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Órganos autónomos locales: ¿de verdad son lo que aparentan?

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+ Problema no sólo son las personas, sino los atrasos legales

Independientemente de las coyunturas e intereses electorales, los hechos y revelaciones recientes que involucran al Instituto Estatal Electoral, deben llevarnos a la reflexión sobre el estado que guardan los órganos autónomos estatales, su importancia en el sistema democrático vigente, y las razones materiales por las que éstos parecen más satélites gubernamentales, que entes encargados del control, la fiscalización y la búsqueda de equilibrios en el ejercicio público de los poderes del Estado.

En Oaxaca, al igual que en el resto de las entidades federativas, existen seis entidades públicas que fungen como órganos autónomos. Estos son el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Estatal de Acceso a la Información, el Tribunal Contencioso Administrativo, y la Auditoría Superior del Estado. Formalmente, los cuatro primeros gozan, constitucional y legalmente, de un marco pleno de autonomía frente a los poderes estaduales, mientras que los dos últimos tienen autonomía técnica y de gestión respecto al Poder Legislativo del Estado.

Entendamos las razones por las cuales emergieron organismos de esta naturaleza en nuestro marco jurídico, y la importancia que tienen actualmente en el sistema democrático. Los órganos autónomos surgieron a raíz de la necesidad que existía en los ciudadanos, de tener certeza sobre ciertos procesos que entonces estaban en manos del Estado, y que por esa sola razón gozaban de poca o nula credibilidad por parte de la sociedad.

Si lo vemos en sentido contrario, los órganos autónomos, surgieron también por la necesidad que tenía el poder público de incrementar la legitimidad de ciertos procesos políticos o administrativos determinantes, respecto de los cuales el ciudadano común simplemente no mostraba credibilidad alguna.

De ahí que, inicialmente en el ámbito nacional, el IFE y la CNDH se erigieron en garantes de dos temas fundamentales sobre los que el gobierno había perdido prácticamente toda la credibilidad por parte de la sociedad. En el primero de los casos, la llamada “caída del sistema” y las sospechas sobre el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1988 —que entonces eran organizadas por una Comisión Federal Electoral, presidida por el Secretario de Gobernación, y organizadas y resueltas por el gobierno federal—, hicieron emerger esta exigencia, que se coronó de cara al convulsionado año de 1994 en el país, con el surgimiento del IFE como un instituto autónomo, y con la participación directa de los ciudadanos, en prácticamente todas las etapas de los procesos electorales federales.

Lo relativo a la CNDH tuvo una historia equiparable. Desde los años de la guerra sucia, y hasta principios de la década pasada, las acusaciones sobre excesos y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, motivaron la creación, al inicio del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, de una instancia encargada de la protección de las garantías fundamentales que dependiera también de la Secretaría de Gobernación. En 1990, el propio gobierno, mediante un decreto, creó la Comisión de Derechos Humanos, pero aún como un órgano desconcentrado de la citada Secretaría. En 1992 se erigió constitucionalmente como un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, y en 1999 alcanzó su autonomía plena.

En el ámbito federal, el surgimiento de esas instancias —y otras como la Auditoría Superior de la Federación, el IFAI o el Banco de México, entre otros—, fue determinado por la necesidad de limitar el poder otrora omnímodo del Presidente en turno. De hecho, el surgimiento de figuras de esta naturaleza dejó atrás la concepción tradicional de que el Poder Público está dividido únicamente en tres —Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pues para efectos prácticos los órganos autónomos no dependen de ninguno de éstos.

ENTES APLACADOS

Ante esos avances democráticos en el ámbito federal, paulatinamente las entidades federativas se vieron obligadas a ir reproduciendo esas figuras. Así, al menos en Oaxaca, en los últimos 15 ocurrió la repetición de prácticamente todos esos órganos constitucionalmente autónomos. El problema, hoy, es que esos entes no han dejado de parecer satélites del grupo gobernante, ni instancias que están dispuestas no a limitar, sino a proteger y minimizar los excesos y deficiencias que se cometen en el ejercicio del poder público.

En este sentido, el brete en el que deliberadamente metieron al consejero Presidente del órgano electoral estatal, José Luis Echeverría Morales —independientemente de que tenga validez moral, ética o jurídica por la procedencia de las grabaciones en las que aparece su voz—, deja ver claramente la posibilidad de que el ente aparentemente autónomo que encabeza en realidad no lo sea tanto, y que más bien sirva a intereses con los que, por salud democrática del Estado, no debería estar involucrado.

El IEE, en términos sencillos, debería ser un árbitro imparcial e implacable de los procesos electorales estatales. Del mismo modo, el IEAIP debería ser una institución sólida que conminara a los entes públicos a permitir el acceso de todos los ciudadanos a la información relativa al ejercicio de sus funciones. La ASE, por su parte, tiene como naturaleza el fiscalizar a todas las instancias que reciben dinero público estatal, y vigilar que el manejo de los mismos sea el adecuado. Y así, sucesivamente con cada uno de los órganos mencionados.

AUTONOMÍA LIMITADA

Estos principios, no se materializan cabalmente en la realidad. El motivo de todo esto no se encuentra solamente en la falta de atribuciones legales, en la falta de conocimientos y experiencia por parte de quienes los integran, o porque los órganos mismos sean “elefantes blancos”. La razón de sus inconsistencias actuales, radica en que una entidad como Oaxaca no tiene pluralidad o equilibrios políticos de origen. ¿Cómo no pensar en que los titulares de todos esos entes autónomos, son personajes afines al grupo gobernante en turno, si un solo partido tiene la mayoría abrumadora en el Congreso del Estado, y a su vez, éste se encuentra determinado por el titular del Poder Ejecutivo local? Mientras la democracia no evolucione desde sus bases actuales, la autonomía y los “equilibrios democráticos” seguirán siendo sólo aparentes.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Espionaje: dilema de democracia, legalidad, moral y ética

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+ Extremos ante el espejo: Javier Corral y árbitro electoral

Cada una de las cuatro conversaciones telefónicas del Gobernador de Oaxaca, dadas a conocer la mañana del pasado lunes en un noticiero radiofónico de la capital del país, tenía un objetivo específico. Más allá de la polémica por el contenido de las grabaciones, quedan por lo menos dos aspectos que muestran claramente los resabios que tiene nuestro sistema democrático: el primero relativo a la legitimidad de quienes integran el órgano electoral que funge como árbitro de la contienda política, y el segundo, respecto a la legitimidad del espionaje como herramienta política, y como medio de probanza de ilegalidades o inmoralidades en que incurre el adversario.

En primer término, es evidente que cada una de las conversaciones telefónicas difundidas, tenía finalidades específicas: las dos en las que el gobernador Ulises Ruiz habla con el coordinador de medios de la campaña priista, Raúl Castellanos, pretenden evidenciar el uso del canal oficial a favor de la causa tricolor, y posibles arreglos con periodistas del Distrito Federal.

Por otro lado, la conversación que sostiene con el candidato Eviel Pérez Magaña, trata de abonar a la polémica generada por las acusaciones de la empresaria Aurora López Acevedo. Empero, en la que interviene el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, José Luis Echeverría, revela el aspecto que habrá de ser más controversial de todo este asunto: ¿Por qué el titular de un organismo autónomo, mantiene ese tipo de comunicaciones y tratos con una autoridad de la que debería estar institucionalmente desligada?

