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Seguridad Pública: ¿de veras hay proyecto?

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+ Modelo federal: indebidamente sacralizado

A lo largo de toda la semana, en los corrillos de la política estatal se ha dicho con insistencia que es inminente la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla. Aunque políticamente eso será un escollo importante para el nuevo gobierno, también debería ser una oportunidad importante para que se evaluara qué tipo proyecto existe respecto a la seguridad pública en la entidad, y qué más se puede hacer.

Fue claro que sólo dos factores fueron fundamentales para el nombramiento de López Escamilla en la Secretaría de Seguridad Pública: el primero de ellos, fue la evidente cercanía y padrinazgo que tiene sobre dicho personaje, el ex procurador de Justicia Roberto Pedro Martínez Ortiz. El segundo, es que al provenir López de un alto cargo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se entiende que éste tuvo la aprobación expresa del gobierno federal, y del poderoso secretario Genaro García Luna. Todo eso pone en evidencia que, en materia de seguridad, el gobierno de Oaxaca está echado por completo en los brazos de la Federación.

Todo esto tiene particulares consecuencias. Una de ellas, que aunque parezca eminentemente técnica, es fundamental, radica en la implementación en Oaxaca de todo el modelo de seguridad pública que ha establecido el gobierno federal. De ahí que de diciembre a la fecha, la SSPE comenzara a insistir en los procesos de control de confianza que exige la Federación; que tratara de legitimar la implementación del llamado Mando Único Policial (aunque éste ya existe en la ley local respectiva, desde hace casi tres años); y que trataran de copiar los esquemas tácticos y estratégicos que ha planteado el gobierno federal con sus fuerzas policiales.

Puede verse, frente a todo eso, que por su origen e intereses, para los actuales mandos policiacos en Oaxaca el modelo a seguir es el federal; es claro que para ellos ese es el mejor, el único esquema, y el que debe aplicarse en la entidad.

Sólo que el “copiar” en una sociedad específica, un modelo de seguridad que fue planeado y confeccionado para otra, sin si quiera pasar por un proceso de adecuación o “tropicalización”, puede traer más perjuicios que beneficios. Y tal parece que eso es lo que está ocurriendo en Oaxaca.

¿Por qué? Porque lejos de cualquier intento por santificar o satanizar los modelos o la actuación de las fuerzas policiacas en las distintas regiones del país, los propios resultados del esquema federal han demostrado que éste tiene más posibilidades de culminar en un fracaso, que de revertir todas sus condiciones actuales y convertirse en un éxito.

Si a todo eso le aunamos el hecho de que la dependencia a cargo de Marco Tulio López Escamilla pretende aplicar inopinadamente el mismo modelo federal a Oaxaca, sin siquiera adecuarlo a su circunstancia específica, entonces podremos ver que el resultado corre graves riesgos de no ser el mejor.

Y es claro que al no tomar en cuenta las condiciones particulares de nuestra entidad, y al cometer errores propios de quien nunca ha tenido bajo su responsabilidad facultades específicas de mando policial, todo puede resultar en un desastre peor del que en este momento ya es.

 

¿QUÉ SIGUE?

Independientemente del modelo policiaco, de los débitos políticos del Titular de la SSPE, de sus errores operativos, e incluso de los resultados positivos que también esté entregando (porque no todo es bueno, pero tampoco es todo malo), lo cierto es que la percepción del ciudadano, y la realidad, corren en un solo sentido: los oaxaqueños de a pie no se sienten más seguros en las calles que antes. Y del mismo modo, no se ha visto una disminución objetiva de los hechos delictivos.

No obstante, es posible que ocurra la salida de López Escamilla de la SSPE, sin que ésta sea motivada por posibles malos resultados, por su desconocimiento del área, o por causa de una posible “nueva recomendación” del gobierno federal. Un entuerto político con la Sección 22, podría ser la puntilla de su dimisión.

Frente a esa posibilidad, habría que preguntarse ¿qué sigue? Pues bien, lo que podría ocurrir en el futuro cercano, de darse la renuncia de López, es la llegada de un mando castrense en retiro. Y aunque podría alegarse a favor de esa posibilidad, que los elementos militares son incorruptibles, que tienen mayor capacidad de mando, y que podrían entregar mejores resultados, lo cierto es que las experiencias en otras entidades federativas dicen exactamente lo contrario.

Cualquier oficial de las Fuerzas Armadas tiene una preparación castrense incuestionable. Además, un General en retiro abreva toda la experiencia que le brindó la carrera militar en cargos de mando y decisión. Sin embargo, no debíamos confundir que una es la formación militar, y otra es la formación policial que debe prevalecer en quienes debían tener a su cargo a las fuerzas civiles del orden.

En las entidades donde han implementado a militares en retiro como mandos policiacos, las cosas no han caminado de lo mejor. Quizá el “mejor” ejemplo de ello sea Nuevo  León, en donde el gobernador Rodrigo Medina, también por recomendación del gobierno federal, nombró a un oficial del Ejército como encargado de la seguridad, y así mismo lo hicieron los municipios más importantes de esa entidad,

¿Cuál es el resultado de ello? Que si esa recomendación federal fue para bajar los índices de inseguridad y violencia, éstos no bajaron. Por el contrario, además de irse incrementando, en los últimos meses han asesinado a por lo menos tres de esos oficiales castrenses en retiro, que hacían funciones de mando policiaco.

Así, no se trata de llevar la contra en todo. Más bien, de lo que debía tratarse es que el gobierno de Oaxaca no santificara, o tomara el federal como único modelo válido, y que explorara otras posibilidades.

Es necesario que un potencial nuevo titular de la SSPE, sea alguien que conoce el entorno, que sabe de los problemas específicos que Oaxaca en materia de inseguridad y algidez, y que tuviera cierta formación policial. Con eso harían mucho más que con la implementación de modelos ajenos a nuestra sociedad, que según parece tienen más parafernalia que utilidad real.

 

DE LUTO

Antenoche falleció la doctora Marta Sánchez Calvo. Desde este espacio expresamos nuestro profundo pesar, elevamos nuestras oraciones, y rogamos a Dios por la pronta resignación de quienes le sobreviven. Descanse en paz, querida amiga.

 

PRI: reacomodos revelan su descomposición

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+ Oaxaca en contexto nacional: “no molesten”

Quienes creyeron que el nuevo dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdez, fustigaría al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y a su grupo político, se equivocaron. Empero, también erraron quienes vaticinaban que el anterior Mandatario oaxaqueño sería el gran operador electoral del priismo, que sería algo así como el poder tras el trono, o que ocuparía un puesto de primer nivel en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. A partir de ese planteamiento, aparentemente contradictorio, pueden entenderse la guerra interna que actualmente se libra en el PRI oaxaqueño.

Hoy, queda claro que más que una disputa por el rescate del priismo, o por la democratización del mismo, lo que se libra es una feroz batalla de supervivencia entre los integrantes del grupo político que gobernó Oaxaca los últimos seis años.

En ese sentido, los enormes castillos en el aire que construyeron a partir de una posible victoria electoral en Oaxaca, se vinieron abajo con el resultado de la elección. A partir de entonces, las disputas dejaron de tener como motivo de fondo los altos vuelos, para convertirse en una guerra por los despojos y el reacomodo en los espacios de poder que les quedan.

Hasta antes de julio de 2010, el entonces gobernador Ulises Ruiz se había convertido en una especie de “ejemplo nacional”, por haber sido un Mandatario que aun teniendo en contra todos los factores de poder locales y nacionales, pudo no sólo sobrevivir a la andanada de los profesores de la Sección 22, a las aversiones de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a la posición electoral adversa en que quedó su grupo político en los comicios de 2006, y a todos los que aseguraban que él no culminaría su periodo en la gubernatura del Estado, sino hacer lo que quería dentro del territorio que gobernaba.

