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Trifulca en el Palacio Municipal: por ambiciones políticas

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En la sesión de Cabildo del pasado miércoles, ocurrió un enfrentamiento verbal, y potencialmente violento, que protagonizaron integrantes de la Unión Campesina Oaxaqueña y la asociación civil Juntos Resolvamos (JR). Dicha inconformidad tenía como reclamo aparente la falta de respuestas por parte de la autoridad municipal de Oaxaca de Juárez a varias de sus demandas. Sólo que, en el fondo, este hecho no es más que parte de una feroz disputa electoral entre las tribus perredistas que integran la coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca.

¿Qué ocurrió exactamente la mañana de anteayer en el Palacio Municipal? Que, justo cuando iba a iniciar la sesión semanal del Cabildo citadino, comenzaron a aglutinarse integrantes de las dos organizaciones antes citadas. Apenas había comenzado el orden del día y se habían desahogado los primeros puntos de la sesión, cuando el regidor de Gobernación y Reglamentos, Geovany Vásquez Sagrero increpó al encargado de la Presidencia Municipal, Miguel Ángel Bustamante Underwood, haciendo eco de diversos reclamos relativos a la falta de cumplimiento a compromisos que, según lo decía, se habían pactado desde hace varios meses.

En realidad, esos acuerdos tenían que ver con compromisos que la Asociación Juntos Resolvamos, que encabeza el diputado local por el PRD, Jesús Romero López, había hecho a la ciudadanía desde el año pasado, como parte de una campaña de posicionamiento con marcados tintes electorales. ¿De qué hablamos? De que, a finales de 2009, JR anunció que ellos, a nombre propio, realizarían trabajos de bacheo y algunas otras acciones de mejoramiento de las vialidades de la capital oaxaqueña, siempre que éstos le fueran solicitados por la sociedad civil.

En realidad, lo que Juntos Resolvamos estaba haciendo era prometer obras que luego habría de ir a pactar con el gobierno municipal. La intención de quedar ellos como los realizadores de dichas acciones, era la del evidente posicionamiento electoral que el diputado Jesús Romero ha buscado permanentemente, para tratar de involucrarse en la repartición de candidaturas al interior de su partido. Al igual que su pariente cercano Lenin López Nelio, la intención inicial del diputado Romero era la de conseguir el abanderamiento de la coalición opositora para disputar el gobierno citadino.

Esa es, en realidad, la razón por la que se desató una trifulca al interior del Palacio Municipal, que muy pocas veces se había visto durante la presente administración. Los conductores de la sesión (es decir, el encargado de la Presidencia y el Secretario Municipal), en realidad, demostraron tener muy poco oficio político, pues no fueron capaces de evitar los gritos y jaloneos que ocurrieron apenas iniciada la actividad de la Comuna, y tampoco encontraron el momento adecuado para dar por terminada la sesión antes de que los ánimos se desbordaran.

El resultado de todo esto, fue el desastre que ayer reportaron los medios electrónicos y escritos. Y todo por una ambición eminentemente política que explicaremos líneas adelante.

TIRAR A NERI

Apuntábamos que las inconformidades de Juntos Resolvamos y la Unión Campesina Oaxaqueña, fueron llevadas a la sesión se Cabildo por la voz del concejal Vásquez Sagrero. ¿Por qué él? Y sobre todo, ¿para qué encabezar ahora una discordancia tan poco clara y explicable como la que aquí se menciona? Todo tiene respuesta en los tiempos políticos actuales.

Como bien se sabe, el Regidor de Gobernación y Reglamentos pudo acceder al Ayuntamiento citadino por haber formado parte de la planilla del candidato a Presidente Municipal por Convergencia, Humberto López Lena Cruz. Ante la derrota, la primera minoría se integró con los candidatos a concejales por el Partido Naranja, Margarita García García, Bárbara García Chávez y Geovany Vásquez Sagrero.

De todos éstos, quien era la representación pura y total de los intereses del ex Abanderado y empresario radiofónico, era justamente Vásquez. Sólo que hace apenas unos meses, éste último tuvo un rompimiento fuerte con su hasta entonces mecenas, mentor político y patrón en el ámbito laboral, por lo que se declaró regidor independiente y abandonó el noticiero que encabezaba en una de las frecuencias de López Lena. Es decir, que quedó en un estado evidente de orfandad política.

Hasta antes de dicho rompimiento, la postura de Vásquez Sagrero era de choque total con la administración municipal, de extracción priista. Cuando se separó del interés político de Humberto López Lena, el grado de oposición, y hasta de acidez e impertinencia, que había demostrado en todas sus intervenciones dentro de las sesiones de Cabildo, disminuyó notablemente. Hubo, entonces sí y como nunca antes, votaciones favorables al priismo que él apoyó, considerando que eran “de beneficio” para la ciudadanía.

Si todo esto era así, ¿entonces por qué reactivar su postura de opositor total? Porque hoy, el regidor Vásquez Sagrero pretende trascender a su cargo actual, y lograr una postulación dentro de la Coalición opositora. Su objetivo es lograr la candidatura que prácticamente tiene en la bolsa el ex rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, como abanderado de la Coalición, para buscar la diputación por el distrito I, con cabecera en Oaxaca Centro.

Para lograr dicho objetivo, tal parece que el regidor Vásquez trabó alianza con el diputado Romero López. Por ello, el pasado miércoles, fue aquel quien encabezó las exigencias de la supuesta “organización ciudadana” que encabeza el Legislador local, y fue él quien se ubicó nuevamente como el opositor y denunciador de todos los excesos que comete el gobierno de la ciudad.

En realidad, todo tiene como telón de fondo la efervescencia electoral. Y las ambiciones de dos personajes —Vásquez Sagrero y Romero López— que buscan lograr, a través de la turbiedad y el escándalo, lo que limpiamente no tienen posibilidad de disputarle al ex rector Martínez Neri.

¿LA COORDINADORA?

Aseguran que desde que asumió la secretaría General en el Comité Estatal del PRI, María del Carmen Ricárdez Vela se volvió presa del descontrol, y hoy busca involucrarse y decidir en todas las tareas del partido y la campaña, sean o no de su incumbencia. Y luego se quejan de que en las tareas partidistas, todos quieren ser capitanes. Ahí, una muestra.

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Diputaciones priistas por el centro: ¿todo bien o todo mal?

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+ Disputa electoral real, la que ocurrirá en capital de Oaxaca

Está prácticamente definido el cuadro que competirá, en la capital de Oaxaca, tanto por las diputaciones locales como por la alcaldía. En apariencia, ninguno de los inminentes postulados para esas posiciones, parece encajar en la figura tradicional del personaje que asciende hasta una candidatura, a partir del solo trabajo partidista realizado en zonas populares. Habrá que ver, en el análisis de costos y beneficios, si tales decisiones benefician o perjudican a los partidos, y —lo que debería importarnos— a la composición de la próxima Legislatura del Congreso del Estado.

