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Restituyen Gran Comisión: ¿Todo se quedará así?

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+ Diputados electos: es momento de hacer política

El pasado lunes, la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma realizada en julio pasado a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Oaxaca, en la que se sustituía la figura de la Gran Comisión por la de la Junta de Coordinación Política. En su declaratoria, el Alto Tribunal consideró que existieron vicios de forma en la conducción del proceso legislativo. Y, por tanto, invalidó los preceptos que darían pauta al gobierno interno de la LXI Legislatura local. ¿Qué sigue ahora?

Contrario a lo que usualmente ocurre, esta reforma fue declarada ilegal no por contener vicios de fondo, sino por no haber cumplido con ciertos requisitos del procedimiento. Como bien debe recordarse, el proyecto de reforma fue presentado intempestivamente por el diputado Antonio Amaro Cancino, y al ser considerado como “de obvia y urgente resolución”, la mayoría priista en el Congreso determinó votar el proyecto, pero sin cumplir con los requisitos de la dictaminación en comisiones, y la discusión en el pleno.

Dicha reforma, si se recuerda, ocurrió en uno de los momentos de mayor algidez y confrontación política entre el régimen saliente contra el entrante. A finales de julio, comenzaron a enviarse señales recíprocas de hostilidad, que a cada uno llevaron a tomar ciertas decisiones ofensivas o de defensa.

Fue entonces, por ejemplo, que frente a la exigencia del gobernador electo, Gabino Cué, el gobernador Ulises Ruiz determinó que el proceso de entrega-recepción iniciaría hasta el próximo mes de noviembre; o que, frente a la voluntad de los diputados electos del PAN, PRD, PT y Convergencia, de emprender una coalición legislativa, el PRI les dio un albazo creando, sin previo aviso, una Junta de Coordinación Política que le permitiera continuar teniendo margen de maniobra. La reforma se realizó sin consultas previas, sin discusión, y utilizando plenamente la llamada “aplanadora” priista. Fue una reforma que correspondió a ese momento de confrontación y algidez, que momentáneamente parece ir disminuyendo.

Por eso, todo esto tiene una explicación no sólo basada en el derecho. Porque si la falta de dictaminación y discusión, aunados a la oscuridad habida en lo relativo a la votación de la reforma, dio como resultado la declaratoria de inconstitucionalidad, es evidente que esta maniobra respondió a un tiempo y circunstancia específicos que ahora deberán ser subsanados pero ya no en base a las imposiciones, sino a un verdadero ejercicio de política, tanto entre los diputados salientes y entrantes, como entre los gobernadores que se encuentran en esa misma circunstancia. ¿De qué hablamos?

De que, sin duda, el gobierno interior del Congreso con la LXI Legislatura —en la que ningún partido tiene mayoría simple— tendrá más dificultades que beneficios con la subsistencia de la Gran Comisión; que aún frente a este revés del Tribunal Constitucional, la agonizante LX Legislatura aún tiene tiempo de emprender una nueva reforma que subsane los vicios. Y que, frente a esa circunstancia, lo más conveniente sería que tanto los diputados de las dos Legislaturas, como los dos Gobernadores, tuvieran la posibilidad de darle una salida consensada al asunto. Es decir, dejando de lado las imposiciones, y demostrando que tienen verdaderas posibilidades de emprender un constructivo ejercicio político.

ABANICO DE POSIBILIDADES

Es evidente que frente a la posibilidad de una nueva reforma —como posiblemente ocurra aún en la LX Legislatura—, será ahora sí imposible que la modificación legal se haga repitiendo los patrones del pasado. Es decir, hacerla sin preguntar, ni pedir consenso ni opinión a nadie, y mucho menos sin llevar a cabo un proceso previo de negociación política entre las fracciones parlamentarias. En términos estrictamente legales, dicha reforma podría realizarse cumpliendo con los requisitos esenciales del proceso legislativo. Pero políticamente, equivaldría a reabrir un frente de confrontación que por el momento parece innecesario.

En una segunda posibilidad, la LX Legislatura podría decidir dejar las cosas en el estado en que se encuentran, y dar paso a que los nuevos diputados hagan el trabajo que les corresponde para replantear sus órganos de dirección. En realidad, el problema de fondo es que, al tomar esa decisión, lo que los actuales diputados estarían en riesgo de hacer, es provocar una posibilidad inminente de parálisis y crisis legislativa, si sus sucesores no tienen la posibilidad, en el momento, de ponerse de acuerdo. Por eso, si los legisladores actuales tienen una visión un poco menos partidista, y más apegada al interés general, tendrían que considerar la posibilidad de no dejar las cosas en el estado actual.

Un tercer escenario, que sería el ideal, es en el que hubiera una verdadera concertación política entre los factores de poder actuales, y los que tomarán posesión de sus cargos el mes próximo. Y no sólo de los legisladores, sino también de las dirigencias partidistas e incluso de los titulares —entrante y saliente— del Poder Ejecutivo del Estado. ¿Para qué? Para poder dotar al Congreso de las herramientas necesarias para poder tener una organización y conducción consensada. En el ideal, ese sería el mejor escenario, pues habría no sólo la posibilidad de acuerdos, sino también una representación legitimada del Poder Legislativo.

Para el PRI, sería un error político de graves consecuencias el volver a legislar, ahora sí sin vicios, una reforma relativa a la Junta de Coordinación Política. Es cierto que el interés que priva es el de la preservación del poder que les queda. Sin embargo, ni siquiera a ellos los deja bien parados, el hecho de que hayan considerado reformas que, como trajes a la medida, les permitieran seguir teniendo el control de los órganos administrativos y de control en el Congreso. Mejor sería que ahora sí hubiera diálogo, y acuerdos medianamente consensados. Todo esto suena muy bien. Aunque bien parece que también es mucho pedir.

A CUENTAS

En los órganos jurisdiccionales dicen comúnmente que las posibilidades de que una reforma legal sea invalidada por vicios de forma, son mínimas. Si los diputados están, según, para legislar, lo que por lo menos deben hacer es seguir correctamente lo que dice “el librito”. Este revés, sin embargo, revela que no sólo los diputados no saben hacer su trabajo, sino tampoco la Oficialía Mayor, que es la responsable de que las formalidades mínimas se cumplan. Corroboran su mala fama.

Rosendo Serrano y el misterio de los 500 mil pesos

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+ Clave: manipulación de recursos federales

Durante la madrugada del pasado 14 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la ciudad de Querétaro, marcaron el alto a un vehículo que casi provocaba un incidente de tránsito. En la unidad de motor, viajaba un par de individuos provenientes de Oaxaca y tenían como destino final la ciudad de Tepic, quienes al ser revisados les fue hallada la cantidad de 500 mil pesos en efectivo; ambos fueron detenidos al no poder acreditar la legal procedencia tanto del dinero, como del vehículo que presentaba un reporte de robo en la entidad oaxaqueña. Casi de inmediato, el secretario General del Comité Estatal del PRD, Rosendo Serrano Toledo, se apersonó en el lugar para rescatar a esos dos individuos que, se sabe, son sus trabajadores.

Ante lo poco común de esos hechos, habría que preguntarse qué hay detrás de todo eso. Pues si bien es común que un empleador acuda en ayuda de sus trabajadores cuando éstos se encuentran en un riesgo derivado de sus funciones, no lo es que un par de individuos porten medio millón de pesos en efectivo cuya procedencia no es explicable, tampoco que circulen por el país en un automóvil robado, y mucho menos que éstos resulten ser empleados de un líder político de la izquierda.

Para encontrar una explicación a todo esto, habría que seguir la ruta del dinero más allá de Oaxaca. Porque de acuerdo con fuentes del propio perredismo, lo hasta ahora sabido podría ser apenas una pequeña arista, de una serie de contubernios y negociaciones emprendidas en su momento desde la dirigencia nacional del PRD, para hacerse de recursos económicos frescos que fueran útiles para los tiempos electorales.

