Menu
Search
Home Blog Page 403

Agresiones a la prensa: impunidad constante

almargenoaxaca
-
0

+ Medios-Estado: la relación debe subir su nivel

Hoy, no parece más que un mero lugar común aquel que dice que la prensa es “el cuarto poder”. En los últimos años, el gremio periodístico ha —hemos— sido de los más golpeados no sólo por las agresiones físicas, de presión o de intimidación por parte del poder, sino que también la prensa ha sido presa de una de las mayores voluntades por la impunidad de que se tenga memoria. Hoy, más allá de los actos de victimización, es evidente que la relación entre el poder y la prensa está descompuesta, y que las soluciones no llegarán mientras los hacedores del periodismo nos mantengamos cruzados de brazos.

¿Por qué asegurar que existe una relación tirante? Porque hoy en día, el ensanchamiento democrático del país, trajo como consecuencia un México en el que, a diferencia de antes, ahora sí es posible hablar, denunciar y criticar con más libertad, desde los medios de información, a quienes materializan las funciones del Estado. Esa libertad parte de una de las garantías fundamentales de toda persona que se encuentre en territorio nacional: la libertad de expresión, que no tiene más límites que el ataque a la paz pública, la moral o el derecho de terceros.

Al estar garantizada esa libertad, sería de suponerse que también debería estar protegida por las leyes y las instituciones del Estado. Es decir, que tanto por mandato constitucional y legal, como también por la salvaguarda de las garantías constitucionales a que están obligadas las autoridades competentes, todo aquel que vulnerara la libertad de expresión —a través de agresiones físicas directas, chantajes, actos de intimidación o incluso de presión por medio de cualquier tipo de acciones coactivas— tendría que ser castigado con todo el peso que la misma norma jurídica señala para tal efecto.

En la realidad, el problema es que, aún cuando sí existe un amplio margen para ejercer la libertad de expresión, también existe un margen tanto o más ancho para vulnerar impunemente esa garantía. De ahí que, al hacer su trabajo periodístico de investigación, reseña y denuncia, el llamado “cuarto poder” sea también objeto de todo tipo de presiones, chantajes o agresiones que, por la vía de hecho, limitan y vulneran ese derecho a expresarse, y a escribir y publicar artículos, que se supone que tiene garantizados por la Constitución de la República.

En este sentido, la inacción de la autoridad es poco más que abominable. En los últimos años, ningún país del continente americano, e incluso prácticamente ninguno del mundo, ha sido tan violento en contra de la prensa como México. Es alarmante que, aquí, se cuenten por decenas la cantidad de trabajadores de la información que cada año son amenazados, intimidados, agredidos e incluso asesinados; y que también se cuenten prácticamente todas esas agresiones, en las dolorosas y agraviantes cuentas alegres de la impunidad.

Esto revela, pues, que a las autoridades de los tres órdenes de gobierno lo último que les importa, es investigar sobre los delitos que se cometen en contra de quienes, desde los medios de información, se dedican —nos dedicamos— a ser los mayores fiscalizadores y revisores de la función pública en el país.

Hasta ahora, ninguna de las instancias creadas por el mismo poder público para frenarse y contrarrestarse a sí mismo, ha sido tan efectiva como la acción de la prensa. De ahí que —seguramente por esa vocación excesiva en el ejercicio del poder que hay entre quienes detentan la función pública del Estado y el gobierno, y las incomodidades que recurrentemente les generan los medios de información, el último de los puntos que tienen las autoridades en su agenda para atender y esclarecer durante sus tareas públicas—, sean las agresiones a quienes hacemos la prensa.

 

RELACIÓN POLARIZADA

En México, la subcultura del caudillismo, del partido hegemónico, o de los gobernantes todopoderosos, crearon una idea equivocada sobre la relación entre la prensa y el poder público, que ha prevalecido por décadas. Movidos siempre por aquella vocación por el culto a la personalidad, y el control ejercido sobre la prensa a través del dinero o de las acciones violentas, los hombres de poder se acostumbraron a que ésta fuera condescendiente, cómplice y alabadora de una función de gobierno que, ni en el mejor de los casos, fue del todo pulcra como para no merecer ciertas críticas.

Por décadas la prensa fue sumisa al poder, por la alta concentración de potestades —todas— que tenía el gobernante en turno. Sólo que en algún momento el Estado cambió, y giró hacia formas más democráticas de determinarse. Ahí fue donde el poder tuvo que comenzar a reconocer el papel social que debía representar la prensa. Y ésta misma, paulatinamente, comenzó también a asumir su posición de fiscal y denunciador, y no de lacayo o palero del gobernante en turno.

Sólo que las formas de relacionarse entre unos y otros no varió. Si antes el Gobierno tenía el control de la prensa a través de la comercialización del papel, o de las acciones violentas de censura, hoy lo tiene por medio de los presupuestos publicitarios. El gobernante en turno, decide discrecionalmente a qué medios les compra publicidad, asimismo negocia con secrecía cuánto paga por ésta, y las condiciones de no agresión que impone para continuar ejerciendo el gasto publicitario en beneficio de ciertos medios. Es decir, que el gobernante ocupa como suyo, y en buena medida para fines personales, el dinero del Estado, que está destinado para la promoción de las obras del gobierno, no del gobernante.

Eso ocurre hoy en todo el país, y atenta contra las libertades fundamentales de todos los que hacemos la prensa. El gasto publicitario es del Estado, no del gobierno, y mucho menos del gobernante en turno. Por tanto, ese gobernante debía ejercer esos recursos basado en reglas claras, firmes y equitativas con todos los medios; es decir, que debía desaparecer, por completo, aquella antidemocrática idea del “no te pago para que me pegues”, que tanto daño le ha hecho a la democracia actual, y a la relación entre la prensa y los gobiernos que se dicen democráticos.

CONVENIO

Hoy se anunciará la firma de un convenio de colaboración entre la CNDH, la CEDH y los representantes principales de la prensa oaxaqueña, para fortalecer la legislación y las acciones que protejan a los periodistas. En ese marco, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fernando Batista, dictará una conferencia en el Hotel Fiesta Inn, a las 11 horas.

Eufrosina: el dilema de los usos y costumbres

almargenoaxaca
-
0

+ Derecho indígena, como paradigma y debate

Es innegable que la ahora diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eufrosina Cruz Mendoza, ha sabido construir su liderazgo e imagen a partir de la adversidad. Alrededor de ella, se ha creado una figura más bien mítica, en la que lo mismo es la encarnación viva de la marginación que sufre la mujer indígena en el ejercicio de sus derechos políticos, que una lúcida luchadora social que buscará representar a las minorías étnicas en la Cámara de Diputados. Ahora que se encuentra ahí en donde se crean las leyes, deberá demostrar que esas dos cualidades, de mujer e indígena, son componentes y no disolventes de una verdadera convicción política.

¿Qué hace particularmente llamativa, en política, a Eufrosina Cruz? En primer término, que es una mujer que ha sabido remontar sus propias adversidades, y que ha convertido la desgracia en éxito. Hace tres años, en su natal Santa María Quiegolani, Yautepec, pretendió participar en el proceso de designación de autoridades municipales, pero fue impedida por los usos y costumbres que, en esa comunidad, negaban la posibilidad de que las mujeres pudieran votar.

Hábil como pocas, Eufrosina Cruz vino hasta la capital oaxaqueña para inconformarse públicamente, y ante los poderes del Estado. El Congreso le restó importancia a su argumento, y fue sólo cuando se presentó ante los medios de información, que su historia resultó llamativa para todas las fuerzas políticas. Investida en su calidad de mujer, e indígena, argumentó que había sido marginada del proceso de elección de autoridades en su comunidad.

Utilizando palabras que no mentían, pero que tampoco decían verdades completas, dijo que se le había impedido ser presidenta municipal de su comunidad, sólo por el hecho de ser mujer. Esto no era totalmente cierto, ni totalmente falso, porque en efecto, se le había impedido participar como candidata; y ello le negaba la posibilidad final de acceder al cargo. Ante tal denuncia, no hizo falta hacerse una pregunta que podría haber sido clave: si de haber participado libremente, ella pudiese haber ganado o no la alcaldía.

A partir de entonces, Eufrosina abanderó la causa de muchas mujeres, por un tema al que ha sido políticamente incorrecto cuestionar: los usos y costumbres. Antes y después de Eufrosina, hay quienes defienden hasta la muerte las formas que denominan “milenarias” de organización política. Una de esas formas, es la del asambleísmo. Otra, inmaculada, intocable, e incuestionable, es la de los usos y costumbres.

