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Oaxaca de Juárez: rehén de una autoridad municipal indolente

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El sábado 13 de marzo, en una sesión de cabildo extraordinaria, imprevista y hasta con cierto dejo de secrecía, le fue aceptada una licencia por 120 días a José Antonio Hernández Fraguas como presidente Municipal de Oaxaca de Juárez. En esa misma sesión, y por una orden directa convertida en acuerdo entre los regidores, fue designado como encargado del despacho de la Presidencia Municipal, el hasta entonces regidor de Salud, Miguel Ángel Bustamante Underwood. Nadie tenía la idea de que en menos de cinco meses, la indolencia común de esos dos personajes convertiría a la capital oaxaqueña en un auténtico caos en el que predomina el vacío de autoridad.
Hasta entonces, José Antonio Hernández Fraguas había conducido un gobierno municipal que hasta parecía envidiable. Como gobernante del municipio más importante del estado, había sido uno de esos raros ejemplos del político con arrestos, que tiene la capacidad y el valor suficiente como para sobreponerse a ciertas decisiones e intereses de grupos poderosos, o que tienen ciertas colusiones con los ámbitos de gobierno que, teóricamente, se encuentran por encima del municipal.
Gracias a esas actuaciones, el gobierno de Hernández tenía un grado importante de aceptación social, que se había reforzado gracias a la atención directa a la ciudadanía, la sensibilidad en la toma de decisiones, y las respuestas que se daban a las inconformidades o necesidades de los habitantes de las distintas zonas de la capital oaxaqueña.
Hernández Fraguas, en ese sentido, había mostrado tener una capacidad política poco común en un ambiente tan disciplinado como el de Oaxaca. Sin haber emanado de un partido de oposición al de quienes tienen en su poder el Gobierno del Estado, tuvo la capacidad de sobreponerse, e imponerse, a una decisión que había causado importante escozor entre la ciudadanía. Era lo relativo a los parquímetros.
¿Qué hizo Hernández Fraguas con ese asunto? Algo sencillo, y lógico, pero poco común en el escenario político local: anunciar y llevar hasta sus últimas consecuencias, la decisión de hacer eco al sentir ciudadano, y someter a un proceso de revisión el régimen contractual bajo el cual se habían establecido los parquímetros, con el objeto de que su gobierno diera por terminado dicho contrato. La ciudadanía vio con buenos ojos esa respuesta eficaz, cumplida en hecho, del Munícipe.
¿Por qué era rechazada la instalación de los parquímetros? En realidad, en la inconformidad no había una sola razón técnica o de inviabilidad. De hecho, a Oaxaca de Juárez le urge un mejor sistema de ordenamiento de los espacios de estacionamiento. Pero los parquímetros, y su empresa operadora, tenían relación de sociedad cercana a altos funcionarios del gobierno del estado, que buscaban conseguir fuertes ganancias económicas a través del tráfico de influencias y los favores que pudieran recibir desde el municipio, para ser ellos quienes operaran tal negocio y recibieran las ganancias. De ahí el rechazo ciudadano, al que hizo buen eco Hernández Fraguas.
Otra de esas actuaciones fue la relativa al caso Chedraui. La empresa constructora contratada por las tiendas departamentales, derribó más de un centenar de árboles adultos que se ubicaban en un predio del norte de la capital oaxaqueña. Los vecinos y la ciudadanía protestaron inmediatamente. Y el Ayuntamiento citadino canceló definitivamente las licencias de construcción, e impidió que los trabajos de remoción del arbolado continuaran su curso.
Durante su gestión, no hubieron manifestaciones ni convulsiones importantes surgidas del municipio. Hizo algunos intentos genuinos por regular el ambulantaje y mantener en orden los servicios públicos que está obligado a prestar el Ayuntamiento. Esas, a la postre, fueron algunas de las acciones y decisiones que acercaron al gobierno municipal de Oaxaca de Juárez a la población, y dieron al edil Hernández un importante bono de credibilidad y legitimidad que luego trató de utilizar para ascender a nuevas aspiraciones políticas. Esa fue, lamentablemente, el punto inicial de la desgracia que hoy vive Oaxaca.

CAMINO EN REVERSA
Regular los mercados o el ambulantaje no es una tarea fácil. Durante su gobierno, Hernández Fraguas hizo importantes intentos por mantener a raya a los ambulantes; consiguió el traslado del famoso “tianguis del viernes” en el parque El Llano a otro sitio menos agresivo para la imagen y patrimonio de la capital, e incluso evitó la instalación masiva y reiterada de vendedores ambulantes en el primer cuadro de la capital.
Aunque su gobierno no estaba exento de vicisitudes y decisiones erróneas, lo cierto es que no parecía cercano un panorama tan desolador como el que hoy impera en la capital oaxaqueña.
Una cosa queda clara: Hernández Fraguas “encargó” el gobierno de la capital —el cual, inicialmente, había prometido no dejar en aras de otras aspiraciones políticas— a Miguel Ángel Bustamante, no porque éste fuera un administrador o político eficaz o experimentado, o porque existiera algún tipo de compromiso político que necesitara ser cumplido, pagado o satisfecho. No. Se dispuso que fuera Bustamante el encargado, porque además de ser un buen amigo de Fraguas, él era quien cumplía los requisitos de ser un bajo perfil, que no tomara decisiones importantes, y que no opacara la imagen del Edil Titular, ni cuestionara las decisiones e influencia, que éste sigue teniendo sobre la mayoría de los concejales.
Así fue como aquel sábado 13 de marzo, Bustamante Underwood tomó posesión como “encargado del despacho de la Presidencia Municipal”. Es decir, un cargo de tercera importancia —porque ni siquiera alcanzó la calidad de interino—, para una responsabilidad tan importante como lo es conducir el gobierno de una ciudad compleja como Oaxaca de Juárez. Quizá todos pensaron que esto era un juego, o una posibilidad de simple administración. Y se equivocaron.

CIUDAD SIN ORDEN
Seguramente, Miguel Ángel Bustamante Underwood consideró que ejercer el cargo de edil significaba sólo asistir a los eventos sociales, a las giras del Gobernador, a recitar discursos, o a cortar listones. No se daba cuenta que la responsabilidad de la capital va mucho más allá, y que muchos de los quistes sociales que siempre la han afectado, esperaban sólo un momento de debilidad para hacer crisis.
Así, el primero de los problemas importantes que aprovechó la ocasión, fue el ambulantaje. Apenas unas semanas antes de la jornada electoral, los comerciantes ambulantes que anteriormente instalaban sus puestos en el Parque El Llano, y que fueron reubicados a la agencia municipal de Candiani, sin más decidieron retornar al Paseo Juárez, alegando que la autoridad municipal había incumplido con las cuestiones a que se había comprometido cuando acordaron el cambio de sitio en la instalación del tianguis de los viernes. Fue el 25 de junio cuando esto ocurrió.
Una semana después, el encargado del despacho de la presidencia municipal, declaraba lo siguiente a El Imparcial: “Las pláticas van encaminadas para que los tianguistas vuelvan al área que ya está acondicionada en Candiani, un espacio que esta administración logró habilitar para que ellos pudieran estar en ese lugar” al tiempo que manifestaba que “que este viernes [es decir, al día siguiente, 2 de julio] se espera que los tianguistas ya no ocupen el Paseo Juárez, ‘porque ya entendieron que esta área no puede ser utilizada por ellos’”.
Los tianguistas no sólo volvieron, sino que un mes después continúan ocupando libremente un espacio cada vez mayor en esa y otras plazas públicas de la capital oaxaqueña. Del mismo modo, el mismo zócalo citadino ha sido objeto de todo tipo de ocupaciones por parte de tianguistas que ni siquiera son de origen oaxaqueño, ni expenden otros productos que no sean fayuca, piratería o productos copiados de auténticos oaxaqueños.
Su autoridad, valga decirlo, ha valido de nada.