A mediados del año pasado, Ulises Ruiz había demostrado, pues, que gobernaba a plenitud una entidad en la que de nuevo el PRI arrasaba; que era el líder máximo de su grupo político, que tenía bajo su control a todas las demás expresiones priistas, que en buena medida se había vuelto inmune a los dardos envenenados que le lanzaban desde la Federación y las directivas nacionales de los partidos, y que incluso se había dado el lujo de improvisar a su candidato a la gubernatura, para ungir no al más idóneo sino quien más convenía a sus intereses.

De hecho, por esos mismos meses sus allegados comenzaron a filtrar la especie de que él había sido el primero que le habló al entonces gobernador Moreira del estado de Coahuila, sobre la posibilidad de convertirse en aspirante a la dirigencia nacional del PRI. También se decía, que independientemente del resultado de los comicios de Oaxaca, él sería el gran ingeniero electoral en el proceso para elegir Gobernador en el Estado de México en este año 2011.

En fin, parecía que el entonces gobernador Ruiz pasaría a ser una figura nacional. El único problema, es que el resultado del cuatro de julio pasado, lo regresó a su realidad de político apestado, de poseedor de una imagen de impresentable en la escena política nacional, que lo perdió todo por su necedad de anteponer el interés personal a las posibilidades de triunfo de su partido, y al que lo único que le quedaba a salvo —antes de que iniciaran las naturales traiciones, y se dejaran ver las ambiciones propias de quienes fueron sus operadores— era el feudo de poder que le quedó en el PRI de Oaxaca.

REALIDAD IMPLACABLE

Quién sabe en qué escenarios estaría hoy el ex gobernador Ruiz si su candidato, Eviel Pérez Magaña, hubiera ganado la gubernatura en julio pasado. Lo cierto es que éste perdió, y a partir de entonces iniciaron tanto las traiciones como las ambiciones, como también los arrepentimientos disimulados de todos aquellos que le prometieron más gloria y fortuna al aún Jefe Político de los priistas.

Hoy está en duda que formalmente él sea el operador electoral en la campaña priista del Estado de México. Aunque fácticamente se entiende que él y su grupo serán actores fundamentales en esa campaña —por los perfeccionados conocimientos que tienen sobre la ingeniería necesaria para manipular resultados electorales—, hasta ahora nadie se ha atrevido a mencionarlo formalmente como una de las piezas del engranaje priista del gobernador Enrique Peña Nieto para los meses próximos.

Del mismo modo, las posibilidades de que el ex gobernador Ruiz se integre en alguna de las responsabilidades formales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI son cada vez más escasas. No obstante se ha visto de forma clara el respaldo de la Dirigencia Nacional priista, al Comité Directivo Estatal que encabeza el diputado Pérez Magaña, lo cierto es que las posibilidades de que eso se traduzca en la inclusión del ex Mandatario oaxaqueño en la cúpula priista.

Más bien, lo que se ve es que la época de los intercambios ya comenzó. El dirigente nacional Moreira Valdés parece estar dando, a cambio del asiento que no entregó en el CEN priista al ex gobernador Ruiz, el respaldo para que éste reconfigure su grupo político de Oaxaca. Es decir, que a cambio de no cargar con el costo político de incluir a una figura de tantas aversiones y tantos costos políticos como el ex Mandatario, Moreira le está permitiendo que haga todo para conservar el feudo local que aún tiene en Oaxaca.

De ahí puede entenderse que todos, sin excepción, estén respaldando a la dirigencia del diputado Pérez Magaña, pero que nadie haga más por elevar la presencia del grupo del ex gobernador Ruiz.

Independientemente de las razones en particular que dieron pie a hechos como la solicitud de expulsión del diputado Jorge Franco Vargas, o la remoción del también legislador priista Manuel García Corpus de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara baja, es en esa lógica como puede entenderse perfectamente lo que hoy ocurre en esta pugna feroz que está desatada en el PRI oaxaqueño.

DE LO PERDIDO, LO

QUE SE ENCUENTRE

Todos los reacomodos buscan, dicen, “depurar” al Partido tricolor de los traidores. Lo cierto es que, más bien, lo que buscan es consolidar lo que queda del grupo político que gobernó Oaxaca entre 2004 y 2010. Buscan conservarlo aun haciendo la guerra. Y la ruta de choque que eligieron, según lo marcan las circunstancias, es la única disponible. Porque su feudo oaxaqueño, en realidad, es todo lo que les queda.

 

Tenencia vehicular: legal, pero ilegítima

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+ El problema: un pago, a cambio de nada


 

La ciudadanía paga impuestos para recibir del Estado un conjunto de servicios públicos y beneficios colectivos. A partir de ese planteamiento, debemos preguntarnos por qué aún cuando el impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos, es un gravamen legal, éste es ilegítimo. Y, entonces, habría que preguntarse por qué la ciudadanía ya no quiere cumplir con ese deber tributario.

Todos nos sabemos a la perfección aquella historia de que el impuesto sobre la tenencia fue creado para solventar el gasto que hizo el gobierno de México, cuando organizó los Juegos Olímpicos en el año de 1968. Sabemos también que el imponer y cobrar anualmente ese gravamen, le reportó a las arcas federales un ingreso extraordinario, del cual ya no se quiso desprender.

Fueron motivos eminentemente electorales (el marcado rechazo que la ciudadanía tenía hacia un impuesto que ya no justificaba su existencia, y la capitalización electoral que se hizo del asunto) los que llevaron al gobierno del presidente Felipe Calderón a abrogar, en 2007, la Ley respectiva; aunque posponiendo los efectos de esa determinación hasta el año 2012.

Una de las razones por las que la ciudadanía rechazaba tajantemente dicho impuesto, era por la alta erogación económica que éste representaba. Otra razón, menos visible, apuntaba a que el gobierno federal hizo distribuible este impuesto entre las entidades federativas que integran la Federación Mexicana.

Es decir, que lo recaudado era repartido a las entidades federativas para cumplir fines no determinados previamente. Así, aunque el producto del impuesto sobre la tenencia fue utilizado para muchos fines benéficos para el bien común, lo cierto es que al contribuyente nunca se le dijo exactamente en qué se aplicaban sus impuestos, y mucho menos se tomaron decisiones pertinentes para legitimarlo frente a los automovilistas. ¿De qué hablamos?

De que el gobierno federal nunca destinó los recursos obtenidos por la tenencia vehicular, para atender todo el universo de asuntos públicos que se encuentran relacionados con los vehículos de motor.

Al menos en el caso de la Federación, ésta nunca reinvirtió específicamente esos recursos en temas como caminos y carreteras, seguridad pública, medio ambiente, energéticos, y todo aquello que pudiera dar la idea a quienes estaban obligados al pago de ese impuesto, de que verdaderamente los recursos entregados al Estado le estaban siendo retribuidos en obras útiles y benéficas directamente para ellos.

Así, cuando inicialmente el gobierno federal pudo tomar una decisión de ese tipo (porque aún eran los tiempos del partido hegemónico, y de la sumisión del Poder Legislativo a la potestad presidencial), no lo hizo; y después, cuando pudo haberlo sostenido, los partidos políticos lo convirtieron en un tema de proselitismo electoral.

Y finalmente, como nadie quiso esforzarse ni cargar con el costo político de emprender su sostenimiento, y como al gobierno federal ya no le provocaba mayor afectación su permanencia o derogación, mejor decidió eliminarlo.

¿Por qué desde hace algunos años, el cobro de ese impuesto dejó de interesarle al gobierno federal? Porque por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal, aunque éste gravamen seguía siendo federal, era aprovechado por la entidad federativa donde se hiciera el pago.