Habría sido un mayor escándalo de trascendencia nacional, e internacional, el hecho de que fuera un partido político el que le hubiera negado la posibilidad a Eufrosina de competir como candidata a una alcaldía. Un velo mayor de antidemocracia se hubiera posado sobre el sistema político del país, y México se habría hecho acreedor a todo tipo de críticas en el concierto de las naciones.

Sin embargo, lo que tendríamos que comenzar a ver con mayor claridad es este punto: si se deben seguir manteniendo intocados los usos y costumbres en Oaxaca, aún cuando éstos han demostrado que, en muchas de sus aristas, son violatorios de las garantías constitucionales de las personas.

La mejor muestra de ello —porque en nombre de los usos y costumbres se le impidió ejercer sus derechos políticos a votar y ser votada, se le discriminó por ser mujer, y se atentó contra su esfera jurídica y su dignidad humana— es precisamente Eufrosina Cruz Mendoza.

 

¿CONTRADICCIONES?

Lo lógico sería suponer que una representante de los grupos indígenas de Oaxaca en el Congreso del Estado, tendría como principal misión justamente la de luchar por la preservación de las culturas étnicas, así como sus formas tradicionales de determinación. En ese sentido, parecería una contradicción que una mujer indígena como la diputada Cruz Mendoza, esté luchando por defender a las de su género de los abusos y transgresiones a las garantías individuales que se cometen a partir del ejercicio de los usos y costumbres.

Ahí es justamente donde la diputada Eufrosina Cruz tendrá que comenzar a demostrar el basamento real de sus pretensiones. Suponer que debe impulsar cambios a la ley, para que a las mujeres indígenas se les respete el voto bajo el sistema de usos y costumbres, es algo más que un error: tanto la Constitución General de la República, como la particular del Estado, y la ley electoral estatal, establecen que las comunidades indígenas tienen el derecho de utilizar sus formas tradicionales de organización y determinación política, pero sin transgredir el marco mínimo de derechos y obligaciones que otorga la misma Ley Fundamental.

Como puede verse, en el estado actual de la ley, existe la obligación de no impedir el ejercicio de derechos políticos a cualquier ciudadano de la República —como Eufrosina— que no tiene impedimento alguno para hacerlo efectivo. El problema, en realidad, se encuentra en cuestiones prácticas, que no serán remediadas a través de modificaciones legales que de todos modos serían ignorados por las comunidades en las que, habiendo o no Constitución y leyes, eligen bajo los mismos esquemas a sus autoridades políticas.

En la posibilidad de hallar coincidencias reales sobre ese tema, es donde se encontrará el quid del posible trabajo político-legislativo de la diputada Cruz Mendoza. Tendrá que quedarle claro que una cosa es la sola denuncia pública por agravios que son innegables, inocultables y condenables, y otra encontrar la fórmula adecuada para llevar a los hechos las ideas que tanto ha promovido.

No parece fácil armonizar los usos y costumbres con el respeto a todas las garantías constitucionales de los ciudadanos. Más bien, pareciera que donde termina el garantismo e inician las violaciones a derechos humanos, comienza también el costumbrismo. Qué bien si Eufrosina logra hacer algo para que las mujeres sean respetadas y tomadas en cuenta en comunidades donde se utilizan las formas tradicionales de determinación. La verdad es que ese reto, más bien parece una misión imposible.

 

DE LUTO

El autor de este espacio, envía un abrazo solidario y cariñoso a sus entrañables amigos Juan Pablo y Rubén Vasconcelos Méndez, así como a toda su apreciable familia, por el sensible fallecimiento de su hermano Darío. Nos unimos a este dolor profundo, y manifestamos nuestras más sentidas condolencias. Descanse en paz.

LXI Legislatura: el reto de construir una agenda posible

almargenoaxaca
-
0

+ Reproducir errores y frivolidades, el riesgo

Una vez que asumieron su responsabilidad política y legislativa, los integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado deben dejar de lado idealismos, frivolidades y posturas políticamente correctas, para dar paso y contribuir a la construcción de una agenda democrática posible para Oaxaca.

Es evidente que a partir del pasado sábado, la nueva clase política comenzó a abandonar la situación de las altas promesas, para entrar formalmente en la etapa de los contrastes, las exigencias de cumplimiento de las expectativas, y los consiguientes riesgos de desencanto. La nueva Legislatura del Estado, no es ajena a este nuevo escenario en el que, políticamente hablando, se espera mucho, bien hecho, y en muy poco tiempo. Por eso, los nuevos diputados deben tener toda su atención fijada en qué harán y cómo lo conducirán, para verdaderamente constituirse como un factor de cambio.

Hasta hoy, ninguna de las agendas políticas presentadas por las distintas fuerzas políticas que componen la nueva Legislatura, parece haber atinado por completo a lo que la ciudadanía espera de sus diputados. Junto con las grandes transformaciones políticas, institucionales, democráticas y funcionales que posiblemente procuren para el poder público en Oaxaca, la ciudadanía espera respuestas concretas para temas igualmente concretos, que necesitan ser analizadas más allá del discurso de las simples promesas de campaña, o los revanchismos y ataques propios de los procesos electorales.

La ciudadanía oaxaqueña espera, por ejemplo, que el gobierno de Gabino Cué procure la claridad y honestidad que, a juicio de muchos, no se cuidó en los años recientes. La misión que, en ese sentido, tienen los diputados de la LXI Legislatura, no sólo tiene que ver con las promesas de “procurar” en temas como la transparencia, el acceso a la información, o la fiscalización “escrupulosa” de los recursos públicos, sino con acciones y decisiones concretas que permitan construir una mejor democracia.

Hasta hoy, en ese sentido, es prácticamente nada lo que se ha dicho al respecto. Hoy, las agendas legislativas de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, o ni siquiera han sido presentadas, o aún habiéndolas, éstas no han pasado de ser meras declaraciones de trabajo y buenas intenciones que, sin embargo, hasta el momento no están determinadas en base a alguna programación, articulación o método para ser llevadas a la realidad. Si eso hoy se encuentra incompleto, qué decir sobre la idea real que pudieran tener sobre cuál será el impacto positivo real —comprobable— de esas acciones en cuanto a la democracia, el buen gobierno o la preservación de las garantías constitucionales de los gobernados.

Es cierto que el momento político está determinado por la euforia. No les falta razón a todos aquellos que sobreponen a cualquier argumento relativo a las insuficiencias desde ahora visibles de los nuevos diputados, la realidad innegable de que esta Legislatura vendrá A romper una inercia de varias décadas en cuanto a la sumisión que le profesaba el Congreso al Poder Ejecutivo.

Es cierto. Pero lo es, tanto como que esa sola circunstancia no necesariamente habrá de ser sinónimo o referente de eficiencia, de concertación y acuerdo, o de la realización del trabajo legislativo de vanguardia que tanto le urge a Oaxaca, y que en una u otra medida tendrán que cumplir los nuevos diputados.

AGENDAS INCOMPLETAS

Hace dos semanas, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presentó una agenda de trabajo en la que pretendieron dar la idea d que serán una oposición responsable y proactiva. Delinearon una serie de puntos que parecen metas idealizadas para una entidad como la nuestra, pero que sin embargo también parecen tan complejas de alcanzar, como lo fueron todos los años que ellos mismos tuvieron al Gobierno del Estado en sus manos y tampoco pudieron arreglarlas.

Habría que comenzar a ver su agenda de trabajo desde una perspectiva más serena. Será un hito que el PRI impulse reformas relativas a la democracia, tales como la que contempla su agenda de trabajo sobre reglamentar la aplicación del plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Pretende hacerlo, aún a sabiendas de que su receso en el poder estatal puede ser únicamente de seis años.

Será asimismo positivo y detonante de nuevas pautas para la gobernabilidad, el hecho de que los tricolores logren consensar y aprobar dos leyes que son prioritarias para gobernabilidad del estado. Esas normas, son la Ley Estatal del Transporte, y la de Sociedades de Ahorro y Crédito. Terminar con la total anarquía que existe en esos dos rubros, sería tanto como eliminar también las constantes perturbaciones a la paz y los derechos de terceros, así como los fraudes y quebrantos de que han sido objeto quienes luego exigen la atención del gobierno estatal cerrando calles y tomando oficinas.