“CIUDAD BASURA”
Desde que se inició la presente semana, se preveía el incremento en las inconformidades de los trabajadores de limpia. Las razones no eran tan elevadas como parecían. Ellos, con justa razón, demandaban la dignificación de su trabajo, a través de la dotación de uniformes y enseres de trabajo, además de la reparación de las unidades que se encuentran estacionadas debido a desperfectos menores, como la pinchadura de una llanta. Alegaban que era inadmisible que el gobierno municipal no pudiera atender ni siquiera esas demandas menores.
Así, ya para el miércoles, la ciudad era un caos. Los barrenderos y trabajadores de limpia decidieron no hacer más su trabajo hasta que no hubiese una respuesta favorable de la autoridad, y ésta se apresuró a tomar medidas sólo cuando ya la otrora Linda Oaxaca era un muladar. Para variar, el encargado del despacho de la Presidencia Municipal se encontraba ausente. Y fueron funcionarios de menor jerarquía quienes se vieron en el deber de emprender las negociaciones pertinentes.
Hasta la mañana de ayer viernes fue restablecido el servicio. Un día antes, se supo a través de la Agencia Quadratin, que dirige la periodista Guadalupe Thomas, que Bustamante no se encontraba al frente de los problemas y la administración municipal de Oaxaca de Juárez, no porque se encontrara atendiendo “una comisión”, como se alegaba, sino porque se encontraba vacacionando y, según, descansando de unas funciones que en realidad nunca ha ejercido.
Hasta el momento, José Antonio Hernández Fraguas no ha dado la cara para responder por el mandato que la ciudadanía le confirió, y que él abandonó ante el privilegio de sus ambiciones políticas, pero tampoco para poner las cosas en orden y, por lo menos, salvar lo que quede de la dignidad de su gobierno en estos últimos cinco meses que le restan de gestión.
Bustamante no está comprometido. Ya lo demostró. Pero Hernández Fraguas tiene el deber de dejar el bajo perfil, y asumiendo o no el cargo, hacer todo lo que esté a su alcance para hacer de esta ciudad no un territorio anárquico, sino una zona digna y habitabl

De avanzada, que SCJN valide matrimonios entre homosexuales

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+ Entender las transformaciones sociales; ésta no es la primera

El pasado jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso importante en la resolución del debate jurídico respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Por al menos tres argumentos distintos, la mayoría de los ministros del máximo tribunal de justicia en el país, refrendaron la constitucionalidad de la reforma al Código Civil, ocurrida hace unos meses en el Distrito Federal, a través de la cual se abrió la posibilidad de que personas del mismo sexo se unieran a través del contrato de matrimonio.

Esta decisión, independientemente de cuál sea la postura moral de cada persona o grupo, representa una decisión de avanzada en nuestro país, en cuanto a la validación legal de ciertas formas de tolerancia y no discriminación, establecidas en nuestra Constitución que, sin embargo, aún provocan cierta polémica entre la sociedad.

Recapitulemos, para contextualizar. En diciembre del año pasado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó modificaciones a la legislación de la capital del país, para abrir paso al reconocimiento de las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Y no sólo eso: también, dentro de la misma reforma legal, quedó abierta la posibilidad —que más bien, es una no limitación— de que esos matrimonios formados por personas del mismo pudieran acceder a los beneficios de la adopción de menores. Esto provocó polémica, molestia y hasta escozor en diversos sectores de la sociedad, por un cúmulo de razones que, en breves líneas, trataremos de reflejar.

Mucha de la polémica surgió incluso en quienes no veían con malos ojos una aprobación de esa naturaleza. Los defensores a ultranza de las libertades fundamentales y de los postulados acerca de que la igualdad entre las personas, radica justamente en el reconocimiento y la tolerancia a las diferencias que existen entre cada uno de los integrantes de la sociedad, se mostraron satisfechos con tal medida.

Pero fuera de ellos, otros sectores sociales más moderados, y que no reprobaban la medida, también se preguntaban si no eran éstos pasos demasiado acelerados, en medio de una sociedad que no parecía estar del todo preparada para entender y tolerar estas transformaciones sociales y jurídicas que sólo ocurren en los países más desarrollados del mundo; o si, en esa misma lógica, también muchos se preguntaban si no era esto un intento más por equiparar —haciendo algo así como una copia— a la ciudad de México con otras capitales cosmopolitas del mundo, sin que en realidad hubiera el sustento social o político suficiente como para hacerlo.

Otros grupos, contrarios a esas ideas y más ligados a los conservadurismos sociales, aseguraban más bien que dicha reforma era atentatoria en contra de una de las instituciones que son, según son, pilares fundamentales de la sociedad mexicana: la familia. Decían que al aprobar una reforma de esta naturaleza, se cometía una aberración no sólo jurídica, sino también en contra de los designios de Dios o de la naturaleza, que indicaban que la unión natural entre un hombre y una mujer tiene como objeto la procreación, y que por esa razón tratar de variar la forma de esa unión era nocivo para la sociedad, y que al final de cuentas la llevaría a destruirse desde su propia base.

En ese sentido, una polémica aún mayor —que en algunos casos llevó a varios hasta a la intolerancia más recalcitrante, a la discriminación, o a las demostraciones de homofobia— se suscitó al discutir el tema de las adopciones. Nadie ha tenido la posibilidad de probar científica y confiablemente la magnitud de los daños que se provocan a un menor al ser adoptado y criado por dos hombres o por dos mujeres. Pero todos, propios y extraños, vertieron opiniones de corte moral a una discusión que más bien tendría que haberse dirimido en el ámbito de lo jurídico, de lo psicológico o de todo lo que tiene que ver con la formación emocional y social de los menores.

APROBACIÓN CONSTITUCIONAL

Este asunto fue llevado por el gobierno federal, a través de una Acción de Inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte. La Procuraduría General de la República se inconformó por dichas reformas y, siguiendo el modelo conservador del panismo, presentó dicha acción para tratar de dejar sin efectos, a través de una declaración de inconstitucionalidad, las reformas ocurridas en diciembre pasado al Código Civil del Distrito Federal. Luego de conocer el asunto, la mayoría de ministros del Alto Tribunal establecieron un criterio a favor de la constitucionalidad de tales preceptos, basados en cuando menos tres razones distintas.

En su edición de ayer viernes, el periódico El Universal, apuntaba sobre el asunto, lo siguiente: “Los ministros Sergio Valls, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Arturo Zaldívar, José de Jesús Gudiño, Luis María Aguilar, Olga Sánchez y Juan Silva se pronunciaron por declarar válido el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, pero lo hicieron por distintos motivos. De esa mayoría, tres ministros —Valls, Sánchez y Silva— se pronunciaron por validar la reforma, por considerar que se implementó en la capital del país para proteger los derechos de las parejas homosexuales a fin de evitarles un trato discriminatorio.

“Cuatro más —Franco, Zaldívar, Gudiño y Aguilar— se pronunciaron por declarar la validez porque consideraron que el DF y los estados de la República son libres de legislar y definir el concepto de matrimonio como consideren necesario, ya sea para permitir las uniones entre personas del mismo sexo o para limitarlas a parejas formadas por un hombre y una mujer. Y, de manera solitaria, en una tercera opción, el ministro Cossío propuso validar la reforma por considerar que la Constitución protege a la familia, sin importar el modelo del que se trate, y porque, derivado de esto, tampoco se puede considerar un modelo único de matrimonio.”

NUEVO DEBATE

Con esa votación y razonamientos, a los que hace puntual referencia El Universal, una sola cosa queda clara: que son constitucionales las reformas al matrimonio en el Distrito Federal; que esa decisión valida esencialmente una expresión social que, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ella, es legítima y merece ser respetada; y que, sobre todo, tendrá que ser un paso a favor de la tolerancia y la no discriminación, en medio de una sociedad de avanzada que, según somos, pero que poco demostramos.