De acuerdo con altas fuentes de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, se encuentran plenamente confirmadas las próximas candidaturas de José Escobar y Martín Mathus Alonso a las diputaciones por los distritos locales I y XXII, que corresponden a la capital oaxaqueña y algunos municipios conurbados. Sus suplentes serán, respectivamente, el ex regidor priista José Luis Reyes Mota, y la concejal citadina, Elizabeth Acosta López.

En la contraparte, se encuentra prácticamente confirmada la candidatura a la diputación local por el distrito XXII, en la Coalición Por la Paz y el Progreso de Oaxaca, conformada por el PAN, PRD, PT y PC, del ex rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Francisco Martínez Neri. De acuerdo con fuentes del propio mando central de la Coalición opositora, sólo faltaría por definir la candidatura del distrito I, que hoy se debate entre los panistas Leslie Jiménez Valencia y Pablo Arnaud Carreño, y el convergente Bernardo Vásquez, entre algunos otros.

El común denominador, en todo esto, parece ser distinto al de las previsiones iniciales. En el ámbito priista, se esperaba que las candidaturas a diputados locales se definieran a partir del trabajo territorial en sectores populares, que han realizado personajes como Javier Villacaña Jiménez, o los dirigentes partidistas o sectoriales, Francisco Ángel Villarreal o Patricia Villanueva Abrajam. Entre los opositores, los potenciales designados habrían de ser quienes ya contendieron en procesos electorales anteriores y obtuvieron los resultados más aceptables.

Sin embargo, las decisiones finales parecen estar rompiendo con los esquemas preestablecidos. Y, al contrario de lo que podría pensarse inicialmente, no todo parece estar tan mal. Independientemente de que sean del priismo o la oposición, ninguno de los potencialmente postulados parece adolecer de la preparación y la capacidad de debate y propuesta, que tanto se necesita en un Poder Legislativo Estatal, tradicionalmente pobre, dominado y vertical, como el de nuestra entidad.

Esto, si lo vemos ya no desde la lógica de los partidos, sino del ejercicio de la labor legislativa, no parece tan abominable como algunos lo quisieran ver. Es prácticamente nada lo que las fuerzas políticas se han preocupado por postular a personajes como otras características que no sean la del solo arraigo popular y el manejo clientelar de ciertas masas de población votante. Reiteradamente, ese había sido el factor de decisión para las postulaciones del priismo. Y eso mismo es lo que —independientemente de su carisma, rentabilidad y funcionalidad como candidato para la fuerza política que lo impulsaba— hacía llegar a pésimos legisladores al Congreso del Estado.

NADA NOS GUSTA

¿Qué se puede pensar de personajes como Martín Mathus o, sobre todo, José Escobar Gómez? De entrada, que en el trabajo territorial del priismo tienen poca ascendencia; que carecen de una penetración importante en las grandes zonas populares que son las que entregan más votos al priismo; que, incluso, podrían ni siquiera conocer con exactitud el territorio que próximamente recorrerán. Quizá esto sea cierto. Pero habrá que ver cuál fue la razón para que el Revolucionario Institucional los considerara como abanderados.

Algo similar podemos preguntar de los posibles postulados por las fuerzas de oposición. Los antecedentes del ex rector Martínez Neri se encuentran fundamentalmente en el mundo empresarial, como un profesional exitoso, y en lo académico nada menos que como un dirigente y líder en la institución de educación superior más grande de la entidad. Sólo con excepción de Pablo Arnaud —que fue munícipe de la capital oaxaqueña entre 1996 y 1998, y que por tanto conoce buena parte de un distrito en el que, además, ya ganó una diputación federal en el año 2000—, los otros posibles abanderados tienen exactamente las mismas carencias de los priistas.

Dentro y fuera del priismo, no deberíamos ver tan mal el asunto. Los dos abanderados tricolores tienen ascendencia en sectores que no parecen estar representados en la próxima bancada priista, e incluso en toda la LXI Legislatura local. Escobar, si no es dominado por la soberbia vana del cargo legislativo, representará el interés de un sector empresarial que no tiene delegados importantes; Martín Mathus, por su parte, goza de una impecable reputación en el ámbito académico, es el único posible candidato a diputado que posee un grado de doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, si no cae en el mismo error de la soberbia, habría de ser un elemento fundamental para el debate de altura y la propuesta razonada, en el Poder Legislativo del Estado.

Así, ninguno de estos personajes que postula tanto el oficialismo como la oposición, tiene ascendencias tan evidentemente negativas, como las de otros candidatos. ¿Se habría preferido, sobre todo esto, la postulación de un personaje como César Augusto Rivera Beltrán, que es “popular” por el dinero y las dádivas que ha repartido en su distrito electoral? Ese caso, particularmente, resulta patético no sólo por el personaje o las formas en cómo se encajó, con la fuerza del dinero, en una candidatura, sino porque revela que la dirigencia priista sigue siendo clientelar hasta consigo misma.

A CAMINAR

Así, si los potenciales postulados no tienen pleno dominio de sus posibles territorios, es momento de que comiencen a trabajar en eso. Tendríamos que comenzar a quitarnos de la cabeza la idea predominante, que el candidato a diputado es siempre el populachero personaje que, a fuerza de cañonazos de dinero y clientelismo, llega a la representación legislativa para que, ya estando ahí, haga nada… o se convierta en uno más de los diputados que trabajan sólo levantando el dedo.

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Encuestas: triunfalismo para nadie; contienda está cerrada

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+ PRI: en sus manos, evitar el crecimiento de sus adversarios

La noche del lunes, en el noticiero nocturno de Milenio Televisión, el periodista Ciro Gómez Leyva presentó una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, en la que el candidato de la Coalición por la Transformación de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña aventaja con 44.3 puntos, al candidato Gabino Cué, de la coalición PAN-PT-PRD- Convergencia, que resultó con el 39.8 por ciento de las preferencias. ¿Qué debemos entender a partir de ese y otros resultados dados a conocer en las últimas semanas?

Partamos de las reacciones de las fuerzas políticas. Aun cuando hasta la tarde de ayer no existía una postura oficial de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, ni del Abanderado de ese partido, parece claro que, particularmente, este resultado dado a conocer antenoche por Milenio los carga de optimismo y confirma lo que desde hace meses han tratado de hacer percibir: que independientemente del personaje postulado, la maquinaria electoral del priismo tiene la fortaleza suficiente como para hacer ganar a sus candidatos y reafirmarse en el poder.