En realidad, lo grave a nuestro juicio, es lo que se centra en el Titular del IEE. Esta gravedad se desprende del momento, de la función de dicho Instituto, e incluso del choque entre la realidad y la naturaleza misma que dio origen a los órganos electorales estatales y federales actuales.

Veamos. Los institutos electorales nacieron a mediados de la década pasada, como un triunfo de los partidos políticos y los ciudadanos sobre el control que tenía el Estado de los procesos electorales y sus resultados. A partir de 1988, se posó sobre cada proceso comicial, un cuestionamiento cada vez mayor sobre la manipulación, el uso de recursos públicos para favorecer al entonces partido oficial (el PRI), y sobre el fraude en el conteo de votos.

A raíz de ello, nació la llamada “ciudadanización” de los órganos electorales. Con ello se buscó dar certeza sobre los procesos. Ya no eran agentes del gobierno y partido gobernante quienes controlaban el proceso electoral, sino integrantes de la sociedad que, en teoría, ni tenían cercanía o compromisos con el poder, que no eran designadas en el cargo por el gobernante en turno, y que por tanto tendrían la posibilidad y el deber cívico de actuar con mayor imparcialidad, equilibrio y objetividad que sus antecesores.

Esos antecedentes chocan hoy frontalmente respecto al IEE. Para nadie es sano mantenerse tanto tiempo en el mismo encargo, y expuesto a las tentaciones que ofrece el poder. José Luis Echeverría dejaba ver, incluso antes de esas revelaciones, que actúa como un empleado del gobierno y el partido en turno. Pero hasta antes de la difusión de las grabaciones referidas, nadie del oficialismo o la oposición en el Congreso del Estado, había tratado al menos de poner en el centro del debate público este problema.

Hoy, todos se dicen sorprendidos por la actitud de sometimiento que demuestra el Presidente del órgano electoral frente al Gobernador del Estado. Ayer, todos lo notaban pero nadie lo denunciaba. Y finalmente, todos seguirán en sus posiciones actuales. Es un signo claro de lo aparentes, pero domadas, que están esas instituciones autónomas que, se supone, son las garantes modernas de nuestra democracia.

PROBLEMA MORAL

Sin embargo, el otro frente es también inaceptable. Independientemente del contenido y las personas que en ella participen, es inadmisible cualquier forma de intervención ilegal, y difusión, de conversaciones telefónicas entre particulares. Esta es la parte de la discusión que hoy evaden y justifican, quienes hace apenas unos años condenaban este tipo de maniobras agresivas. El caso más paradigmático es, seguramente, el del actual diputado Javier Corral Jurado. Este personaje es hoy el ejemplo perfecto de cómo, en su persona, las posturas éticas dependen no de las convicciones, sino del momento y la conveniencia política.

Ayer, en un artículo publicado en el diario El Universal, Corral afirmaba lo siguiente: “Estoy plenamente convencido de que la divulgación de conversaciones telefónicas que revelan la comisión de delitos e involucran o comprometen a servidores públicos en actos de corrupción o de inmoralidad, constituyen un asunto de ineludible deber para el ejercicio periodístico…”

Pero hace seis años, el mismo Corral opinaba lo contrario. En otro artículo, publicado el 31 de Octubre de 2004 en el diario Así es Tamaulipas, y rescatado ayer por la edición electrónica de la revista etcétera, se lee lo siguiente: “He sido un defensor de la vida privada de las personas. Cuando se violenta ese espacio personalísimo, esa agresión me lastima y me levanto solidario con las víctimas. No distingo calidades, ni partidos, porque estoy absolutamente convencido que esa conducta es contra todos. Hace años, esa vulnerabilidad de inocentes me lanzó con todo a luchar por un marco regulatorio para imprimir responsabilidad social al ejercicio de la Libertad de Expresión (…) Tengo documentados cientos de esos atropellos. Cruzan a pillos e inocentes. En la mayoría de los casos son estratagemas distractoras de la atención pública sobre asuntos fundamentales, ‘cortinas magnetofónicas’ con las que se desvía hacia la morbosidad a la volátil visión ciudadana (…) Muchos de los que hoy fustigan la práctica deleznable de interceptar indebidamente conversaciones telefónicas, ayer festejaron la acción. No debemos enderezar nuestro rechazo según la víctima…”

INCONGRUENTE

¿Dónde quedaron aquellas convicciones de las que hace apenas unos años alardeaba el diputado Corral Jurado? Sus contradicciones e incongruencias son evidentes. Porque a pesar de lo que las grabaciones constaten o pongan en evidencia respecto a sus adversarios, éstas son un medio inmoral, ilegítimo, antiético e inaceptable para hacer política. Son tan bajos los unos como los otros.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Grabaciones telefónicas: turbiedad ilegal de los comicios

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+ Festinar hace juego a oposición; descalificar, al tricolor

Ayer, en el noticiero radiofónico de la periodista Carmen Aristegui, se dieron a conocer cuatro grabaciones telefónicas en las que participa el gobernador Ulises Ruiz con el candidato del PRI a la gubernatura Eviel Pérez Magaña, el coordinador de medios de la campaña priista, Raúl Castellanos, y el consejero presidente del órgano electoral, José Luís Echeverría. La filtración de esas conversaciones, es parte evidente de las armas electorales que tarde o temprano habría de utilizar la oposición en contra de los tricolores, y es también una muestra del grado de descomposición que prevalece, en general, alrededor de los procesos políticos que ocurren en el país.

Es claro, en un primer momento, que la difusión de conversaciones telefónicas es parte de una añeja maniobra de amague o ataque directo, que se orquesta desde el gobierno federal en contra de determinados adversarios políticos. Si volteamos a la década previa, podremos encontrar que prácticamente en cada una de las filtraciones que involucran conversaciones telefónicas, existió un interés del gobierno federal en turno —de extracción priista, o emanado de Acción Nacional— para socavar a los participantes en las mismas.

En este caso en particular, esta parece ser una maniobra panista, calculada, de respuesta a las acciones del priismo. Se han revelado conversaciones similares de los gobernadores de Puebla y Veracruz, y algunos reportes periodísticos dan cuenta del seguimiento que se da, desde el aparato federal, a gobernadores de entidades federativas del norte del país, también extraídos del tricolor. Parecen “respuestas claras” del panismo a sus adversarios, porque detrás de cada Mandatario priista exhibido, están también estados de la República en los que el panismo busca, sin una expectativa contundente aún de victoria, arrancar victorias electorales a los tricolores.

Ese ha sido el común denominador, y es parte de la estrategia que se utiliza desde las fuerzas de oposición para tratar de conseguir sus objetivos. Exactamente igual que como ocurrió la semana pasada en el caso de la difusión de conversaciones telefónicas del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, en el caso de Oaxaca ayer mismo los dirigentes de las fuerzas de oposición exigieron la renuncia del Mandatario, del Presidente del IEE, y sendas explicaciones a los demás personajes involucrados, pero decidieron no hacer mención alguna a la forma en cómo fueron obtenidas y difundidas estas conversaciones.