Órganos autónomos: nuevo gobierno no debe crear, destruyendo

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La coalición legislativa que hace dos días formalmente conformaron las fracciones parlamentarias electas del PAN, PRD, PT y Convergencia, deben tener cuidado de no querer construir su legitimidad, destruyendo no la reputación de determinadas personas, sino de instituciones que, nos guste o no, son garantes del incipiente avance democrático del que ellos mismos ahora son beneficiarios.

Desde hace algunas semanas, varios de los próximos legisladores de las fuerzas antes mencionadas, iniciaron un golpeteo sin otro sentido más que el de una equivocada idea política, en contra tanto de quienes integran los órganos autónomos, como de su funcionamiento mismo y permanencia en el marco jurídico local. Esta actitud, lejos de beneficiar en algo, resulta ser nociva para la salud política de la entidad, por los antecedentes y razones que enumeraremos en las líneas siguientes.

Ocupémonos primero del contexto en que surgieron algunos órganos como el Instituto Estatal de Acceso a la Información, la Auditoría Superior del Estado y, tiempo antes, el Instituto Estatal Electoral. Hasta el momento, son las tres entidades sobre las cuales las hasta ahora fuerzas de oposición han venido enfilando sus baterías, y a los que podría sumarse el Tribunal Estatal Electoral, si emite un fallo sobre la elección de Gobernador, que no satisface a sus intereses.

Cada uno de esos órganos, pero particularmente la Auditoría y el Instituto de Acceso a la Información, son en parte consecuencia de una fragorosa lucha social, compartida por las fuerzas que este año abanderaron al senador Gabino Cué en sus aspiraciones de conseguir la gubernatura del Estado. En efecto, la creación constitucional de esos dos órganos se vio acelerada, e incluso orillada, para el régimen en el poder, por el conflicto magisterial y popular de 2006.

Si se recuerda, antes de aquellos acontecimientos violentos, tanto el gobierno de Oaxaca como el Congreso del Estado, ya eran blanco de fuertes cuestionamientos por parte de la opinión pública local y nacional, por la resistencia que habían mostrado en cuanto a la creación de entidades vigilantes de la función pública que ya existían en el ámbito federal, en la mayoría de las entidades federativas, y que gozaban de mayores atribuciones que cualquier otro órgano hasta entonces existente.

No fue sino hasta que la entidad —y el régimen gobernante— estaba en lo más hondo de la crisis magisterial, y de su propia crisis particular de legitimidad política, que el Gobernador del Estado envió al Congreso una primera iniciativa de ley de acceso a la información, que fue aprobada en septiembre de 2006, la cual establecía la creación de un Instituto encargado de ese rubro, pero también condicionaba la entrada en vigor de la norma para 18 meses posteriores al de su publicación.

Del mismo modo, la Auditoría Superior del Estado se creó por un mandato de la Constitución federal que, sin embargo, fue acelerado por el grupo gobernante, en el ánimo de mostrar voluntad democrática por la rendición de cuentas, y por recuperar legitimidad luego del fuerte desgaste y los acontecimientos ocurridos durante la crisis magisterial.

Es decir, que de no haber ocurrido los episodios violentos de la revuelta magisterial, la creación de esos órganos —junto con la consolidación de las fuerzas políticas de oposición, que antes eran sólo minoritarias, representativas, orgánicas y legitimadoras de la mayoría aplastante y corruptora del priismo— habría tenido un proceso mucho, pero mucho más lento que el que tuvo, y por el que todos juntos hoy tienen un papel preponderante en la escena política local.

CREAR DESTRUYENDO

No les falta razón a los integrantes de la Coalición opositora, cuando manifiestan desconfianza por quienes integran órganos como el Instituto de Transparencia, o la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, la réplica a esos cuestionamientos se encuentra, nos guste o no, lejos de cualquier dilema moral o baño de pureza: está en el ejercicio puro del poder, y sus condicionamientos particulares.

¿Qué habría hecho Gabino Cué Monteagudo, por ejemplo, si como gobernador de Oaxaca en el periodo 2004-2010, a él le hubiera tocado el momento histórico de la formación de esos organismos? Sin dudarlo un momento podríamos afirmar que, no en el contexto de su próximo gobierno sino en el actual, habría hecho exactamente lo mismo que los actuales gobernantes. Es decir, habría impulsado a personajes afines a su causa para ocupar dichos cargos —como quizá lo haga, si logra la pronta remoción de los actuales integrantes de tales entes.

Sin embargo, habría que diferenciar específicamente entre las personas, los cargos, y sus respectivos desempeños. Vayamos a los hechos. Es innegable que Lizbeth Caña Cadeza es una persona cercana al grupo del gobernador Ulises Ruiz, lo mismo que los integrantes del Instituto de Transparencia, quienes fueron igualmente impulsados desde el gobierno estatal por una razón política y de grupo, y no por sus cualidades personales o profesionales.

Sin embargo, cada uno en su respectiva función medianamente ha buscado cumplir con su misión, y abrir la brecha para que, en el futuro, esos organismos alcancen su autonomía y funcionalidad material plena. Esa es una razón política, y de poder, que ninguno de los hasta ahora descalificadores de esos órganos ha querido tomar en consideración; y más bien todos han transitado por el camino de la descalificación a priori.

Nadie de quienes ahora descalifican a los personajes y a los órganos, ha dicho algo de cómo tendrían que fortalecerse dichas instituciones. Todo lo que hasta hoy han demostrado, son fobias y sectarismos políticos. Sólo estarán legitimados a exigir la destitución de la auditora Caña, y de los Comisionados del IEAIP, si las atribuciones de dichos entes son reforzadas, y éstos se niegan a cumplir con el mandato que se les confió. No deben confundir una actitud democrática y de avanzada, con el reduccionista y nocivo “quítate tú para que me ponga yo”. Primero, que los pongan a prueba.

QUE RENUNCIE

Ayer, la agencia Quadratin, que dirige la periodista Guadalupe Thomas, dio cuenta de cómo el encargado de la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, Miguel Ángel Bustamante Underowood, vacaciona mientras la capital está vuelta un caos. ¿Y José Antonio Hernández Fraguas dónde está? Aquel debería renunciar; y éste, debería volver a su cargo, para componer el tiradero en que se encuentra la Verde Antequera.

Gabino: con su gabinete dará pautas sobre la administración

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+ Integración de funcionarios: que aproveche bono democrático

Reiteradamente, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, ha asegurado que integrará a su gabinete de trabajo a mujeres y hombres confiables, eficaces y honestos. Para ello, ha fijado algunas reglas que, dice, se cumplirán de modo estricto. Más allá de los anuncios y la retórica, es evidente que con la sola integración del gabinete, el nuevo gobierno marcará su rumbo, y definirá si subsisten o se erradican ciertas prácticas y decisiones que, en buena medida, fueron las que, en las urnas, reprobaron los ciudadanos al gobierno saliente, el pasado 4 de julio.

En las últimas semanas, el Gobernador Electo ha dicho, por ejemplo, que toda aquella persona que se integre a su gabinete, deberá demostrar capacidades, preparación profesional y experiencia, pero que además deberá pasar por la prueba del detector de mentiras, el antidoping, y la entrega de su declaración patrimonial. Eso fue lo que él mismo hizo cuando era candidato a Gobernador, para demostrar a la sociedad su confiabilidad, su salud, y su paso honesto por los diversos cargos que ha ocupado en la administración pública municipal, estatal y federal.

En principio, es claro que estas medidas iniciales fueron bien tomadas por la sociedad, y que, en la reproducción de la misma respecto a los funcionarios del nuevo gobierno, significarían también un avance sustancial, frente a la completa discrecionalidad que hoy priva en la designación de servidores públicos estatales. No obstante, si Gabino Cué de verdad pretende legitimar la integración de su gabinete, debería tener expectativas algo más elevadas. Quienes lo favorecieron con su voto, esperan mucho de él.

Pero vayamos por partes. Por mandato de la Constitución local, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias de la administración pública estatal. A reserva del Secretario General de Gobierno (a quien el Gobernador nombra y destituye libremente, pero que necesita la autorización del Congreso para entrar en funciones, según los artículos 79 fracc. V, y 59 fracc. XXXIV), y del Procurador de Justicia (que es electo por el Legislativo de la terna que presenta el Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 59, fracc. XXXIII), el Mandatario estatal tiene la facultad de integrar su gabinete del modo que mejor le parezca.