Y al desaparecer como impuesto federal, quedó tanto la puerta abierta para estatalizarlo; pero también quedó el hueco económico por la anulación de ese concepto de recaudación, que el gobierno de cada entidad federativa debía ver cómo enfrentar a través de medidas alternativas de cobro o austeridad, o simplemente reproduciendo el patrón federal de la tenencia vehicular.

 ¿POR QUÉ QUITARLA?

Sería inaudito pensar que, siendo la tenencia vehicular un cobro federal, la disposición o rechazo al pago de ese gravamen varíe de estado a estado. Si todos fuimos sujetos de dicho gravamen, y la gran mayoría mostró siempre rechazo hacia él, es claro que entonces inconformes existen lo mismo en Oaxaca, que en Nuevo León.

Si esto es así, si está perfectamente comprobado que el común de la sociedad mexicana rechaza ese impuesto, y si incluso varias entidades de la República han puesto el ejemplo de que sí se puede eliminar encontrando formas alternativas de austeridad o captación de recursos económicos, ¿entonces por qué aferrarse a seguirlo cobrando?

La respuesta es muy simple: porque el gobierno estatal tiene una capacidad de operación y planteamiento de soluciones, bastante reducidas. Hasta hoy, el Gobierno del Estado, considera que con mandar a diseñar unos carteles y distribuirlos masivamente por el territorio estatal, logrará convencer a la ciudadanía de algo que se ha resistido a hacer sistemáticamente.

En su planteamiento, el gobierno estatal simplemente dice que con los recursos captados por el impuesto sobre la tenencia de vehículos “Oaxaca seguirá avanzando”. Y dice que con ello construirán más escuelas, caminos, hospitales e infraestructura. El problema es que, en medio de una entidad federativa que se caracteriza por tener calles y carreteras francamente destruidas, eso es lo que siempre le han prometido a los oaxaqueños, y nunca les han cumplido.

Nadie tiene certeza de en qué, específicamente, se ha gastado el dinero captado por impuestos de este tipo. De ahí, repetimos, nace la deslegitimación y la desconfianza hacia dicho gravamen. Lo más lamentable, es que el Gobierno del Estado ni siquiera ha sido capaz de comprender, que quizá etiquetando esos recursos para ciertas acciones específicas, y retribuyendo a quienes pagan ese impuesto al menos con vías de comunicación más decorosas, podría hacer algo para legitimarlo.

Para política del “te cobro y no te digo para qué” está desfasada desde hace mucho. Al darle un destino específico, y ofrecer facilidades de pago reales, podrían honrar la transparencia y revertir estos cuestionamientos que pueden ser todo, menos algo infundado.

 ASUNTOS INDÍGENAS

Cobrando una más de las afrentas internas del priismo, ayer fue destituido el diputado federal Manuel García Corpus de la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara baja. Ésta, dicen, la ocupaba como instrumento discrecional de negociación con el gobierno estatal. La titularidad de la misma, pasó a manos de otro oaxaqueño, el diputado federal también priista, Jorge González Ilescas, quien ahora sí debe trabajar por Oaxaca y no por sus intereses particulares.

¿Y la verdadera base del PRI cuándo despertará?

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+ Sólo ulisistas, todos los que se disputan dirigencia

Es sorprendente cómo los principales grupos al interior del Partido Revolucionario Institucional, siguen sin entender el mensaje implacable de su militancia y de los oaxaqueños en general. Aferrados a sus posiciones, nadie ha comprendido que para darle viabilidad a su partido en el futuro, es necesario hacer un verdadero cambio de fondo. Como éste los incluye, prefieren hacerse los desentendidos para continuar peleándose por los restos de lo que fue el hegemónico partido gobernante en Oaxaca.

Ayer vimos otra escena característica de los priistas aferrados: por un lado, un grupo, encabezado por el diputado federal Héctor Pablo Ramírez Leyva, anunció que por la mañana acudiría a la sede de su partido, para entregar a los representantes de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, un documento que contenía la solicitud de expulsión de las filas del PRI, de su homólogo Jorge Franco Vargas.

Éste —o los mismos organizadores del evento—, actuando de manera francamente predecible, aparentemente reaccionó como lo marca el “librito” de la tradicional política práctica del priismo: no para boicotear el evento, sino únicamente para “hacer presencia”, envió a un reducido grupo porril que por momentos parecía que intentaría sabotear el evento, aunque sólo terminó lanzando unas cuantas piedras e hizo un simple conato de bronca.

Al parecer, la finalidad visible del grupo que fue a solicitar la expulsión de Franco Vargas, era la de dar una vuelta más de presión a la tuerca de sus pugnas internas, comenzando a dar remedio de fondo a los factores que, según ellos, pretenden desestabilizar y poner en jaque sus procesos y decisiones internas. Fue, según ellos, un acto de fuerza y provocación que inmediatamente resintió el ex Dirigente priista quien, fiel a su costumbre, de inmediato decidió hacer uso de su pintoresco grupo de porros.

¿Qué queda en el fondo de esos presuntos actos mutuos de rebelión y democratización interna en el priismo? Lo que queda, es la imagen perfectamente clara de un grupo que se rehúsa a dejar de contar los centavos, en aras de aprovechar los pesos. ¿De qué hablamos?

De que, en el fondo, nadie cree que esa pugna al interior del PRI sea ni por la democratización, ni por la independencia ni por la autonomía de ese instituto político. Es perfectamente visible que esa pugna sigue siendo protagonizada por los integrantes del mismo grupo político (el ulisismo) que tercamente pretende seguir manteniendo el control de la dirigencia priista.

En realidad, personajes como el grupo que ayer encabezó el diputado Ramírez Leyva, como quienes integran la fracción que respalda al diputado Franco Vargas, pertenecen a la misma ralea política a la que finalmente los electores oaxaqueños calificaron implacablemente el cuatro de julio pasado.

En ese sentido, les guste o no, lo acepten o no, todos —franquistas, evielistas, hectorpablistas, toledistas, y demás ulisistas en proceso de evolución— por igual fueron descalificados políticamente al ser derrotados en las urnas, y por eso todos tienen el mismo nivel de descrédito frente al electorado.

Frente a todo eso, un grupo político verdaderamente inteligente debía estar pensando en cómo hacer crecer su presencia y capital político, independientemente de las pertenencias caciquiles, y los protagonismos. Ese es el quid del escenario actual del priismo oaxaqueño.

 

DESCRÉDITO COMÚN

Nadie creyó nunca que Jorge Franco Vargas pudiera ser un líder carismático. De hecho nunca lo fue. Al detentar los más encumbrados cargos políticos del estado, basó su “liderazgo” en la capacidad de decisión y de disposición de recursos que le fue delegada, además de sus poco ortodoxas formas de convencer o presionar a quienes no estaban de acuerdo con él, o se resistían a acatar lo que él ordenaba.

Por otro lado, propios y extraños cuestionaron que luego del cuatro de julio, el entonces gobernador Ulises Ruiz —en su calidad de Jefe Político del priismo—, decidiera que fuera el candidato derrotado a la gubernatura, Eviel Pérez Magaña quien encabezara el Comité Estatal del priismo.

Entonces, ya a semanas de abandonar el poder, fueron los propios tricolores quienes más criticaron a su “líder”. Dijeron, como lo es, que carecía de carácter, de liderazgo, de visión política y de determinación para hacer valer su palabra como mandato dentro del priismo. Cuestionaron duramente que trasladara a la dirigencia priista a todo el equipo que lo había llevado a la debacle electoral. Es más, criticaban hasta las formas en cómo decidió reasumir su curul en la Cámara baja.

Todo eso se decía en las canchas priistas. Sin embargo, en las auténticas canchas ciudadanas el cuestionamiento ha sido, y es, en otro sentido. El oaxaqueño de a pie que más o menos se interesa por la vida política del estado, no ha dejado de cuestionar que el PRI siga en manos del mismo grupo que lo llevó a la derrota.