Empero, el priismo también debería ir —en otros rubros, y al igual que sus adversarios de la oposición—, más allá de los lugares comunes. Temas como el de la transparencia, la fiscalización de recursos y la modernización administrativa —no el autoengaño que fue ese rubro en este sexenio, por falta de interés y voluntad política— deben ser construidos y perfeccionados conjuntamente. Decir que van a revisar la administración y la honestidad, es tanto como decir que harán mucho sin resolver nada. Es, reiteramos, un mero lugar común dotado de un simple “qué”, que no viene acompañado ni de un “cómo” y mucho menos de un “cuándo”.

Lamentablemente, las fuerzas de oposición no tienen una condición muy alejada de los tricolores. Por sí solo, Acción Nacional no ha establecido con precisión una agenda de trabajo propia, y el PRD, PT y algunos sectores del PC han dejado ver que entienden “transición” como sinónimo de “venganza”, y desean actuar en consecuencia.

SENSIBILIDAD

Los partidos opositores, le dan amplia relevancia a las reformas relativas al ámbito estrictamente electoral. Sin embargo, es evidente que las necesidades de Oaxaca van mucho más allá de ese solo aspecto. De ahí que sea necesario, y ahora urgente, que amplíen su visión, y vean que los problemas de Oaxaca tienen muchas más implicaciones que los estrictamente electorales, y que por eso deben tener una visión más amplia. Más alejada de los discursos políticamente correctos, y más cercana al conocimiento y la sensibilidad real sobre todo lo que hace falta.

IMSS: Fantasma de la corrupción y la quiebra

almargenoaxaca
-
0

+ Garante social en riesgo, por el estancamiento

Como casi siempre ha sido, el Instituto Mexicano del Seguro Social se volvió tema de interés, sólo cuando el gobierno federal puso sobre la mesa las alarmantes cifras sobre su grave estado de salud financiera. Poco se había atendido el pasivo económico que enfrenta la institución, pero es menos aún lo que se ha entendido sobre la importancia que tiene ese Instituto para el país, y lo grave que puede costarnos a todos los trabajadores del país, el seguir teniendo una economía deprimida a la que le es imposible crecer.

Por lo menos desde hace quince años, el Seguro Social enfrenta una situación caótica. Fue a mediados de la década pasada, cuando se hizo ver con alarma que la situación de esa institución era ya insostenible en las condiciones en que se encontraban. Su ley, que databa de la década de los setentas, contemplaba una serie de garantías y derechos para los trabajadores afiliados al IMSS, que ya para entonces no podían seguir siendo costeadas frente a una masa laboral que crecía exponencialmente, y que lejos de inyectar recursos se los absorbía al hacer uso de los servicios médicos y todas las prestaciones sociales que otorgaba la institución.

Hasta entonces, por ejemplo, un trabajador podía tener derecho a jubilación al haber cotizado únicamente quinientas semanas al IMSS (algo así como unos diez años de trabajo con prestaciones sociales); y era éste, directamente, quien a partir del retiro del trabajador otorgaba una pensión que erogaba de su presupuesto; para mediados de los años noventas, sostener el régimen de jubilaciones en estas condiciones, haría inviable la posibilidad del coste de las mismas en el corto plazo.

Fue entonces que se impulsó una nueva Ley del Seguro Social, en la que se fijaban nuevas reglas para, entre muchos otros tópicos, hacer viables y costeables los derechos a futuro de los trabajadores. Se abandonó el régimen de las quinientas semanas, y se sustituyó por otro en el que se estableció la necesidad de haber aportado al Seguro Social durante mil quinientas semanas (algo así como treinta años de trabajo) para poder tener derecho a un haber por retiro, que sería costeado por los fondos personales que cada trabajador acumulara en su Administradora de Fondos para el Retiro. Con ello, se suponía, el IMSS haría viable su existencia en el largo plazo.

A la par de ello, se establecieron otras modificaciones en cuanto a los seguros que otorga a los trabajadores, y las prestaciones que incluye en cada uno de ellos. Esto fue trascendental para las millones de personas que cotizan al IMSS, o que son beneficiarias de sus servicios a través de sus familiares trabajadores, porque sólo así fue como esa institución pudo salvarse de la quiebra. Aunque en muchos sentidos, los usuarios soslayamos al Seguro Social por su recurrente atención médica poco humana, o por la masificación en sus hospitales, clínicas y centros de atención, es evidente que éste representa la materialización de una de las garantías sociales más necesarias e indispensables para todas las personas, que tiene además su origen en las exigencias del sector obrero que dieron vida y fundamento ideológico y político a la Revolución Mexicana. El IMSS representa, sin duda, la materialización de una de las garantías sociales más anheladas por los mexicanos, independientemente de nuestra condición social.

 

IMSS, POR QUÉ EN QUIEBRA

Hace más o menos una semana, el presidente Felipe Calderón reconoció que el IMSS se encuentra en una situación crítica, que hace necesaria una nueva reforma de fondo. Para el gobierno federal, la responsabilidad de dar viabilidad social y económica al Instituto tiene que ver con una serie de reformas que dependen de quienes conforman el Poder Legislativo. Para éstos, a su vez, el problema se encuentra en otros rubros como la corrupción. Una corrupción que, si se denuncia, es porque parece ser asimismo vista por todos; pero sobre la cual nadie hace algo efectivo para eliminarla de verdad.

Ante esa realidad, tanto diputados del Partido Revolucionario Institucional, como del PRD y otras fuerzas políticas distintas al PAN, dejaron ver la consideración de que, para ellos, primero se debe limpiar al IMSS de la corrupción, para después pensar en una nueva cadena de reformas que restrinjan aún más los derechos de los nuevos trabajadores. Incluso, esa fue la dinámica en la que “manos extrañas” hicieron llegar al noticiero nocturno de la cadena Televisa, unas grabaciones en las que supuestamente se escucha a un alto funcionario del IMSS haciendo una negociación ilegal con un ejecutivo de una firma farmacéutica, para que se le compraran medicamentos de bajo costo a cambio de compartir las ganancias de esas facturas infladas en cuanto a los costos reales de lo vendido.

¿De verdad el problema está en la corrupción? Seguramente una parte importante sí. Estudios internacionales han revelado que los mexicanos perdemos cantidades exorbitantes de dinero en la manutención de la corrupción, y que ésta se encuentra incrustada firmemente en la gestión pública que no puede abandonar sus vicios de corrupción y extorsión.

Pero evidentemente, esa no es la única arista de dicho problema. El conflicto más grave a que se enfrenta el IMSS, más que la corrupción que le desvía recursos que bien podrían utilizar para mejorar la calidad de la atención que prestan, se encuentra en la necesidad de que el país y el empleo crezcan a un ritmo más acelerado.

Hasta hoy poco se ha dicho al respecto. De eso, sin duda, son responsables tanto el gobierno federal, como el Congreso de la Unión, porque en ambos recae el señalamiento por no poder procurar los acuerdos y las medidas necesarias que hagan crecer al país. Por eso, todos en conjunto pretenden responsabilizar a la corrupción —que es infame— por otros vicios que más bien tienen que ver con la falta total de impulsos reales a la economía.

 

CRECIMIENTO NEGADO

El país necesita crecer a un ritmo más acelerado y consistente para poder dar viabilidad al IMSS. Apretar a quienes ya cotizamos, es tanto como querer tener una mayor recaudación sin extenderse antes a ampliar la base de contribuyentes, y por tanto seguir cobrando todavía más a los mismos que ya pagan. Algo así ocurre aquí. Mientras no haya honestidad en esa visión y afirmación por parte de quienes integran los poderes públicos, se seguirán diciendo las mismas verdades a medias de siempre.

 

Oaxaca: los escollos de la transparencia

almargenoaxaca
-
0

+ Integración: ¿legitimidad y permanencia?

 

La transparencia, ha sido en Oaxaca un ejercicio de claroscuros. A pesar de haber sido una de las últimas entidades federativas en emprender las tareas propias para garantizar el libre ejercicio del derecho a la información por parte de los ciudadanos, en poco tiempo se integró un órgano que ha comenzado a dar certidumbre sobre los resultados que puede dar en el mediano plazo. Sin embargo, queda claro que el principal obstáculo para legitimar tanto el trabajo del Instituto de Acceso a la Información, como los principios y derechos que consagra la ley respectiva, se encuentra en las decisiones que se toman desde el poder.

Desde este espacio, se ha tratado siempre de estar al tanto de saber y reseñar, más allá del chisme cotidiano, qué ocurre con la transparencia. Consideramos que esa es una causa de avanzada entre los ciudadanos, que además debe ser ejercida con responsabilidad y energía por todos los que deseamos un gobierno más eficaz y claro en su ejercicio, y que por tanto debe ser vigilada y analizada con detalle para evitar distracciones que afecten la estabilidad de ese derecho, así como las vías para ejercerlo.