¿De qué hablamos? De una historia que presuntamente inició desde que se emprendieron las negociaciones de alto nivel entre partidos, para consensar la reforma petrolera. En aquellos momentos, un grupo de diputados perredistas de varias entidades de la República —entre los que predominaban los del Estado de México, pero en el que también se habría encontrado el diputado por Miahuatlán, Benjamín Hernández Silva— habrían planteado al entonces secretario particular del presidente Felipe Calderón, César Nava, la posibilidad de apoyar su propuesta petrolera, a cambio de una suma de siete millones de pesos para cada uno. El funcionario tomó nota de la oferta, y prometió llamarlos cuando hubiera una respuesta.

Aseguran que al mismo tiempo que Nava recibía a pequeños grupos de legisladores de oposición, el ahora extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, habría emprendido una serie de negociaciones con la dirigencia nacional del PRD, que entonces encabezaba Guadalupe Acosta Naranjo. Éste último, al enterarse de los ofrecimientos de la fracción parlamentaria de su partido en la Cámara baja, advirtió que todas las negociaciones sobre la reforma petrolera debían conducirse entre el gobierno federal y el Comité Ejecutivo Nacional, sin interlocutores adicionales.

Así ocurrió. Para dejar pasar dicha reforma, Acosta Naranjo habría negociado a nombre del PRD, directamente con el Secretario de Gobernación. A cambio de dicha aprobación —que molestó sobremanera a Andrés Manuel López Obrador—, Acosta y su grupo tuvieron acceso a programas especiales y fideicomisos ocultos manejados por la Secretaría de Hacienda.

De esta manera, el grupo de Acosta Naranjo se vio ampliamente beneficiado, ya que por medio de esos recursos extraordinarios, se habrían establecido relaciones con los ayuntamientos para, a través de ellos, bajar los recursos. Y en Oaxaca, los encargados de este trabajo habrían resultado ser justamente Rosendo Serrano Toledo y Lenin López Nelio, quienes acostumbrados a este tipo de tratos con las administraciones estatales, aquí mismo —y en otras entidades— se aparecieron como auténticos maestros de los operadores, para “bajar” los recursos a los gobiernos municipales y obtener jugosos beneficios de ello.

AHUMADA OAXAQUEÑO

Para muestra, algunos botones. De acuerdo con información oficial en poder de esta columna, actualmente uno de los municipios oaxaqueños a los que Serrano y López Nelio López están “ayudando” a justificar recursos extraordinarios derivados de esa negociación, es Magdalena Tlacotepec con un poco más de 30 millones pesos, presuntamente acreditando obras ya realizadas por Petróleos Mexicanos, por el Comité de Planeación para el Desarrollo del gobierno estatal, o con recursos federales del ramo 33. Entre las obras, figuraría la reconstrucción de un camino que entronca a la población con la carretera Ixtepec, así como la construcción de un sistema de drenaje y de agua potable.

En ese mismo sentido, Rosendo Serrano y Lenin López Nelio habrían gestionado la aprobación de recursos extraordinarios del presupuesto federal, para municipios como Huautla de Jiménez, Nuevo Zoquiapam, San Antonio Monte Verde, Santa María Mixtequilla, Santiago Zoochila y Santiago Camotlán. Se asegura que en algunos de éstos municipios el servicio de gestoría y asesoría ofrecida por ambos individuos no llegó a buen término. Esto porque se asegura que, en la mayoría de los casos, el costo de las obras se sobre presupuestaban hasta en un 50 por ciento; y porque, precisamente, hasta esos porcentajes eran los que intentaban ser cobrados a cambio de los servicios ofrecidos.

Se afirma que las ganancias de ese negocio serían compartidas entre Serrano, López Nelio y nada menos que Acosta Naranjo. De ahí que, aseguran, cuando ven llegar a esos dos personajes a las oficinas del CEN perredista, no falta quien diga que son una pequeña reedición de Carlos Ahumada.

En ese sentido, se cree que los polémicos 500 mil pesos que aparecieron el pasado jueves en la capital queretana, en un vehículo robado que Serrano habría regalado a Fernando Velázquez Enríquez, y en el que además viajaba Jorge Milton Barbosa Ferlobo, sería dinero que el Secretario General del PRD oaxaqueño habría enviado a Tepic, como obsequio para Acosta Naranjo, ahora que éste intenta ser candidato a gobernador de Nayarit por el PRD. Evidentemente, no aprenden de su pasado.

NUEVO RECTOR

Ante la lamentable pérdida del rector Joaquín Cabrera, el fin de semana el Consejo Universitario de la Universidad Regional del Sureste eligió como rector interino al doctor Benjamín Alonso Smith Arango, quien se ha caracterizado por ser un académico comprometido y brillante, que redoblará esfuerzos a favor de la obra que dejó inconclusa su antecesor. ¡Enhorabuena!

Heriberto Pazos: mil posibilidades sobre un crimen

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+ Impunidad y conflicto: ingredientes perfectos

El lugar común podría llevarnos a pensar que como buen sembrador de vientos, Heriberto Pazos Ortiz finalmente cosechó sus propias tempestades. Habiendo sido el líder absoluto de del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), tuvo también una historia llena de claroscuros, acusaciones y violencia, que siempre estuvo aderezada por sus relaciones —confesables o no— con el gobierno estatal en turno. De ahí que su ejecución, ocurrida el pasado sábado a plena luz del día, sea no sólo una señal inequívoca del resurgimiento de la brutalidad entre las comunidades triquis en conflicto, sino también una demostración implacable de cómo la impunidad es el ingrediente social más nocivo que existe en nuestro entorno.

A un hombre como Heriberto Pazos Ortiz, nunca le hicieron falta ni enemigo ni, seguramente, razones para ser ejecutado. Más allá de los postulados teóricos de la lucha social o indígena, es evidente que la fortaleza de organizaciones como el MULT, o la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) —sus rivales históricos—, e incluso la escisión de ese primer grupo, conocida como Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), siempre ha radicado en la manipulación de las necesidades y aspectos de marginación de las comunidades que representan, en el manejo electoral de los grupos indígenas, y en la corrupción que envolvió a la entrega de recursos económicos para supuestas obras de desarrollo comunitario, infraestructura y atención social, que finalmente terminaban, o terminan, en manos de los funcionarios y líderes involucrados, pero no de quienes verdaderamente lo necesitan ahí en las comunidades.

En esa dinámica, y no sólo en las “discordancias ancestrales”, es como debe entenderse el largo conflicto armado que existe en la región triqui. Independientemente de las pugnas históricas entre grupos étnicos, es evidente que la violencia que hoy prevalece en la zona tiene un origen distinto, que más bien se ubica en las organizaciones sociales, en los recursos económicos, en la manipulación política y los intereses electorales, en la guerra por el control territorial, y en la forma en cómo esos grupos fueron armados, violentados, azuzados y solapados por el propio gobierno.

Organizaciones sociales como las antes citadas, existen en todas las regiones y grupos étnicos en la entidad, sin que ello implique que en todos los casos las disputas deban ser a muerte, o que todo tenga que ser resuelto a través de la violencia. Particularmente, en el caso de la región triqui, las organizaciones sociales —como el MULT, MULTI y Ubisort— casi siempre han desdeñado las vías pacíficas, y han ejercido la brutalidad en la misma proporción de los intereses que se disputan. De ese tipo de prácticas se han valido por igual todos los líderes y organizaciones para obtener, mantener o arrebatar la administración de la pobreza y los cotos de poder que existen en la región triqui.

Por esa razón, siempre ha quedado claro para todos —menos para las organizaciones sociales y el gobierno, que deliberada y mañosamente se autoengañan— que los indígenas triquis continúan viviendo en la misma situación de miseria y marginación que desde hace décadas… o siglos. Pero que las organizaciones sociales son las que han crecido, se han desarrollado y ensanchado, y son las que se han convertido en las grandes beneficiarias —económica, social, política y hasta electoralmente hablando— de la explotación de la pobreza y el drama de la región en que emergieron.

¿CUÁNTOS ENEMIGOS?

Teniendo claro ese contexto, entonces tendríamos que hacernos esa pregunta en relación a un personaje como Heriberto Pazos Ortiz. ¿Cuántos enemigos podría tener un hombre que obtuvo y ejerció su poder siempre a través de caretas sociales, indígenas y democráticas, pero que ocultaban otros intereses relacionados con el poder, el dinero y las relaciones —no siempre afines, pero sí permanentes— con las esferas de gobierno, y en la que siempre se valió lo mismo del diálogo que de la presión social, e incluso recurrentemente de la violencia?