En la diferenciación entre la forma y el contenido de las conversaciones, seguramente podremos encontrar un criterio más claro alrededor de este asunto. ¿Por qué? Porque respecto del contenido de las mismas, lo que queda en claro es la realidad —hasta ahora por todos negada, pero por todos ejercida— de que los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas tienen un control absoluto de sus funciones y responsabilidades formales, pero también de las tareas que deberían realizar funcionarios partidistas, representantes de organismos autónomos, e incluso los titulares de los otros dos Poderes del Estado —Legislativo y Judicial—.

Es evidente que si todo se observa desde una perspectiva legal rigorista, difícilmente se podría configurar la comisión de delitos respecto a lo revelado en las conversaciones, independientemente de que éstas revelen posibles comportamientos o posturas personales que rayan en lo inmoral e inaceptable.

Sea como sea, lo que se revela en ellas es parte de esa dolorosa realidad —legaloide e inmoral, pero aceptada— que, sin embargo, nadie se ha preocupado verdaderamente por cambiar. Esta es, la del desmedido poder e influencia que tienen hoy quienes gobiernan las entidades federativas, y las maniobras ilegales que se cometen, a la vista de todos, por entes presuntamente federales para tratar de contrarrestar la influencia de los Ejecutivos locales.

VICIOS DE ORIGEN

Si lo que Acción Nacional pretende demostrar con esas conversaciones, son los excesos, la comisión de delitos y las inmoralidades de los priistas, lo único que lograron es poner en evidencia que ellos son parte de esas acciones inadmisibles. Es cierto que los gobernadores involucrados pudieran estar fungiendo también como jefes de campaña de los candidatos de sus partidos, o incluso como “patrones” de quienes tienen la titularidad de los órganos electorales. Pero, ¿Cómo tratar de demostrar todo eso a través de medios ilegales?

En realidad, lo que hizo Acción Nacional y el gobierno federal, fue colocarse en el mismo nivel de todo lo que descalifican. Si para efectos jurídicos es inadmisible una prueba obtenida por vías ilegales, para efectos de moralidad y legitimidad política es también un desatino tratar de evidenciar al adversario, cometiendo ellos mismos delitos flagrantes.

De este modo, en el caso de que se corroborara como cierto todo lo revelado en las conversaciones privadas de los personajes involucrados, también los panistas tendrían que exigir que se indagara la forma en cómo fueron emprendidas estas acciones de espionaje telefónico. Si exigen que caigan los primeros por las intromisiones que ya fueron reveladas, también deberían exigir —aunque esto nunca ocurrirá, porque al parecer son los mismos quienes espían que quienes persiguen la comisión de esos delitos— que se clarificara la forma en cómo se obtuvieron las grabaciones.

Por eso, en el aspecto político, cada uno de los actores, partidos y grupos políticos involucrados tendrá que defenderse en la medida que pueda hacerse. Fuera de ellos, es tan inadmisible el contenido de las grabaciones, como el modo en que éstas fueron reveladas. Nadie razonable podría estar, en ningún sentido, a favor de la comisión de faltas y delitos, que en ambos bandos se cometen.

SUMISIÓN

Qué bueno habría sido escuchar ahora, o antes de esta ola de difusión de conversaciones privadas, a cualquiera de los representantes de la oposición hablar de lo que verdaderamente sería la transición democrática. Gane quien gane los comicios, nuestro sistema político apunta a que el Gobernador sea el Jefe Máximo del Estado. Mientras no varíen las bases en que se finca el poder político, sea Eviel Pérez Magaña o Gabino Cué el próximo Mandatario, los titulares de todos los entes públicos estatales les seguirán rindiendo cuentas. Alternancia no implica necesariamente transición.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Ecocidio de Chedraui: Ayuntamiento siempre fue su cómplice

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+ Hubieron pifias jurídicas, actitud calculadora, y mentiras

Casi dos años después de ocurrida la tala de casi 200 árboles en un predio de la colonia Reforma, en la capital oaxaqueña, a manos de una empresa constructora de la cadena de tiendas de autoservicio Chedraui, puede verse que, en todo este asunto, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez actuó en base a simulación, complicidades y mentiras a la ciudadanía. Hasta hoy, no existe certeza alguna sobre la permanencia de la decisión municipal de no otorgar los permisos de construcción, tampoco sobre el monto y el pago de la multa impuesta a los infractores, y mucho menos sobre el destino que tendrá el llamado “Predio Sarmiento”, que fue donde ocurrió el ecocidio.

Nada es nuevo en este asunto. Más bien, resulta ser la constatación de aquella mala sospecha inicial, que apuntaba a que desde el inicio el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez actuó en base a cálculos e intereses políticos, y no como consecuencia de su preocupación por la ecología, o por hacer eco al rechazo ciudadano a ciertas decisiones oficiales. Así lo apuntamos desde julio de 2008. Y hoy, casi dos años después, el tiempo y el estado que guarda dicho asunto, parece darnos la razón.

Para no caer en la desmemoria, volteemos al pasado para recordar el origen de este asunto. La madrugada del 7 de julio de 2008, trabajadores de la constructora Ingrid, al servicio de Tiendas Chedraui, se apersonaron en un predio ubicado en la Colonia Reforma, y propiedad de la negociación, para iniciar las labores de limpieza previas al arranque formal de la edificación de una nueva sucursal de las tiendas de autoservicio.

Los vecinos de la zona, al constatar la tala de unos 185 árboles con motosierras y maquinaria pesada, se apersonaron en el lugar para impedir la continuación de esas acciones. Organizados, ese mismo día acudieron ante las instancias municipales, para protestar tanto por el otorgamiento de permisos de construcción en lo que ellos consideraban como un área verde, como por el hecho de que los particulares hubieran talado casi 200 árboles, sin que los funcionarios municipales encargados del cuidado ecológico tuvieran conocimiento, o actuaran diligentemente para frenar el ecocidio.

Los vecinos, y cientos de ciudadanos inconformes, se pronunciaron desde el primer momento porque el Ayuntamiento citadino, que entonces era presidido por José Antonio Hernández Fraguas, cancelara los permisos de construcción e impusiera una multa ejemplar contra los ecocidas. Éste respondió, en un primer momento, que aplicaría la multa y que se dejaría temporalmente sin efectos la licencia respectiva, pero advirtió que cancelar la construcción constituiría un desaliento para la inversión privada en la capital oaxaqueña.

Sin embargo, ante la reiteración de la exigencia ciudadana, unos 10 días después el Munícipe reaccionó anunciando que la Comuna había cancelado definitivamente los permisos de construcción, y que la regiduría de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Tenencia de la Tierra, que entonces era encabezada por el hoy diputado federal por el PAN, Guillermo Zavaleta Rojas, preparaba los documentos legales a través de los cuales se impondría la multa ejemplar que exigía la ciudadanía.

Todo fue, a la larga, simulación. En el Ayuntamiento actuaron en base a los cánones de lo políticamente correcto, pero siendo también cómplices silenciosos de Chedraui. Veamos si no.

INEPTITUD CÓMPLICE

En julio de 2008, cuando ocurrió el ecocidio, dos personajes —hoy fuera del Ayuntamiento— fueron piezas clave en el fracaso de las acciones legales en contra de Chedraui: el edil con licencia Hernández Fraguas y el ahora diputado federal Zavaleta Rojas.