Esa atención al rubro, nos ha llevado recurrentemente a asumir posturas críticas. Así lo establecimos, desde el momento en que se aprobó la ley vigente de Acceso a la Información, y sobre todo cuando se dio a conocer la integración inicial del órgano de transparencia. Denunciamos aquí, desde mayo de 2008, que no era correcto ni legítimo, que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, se hubiera integrado en base a criterios estrictamente políticos, y que con ello se hubieran dejado de lado los perfiles profesionales y la posibilidad de dejar en manos de expertos el funcionamiento de ese instituto autónomo, que es fundamental para la vida democrática actual. Aseguramos incluso, que ello ponía en una situación de sometimiento al ejercicio de la transparencia en Oaxaca.

Una vez que, en julio de ese año, entró en vigencia tanto la reforma constitucional al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ella la Ley Estatal de Acceso a la Información, comenzó también a funcionar el Instituto de Transparencia (IEAIP), que nació con el objeto de servir como puente entre los sujetos obligados (órganos del Estado) y los ciudadanos (solicitantes), para garantizar que los primeros entregaran la información que les solicitaran los primeros, y que ante una negativa de acceso, hubiera no intolerancia, sino equidad y razones legales para hacerlo.

Quien quisiera ver fatalismos en ese ejercicio, se equivoca. Del mismo modo, quien pretendiera decir que de entonces a la fecha todos los sujetos obligados (dependencias estatales y municipales, así como todos aquellos que reciben recursos económicos por parte del erario estatal) han cumplido cabalmente con sus funciones, también está equivocado.

En los últimos dos años, los funcionarios estatales encargados de las unidades de enlace y comités de información, más que garantizar el derecho a la información y de verdad vincularse con los ciudadanos, se han vuelto expertos en el “chicaneo” de todas las solicitudes que de algún modo exigen información de carácter público que, sin embargo, puede poner en riesgo o exhibir a algún funcionario. Su labor ha sido la de “cansar” o desanimar al ciudadano en cuanto a seguir ejerciendo su derecho de preguntar a la autoridad o solicitar información para corroborar que la función pública se lleva a cabo de manera legal y correcta.

MALAS DECISIONES

Sin embargo, hubo total firmeza para denunciar que la integración inicial del IEAIP no era la más adecuada. Dejar la conducción de un órgano de tal magnitud e importancia para la vida democrática del estado, en manos de tres personajes (Genaro Vásquez Colmenares, Alicia Aguilar Castro y Raúl Ávila Ortiz) estrechamente vinculados con el grupo gobernante estatal, era tanto como negar la trascendencia tanto del órgano, como de ese valor poco asumido respecto a la autonomía de sus funciones. En el peor de los casos, con esa integración pro gobiernista, desde el poder se trató de engañar a la sociedad… corriendo el riesgo de que más bien todo pudiera quedar en un autoengaño.

Poco a poco se fue clarificando que esa integración inicial no era ni totalmente buena, pero tampoco totalmente inadecuada. Emprender las tareas relativas a la transparencia, así como estructurar el Instituto a partir de nada, seguramente no debió haber sido una tarea fácil. Hoy, en aspectos como el funcionamiento de su portal de Internet, y la posibilidad de presentar solicitudes, darles seguimiento y ahora también hacer valer los recursos de defensa, así como en el establecimiento de criterios y puntos de referencia en cuanto al ejercicio del derecho a la información, el IEAIP ha sido reconocido nacionalmente por sus avances.

Empero, tal pareciera que desde el mismo poder se siguen empeñando en soslayar los avances que, de algún modo, ellos mismos han procurado. Todo lo bueno que hasta ahora se hubiera podido lograr con el IEAIP —y que además constituye un reposicionamiento positivo luego de los fuertes cuestionamientos iniciales que generalizadamente se le hicieron desde la opinión pública—, nuevamente quedan en entredicho con la designación de su nueva integrante, Soledad Rojas Walls.

Al igual que con la integración inicial, para designar a Rojas no prevalecieron los criterios técnicos, profesionales o de conocimiento de la materia, sino únicamente una decisión pura y llanamente política y de facción. La ahora ex Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado se ganó el puesto gracias a su cercanía con el poder, y no por sus conocimientos o experiencia en materia de transparencia.

 

¿DESMANTELAMIENTO?

Las fuerzas de oposición que ganaron los comicios en julio pasado, han lanzado fuertes cuestionamientos tanto al IEAIP como a la ASE, por considerar a sus integrantes justamente como “gobiernistas”. Lo más saludable sería que el nuevo gobierno, y la nueva Legislatura pusiera a prueba esos órganos, antes de descalificarlos y desmantelarlos. Sin embargo, es claro que este tipo de decisiones en nada ayudan a la estabilidad del órgano de transparencia, y tampoco a sus integrantes, aún cuando pudieran tener una verdadera convicción —como seguramente es— de cumplir cabalmente con sus funciones.

 

Cambio de administración: todos los argumentos están rebasados

almargenoaxaca
-
0

Dicen quienes saben del ejercicio del poder, que casi siempre al final de una administración —sea trianual o sexenal— el gobernante está harto del gobierno, y los gobernados hartos del gobernante. Esto ocurre por una razón natural: en el último momento de cada gestión, ya las razones objetivas dejan de valer, subsistiendo sólo las buenas o malas impresiones que el grueso de la población pueda tener de su autoridad, y todo se acelera por la expectativa de quien está a punto de asumir la siguiente gestión. Tal parece que eso exactamente es lo que ocurre en Oaxaca.

Hoy —cuando faltan 19 días para la transmisión de poderes— esa circunstancia parece perfectamente visible. Por un lado, se encuentra la administración del gobernador Ulises Ruiz, que está haciendo un último intento por incrustar en el ánimo de la opinión pública los resultados que, más allá de los acuerdos o desacuerdos, ha tenido su gobierno.

Así, previo a su último informe de gobierno, se ha desplegado una intensa campaña publicitaria que, en otro momento, e independientemente de cuál fuera el mensaje, no tendría nada de polémica; la polvareda que ésta ha levantado entre la sociedad que la ve polarizadamente con agrado o completa aversión, tiene que ver con el momento en que ocurre.

En la esfera opuesta, se encuentra expectante el gobierno de Gabino Cué, que ya se apresta a tomar las riendas del gobierno. Como suele ocurrir frente a cada cambio de administración, el nuevo gobierno tiene un cúmulo importante de expectativas que, independientemente del acuerdo o discordancia política, hacen que toda la opinión pública tenga la mirada y la atención puestas en el inicio de la gestión, en los posibles golpes de timón que dé para diferenciarse y tomar distancia del gobierno saliente, y las primeras acciones que emprenda para cumplir con su plan de gobierno.

Pero independientemente de todo esto, quienes nos encontramos en medio somos los ciudadanos, que esencialmente somos quienes en este momento parecemos no entender bien muchas de las razones que cada uno de los dos bandos de poder pretenda hacernos llegar, para moderar las posiciones.

Hoy, por ejemplo, los oaxaqueños que —independientemente de la razón— siempre vieron mal y reprobaron la administración del gobernador Ruiz, hoy se encuentran en la posición de hacer radicales sus posicionamientos, y por tanto asegurar no sólo que ésta no fue una gestión eficiente o provechosa para Oaxaca, sino que fue una desgracia o una tragedia para la entidad, que tal personaje hubiera llegado a ser gobernante.

Pero también en el otro extremo, se encuentran quienes siempre tuvieron una posición contraria a las aspiraciones políticas de Gabino Cué Monteagudo, y hoy no sólo reproducen aquella aversión, sino que la puntualizan a niveles maximizados, y aseguran que sólo será cuestión de tiempo para corroborar el fracaso y las ideas ilusas de que con él en el gobierno podría haber un cambio.

Todo parece ser parte del momento político, de la expectativa, y de la urgencia porque las cosas pasen. En este momento, es claro que nadie tiene las ganas o los argumentos lo suficientemente convincentes, como para justificar un régimen de gobierno agonizante que, además, estuvo marcado siempre por la polarización, la polémica y los claroscuros.

Del mismo modo, es claro que quien hoy pretenda enaltecer o descalificar a una administración que apenas entrará en funciones, también está perdiendo su tiempo: las pautas reales comenzarán a darse a partir del 1 de diciembre, cuando se den a conocer los integrantes del gabinete de trabajo, las primeras decisiones de gobierno, y el programa de desarrollo que emprenda el nuevo gobierno.