Desde hace meses la región triqui es un polvorín, que lejos de ser neutralizado o desactivado, ha sido alentado por el gobierno por acción y omisión. La creación del municipio autónomo de San Juan Copala fue, es cierto, un desafío al poder en turno, que sin embargo fue tomado como un motivo de pugna violenta, y no como un foco rojo que era necesario desarticular a través de acciones sociales concretas.

Copala, entonces, se convirtió en el pretexto para continuar con la añeja afrenta violenta entre comunidades y grupos de lucha social. De entonces a la fecha, la violencia se agudizó hasta llegar a niveles inusitados. Activistas, inocentes y dirigentes indígenas han sido asesinados en la más completa impunidad. Y en todo esto —raro que no fuera así—, el gobierno estatal ha estado más interesado en acusar a sus oponentes políticos y electorales, de manipulación y entrometimiento en un conflicto añejo en aras de enrarecerlo, enturbiar el panorama y fomentar la mala imagen del régimen, que en verdaderamente asumir los hechos con participación, y tomar acciones efectivas para desactivar la violencia.

Por eso hoy la zona triqui es, por completo, un sinónimo y un ejemplo de incertidumbre. Ahí nadie puede estar seguro, ni puede haber paz, y qué decir sobre las nulas posibilidades de que haya justicia. Si eso se combina con las confrontaciones y los agravios añejos entre las organizaciones, y se remata con la impunidad que prevalece en la entidad, lo que podía esperarse, en cualquier momento, es la ejecución libre de cualquier dirigente como Pazos Ortiz.

ADIÓS A LA PAZ

El gobierno, frente a todo ese panorama, debería hacer algo más que indignarse. Debía dejar de ser parte del conflicto, para convertirse en un factor de solución —cosa que, en las circunstancias actuales no ocurrirá. Del mismo modo, tendría que despegarse de la soberbia que lo lleva a suponer que es el centro del universo, y que por tanto todo lo que ocurre en el estado es para desprestigiarlo. Y al menos por una ocasión tendría que demostrar que sus promesas de justicia son algo más que mera demagogia. El drama real de los triquis va mucho más allá de Copala, del MULT y las demás organizaciones sociales. Pero lo real, y grave, es que la ejecución de Pazos aleja cualquier posibilidad de la paz y la concordia que tanto urgen en la zona.

Oaxaca: “Soluciones”… que nunca llegaron

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

La ciudad de Oaxaca de Juárez es del tamaño de sus problemas y complejidades. A pesar de que la gran mayoría de los rezagos y asuntos pendientes de resolver, están a la vista y han sido objeto de supuesto estudio y remedio por los últimos gobiernos, es evidente que las soluciones han sido largamente aplazadas, y las responsabilidades eternamente evadidas.

Temas como el ambulantaje, el procesamiento de la basura, los medios de transporte, el mantenimiento de las vialidades, y la seguridad pública, son de la preocupación cotidiana, de una ciudadanía que espera respuestas y sólo recibe pretextos, disculpas y justificaciones por lo que no se hace. Aún cuando los temas son muy concretos, prácticamente todos siguen siendo una costosa y nociva herencia que se transmite de administración en administración, en los gobiernos municipales.

En este asunto, es imposible justificar la inacción de la autoridad en base a la ausencia de recursos económicos, ni tampoco achacar esta inmovilidad a una posible falta de coordinación institucional entre las diversas esferas de gobierno, y mucho menos por la ausencia de personal capacitado para enfrentar los problemas.

En realidad, Oaxaca de Juárez tendría que estar pasando por un momento excepcional, al tener en el Ayuntamiento a un conjunto de mujeres y hombres capaces de enfrentar las labores que la comunidad les encomendó, por existir los recursos y las posibilidades mínimas para poder realizar las tareas públicas decorosamente, y porque hoy en día el gobierno estatal y municipal son emanados del mismo partido y del mismo grupo gobernante, e incluso entre la administración del edil José Antonio Hernández Fraguas, y la Federación, tampoco existe una relación lejana o discordante. Al contrario.

EL CONTEXTO

De hecho, cuando inició la actual administración existía una expectativa altísima de lo que podría hacerse. La capital oaxaqueña, en cuanto a su gobierno, venía dando una serie de tumbos que inició prácticamente con la década que está a punto de terminarse. Desde el gobierno del ahora ex panista Alberto Rodríguez González, arrancó un periodo lúgubre para el gobierno de la capital oaxaqueña, en aquel momento, debido a que éste personaje carecía totalmente de experiencia administrativa y de gobierno, y porque lejos de atender los problemas más importantes de la ciudad, decidió enfrascarse en disputas de todo tipo con los grupos políticos que le presentaban cierta oposición. Así, preocupado más por nimiedades, y despreciando los grandes problemas de la ciudad, su gobierno fue inconcluso, de poca movilidad, y de nulos resultados.

Luego vino la administración convergente de Gabino Cué Monteagudo. Cuando éste inició su gestión, era clara su idea de aspirar a cargos públicos más elevados, y de convertirse en el más fuerte adversario electoral de quienes entonces detentaban el poder en el Revolucionario Institucional. De este modo, además de las fallas naturales que tienen todos los gobernantes al momento de ejercer sus funciones, también fue afectado por la nula coordinación entre esferas públicas, y por la predominancia de los temas políticos sobre los administrativos. Esas disputas, de las que todos en su conjunto fueron responsables, llevaron a la ciudad a dejar nuevamente pendientes muchos de los problemas que ya desde entonces urgía resolver.

Al culminar ese periodo, en 2004, vino el desastroso gobierno de Jesús Ángel Díaz Ortega. La expectativa, entonces, era importante debido a que concluía el primer periodo de alternancia política habida en la entidad. Desde el gobierno de Pablo Arnaud, en 1996, hasta entonces, en 2004, el oficialismo priista había estado ausente de la ciudad. Sólo que las cosas no fueron tan esperanzadoras como parecían. La identidad del gobierno estatal y municipal fue utilizada para emprender grandes negocios, como el de los parquímetros, que fueron realizados a espaldas de la ciudadanía. Todo se descompuso cuando, en medio del conflicto magisterial y popular de 2006, el entonces Edil prácticamente abandonó la ciudad, clausuró temporalmente la mayoría de los servicios y actividades municipales, y dejó a su suerte al espacio territorial que gobernaba, para esperar pacientemente a que cambiara el estado de cosas.

Aún con ello, José Antonio Hernández Fraguas, un priista de arraigo y con gran presencia en la capital, ganó los comicios, en 2007, con un gran respaldo social y con una cantidad de votos entonces histórica por encima de sus oponentes. Su experiencia administrativa daba pauta de lo que podría realizar a favor de la capital oaxaqueña, y la existencia de rezagos tan evidentes y urgentes de resolver, daba cierta luz sobre cuáles serían los asuntos que se abocaría a revisar en primera instancia. Así fue como comenzó a desarrollarse una administración municipal que, para mal de Oaxaca, ha ido de más a menos.

ASUNTOS URGENTES

Hoy, pueden establecerse en por lo menos cinco ejes los problemas fundamentales que necesitan solución, y que sólo han recibido largas. Uno de ellos, es el del manejo y depósito de la basura. El segundo, el del tratamiento urgente que debe darse al ambulantaje y el comercio informal. El tercero, el de la seguridad pública. El cuarto, relativo al mantenimiento y atención a las vialidades. Y el quinto, y más importante, de dar atención a las agencias municipales y colonias populares que hoy no encuentran salida a sus problemas. Independientemente de los temas políticos o partidistas que deba resolver el nuevo gobierno, es evidente la existencia de una agenda meramente administrativa y de atención a la ciudadanía, que debe ser abordada cuanto antes.

Acaso el más recurrente y caótico, en apariencia, es el de la basura. Desde hace años, existe la necesidad apremiante de establecer un nuevo tiradero de los desechos sólidos que genera la capital. En las últimas administraciones se ha hablado de la urgencia de generar un relleno sanitario, un nuevo depósito, de tecnificar el manejo y procesamiento de la basura, y de emprender procesos de reciclaje tanto de los desechos, como de la energía que pudiera generarse y aprovecharse a partir de los residuos.

