambicioso programa de becas para hacer accesible los estudios universitarios a la población de escasos recursos.

Más allá del desprecio que inmerecidamente muchos le han profesado en Oaxaca a la fundación Harp, o de que muchos tengan la idea —errónea al menos en nuestro estado— de que La Salle es una institución inaccesible o prohibitiva para la mayoría de la población, lo cierto es que esa era la buena noticia para Oaxaca que nadie vio.

¿MEZQUINOS O CIEGOS?

Nunca, en ningún lugar del mundo, es una mala nueva la puesta en marcha de una escuela. Sería, además, una mezquindad menospreciar las inversiones que hacen particulares, y no el Estado, para mejorar las oportunidades de educación de calidad para las nuevas generaciones, que quizá ya no tengan que ir a otra entidad a recibir la instrucción que antes aquí estaba negada. De nuevo, esa fue la noticia que no se vio, por el estruendo de la nota roja, que lejos de construir, destruyó en sí misma todo lo que encontró a su paso.

+ Destituir a funcionarios: ¿cuándo y para qué?

Es claramente perceptible el escollo real que provocó la trifulca del martes entre elementos de la Policía Federal, y los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se enfrentaron con ellos, durante la visita del presidente Felipe Calderón Hinojosa a Oaxaca: lo que verdaderamente resultó golpeado, vapuleado y lesionado no fueron personas o policías, sino la legitimidad e imagen de “alianza democrática” que tenía el gobierno de Gabino Cué, justamente por su identidad con el magisterio oaxaqueño.

Sólo quienes no entienden la lógica del poder podría suponer que el enfrentamiento del pasado martes fue consecuencia de una confabulación. Esta apreciación peca de inexacta y aventurada, precisamente porque –como lo hemos asegurado en otros momentos– nadie en su sano juicio estaría dispuesto a darse un disparo en el pie, sólo para parecer muy templado y valiente. Más bien, todo parece ser consecuencia de una desafortunada imprudencia que, sin embargo, parece que tendrá altos costos, y retos, para el Gobierno de Oaxaca. ¿Por qué?

Porque dicho enfrentamiento va más allá de los solos abusos e intolerancia que demostraron las fuerzas federales al momento de actuar, o de la beligerancia o radicalismo de los profesores de la Sección 22. En el fondo, lo que resultó seriamente abollada es la imagen del Gobernador de Oaxaca, por haber desatado un conflicto con quienes se supone que eran uno de sus principales aliados, y precisamente por la misma razón que, en el pasado, hizo que el abuso de la fuerza se convirtiera en una de sus banderas más productivas de repudio.

En todo esto, la que sorprende no es la reacción de la Sección 22 ante los hechos, sino la del gobierno de Oaxaca. Primero, porque como fuerza del Estado debían saber elegir de mejor modo sus batallas y a sus adversarios, y no dilapidar capital político valioso en reyertas estériles que, como se ha visto, sólo le dejan ganancias a quienes tienen un mejor cálculo de ellas.

Segundo, porque asombra que los mandos policiacos estatales carecieran de la capacidad de interactuar con las fuerzas federales, y exigir que de la agresión inferida por el magisterio no se hiciera una batalla campal, como la que finalmente sucedió.

Incluso, llama la atención que ante la ausencia de un diagnóstico real que pudiera ser presentado ante la sociedad (que piensa y discierne, y que exige y necesita cuando menos una explicación) sobre lo ocurrido, el gobierno de Oaxaca haya optado por pedir disculpas y, al mismo tiempo, (¡también de manera sorprendente!) trataran de responsabilizar a la administración anterior por los hechos ocurridos a casi 80 días de iniciado el nuevo gobierno.

Dicha actitud pareciera revelar una ausencia total de estrategia para enfrentar este problema generado innecesaria e inoportunamente. En este sentido, la Sección 22 estableció como condiciones previas a la posibilidad de entablar diálogo, que el primer cuadro de la capital oaxaqueña no tuviera ocupación policiaca; y que pusiera en la mesa de diálogo, para iniciarlo, las destituciones de la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vásquez Guzmán, y del secretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla.

Ante ello, la gran incógnita es —no por hacer señalamientos infundados o gratuitos, sino por la ausencia de estrategia y rumbo político que es claramente perceptible en la administración estatal—, ¿cómo abordará el gobernador Gabino Cué el dilema de sostener los equilibrios de su equipo de trabajo, cómo podrá hacerlo más funcional; y, al mismo tiempo, cómo podrá combinar esos factores con la urgencia de funcionarios destituidos, que tiene el magisterio para comenzar a dialogar?