Este fracaso en las acciones legales, tampoco es nuevo. Vale la pena recordar lo que apuntamos en este espacio hace 14 meses respecto a cómo se había derrumbado la posibilidad de que el Ayuntamiento sancionara a Chedraui. En efecto, en abril de 2009, un Tribunal Colegiado de Circuito declaró inconstitucional la multa de 10 millones de pesos que el Municipio de Oaxaca de Juárez había impuesto a las tiendas de autoservicio. El argumento central era que no se había aplicado la ley correcta, y que tampoco tenía competencia legal la autoridad que impuso la sanción.

El lunes 13 de abril de 2009, aquí apuntamos que “la Ley del Equilibrio Ecológico es clara en el aspecto de las sanciones. El artículo 156, en su fracción I, señala que la multa máxima que puede imponerse a quien viole los preceptos de dicha norma, es de 20 mil salarios mínimos. Si, en números redondos, el salario mínimo vigente en Oaxaca [del año 2009] es de 52 pesos, la sanción a que podría hacerse acreedora dicha empresa sería, más o menos, de un millón 39 mil pesos. La imposición final del monto podría variar. Pero, por razones de legalidad, no podría rebasar la cifra antes establecida.

“Evidentemente, una multa de un millón de pesos, es a todas luces menos espectacular que una de 10 millones. La decisión de imponer esta última cifra, fue consecuencia del control de daños que pretendió hacer el gobierno municipal del presidente Hernández Fraguas para no tener que chocar frontalmente con la ciudadanía. En todo esto, caben únicamente tres preguntas:

“Primera: ¿Por qué quien actuó fue el entonces concejal de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Tenencia de la Tierra, Guillermo Zavaleta Rojas, y no la de Ecología, Ana Luisa Zorrilla Moreno? Segunda: ¿Si no fue en base a la Ley estatal mencionada, entonces qué ordenamiento basaron su espectacular multa de 10 millones de pesos, que recién fue declarada ilegal? Tercera: ¿Por qué en todo ese tiempo, nunca se notó la actuación del Instituto Estatal de Ecología?

“Tal parece que todo estuvo hecho, desde el principio, para que se declarara la ilegalidad de la sanción: la Ley del Equilibrio Ecológico legitima jurídicamente o al Instituto o a la Regiduría de Ecología de los Ayuntamientos, para imponer cualquier sanción; llama la atención, asimismo, que el Acuerdo del 16 de julio de 2008 fuese propuesto por la Regiduría de Desarrollo Urbano: Ni era la concejalía legitimada, ni era correcto el precepto en el cual basó la vistosa multa de 10 millones de pesos.”

COMPLICIDAD

Queda claro que si Chedraui evade definitivamente el pago de la multa, y pronto construye la sucursal en el predio en disputa, será gracias a su defensa legal, pero también por la complicidad de estos dos personajes, que a través de yerros deliberados y acciones calculadoras simularon estar a favor de la ciudadanía, pero protegieron los intereses contrarios.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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UABJO, doblegada por corrupción y porrismo

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La situación de la UABJO no acepta puntos medios. A pesar de ser una Universidad con gran vocación y tradición nacional en la formación profesional de hombres y mujeres importantes para el país, hoy se encuentra en una situación deplorable. En ella, los intermedios no existen, porque así como desde algunas perspectivas se pretende demostrar su avance en cuanto a la formación académica y la aportación al desarrollo de Oaxaca, las manifestaciones brutales tanto de la violencia, como del porrismo y los vicios de la corrupción, muestran fehacientemente que la nuestra no es hoy una Universidad que vaya por buen camino.
El contraste entre los dichos y los hechos, revela una Casa de Estudios prometedora pero también desesperanzadora. De acuerdo con cifras oficiales de la propia institución, en el ciclo escolar actual, se encuentran inscritos 27 mil 75 estudiantes, en las diferentes escuelas, facultades y centros de estudios de esa Institución. De ese total, casi 20 mil se encuentra cursando alguna de las 17 licenciaturas que ofrece; 6 mil 600 son alumnos de nivel medio superior, y menos del dos por ciento del total de la población estudiantil cursa niveles de postgrado, como especialidades, maestrías y doctorados.
De acuerdo con lo dado a conocer por el rector Rafael Torres Valdez en el único informe de labores que ha rendido ante el Consejo Universitario, y cuyo texto se encuentra disponible en el sitio oficial de internet de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, durante su gestión “hemos logrado duplicar el número de programas educativos de calidad, ya que pasamos de un total de 7 programas evaluados por los CIEES en el nivel 1 de calidad en el 2007, a 14 programas en el año 2008, lo que representa un 57.3 por ciento de nuestra población estudiantil atendida en programas ubicados en el nivel UNO de calidad. En el mismo sentido, el número de programas educativos evaluados externamente por los diferentes organismos acreditadores registrados por el COPAES, aumentó radicalmente en el periodo que se informa. Pasó de tres programas educativos acreditados en mayo del 2008 a un total de ocho programas acreditados en junio del 2009.”
Así, lo que parecería es que para una universidad pública estatal, considerada la más importante e influyente de la entidad federativa en que se encuentra, estos números no sólo no son cuestionables, sino incluso tendrían que ser dignos de reconocerse. No obstante, al entrar en los detalles y el desglose de los mismos, además de combinarlos con la realidad cotidiana que se vive en la Universidad, podremos darnos cuenta que las cosas no son tan benignas como parecen.

CIFRAS CHOCANTES
Retomemos las cifras. La UABJO tiene una población estudiantil, total, de 27 mil 75 estudiantes. De ellos, 6 mil 683 pertenecen a las escuelas de educación media superior, y 19 mil 967 a licenciaturas. Sólo que, en cada uno de los casos, son sólo dos escuelas las que aglutinan a porcentajes muy altos de estudiantes, mientras que otras tienen niveles bajísimos. Veamos el contraste.
En el ámbito de las escuelas de instrucción media superior, sólo entre las Preparatorias 1 y 6, concentran a alrededor de cuatro mil alumnos, de los seis mil que conforman su población escolar. Siguiendo únicamente a los números. ¿Cómo entender que si existe una oferta académica en siete escuelas, sólo en dos se concentre más del sesenta por ciento del universo de estudiantes? Esto, en realidad, tiene una explicación que más bien está basada en la corrupción, el porrismo y la masificación, que la UABJO ni atiende ni reconoce ni combate.
Algo similar ocurre con las carreras universitarias. De los casi 20 mil alumnos que están inscritos en el nivel superior, casi 8 mil forman parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Algo así como el cuarenta por ciento de la población universitaria que cursa instrucción superior, y cerca del 30 por ciento de todos los estudiantes inscritos en la Máxima Casa de Estudios. Valga decir, que además de masificada, esa Facultad concentra altísimos niveles de atraso, violencia, inestabilidad y corrupción, que no tienen comparación con ninguna otra escuela de esa Universidad.
Ninguna de las acreditaciones con que cuenta la UABJO es, como popularmente se conoce, “patito”. Todas las certificaciones de calidad en la enseñanza y en los programas de estudios, las otorgan organismos regulados por la Universidad Nacional Autónoma de México, y por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es un despropósito considerar que esas acreditaciones son compradas, que son patito o que son expedidas por órganos que no tienen la legitimidad suficiente como para corroborar que, en efecto, la instrucción y los planes en que se basa la educación superior, son de vanguardia.
No obstante, tendríamos que preguntarnos que, si la mayoría de las Escuelas y Facultades de la UABJO están certificadas, entonces cuál es la razón de que su nivel académico sea tan bajo. Instituciones como la ANUIES pueden certificar los planes de estudio, e incluso la preparación y dedicación de profesores y alumnos, pero no pueden tomar como punto de referencia las convulsiones políticas o los procesos de inestabilidad. Seguramente los planes de estudio son de vanguardia. Pero las condiciones en que éstos se desarrollan son lo que empaña toda la labor constructiva de la institución.
Y es por eso mismo, que finalmente nadie cree que, en efecto, los planes de estudios y la calidad en la enseñanza estén certificados y sean competitivos nacionalmente. Porque desde fuera, sólo se ve la cotidianidad violenta de nuestra Universidad.