Nadie ha dado una solución concreta. En términos sencillos, el basurero de la Villa de Zaachila continúa abierto a pesar de las advertencias y multas de las autoridades federales. No existe coordinación entre las autoridades municipales y estatales para emprender las tareas que a cada uno le corresponden. Y, de hecho, la administración de Luis Ugartechea comenzará teniendo ese como uno de sus retos pendientes de mayor apremio. Hasta hoy, la nueva administración municipal no se ha pronunciado al respecto.

AMBULANTAJE Y MOTOTAXIS

Éstos dos rubros no sólo crecieron por voluntad o corrupción. Tanto el ambulantaje como los mototaxis son también expresión y signo de la falta de oportunidades de empleo e inversión que existen en el sector formal. Aunque el orden en cuanto al transporte y el comercio ambulante fueron dos de las premisas básicas del nuevo gobierno, hoy todo está fuera de control. Los tianguistas, que en algún momento se habían retirado del Centro Histórico y los parques que ocupaban, hoy se valen de cualquier pretexto para volver a esas áreas en las que antes ya habían acordado respetar.

Por otra parte, los mototaxis crecieron sin control, derivado del contubernio de algunos funcionarios con grupos sociales que vieron en ese vacío un gran negocio, pero también por las debilidades propias de una autoridad municipal que tampoco supo imponerse a tiempo, e institucionalmente, frente a las calamidades que la amenazaban.

Así, hoy prácticamente todas las colonias y zonas populares se encuentran infestadas de ese tipo de transporte que verdaderamente es riesgoso y caro para la ciudadanía. A pesar de que cobran lo mismo por pasaje que una unidad de transporte público concesionado, los viajes que realiza un mototaxi son normalmente más cortos.

Aunque los autobuses urbanos no son precisamente un ejemplo de rectitud y prudencia, los mototaxis se encuentran en un estado aún peor de anarquía: nadie regula sus rutas, no están sujetos a normas firmes sobre el transporte, y mucho menos se les exigen medidas mínimas de seguridad para cumplir con su cometido. Quien se sube a un mototaxi lo hace bajo su cuenta y riesgo, porque éstos no cuentan con seguro de viajero que los respalde en caso de algún accidente o eventualidad.

 

“CIUDAD BACHE”

Las autoridades electas, afirman que el Gobierno de Oaxaca de Juárez tiene firmado, desde hace décadas, un convenio con Petróleos Mexicanos, para que anualmente éste provea una cierta cantidad de asfalto, gratuitamente, para la manutención de las vialidades y los programas de bacheo. Si de verdad existe tal facilidad, entonces nadie se explica por qué la ciudad se encuentra, desde hace meses, llena de hoyancos y fosas que todos los días descomponen las unidades de motor, provocan problemas de salud a los conductores, y dan un aspecto pésimo a una ciudad que se caracteriza por su pulcritud y belleza colonial.

Por si fuera poco, existe un grave rezago en cuanto a la modernización del sistema de señales de tránsito y semáforos. En diversos puntos de la capital oaxaqueña, pueden apreciarse esos artefactos descompuestos total o parcialmente, descoordinados y, en algunos casos, con ausencia total de señalización para el control del tráfico.

En esas condiciones, ¿Cómo no querer que la ciudadanía se sienta defraudada? Ninguna justificación es suficiente, cuando a diario uno se topa con esos problemas que deberían ya estar en proceso de superación. Y si las autoridades municipales no dicen ni hacen algo al respecto, tampoco las estatales, que asumen como responsabilidad municipal todo lo relativo a las vialidades.

CIUDADANÍA OLVIDADA

Es poco lo que, en ese sentido, se puede apelar favorablemente a la ciudadanía. Independientemente de la imagen y las aspiraciones políticas, lo que el público desea es un gobierno eficiente que pueda cumplir con su cometido. Esgrimir justificaciones, evasivas o dilaciones, es tanto como aceptar el fracaso. Sólo que en Oaxaca ese fracaso, plagado de tareas pendientes, lleva ya una década sin ser abordado. La administración municipal que asumirá el 1 de enero próximo, tiene el compromiso patente, y la exigencia, de hacer valer sus condiciones políticas y dar soluciones de verdad, a quienes ya estamos cansados de la simulación y los fiascos.

 

Fuero constitucional: debate real, desdeñado

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+ Tema coyuntural, como varios más en México

Si dentro de dos o tres días, la nota principal de los principales medios de información del país, fuera que el Presidente de la República se ausentó del país más tiempo del que le permite la Constitución federal, entonces se iniciaría un largo debate sobre la necesidad de hacer efectiva la obligación del Primer Mandatario de ceñirse a la Ley Suprema o, por el contrario, y según la circunstancia y la justificación habida, de hacer más flexible dicho precepto, para dotar al Jefe de Estado de un mayor radio de acción en sus funciones. Esa, como puede verse, sería una mera discusión coyuntural, con un asunto que tiene más de fondo que un simple hecho aislado. Algo más o menos similar ocurre con la discusión relativa al fuero constitucional.

Vayamos al primer ejemplo. En la publicación original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fechada el 5 de febrero de 1917 en el Diario Oficial de la Federación, se establecía, en el artículo 88, que “El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión.” Luego, en el año de 1966, una primera reforma estableció que debía ser sólo el Senado de la República, o la Comisión Permanente, en el caso de que la primera se encontrara en receso, quien tenía la facultad de recibir la solicitud presidencial para ausentarse del país, y concederla.

Así permaneció la redacción del artículo 88 hasta el periodo presidencial de Vicente Fox Quesada. En aquellos primeros años de la alternancia de partidos en el poder federal, llevó al Congreso de la Unión a tener una inusitada influencia sobre la vida política del país. particularmente, el Senado de la República no tenía una presencia fuerte de legisladores del Partido Acción Nacional, para respaldar al Presidente.

Y mientras el poder se trataba de ejercer a plenitud desde la Presidencia de la República, en el Congreso trataban de hacerse contrapesos no siempre bien enfocados. Así, el presidente Fox cometía excesos como el de hacer solicitudes de ausencia del país reiteradamente, o sin respetar los tiempos prudentes con los que debían realizarse esas solicitudes. Si eso se combinaba con la fuerte polarización política que existía en el país, y las confrontaciones casi insalvables entre fuerzas políticas, el resultado de las revanchas podría materializarse en cualquier asunto. Y uno de ellos, fue negando dos permisos de ausencia al presidente Fox.

En efecto, con el voto en contra de la oposición, la Cámara de Diputados negó al presidente Vicente Fox, en noviembre de 2006, lo que sería su último viaje al extranjero, por considerar que el país se encontraba en crisis por el conflicto en Oaxaca y otros hechos de relevancia nacional. De acuerdo con información difundida en su momento por el periódico El Universal, el permiso de Fox para viajar a Australia y a Hanoi, Vietnam, a la reunión de la APEC, se desechó por 258 votos en contra del PRI, PRD, Convergencia, PVEM, PT, Nueva Alianza y Alternativa, contra 187 a favor, del PAN, y seis abstenciones.

El pleno desechó además por mayoría simple el dictamen, por lo que éste no podrá volverse a votar y fue devuelto al Senado. El proyecto de decreto pedía autorización para que el jefe del Ejecutivo se ausentara del 10 al 19 de noviembre, para realizar una visita de trabajo a Australia del 12 al 16 de noviembre, y participar en la 14 Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Hanoi, Vietnam, del 16 al 19.

En el sexenio de Fox, antes sólo un viaje le había sido negado por el Senado. Fue en abril de 2002, cuando en protesta por los constantes viajes del primer mandatario se le rechazó un permiso para viajar a Calgary y Vancouver, Canadá, y a San Francisco y Seattle, en Estados Unidos. Lo que ocurrió en ese caso, polémico de sí, fue una reforma ocurrida en 2008 que ensanchó la facultad del Presidente para ausentarse hasta por siete días del país sin solicitar permiso al Senado.

 

¿Y EL FUERO?