Hasta ahora, ese criterio de libertad ha sido utilizado en toda la dimensión de la palabra. La posibilidad que brinda el artículo 79 de la Constitución del Estado, sin embargo, ha sido utilizada no sólo con el criterio de la libertad absoluta para la conformación del gabinete de gobierno, sino también con un dejo permanente de discrecionalidad, e incluso de abusos en el nombramiento de personas no preparadas para los cargos (es decir, lo que comúnmente se conoce como cuatismo, compadrazgo, etcétera), que tienen conflictos de interés en cuanto a las funciones públicas que le fueron encomendadas y sus actividades como particular, o que su designación no responde más que al solo criterio del pago de las cuotas de poder que —casi con normalidad— ocurre entre los grupos políticos afines a la gubernatura.

Ejemplos de esto, en la administración actual, existen en abundancia. Pero también, y eso lo debe tomar en cuenta el gobernador electo Cué Monteagudo, entre quienes lo apoyaron para acceder al cargo que asumirá el próximo 1 de diciembre. Un gobierno verdaderamente de avanzada, por citar un ejemplo, no podría tener como encargado del transporte a una persona que pertenece a esa actividad como particular. Del mismo modo, no podría fungir como secretario de obras alguien que profesionalmente no está calificado para tal encargo. Y mucho menos podría nombrar a su secretario de Finanzas o al titular de Coplade, simplemente porque son sus amigos de confianza, por ser socios, o por ser simplemente “cuates”.

CAMBIO EFECTIVO

Por la sola referencia, y por el solo cambio de actitud que tanto se ha prometido, cuestiones como las antes descritas, simplemente serían inadmisibles por parte de la sociedad, y de muy alto costo para el nuevo gobierno. Sin embargo, alejándonos de esas posibilidades pedestres, es evidente que una verdadera actitud democrática, y con visión de evolución y cambio, debería llevar al gobierno de Cué Monteagudo a establecer criterios más claros y abundantes respecto a los requisitos y formas que deberán cumplir quienes aspiran a integrar su equipo de gobierno.

En el futuro, el gobernador Cué debería evitar dar señales contradictorias. Una de esas señales fue la que dio en la integración del comité de vigilancia del proceso de entrega-recepción entre las dos administraciones. Independientemente de que cada uno de los integrantes de ese órgano tiene cierta ascendencia y respecto por sus actividades y preparación profesional y política, es claro que nadie supo cómo llegaron hasta ahí. Es decir, que para un observador agudo, esas fueron designaciones estrictamente discrecionales, como las que dice el próximo Gobernador que no ocurrirán durante su sexenio.

Transparentar el proceso de selección, los requisitos y los pasos que deben seguir quienes integren el nuevo gobierno, daría una muestra de visión de avanzada, y de una verdadera voluntad política de cambio. Es cierto que la Constitución local dice que es facultad del gobernador nombrar y remover libremente a sus colaboradores. Pero esa, debe ser entendida como una facultad enunciativa, que puede ser ampliada por otros mecanismos de voluntad, más democráticos y transparentes. No necesita cambiar la ley, para que cambien para bien ciertas actitudes y decisiones que, además, legitimarían enormemente al nuevo gobierno. Y no sólo eso, sino que también darían pautas importantes para el futuro.

ENVIAR SEÑALES

Esa será una de las señales fundamentales que enviará el gobierno entrante, desde el primer día de su gestión. Si asegura tener una vocación auténtica de cambio, pero decide sostener ciertas prácticas tradicionales de la administración pública, entonces pronto comenzará a tener cuestionamientos. No se trata de revivir a los llamados “head hunters”, sino en que todos los que rodearán al gobernador Cué demuestren que están ahí no sólo porque son sus “cuates”, sino porque tienen capacidades probadas para desempeñar cargos públicos. No sólo hay que ser: también hay que parecer.

Reforma al sistema de justicia: ¿demagogia o avance legal?

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+ Contradicción: ¿reformas legales cuando “no hay dinero”?

En más de una ocasión, en este espacio se ha dado detalle sobre la conformación y reglas constitucionales que actualmente rigen al Poder Judicial del Estado, y a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca. Cuando ello ha ocurrido, hemos remarcado el señalamiento sobre la necesidad apremiante de modernizar esas instituciones, para dotarlas de mecanismos de integración y funcionamiento más acordes a las necesidades democráticas actuales.

En todos esos momentos, la respuesta a los señalamientos ha sido el silencio. Sólo que ahora, por una circunstancia política y no por una auténtica voluntad democrática, sí se estaría planeando entrar a reformar esos entes, aunque no en los términos esperados. Estaríamos, pues, en el umbral de algo que lo mismo podría ser un avance importante en materia legal, que un acto terrible de demagogia y protección a un determinado grupo político.

¿Qué hemos dicho en otros momentos respecto al Poder Judicial del Estado, y a la Procuraduría estatal? Sintetizando: hemos establecido que las normas constitucionales que organizan y rigen al Poder Judicial datan de hace más de medio siglo sin modificaciones sustanciales; que, por eso, es avasallante la influencia y decisión del Titular del Poder Ejecutivo tanto en la conformación, como en el funcionamiento y los recursos económicos que recibe el mismo; que eso, en las circunstancias actuales, provoca que los órganos jurisdiccionales locales se encuentren en un estado de sumisión total a la figura del Gobernador.

Y que por esa razón, de existir una verdadera voluntad política por transformar las instituciones, entonces no tendrían que haber impulsado los llamados “juicios orales” —que es la gran bandera, ahora congelada, del magistrado presidente Héctor Anuar Mafud Mafud—, sin antes haber impulsado una reforma democratizadora profunda al Poder Judicial del Estado, que diera mayor certidumbre sobre su conformación y funcionamiento, y eliminara la presencia avasallante tanto de la discrecionalidad total que ahora reina, como del Gobernador en turno, que finalmente es quien decide políticamente por los juzgadores.

Del mismo modo, la Procuraduría General de Justicia del Estado necesita cambios profundos, aún cuando los rige una ley orgánica que data del presente sexenio. Para nadie que verdaderamente conoce el funcionamiento del Ministerio Público del Estado, es un secreto que la Procuraduría está convertida en un órgano desdentado, el cual perdió prácticamente todas sus capacidades de investigación y de reacción, y llevó a la inoperancia a otras áreas que antes sí tenían ciertos niveles de deficiencia. El principal problema, en todo eso, es que cualquier falla se magnifica ante la ausencia de voluntad política por emprender una verdadera labor de procuración de justicia.

Por esa razón, en el caso de la Procuraduría, lo que habría de entenderse con claridad es que novedad no es sinónimo de eficacia, y que por esa razón, si los diputados y los servidores públicos involucrados fueran más responsables, entonces tendrían que ir juntos por nuevas reformas que fortalecieran, y no que siguieran menoscabando, al sistema de procuración de justicia de nuestro estado.

¿REFORMAS EN PUERTA?

Existe una razón por la que traemos esos temas a colación: de acuerdo con algunos medios informativos de la capital del país, en el Congreso del Estado se estarían preparando sendas reformas constitucionales para prorrogar tanto la permanencia del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia —a la sazón, titular del Poder Judicial del Estado—, y de la procuradora María de la Luz Candelaria Chiñas.

Las razones, según se señalaba ayer en el periódico Reforma, en el que se refería un comunicado enviado por diputados electos de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, sería la de “asegurar” que dichas instancias no actuaran en contra de los funcionarios estatales salientes, por alguna de las cuentas judiciales que podrían tener pendientes. Es decir, que no se diera curso a posibles averiguaciones previas ni a procesos jurisdiccionales en su contra.