VICIOS, INTOCADOS
Quienes han tenido la Universidad bajo su control, se han negado sistemáticamente a emprender programas serios y drásticos en contra de vicios como la corrupción. De éste se desprenden otros males mayores para la Universidad, tales como el tráfico de calificaciones, la venta de servicios administrativos, la extorsión, el acoso sexual y, sobre todo, la lucha entre grupos de poder y el porrismo que agobia a la UABJO.
El caso paradigmático de todo esto, de nuevo, es la Facultad de Derecho. Aunque en su diagnóstico, plasmado en su informe de labores, el rector Torres Valdez considera que “con el reconocimiento de que el desarrollo en los procesos de evaluación de calidad es dispar, por la magnitud matricular y otros factores, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales promete emerger de sus crisis para incorporarse como programa educativo de calidad, convirtiéndola en el detonante que nos permitiría ingresar al Consorcio de Universidades Mexicanas”, lo cierto es que esa escuela está aún muy lejos de ser lo que sus autoridades pretenden aparentar.
La realidad de esa Facultad quedó constatada apenas hace dos semanas, cuando grupos de estudiantes se enfrentaron a balazos, unos para defenderse del intento de agresión y de recuperación de las instalaciones que tenían en su poder, y los otros para tratar de conseguir su cometido. El resultado de aquella refriega, fue de varios estudiantes lesionados, y una corresponsal nacional fuera agredida de un disparo de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores.
¿Por qué decir que la Facultad de Derecho es el ejemplo de la UABJO real? Porque es la escuela más masificada, que tiene una oferta académica desfasada en tiempo y en necesidad de profesionales en la entidad, que es la que mayormente se ha negado, o no ha hallado las condiciones adecuadas, como para abandonar sus recurrentes estados de crisis; y porque ahí es donde se han configurado de mejor modo todos los actores que, por medio del porrismo y la corrupción, desean tener el mayor control posible de los vicios y los defectos de la Universidad, que sin embargo son redituables en el campo de lo económico y de lo político para sus manejadores, pero altamente perjudiciales para la academia.
La masificación, por ejemplo, es sinónimo de desatención y de corrupción. Desatención porque no se han podido frenar los vicios, y corrupción porque las viejas prácticas indebidas, e ilegales, prevalecen libremente en esta Casa de Estudios. La administración central universitaria no ha tenido la atención y la ayuda suficiente como para emprender una tarea reformadora de mayor calado. No basta que en los documentos existan certificaciones de calidad en la enseñanza: esto debe verse y reflejarse en una mejor situación académica de quienes forman parte de ella.

MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS
La UABJO se merece ese calificativo. A pesar de que hoy es una institución plagada de vicios, inestabilidad y violencia, que son prohijadas por la infinita ineptitud y dejadez de su rector, el arquitecto Rafael Torres Valdez, también es cierto que la Universidad ha sido un semillero de grandes hombres y mujeres que han aportado mucho a la ciencia, las artes y la cultura de nuestro estado, en todos los tiempos.
Desde grandes médicos, arquitectos y abogados, hasta Gobernadores y Presidentes de la República, pasaron por las aulas de una Universidad, la de todos los oaxaqueños, que hoy se encuentra enfrentada y confrontada por grandes problemas y rezagos que no tendrán solución mientras exista la voluntad por tolerarlos y fomentarlos. La academia —que es constructiva pero silenciosa— es un parámetro de la UABJO. Pero para mal de todos, la violencia y la corrupción —que son ruidosas y nocivas—, también.


Caso de la Guardería ABC: la Corte de todos modos perdería

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+ Urgente, revisar facultad de investigación y sus alcances

Esta semana prácticamente quedó concluida la discusión y concretados los puntos de resolución, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al incendio de la Guardería ABC, ocurrido hace un año en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el que murieron 49 niños, y otro centenar resultó con lesiones y afectaciones a la salud, que en no pocos casos tendrán secuelas de por vida. Fuera cual fuera el sentido de la resolución del Alto Tribunal, de todos modos éste saldría mal librado del ejercicio de esta facultad.

Veamos el contexto jurídico de este asunto. Como bien lo sabemos, la facultad de investigación sobre presuntas violaciones graves a las garantías individuales, que tiene la Suprema Corte de Justicia, se fundamenta en lo establecido por el artículo 97 de la Constitución General de la República, que a la letra dice que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual…”

Así, en base a lo contenido en este precepto constitucional, en los últimos años la Corte ha conocido de diversos asuntos gravemente relevantes ocurridos en varias entidades federativas, siendo el gran parteaguas la resolución habida respecto a la matanza del paraje de Aguas Blancas, ocurrido en el estado de Guerrero en 1995. De ahí en adelante, la Corte ha conocido de otros asuntos en base a dicha facultad, siendo relevantes el de la intervención policiaca en San Salvador Atenco, Estado de México, y la actuación de las fuerzas federales y las autoridades locales de Oaxaca durante el conflicto magisterial y popular. Ambos hechos ocurrieron en el año 2006, y motivaron sendas resoluciones por parte de la Corte.

Tendríamos que preguntarnos qué utilidad teórica y práctica tiene esta facultad conferida a la Corte. En el ámbito de lo formal, parece claro que su importancia es fundamental para el control del poder público, y los excesos que se cometen en el ejercicio del mismo.

Aunque es objeto reiterado de descalificaciones, es evidente que dicha facultad no tuvo como fin dar más trabajo a la Corte o meterla en un brete, sino el establecer un mecanismo más —aparte de los otros que también existen en el Texto Constitucional, pero que este no es el momento para mencionarlos— para fomentar el equilibrio de poderes.

Se concibió, además, como un mecanismo de control, y se confirió a la Corte por la presunción existente de que el más alto Tribunal Constitucional y de Justicia del país, es un órgano del Estado mexicano con un alto sentido de responsabilidad y profesionalismo, que está integrado por personas preparadas, y que por tanto tiene un alto grado de legitimidad y calidad moral, que por ese solo hecho haría pesado y recriminante, así fuere en el ámbito moral o político, un señalamiento en contra de un poder o funcionario, por aparecer como responsable de la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.

Sin embargo, parece claro también, que más allá de lo teórico, la realidad práctica es harto distinta. Prácticamente ninguno de los casos que ha conocido la Corte en ejercicio de la facultad que ahora se comenta, ha estado desligado de fortísimos intereses políticos.

Faltaba más, si a quien la Corte le está controlando el poder, es nada menos que al Ejecutivo federal, y a los de las entidades federativas, que en nuestro sistema político son quienes acumulan más poder e influencia. Eso es lo que explica, en gran medida, los malos momentos que pasa el Alto Tribunal, cada que tiene bajo su responsabilidad un asunto de esta naturaleza.