 

RAZONES DE LA

POLARIZACIÓN

Seguramente nunca en Oaxaca había ocurrido una transmisión de poderes en una situación de confrontación tan abierta como ahora. Ulises Ruiz y Gabino Cué, a diferencia de todos los demás gobernantes que ha tenido la entidad en el pasado reciente, son adversarios abiertos y declarados de mucho tiempo. Todos los antecedentes que existen al respecto, apuntan a disputas internas o disimuladas entre sucesores, que difícilmente trascendían tal cual a la escena pública, o se dirimían en ésta las razones del diferendo.

Solamente de ahí puede entenderse que todo el ambiente —y no sólo las relaciones directas entre los gobiernos entrante y saliente— parezca tan turbulento. Desde principios de la presente década, fue clara la decisión de que Gabino Cué no sería la persona impulsada por el Partido Revolucionario Institucional para cargos de elección popular; también desde entonces, fue claro que el proyecto de sucesión del gobernador José Murat habría de recaer en la persona del entonces senador Ulises Ruiz Ortiz. A partir de 2004, todos esos diferendos estrictamente electorales, subieron de tono hasta niveles inusitados.

Habría de recordarse perfectamente que en los comicios de agosto de 2004, hubo una fuerte polémica por el apretado triunfo del candidato del PRI a la gubernatura del Estado. Ulises Ruiz había vencido a Gabino Cué por un corto margen de votación, que irremediablemente llevó a muchos a pensar en el fraude electoral.

A pesar de la resistencia que montó el opositor derrotado —que incluso se hizo llamar “El Gobernador moral de Oaxaca” en algunas notas periodísticas de aquel momento—, la defensa legal fue incapaz de probar en los tribunales que dicho fraude había ocurrido. Desde entonces creció el encono, que luego se siguió alimentando con el conflicto de 2006, que fue encabezado precisamente por muchos de los que ahora están a punto de acceder al poder.

Ello subió todavía más el tono de la disputa. El conflicto magisterial fue lo suficientemente álgido como para polarizar en extremo a la sociedad, y establecer que entre los dos grupos —el del gobernador Ruiz y el de Gabino Cué— no habría puntos medios. O se estaba con uno de ellos, o se estaba en su contra.

 

RUTA DE INTOLERANCIA

Eso es lo que hoy hace que independientemente de la razón o la justificación, ciertos sectores de la sociedad vean mal, y reprueben por completo, cualquier tipo de encuentro o comunicación que tengan los integrantes del gobierno entrante, con los del saliente. Aunque Gabino Cué y Ulises Ruiz son adversarios electorales, tienen muchos temas de gobierno que tratar. Pero la intolerancia ciudadana a los encuentros, es producto de todo ese pasado de confrontaciones.

 

Caso Emeterio: ¿la justicia fue una pantomima?

almargenoaxaca
-
0

+ Agresores presos… y en huelga por su liberación

Desde hace varios días, un grupo de presos del penal estatal ubicado en la agencia Municipal de San Francisco Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, se encuentra en huelga. El motivo aparente de la inconformidad, radica en algo así como el incumplimiento de una promesa que “alguien” les hizo cuando fueron encarcelados, hace más de tres años. ¿Qué tiene de relevante ese asunto?

Parece necesario echar atrás la mirada para comprender este asunto que, a primera vista, parecería irrelevante para efectos de la atención pública. Regresemos la memoria hasta aquel lejano lunes 16 de julio de 2007, y ubiquémonos en el contexto de las últimas secuelas violentas del conflicto magisterial y popular, ocurrido el año previo.

Como bien debe recordarse, uno de los sitios más álgidos y emblemáticos durante toda la resistencia popular encabezada por el magisterio oaxaqueño y demás grupos inconformes, fue el Auditorio Guelaguetza. Desde 2006, una de las victorias más sonadas que tuvo la entonces recién creada APPO en conjunto con la Sección 22 del SNTE, fue la cancelación de las Fiestas de los Lunes del Cerro.

En esa ocasión, lograron su objetivo gracias a la toma y ocupación permanente de que, en semanas previas, habían hecho objeto al recinto, y de la quema y destrucción de las mamparas, los templetes y todas las adecuaciones que ya para entonces se habían realizado al Auditorio. Los maestros y grupos inconformes no se movieron del lugar, hasta lograr la cancelación definitiva de la máxima fiesta de los oaxaqueños.

Un año después —cuando ya había pasado la fase más violenta del conflicto, y el Gobierno del Estado, con ayuda de la Policía Federal Preventiva, había retomado el control del orden y la gobernabilidad en la capital y municipios conurbados—, el magisterio de la Sección 22 y la APPO anunciaron que irían por un nuevo boicot a las fiestas del Lunes del Cerro, y exigieron que el Auditorio ubicado en el cerro Del Fortín les fuera prestado para la realización de su llamada “Guelaguetza popular”, que se realizaría justo ese vergonzoso 16 de julio.

Pero lanzaron su amenaza con tanta anticipación, que dieron tiempo al gobierno estatal para que organizara un amplio cerco policiaco en todos los accesos al recinto. Y ante una provocación de algunos grupos radicales de la APPO y la 22, se desató un enfrentamiento que perseguirá a sus responsables (de ambos bandos) hasta el fin de sus días.

¿Qué ocurrió entonces? Que aquel 16 de julio, al mismo tiempo que se celebraba la llamada “Guelaguetza popular” —una semana antes que la también llamada “Guelaguetza oficial”— en la Plaza de la Danza, un grupo de profesores e integrantes de la APPO decidió ir a ocupar el Auditorio Guelaguetza para lograr así el boicot a la celebración. Un grupo de unas 200 personas marchó hacia el cerro del Fortín, y en el entronque con la calzada Niños Héroes de Chapultepec, se hallaron con un fuerte cerco policiaco, compuesto por elementos estatales de diversas corporaciones.

El choque violento fue inevitable. A pesar del feroz ataque de los inconformes, las fuerzas estatales los rebasaron en número y capacidad de respuesta, y lo que comenzó siendo la mera contención de un ataque, terminó siendo una desmedida acción de fuerza por parte de las fuerzas estatales. Ante lo anunciado y previsible del enfrentamiento, representantes de prácticamente todos los medios informativos locales y de la capital del país que se encontraban en la capital oaxaqueña, se apersonaron en el lugar incluso antes de que los appistas llegaran e iniciaran el ataque.

LA SOMBRA DE EMETERIO

Todos los reporteros gráficos captaron los momentos de la ofensiva, de la resistencia policiaca, y luego de la respuesta de fuerza. En medio del enfrentamiento, fue captada una secuencia fotográfica completa de un individuo perteneciente a la ofensiva appista, que fue alcanzado por elementos policiacos, para luego ser sometido y subido a un vehículo policiaco para, según ser trasladado a los separos. Horas después, ese mismo individuo fue encontrado a la orilla de una carretera federal, en el sur de la ciudad, en un grave estado de salud producto de una brutal golpiza que había recibido. Era Emeterio Merino Cruz.

La tarde de ese 16 de julio, llamadas telefónicas alertaron sobre el hallazgo de ese individuo. Aunque inicialmente la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado se deslindó tanto de su detención como de la agresión sufrida, pronto se supo que, en efecto, la persona moribunda que había sido localizada en la carretera a San Bartolo Coyotepec sí había estado presente en el enfrentamiento, y había sido detenido por fuerzas estatales. El periódico Noticias publicó la secuencia completa de imágenes, de cuando Merino Cruz fue sometido por completo a las afueras del hotel Fortín Plaza.

Fue hasta entonces, cuando ya el deslinde era ridículo e insostenible, que el Gobierno del Estado aceptó su responsabilidad por la brutal golpiza. Para tratar de “limpiar” la maltrecha imagen del gobierno estatal, el 31 de agosto de 2007 el entonces procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez anunció la aprehensión de cinco elementos de las policías Preventiva y Municipal de Oaxaca de Juárez, como presuntos responsables de la brutal golpiza que le propinaron a Merino Cruz.

Esos elementos eran Nemecio Vásquez Matus, Alejandro Franklin Ortiz, Alfredo Luis Santos, Eugenio Silva Santiago y Javier Díaz Miguel. Los mismos que hoy se dicen defraudados por la promesa de ser liberados antes de que terminara la actual administración, y que durante un tiempo recibieron privilegios y ayuda por parte del ahora extinto Aristeo López Martínez, y otros funcionarios estatales.

En nuestra entrega del miércoles 26 de septiembre de ese año, dimos cuenta de cómo el entonces Coordinador de Seguridad Pública Municipal disponía de vehículos y elementos para que estuvieran al servicio de los familiares de los efectivos de esa corporación que fueron encarcelados por la golpiza a Emeterio Merino.