Este resultado, además, tuvo efectos particulares en las fuerzas coaligadas de oposición. La misma noche del lunes, momentos después de darse a conocer los resultados, el candidato Cué Monteagudo fue entrevistado por el propio Gómez Leyva. En la conversación, el Abanderado de la Coalición opositora dijo no concordar con los resultados del muestreo, y aseguró tener encuestas más amplias, en las que él aventaja a los priistas. Ambos parecen estar en posiciones que no terminan de corresponder al momento en que se encuentra este proceso electoral. Veamos por qué.

Por principio de cuentas, parece claro que el triunfalismo priista no tiene fundamentos. Es cierto que el crecimiento exponencial que ha tenido el candidato Pérez Magaña en las últimas semanas —respecto a las mediciones que se realizaban cuando era aspirante y las actuales—, refleja en toda su magnitud el tamaño de la maquinaria priista. Sin ningún rubor, los priistas aceptaron postular al menos aventajado de sus posibles candidatos. Y es la combinación del arrastre propio del Abanderado, con la fortaleza del partido, lo que explica la reversión de sus propias expectativas y la ubicación en un sitio perfectamente competitivo.

En el lado opuesto, entre quienes integran la coalición opositora, no tendrían por qué existir las reservas que ya dejó ver su candidato. El primero y más reciente de los errores del candidato Cué, fue el de haber dado una doble importancia a una encuesta que más bien se ubica como un mero impacto mediático. La primera de esas importancias, porque esta es una más de las mediciones, y no un resultado determinante o trascendental para el proceso. Y la segunda, por el simple hecho de que —al igual que Parametría y los demás encuestadores de cabecera de la Coalición opositora—, ni el Grupo Milenio ni el Gabinete de Comunicación Estratégica, son dueños o tienen el monopolio de la verdad absoluta.

Si esto es así, ¿qué debemos rescatar entonces de esto?

LO REAL: LA COMPETENCIA

Dentro de la propia presentación de los resultados demoscópicos, Federico Berrueto, representante del Gabinete de Comunicación Estratégica, le aclaró a Ciro Gómez Leyva, que sus encuestas tenían un margen de error de +- cuatro puntos porcentuales. Es decir, que si se atiende a ello, y si se toma en cuenta que no son ni cinco puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro, lo que en realidad se reportó fue un empate técnico entre los candidatos Pérez Magaña y Cué Monteagudo.

Eso es lo que, en realidad, se debe rescatar como la importancia esencial de dicha encuesta. Es decir, que en el espacio previo al arranque formal de las campañas, ninguna de las dos fuerzas políticas alcanza a ser predominante sobre la otra, que ningún resultado está predicho como inamovible; y que, por tanto, tendrá que llegar el día de los comicios para tener un esquema claro de qué es lo que en realidad ocurrió.

No debería ser un éxito, sino todo lo contrario, que aún después de seis años de hacer campaña permanente, el candidato Cué Monteagudo no tenga la capacidad de rebasar con amplitud a sus oponentes, que están basando todo a una acción casi mecánica de concentración electoral, y que postularon justo al Abanderado que la coalición opositora deseaba.

En la contraparte, sin embargo, este resultado tampoco debería ser el éxito rotundo que se aparenta. El gobernador Ulises Ruiz es, hoy por hoy, el más experimentado y exitoso estratega electoral que tiene el Partido Revolucionario Institucional, y cualquier otra fuerza partidista en el país. Sus posibles candidatos a la gubernatura fueron fácilmente “doblados” y disciplinados no sólo para evitar la ruptura, sino para generar un proceso real de unidad. Y todos ellos trabajaron, en toda su magnitud, un inmejorable esquema de programas sociales que buscarían consolidar la presencia del priismo y su hegemonía total en este y todos los procesos electorales.

Si esto es así, ¿entonces por qué se topan con un empate técnico con sus adversarios? Evidentemente, para el PRI esto sí refleja un costo importante de lo realizado y determinado en su proceso interno, y por el desgaste natural que significa que un partido de grandes expectativas electorales gobierne una entidad como Oaxaca, que tiene tantos problemas. Sus números reflejan justamente eso. No la hegemonía total que tanto pregonan, aunque tampoco el supuesto hartazgo que tanto les señalan sus adversarios.

Así, habrá que ver en qué condiciones arrancan los dos candidatos luego de este espacio de silencio en el que se encuentran. Este mes de aparente inactividad electoral, habrá de ser la del bordado fino, en cada una de las fuerzas, de sus particulares poderes y representaciones fácticas. Quien haga un mejor trabajo al interior, será quien tenga el mayor sustento para salir a ganar los puntos porcentuales y los votos que hacen falta. Hoy, nada es lo que está escrito.

LOS QUE FALTABAN…

Si se materializan las candidaturas de Martín Mathus y José Escobar, la dirigencia de ese partido estaría dando el sustento que hace falta a un grupo de candidatos a diputados que no precisamente se caracterizan por un perfil político y profesional digno de presumir, y que más bien son ejemplo de la intriga y los padrinazgos que, según, iban a desaparecer.

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Gobernabilidad: esencial para no enturbiar planes priistas

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+ Evencio Martínez: paradojas de ser un factor para tricolor

Todo lo que resta del mes de abril, transcurrirá lo que comúnmente se ha denominado como el “tiempo muerto” del proceso electoral. Pero una vez pasado ese tiempo de veda, ocurrirá con gran fuerza el inicio de las campañas electorales. Ahora y durante los próximos dos meses, la preservación de la gobernabilidad será un factor esencial para quienes, desde el gobierno, tratarán de contribuir al triunfo del Partido Revolucionario Institucional. Es una paradoja que, en todo esto, el secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, sea un factor decisivo para una fuerza política con la que, según los antecedentes, nunca ha comulgado.

Es necesario ver este asunto por lo menos en dos vertientes. La primera de ellas, se centra fundamentalmente en lo riesgoso que es, para el proceso electoral, un periodo de inestabilidad política durante los meses que restan antes del día de los comicios. Particularmente, los “planes de triunfo” del Revolucionario Institucional se verían gravemente amenazados, o cancelados definitivamente, si en la carrera proselitista llegara a interferir un conflicto o un episodio de inestabilidad social.

¿De qué hablamos? De que faltan, en promedio, unos 80 días antes de la jornada electoral. Este par de meses por venir, habrá de ser todo menos un día de campo. Y no sólo para quienes tengan la responsabilidad de conducir o encabezar las respectivas campañas políticas, sino también para los que se quedaron en la nada sencilla tarea de preservar la paz social y la gobernabilidad del Estado.

Hay, cuando menos, tres factores que en estos meses podrían poner en riesgo los delicados equilibrios que hoy existen entre el Gobierno del Estado, y sus adversarios tradicionales. El primero de ellos, que con seguridad tendrá una particular crisis, es el de la negociación magisterial de mayo próximo. El segundo, tiene que ver con la manutención de las condiciones mínimas de prudencia en lo que tenga que ver propiamente con el proselitismo de los partidos políticos. Y un tercero, incluso, podría ser el de una reacción de factores hasta ahora no considerados, como el de los grupos sociales radicales o la guerrilla con presencia en el Estado. Veamos, en términos someros, por qué cada uno de esos factores debe considerarse, desde ahora, como riesgoso.