Esta posibilidad entraña diversas contradicciones para quienes pretenderían consolidar dichos cambios. Desde hace bastantes meses, es una constante en el discurso del Magistrado Presidente del TSJ, asegurar que dicho Poder no cuenta con los recursos suficientes para continuar la implementación de los llamados “juicios orales”. Tal aseveración, en realidad, lo que deja ver es que si no existen los recursos suficientes como para llevar a cabo una reforma constitucional prioritaria, mucho menos habrá para otras que para ellos simplemente no lo son.

¿De qué hablamos? De que, en este caso, emprender la creación de un Consejo de la Judicatura —o de alguna otra figura análoga, que clarificara y democratizara la integración de los órganos que integran el Poder Judicial del Estado— implica una inversión de recursos que no se tienen, y que tampoco se tenían contemplados para invertir. En el caso de la Procuraduría estatal, del mismo modo, tanto las inversiones reales, como el interés para fomentar una institución verdaderamente eficaz y eficiente en sus funciones, han ido de más a menos.

Frente a ello: ¿Cómo justificar la realización de una reforma supuestamente democratizadora? Y aún peor: ¿Cómo justificar que, frente a los abominables rezagos que existen en los rubros más sensibles tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría, el grupo gobernante decida únicamente realizar reformas quirúrgicas que satisfagan ciertos intereses, pero que mantengan intocados los problemas y atrasos reales que pesan sobre esos entes? La respuesta a ello, se encontraría en quienes ahora mismo valoran la posibilidad de impulsar esas reformas. El Congreso ya se prepara. Como apuntamos ayer: todavía tienen varios ases bajo la manga.

MAL INFORMADO

Circula en un sitio web, una declaración del presidente del CDE del PAN, Carlos Moreno Alcántara ¡en la que asegura que el juicio político tiene como fin retirar el fuero constitucional a un funcionario, para que pueda ser procesado administrativa o penalmente por faltas o delitos cometidos! Vaya confusión, o ignorancia, del Líder panista: Confundir el juicio político con el juicio de procedencia. Qué bueno que ningún asunto de esos cayó en sus manos cuando fue diputado. Y qué mal que nadie le haya explicado las nada sutiles diferencias entre uno y otro procedimiento.

En dictamen final, ¿Suprema Corte no responsabilizó a URO?

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+ No responsabilidad: principal prevención para juicio político

Afirman quienes conocen a detalle el dictamen final emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en dicho engrose el pleno del Alto Tribunal no atribuyó responsabilidades, ni hizo señalamientos directos, en contra de quienes sí identificó como los servidores públicos principalmente participantes en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca en 2006. Por ello, según parece, en ese punto se encuentra la clave del inicio del procedimiento de juicio político que ahora mismo se desarrolla en el Congreso del Estado en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Vayamos por partes. Como bien recordamos, porque lo hemos apuntado en otros momentos, el pleno de la Suprema Corte tiene la posibilidad de iniciar una investigación sobre la probable comisión de hechos que constituyan violaciones graves a las garantías individuales.

Este procedimiento, según lo establece el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de la República, puede iniciarse por iniciativa propia del Alto Tribunal, o cuando así lo solicitare el Presidente de la República, una de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de una entidad federativa.

El límite de dicha facultad, se encuentra en la sola posibilidad de averiguar los hechos y emitir un dictamen. Esto es, que para efectos constitucionales, escapa del ámbito de atribuciones de la Corte la posibilidad de establecer responsabilidades directas o hacer señalamientos sobre servidores públicos y civiles.

Si esto es así, ¿entonces por qué, en noviembre del año pasado, cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia discutió públicamente el proyecto de dictamen sobre el llamado “Caso Oaxaca”, resolvió que tanto el gobernador Ulises Ruiz, como otros seis ahora ex funcionarios del gobierno estatal, eran responsables por violaciones graves a las garantías individuales?

La razón de aquel posicionamiento verbal de los Ministros, quedó únicamente en su fuero interno. Pero según lo establece el engrose —que es la versión final, en la que se contiene también la resolución aprobada por los integrantes del Pleno—, los ministros no incurren en el establecimiento de responsabilidades. La razón de esta aparente omisión, se encuentra en el hecho de que esto los llevaría a sobrepasar su ámbito de atribuciones.

¿Por qué? Porque, en todo caso, el efecto que tiene el dictamen emitido por la Corte en base a las facultades que le confiere el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, se convierte en una importante referencia —pero mera referencia al fin, por el carácter meramente enunciativo de dicho dictamen— para que los poderes legitimados procedan como corresponde a procesar y definir si esas violaciones graves a las garantías individuales, son motivo para que el servidor público en comento sea sometido a juicio político o, en su caso, le sea retirada la inmunidad constitucional para que pueda ser procesado libremente por los tribunales jurisdiccionales competentes.

Si en realidad el Congreso del Estado tomó como base lo establecido en el engrose del dictamen sobre el llamado Caso Oaxaca, entonces no hay mucho qué esperar. El asunto, para el Gobernador y los demás involucrados, pareciera ser mucho menos grave y complejo de lo que se podría esperar.

Y por eso mismo, el final de toda esta historia podría ser que, además de dejar cancelada toda posibilidad de reabrir otro procedimiento de esa naturaleza por los hechos del 2006, los procesados en juicio político por el Congreso del Estado tuvieran una sentencia favorable a sus intereses.

CONGRESO INDECOROSO

Para eso está sirviendo la agonizante LX Legislatura del Congreso del Estado: para allanar el camino de salida al grupo gobernante, y para legitimar una serie de pretensiones y hechos que, si bien no son estrictamente ilícitos, sí revelan el ánimo de tenderles un manto de imperturbabilidad —ocurra o no cualquier acto de molestia—, para el futuro. En ese sentido, el fondo de estos asuntos puede ser perfectamente confesable y explicable si se hace pasar por el tamiz de la legalidad; pero no si lo que se pretende es demostrar que esos son actos de congruencia y dignidad, de lo que se dice denominar un Poder del Estado, y no cuestiones de mero servilismo.

En ese sentido, existe un cuestionamiento de fondo que la mayoría tricolor de la actual Legislatura ha desatendido por completo: han sido groseramente incongruentes, entre las reformas impulsadas en las semanas recientes para dizque garantizar la pluralidad y la democracia en la toma de decisiones y el gobierno interior del Congreso, pero a la par de una actuación que pasará a la historia como una de las menos comprometidas con esos mismos principios, por una mayoría legislativa respecto al Poder Ejecutivo.

Los diputados actuales —los tricolores, particularmente— pueden decir libremente que esto es una vacilada, o un mero idealismo trasnochado. Pero si las funciones del Estado se encuentran divididas, es precisamente para unas se contrapongan y equilibren las posibles desviaciones y excesos de las demás. Empero, lo que ocurre actualmente es exactamente lo contrario: haya o no ilegalidades, y haya o no inmoralidades en el gobierno que termina, lo que la LX Legislatura deja ver, es un ánimo desbocado por eliminar todos esos problemas y cuestionamientos, que ellos mismos dicen que no existen.

Frente a esas actuaciones, de la LX Legislatura local puede ya esperarse cualquier cosa peor. Desprovistos de toda dignidad, han preferido terminar su función sirviendo a una mera causa partidista. Y, en este sentido, no sólo hay que ser, sino también parecer. Porque dicen que no existe nerviosismo por los cuestionamientos y juicios del futuro, pero hacen todo por manipularlos. Porque aseguran que las cuentas están claras, pero se apresurarán a revisar la última cuenta pública. Y porque si dicen que ésta será una transición transparente pero aún tienen ases inmorales bajo la manga, es, sin duda, porque las cosas no están tan bien como ellos mismos lo aseguran.

HONESTIDAD COMPROBABLE

Por cierto, ante las promesas de integrar un gobierno de profesionales y honestos, el gobernador electo Gabino Cué debería comenzar a establecer los métodos estrictos de selección —además del polígrafo y la declaración patrimonial— a los que someterá a sus próximos funcionarios. Para validar el ofrecimiento, el proceso de selección debería ser totalmente abierto a la sociedad. ¿O no?