¿JUSTICIA?

Sistemáticamente, Merino Cruz se negaba a acudir al llamado del Agente del Ministerio Público para dar declaraciones y ofrecer pruebas sobre el caso. Sin eso, es imposible llegar a una sentencia. Y todo se agrava ante la “revelación” de que hubo tratos entre “alguien” y los encarcelados, para ser puestos en libertad antes del fin de la administración. Parece que la simulación de justicia está a punto de aparecerse de nuevo.

“Bono democrático” de Gabino Cué: ¿Riesgo calculado?

almargenoaxaca
-
0

+ Unir a todas las fuerzas puede ser efecto búmeran

El gobernador electo de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, está utilizando a sus anchas el bono democrático que los electores le dieron el pasado 4 de julio. En las semanas previas a su toma de posesión como Gobernador Constitucional del Estado, se ha dado el lujo de firmar un convenio de colaboración con el Gobierno del Distrito Federal, de acudir a la Cámara de Diputados arropado por los diputados federales priistas a exigir más presupuesto, e incluso a reiterar su cercanía y aprecio por el ex candidato presidencial del PRD, PT y PC, Andrés Manuel López Obrador. Aunque hoy tiene todas las posibilidades de su lado, el nuevo Gobernante pronto deberá comenzar a considerar hasta qué punto es prudente y necesario, el tratar de hacer confluir a las más importantes fuerzas políticas del país a su alrededor.

Independientemente de que haya quien esté de acuerdo o no con esta afirmación, es evidente que hoy Gabino Cué Monteagudo resulta ser un modelo político para diversas entidades de la República, y para no pocos partidos de oposición que buscan fórmulas relativamente novedosas para acceder al poder. Oaxaca era una de las entidades federativas que aparentaban tener un mayor arraigo priista, y que en el ámbito de lo electoral, sus estructuras parecían ser las más funcionales y, por tanto, las más complicadas de vencer.

El hoy gobernador electo Cué pudo hacerlo, pero sólo en base a una amalgama de factores que le permitieron derrotar a una maquinaria priista que, en efecto, había demostrado su poder y la capacidad de hacer triunfar al partido, independientemente de quién fuera el candidato.

En el aspecto positivo, hoy el Gobernador Electo de Oaxaca, para muchos se aparece como un modelo democrático que tiene la capacidad de remontar sus derrotas y vencer a quienes inicialmente lo doblegaron. En la contraparte, es decir, en el aspecto negativo, hay muchos otros que aseguran que no fue una firme vocación y voluntad democrática lo que lo llevó al poder, sino una suma de operaciones, recursos y artificios electorales similares a la ingeniería electoral del priismo, pero puestos en marcha con mayor eficacia.

En ese sentido, la realidad indica que independientemente de cómo haya sido su arribo al poder, nada de esto podría haber ocurrido si no sólo a través de la conjunción de las voluntades de la derecha —a través del panismo—, y de la izquierda —a través del PRD, PT, PC y la anuencia lopezobradorista—, y que por esa razón, hoy el gobernador Cué tiene la posibilidad de moverse a sus anchas, contando incluso con el apoyo condicionado de los tricolores.

¿Cómo poder hacer eso? Evidentemente, todo encuentra su explicación en el llamado “bono democrático” con el que hoy cuenta el gobernador Cué. Es decir, que el gobernante oaxaqueño hoy tiene por completo a su favor esa calidad hasta hoy inmaculada, rentable y políticamente correcta, que indica que ningún opositor al PRI que se diga demócrata, puede darle la espalda o negarle el apoyo a quien fue capaz de derrotar a una maquinaria que se había mantenido firme por casi ochenta años. De ahí que hoy Cué sea algo así como una “figura de moda” entre los políticos, gobernantes, legisladores y aspirantes a cargos de elección popular de los partidos que lo llevaron al poder, al que todos desean capitalizar, y al que nadie puede dejar de prestarle respaldo o apoyo político directo.

Incluso, aunque en el pasado casi siempre los diputados de oposición le dan la espalda a los del PRI cuando se trata de gestionar recursos, ahora pareciera que los mismos legisladores priistas de Oaxaca se vieron en la necesidad de respaldar a Cué en la búsqueda de más presupuesto, porque para ellos mismos sería de un altísimo costo político, hoy, abrir un frente de batalla en el que quedaran como los traidores a la causa de Oaxaca, y no el gobernante, que fácilmente podría acusarlos de no hacer lo suficiente en la gestión de recursos para el combate a la pobreza y el desarrollo de la entidad.

EFECTO BÚMERAN

Hoy, y durante un tiempo más, ese aparente gran poder de convocatoria será utilizado plenamente por el gobernador Cué. Y si eso sirve para convocar a diálogo y acuerdos que permitan la gobernabilidad y la solución de conflictos, evidentemente, todos los avances serán bienvenidos. Pero necesariamente tendrá que haber un límite en las relaciones, porque por la propia naturaleza de los actores y grupos que hoy apoyan al inminente Gobernante oaxaqueño, éstos, todos, son adversarios y llegado el momento, tendrán que dejar atrás las alianzas y los romanticismos sobre la democracia, para volver al ejercicio implacable de la política partidista, electoral y de grupo.

Ese será el momento en el que el gobierno oaxaqueño de Cué comenzará a moverse en una auténtica cuerda floja. Por ejemplo, pasó absolutamente nada en relación al PAN y el gobierno federal, la semana pasada que el Gobierno Electo de Oaxaca anunció la firma de un acuerdo para la creación de una comisión mixta que ponga aquí en marcha, algunos programas sociales y de desarrollo que han probado su eficacia en la capital de la República, que es gobernada por el perredista Marcelo Ebrard Casaubón.

Habría que preguntarse cómo será tomado ese acuerdo por parte del tradicionalmente revanchista panismo del presidente Felipe Calderón, una vez que el perredista Ebrard termine de develarse como un potencial y respaldado candidato presidencial, y busque enfrentar a quien resulte el candidato de las fuerzas de la derecha.

Aunque ahora no hubo protesta alguna, llegará el momento en que esa relación incomode a varios de los que ahora son aliados de Cué. Y el anterior es sólo un ejemplo. ¿O qué dirá el priismo, en su momento, cuando un gobernante les pida respaldo político, pero manifieste apoyo franco a candidatos o partidos que son sus adversarios? ¿Y qué pasará cuando el Gobierno del DF le exija a Cué su definición sobre el apoyo a manifestar para el abanderado de la izquierda en los comicios presidenciales?

¿NO ES FERIA?

Por razones como las anteriores, el gobierno de Gabino Cué debe fundamentar y cimentar muy bien los apoyos que busque, y las afinidades que manifieste. Su bono democrático hoy parece un cheque en blanco. Pero ni la ciudadanía, ni mucho menos las fuerzas políticas, tendrán la misma disposición y tolerancia, una vez que se desaten de nuevo los tiempos electorales. El tiempo dirá qué tan conveniente fue poner “todos los huevos en la misma canasta”.

¿Dónde quedaron las responsabilidades por el 2006?

almargenoaxaca
-
1

+ Herencia de impunidad: saldo de revuelta magisterial

Días después del 26 de noviembre de 2006, cuando ocurrió el choque más violento entre elementos de la entonces Policía Federal Preventiva e integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), se creó un Comité de Liberación, auspiciado por el pintor Francisco Toledo, que se encargaría de brindar apoyo económico y asesoría jurídica, para que los detenidos en aquel episodio recobraran su libertad. Hoy, cuando ese organismo civil anunció su disolución, y cuando los episodios de 2006 parecen más lejanos que nunca, habría que preguntarnos qué pasó con los delitos y quebrantos ocasionados durante aquel periodo aciago de la historia reciente de nuestro estado.

La pregunta no es ociosa. Porque si bien es cierto que un organismo civil como el Comité de Liberación “25 de noviembre”, creado específicamente para salvaguardar los derechos humanos y la integridad de quienes fueron aprehendidos, encuentra su finalidad en conseguir la libertad absoluta de esas personas, también lo es que tras de ello lo que queda es una estela de impunidad que no necesariamente debe abarcar a quienes ya fueron absueltos en los procesos judiciales que se les seguían, sino a todos los que, por acción u omisión, estimularon que la impunidad ganara en todo lo concerniente al conflicto magisterial. Expliquémonos.