El debate sobre el fuero debía ser mucho más amplio, y no coyuntural, como hasta ahora lo es en México. De hecho, nadie se había acordado en los últimos años de la polémica inmunidad constitucional —desde 2006 cuando, de hecho, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador fue desaforado para ser procesado judicialmente por el desacato en el procedimiento judicial relativo al predio El Encino—, y poco se había discutido la necesidad de transformarla o eliminarla.

Todo lo trajo de nuevo a la picota, el caso del diputado federal Julio César Godoy Toscano, a quien se le sigue un proceso penal federal por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue su antiguo partido, el de la Revolución Democrática, quien lo protegió y le dio la pauta para que asumiera su cargo. Fue la filtración a la prensa de unas grabaciones telefónicas, lo que puso en evidencia que éste no parecía ser tan inocente como se creía. Y fue entonces cómo, en medio de la vorágine, que resurgió este añejo debate sobre la modificación o transformación del fuero constitucional.

Ésta figura, sin duda, debe ser replanteada. El caso de López Obrador dio todas las pautas sobre la urgencia de eliminar los términos actuales de la inmunidad constitucional, y volverla a apegar a los principios que le dieron origen. Esto es, la necesidad de proteger a los legisladores y servidores públicos de primer nivel, de las revanchas de que pudieran ser objeto, a través de los procesos judiciales, por el ejercicio de sus funciones. Teóricamente, esa inmunidad debía operar para protegerlos a partir de la protección que éstos le brindaran a la nación. Pero hoy ocurre, que éstos buscan cargos de ese tipo para protegerse, durante el tiempo de sus funciones, de cualquier acto judicial de molestia.

 

DISCUSIÓN MOMENTÁNEA

El caso López Obrador dejó en claro que, en el caso de los diputados, y los políticos en general, cuando ellos así lo desean, entonces se materializa aquella frase de Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre. Por esa razón, el fuero constitucional debía merecer un debate mucho más amplio y profundo de lo que ocurre, y tendría que ser algo más que una simple discusión momentánea o de moda que, cuando pase la polémica de este caso en particular volverá a quedar reservada… para cuando haya otro político en problemas, que busque protegerse en el amplio manto del fuero constitucional.

 

Caso MAO: Golpe político ya está asestado

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+ Investigación pasó a linchamiento mediático

En efecto, la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Margarita Liborio Arrazola, no solicitará licencia a su cargo. Por lo menos no lo hará en el futuro cercano. Porque independientemente de que sean ciertas o falsas las acusaciones que hoy se vierten en contra de su suplente, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Ortega Habib, por la posible comisión del delito de realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o algún otro que se le pudiera imputar, de todos modos el golpe político al gobierno de Ulises Ruiz, y la alerta dentro y fuera del PRI, ya quedaron perfectamente asestados por sus adversarios políticos.

Este asunto, como bien parece, tiene una arista judicial, y otra política, ambas perfectamente definidas. De acuerdo con el periódico La Jornada, en los tribunales competentes, quedó ya establecida la presunta responsabilidad de Martha Ortega Habib, Daniel García Teruel Ortega y Rosa Elvia Orozco Santiago —hermana y sobrino del funcionario estatal, además de la empleada doméstica de los dos detenidos—, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de depositar —en territorio nacional— recursos procedentes o que representan el producto de una actividad ilícita. Por esa razón, hace unos días se les dictó un auto de formal prisión, y se encuentran recluidos en el Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco.

No obstante lo anterior, lo que parece claro es que la línea con mayores posibilidades de ser explotada es la política. Aunque hasta el momento no existe un dato fehaciente sobre la presunta participación del Secretario de Finanzas en este asunto, era lógico que por el tipo de delito y el millonario monto de dinero del que la PGR investiga su procedencia, de inmediato surgiera la duda, y la intriga, sobre la posibilidad de que el secretario Ortega Habib sí se encontrara involucrado. Todo se reforzó cuando algunos medios informativos hicieron eco a una filtración en la que, presuntamente, uno de los detenidos reconocía la participación de funcionarios del Gobierno de Oaxaca en las actividades que se encuentran bajo investigación.

Todo eso convirtió un asunto judicial, en un auténtico lío político en el que, de nuevo, el gobierno de Oaxaca no supo cómo reaccionar. Es cierto que los directamente señalados son los familiares de un servidor público de alto nivel; es cierto que, derivado de esas acusaciones, también el secretario Ortega Habib resulta ser un sospechoso tanto para las autoridades como, sobre todo, para la opinión pública; es evidente que esas sospechas, y las intrigas, se reforzaron frente al cúmulo de excesos, frivolidades y presunta corrupción cometidas no sólo por uno sino por la mayoría de los funcionarios de primer nivel en el actual gobierno. Pero lo cierto, en el fondo, es que el verdadero objetivo que tiene todo este escarnio público, es el gobernador Ulises Ruiz y su administración.

En ese sentido, como quiera que sea el gobierno estatal de nuevo reaccionó medroso, y mal, frente a una situación que no deja de ser, y parecer, un evidente obús de intereses políticos. Diversos medios informativos de la Ciudad de México, han reseñado en los últimos días detalles sobre el procedimiento penal que se les sigue a los parientes del Secretario de Finanzas.

A través de ello, han asegurado —a través de fuentes no reveladas, que lo mismo pueden ser reales, que utilizadas en la medida de insertar una duda o intriga, o satisfacer un interés en específico— por ejemplo, que el gobernador Ruiz Ortiz le exigió a la diputada Liborio Arrazola que solicite licencia, o que, de acuerdo con “fuentes” de la PGR, pudieron confirmar que el funcionario estatal sí se encuentra sujeto a investigación derivado de los delitos presuntamente cometidos por sus parientes.

REACCIÓN POLÍTICA

Siempre fue evidente que Margarita Liborio Arrazola asumió la posición de la curul federal, únicamente para esperar los tiempos correspondientes. El año pasado, durante el periodo de campañas en el proceso electoral federal, el secretario Ortega Habib se separó supuestamente de su cargo para hacer proselitismo y aparecer como candidato suplente a una diputación por la vía de representación proporcional.

Era público que la priista Liborio Arrazola no tenía el perfil ni la ascendencia política suficiente como para hacerse, por sí misma, de una postulación por la vía plurinominal; era asimismo público, y aceptado por la clase gobernante, que ella asumiría la curul mientras culminara el periodo de gobierno; y que esa maniobra, realizada en favor de un personaje con amplia cercanía, personal y política, al gobernador Ulises Ruiz, tenía, para él, una doble ganancia: seguir detentando el cargo de Secretario de Finanzas, y al terminar éste, el de diputado federal, con toda la posición, protección, influencia y prerrogativas que implica un cargo de esa naturaleza.

Todo eso daba pautas para suponer que, al final, habría un trato económico entre la propietaria y el suplente, para la cesión de la curul. Mucho tiempo antes de que se desatara este escándalo, pero ya a sabiendas de la derrota priista en la carrera por la gubernatura, en nuestra entrega del 21 de julio pasado apuntamos que “en los círculos priistas se preguntan cuánto costará la firma en la solicitud de licencia al cargo, de la diputada federal Margarita Liborio Arrazola. Dicen que, en las condiciones del priismo, no será por disciplina, sino por conveniencia, que dejará su curul.”

Esa duda fue la que resurgió ante el escándalo que desde hace unos días envolvió al Secretario de Finanzas. Algunos medios aseguraron que la diputada Liborio pedía 10 millones de pesos por firmar su solicitud de licencia. Aunque ésta desmintió tajantemente la versión. Y es posible prever que hoy, aunque hubiera arreglo entre uno y otro, de todos modos no podrá haber movimiento alguno en la detentación del cargo de elección popular.

NEGATIVA PRIISTA

Independientemente de que exista o no responsabilidad penal, o de que ésta sea una eficaz medida de linchamiento de los adversarios del gobernador Ruiz, lo cierto es que el PRI no querrá cargar, y pagar costos, por este escándalo. Permitir que Ortega llegue al Congreso será tanto como avalar los señalamientos que hoy mismo ellos hacen a personajes como el diputado Julio César Godoy. El llamado “MAO” no será diputado. Eso está claro.