¿ESTRATEGIA REAL?

Para un ciudadano cualquiera, que ocupa una lógica común, el ofrecimiento de una disculpa es sinónimo de humildad, de reconocimiento de errores, e incluso de escrúpulos y de arrepentimiento por alguna conducta indebida. Empero, para un ente radicalizado y totalizante como la Sección 22, esto más bien es un sinónimo de empoderamiento, de ventaja, y de puertas abiertas para hacerse dueño de la situación.

En este sentido algo es claro: si lo que se desea es hacer llevadera esta relación iniciática con el factor real de poder que es la Sección 22, cuando menos un funcionario del Gobierno del Estado debe ser destituido. No obstante, la pregunta que queda en el aire tendría que ser qué funcionario debe ser el separado de su cargo, y cuándo.

Estos dos cuestionamientos no son menores. La elección entre la Secretaria de Gobierno, el Director del IEEPO o el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, radicará no solamente en la gravedad de la posible responsabilidad que cada uno de ellos pudiera tener respecto a los hechos del pasado martes, o en la particular ascendencia política de cada uno de ellos. En el fondo, tal decisión habrá de tomarse por el grado de trascendencia que tenga cada uno de ellos respecto a los grupos de poder respecto a los que fue repartida la administración estatal.

La siguiente pregunta es no menos importante. El Gobierno del Estado debe valorar con prudencia y firmeza en qué momento debe hacer movimientos, y qué tipo de mensaje tratará de enviar con ese posible movimiento en el gabinete. Ya en este tramo inicial de gobierno, el gobernador Cué dio algunas muestras de ello solicitando la renuncia a funcionarios que no cumplían con las características requeridas para sus encargos, luego de señalamientos hechos por la prensa oaxaqueña.

Frente a todo esto, sin embargo, algo debemos comprender con claridad: la Sección 22 no es la opinión pública; la Sección 22 no reacciona del mismo modo a otros entes, y por esa razón, a la 22 se le debe tratar a partir de una lógica distinta.

¿QUÉ HACER?

Disponer cambios en el corto plazo no hará sino continuar el proceso de empoderamiento que ya inició el magisterio oaxaqueño en relación al gobierno estatal. En contraparte, sostener a todos los funcionarios equivaldrá a dejar intactos tanto los elementos que enturbiarán su relación con la Sección 22, como también los riesgos de que nuevas imprudencias pongan en riesgo la estabilidad del naciente régimen. De ahí que tendrán que usar toda la prudencia, estrategia y visión a su alcance para tomar la decisión correcta. Ahora más que nunca, el Gobierno del Estado debe demostrar que ya entendió cuál es la lógica del poder en Oaxaca.

+ Provocaciones más inexperiencia, igual a conflicto

En un destello de humor mordaz, seguramente alguien en el Gobierno del Estado asegurará, si no es que ya lo hizo, que la beligerancia magisterial y el potencial conflicto que está en riesgo de estallar con la Sección 22 del SNTE, también es herencia del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

Quizá eso sea lo que haya dicho o pensado el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, quien en más de una ocasión ha asegurado que ahí se encuentra el origen de todos los males que vive Oaxaca. Sólo que, en el caso de los hechos de ayer, éstos deberán de verse con más responsabilidad y menos simplismo, y no sólo a la luz del pasado, sino de los errores cometidos frente a una protesta en la que no había un solo motivo para que se saliera de control, y provocara el inmenso lío que ahora amaga con afectar a todos los oaxaqueños.

¿Qué ocurrió ayer? De acuerdo con la información preliminar dada a conocer en el transcurso del día por algunos medios informativos digitales, todo pareció comenzar cuando un grupo de profesores de la Sección 22 se acercó a las inmediaciones del Palacio de Gobierno, para tratar de romper el cerco que habían instalado elementos de las policías Estatal y Federal, para resguardar el espacio que sería objeto de la visita del presidente Felipe Calderón.

Según lo informado, al tratar de romper este cerco, los elementos estatales y federales repelieron la agresión, y ahí se inició una gresca que un par de horas más tarde se recrudeció, y que por la tarde ya alcanzaba matices similares a los vistos recurrentemente durante el conflicto magisterial y popular de 2006.

Al caer la noche, se informaba que la dirigencia magisterial había ya llamado a sus bases para iniciar un mega plantón; que, por otro lado, dos aviones con más elementos federales estaban camino a la capital oaxaqueña; y que los profesores de la 22 de nuevo instalarían barricadas y cercos de seguridad para protestar por lo que ellos ya calificaban como un acto de represión.