ASUNTO RUIDOSO

Hace unas tres semanas, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio a conocer el dictamen previo de lo que sería su proyecto de resolución sobre esta facultad de investigación. El fallo parecía brutal: se fincaban responsabilidades morales, políticas y éticas, a 14 funcionarios y ex funcionarios, incluyendo al actual y al anterior director del IMSS y ahora Secretario de Comunicaciones y Transportes, y también al ex Gobernador de Sonora y al Edil de la ciudad de Hermosillo. Se proponía, también, denunciar el desorden generalizado y la falta de todas las precauciones posibles en cuanto a la regulación de las guarderías subrogadas por el Instituto. Y se hacía un largo recuento de las fallas encontradas en el desarrollo de la investigación.

Se tenía una altísima expectativa de que, por vez primera, un asunto como este sentara en el banquillo de los acusados, a funcionarios de primer nivel federal. Empero, casi todo lo importante fue rechazado por el pleno de la Corte. ¿Por qué? Porque la mayoría de ministros consideró que ellos no están facultados para fincar responsabilidades, y menos de tipo moral, político o ético. Y es que, en sentido estricto, quienes apoyaron esa postura tienen razón, porque expresamente la Norma no les confiere esa atribución. Sin embargo, lo que se esperaba es que hubiera una Corte menos legalista y más decidida a hacer prevalecer la justicia por encima del derecho.

Nada de esto ocurrió; aunque el Pleno de la Corte fundamentó sólida y sobradamente los argumentos de los que se valió para su resolución, ésta ha sido duramente cuestionada por quienes, con toda razón y justicia, esperaban de ellos un fallo más arrojado y más recriminador en contra de todos los que de algún modo se vieron involucrados en ese asunto.

La Corte de todos modos iba a perder: si resolvía conforme al proyecto inicial, sería acusada de extralimitarse en las atribuciones y alcances que el marca la propia Constitución. Y si resolvía como lo hizo, sería acusada por lo menos de tibia, como también finalmente ocurrió.

FACULTAD A REVISIÓN

Por eso es urgente que esa facultad continúe su proceso de revisión, y sea o transferida a otro órgano del Estado, o reestructurada por completo, pero no desaparecida. Es un mecanismo de control que, sin embargo, se ha convertido en un foco de desgaste para la Corte, cada que emite un fallo que no resulta cubrir las expectativas o situarse en el campo de lo políticamente correcto. A ver cuándo ocurre.

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¿Hay diferencias entre integrantes de plantón magisterial?

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+ Renovar las bases radicales, en manos de menos preparados

Aunque parezca una masa homogénea, las bases magisteriales están perfectamente delineadas en varios grupos de rasgos insuperables, que habrán de determinar su rumbo en el mediano plazo. Hasta hoy, el punto de cohesión de todas las tendencias se encuentra en férreo control que tiene el sindicato de la situación, los ascensos, e incluso la estabilidad laboral de cada uno de los trabajadores. Empero, conforme pase el tiempo se irán acentuando los rasgos particulares, que ya hoy diferencian internamente a ese enorme amasijo que aglutina a más de setenta mil agremiados.

Desde fuera del sindicato magisterial, lo que se ve es un grupo más o menos cohesionado que tiene un perfecto control en cuanto a la movilización y el despliegue de las acciones que determinan los órganos de dirección. El ciudadano común tiene la idea de que los trabajadores de la educación, son un grupo ampliamente convencido de la viabilidad de las acciones, y de las razones en que se fundamentan para hacerlo. Se podría entender, incluso, que éstos son agremiados altamente ideologizados y persuadidos de los principios que rigen a su organización.

Esto era así hasta hace no muchos años, aunque la tendencia del control por ideologización va a la baja. ¿De qué hablamos? De que al inicio, y quizá en los primeros diez o quince años de lucha magisterial en Oaxaca, la mayoría de los trabajadores de la educación habían sido parte de ese proceso, y eran entonces beneficiarios de la “democratización” de su sindicato. Es decir, que entonces la gran mayoría fue parte de los sustanciales incrementos salariales, de los acuerdos ventajosos que logró la Sección 22, como aquel en el que el Gobierno del Estado prácticamente le entregó el control del IEEPO, o cuando también quedó en manos del Sindicato, el manejo casi total de los ascensos, ingresos y prestaciones económicas de los agremiados.

El problema hoy, es que 30 años después, es acelerado el proceso de jubilación de toda esa generación de profesores y empleados administrativos que asistían a las movilizaciones y acciones de su Sindicato, convencidos de que eso los llevaría a la conquista de mejoras salariales, sociales o incluso políticas.

Ese proceso natural de sustitución —por la sola razón de la edad— de unos integrantes por otros en el Sindicato magisterial, sin embargo, no ha mermado su fuerza, aunque sí comienza a marcar claras diferencias entre sus integrantes. Hasta hoy, la dirigencia de la Sección 22 continúa teniendo un control y poder avasallador entre sus agremiados, porque no sólo no ha suavizado, sino que ha reforzado, el férreo control que tiene sobre las condiciones de trabajo de sus trabajadores.

Esto se puede ver, en el hecho de que hoy se sigue llevando un control estricto de toda la asistencia a las acciones sindicales, y que ello es el factor determinante para las mejoras en las condiciones de trabajo, salario y ubicación de los integrantes de la 22 que tienen una participación activa, pero también para el total estancamiento, el acoso y el rechazo a toda solicitud de mejoras en los ingresos o las condiciones laborales, cuando se es apático a las acciones y decisiones del gremio magisterial.

Así, al analizar a detalle la forma en que se está recomponiendo la membresía de la Sección 22, podremos ver cuáles son sus posibles escenarios futuros. La mayoría de éstos, lamentablemente, son poco halagadores.

DIFERENCIAS INTERNAS

Ubiquemos puntualmente, de entrada, las diferencias que existen hoy entre los integrantes de la Sección 22. Entre los viejos profesores que hace 30 años iniciaron la lucha magisterial, y que continúan como trabajadores activos de la educación, hoy éstos se diferencian entre los que están alejados totalmente de las acciones sindicales, y los que sostienen una participación intensa. Los primeros, en su mayoría, son los profesores que no están de acuerdo en los radicalismos actuales y mejor dedican sus esfuerzos al trabajo, y los segundos son los que tratan siempre de suplir, con participación sindical intensa, su falta de reparación, el escaso compromiso con sus responsabilidades laborales, y hasta sus excesos y las malas conductas en que incurren.

Pero también, hoy, entre los nuevos trabajadores de la educación, existen también diferencias sustanciales. Muchos de quienes integran hoy la membresía sindical de la Sección 22, son hijos o parientes de los viejos trabajadores, que ingresaron al sistema educativo gracias a la posibilidad que existe de “heredar la plaza”; en gran cantidad, esos jóvenes tuvieron la posibilidad de acceder a preparación profesional en universidades y formas de instrucción distintas a la educación normal.

Es decir, que su estabilidad laboral no es consecuencia de lucha o conquista sindical alguna. Y por esa razón, ni se encuentran ideologizados y mucho menos radicalizados con los añejos postulados con los que se fundamenta la lucha magisterial, y más bien asisten y cumplen con los mandatos de su sindicato, por las precarias condiciones salariales, de ubicación y de prestaciones en que se encuentran. A través de su participación en las movilizaciones, buscan mejorar su situación. Pero esa participación lo ven como algo irremediable, pero no como una aportación a la lucha sindical.