Juicio Político vs URO: no es pantomima, pero tampoco justicia

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+ Objetivo: “Nadie puede ser juzgado dos veces por mismo delito”

La semana pasada, el Congreso del Estado inició el procedimiento de juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Contrario aparentemente a toda lógica —es decir, que priistas enjuicien a sus correligionarios—, lo que parece estar buscando la LX Legislatura local, es dejar sellada toda la posibilidad importante, e incluso declarativa, de que sus sucesores revisen y sometan a juicio los hechos del pasado. Claramente parece ser eso, lo que se busca con dicho procedimiento.

Si, por principio, se pretende hacer un análisis estrictamente gramatical de los enunciados de la Constitución local, y de la federal, respecto al juicio político que puede seguirse en contra del Gobernador de una entidad federativa, parecen existir serias dudas e incluso contradicciones.

El artículo 117 de la Constitución local, establece qué servidores públicos pueden ser sujetos a dicho procedimiento, pero no enuncia al Gobernador del Estado. “Las sanciones —establece dicho artículo— consistirán en la destitución del servidor público y en su caso inhabilitación para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.”

Sin embargo, como se menciona en párrafos anteriores, la figura del Gobernador no aparece en la enunciación de los sujetos a dicho procedimiento. Es en la Constitución federal, en su artículo 110, donde se establece que “Los Gobernadores (…) sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.”

Esto, aparentemente, entraña serias contradicciones. Si la Constitución local no contempla al Gobernador como potencial sujeto de juicio político, y la federal manda a que sea el Congreso de la Unión quien radique el procedimiento de juicio político en contra de un Mandatario local, entonces podría suponerse que lo que ahora mismo realiza el Congreso del Estado es una vacilada, o un procedimiento erróneo.

Todo esto, sin embargo, está aclarado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, el Alto Tribunal ha establecido que “que los gobernadores de los Estados pueden ser sujetos de juicio político por los motivos indicados [lo establecido en el artículo 110 de la Constitución federal], debiendo las Legislaturas Estatales emitir las normas reguladoras para la aplicación de las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, para el caso de comisión de conductas de esa índole por los mencionados funcionarios.” (Tesis: P./J. 1/2000; Registro No. 192345).

Además, en otros pronunciamientos (Tesis: P./J. 3/2000; Registro No. 192346), la Corte ha reprobado que las Constituciones locales excluyan a los Gobernadores de la posibilidad de ser sujetos a juicio político —como ocurre en el caso de Oaxaca, en su artículo 117—  debido a que “la Ley Fundamental los señala expresamente como sujetos de responsabilidad política (…) lo que debe ser establecido y regulado por las leyes de responsabilidad federal y de cada Estado, además de que no puede existir analogía entre el presidente de la República y los gobernadores (…), puesto que el primero tiene el carácter de representante del Estado mexicano, por lo que aparece inadecuado, en el ámbito de las relaciones internas e internacionales, que pueda ser sujeto de juicio político, situación que no ocurre con los depositarios del Poder Ejecutivo de los Estados, por no tener esa calidad.”

Y TODO ESO, ¿QUÉ?

Cualquier discusión o análisis serio de un asunto tan intrincado como este, debe primero explicar y entender la naturaleza y fundamentos de lo que está ocurriendo. Una vez entendido que el Gobernador  sí puede ser sujeto de juicio político por el Congreso local, aún cuando expresamente la Constitución local no lo contemple, debe ahora entenderse cuál es la razón para que todo esto ocurra justamente ahora.

El objeto del juicio político que se instauró en el Congreso local en contra del gobernador Ruiz, según lo publicado por la prensa en los últimos días, tiene por objeto que el Poder Legislativo del Estado proceda a conocer, y tomar como base, el pronunciamiento hecho en noviembre del año pasado por la Corte respecto al llamado “Caso Oaxaca”.

En dicha investigación, el pleno del Máximo Tribunal estableció que el Gobernador era, junto con algunos otros funcionarios, responsable por las violaciones graves a los derechos humanos que habían ocurrido durante el conflicto magisterial ocurrido aquí en 2006. De acuerdo con lo referido hasta ahora por la prensa local, ese pronunciamiento fue la base de la solicitud de juicio político que realizó el diputado Cristóbal Carmona en contra del gobernador Ruiz.

¿Por qué ese asunto en particular? Porque independientemente de la óptica con que se observe, ese es el tema que reviste mayores riesgos para todos los involucrados en el pronunciamiento de la Corte. Por ello, siguiendo análogamente el principio constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, se entiende que la actual Legislatura, de mayoría tricolor, estaría apresurada por conocer y resolver ese asunto, antes de dejarlo en mano de sus sucesores que, en conjunto, tienen una mayoría opositora.

Así, claramente, el objetivo que se estaría buscando es el de allanar toda posibilidad de que el próximo gobierno, y la próxima Legislatura local, en el futuro inicien procedimientos, y emitan sentencias y pronunciamientos de tipo político, que sigan minando la imagen y potestades de quienes ostentarán el gobierno hasta el 30 de noviembre próximo.

TSJE, “POBRE”

De nuevo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Mafud, solicitó prorrogar la puesta en marcha de los llamados “juicios orales” en las regiones del Estado que correspondían al 2010. Dice que le dijeron, en la Secretaría de Finanzas, que no hay dinero. Faltan a la ley, y al objetivo que ha sido la bandera principal del actual Titular del Poder Judicial del Estado. Esto se llama ineficacia.

Ley SB 1070 frenada; Arizona, punta de una discusión actual

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+ Derechos Humanos: la clave está en su tutela constitucional

El 23 de abril pasado, la gobernadora del estado norteamericano de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB1070, la cual contemplaba la criminalización del estatus de inmigrante ilegal en ese estado, y también castigaba con pena de prisión a quien solicitara y brindara trabajo a personas con una calidad migratoria irregular. Luego de una fuerte polémica, hace tres días un tribunal federal de los Estados Unidos suspendió la aplicación de algunos de los aspectos más controversiales de dicha norma.

Como bien lo sabemos, y lo habíamos apuntado ya en otro momento, la ley SB1070 convertía a Arizona en la primera entidad de los Estados Unidos de Norteamérica en adoptar reglamentos federales de inmigración, y en acrecentar sus implicaciones al criminalizar otros aspectos relacionados con extranjeros indocumentados, tales como la sanción a los ciudadanos norteamericanos que empleen, alojen o presten ayuda a quienes no cuentan, en esa entidad, con una situación migratoria regular.

En ese sentido, era indudable que uno de los aspectos más controversiales de dicha norma se encuentra en la disposición que establece que los agentes policiacos de aquella entidad sureña de los Estados Unidos, podían solicitar documentación que acreditara la calidad migratoria regular de cualquier persona, cuando existiera la sospecha de que ésta podría ser un ilegal. Es decir, que autorizaba a requisar a cualquier persona solamente por su apariencia física, y sin necesidad previa de que ésta hubiera cometido una falta para poder ser molestado legalmente por la autoridad policiaca.

Ante tal conjunto de disposiciones, fue evidente el rechazo de amplios sectores de la población estadounidense, pero principalmente por los varios miles de latinoamericanos indocumentados y legales que viven en Arizona, y que por la sola promulgación de dicha ley serían molestados y obligados a portar los documentos que acreditaran su situación legal.

Los inmigrantes ilegales protestaban, con toda razón, porque esta sería la disposición directa que los obligaría a abandonar el territorio de aquel estado, o los haría una víctima potencial y permanente de molestias e intentos de extorsión convalidados por la autoridad. Los ciudadanos norteamericanos que también se sintieron ofendidos, fueron quienes tienen ascendencia y rasgos no anglosajones, y ahora, por ese solo hecho, habrían de ser nuevamente hostigados y, en buena medida, objeto de discriminación por parte de autoridades locales de Arizona.