El Gobierno de Oaxaca debe, en el primero de los puntos, tener mucha menos confianza en la negativa de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a participar activamente en el proceso electoral. Esto significa que no tomará partido y que tampoco encabezará acción de proselitismo alguna a favor de las fuerzas de oposición. Sin embargo, esto tampoco debe tomarse como que ellos habrán de desentenderse de los tiempos, o que dejarán de jugar el papel de factor político esencial que ocupan en el contexto oaxaqueño.

Dentro de unas tres semanas, veremos cómo el llamado “magisterio democrático” hace presencia y juega sus propios intereses, a partir de la negociación de su pliego petitorio. Conducirán sus acciones paralelamente, y no en coordinación, con las fuerzas de oposición porque ambos grupos buscan el mismo fin, que es el de lograr gobiernos no priistas. Y de no conducirse adecuadamente, esto se convertirá en un problema grave no sólo para el gobierno, sino para el triunfo que el priismo pretende obtener en Oaxaca.

Y aunque ese es el factor más desequilibrante y cercano, no se deberían desdeñar los otros dos. Sería indeseable, y perturbador, que ahora se repitieran sucesos como los enfrentamientos de hace seis años en Huautla de Jiménez entre priistas y opositores, o el acoso por razones partidistas que, sin duda, trascenderían al calificativo de hechos aislados y se inscribirían a favor de las causas opositoras.

¿Y la guerrilla? El EPR, y con ello una decena de grupos guerrilleros, mantienen una tregua unilaterial, en las acciones de hostigamiento que emprendieron en 2008 para lograr la presentación con vida de dos de sus militantes que desaparecieron justamente en Oaxaca. La tregua podría romperse en cualquier momento.

Y… ¡¿EVENCIO?!

Este cúmulo de asuntos nada sencillos, se encuentran en manos de un no priista —y más bien, perredista perfectamente identificable desde siempre— que se llama Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y que funge como secretario General de Gobierno. Menuda singularidad la de este gobierno. Hay razones para afirmarlo.

Es evidente que el Gobierno del Estado no sólo está jugando, en el proceso electoral, la continuidad, sino también la existencia y hegemonía del régimen priista en la entidad. Para ello, es condición indispensable que nada enturbie o influya negativamente en el trabajo estructural que realiza ese partido para tratar de ganar los comicios. Empero, si esto es así, ¿entonces por qué poner en manos de una persona que tiene todo, menos antecedentes buenos, respecto a un desempeño eficiente y eficaz en el servicio público de primer nivel en el Estado?

La pregunta no es ociosa. Martínez Ramírez fracasó estrepitosamente en las tareas que se le encomendaron en la Procuraduría General de Justicia entre 2007 y principios de 2010. Su labor en la Secretaría General de Gobierno, en la medida en que la población se encuentra malamente acostumbrada al hostigamiento público de todo tipo de organizaciones sociales. Sin embargo, en los meses recientes particularmente, ha habido un incremento exponencial de los conflictos que el gobierno no resuelve sino hasta cuando ya ocurrieron bloqueos, toma de oficinas y perjuicios a las personas.

ENEMIGO, CERCANO

Quizá esto sea un problema mayor para el priismo. Evencio Martínez se encuentra rodeado de personajes que perfectamente pueden ser identificables como cercanos a la oposición, y que, en conjunto, tienen en las manos el control —o descontrol— de la gobernabilidad del Estado. ¿Todos ellos trabajarán para preservar una paz social, que le permita al Revolucionario Institucional afianzar sus posibilidades de triunfo? Quizá los tricolores tengan al enemigo en casa. ¿Lo habrán tomado en cuenta?

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PRI: ¿en qué radica su confianza sobre triunfo electoral?

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+ Factor territorial, ¿punto esencial que imitará oposición?

Ayer domingo, Eviel Pérez Magaña rindió formalmente protesta como candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. Al evento realizado en la Alameda de León, en la capital oaxaqueña, asistieron gobernadores, líderes políticos, diputados, senadores y aspirantes del tricolor a gubernaturas de otras entidades. Existe, dicen, confianza en ganar holgadamente los comicios de julio próximo, a pesar de que los resultados de las encuestas no les han dejado de ser adversas. ¿En qué basa su confianza el priismo de Oaxaca?

Según la lógica del priismo, este no es un asunto de efervescencias políticas ni de romanticismos democráticos, sino de una simple y fría relación numérica sobre la efectividad de las estructuras electorales. Para ellos, el asunto de las encuestas, más bien tiene que ver con percepciones establecidas fundamentalmente en las zonas urbanas, que no necesariamente se reflejan en las poblaciones rurales, que es en las que ellos obtienen más amplios márgenes de votación.

Así, un priista conocedor del alcance de sus estructuras y de la influencia que tiene la ingeniería electoral en un proceso comicial como el que ocurre en Oaxaca, más que a las encuestas, acude a los números. ¿De qué hablamos? De que, para ellos, es esencial el control territorial que tiene su partido —a través de sus representantes populares,  autoridades municipales y delegados partidistas—, de la geografía estatal, y en base a ello sostienen sus posibilidades de triunfo.

Existen por lo menos dos factores esenciales. Primero, que independientemente de la popularidad o aceptación que pudiera tener su candidato, el priismo se funda en una estructura electoral que funciona lo mismo por el clientelismo, que por la compra o coacción del voto, e incluso hasta en ciertos tipos de corporativismo en el llamado “voto rural” o “voto verde”. El segundo de esos factores, es que las más recientes reformas electorales (que eliminaron la preponderancia de los medios de comunicación como eje de toda campaña proselitista), devolvieron a los procesos electorales la territorialidad que habían perdido.

Si se toman en cuenta estos dos factores, es posible ver que, en efecto, quien tenga el control de más porciones de territorio, tendrá más posibilidades de trabajar electoralmente a favor de su partido. Si vemos el asunto independientemente de lo legal o ilegal —o moral o ético o legítimo— que esto pudiera ser, habríamos de darnos cuenta que por eso, aún en contra de las encuestas, el PRI sostiene no sólo su verticalidad, sino también el avasallamiento en sus decisiones internas, y sobre todo —y para sorpresa o decepción de muchos— sus posibilidades de triunfo.

Visto así, por tanto, el asunto parece simple. En el razonamiento priista, ellos tienen el control de más de cien municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. Esto, además de los 25 distritos electorales estatales y los 11 federales, con los que tienen igual número de diputados locales y federales. Sus programas sociales, unos o todos, cubren la geografía estatal. Y tienen una estructura de votación que, por sí sola, aporta un número determinante de votos al proceso electoral, independientemente de quién sea el candidato o si éste tiene un alto margen de popularidad y aceptación entre los votantes.