 

Transición en el Poder Judicial va más allá de las revanchas

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+ Urgen ideas de avanzada, no reduccionismos

Si de verdad existe ánimo y convicción por emprender un proceso de transición política y gubernamental en Oaxaca, sus principales protagonistas deben demostrar que tienen la suficiente amplitud de miras para conseguirlo. Pretender creer que la transición es un equivalente de la alternancia partidista en los cargos públicos, o que transición es asimismo una equiparación de las revanchas o la polarización de ideas, es una equivocación que le puede costar mucho a los partidos que integran, o que pretenden integrar, y nutrir al gobierno electo.

Esto una visión corta y sesgada de lo que es un verdadero proceso de transición, es lo que demuestran con sus afirmaciones tanto líderes panistas como del Verde Ecologista de México, con motivo de la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que restituyó una diputación local al partido albiazul que, de acuerdo con el fallo del tribunal local de esa materia, debía corresponder al dirigente estatal del Verde, Rogelio Enríquez Palma. Les guste o no, y tengan o no representación en los órganos políticos, todos deberán participar de este proceso de reacomodos políticos en la entidad. Y por tanto, este asunto les atañe.

¿Qué ocurrió? Que hace tres días el tribunal electoral federal restituyó la diputación que le había sido retirada al panista Juan Mendoza Reyes. Con motivo de ello, tanto la dirigencia panista, como la del Partido Verde, acusaron motivaciones políticas en cada una de las resoluciones involucradas. Los azules, por ejemplo, en voz de su dirigente estatal, Carlos Moreno, no dudaron en afirmar que “esta resolución es simplemente justicia y nos confirma lo que dijimos desde el principio: que hubo consigna política en la resolución del TEE y que lo único que se vio sobre representado fueron los intereses de Ulises Ruiz Ortiz en la cabeza de Porfirio Sibaja Ilescas”

El Partido Verde, en ese sentido, peligrosamente fue mucho más claridoso que los panistas, al emitir calificativos que finalmente no demeritan ni a los tribunales ni a los procesos electorales, tanto como a la democracia y las instituciones jurisdiccionales mismas.

En una declaración atribuida a Rolando Elías Wismayer, comisionado Político del PVEM en Oaxaca, el Verde aseguraba que “pese a que varios juristas coincidieron en la legalidad de los argumentos del PVEM, la sentencia fue adversa, lo que evidencia que es un Tribunal que actúa por consigna y que responde a los intereses del gobierno federal y concretamente del Partido Acción Nacional, pasando por alto los ordenamientos legales que rigen nuestra vida democrática (…) Precisó que este atropello desestima la participación ciudadana en las urnas, representa un retroceso en la vida democrática del país y se convierte en un peligroso antecedente de lo que pueden hacer autoridades sin principios ni ética en el panorama electoral de México.”

¿Esto corresponde a un ejercicio correcto de la política? Evidentemente, no. Más bien, lo que parece es que unos y otros tergiversan la actuación de las autoridades jurisdiccionales, deforman el verdadero sentido de la justicia y de las acciones legales, y buscan confundir a la sociedad a través de argumentos con poco sentido y sustento real tanto en el ámbito de lo político, como en lo estrictamente jurídico y procesal.

Unos y otros descalifican gravemente a las instituciones que juzgan, debido a que, en uno y otro caso, éstas no actuaron en base a los criterios que ellos como particulares, y para su beneficio, consideraban correctos. En ambos casos, acusaron injerencias políticas en la emisión de las resoluciones. Y en los dos, endilgaron calificativos peyorativos tanto a los funcionarios como a las instituciones.

¿Qué no se supone que las segundas instancias, y demás recursos legales, se hicieron justamente para subsanar los errores de las jerarquías jurisdiccionales menores? Si el juzgador fuera infalible, entonces no habría necesidad de acudir a otros mecanismos legales para defenderse, y tampoco existirían los medios de control de la constitucionalidad. Por esa razón, asegurar que uno y otro fallo tienen tintes políticos, es tanto como negar que la justicia es falible, que es aplicada por personas que lo mismo fallan que aciertan, y que precisamente por esa razón los particulares tenemos garantizado el derecho a defendernos de esas decisiones que podríamos considerar como injustas.

VISIÓN CORTA

En declaraciones a la prensa, el Presidente estatal del PAN aseguraba que, en razón de las fallas que ya demostraron tener los integrantes del Tribunal Estatal Electoral en el desempeño de sus funciones, los diputados electos de su partido, y los que integran la Coalición legislativa que impulsará las propuestas del gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, propondrán la creación de un Consejo de la Judicatura del Estado “para someter a la justicia a los magistrados del TEE que en el desempeño de sus funciones excedan sus atribuciones y actúen bajo consigna política.” Qué bueno y, aunque parezca contradictorio, qué mal que el líder del albiazul haga públicos razonamientos como éste.

Qué bueno porque, en efecto, al Poder Judicial del Estado no sólo le falta, sino que le urge un órgano de esa naturaleza, no sólo que someta a la justicia a quienes cometen fallas o actúan presuntamente bajo consigna política. El Consejo de la Judicatura —u otra figura administrativa de características similares o más avanzadas— debe transparentar y establecer criterios claros para el ingreso, permanencia, vigilancia y separación de sus cargos, de todos los funcionarios judiciales. Es bueno que se impulse esa figura, porque hoy todas esas cuestiones se arreglan internamente, quedando en manos de la discrecional del pleno del Tribunal Superior de Justicia.

QUÉ MAL

Sin embargo, es lamentable que una supuesta visión de cambio esté determinada por la revancha. Si, en efecto, los panistas tienen pruebas de que el TEE actuó por consigna, deben no sólo exigir el castigo ante las instancias correspondientes, sino también hacer públicas esas pruebas para que la sociedad juzgue. Pero creer que todo un Consejo de la Judicatura servirá únicamente para enjuiciar a los magistrados sospechosos, y no para regir la vida administrativa del Poder Judicial, es tanto como reducir en alcances algo que será trascendental para la vida democrática del Estado. 

 

Seguridad: resultados, no en función de la inversión

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+ Reemplacamiento: ¿era para abatir criminalidad?

Desde hace unos días, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, reiteradamente ha cuestionado el estado en que se encuentran algunas tareas relacionadas con la seguridad pública, que dependen del Gobierno del Estado. Primero acusó un supuesto subejercicio presupuestal, y luego denunció rezagos importantes en el proceso de certificación de la confiabilidad de los agentes policiacos estatales. Tal parece que más allá de esos señalamientos, existen otros que el gobierno saliente debería responder sobre su posible falta de resultados, no a la nueva administración, sino a los oaxaqueños.

Es claro que en Oaxaca el problema no es sólo de seguridad, o de inseguridad, sino sobre todo de cuánto se invierte en ese rubro, y cuál es el destino que han tenido esos recursos económicos. Independientemente de que sea el adecuado o no, el actual modelo de seguridad pública que se aplica en Oaxaca tuvo el aval del gobierno federal, y uno de sus principales avances fue el de establecer mecanismos de control de confianza, tanto para los mandos como para el personal de tropa de las corporaciones estatales. Ese proceso inició desde cero, pues hasta 2008 no había mecanismo alguno de confiabilidad en las policías estatales.

Desde el principio, la puesta en marcha tanto del modelo policiaco, como de los procesos de control de confianza, fueron cuestionados por el alto costo económico y la poca claridad que existía en cuanto a su aplicación. Independientemente de lo que costara el establecimiento del Centro de Control de Confianza, y la reorganización administrativa y operativa de las corporaciones estatales, así como la conversión de la Secretaría de Protección Ciudadana en Secretaría de Seguridad Pública, todo el actual esquema policiaco fue comprado a un despacho particular, propiedad del ahora director de la Policía Federal Ministerial, Wilfrido Robledo, a un costo que nunca fue revelado —y que también implicó los cargos de primer nivel que hoy ocupan tanto el secretario Javier Rueda Velázquez, como el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, y el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, Alan Loren Peña Argueta, entre varios otros funcionarios que fueron enviados a Oaxaca desde ese despacho de asesores.