En un primer momento, es necesario entender la causa del Comité de Liberación “25 de noviembre”. Éste, como bien se sabe, se creó para brindar ayuda, obtener recursos para el pago de fianzas, y proporcionar asesoría legal, a los familiares de las 149 personas que fueron aprehendidas durante los disturbios ocurridos en la misma fecha del nombre del Comité.

Gracias a ese organismo, la mayoría de las personas obtuvo el dinero necesario para garantizar el pago de la reparación de los daños, y gastos procesales, por los actos que se les imputaban. El Comité de Liberación, además, fue quien coordinó el trabajo de un grupo de abogados que condujeron los procesos judiciales, que lograron la excarcelación de los detenidos, y que lograron probar la no participación de cada una de esas personas durante los disturbios de aquella fecha.

Por esa razón, según un comunicado difundido el fin de semana, el Comité decidió disolverse “al tener resuelta la liberación de las y los presos” de la APPO, a causa del conflicto político social iniciado en el 2006, y cuya finalidad, desde entonces, fue la de enforcar “sus esfuerzos prioritariamente a la defensa y acompañamiento de los procesos legales de los presos políticos, la atención a sus familiares y la denuncia estatal, nacional e internacional de las múltiples violaciones a los derechos humanos”,

¿Qué significa esto, en términos sencillos? Que los 149 detenidos en aquella ocasión, alcanzaron ya un fallo judicial que los exime de toda responsabilidad. Por eso el Comité de Liberación cumplió su objetivo, y por eso declaró su disolución. En ese mismo sentido, y más allá de lo que específicamente ocurrió el 25 de noviembre, es claro que en relación a todos los demás hechos relacionados con el conflicto magisterial, nadie enfrenta hoy a la justicia, ni de lado de quienes encabezaron las acciones de resistencia, ni tampoco de quienes, desde el sector oficial, emprendieron tareas para combatir a quienes calificaban de insurrectos.

IMPUNIDAD CAMPANTE

No se trata de que esto fuera una cacería de brujas, ni mucho menos. Pero en el otro extremo, resulta altamente preocupante que luego de toda una larguísima estela de quebrantos, derechos menoscabados, excesos, represión, comisión de delitos comunes, y demás, nadie sea responsable, de nada, en relación a lo ocurrido en 2006. Tanto un extremo, como el otro, lo que dejan ver es a un gobierno incapaz, carente de voluntad para hacer justicia, y volcado por completo a dejar en el pasado una serie de acontecimientos en los que también tiene un altísimo grado de responsabilidad.

La disolución del Comité de Liberación es un botón claro de muestra sobre lo que aquí se dice. Si cada uno de los 149 detenidos fue declarado inocente de las acusaciones que se le imputaban, es porque tuvo la capacidad de demostrar ante la ley que, en efecto, no había participado de los disturbios o que, en su caso, no había tenido responsabilidad alguna en los quebrantos que se le imputaban. Si la ley y la justicia los declararon inocentes, nadie es quién para calificarlos como lo contrario.

Pero también dejemos las cosas en claro: el conflicto magisterial no duró un día, sino casi siete meses. En todo ese tiempo se cometieron una serie interminable de delitos, que lo mismo agraviaron a quienes encabezaban o eran parte de la resistencia popular, como también lesionaron gravemente los derechos de la ciudadanía. Ya fuera por acciones emprendidas por agentes del gobierno, o por quienes en la defensa de sus postulados de lucha popular, lo cierto es que la ciudadanía fue gravemente lesionada en sus intereses, derechos y pertenencias. Y a ésta, a la sociedad, nadie nunca le respondió por nada.

Por eso, el legado que se deja es simplemente de impunidad. Hoy parece más claro que nunca, que el Gobierno del Estado lo único que trató de hacer con los expedientes judiciales, fue ajustar cuentas con quien consideró que tenía pendientes, pero no para verdaderamente hacer justicia. De ahí que algunos líderes sociales fueran aprehendidos y encarcelados hasta los límites legalmente posibles, y que en episodios como el del 25 de noviembre se iniciaran averiguaciones cargadas de delitos, para generar la apariencia de que se les estaba juzgando con firmeza a quienes habían incendiado y agraviado a la capital oaxaqueña.

ADIÓS PASADO

Hoy es evidente todo lo contrario. La voluntad real por la justicia nunca existió. Por eso se están cerrando todos los expedientes relativos al 2006. Cualquiera que, desde el lado oficial o desde la resistencia popular, en ese tiempo haya cometido un delito quedará impune. Pero también quedará en la más completa de las impunidades, todo aquel que resintió la comisión de un delito —desde el robo más simple, hasta el homicidio de una persona cercana—, y que pacientemente sigue esperando la acción de la justicia. Ésta no existió, ni existirá, porque lo que interesa no es privilegiar la justicia y el Estado de Derecho, sino simplemente dejar el pasado atrás.

 

Gabino Cué: ¿Cómo blindarse contra el desencanto?

almargenoaxaca
-
0

+ Alianzas: que no predominen las mezquindades

No es raro que las administraciones que inician con fuertes expectativas, pasado un tiempo sufran baches de intenso desencanto. La experiencia no sólo mexicana, sino internacional de los procesos de alternancia política, y de arribo al poder de gobernantes con fuertes dosis de popularidad, enseñan que éstos o demuestran un alto grado de eficacia, o son castigados fuertemente por el electorado que los empoderó. Esto debe tenerlo bien presente el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Pues eso será lo que, en buena medida, determine su futuro político, así como la relación que pueda emprender con los gobiernos más fuertes de los partidos que contribuyeron a llevarlo al poder.

Como bien debe recordarse, el primer gobernador electo que, días después de los comicios, se reunió con el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue, precisamente, el de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. En aquellos momentos, ambos mandatarios aseguraron iniciar una relación de respeto y colaboración, que luego continuó con las reuniones subsecuentes que comenzaron a ocurrir entre el equipo de transición del próximo gobierno oaxaqueño con Secretarios de Estado y delegaciones federales para tratar de puntualizar temas en específico que son del interés y parte de la agenda de la administración entrante.

Esto, en un primer momento, dio la idea de que el gobierno de Cué Monteagudo tendría importante cercanía con la administración federal del presidente Calderón. No obstante, ayer el Mandatario Electo firmó un amplio acuerdo de colaboración con el gobierno perredista del Distrito Federal, que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón.

En dicho convenio, ambos gobernantes “decidieron estrechar lazos de colaboración para compartir programas exitosos además de mecanismos de evaluación en temas como la salud, educación, seguridad pública, administración de justicia, protección social, vivienda, medio ambiente, transporte, protección civil, finanzas, economía y turismo.” Es decir, que pareciera que buena parte de la agenda de asistencia social, desarrollo económico y administrativo de la capital del país, podría ser traslada a nuestra entidad a través del gobierno de Cué.

Esto bien puede llevarnos a una idea inicial: que el gobierno electo está estrechando lazos con gobiernos que son adversarios en común, y próximos rivales en el proceso electoral que se avecina, y que por esa razón el próximo gobierno de Oaxaca se estaría metiendo en un brete del cual podría no salir bien librado. En esa lógica, podría suponerse que las mezquindades de unos y otros, por motivos electorales, podrían ocasionar ciertas obstrucciones o boicots, que impactaran negativamente en programas favorables a nuestro estado.

¿Podría ocurrir algo así? Seguramente, si el ánimo electoral continúa igual de crispado que como hasta ahora, podría decirse que sí. Que ante un posible enfrentamiento electoral entre el candidato del presidente Felipe Calderón, con un potencial Marcelo Ebrard investido de la postulación presidencial por el PRD, un gobierno aliado de ambos, como el de Oaxaca, podría quedar muy mal parado. El punto clave hoy, para todos, es que para poder dar viabilidad a cualquiera de esas candidaturas, primero deben demostrar que Oaxaca —su mejor hechura, o su engendro, según sea el caso— tiene un gobierno verdaderamente de transición, eficaz y viable.

 

ATAJAR EL DESENCANTO

Parece hasta extraño tanto colaboracionismo de dos gobiernos adversarios, con un tercero como el de Oaxaca. La misma prensa de la capital del país, ha sido insistente con el gobernador electo Cué, respecto a quién será su candidato presidencial en 2012. Éste, por su parte, ha manifestado que apoyará la candidatura que considere más viable, sin negar que tiene cercanía con el ex abanderado presidencial, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué ante esas insistencias, ni el gobierno del presidente Calderón, ni el de Marcelo Ebrard “respingan”?