Se lamentan por el hecho de que éstos continúen perdiendo tiempo valioso en sus pugnas internas, y no tengan la capacidad para presentar una verdadera oposición al gobierno estatal, ahora en manos de un mandatario emanado del Partido Convergencia. Cuestionan, incluso, el hecho de que sigan viendo —como en los tiempos del “partidazo”— a la dirigencia estatal en un sentido puramente patrimonialista.

Por eso, en el fondo todos cargan con el mismo estigma. Se queden los evielistas, o asuman el poder los franquistas, de todos modos la posibilidad de que en esas condiciones el PRI se reorganice y vuelva a tomar el impulso electoral que tuvo en otros tiempos, no son del todo alentadoras.

La gente común lo que ve, es que las pugnas no son por otra cosa sino por el poder entre un solo grupo. Finalmente, si el grupo que encabeza Eviel Pérez trae el estigma de la derrota, el que encabeza Franco Vargas tiene el sello de la traición, de la impopularidad, de la imposibilidad de ganar una elección, y del maquiavelismo propio de los que, si el PRI hablara, jamás quisiera tener en sus filas.

 

¿QUÉ HACER?

A pesar de que el gobernador Enrique Peña Nieto no sólo es un montielista puro, sino también pariente directo del repudiado y corrupto ex gobernador Arturo Montiel Rojas, el PRI mexiquense entendió que pueden ganar mucho cambiando todos los rostros sin modificar los intereses de fondo. ¿Allá quién se acuerda del ex Gobernador? Eso deberían pensar los voraces y ambiciosos priistas de Oaxaca.

 

Sección 22: ¿sindicato o grupo de lucha social?

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+ Dualidad le permite estar en todo… y en nada

Pocos ejemplos existen en el país, de organismos tan singulares y temidos como la Sección 22 del SNTE. Aunque formalmente ésta no es sino una representación estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí asume también la faceta de organización de lucha social. Ello le permite no sólo luchar por sus intereses, sino también —cuando le conviene— abanderar “las causas del pueblo de Oaxaca”. Lo grave es que, en realidad, ésta nunca se ha hecho verdaderamente responsable ni de los problemas de su gremio, ni de las causas que más afectan a la ciudadanía.

No parece una exageración asegurar, en primer término, que la Sección 22 es hoy uno de los organismos aglutinadores de intereses diversos, más perfeccionados que existen en el país. Aún cuando su existencia está determinada por la defensa de los intereses laborales de los trabajadores de la educación, es claro que ésta ha buscado meterse en todos los ámbitos de la vida pública oaxaqueña, para sacar provecho de ello.

El problema es que, al poner su actuación a contraluz, pueden verse las enormes grietas que tiene su supuesta moral intachable. ¿Por qué? Porque se supone que su principal motor de lucha y existencia, radica en la defensa de los intereses y las conquistas sindicales de los educadores. Sin embargo, puede verse que más allá de las mejoras salariales, el control sindical no ha servido más que para mantener a raya a sus agremiados, y obligarlos a cumplir inopinadamente con las determinaciones de la dirigencia magisterial.

¿Por qué es grave esto? Porque se supone que en una sociedad verdaderamente organizada, el gremio auténticamente más combativo, plural y suministrador de ideas a la sociedad, debía ser el de los educadores. Sólo que aquí, el control sindical impide que cada trabajador de la educación discierna por sí mismo, decida qué hacer frente a los problemas que aborda su gremio, e incluso tenga la posibilidad de expresar libremente, y llevar a los hechos, sus discrepancias con el grupo que lo representa.

Sin embargo, todo esto podría ser lo de menos. El asunto de fondo, es que en aras de su lucha sindical, los trabajadores de la educación son los primeros que han permitido la erradicación de todas las posibilidades de que ellos mismos elevaran su nivel intelectual, la calidad de su trabajo, su competitividad e incluso la construcción de una verdadera conciencia social. Es decir, que su lucha gremial les ha impedido por completo la posibilidad de ser verdaderamente libres no sólo para actuar, sino también para pensar y decidir.

Esto podría parecer lo de menos. En realidad, los trabajadores de la educación en Oaxaca han decidido asumir una posición de comodidad, a través de la cual desprecian todos los señalamientos que les son adversos, y ensalzar todos los que justifican una lucha social que les ha dado más recursos, pero que les ha coartado su verdadera posibilidad de tener conciencia.

Aunque pudieran sentirse respaldados por su sindicato, por su dirigencia, e incluso por su superioridad numérica, lo cierto es que esto es lo único que los sostiene. Son nulas las verdaderas posibilidades de que su actuación como gremio superara favorablemente el tamiz de un verdadero análisis de su comportamiento como organización sindical, de sus logros más allá del mero asunto económico, y de sus perspectivas para el futuro no sólo de su gremio, sino también de todo lo que se encuentra a su alrededor.

LA “LUCHA SOCIAL”

A la gran mayoría de los oaxaqueños que no pertenecen a la Sección 22, les molesta el hecho de que los profesores de la educación tengan salarios tan elevados e inmerecidos, frente a la cantidad de tiempo que cotidianamente invierten en su labor, frente a la calidad de la instrucción que ofrecen a los educandos, frente a su inestabilidad y las intermitencias de su trabajo, y frente a los resultados que acumuladamente le han entregado a Oaxaca en las evaluaciones educativas.

Sin embargo, ellos no sólo se asumen como una representación sindical, sino como un auténtico grupo de lucha social que, además, está llamado a defender y proteger los intereses de todos los oaxaqueños. Esto llama particularmente la atención, porque ni aquí, ni en la mayoría de los estados que integran el país, existe variedad de grupos como éste que lo mismo se diga llamado a defender sus intereses, que supuestamente los de toda la población.

En ese sentido, es necesario analizar las particularidades de la Sección 22. Ésta no tiene ningún tapujo en asumirse como una organización gremial, y defender exclusivamente sus intereses, cuando por ejemplo exige cada año la revisión de su pliego petitorio al Gobierno del Estado, o cuando, como ahora, exige la destitución de funcionarios por un asunto que exclusivamente los concierne a ellos. De hecho, esa es la razón por la que hasta “pide disculpas” a la ciudadanía por las afectaciones causadas.

No obstante, la 22 también se asume, cuando le conviene, como defensora de los derechos y garantías de toda la población. Esto es lo que hemos visto particularmente acentuado después del conflicto magisterial y popular de 2006. El sindicato magisterial en Oaxaca se asumió como un efectivo grupo de lucha, que encuentra la posibilidad de hermanarse a cualquier otra causa aunque no les incumba, pero que sí les pueda reportar algún beneficio político.

Y todo esto podría tomarse como válido. Lo malo es que, de nuevo, al pasar por el tamiz del análisis riguroso, su actuación como grupo de lucha social, podremos encontrar que son más los quebrantos que los logros que han conseguido en su lucha. En realidad, la 22 siempre ha estado lejos de ser un auténtico grupo de tutela de los intereses de los que menos tienen y, al igual que a sus agremiados, sólo ha utilizado esas banderas para seguir buscando la satisfacción de intereses bastante específicos, que poco o nada tienen que ver ni con la lucha social, ni con la defensa de los intereses de sus agremiados.

¿CAMBIOS EN PUERTA?

Por cierto, aseguran en los corrillos de la política estatal, que el Gobierno del Estado pronto cederá las renuncias que exige la Sección 22. Particularmente, se dice que al IEEPO llegará uno de esos personajes de larga trayectoria y experiencia en la vida pública de Oaxaca, para comenzar a encauzar esta relación que está innecesariamente deteriorada. Sólo que algunos de los “caza priistas” y “puristas del cambio”, se sentirán agraviados. ¿Será?