Independientemente de que ese punto inicial tuviera o no una explicación posible, el nuevo esquema policiaco comenzó a aplicarse justo cuando se desató el escándalo por el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, junto con la corrupción policiaca y la impunidad que, ante ese artero crimen, se revelaron. Cuando el gobierno federal llamó a todos los actores políticos nacionales a firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a finales de agosto de 2008, el gobierno de Oaxaca ya tomaba ciertas medidas y reformas legales para emprender sus procesos de control de confianza.

De entonces a la fecha, el gobierno de Oaxaca siempre ha dicho que se están cumpliendo en tiempo y forma las tareas de control y supervisión de la confiabilidad de sus agentes. Un problema serio, sin embargo, surge ante el cuestionamiento de la falta de depuración de las corporaciones policiacas, y los resabios que aún quedan sobre la doble función de policías y ladrones que ejercían algunos agentes, lo cual que quedó demostrado con hechos particulares, como el asalto a una terminal camionera en mayo del año pasado, el cual fue perpetrado por dos elementos —Juan Armando Medina Gutiérrez, placa 356, y Javier Martínez López, o Alejandro Lázaro, el primero armado con una subametralladora R 15 y el segundo con una pistola 9 milímetros, ambas propiedad de la corporación—, adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones, y que tenían a su cargo la custodia del subprocurador Netolín Chávez Gallegos.

Hasta hoy, es prácticamente nada lo que se sabe hacia fuera de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto a una posible “limpia” de malos elementos en las corporaciones policiacas. Todo eso deja ver que, en efecto, o no se ha realizado un proceso eficiente de selección y saneamiento entre quienes integran las fuerzas policiacas estatales; o que aún teniendo conocimiento de quiénes son los agentes con posibles vínculos criminales, o que no cumplen con los parámetros para permanecer en las corporaciones, deliberadamente se les ha mantenido en las filas policiacas estatales.

¿Y EL REEMPLACAMIENTO?

Justamente el año pasado, el Gobierno del Estado determinó que era momento de llevar a cabo un nuevo reemplacamiento del parque vehicular que circula y tiene registro en el Estado.

Las protestas ciudadanas no se hicieron esperar. Y frente a todos los argumentos ciudadanos de que esta medida no tenía fundamento en asuntos de seguridad, sino que era una mera estrategia de fines alevosamente recaudatorios, la administración estatal —a través justamente de la Secretaría de Seguridad Pública— defendió tal decisión, primero argumentando que la renovación de placas para los vehículos de motor formaba parte de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Luego dijeron, justamente, que los recursos recaudados servirían para financiar algunas medidas de fomento a la economía y el empleo, pero que también servirían para redoblar los esfuerzos en materia de seguridad pública. Se supone que si existen aportaciones federales y recursos estatales, éstos debieron nutrirse con los fondos extraordinarios obtenidos con esa medida.

Ante ello, hoy tendríamos que preguntarnos qué ocurrió con esos recursos. Es cierto que volver al tema del reemplacamiento es tanto como querer machacar el pasado. Sin embargo, todo eso adquiere legitimidad, cuando lo que se pone en juego son recursos que los ciudadanos entregaron a las arcas públicas para, según, ser bien utilizados y repercutir en el fomento al bien común, que resulta ser el fin último de todo Estado democrático.

QUE EXPLIQUEN

Si el Gobernador Electo asegura que existen rezagos, debe también decir, con datos duros, cuáles son y, lo que es lógico, cómo los va a corregir. En tanto, la administración saliente —no sólo el Secretario de Seguridad Pública, sino también los involucrados en las decisiones políticas y el manejo de las finanzas— deben informar puntualmente cómo fueron utilizados esos recursos que, sin otra explicación más que la avidez de dinero fresco, le arrancaron a la ciudadanía.

 

IVA: una bandera de altos costos para el priismo

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+ Impuesto se sostiene, con poder de gobernadores

Cuánto ayuda al PRI que el pueblo mexicano tenga tan poca memoria. Por lo menos en los dos últimos años, la del IVA ha sido una de las banderas favoritas de los representantes populares y aspirantes a cargos públicos de ese instituto político. Lo malo es que, en todas las batallas que involucran a dicho gravamen, han incumplido escandalosamente. Sin embargo, en general es tan poco creíble el ejercicio de la política, que nadie parece sorprendido de lo que en otro escenario sería una catástrofe para la fuerza política de promesas fallidas.

Al menos para sostener aquella vieja consigna de no olvidar, de nuevo recordemos esta escandalosa historia del priismo frente al IVA en los últimos dos años. Y por principio de cuentas, debemos tomar como base el contexto. Entre finales de 2008 y prácticamente todo el año 2009, el país fue azotado salvajemente por una de las peores crisis económicas de la historia reciente.

Aunque a un principio el gobierno federal aseguraba que frente a esta contingencia económica, las finanzas nacionales no sufrirían sobresaltos, lo cierto es que únicamente la desaceleración de las finanzas estadounidenses llevó al país a prácticamente detener su industria manufacturera dedicada a las exportaciones. Siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, y nuestro comprador número uno de productos fabricados en México, nuestra economía resintió turbulencias nunca antes vistas.

Con esta circunstancia, el empleo se desplomó. La falta de flujo de capitales, de inversión directa y las exportaciones provocó fuertes presiones sobre el peso. Y frente a una devaluación disimulada y un aprieto económico importantísimo, el gobierno federal tuvo que prender todas las alertas sobre la estabilidad de las finanzas nacionales. Por si algo faltara, a partir del año pasado la producción petrolera tuvo una baja importante. Y en razón de ello, y varias otras circunstancias, la Federación sugirió que como no había formas suficientes de sostener las finanzas nacionales, era necesario subir los impuestos.

Esa propuesta, sin embargo, no era nueva. Particularmente, desde el inicio del sexenio del presidente Vicente Fox, el gobierno federal ha tratado de gravar a alimentos y medicinas con IVA, así como plantear una política fiscal más homogénea. Desde entonces, y hasta la fecha, los partidos de oposición han encontrado en la defensa de la economía familiar, a través de ese impuesto, una de sus mejores banderas de lucha electoral.

Eso fue, justamente, parte de lo que hicieron los candidatos a diputados federales del PRI en los comicios de 2009. Ante la adversidad económica nacional, y ante los intentos del gobierno federal por subir los impuestos, los abanderados tricolores fueron los que mejor capitalizaron el momento, asegurando en general que ante el panorama nacional, la solución más viable para las familias no estaba en subir, sino en bajar los impuestos. En razón de ello, dijeron que no permitirían incremento alguno, y centraron su idea en oponerse rotundamente a cualquier posibilidad de que el IVA se generalizara, y por tanto se aplicara a alimentos y medicinas.

MALAS CUENTAS

Así llegó, en septiembre del año pasado, la negociación del paquete económico para 2010. El PRI había obtenido una mayoría abrumadora en la Cámara baja, y fue entonces que, ante la propuesta del gobierno federal, hubo un primer intento de cisma dentro del priismo: innumerables diputados, reclamaron a su coordinador de bancada, Francisco Rojas Gutiérrez, el estar negociando un incremento de impuestos, cuando ellos habían prometido lo contrario a sus electores.

Incluso, en las discusiones, le reprochaban el hecho de ser él un diputado de representación proporcional —y que por tanto no tenía débito alguno con los votantes de algún distrito electoral—, tratando de imponer decisiones a quienes sí habían realizado trabajo de campo, a ras de suelo, para tratar de conseguir el voto y la representación mayoritaria del tricolor en la Cámara de Diputados.

Finalmente, fue el propio gobierno federal quien —en palabras llanas— “compró” el voto de los tricolores, a cambio de un incremento de impuestos. Aunque al principio había sugerido la imposición de un gravamen “antipobreza”, del dos por ciento general al consumo, etiquetado exclusivamente para obras y acciones de desarrollo social, luego, ante el rechazo, impulsó la propuesta, a través del PRI, de incrementar un punto porcentual al IVA.

El tricolor apoyó tal propuesta no gratuitamente. La contraprestación a ese respaldo, fue que el punto porcentual extra al IVA, sería distribuible entre las entidades federativas. Y beneficiaría a las que tuvieran mayores representaciones de diputados.