La respuesta se encuentra en la necesidad ineludible que tienen tanto el Partido Acción Nacional, como el de la Revolución Democrática, por demostrar que cualquiera de ellos sí puede gobernar no mejor que el otro entre sí, sino que uno u otro puede hacer mejor gobierno que el Revolucionario Institucional. En esa lógica, es que uno y otro gobierno parecen estar haciendo a un lado sus mezquindades características, para dedicarse a apuntalar a un gobierno que será base y modelo primero de la lucha electoral en el Estado de México el próximo año, y potencialmente de un candidato en común en 2012.

Parece claro, en ese sentido, que ambos partidos y gobiernos, tienen la obligación de no darle pautas al desencanto que, en términos sencillos, es lo que habrá de derrotarlos juntos en los próximos comicios, para darle más triunfos al priismo. Si este gobierno icónico de coalición fracasa, o da más tumbos que resultados concretos, entonces no sólo se esperarán derrotas en nuestra entidad, sino también demostraciones implacables de que sus más “profundos” sentimientos democráticos son una farsa.

En esa lógica, si el gobierno de Oaxaca que encabezará Gabino Cué se dedicará a “oaxaqueñizar” ciertas políticas públicas que se aplican en otras entidades de la República, es necesario que lo haga con toda la eficacia y pulcritud que las necesidades democráticas y de legitimación de su gobierno ameritan. Es deseable, por Oaxaca, que tenga la claridad para copiar lo útil y no los fracasos de las administraciones que habrá de tomar como modelo. En ello estará determinado el éxito de su primer tramo de gobierno, y es lo que en un momento dado le permitiría convalidar su administración a través de un triunfo en los comicios intermedios.

DELIMITAR EXPECTATIVAS

Si hace una administración inteligente, Cué deberá asumir la necesidad de acotar y delimitar las expectativas que él mismo, y sus colaboradores, están generando del próximo gobierno. Es imposible vivir de esperanzas, como querer hacerlo de fantasías irrealizables. En ese sentido, es ilógico, y peligroso, suponer que a partir del 1 de diciembre todos los problemas de Oaxaca serán resueltos, como también lo es el suponer que de todos modos el cambio sólo fue de facciones, pero que continuarán presentes los excesos en la administración pública, que tanto han molestado en los últimos años.

 

+ Alianzas: que no predominen las mezquindades

No es raro que las administraciones que inician con fuertes expectativas, pasado un tiempo sufran baches de intenso desencanto. La experiencia no sólo mexicana, sino internacional de los procesos de alternancia política, y de arribo al poder de gobernantes con fuertes dosis de popularidad, enseñan que éstos o demuestran un alto grado de eficacia, o son castigados fuertemente por el electorado que los empoderó. Esto debe tenerlo bien presente el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Pues eso será lo que, en buena medida, determine su futuro político, así como la relación que pueda emprender con los gobiernos más fuertes de los partidos que contribuyeron a llevarlo al poder.

Como bien debe recordarse, el primer gobernador electo que, días después de los comicios, se reunió con el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue, precisamente, el de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. En aquellos momentos, ambos mandatarios aseguraron iniciar una relación de respeto y colaboración, que luego continuó con las reuniones subsecuentes que comenzaron a ocurrir entre el equipo de transición del próximo gobierno oaxaqueño con Secretarios de Estado y delegaciones federales para tratar de puntualizar temas en específico que son del interés y parte de la agenda de la administración entrante.

Esto, en un primer momento, dio la idea de que el gobierno de Cué Monteagudo tendría importante cercanía con la administración federal del presidente Calderón. No obstante, ayer el Mandatario Electo firmó un amplio acuerdo de colaboración con el gobierno perredista del Distrito Federal, que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón.

En dicho convenio, ambos gobernantes “decidieron estrechar lazos de colaboración para compartir programas exitosos además de mecanismos de evaluación en temas como la salud, educación, seguridad pública, administración de justicia, protección social, vivienda, medio ambiente, transporte, protección civil, finanzas, economía y turismo.” Es decir, que pareciera que buena parte de la agenda de asistencia social, desarrollo económico y administrativo de la capital del país, podría ser traslada a nuestra entidad a través del gobierno de Cué.

Esto bien puede llevarnos a una idea inicial: que el gobierno electo está estrechando lazos con gobiernos que son adversarios en común, y próximos rivales en el proceso electoral que se avecina, y que por esa razón el próximo gobierno de Oaxaca se estaría metiendo en un brete del cual podría no salir bien librado. En esa lógica, podría suponerse que las mezquindades de unos y otros, por motivos electorales, podrían ocasionar ciertas obstrucciones o boicots, que impactaran negativamente en programas favorables a nuestro estado.

¿Podría ocurrir algo así? Seguramente, si el ánimo electoral continúa igual de crispado que como hasta ahora, podría decirse que sí. Que ante un posible enfrentamiento electoral entre el candidato del presidente Felipe Calderón, con un potencial Marcelo Ebrard investido de la postulación presidencial por el PRD, un gobierno aliado de ambos, como el de Oaxaca, podría quedar muy mal parado. El punto clave hoy, para todos, es que para poder dar viabilidad a cualquiera de esas candidaturas, primero deben demostrar que Oaxaca —su mejor hechura, o su engendro, según sea el caso— tiene un gobierno verdaderamente de transición, eficaz y viable.

 

ATAJAR EL DESENCANTO

Parece hasta extraño tanto colaboracionismo de dos gobiernos adversarios, con un tercero como el de Oaxaca. La misma prensa de la capital del país, ha sido insistente con el gobernador electo Cué, respecto a quién será su candidato presidencial en 2012. Éste, por su parte, ha manifestado que apoyará la candidatura que considere más viable, sin negar que tiene cercanía con el ex abanderado presidencial, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué ante esas insistencias, ni el gobierno del presidente Calderón, ni el de Marcelo Ebrard “respingan”?

La respuesta se encuentra en la necesidad ineludible que tienen tanto el Partido Acción Nacional, como el de la Revolución Democrática, por demostrar que cualquiera de ellos sí puede gobernar no mejor que el otro entre sí, sino que uno u otro puede hacer mejor gobierno que el Revolucionario Institucional. En esa lógica, es que uno y otro gobierno parecen estar haciendo a un lado sus mezquindades características, para dedicarse a apuntalar a un gobierno que será base y modelo primero de la lucha electoral en el Estado de México el próximo año, y potencialmente de un candidato en común en 2012.

Parece claro, en ese sentido, que ambos partidos y gobiernos, tienen la obligación de no darle pautas al desencanto que, en términos sencillos, es lo que habrá de derrotarlos juntos en los próximos comicios, para darle más triunfos al priismo. Si este gobierno icónico de coalición fracasa, o da más tumbos que resultados concretos, entonces no sólo se esperarán derrotas en nuestra entidad, sino también demostraciones implacables de que sus más “profundos” sentimientos democráticos son una farsa.

En esa lógica, si el gobierno de Oaxaca que encabezará Gabino Cué se dedicará a “oaxaqueñizar” ciertas políticas públicas que se aplican en otras entidades de la República, es necesario que lo haga con toda la eficacia y pulcritud que las necesidades democráticas y de legitimación de su gobierno ameritan. Es deseable, por Oaxaca, que tenga la claridad para copiar lo útil y no los fracasos de las administraciones que habrá de tomar como modelo. En ello estará determinado el éxito de su primer tramo de gobierno, y es lo que en un momento dado le permitiría convalidar su administración a través de un triunfo en los comicios intermedios.

DELIMITAR EXPECTATIVAS

Si hace una administración inteligente, Cué deberá asumir la necesidad de acotar y delimitar las expectativas que él mismo, y sus colaboradores, están generando del próximo gobierno. Es imposible vivir de esperanzas, como querer hacerlo de fantasías irrealizables. En ese sentido, es ilógico, y peligroso, suponer que a partir del 1 de diciembre todos los problemas de Oaxaca serán resueltos, como también lo es el suponer que de todos modos el cambio sólo fue de facciones, pero que continuarán presentes los excesos en la administración pública, que tanto han molestado en los últimos años.

 

1...402403404...437Page 403 of 437

¿Quiénes somos?

Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

Company

Quizás te puede interesar

CONTRAFUEGO || Programas sociales y cine terror

Opinión 0
Aurelio Ramos Méndez En el colmo de la desesperación pero...

Verificación y CO2

Columna Invitada 0
Carlos R. Aguilar Jiménez Para el establishment o statu quo...

CONTRAFUEGO || ¡Totalitarismo, cárcel para todos!

Opinión 0
Aurelio Ramos Méndez Si por milagroso designio el recién fallecido...

© 2021 Columna Al Margen. Todos los derechos reservados.