Primer balance: aún, beneficio de la duda para GCM

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+ Grupos armados: Oaxaca, intensa caja de resonancia

Desde siempre se advirtió que las expectativas del cambio, eran directamente proporcionales al riesgo social y político que conllevaban. Tal y como se estableció en los cálculos previos, no iban a ser suficientes ni cien, ni quinientos, y quizá ni mil días para poder reflejar una modificación sustancial en el estado de cosas. El problema es que, a un inicio, quienes tenían en sus manos la labor de hacer mesuradas las promesas, decidieron darle rienda suelta a la expectativa ciudadana.

Hoy que pasaron los primeros 111 días de gobierno en Oaxaca, es clara la discordancia entre el gobierno y la sociedad. La administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo ha evitado cualquier posibilidad de hacer un balance serio. En este sentido, lo más que ha dicho el Mandatario estatal, es que las posibilidades de ver cristalizada una transición democrática de fondo deberá conllevar un trabajo sostenido de al menos 25 años. Fuera de eso, sin embargo, es nada lo que se ha agregado a lo que podría ser este primer balance.

No obstante, parece que la sociedad oaxaqueña, y los sectores que generan las principales resonancias y lecturas políticas del escenario estatal, sí quisieran iniciar ese primer recuento. De ahí que tanto en los medios de información, como en los sectores de la sociedad, e incluso entre quienes observan el devenir político desde las trincheras institucionales, sí ha permeado esta idea de someter por primera vez a revisión, esta controvertida —y para muchos esperanzadora— administración en la entidad.

En ese sentido, este espacio ha dado particular relevancia a la lectura que realizan de la realidad, grupos armados tales como el Ejército Popular Revolucionario o las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. Aunque una organización y otra manifiestan diferencias fundamentales entre sí, inicialmente pareció haber entre ellas la coincidencia de no ver con malos ojos la posibilidad de un cambio de partido en el poder en Oaxaca.

Una lectura incorrecta de esa idea, podría llevarnos a suponer que esa causa (la de la alternancia de partidos en Oaxaca) no sólo generaba coincidencias y posibles apoyos —una y otro, aunque pareciera, están lejos de ser lo mismo— a la aventura electoral del ahora gobernador Cué.

Y no sólo eso: aquella misma lectura incorrecta de los posicionamientos de esos grupos, podría incluso llegar a suponer que éstos, por su causa común de manifestar aversión al régimen priista del gobernador Ulises Ruiz, habrían de sostener algún tipo de incondicionalidad con el gobernador Cué, o que habrían de respaldar todas las decisiones de éste ya como Mandatario.

Sin embargo, queda claro que tanto los grupos armados como otras organizaciones de lucha social como la Sección 22, tienen líneas políticas e ideológicas perfectamente definidas, las cuales no quedan sujetas a negociación, y mucho menos son trazadas para seguir incuestionablemente una causa político-electoral con la cual ellos, esencialmente, no concuerdan.

Esa es la razón por la que ninguna de esas organizaciones, que sí vio con buenos ojos el cambio de régimen en el poder en Oaxaca, hoy ha manifestado coincidencias o beneplácito por lo que hasta ahora ha decidido y logrado la administración del gobernador Cué.

En esa postura alejada de los partidismos y las incondicionalidades, es donde a nuestro juicio se encuentran los análisis más sólidos de la realidad en Oaxaca. Su importancia no sólo radica en el contenido de los mismos, sino también en qué voz, y bajo qué tesitura lo dice. Vale la pena, en este sentido, no dejar de lado el análisis de los primeros 111 días de gobierno en Oaxaca que hace dos días hizo público las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo.

BENEFICIO DE LA DUDA

Cabe decir que este balance, aunque critica duramente diversas decisiones y primeros resultados de la administración del gobernador Cué, tiene la particularidad de aún no señalarlo directamente por los hechos que señala. Aunque disimuladamente, parece claro que aún existe, al menos en esa organización, la idea de seguirle brindando el beneficio de la duda. A ver cuánto le dura.

Respecto a la relación del Gobierno del Estado con la Sección señalan lo siguiente: “para tender los puentes y acercamientos con uno de los actores políticos y sociales más destacados, Bernardo Vásquez e Irma Piñeiro no son los más idóneos (…) Problemática que se agrava aún más con la reciente desaparición de un maestro muy cercano al Secretario General que funge como su asesor en muchas temáticas. Eso muestra además que quienes realizaron el levantón y posterior desaparición de Carlos Román Salazar saben el rol que desempeña al lado de Chepi. Y saben con certeza que esta acción desestabiliza de manera permanente el precario ambiente político estatal. ¿Quién está detrás de estas acciones? No es muy difícil saberlo, lo importante es que los actores a los que les compete actúen de manera correcta y sin cortapisas.”

Este, que constituye un señalamiento directo a dos de los principales funcionarios del gobierno de Cué, se complementa con la crítica implacable a su principal programa social. “En lo que se refiere a la política social, se ha lanzado mediáticamente un programa titulado ‘Bienestar’ (…) Pero nada se dice de los enormes candados que tienen estas medidas plenamente clientelares y electoreras. Las normas de operación para acceder a estos beneficios indican que solo podrán beneficiarse municipios con más de 30 mil habitantes. Es decir, la inmensa mayoría del Oaxaca rural queda fuera de esta iniciativa populista y que tiene objetivos de caución del voto. Los pobres de siempre quedarán fuera de esta iniciativa.”

GOBIERNO DE CUATES

Y luego de señalar otros temas, como las pugnas postelectorales en diversos municipios, la falta de investigación sobre homicidios y desapariciones de alto impacto, los negocios que se realizarían con el agua en Tuxtepec, con las minas en Zaniza y Textitlán, y los desarrollos urbanos en la zona aledaña a la capital oaxaqueña, rematan diciendo: “lamentablemente Gabino Cué se convirtió en el ámbito económico en un rehén de los compromisos contraídos con los grupos oligárquicos. En el aspecto político convirtió su administración en un espacio de cuotas y de cuates. Le ha faltado mayor liderazgo y es muy dado a usar el aspecto mediático para mantener el nivel de aceptación que todavía aún sustenta (el mal llamado ‘bono democrático’).” Y ni eso.

Recompensas: su abuso no deja nada bueno

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+ Falsa “ciudadanización”; PGJE debe actuar

La semana pasada, apenas unos días después de que se declarara como desaparecido el profesor Carlos René Román Salazar, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla, como el procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, anunciaron que el Gobierno del Estado ofrecía una importante suma de dinero a quien proporcionara datos efectivos que llevaran a la localización del mentor.

Ayer, fue el propio gobernador Gabino Cué quien hizo un anuncio similar respecto al millonario robo que sufrió una empresa transportadora de valores. Más allá de cualquier calificativo, el gobierno de Oaxaca debe ser cuidadoso a la hora de suplir con recompensas el trabajo de investigación. Esto porque tanto la seguridad pública, como la procuración de justicia, no se acaban en la localización de los bienes jurídicos u perdidos, y mucho menos con la tasación de la facultad coercitiva y el derecho de fuerza que tiene el Estado.

En primer término, es claro que el Gobierno del Estado ha tenido un gravísimo problema con la procuración efectiva de la justicia. Asimismo, es evidente que, derivado de ello, la ciudadanía no cree, ni confía, en que la autoridad pueda hacer algo, eficiente y rápido, para verdaderamente honrar la justicia.

Es tal el grado de inmovilidad y escepticismo que prevalece, que por ello medidas como el ofrecimiento de recompensas podrían parecer innovadoras, efectivas, e incluso necesarias. Habría, sin embargo, que tal tales medidas no con aversión, pero sí con cierto grado de reserva.

Hasta donde se tiene memoria, ni la Procuraduría del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública —o su equivalente—, habían utilizado el sistema de recompensas, como uno de los caminos posibles para castigar delitos y reparar los quebrantos.