Eso fue lo que hizo la diputación de Oaxaca, impulsada por un acuerdo cupular en el priismo. A pesar de haber prometido, expresamente, no apoyar incrementos al IVA, luego se justificaron diciendo que tal ofrecimiento era solamente para el caso en que dicho gravamen pretendiera ser generalizado a alimentos y medicinas. Es decir, que aplicaron “las letras chiquitas” a una oferta que moralmente decidieron no sostener.

En 2010 ocurrió exactamente lo mismo. Por una cuestión de partidismos e intereses momentáneos aseguraron en Ixtapan de la Sal, que para 2011 irían por la reducción del IVA. “La contingencia económica ya pasó”, dijeron. Y así lo plasmaron en los documentos de su reunión plenaria.

¿Qué pasó entonces? Eso es lo que todos se preguntan. Ayer, el PRI anunció que siempre no va por la reducción del IVA. Y, con sus disimulos de siempre, ahora dijeron que esos recursos se deben concentrar en un fondo de reconstrucción de las entidades azotadas por los huracanes. Todas, justificaciones fatuas. Aunque los incumplimientos reiterados, están a la vista.

El caso es que, el año pasado, los diputados priistas decían que habían aprobado el IVA “porque no les quedaba de otra” para “salvar” al país. ¿Algo así dirá ahora el diputado Héctor Pablo Ramírez, quien prometió renunciar a la bancada si no reducían ese impuesto? Ahora debe hacerlo. Para dignificar la política. Y recobrar la credibilidad que, él sí, tiene muy disminuida.

“PALO” AL TEE

La tarde de ayer, la sala regional del TEPJF revocó, por unanimidad de votos, el fallo del Tribunal Estatal Electoral que daba una diputación plurinominal al PVEM. Ello termina con la única polémica postelectoral que quedaba en Oaxaca. Y revela las parcialidades que trataron de hacerse pasar por verdades legales.

 

Ayuntamiento: antes, falta de oficio; hoy, dolo

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+ Calderón: ni concejales priistas lo respaldan

 

Si lo aprecian, alguien debería regalarle a Pablo Calderón González, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, algún manual, o darle algunos “tips”, de cómo hacer política sin morir en el intento. Aunque lleva menos de un mes en dicho cargo, ese tiempo le ha sido suficiente para unificar a propios y extraños, con voz y voto para tomar decisiones dentro del Ayuntamiento, en su contra.

Ante este panorama, que enturbia las relaciones institucionales en el Gobierno de la capital oaxaqueña, y que revela el mal momento por el que pasan los grupos representativos dentro de la Comuna citadina, debemos preguntarnos qué pasa entre los concejales. La respuesta a este asunto en particular, podemos encontrarla no en la descoordinación ni en las cotidianas controversias habidas entre el oficialismo y la oposición en cualquier órgano de gobierno. No. El problema, en realidad, claramente se manifiesta en la falta de oficio político y de entendimiento del rol que debe ocupar, quien hoy tiene encargada la titularidad del Ayuntamiento citadino.

Hoy, es evidente que nadie está dispuesto a dar la cara por el síndico Calderón González. El pasado miércoles, por ejemplo, en la Sesión de Cabildo, claramente pudo verse el deplorable estado actual de la política que se practica dentro mismo del Palacio Municipal: mientras los regidores Margarita García García y Giovany Vásquez Sagrero hicieron añicos al Encargado de la Presidencia —por asuntos de los que él es indiscutiblemente responsable—, ninguno de los concejales del PRI quiso decir algo en su descargo. Y de hecho, por primera vez en la presente administración, al votarse un acuerdo impulsado por quien ostenta el cargo de Munícipe, hubo abstenciones de parte de dos regidores priistas.

Para entender esa inusitada molestia, debemos acudir y entender el asunto que la detonó. Si bien desde hace tiempo es sabido entre los regidores, que el síndico Calderón nunca se asumió precisamente como un elemento de conciliación y diálogo entre los miembros del Cabildo, hoy a todos incomoda que su falta de entendimiento de que su trabajo no es técnico, sino político, lo lleve a cometer errores que para cualquier persona avezada en las tareas de gobierno, consideraría como básicas.

Así, en la Sesión de Cabildo del pasado miércoles los regidores de oposición se quejaron airadamente porque el síndico Calderón González omitió correrles la invitación para que asistieran a la reunión en donde se acordaría la priorización de obra pública para lo que resta de la administración, lo cual implica la inversión de un monto de recursos públicos por alrededor de 11 millones de pesos.

Teniendo los argumentos acusatorios a su favor, la regidora Margarita García dijo, por ejemplo, que con esas actitudes, iban “de Guatemala a ‘Guatepeor’” en la conducción del gobierno de la capital oaxaqueña; y el regidor Giovany Vásquez Sagrero señaló que si antes errores u “omisiones” que se cometían desde la Presidencia Municipal eran por estrategia o por falta de experiencia (en clara referencia, en el primer caso, al edil José Antonio Hernández Fraguas; y en el segundo, a Miguel Ángel Bustamante Underwood), hoy parecían cometerse voluntariamente. Es decir, con dolo.

UNIDAD FICTICIA

La molestia, en ese sentido, no era para menos: aunque a los regidores se les ha asegurado hasta el cansancio, que los recursos del Ayuntamiento están ejercidos por completo, y que por tanto no existía más dinero pendiente de ejercer, de buenas a primeras se decidió una priorización de obras por un monto importante. Al no haber sido invitado ningún concejal de oposición, nadie de ellos tuvo conocimiento oficialmente, ni pudo manifestar cualquier posición respecto a qué obras fueron las priorizadas, a quién se le asignaron, y los montos respectivos.

Ese tipo de señalamientos, de haberse vertido en otros momentos, habría generado una defensa en bloque de los concejales priistas. Pero en este caso, nadie quiso hacer nada para enmendar las cosas. La razón era simple: los regidores priistas, tampoco fueron invitados a esa reunión de priorización de obras. Y todo eso, en realidad, se unió a otras molestias que desde siempre fueron sabidas por quienes tuvieron en sus manos la responsabilidad de conducir el Ayuntamiento.

En varios momentos, y en diversos medios, se ha apuntado que, por ejemplo, el síndico Calderón González trataba de regañar a los regidores priistas en las reuniones privadas que ocurrían para discutir, previo a las sesiones públicas, algún tema que fuera de particular interés para el Presidente Municipal en turno.

Ahora mismo, cuando él es el responsable, en más de una ocasión ha tratado de repetir sus actitudes. Sólo que si antes era detenido por el Edil —que sí sabía hacer y entender las reglas básicas de la política—, ahora ha sido encarado por sus mismos compañeros regidores, quienes airadamente le han reclamado sus imprudencias, su falta de tacto, y su ánimo por asumirlos como subordinados o incondicionales cuando, en realidad, todos ostentan la misma jerarquía política, y la unidad del grupo priista fue construida en base al entendimiento, y no a los menosprecios o los desplantes.

Por todo eso, Calderón González tiene hoy muchos más problemas de los que debería. Porque además de los problemas propios de la administración citadina, de la inconformidad de la mayoría de las Agencias Municipales por la falta de respuesta a sus necesidades, y de la corrupción que no deja de estar presente en el otorgamiento de licencias para bares y centros nocturnos de diversión —que formalmente son imposibles de extender en estos momentos, pero que sin embargo se emiten—, entre muchos otros, hoy tiene en contra hasta a los concejales de su partido.

Mucho de esto tiene su origen en el no saber hacer política, y en nunca haberse asumido como parte de ese grupo. Aunque no le guste, las relaciones e intereses que comparte con Sergio Castro, no son suficientes para que sus pares hagan algo por él. Le urgen el manual o los tips, antes de que acabe con lo poco que dejaron sus dos antecesores.

ES PREGUNTA

¿Será cierto que Patricia Villanueva Abrajám dejará en breve la dirigencia de la CNOP, a cambio del Fiat notarial que ya le habría sido entregado? Un buen trueque: el sector priista seguirá siendo una ficción cada día más decadente, mientras que la fe notarial es un excelente, y perpetuo, seguro de desempleo.