Por eso, dicen, a pesar de que las encuestas hoy arrojan resultados adversos para su causa, ellos ganarán los comicios mayores contratiempos.

¿COPIA OPOSITORA?

Un dato “revelador” que dan los priistas de cepa, sobre la predominancia de su partido, se encuentra en los municipios que controla la oposición. Dicen que son sólo dos los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Acción Nacional. Que son menos de 15 los que tiene en su poder el Partido de la Revolución Democrática, y nada lo que tiene el Partido Convergencia y el del Trabajo. Sin embargo, ante la lógica priista, habría que ir más allá.

Evidentemente, las fuerzas opositoras no vienen a Oaxaca predispuestas a la derrota, y tampoco vienen a ver si por la sola unión de membretes pueden hacer el milagro. En realidad, lo interesante de estos comicios locales, radica justamente en que todas las fuerzas políticas vendrán a medir sus potencialidades electorales visibles, pero también a poner en práctica, todas las dotes de la alquimia electoral que, a su modo, ellos también practican.

Confiadamente, el priismo desestima cualquier posibilidad de que en el territorio oaxaqueño la oposición haya construido estructuras de votación. Y dicen que, por eso, aún cuando el gobierno federal pudiera invertir grandes cantidades de dinero en el proceso electoral, no podrán derrotarlos. ¿Y qué hay de los recorridos que hizo Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de más de un año, por los 570 municipios del Estado?

Evidentemente, el tabasqueño no vino a constatar la pobreza, la marginación o la falta de servicios básicos que enfrenta la gran mayoría de la población en el Estado. López Obrador hizo presencia en Oaxaca para establecer contacto directo con quienes habrían de ser sus operadores en las redes ciudadanas que, en 2006, casi lo llevan a la presidencia de la República. En su momento, hace uno o dos años, se desestimaban los intentos del tabasqueño por la creación de una estructura electoral, que entonces no tenía posibilidad de ser alimentada económicamente.

Hoy, sin embargo, la alianza que establecieron los partidos de izquierda con quienes controlan el gobierno federal, abre las posibilidades —como lo hemos establecido reiteradamente— de que se combinen no los membretes, sino las estructuras de votación y la operación electoral que controlan los primeros, con el acceso a grandes cantidades de dinero y recursos en especie que tienen los segundos. Por eso, aún cuando ese conjunto de partidos opositores parecen tener una mera posición representativa en Oaxaca, ellos también sostienen con seguridad que pueden ganar los comicios. Así, no será la democracia lo que se ponga a prueba, sino las mejores prácticas de la ingeniería electoral.

¿ELECCIÓN DE TRÁMITE?

Esta, es cierto, puede ser una elección de trámite para el priismo. Pero si éstos confían todo a su estructura, desestiman los efectos mediáticos que envuelven a la contienda, y minimizan el trabajo opositor, es evidente que podrían llevarse sorpresas.

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Renaut: Fracaso al otro lado de la línea

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Uno de los principales resolutivos del Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Justicia y la Seguridad, celebrado en agosto de 2008, fue el de la creación de un registro nacional de líneas de telefonía móvil. La razón, era que la mayoría de los ilícitos que se cometían a través de las telecomunicaciones, se realizaban a través de llamadas provenientes de teléfonos celulares. Todos, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión, estuvieron de acuerdo en establecer ese registro, ponerle plazos fatales y establecer sanciones ejemplares a quien no cumpliera con la ley.

Han pasado 20 meses desde entonces, y estamos en el umbral del fin del plazo dado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, para que las más de 80 millones de líneas de telefonía móvil que existen en el país, completaran su registro. Hasta ayer viernes, y de acuerdo con datos oficiales del propio Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), no habían sido más de 54.7 millones de números los que habían sido incorporados al padrón. Así, alrededor de un 34 por ciento del total de usuarios en el país (algo así como 25 millones de líneas celulares activas) se quedarían irremediablemente sin el servicio, a partir de las cero horas de mañana domingo.

¿Por qué tanto problema, por algo aparentemente tan sencillo? Primero, porque el plazo fatal dado por el gobierno federal y la Ley, para el registro de las líneas, dejaría sin servicio a más de 25 millones de usuarios, que una vez cumplido el plazo no tendrían ni comunicación ni tampoco la posibilidad de recuperar su número o de registrar extemporáneamente su línea. Es decir, que un número no registrado hasta hoy habría de desaparecer definitivamente.

Pero hay más. Ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la Comisión Federal de Telecomunicaciones, expidieron en tiempo y forma, ni han explicado con claridad, quién, cómo y bajo qué condiciones se resguardarán las bases de datos de lo hasta ahora recopilado por el Renaut.

Desde el pasado 16 de marzo, en su columna Plaza Pública de Reforma, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa alertaba sobre la ausencia de un reglamento específico para el almacenamiento, conservación y protección de los datos del Renaut. Y, también, se hacía partícipe de la desconfianza ciudadana que prevalecía sobre dicho registro. Apuntaba que “Si no hay reglamento, no puede haber confianza. El Grupo Reforma realizó el 11 de marzo una encuesta nacional telefónica entre quienes no han registrado su celular, y encontró que el mayor porcentaje de quienes están en ese caso ha sido movido por la desconfianza. Yo no fui interrogado pero figuraría en esa porción de los usuarios morosos y desconfiados. Me preocupa que el mal uso, doloso o culposo, de esa información sirva al propósito contrario al que llevó a establecer el registro, y que delincuentes tengan a su alcance el más completo directorio de usuarios a los cuales agredir.”

Incluso, basado en datos fidedigno, el columnista Granados Chapa fue más allá al señalar que “el Grupo Reforma no sólo realizó la encuesta. Hizo comprar cinco celulares en el DF y Guadalajara. Supongo que de modo inocente y no sarcásticamente, los adquirió a nombre de Genaro García Luna, el secretario federal de Seguridad Pública. Sin cumplir los requisitos establecidos por la ley los aparatos fueron registrados a pesar que no los compró la persona cuyo nombre fue citado. De no ser porque se les desactivó una vez concluido el experimento periodístico, esos aparatos hubieran podido servir para llamadas de cualquier índole atribuibles a García Luna. Lo mismo pude ocurrir con aparatos robados no reportados inmediatamente.”