No lo utilizaban porque las autoridades respectivas, siempre aseguraban que era suficiente con el trabajo de investigación que realizaban los agentes policiacos, y que era innecesario (e incluso una muestra de debilidad) ofrecer dinero para que la ciudadanía hiciera el trabajo que no podía o no quería hacer la policía.

Sin embargo, lo grave no era eso, sino que las autoridades policiacas ni involucraban a la ciudadanía en una labor en la que ésta sí debe tener cierto grado de participación o colaboración, pero tampoco mostraban eficiencia a la hora de hacer el trabajo de investigación del que, lejos de alentar, apartaban al ciudadano.

Los resultados hoy están a la vista: la ciudadanía no confía en sus autoridades; las cree incapaces de realizar cualquier trabajo de investigación policiaca hasta concluirlo. E incluso, siempre el primer sentimiento ciudadano frente a casos de alto impacto como los que ahora se mencionan, es mucho más de duda que de certeza de que la policía podrá esclarecerlos y castigar a los responsables.

ELEMENTOS DE RIESGO

Cuando se supo de la desaparición del profesor Román Salazar, el gobierno y la sociedad oaxaqueña se consternaron no sólo por el hecho en sí, sino porque esa parecía —y era— una premonición directa de que los conflictos entre la Sección 22 del SNTE y la administración estatal no sólo no se resolverían, sino que irían en ascenso.

Incluso, se “entendió” que el ofrecimiento de una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcionara datos efectivos que ayudaran a la localización del profesor desaparecido, era más que una mera acción estimulante de la investigación, parte de una estrategia política definida para darle certidumbre al Sindicato Magisterial de que en realidad sí se estaba haciendo todo lo necesario para dar con el paradero de su compañero presuntamente levantado.

En este sentido, llama particularmente la atención la reacción que tuvo la Sección 22 frente al ofrecimiento de la multicitada recompensa: los dirigentes reales y visibles de la 22, se mostraron molestos no porque el gobierno estatal —por un motivo político— de antemano esté renunciando a su encomienda constitucional de investigar y esclarecer, a través de las instancias idóneas, la comisión de un ilícito, sino porque la cifra de 500 mil pesos era “demasiado baja” como para ponerle precio a la vida de uno de sus militantes.

Frente a ello habría que preguntarse si la Sección 22 habría estado satisfecha si el gobierno estatal, de todos modos renunciando a sus atribuciones constitucionales, tasara en un mayor “precio” la vida del desaparecido.

Parece claro que aún cuando para la ley el bien jurídico de la vida de las personas no tiene valor pecuniario, para ellos sí es trascendental el importe económico que se le ponga a una recompensa. Pareciera que mientras a unos les preocupa el paradero y la vida del profesor Román Salazar, a la 22 lo que le interesa es que nadie, bajo ninguna circunstancia, “haga menos” a sus militantes.

No obstante, allende esas cuestiones existe un tema mucho más preocupante: ¿A partir de ahora el gobierno estatal dispondrá de fuertes sumas de dinero para esclarecer ciertos delitos de alto impacto? Incluso, más allá de esa denominación (“de alto impacto”), ¿a partir de qué criterios o circunstancias en las que se comete un crimen, decidirá si ofrece o no una suma pecuniaria a cambio de información?

En realidad, buena parte de lo que preocupa es que el Gobierno del Estado pretenda relevar de sus respectivas misiones, a las instancias encargadas de la seguridad y la investigación estatal. Es cierto que tanto la SSPE, como la Procuraduría, necesitan importantes recursos para abatir sus rezagos (y es ahí donde debía haber más atención e inversión).

Sin embargo, consideramos no sólo innecesario, sino también riesgoso, que ahora se pretenda distorsionar la función que tiene la población en el esclarecimiento de delitos. Esto debe quedar claro: el ciudadano, por un deber cívico, debe contribuir a la seguridad a través de la denuncia.

En este sentido, un mal planteamiento de esas medidas económicas, o una implementación excesiva de éstas, puede llevar a la justicia a contaminarse con vicios y ambiciones personales que no resuelven de fondo los problemas que hoy mismo enfrenta.

¿CAZARRECOMPENSAS?

En primer término, el gobierno estatal debía poner a prueba el sistema de procuración de justicia para saber, con datos duros, si funciona o no. Al relevarlo a través de las recompensas, lo único que promueve es el surgimiento de cazarrecompensas. Y Oaxaca no está para esos vicios o frivolidades.

Transición: ¿asunto de leyes o de personas?

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+ Las reformas sin cambios personales, equivalen a nada

Tienen razón todos aquellos que, comenzando por el mismo gobernador Gabino Cué Monteagudo, hoy aseguran que la transición democrática en Oaxaca no ocurrirá de la noche a la mañana. Sin embargo, más allá de esa afirmación incuestionable habría que comenzar a pensar con seriedad qué conlleva la tantas veces mentada “transición”, y qué es lo que todos —independientemente de los partidismos, los intereses de grupo y las ambiciones personales— debemos aportar para que ese cambio de fondo ocurra.

El asunto no es menor. Porque hoy más que nunca debíamos analizar con mayor detenimiento qué es lo que realmente se necesita para que ello ocurra. En un primer momento nos vendieron la idea de que votando por una opción diferente lograríamos la transición. Luego se nos dijo que con una “limpia” de funcionarios del anterior régimen se lograrían avances.

Desde hace un par de meses, se nos ha querido incrustar la idea de que con las reformas constitucionales la democracia llegará. Y ayer, al cumplirse los primeros 111 días de gobierno, se nos aseguró a los oaxaqueños que el cambio ocurrirá luego de que ese acumulado de factores lleve un ritmo sostenido de cuando menos 25 años. Es evidente que, frente a todo eso, lo que resulta es un peligroso descuido del discurso de cambio por parte de quienes ya se vieron beneficiados de él, al haber accedido al poder estatal. ¿Por qué?

Porque, de entrada, lo que ya es hoy claramente perceptible es la contradicción entre el discurso del cambio profundo a partir de la alternancia, y los señalamientos actuales respecto a que toda evolución debe llevar un curso sostenido de cuando menos dos décadas. Aunque esencialmente tienen razón al aceptar que los cambios no pueden ser tan abruptos —y que ni siquiera lo pueden ser tanto aún cuando éstos se logran a través de la vía armada—, lo que también es visible, es que ellos están jugando con fuego al no poder sostener —ni retóricamente— lo que machaconamente dijeron que lograrían al haber alternancia de partidos.

Y, en este sentido, habría que puntualizar bien lo que aquí se dice: no se trata de que sostengan promesas que hoy visiblemente son imposibles de cumplir en el corto plazo. Pero tampoco se trata de que rápidamente se caiga en esta actitud de desánimo, frente a lo que dijeron que conseguirían. Ante tales contradicciones, o en su momento no sabían de lo que hablaban al prometer la transición en seis años, o deliberadamente vertieron esas promesas irrealizables sólo para captar la confianza y el voto de los electores.

Por todo eso, hoy lo primero que tendría que ocurrir en quienes tienen en sus manos al Gobierno del Estado, es que abandonaran esa actitud de pasmo y descontrol que, independientemente de la causa, denotan en su actuación como servidores públicos. Es cierto que el régimen anterior pudo haber dejado hecho un desastre la administración. Pero también lo es que el pueblo de Oaxaca los eligió para trabajar y hacer mejor las cosas, además de ajustar cuentas con los corruptos, pero no para sólo responsabilizar a sus antecesores por las cosas que ellos no tienen capacidad de resolver.

Y junto a eso, debían enfocar sus actitudes en otras rutas que denotaran que si bien los cambios de fondo no llegarán de la noche a la mañana, ellos sí sentarán bases sólidas para que la transición comience con una inquebrantable decisión por cambiar las actitudes y las prácticas de poder.

