Homicidio de Pazos sí debe ser aclarado
+ Riesgo a seguridad, sostener impunidad
La región triqui ha sido sometida a altísimos niveles de violencia y presión, que llegaron a su punto más álgido con la ejecución del dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz. Deliberadamente, el Gobierno del Estado se ha mostrado poco o nada interesado en solucionar tanto las disputas políticas que han azotado a la zona, como en esclarecer la ejecución del líder indígena. El riesgo que entraña todo esto no sólo tiene que ver con la injusticia y la vocación por la impunidad, sino también, y sobre todo, con el hecho de que esa inacción pudiera hacer germinar un estallido violento de subversión en aquella zona.
La violencia entre comunidades, y entre grupos de lucha social en la zona triqui no es nueva. De hecho, hay quien asegura que las disputas violentas entre pueblos, tiene una raíz ancestral que, sin embargo, ahora se ha profundizado ante la presencia de los grupos de lucha social, y el ingrediente político que cada uno de ellos entraña. No obstante, si acaso el argumento anterior debe sólo servir como una forma de explicación de lo que hasta ahora ha pasado, mas no como un camino para justificar que las determinaciones sociales, étnicas o políticas deban hoy seguir teniendo como ingrediente infaltable el de la violencia.
Por varias razones es inadmisible, en esa lógica, justificar la violencia en la zona triqui. Además de entender que los tiempos actuales no necesariamente deben ser similares a lo ocurrido décadas o siglos atrás (como para decir o “entender” que si los triquis siempre fueron violentos, ahora no tendrían por qué dejar de serlo), hoy debería de tener mucho más peso el hecho de que el Estado ha sido incapaz de neutralizar o aminorar los rasgos de violencia entre los habitantes de esas comunidades, en aras de dos imperativos públicos —que poco conocen, o que si conocen no practican— como lo son la gobernabilidad y el Estado de Derecho.
En un primer momento, es harto cuestionable esa incapacidad, o esa indolencia, por parte del Gobierno del Estado para brindar certidumbre, política y legal, de que la violencia no debe seguir siendo el camino para que las comunidades u organizaciones sociales consigan, preserven o arrebaten lo que les hace falta.
En ese sentido, es tanto o más inaceptable el hecho de que la connivencia entre las organizaciones sociales que existen en la zona —MULT, Ubisort, MULTI, etcétera—, con las sucesivas administraciones estatales, hayan derramado cantidades millonarias de recursos económicos que supuestamente tenían como destino la realización de obras y acciones de beneficio social y comunitario, que disminuyeran los índices de pobreza y marginación de los habitantes de esa región, pero que sirvieron para enriquecer a unos cuántos líderes, para fortalecer la presencia política —pero no el provecho social— de las organizaciones, y para dotarlas de armas y mecanismos de fuerza que sólo les han servido para enfrentarse, exterminarse y llenarse de terror.
Los triquis, queda claro, siguen viviendo en las mismas condiciones de pobreza, marginación, atraso y segregación de siempre. Su calidad de vida ha mejorado de forma mínima, frente al abominable lucro y manipulación de que han sido objeto. Tanto las organizaciones sociales como el sector oficial, ni siquiera se han encargado de exterminar la violencia y las desigualdades, a través de acciones que contribuyan a que los indígenas tengan una mejor forma de vida.
Han desdeñado todo lo relativo a la contención de la seguridad a través de presencia policiaca, y una acción eficaz de la justicia, porque no les interesa pagar los costos políticos de esa decisión. Pero tampoco se han preocupado por el verdadero rescate, con medidas de tipo social, de todas esas comunidades que, ante tantas afrentas —entre las que cuentan lo mismo a la violencia que al olvido y sobre todo a sus muertos—, todos los días siguen acumulando rencor y vocación por la consecución violenta de sus necesidades. De ahí que el riesgo de un estallido social, o de una acción con tintes de subversión, no sea una posibilidad descartada.
PAZ, EN RIESGO
La experiencia de gobierno, confirma que una comunidad que se levanta en armas lo hace por una causa determinada, que viene acompañada de factores de atraso social y de violencia, generados a lo largo de periodos prolongados de tiempo. Cuando ocurre ese hecho que determina el estallido, se conjuntan todos los demás elementos y sirven como detonadores de algo que, en otras circunstancias, podría ser causa de una inconformidad menor. Es evidente que sólo en el Oaxaca reciente, tenemos ejemplos abundantes de ese tipo de cuestiones.
Un levantamiento de ese tipo ocurre, luego de que la comunidad o grupo fue sometida a niveles importantes de presión, ya sea por acción u omisión. Acción cuando, por ejemplo, existe una acción represiva, o cuando expresamente el sector oficial hace algo que detona la discordancia. Cuando es por omisión, esto más bien tiene que ver con la manifestación expresa del atraso, la indolencia o la desatención total a demandas que tienen como objetivo cuestiones sociales urgentes.
En este sentido, a alguien que no tiene para comer, que carece de posesiones y de una actividad a través de la cual sobrevivir, y que además es objeto de olvido, injusticias y agravios, le da lo mismo ir a buscar lo que necesita a través de la violencia —la subversión o la delincuencia— e incluso perder la vida en el intento porque, puede entenderse, da lo mismo cuando no se tiene una forma digna de continuar viviendo.
Si todo esto se combina con una causa política en particular, el resultado puede ser abrumador. Porque el gobierno no sólo no se ha preocupado por llevar escuelas, caminos, desarrollo social y algo de bienestar a las comunidades, sino que con su desdén ha alimentado las disputas y la violencia entre esos grupos y comunidades que, en última instancia, lo que buscan es mejorar su forma de vida.
RIESGO REAL
Oaxaca tiene una presencia efectiva y constante de grupos y acciones de subversión. Quien crea que en un momento dado la región triqui no puede ser un factor de inestabilidad, está equivocado. Por eso, a la par de emprender un verdadero proceso de rescate social de la región, el Gobierno del Estado está obligado a comenzar a dar la idea de que hará justicia. El inicio de esa desactivación violenta, necesariamente tendrá que pasar por el esclarecimiento de la ejecución de Beto Pazos.