Esta es, sin duda, apenas una parte del potencial fracaso que podría ocurrir en el Renaut si no se buscan mecanismos sólidos para complementar la confiabilidad de los datos hasta ahora establecidos, y la certeza que debería existir sobre los mismos. La otra parte del problema, ocurre frente a las disposiciones legales. La SCT ha reiterado que cancelará todas las líneas que a partir de mañana no cuenten con registro. Las compañías telefónicas han comenzado el desafío legal, esgrimiendo razones y argumentos nada despreciables. Y al final, nadie sabe bien a bien qué ocurrirá con el combate a los ilícitos que se cometen a través de las líneas telefónicas, que es el origen de todo este asunto que tiene entrampado a un sector importante de la economía nacional.

TELEFONÍA MÓVIL,

SIN CONFIABILIDAD

Desde que apareció el servicio de prepago en la telefonía móvil, y se redujeron los precios del mismo para hacerlo más accesible al gran público consumidor, en México se volvió extremadamente fácil tener una línea de telefonía móvil y usarla libremente para cualquier fin, lícito o no.

Hasta antes del establecimiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, adquirir una línea tenía un costo no mayor a 120 pesos; la compañía operadora de la misma, no tenía el requerimiento de solicitar al cliente algún dato de identificación. Algunas empresas, como Telcel, sí llevaban a cabo ciertos registros, pero eran únicamente para sus archivos internos, y sin tener la posibilidad de verificar que los datos que proporcionaba el usuario de la línea fueran fidedignos. Así, en este contexto, fue como proliferó una galopante industria ilícita de la extorsión telefónica.

Hoy, no es exagerado afirmar que en la gran mayoría de las familias mexicanas que habitan en zonas semirurales y urbanas, ha habido por lo menos un caso de extorsión telefónica en tentativa o consumada. La gran mayoría de estos ilícitos, según tiene detectado la autoridad, se cometen desde las prisiones y utilizando teléfonos celulares que eran introducidos ilegalmente. Era imposible dar con los usuarios reales de las líneas, porque no existía un registro confiable de en manos de quién se encontraban las mismas. Y por esa razón, aún con la actuación de la autoridad, los delincuentes tenían carta libre para continuar utilizándolas sin ninguna cortapisa.

Por esa razón, este fue uno de los acuerdos a los que se llegó en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que se firmó en agosto de 2008, ante la conmoción nacional por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, y las evidencias notables de que en ese hecho habrían participado elementos policiacos federales y de la capital del país. La disposición, en un primer momento, dejó satisfechos a todos los participantes del acuerdo, que consideraron que esa sería una salida viable al problema de la mala utilización de las líneas de telefonía celular.

REGISTRO

CUESTIONADO

Una vez puesto en marcha, y hasta hace unas semanas, no eran ni 40 millones de líneas las que se habían inscrito en el Renaut. Una fuerte campaña de promoción del registro, y de alerta a los usuarios, fue lo que llevó a éstos a elevar el nivel de registro, hasta los casi 55 millones que había hasta este fin de semana. Hubo quien no registró su línea por desconfianza o por otras razones, que pronto veremos que se esgrimen ante las autoridades, si las compañías telefónicas cumplen con su decisión de no cancelar el servicio a sus clientes incumplidos con esta obligación legal.

Ayer viernes, a través de un comunicado, Telefónica Movistar anunció que “no cancelará las líneas de sus clientes que no se hayan dado de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) dentro del plazo legal establecido y que vence mañana (hoy) sábado.

Telefónica argumentó que pese a que se trata de un mandato de ley, “las telecomunicaciones son un servicio de interés público protegido por la Constitución que no puede ser negado a la población, y que por ello, “Movistar no perjudicará a la clientela que no registró su celular. Una cantidad significativa de personas de menores ingresos no se registró porque no cuenta con la CURP (Clave Única de Registro de Población) y en algunos casos no tiene siquiera acta de nacimiento. En otros casos, el grado de ignorancia digital que desafortunadamente existe le impide a algunos usar el método de registro a través de mensajes cortos”, sostuvo.

EL ATRASO, EN TODO

El Renaut, así, está topándose con una dura pared que podría llevarlo al fracaso. Si, como dice Granados Chapa, es posible que cualquier persona registre una línea a nombre de otra, y que esta pueda ser la referencia de la autoridad para perseguir delitos, el registro será un fiasco; si, como lo dice Telefónica, ellos mantendrán su servicio a quienes no cumplan, porque éste tiene limitaciones como el de la heterogeneidad de la CURP, entonces la exigibilidad del registro estará en entredicho, y con ello, también la finalidad misma de la disposición.

¿Cómo enmendar estos escollos? La autoridad tiene que plantear soluciones de mediano y largo plazo que hagan exigible la identidad real de todo aquel que tiene un teléfono celular, y que hagan confiable todo lo relativo a la seguridad de los datos proporcionados. El problema de las excesivas libertades que se han prohijado en el sector, no será remediado en un solo año ni con una sola medida legal. Independientemente de cuál sea el desenlace de esta historia, que parece condenada al fracaso, se debe pensar en qué sigue. Sin eso, toda esta discusión no será más que una mentira.

Derechos humanos: a pesar de todo, más vigentes que nunca

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+ Reformas constitucionales: por una salvaguarda más efectiva

A pesar de que en los cursos clásicos del derecho constitucional básico, se menciona siempre que la parte del Texto Constitucional en el que se establece el capítulo de las garantías individuales tiene el nombre de “dogmática”, lo cierto es que aquel es un conjunto de derechos que se encuentran en constante dinamismo, y que, a pesar de las resistencias de la práctica del poder, tienen un desarrollo ascendente. Prueba de ello son las recientes modificaciones a la Constitución federal, que están en proceso de ser aprobadas y adquirir el carácter de norma vigente.

¿De qué hablamos? De que, apenas el pasado jueves, el Senado de la República aprobó con 96 votos a favor las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, para elevar a rango constitucional la defensa, protección y promoción de los derechos humanos así como su salvaguarda, incluso en una declaratoria de estado de excepción. De hecho, el dictamen aprobado modifica el nombre del capítulo primero de la Constitución Política, el cual se denominará “Los derechos humanos y sus garantías”, con lo que, por primera vez en la historia constitucional del país habrá un reconocimiento expreso de lo que conocemos por garantías individuales, pero que más bien tienen el nombre contemporáneo de “derechos humanos”.

Esta reforma habrá de ser trascendental. Aunque nuestra Constitución mexicana fue una de las que marcó la pauta a nivel mundial en la práctica del constitucionalismo, al contemplar de manera específica los derechos sociales (o de “segunda generación”, como los refieren en el mundo académico), hoy nuestra Carta Fundamental presenta diversos rezagos que necesariamente deben ser modificados para prever mejores mecanismos ante posibles casos en los que los derechos fundamentales pudieran estar en riesgo.

Uno de ellos, que es el que esencialmente el que se protege con esta reforma, tiene que ver con la posibilidad de que el Presidente de la República, en uso de sus facultades, declare un estado de excepción. ¿Qué es eso? El artículo 29 constitucional actual, da la pauta. De acuerdo con el numeral, son “los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Dicho Estado de Excepción, sólo puede ser declarado por el Ejecutivo Federal para “suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”, estableciendo como única limitación, que dicha suspensión sea por un periodo corto de tiempo.