 

LEY: CAUSA Y EFECTO

Señalan los teóricos de las ciencias sociales, que el poder político sólo puede ser ejercido en lo que ellos denominan como “una sociedad estatal”. Esa sociedad estatal, es la que dicen que existe cuando un grupo de ciudadanos convive regido por la ley, bajo el imperio de un Estado soberano, que ejerce sus funciones a través de un gobierno conformado por un grupo especializado de funcionarios.

En todo esto, el poder político no radica sólo en la capacidad que tienen esos funcionarios de hacer que los demás cumplan con las normas que marca el Estado para cumplir sus aspiraciones de lograr el bien para todos, sino también en la disposición y entendimiento que tienen los ciudadanos para acatar espontánea y voluntariamente la ley, y para hacer notorio el respeto y las coincidencias que tienen con el Estado respecto a alcanzar el bien común.

¿Por qué decir lo anterior? Porque en Oaxaca debía quedar claro que aún con nuestros errores y deficiencias, no vivimos en una sociedad “preestatal” y mucho menos los ciudadanos somos ajenos al cumplimiento de los fines del Estado. En razón de ello, los cambios de fondo debían partir no solamente de que se modifique una ley, o que se despida del sector público a un grupo de funcionarios presuntamente corruptos. La transformación real vendrá cuando quede constatado que existe voluntad común por cambiar las cosas, y se manifiesten firmemente las coincidencias que existan entre quienes detentar el poder y los ciudadanos.

En todo esto, si alguien ya dio muestra clara y contundente de querer cambios y hacer algo para lograrlo, fuimos quienes estamos del lado de la ciudadanía oaxaqueña. Lo aceptemos o no, nos guste o no, o lo celebremos o no, la mayoría de nosotros los ciudadanos votó por un cambio, al que ahora se debe corresponder recíprocamente desde el sector público.

Creer que la transición llegará con una reforma constitucional es poco más que ridículo. Incluso no habiendo un solo cambio a las normas legales, puede hacerse mucho si existe la voluntad y el compromiso suficiente para lograrlo. Lo mismo ocurre con las “limpias” y las persecuciones que están en puertas. Esas sólo servirán para ajustar cuentas entre grupos de poder, pero no para generar modificaciones de fondo.

 

CAMBIOS, INDIVIDUALES

Todo eso debería comenzar a quedar claro. En general, los oaxaqueños debíamos comenzar a entender que los cambios deben comenzar a partir de uno, y no seguir esperando a que los demás cambien para que entonces actuemos en consecuencia. Si el gobierno sigue esperando quién sabe qué para sostener sus promesas, y si la oposición se instala en esa actitud maniquea de que antes todo estuvo bien y ahora todo está mal, entonces no podremos esperar mucho. Mientras no asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde, y sigamos viendo siempre al de al lado como el responsable de todo, entonces seguiremos instalados en este círculo vicioso que nos ha dejado de todo, menos algo bueno para nuestra sociedad.

 

Magisterio: aquí, la lucha crea sus condiciones

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+ Guerra de radicalismos explica sus decisiones

El magisterio de la Sección 22 del SNTE tiene suficientes razones como para estar emprendiendo la ofensiva que ahora mismo prepara para Oaxaca. Tomando como bandera los agravios inferidos por el Gobierno del Estado en febrero pasado, es claro que los grupos más radicales que controlan al sindicato magisterial en Oaxaca, están tratando de generar las condiciones de justificación de sus acciones de lucha, tanto para reencauzar el movimiento, como para no permitir que de nueva cuenta el poder colonice a su dirigencia.

Este fin de semana, la Asamblea Estatal de la Sección 22 acordó un calendario de acciones nada halagüeño para Oaxaca. Sólo para hoy 21 de marzo, anunciaron que el sector de la sierra norte se concentrará Guelatao para boicotear la ceremonia oficial alusiva al natalicio de don Benito Juárez García.

También anunciaron que hoy lunes se iniciará una campaña de difusión para denunciar la desaparición del maestro Carlos René Román Salazar, y que mañana martes sería reforzado el campamento de denuncia instalado en el zócalo por este fin, junto con la movilización de mentores para tomar oficinas de procuración e impartición de justicia “para obligar al gobierno estatal a presentar con vida a Román Salazar ya que se acusa que su desaparición tiene tintes políticos.”

El día 23 del presente, habrá manifestaciones a nivel estatal y los maestros harán bloqueos carreteros en los 37 sectores también para demandar la presentación con vida del maestro desaparecido.

Los maestros reiteraron su exigencia de que renuncien de tres funcionarios de la administración del gobernador Gabino Cué: la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, el director del IEEPO Bernardo Vásquez Guzmán y del Secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla. “Los dos primeros por su relación con la lideresa nacional del magisterio Elba Esther Gordillo y el último por los acontecimientos del pasado 15 de febrero.” Y, por si fuera poco, para el 31 de marzo, los maestros anunciaron se unirán a la marcha nacional en la Ciudad de México y el 2 de abril realizarán una marcha en la capital oaxaqueña.

¿Qué denota ese calendario? Que más allá de la presión directa contra el gobierno de Gabino Cué, lo que a ellos les interesa librar es una feroz guerra interna por el control y el reencauzamiento de su dirigencia.

Es claro que los sectores que controlan la Asamblea Estatal no están contentos con su secretario General, Azael Santiago Chepi, pero que tampoco están dispuestos a ventilar sus diferencias en una arena pública, y mucho menos a asumirse abiertamente como responsables de los actos de molestia que infieran a la sociedad oaxaqueña.

Sólo a partir de eso pueden entenderse toda esta serie de movimientos tácticos. Para los maestros, tener de su lado las banderas de la represión y del hostigamiento gubernamental, son claves para fundamentar y justificar su lucha frente a la ciudadanía.

Y los últimos hechos indican que más que actos de molestia orquestados desde el poder, la desaparición del profesor antes citado, y la quema de un autobús propiedad de una normal de educadores junto con pintas amenazantes, son actos preparatorios para esa feroz guerra interna que se avecina.

RADICALES VS RADICALES

Ningún gobernante oaxaqueño, en su sano juicio, se atrevería hoy a picar gratuitamente un avispero tan lleno de riesgos como el de la Sección 22 del SNTE. La quema de un autobús, o desaparición del profesor Carlos René Román Salazar —un militante activo de la Sección 22, pero en una jerarquía de menor importancia—, por ejemplo, no reditúa ningún beneficio al poder gubernamental, pero sí podría ser una inmejorable bandera de lucha para un sector radicalizado que tiene como una de sus especialidades la de exigir la presentación con vida de luchadores sociales.

Lo anterior, en ningún sentido significa que la 22 sea la responsable de la desaparición del profesor. Sin embargo, coyunturalmente el hecho encaja a la perfección con las condiciones que ellos necesitan generar para justificar una andanada de manifestaciones, paros y movilizaciones en todo el estado.

Algo similar ocurre con la exigencia de renuncia de los tres funcionarios estatales antes citados. Está perfectamente establecido que el Gobierno del Estado habría acordado con el dirigente estatal Santiago Chepi que dicha petición sería meramente testimonial; pero que como, justificadamente, a los sectores radicales de la Sección 22 eso les pareció un acto de entreguismo al poder, a través de la Asamblea Estatal éstos decidieron no abandonar tal exigencia. Esto no sólo para lavar el agravio del 15 de febrero pasado, sino también para dejar en claro que las decisiones del magisterio tienen mucho más de fondo que el solo acuerdo con su dirigente visible.

Ante todo esto, queda claro que lo que buscan los dirigentes reales de la Sección 22, es no permitir que dicho gremio se pliegue por completo a las conveniencias del Gobierno del Estado, y mucho menos tener una dirigencia entregada a los intereses del poder.