Hoy mismo, entre el magisterio oaxaqueño existe una lucha intensa por el rumbo del paro indefinido y el plantón que tienen instalado en el primer cuadro de la capital oaxaqueña. Unos buscan el radicalismo y otros las posiciones moderadas, que son vistas como parte de una alianza con el priismo que gobierna.

FUTURO INCIERTO

En esas condiciones, el último gran bastión de la Sección 22 se encuentra en los jóvenes normalistas que acaban de ingresar al sector educativo, o que están en vías de hacerlo. Ellos, en realidad, son los menos preparados académicamente hablando, pero los que más les deben a la lucha magisterial —nada menos que la contratación automática, una vez que culminan los estudios en las escuelas normales— y más incondicionalidad pueden profesarle al radicalismo de su sindicato. Si finalmente este grupo se impone, en los años por venir el radicalismo será más acentuado aunque con menos sustento político, social o ideológico. Si se imponen los que heredaron una plaza, tenderán a relajar la lucha. Eso lo veremos con certeza, en el mediano plazo.

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!Nuevo programa televisivo de debate en Oaxaca!

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Mañana viernes, a las 10 am se presenta el programa de televisión “República y democracia”. Una propuesta periodística fresca y reflexiva sobre los temas más importantes que aquejan a nuestro estado. Participan en él, un importante grupo de intelectuales, académicos, investigadores y periodistas oaxaqueños, que buscan diseccionar la realidad social y política de nuestro estado, y ofrecer un debate serio y comprensible al público televidente. Conduce el economista Vladimir Campos Gallardo, y participan como panelistas la investigadora Gloria Zafra, los doctores Rubén Vasconcelos Méndez y Armando Pérez Delgadillo, los politólogos Daniel Pérez Montes y Enrique Ceballos Bustamante, y el periodista Adrián Ortiz Romero. Muy pronto, más noticias sobre esta propuesta periodística joven en Oaxaca.

¿Qué nadie gobierna en Oaxaca de Juárez?

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+ La Ciudad, abandonada a su suerte por la fiebre electoral

Mientras los partidos y los grupos políticos en Oaxaca entran a la última fase del proceso electoral, la ciudad, los servicios públicos y la atención gubernamental se encuentran en un completo estado de abandono. No se equivocan quienes dicen que la capital oaxaqueña, y su zona conurbada, se encuentra convertida en un enorme antro de vicio; pero también falta crítica —y autocrítica— para asumir que la nuestra también es una capital sin gobierno, sin autoridad, sin servicios, y por si fuera poco, convertida en un muladar.

No debería sorprendernos, aunque sí provocarnos una profunda tristeza, el estado de abandono en el que se encuentra la ciudad en que vivimos. En el contexto, sendas masas de trabajadores del gobierno estatal, y de funcionarios municipales, se encuentran laborando —legal o deliberadamente— en la campaña proselitista por la gubernatura, y los demás cargos que se disputan. Tan sólo al comenzar la labor electoral, hace dos meses, ocurrió una interminable cascada de renuncias, licencias temporales y desvío de actividades, en cientos de servidores públicos que decidieron dejar el trabajo gubernamental para otro momento, y meterse de lleno en los temas electorales.

Podrían contabilizarse por decenas, los trabajadores municipales y estatales que, por cada una de las dependencias, dejaron sus labores formales para asumir compromisos de campaña. El caso de la capital oaxaqueña, no fue la excepción. Porque junto con la licencia temporal del edil José Antonio Hernández Fraguas, también se dio la baja temporal o definitiva de un importante grupo de trabajadores del Ayuntamiento, que conformaban la “primera línea” de trabajo y responsabilidades del ahora Munícipe con licencia. En el municipio de Oaxaca de Juárez, sólo se quedaron a continuar con sus responsabilidades, aquellos que tenían encomendadas tareas de mediana categoría, o quienes resultan ser necesarios ahí, para cuidar los intereses y “las espaldas” de todos aquellos que ahora son parte de la campaña priista.

El problema, para todos, es que Oaxaca de Juárez es una ciudad a la que no le pueden presionar un botón de “pausa”, para que todos sus problemas, carencias y necesidades de atención por parte de la autoridad, aguarden para después que terminada la fiebre electoral. Nadie entendió que la ciudad es una necesidad apremiante para cualquier gobierno o grupo político. Y por eso dejaron encargado el gobierno, a quienes no tienen ni voluntad, ni voz, ni decisión, ni compromiso para hacerlo. El resultado está hoy a la vista.

Oaxaca no necesita traducción: basta con salir a las calles para corroborar que la nuestra, es nuevamente una ciudad abandonada a su suerte. Las arterias viales, y los parques más importantes del Centro Histórico están no sólo ocupados por los profesores de la Sección 22 del SNTE que se manifiestan; también son hoy espacio libre para la comisión de todo tipo de delitos, sin importar la hora y el lugar donde ocurran. El espacio público es albergue de la basura, de las protestas de los trabajadores de limpia, y los ciudadanos que, ante la falta de autoridad e incluso de elementos policiacos, hacen y deshacen a placer.

No debíamos sorprendernos. ¿Alguien ha tenido, en las últimas semanas, la necesidad de acudir al Ayuntamiento citadino a realizar algún trámite? El estado de abandono y vacío humano en el que se encuentra el mismísimo Palacio Municipal, da cuenta de ello.

Pero, ¿cómo recriminar que hoy sea más difícil que de costumbre, hallar en sus oficinas, y en sus funciones, a directores, coordinadores, e incluso a los regidores, si fue el mismo edil Hernández Fraguas quien puso el ejemplo de cómo se abandona no un cargo, sino una responsabilidad, en aras de saciar —con apuestas y espejismos—, sus nuevos caprichos y ambiciones políticas? ¿Cómo querer tener una ciudad en orden, cuando la gran mayoría de quienes recibieron esa encomienda, hoy están invadidos por las calenturas electorales?

NADIE ES RESPONSABLE

Así, la situación en que se encuentra nuestra capital, y zonas aledañas, debería preocuparnos. No sólo es el problema de la basura, o del crecimiento exponencial de la delincuencia común, lo que debería preocuparnos. Mientras todos se pierden en sus batallas electorales, en la zona conurbada a la capital, silenciosamente ha venido creciendo la presencia de giros negros… desde cantinas hasta prostíbulos, pasando rigurosamente por la presencia de sustancias prohibidas, que son comercializadas sin mayores complicaciones.

Esto hoy no le preocupa a nadie. Porque así como Oaxaca de Juárez es hoy una zona libre para la incidencia de todo tipo problemas y desatenciones por parte de la autoridad, algunos municipios como Santa Cruz Xoxocotlán se encuentran en situaciones similares o aún peores. Esto ocurre, en realidad, porque las autoridades se sienten no sólo sin compromisos reales de trabajo, sino tampoco conminadas por la misma ciudadanía a que cumpla puntualmente con sus labores.