Sin embargo, tal y como se encuentra en su redacción actual, las garantías que pueden ser suspendidas pueden ser las mínimas, pero también todas; esto, porque la decisión y el alcance de ésta queda al arbitrio y a la discrecionalidad del Jefe de la Nación, pudiendo con ello ocasionar perjuicios a la población, si dichas facultades se exceden o suspenden también garantías que se encuentran protegidas por el marco jurídico internacional sobre derechos humanos, al que se ha adherido nuestro país en las décadas recientes.

LA REFORMA,

¿Y QUÉ SIGUE?

De acuerdo con información del periódico La Crónica, difundida ayer viernes, “las reformas establecen un paquete de garantías que no podrán ser suspendidas aún ante una declaratoria de estado de excepción: el derecho a la no discriminación, el respeto a la vida, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, al nombre, a la protección de la familia, la nacionalidad, los derechos e los niños, los derechos políticos, la prohibición de la esclavitud, las libertades de conciencia y de religión. Tampoco podrán ser suspendidas garantías como la protección a la persona, la libertad de pensamiento, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición a la desaparición forzada de personas y la prohibición a la tortura.”

¿Eso qué significa? Que sólo podrán establecerse ciertas limitaciones que no implicará la suspensión de las garantías que son inherentes al ser humano, a la libertad y a la dignidad humana. Por eso, se establecen limitaciones a la personalidad jurídica, a la integridad, a la libertad de pensamiento, al principio de legalidad y debido proceso, y la prohibición expresa de toda forma de discriminación, desaparición forzada, esclavitud y tortura.

Este es, sin duda, un triunfo de los derechos humanos y de la legislación internacional sobre la materia. Aunque el Senado de la República inició este proceso como parte de la Reforma Política que actualmente se impulsa en el país, lo cierto es que estas reformas son parte de una presión internacional para que México continúe adecuando sus normas internas a la legislación internacional, que otorga mayores beneficios y protección a los derechos humanos.

Esto es más que evidente. Diversos tratados, acuerdos y pactos internacionales establecen, por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte; en el Pacto de San José, México se adhirió a esa disposición, y también se comprometió a eliminar de su Constitución dicha penalidad y a no volverla a estipular nunca. Algo similar ocurre con las reformas al sistema penal y al de justicia para adolescentes. Éstos tampoco podrán tener regresiones, sino adecuaciones para su perfeccionamiento.

Así, estas reformas potenciales a la Constitución son parte de ese mismo proceso. Las libertades y garantías que estarán garantizadas aún ante un posible estado de excepción, están ya protegidas por normas internacionales que tienen aplicación y fuerza en nuestro país. Por eso, para estar en concordancia, la Constitución federal paulatinamente ha comenzado a hacer registro de dichos avances, y ha cumplido con sus acuerdos al hacerlos parte del derecho interno.

DERECHOS HUMANOS

Así, ¿Cómo negar la importancia actual de los derechos humanos? Esto no es parte de un dogma sino de una realidad que es plenamente visible y perceptible, y que debe de continuar en una evolución que, como tal, debe ser ascendente. Se debe buscar una salvaguarda cada vez más efectiva a los derechos fundamentales. Y, aunque eso parezca un idealismo, todo debe comenzar por la ley.

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Señalamientos sobre Elección de Estado: todos tienen razón

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+ Oaxaca seguirá siendo el referente nacional sobre comicios

Conforme pase el tiempo, arreciarán los señalamientos de que en Oaxaca ocurrirá lo que denominan como “una elección de Estado”. ¿Qué significa eso? Y, sobre todo, ¿por qué unos y otros lo aseguran? La respuesta a esas dos preguntas, necesariamente debe llevarnos a comprender por qué nuestra entidad es y seguirá siendo un referente obligado sobre los procesos electorales en el país. Lo que aquí ocurrirá, en ningún sentido tiene algo para presumir.

¿Qué es una elección de Estado? En la construcción de un concepto más o menos teórico, tendremos que entender que ello ocurre cuando, en un territorio, el conjunto del gobierno y el partido de Estado, ponen a funcionar los mecanismos aparentemente democráticos para legitimarse durante un periodo más en el poder. Una elección de Estado implicaría la ausencia total de competencia, y la simulación en el cumplimiento de los principios democráticos más básicos, para la consecución de los objetivos.

Así, podemos ver, de entrada, que ni en Oaxaca ni en el país, ocurren hoy elecciones de Estado, porque no existen gobiernos homogéneos, porque las fuerzas de oposición no son decorativas, porque no existen partidos de Estado, ni las competencias democráticas no son simuladas. Deberíamos, por tanto, ubicar con mayor exactitud qué es lo que ocurrirá en un territorio tan emblemático como Oaxaca en relación al proceso electoral que se desarrolla.

Históricamente, el Revolucionario Institucional no fue un partido de Estado, sino que más bien, el PRI fue el ente emblemático del régimen de partido hegemónico, que prevaleció en el país desde los años 30 hasta casi finalizar la década de los 90s, en el siglo pasado. Al acentuarse la competencia electoral y los triunfos por parte de fuerzas de oposición, el sistema político comenzó a pluralizarse; y eso fue lo que, en el ámbito federal, permitió la alternancia de partidos en el poder a partir del año 2000.

Tal parece que Oaxaca no pasó por dicho proceso. Aquí, hasta ahora y desde que el priismo —o sus antecesores— obtuvieron el poder por primera vez, no ha habido un gobernante de filiación partidista distinta, como tampoco mayorías legislativas. Lo más que llegó a haber, en algún momento, fueron los triunfos opositores en algunos de los gobiernos municipales más importantes del Estado. Pero nada más. ¿Qué significa todo esto?

Que, en el ámbito estatal, el priismo tiene un control casi total de las definiciones partidistas y de los procesos políticos. Esto es lo que casi siempre podemos ver: aquí, hasta ahora, existe un gobernante políticamente fuerte, que además cuenta con el respaldo incondicional —o la sumisión— de los poderes Legislativo y Judicial, y que controla estructuras electorales importantes a las que puede manejar a través de los recursos del Estado que, por la vía que sea, canaliza para esa causa.

Este nivel de control, por lo tanto, le permite influir de modo decisivo en las definiciones políticas tanto de su gobierno, como de los demás poderes y, sobre todo, de su partido. Así, más allá de los nombres, el gobernante local tiene la posibilidad holgada de ser el fiel de la balanza, el gran elector y el árbitro último, asimismo reprendedor que benefactor, de todos aquellos que comulguen o no con sus intereses, con su proyecto, y con su causa política.