En la lógica de los sectores que verdaderamente controlan al magisterio oaxaqueño, su lucha va más allá de una simple coyuntura político-electoral. Finalmente lo que ellos buscan preservar son sus propias parcelas de poder. Y saben que, en ese sentido, su gremio debe buscar intereses, antes que amistades con las personas que temporalmente gobiernan la entidad.

Así, parece quedar claro que el proyecto político, las aspiraciones o las conveniencias del gobernador Cué no son, ni serán nunca, compartidas por los radicales de la Sección 22. Éstos marcaron ya su agenda y, como lo establecen sus ideólogos clásicos, están ahora permitiendo que “la lucha” genere sus propias condiciones para llevarse a cabo.

CORREGIR EL RUMBO

En la 22 parecen también estar en un profundo proceso de cambios, relacionados justamente con la idea de que sus intereses y su rumbo no se modifiquen. Ante cada decisión de la Asamblea Estatal se confirma lo que aquí dijimos desde el año pasado, y que los aliancistas se negaban a creer: que ante el cambio de partido en el gobierno de Oaxaca podríamos ver muchas cosas nuevas, pero no a una Sección 22 replegada o al servicio del poder. Aseguramos desde entonces que lejos de ello, veríamos a un sindicato magisterial más activo que nunca. Ahí está, ya, ocurriendo lo que ya se veía desde aquella lejana lectura política de los hechos.

Oaxaca: mucho más que priistas y aliancistas

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+ Partidos deben tomar en cuenta más que votos

Desde el gobierno estatal, y las fuerzas de oposición, debía comenzar a entenderse que Oaxaca es mucho más que dos partidos, o dos grupos políticos. Hoy, queda claro que quienes luchan desde el poder, y por el poder, tienen comparten una visión que no tiene matices. Así, recíprocamente, sólo existen los buenos y malos; los blancos y los negros; los tricolores y los aliancistas. Y con esa visión, desdeñan a todos aquellos que más allá de las fobias partidistas, no desean más que el bien para toda la comunidad.

Hoy podemos ver claramente cómo las prácticas del pasado se repiten libremente. Para nadie es un secreto que mientras el Partido Revolucionario Institucional tuvo en sus manos el poder, los grupos que sucesivamente ejercieron el gobierno fueron excluyentes en todos los sentidos. El problema, en realidad, radica en que ese tipo de prácticas eran algunas de las que tenían que comenzar a varían con el “cambio”, pero hoy se repiten indiscriminadamente como si las promesas de cambio no hubiesen sido sino una mera mascarada.

En el pasado, no era raro que más allá de cualquier calidad moral, profesional o de experiencia, sólo la filiación partidista o la pertenencia al grupo gobernante, fueran sendos elementos indispensables para que una persona ocupara cargos de responsabilidad, o al menos para que fuera tomada en cuenta en las opiniones o representatividad que pudiese tener. Esa era precisamente una de las prácticas que hacía fuerte tanto al partido hegemónico, como a quienes desde ahí accedían al poder y lo preservaban.

Todos aquellos que en esos momentos ocupaban las trincheras de la oposición, se quejaban amargamente de que fuesen elementos excluyentes meramente partidistas, y no de otro tipo, los que determinaran que la política se redujera a los acuerdos autoritarios y no consensados; a que nunca hubiese posibilidad de concertación; que los ajenos fueran ignorados y disgregados. Y que las posibilidades de que hubiera un ejercicio transversal de acción política —en el que, sin concederse concesiones recíprocas, sí hubiera garantía de que todos fueran al menos escuchados—, eran prácticamente nulas.

Esa fue una de las razones de fondo por las que los partidos opositores buscaban el “cambio”. Quienes entendían bien las necesidades políticas reales, aseguraban a los ciudadanos, y a los demás grupos de poder, que un elemento fundamental para llegar al bien común, consistía en que hubiera una práctica incluyente y más democrática, que dejara atrás los verticalismos y verdaderamente pugnara por ensanchar los cauces democráticos en los que también debía participar la sociedad, independientemente de sus filias o fobias partidistas.

El problema es que junto a ellos, también se generó otro grupo integrado por opositores resentidos, que comenzaron a buscar el poder para sólo repetir las mismas prácticas de que ellos eran objeto. Así, al comenzar a ganar elecciones, hicieron blanco de su desprecio a todos aquellos que no comulgaban con sus ideas o concepciones políticas. Se dedicaron a reproducir la práctica de “estás conmigo o estás contra mí”. Y se dedicaron a consolidar las mañas del partido hegemónico, que en realidad era uno de los asuntos más sentidos que ellos tenían la misión de desarticular.

Frente a todo esto, los oaxaqueños tendríamos que comenzar a preguntarnos, con seriedad, qué tipo de gobierno de alternancia y cambio tiene hoy en sus manos la gobernabilidad del estado.

 

REPETIR PATRONES

Cuando los ahora partidos aliados que gobiernan Oaxaca, se encontraban del lado de la oposición, siempre le reprochaban al PRI que al éste tener el poder los despreciaba y los ignoraba, usando sólo sus mayorías para legitimar o sacar adelante las decisiones que previamente ya se habían tomado, y desoyendo todo aquello que no fuera exactamente concordante con lo que ellos querían.

Decían que el priismo entonces gobernante, no tomaba en cuenta que ellos también tenían representatividad, que llevaban la voz de sectores importantes de la población que no eran incondicionales del poder, y que por esa razón debían ser tomados en cuenta.

Aunque tenían razón —pues desde hace más de una década nadie en Oaxaca (ni el priismo ni la oposición) gana de manera arrolladora una elección—, ¿por qué no eran tomados en cuenta? Porque en nuestro sistema institucional, aquí quien gana los comicios gana todo, y quien lo los pierde, se queda sin nada.

Esto no ha cambiado ni en lo más mínimo, a pesar de la “transición”. Aquí los mecanismos de equilibrio entre quienes gobiernan, y los que se oponen, simplemente no existen. Y si bien es cierto que tal cambio no podría ocurrir por arte de magia, en automático, o por la voluntad de una sola persona, también lo es que por lo menos la práctica del poder sí debería comenzar a modificarse, tanto desde el oficialismo como en las fuerzas de oposición, para comenzar a desmantelar los verticalismos —y el autoritarismo— del que tanto se quejan, pero al que todos son proclives.

En ese sentido, el Gobierno del Estado debía comenzar a considerar que si bien ellos ganaron de forma indiscutible la elección, eso no anula del panorama a sus opositores, ni les da derecho a ignorarlos por completo para nutrir el diálogo político. Del mismo modo, a los tricolores no se les debe olvidar que su representatividad radica en la ciudadanía, y que por tanto ellos no son ni una ínsula de poder, ni una mera facción en la que no exista la posibilidad de abrir el diálogo institucional a todos los sectores de la sociedad.

Todo eso debían comprenderlo, unos y otros, para discutir los temas de fondo. En realidad, lo que está en juego es tanto la gobernabilidad, como los cambios institucionales que se pretenden para democratizar la práctica del poder. No entender ese aspecto sustancial, equivale a que las fuerzas políticas sigan en el autoengaño indefinidamente. Sólo que así no habrá transición, no habrá cambio ni habrá democratización. Y sólo se consolidará la idea de que la alternancia fue un simple enroque del tipo “quítate tú, para que me ponga yo”.

¿Y LA INICIATIVA?

Fue un gran amigo de este espacio quien hizo el favor de hacernos llegar la propuesta de reforma constitucional que recientemente presentó el PRI oaxaqueño a la Legislatura local. Lo correcto habría sido, sin embargo, que alguien de la dirigencia estatal se encargara de hacer eso. No entienden que ahora son ellos quienes deben buscar y generar sus propios espacios.