Como oaxaqueños, es urgente que pongamos atención a cuestiones como esta, y que exijamos que la autoridad cumpla con sus cometidos, independientemente de que este sea o no un momento electoral determinante para las fuerzas políticas y sus respectivos intereses. Al final de cuentas, resulta inadmisible e insostenible, desde cualquier perspectiva, que quienes aspiran a confirmarse, o a obtener el poder gubernamental, hablen de grandes promesas y de grandes resultados a sus electores, pero que lo hagan, orgullosamente, en medio de una ciudad maloliente, sucia y francamente desatendida.

El encargado del despacho de la presidencia Municipal, Miguel Ángel Bustamante Underwood, y quienes colaboran con él, deberían mostrar más compromiso con su trabajo: si a ellos los dejaron encargados de la ciudad, deberían ayudar a su partido al menos atendiendo sus tareas en el Ayuntamiento citadino. Que no sea mucho pedir.

¿QUIÉN INVESTIGARÁ?

Es patético el modo en que, en el PRI y en el Gobierno del Estado, asumen los señalamientos hechos por la ex coordinadora de Transporte, Aurora López Acevedo. Si ella dice la verdad, o si miente, es algo que se debe corroborar en base a investigaciones por parte del Ministerio Público. Es decir, por parte de la Procuraduría estatal. Al final, más allá de los intereses políticos, lo verdaderamente grave es la acusación por el presunto ataque sexual. Al hallar la verdad de eso, encontrarán la verdad de todo.

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EPR: desaparecidos, una causa política ahora condicionada

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+ Confusión de delincuencia con guerrilla, ahora en caso DFC

La tarde del pasado lunes, el EPR emitió un nuevo comunicado, en el que reitera la afirmación de que ellos no son los responsables del secuestro o retención del ex senador del PAN, Diego Fernández de Cevallos. Establecen importantes directrices sobre los intentos del gobierno federal por crear confusión, entre lo que es un grupo de guerrilla y uno de delincuentes; y lanzaron una fuerte advertencia sobre la tregua decretada a favor de la presentación con vida de sus propios desaparecidos.

Ayer martes se cumplió un mes de la desaparición del ex senador Fernández. En este tiempo, el constante silencio y la falta de información oficial y fidedigna, ha permitido la construcción de todo tipo de afirmaciones, señalamientos sin sustento, y especulaciones.

Una de esas teorías no corroboradas, y que además fue de las primeras en “popularizarse” —gracias a “manos” federales—, fue la relativa a que éste secuestro pudo haberse realizado por alguna célula del EPR, en base a motivaciones políticas y económicas, y para negociar el “intercambio” de Fernández de Cevallos por Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los dos eperristas que desaparecieron en Oaxaca la noche del 24 de mayo de 2007, y sobre los cuales el eperrismo continúa exigiendo respuestas al gobierno federal.

Una vez lanzada la acusación, los constructores de dicha teoría dieron algunos elementos para reforzar la idea de que el eperrismo era el responsable del plagio: Diego Fernández de Cevallos es un personaje de primer nivel en el escenario político nacional; el panismo gobernante se vería fuertemente desacreditado por un secuestro de alto impacto político como ese; el EPR es un grupo armado que tiene una afrenta abierta y declarada contra el gobierno federal por sus desaparecidos; el secuestro es una de las más viejas y perfeccionadas formas de reivindicación política y de “recuperación” de recursos económicos para los grupos subversivos; y el eperrismo habría sido el único grupo con la experiencia y capacidad logística y operativa como para realizar limpiamente una acción de esa magnitud.

El gobierno federal se negaba a aceptar, y aún hoy silenciosamente lo sigue haciendo, que un grupo criminal fuese el responsable del plagio del ex senador Fernández. Aceptarlo equivalía a tanto como también reconocer que, aún con sus estrategias anticrimen, éste podía golpearlos en la integridad de uno de los personajes más emblemáticos y respetados para el partido gobernante. Por eso desde el primer momento se lanzó la versión de que habría sido responsabilidad de la guerrilla el secuestro del panista.

Apenas tres días después del secuestro, el EPR —ya entendido como principal señalado por la acción— salió al paso para negar la versión. Ellos aseguraron que el secuestro está descartado en su organización armada desde hace una década como forma de obtención de recursos, y sobre todo que ellos no tendrían por qué reproducir las acciones del enemigo (el gobierno federal), quien sí ha lastimado y desaparecido a personas con fines políticos. Incluso, la Comandancia General se aparta de toda responsabilidad, porque asegura que ellos también conocen el dolor que provoca la desaparición de seres apreciados.

Sin embargo, de entonces a la fecha, la tendencia a responsabilizar a grupos subversivos, escisiones del EPR, no ha cesado. Se ha buscado, insistentemente, insertar el tema de los grupos armados en un asunto que, por todas sus características, es un hecho perpetrado por un grupo profesional de criminales. Ahí es donde se centra este nuevo capítulo de confusión deliberada, entre la delincuencia organizada y los grupos subversivos.

SECUESTRO ATÍPICO

Hasta ahora, lo que se ha establecido es que por la devolución de Diego Fernández de Cevallos, sus captores exigen la cantidad de 50 millones de dólares. Se dice que ha habido una comunicación pausada entre los secuestradores y los negociadores; que existe un alto nivel de organización en el grupo responsable del plagio; y que se tiene identificado que este grupo ya realizó otros secuestros también de larga duración, en los que obtuvieron montos igualmente millonarios, pero que fueron perpetrados sobre personajes de poca ascendencia política incluso en la región queretana.

A dicho grupo, el periodista Raymundo Riva Palacio lo ubica con tintes guerrilleros, y según fuentes gubernamentales, asegura que éste tiene como nombre “Ejército de Liberación Nacional”, y que es una escisión del EPR que opera en toda la zona huasteca del país. Por eso, Riva Palacio y otros informadores de la capital del país, ubican a los probables responsables como “una guerrilla”, y no como un grupo que realiza acciones de delincuencia organizada.

Nuevamente estamos frente a una confusión, que bien puede ser accidental aunque también puede ser intencional y deliberada. Desde que el EPR se alzó a la escena nacional, luego de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, y después frente a los actos de sabotaje con los que volaron ductos de Petróleos Mexicanos en varias entidades del centro del país, el gobierno federal trató de presentarlos como delincuentes, como criminales y, sobre todo, como terroristas.

Ninguna de estas apreciaciones tiene sustento en la realidad. Incluso, el hecho de que hoy se responsabilice a una posible escisión del EPR por el secuestro de Diego Fernández, no tendría que ser motivo suficiente como para considerar nuevamente que la guerrilla perpetra este tipo de acciones; más bien, no pocos grupos criminales han buscado imitar los métodos y la eficacia de la guerrilla en cuanto a la ejecución de sus acciones. Confundir a quienes buscan meros fines económicos (la delincuencia) con quienes tienen motivos políticos en el ejercicio de la violencia (la subversión armada), parece más bien un intento más por legitimar la persecución y los excesos, en contra de algunas formas de la lucha política.

FIN DE LA TREGUA

El último párrafo del más reciente comunicado del EPR, dice lo siguiente “Ratificamos el compromiso hecho con la Comisión de Mediación desde un principio de mantener la tregua (…) No obstante, hacemos de su conocimiento que el gobierno debe dar muestras claras para la presentación de nuestros compañeros, el tiempo no puede ser de manera indefinida.” Los actos de sabotaje pueden reactivarse en cualquier momento.

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