Todo esto parece tener una lógica exacta, si lo observamos a la luz de lo vivido y padecido por los oaxaqueños durante el conflicto magisterial de hace cinco años. No obstante, parece indispensable ir a la causa de la causa, para comprender con más precisión qué ocurre ahora, y cuál fue el hecho que detonó esta gresca que luego se convirtió en amenaza para la ciudadanía.

Sólo a partir de ello, y de tomar en consideración todos los elementos objetivos, y no sólo las percepciones, podremos forjarnos un criterio más exacto sobre lo ocurrido la mañana y tarde de ayer.

RECUENTO DE HECHOS

Un primer elemento que es indispensable tomar en cuenta, es el relativo a la ausencia de casualidades o actos fortuitos. ¿Por qué decir eso? Porque ante una visita presidencial, los órganos estatales y federales encargados de la gobernabilidad y el control político, construyen escenarios posibles y a partir de ello dialogan y negocian todas las posibilidades que se pueden dar en ese momento.

En esa lógica, la Sección 22 del SNTE y el Gobierno del Estado, ya tenían perfectamente claro que la mañana de ayer los profesores marcharían y protestarían en el marco de la visita presidencial. Unos y otros —la dirigencia magisterial, y tanto la secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro, como el secretario Particular del Gobernador Cué, Benjamín Robles— ya habían negociado y acordado con el magisterio que éstos tendrían entera libertad para marchar y protestar en las inmediaciones de Palacio de Gobierno. A cambio, la 22 había pactado no tratar de llegar hasta el sitio en donde se encontraría el presidente Calderón, y el Mandatario Estatal.

Ese pacto, tan natural como las relaciones políticas entre los dos factores políticos más importantes del Estado, fue roto por algo que no resulta ser sino una verdadera imprudencia, y por alguien que no puede ser ubicado más que como un mero inexperto en la contención de manifestaciones o disturbios sociales que debe hacer toda corporación policiaca.

¿De qué funcionario y hecho hablamos? Nos referimos al secretario López Escamilla, y a su imprudente actitud no sólo de pretender dialogar con los manifestantes, sino también de poner en riesgo su vida y tratar de jugar al súper héroe frente a personajes que precisamente iban a buscar un error para tratar de generar violencia.

Así, al pasar los profesores por el lugar donde de manera retadora se encontraba instalado el secretario López Escamilla, aquéllos lo encararon y éste reaccionó cayendo en la provocación. Todo eso derivó en que el Titular de SSPE instruyera a sus elementos a detener a quienes lo estaban retando, a pesar de las recomendaciones del Estado Mayor Presidencial para que no lo hiciera.

Además, desatendiendo aquel principio básico de que la policía se encuentra sólo para resguardar, garantizar el orden y obedecer, y no para dialogar, el Titular de SSPE trató de entablar diálogo con los profesores que se manifestaban. Éstos, como era de esperarse, lejos de dialogar lo tomaron a traición y lo vapulearon como seguramente nunca antes nadie había golpeado físicamente a un Secretario de Seguridad Pública.

Así, lo que comenzó siendo un asunto que no debía pasar a mayores, motivado ciertamente por la combinación de la inexperiencia de un funcionario, con la beligerancia y el radicalismo de militantes fanatizados como los de la Sección 22, ya por la noche amenazaba con escalar de nivel y convertirse en un intento de reedición del conflicto magisterial.

La contención de ese tipo de manifestaciones debe desarrollarse en una lógica y estrategia específicas, las cuales tendrían que ir necesariamente más allá de la sola ingenuidad, imaginación e incluso visceralidad o inconsciencia de un funcionario. El problema hoy es que de nuevo la educación amenaza con perder el trecho apenas ganado en los últimos cinco años. Y la ciudadanía ve con desconfianza y temor los errores de un gobierno que, lamentablemente, pagamos todos.

¿Y LA SEGURIDAD?

Por cierto, habría que hacer una comparación quizá poco afortunada, pero sí bastante reveladora: en abril de 2010, la entonces secretaria de Seguridad de Michoacán, Minerva Bautista, fue atacada a balazos; más de dos mil disparos de AK-47 no fueron suficientes para lastimarla. Aquí en Oaxaca, una turba de radicales golpeó, sin más ni más, a quien ocupa esa responsabilidad en el gobierno estatal. Esas fallas son riesgosas y vergonzosas.