Pero hubo un aspecto más. El mismo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, es un icono de la lucha en contra de la desigualdad, los señalamientos y la discriminación por motivos raciales. El Mandatario es un afroamericano que prometió en campaña para revisar ciertas políticas sensibles para las minorías. Dos de ellas, fueron la relativa a continuar combatiendo con toda energía la discriminación de tipo racial. Y la segunda, someter a un proceso de revisión profunda las leyes de la materia, para explorar la posibilidad de una nueva reforma migratoria.

Así, ante todas esas circunstancias, el gobierno federal de los Estados Unidos presentó una demanda para solicitar la invalidación de la ley comentada. Apenas hubo una resolución, en la que la primera victoria fue para quienes defienden no sólo a los latinos, sino la preservación de los derechos humanos en aquella entidad y en toda la Unión Americana.

BATALLA LEGAL

Ayer, el periódico El Universal informaba lo siguiente: “En una primera victoria para el presidente estadounidense Barack Obama, la juez federal Susan R. Bolton decidió ayer bloquear parcialmente algunas de las disposiciones más polémicas de la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona para evitar que las instituciones del gobierno federal pierdan su rol histórico en la regulación de la política migratoria y para impedir que los cuerpos policiales locales inicien una cacería de sospechosos de residir ilegalmente en ese estado.

“En una resolución de 36 páginas, la juez Bolton decidió poner en suspenso la parte de la ley que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que convertía en delito que los trabajadores indocumentados soliciten o en su caso tengan empleos. El fallo de la juez es en respuesta directa a la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra la ley Arizona; aún quedan seis demandas pendientes en contra de la legislación.

“En sus conclusiones, Bolton declaró que las citadas partes de la legislación deben quedar en suspenso hasta que los tribunales federales resuelvan sobre los problemas que conllevan. Unos problemas que, al menos para Bolton, no pueden obviar lo que ya ha establecido la Suprema Corte en casos precedentes y lo que dice la letra de la Constitución.”

¿Qué significa esto? Casi nada: que la discusión de fondo en este asunto se encuentra enmarcada por el respeto a ciertos derechos humanos que tienen el carácter de universales. Independientemente de que en México se denominen “garantías individuales”, en Estados Unidos estén contenidas en las enmiendas, o sean consideradas por la doctrina jurídica como derechos subjetivos públicos, lo cierto es que los derechos humanos son aplicables independientemente del marco jurídico, y conllevan el imperativo de ser respetados en todo tiempo, en todo lugar, y por toda autoridad.

La Gobernadora de Arizona asegura que promulgaron dicha ley para “ayudar” al gobierno federal de aquel país con la tarea de inmigración. Pero ni en esa, ni en ninguna otra democracia, parecen ser aceptables cambios legales regresivos. La Ley SB1070 hacía retroceder a todos aquellos que han luchado por la igualdad y el respeto a las minorías. Por esa razón, por la ponderación de los derechos humanos en los órganos jurisdiccionales, es que un tribunal federal decidió suspender la aplicación de los aspectos discriminatorios y segregacionistas contenidos en la Ley Arizona.

FANTASMAS HISTÓRICOS

El estadounidense común sí está transitando por periodos de regresión. Es lo que los está llevando nuevamente a su propio proteccionismo, y la búsqueda de posibilidades a través de las cuales pueda seguir aislándose y diferenciándose, de todos aquellos que no son iguales en raza o color, a ellos. La Ley Arizona fue un primer intento. Habrá varios más dentro de poco tiempo.

Escenario de confrontación, previsible riesgo para Oaxaca

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+ Cué: retos no son sólo con sus aliados, sino también con PRI

La aparente calma y civilidad con que está actuando el grupo gobernante que fue derrotado en las urnas el pasado cuatro de julio tiene, a decir de ellos mismos, una explicación lógica: este no es el momento aún para comenzar a cobrar las afrentas y verdaderamente “generar oposición” al nuevo gobierno que encabezará Gabino Cué Monteagudo. En efecto, pareciera que el PRI está apostando a una estrategia opositora de mediano y largo plazo que, no por ello, pretende ser moderada o moralmente aceptable. Entre muchos otros, ese es un reto que no debe eludir o menospreciar el próximo Gobernador del Estado.

En varias ocasiones, en este y otros espacios nos hemos preguntado cuál es la razón por la que, a pesar de la abrumadora derrota, los integrantes de la cúpula priista de Oaxaca se sienten tan tranquilos, tan confiados y hasta satisfechos. Una primera respuesta, que no es del todo aventurada y mucho menos equivocada, apunta a que los tricolores directamente derrotados —es decir, el grupo gobernante—, no termina de asimilar que dentro de unos cuatro meses el poder se les acabará, y que a partir de entonces, su presencia e influencia será muy relativa en la entidad. Varios de los integrantes de esa cúpula, viven con la idea errónea de que serán rescatados, cobijados y proveídos por el manto protector del priismo del Estado de México.

Una segunda respuesta, mucho menos visceral y emocional, apunta a que los tricolores están preparando una salida del poder más o menos decorosa, junto con un conjunto de alternativas ahora que serán partido de oposición. Esas alternativas apuntarían a establecer el impulso a una serie de acciones para acotar civilizadamente al nuevo gobierno, y obligarlo a emprender ciertas medidas —administrativas y legislativas— que endurecieran los mecanismos de fiscalización, que replantearan los equilibrios entre poderes, y que acotaran la influencia avasalladora que hoy tiene, tanto en la praxis como en el rango constitucional, el Poder Ejecutivo del Estado. Ante la falta de argumentos y propuestas en ese sentido, es previsible que ésta es también una respuesta no errónea, pero sí incompleta.

La que se aparece más cercana a la realidad, es aquella tercera respuesta que nadie en su sano juicio avalaría a pie juntillas, y que incluso no querría escuchar. Esta es la relativa a la posibilidad de convertirse no sólo en una oposición recalcitrante y poco civilizada, sino que además el grupo priista que fue derrotado se dedicara a generar todo tipo de traspiés al nuevo gobierno.

¿De qué hablamos? De casi nada: que a partir del 1 de diciembre próximo, un grupo importante de organizaciones sociales identificadas con el priismo, y con cierta influencia social, comenzaran a movilizarse para llamar la atención al nuevo gobierno, para hacerse presentes, y para hacerles notar que su paso por el gobierno no ha sido, y tampoco será para el nuevo gobernante, una tarea fácil. Acercarse a esta posibilidad, implica suponer que los meses, y años siguientes, serán de una tranquilidad endeble y de prolongados periodos de rispidez e incertidumbre.

Hay elementos para suponer que esta posibilidad es nada lejana. Tan sólo en las últimas semanas, luego de los comicios, hemos comenzado a ver una serie de movilizaciones de grupos inconformes y organizaciones que, en otros momentos, parecían estar más cerca de las posiciones e intereses oficiales, que de grupos en situación de inconformidad. Si la cúpula actual del tricolor decide —como es su derecho hacerlo— optar por esa vía, entonces estarán haciendo el trabajo menos civilizado y menos trascendente, pero sí el más eficaz en cuanto a la generación de oposición, conflictos y descrédito para el nuevo gobierno.

RETOS POLÍTICOS

Es lugar común asegurar que “el nuevo gobierno está lleno de retos”. Más allá de la retórica o los argumentos trillados, es evidente que una vez que asuma el cargo de gobernador, Gabino Cué Monteagudo tendrá frente a sí una compleja composición política en la entidad, en la que no sólo tendrá que buscar la cercanía, el arreglo y el entendimiento con las fuerzas políticas que lo llevaron a la gubernatura. Aunque parezca ilógico, aseguran quienes saben, que una verdadera demostración de inteligencia y altura política, sería dada si el nuevo gobernante se hiciera también cargo de todas las expresiones políticas identificadas con el priismo.

Un mal pensado puede deducir de esa afirmación, todo lo que le plazca. Sin embargo, lo que queda claro es que como gobernador, Cué Monteagudo debe tener el entendimiento suficiente como para considerar el tamaño de su oposición —es decir, un priismo que está respaldado nada menos que por 613 mil votos—, y la complejidad de conciliar los intereses de los partidos que hasta ahora lo apoyan.

Gobernar y entablar relaciones políticas en un marco de cerrazón o sectarismos, sólo le acarreará al gobernador Cué una fila interminable de problemas, que vendrán a anexarse a todos los que ya existen. El gran error de los gobernantes contemporáneos de Oaxaca y el país, es que han decidido ejercer las funciones del gobierno y del Estado en función primordialmente de sus partidarios, apoyadores o allegados. Dejar a la deriva tanto a esa cúpula opositora, como a las bases (así sea con la tercera parte de esos 600 mil votos) que lo respaldan, sería tanto como acelerar el proceso natural de desgaste que tendrá él, como lo tienen todos los gobernantes.

Si no se establecen estos delicados hilos de sostenimiento institucional, habrá caos y problemas interminables en Oaxaca. Aquí se pondrá verdaderamente a prueba la capacidad de diálogo e interlocución del nuevo gobierno, pero también la actitud opositora de las fuerzas que dicen saber gobernar mejor que nadie, pero que ahora fueron expulsadas del poder. La gobernabilidad responsable, eficaz y enmarcada en el estado de derecho, depende tanto de unos como de otros.

PÉSIMO PATRÓN

Hasta barato le ha salido al Comité Directivo Estatal del PRI la indemnización de cuatro millones de pesos que están obligados a pagar a cuatro trabajadores que fueron despedidos injustificadamente. El PRI, que dice ser defensor de la justicia social, es el peor patrón que pueda haber en Oaxaca. A los empleados del CDE se les paga siempre mal, tarde y sin ninguna responsabilidad laboral o prestaciones sociales. Que no se sorprendan, entonces. Esa es, apenas, una pizca de la justicia que no les han aplicado.

Industria turística: nos alegramos de poco, y no buscamos más

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+ Priistas: ante panorama, no deberían sentirse tan suficientes

Una vez pasada la euforia anual —e incluso lo que podría considerarse como una “borrachera”, en sentido figurado— del arribo masivo del turismo y las fiestas de la Guelaguetza, tanto la sociedad como el gobierno debería plantearse una interrogante que, a pesar del tiempo, continúa siendo actual, y está alejada de cualquier grilla o desorden político: ¿Vale la pena que la economía estatal dependa prácticamente al cien por ciento de la industria turística?

La pregunta no es menor. Porque el auge y desgracia de nuestra economía local, ha estado ligada a las circunstancias políticas que ha enfrentado la entidad en los últimos años. Podemos, en ese sentido, corroborar cómo los acontecimientos últimos han determinado la estabilidad y volatilidad de la industria turística, y cómo esto ha provocado daños que van más allá de las cifras, y que más bien se reflejan en el bienestar de decenas de miles de personas que, directa o indirectamente, dependen del turismo.

2006, en ese sentido, es paradigmático. A pesar de que aquel año era el de la celebración del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez, que el Gobierno del Estado tenía importantes expectativas sobre el fomento y la estimulación a la actividad turística, y la comunidad entera esperaba el momento de las fiestas de julio para equilibrar, como cada año, sus finanzas propias, todo esto se vio exterminado por una ola de violencia e inestabilidad, que evidenció que la economía local está sustentada fundamentalmente en una industria, y que ante una eventualidad no existe un “plan B”.

Volteemos al pasado reciente, para recordar qué ocurrió en 2006 en relación a este asunto. En pocas palabras, puede apuntarse que el incorrecto manejo de las protestas magisteriales, y el efervescente momento político que se vivía por el desarrollo de las campañas presidenciales, derivaron en un conflicto que primero fue encabezado por los profesores de la Sección 22 del SNTE, pero que luego se estimuló y extendió hacia la población civil, que también tomó parte en las inconformidades.

Dichas inconformidades pronto derivaron en acciones importantes de presión social, que siempre estuvieron acompañadas de violencia y hostigamiento hacia los particulares. De junio a diciembre de aquel año, para los habitantes de Oaxaca no hubo un momento de tranquilidad. Más bien, se vivió un estado de sitio instaurado pero no declarado, y reiteradas jornadas de violencia y agresiones entre grupos contrarios.

Ante esos hechos, fue evidente que la paz —antes, incluso, que la verdad— fue la primera víctima de la revuelta magisterial y popular. El Gobierno del Estado fue absolutamente incapaz de contener tanto la violencia, como la agitación social. Los ánimos se encontraban completamente desbordados, ante la mirada del gobierno federal, que tampoco se veía dispuesto a intervenir en lo más mínimo. La violencia tuvo que escalar pisando los cadáveres de varias personas muertas durante el conflicto, para que el Estado asumiera su deber de intervenir en el asunto.

Mientras todo esto ocurría, hubo también varias víctimas colaterales. Una de ellas, derivada de la derrota de la paz, fue el turismo. Todo aquello que tenía que ver, directa o indirectamente, con ese rubro, se vio totalmente detenido, ante el “destierro” —o el “no recibimiento”— de miles de turistas que dejaron de acudir a los destinos de descanso locales.

Miles de empleos relacionados con esa actividad se esfumaron; la industria turística vio atónita cómo todos sus pilares se derrumbaron. El gobierno estatal brindó parcialmente la mano para sobrellevar la crisis. Y una vez que ésta fue superada, todos parecieron olvidar aquel episodio que tantas lecciones debió haberles dejado no a ellos, sino a todos los oaxaqueños respecto a nuestra economía local.

DIVERSIFICACIÓN CANCELADA

Este año, como todos, existe “satisfacción” tanto en el sector oficial, como en la industria turística, por las cifras de derrama económica y ocupación hotelera y de servicios alcanzada. Los empresarios del ramo están en su derecho de sentirse satisfechos por ello. Pero el gobierno debería tener una visión más amplia, no para abandonar el fomento al turismo, sino más bien para establecer rutas alternas para nuestra economía.

El problema común ha sido que todas las apuestas se han hecho a un solo rubro. 2006 demostró que la inexistencia de un “plan B” tiene costos no sólo para quienes invierten y conducen la industria turística, sino que la mayor parte de esas consecuencias las enfrentan quienes se emplean en esas actividades que directamente atienden al turista, o que indirectamente dependen de éste.

Tal discusión debía ser no un tema de aburrimiento. Particularmente, si el nuevo gobierno ha manifestado su voluntad por escuchar todos los planteamientos y tomar como suyos los que revistan mayor trascendencia, bien deberían replantear ciertos factores de la economía para que Oaxaca deje de depender fundamentalmente del empleo gubernamental, y del turismo. No se trata, reiterando, de que se abandone a esta industria. Al contrario. Se debe estimular cada vez con mayor ahínco y recursos. Pero deberíamos no resignarnos a explotar, y a sentirnos orgullosos de una sola actividad, cuando está claro que una entidad como la nuestra puede tener varios y diversos polos para el desarrollo.

Seguir fomentando una sola actividad, parece hoy tanto como negar que Oaxaca tiene otros potenciales además del turístico, para sostener su economía. Habría que tomar con seriedad estos planteamientos, y comenzar también a transformar esa visión localista y reduccionista que dice que la nuestra puede ser únicamente una tierra de visitantes. No deberíamos darnos el lujo de que otra eventualidad, como la de 2006, nos lleve a colapsar de nuevo.

SUFICIENCIA, ¿POR QUÉ?

A pesar de su derrota y la complicada circunstancia que les espera, a prácticamente toda la cúpula priista se le ve despreocupada y, hasta confiada y suficiente. Es, dicen, una actitud que secundan de su Jefe Político. No entienden una circunstancia: él está tranquilo porque está a punto de terminar con la más importante de sus responsabilidades. Y al ocurrir eso, estará más allá de la circunstancia local. Pero ellos, su cúpula, se quedarán. Y absorberán la derrota. Y, confrontados, tendrán que actuar como oposición, sin recursos, sin poder, y sin reflectores. ¿No lo ven?

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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