DESEQUILIBRIOS

COMPARTIDOS

Sin embargo, aún con esto estamos lejos de poder llegar a una situación de un partido o de una elección de Estado. ¿Por qué? Porque, nos guste o no, en el ámbito federal ocurre algo parecido. Veamos.

Al menos ahora, fue desde las más altas esferas del gobierno federal que se construyó la alianza de partidos de oposición, en la que participan lo mismo fuerzas de derecha, de izquierda, y de falsa izquierda. La importancia que reviste esta alianza poco o nada tiene que ver con la unión formal de las fuerzas políticas. Éstas, en el ámbito nacional son irrelevantes para unos comicios locales, y en el ámbito local, esas fuerzas partidistas son meramente representativas.

Por ello, su importancia electoral radica en otros puntos no menos importantes. ¿Cuáles? Todo se basará en que unos pondrán amplios presupuestos de dinero obtenido de las arcas federales, o derivados del producto de las compras que hace a particulares el gobierno de la República; y que otros, con menos dinero pero con más conocimiento de la operación electoral, habrán de venir a hacer el trabajo de estructuras electorales, compra de voto y demás, que las fuerzas partidistas formales que integran la alianza, no saben, no pueden o no quieren hacer.

Esto, a la luz de los hechos, equipara a las dos fuerzas que habrán de enfrentarse. Si se niega la intervención de uno de los dos ámbitos de gobierno en el proceso electoral, necesariamente tendrá también que negarse la presencia del otro. Esto mismo, en sentido contrario, significa que si un gobierno estará presente e interviniendo activamente en el proceso y las definiciones políticas, también estará el otro tratando de hacer la contraparte. Y, en ese escenario, habrá de ganar no quien tenga la mejor oferta democrática o de gobierno, sino quien haga la mejor uso de los recursos a su alcance, y de la operación de ingeniería electoral que será el factor definitivo.

Así, es imposible hablar de una elección de Estado; o más bien, podría decirse que esta será “una elección de Estados”. O de gobiernos. En la que se enfrentarán no dos fuerzas partidistas únicamente, sino dos entes superiores que tratarán de hacer, aquí, el primer ensayo de lo que buscarán en los comicios federales de 2012.

El PRI, por razones “morales”, y por su propia supervivencia, está obligado a no perder Oaxaca. El PAN, hoy aliado con el PRD, vienen a luchar electoralmente bajo la lógica de que juntos superan numéricamente con amplitud a los tricolores. Y como en los comicios federales el enemigo a vencer será el PRI, para ellos éste será el preámbulo de sus retos futuros.

ENCUESTAS

Las encuestas no son un método fiable para prever resultados electorales. ¿No sabían de antemano en el PRI que habían postulado a un candidato que tiene otras cualidades, pero no la de haber sido el mejor posicionado electoralmente? Lo acepten o no, respecto a los números tienen ante sí un problema mayor que en muy poco tiempo tendrán que revertir. Aguas.

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Transporte: excesos no se resuelven con endurecer las penas

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+ Ante incrementos, nadie ha cumplido con acciones pactadas

En México, es una práctica común que, ante la alta incidencia en la comisión de algún delito o práctica indebida, se anuncie el “incremento de las sanciones penales” como medida de disuasión. Este remedio siempre funciona, porque de ese modo la autoridad apacigua a los ciudadanos inconformes. Pero al final, este tipo de acciones siempre van encaminadas al fracaso. Eso es exactamente lo que habrá de ocurrir en el anárquico e impune sector del transporte público en Oaxaca.

Veamos el asunto con detalle. ¿Qué hace el conductor de una unidad del transporte urbano, cada que daña otro vehículo, un inmueble, o cuando atropella y mata a una persona? Decide abandonar el autobús y huir del lugar. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que se convierte en un prófugo del que, en la mayoría de las ocasiones, la autoridad desconoce hasta su identidad. Cuando algo así ocurre, los asesores jurídicos de las líneas camioneras acuden casi de inmediato ante el Agente del Ministerio Público que conoce del hecho, únicamente para rescatar la unidad —que se encuentra retenida sólo como objeto afecto—; y de ahí en adelante todos los involucrados se olvidan de lo que debería ser lo más importante: la víctima.

¿Qué pretendemos decir con esto? Que mientras en el Poder Legislativo y la autoridad del Gobierno del Estado, se considere que con el solo endurecimiento de sanciones administrativas y penales este problema se resolverá, seguirán estando en la equivocación y en la ignominia. Ese tipo de medidas, que indirectamente ya existen en la actualidad, han demostrado no tener efecto alguno en el ánimo, la honestidad y la prudencia de operarios y concesionarios del transporte público.

Veamos si no. De acuerdo con el Código Penal vigente se establece un tratamiento y penalidades especiales para quien cometa homicidio culposo siendo operado de unidades del transporte público de pasajeros o escolar. En realidad, no son las penalidades sustantivas las que se ven incrementadas, sino más bien, lo que se establece son medidas para evitar que el responsable de un homicidio de estas características obtenga su libertad a través del pago de una caución. En otro numeral de dicho Código, también se establece que el bien lícito con el que se comete el delito, sea o no propiedad del sujeto activo del delito, quedará afecto para garantizar la reparación del daño ocasionado.

¿Esto ha servido? De nada en realidad. Y hay una razón lógica para asegurarlo: el conductor de una unidad del transporte público, en su andar cotidiano, nunca va pensando o considera que la norma penal establece duras sanciones en su contra si atropella y mata a un peatón. Más bien, su pensamiento se encuentra centrado en otros problemas que no son ese. Y sólo toma en cuenta este último punto en el indeseable caso de encontrarse en el supuesto previsto en la ley. Antes no. Por lo que no lo considera como un límite o una amenaza.

¿Y por qué huye del lugar del accidente? Primera, porque todo conductor de un autobús de pasajeros sabe que de ser aprehendido no podrá recobrar su libertad; que la empresa para la que trabaja sólo responderá por la unidad, pero no por él —y ni siquiera le brindará la ayuda básica, como el sostenimiento de un salario fijo del que no goza, o asesoría jurídica—; y porque ante una autoridad permisiva, es mucho más fácil evadir la ley y adherirse a la impunidad —que casi siempre le gana a la justicia—, que enfrentar las consecuencias de su imprudencia al conducir.

¿Y LAS VÍCTIMAS?

Por esa razón, si de verdad desean responder con soluciones de fondo a este problema, tanto los diputados del Congreso del Estado, como los representantes del Gobierno del Estado y los mismos concesionarios del transporte público, deberían ir más allá. El solo hecho de incrementar las penalidades para el transporte incumplido o riesgoso para la sociedad, resolvería lo mismo que cuando, en el ámbito del derecho penal, se decidió incrementar las penas a los violadores, a los pederastas o a los distribuidores de pornografía infantil para tratar de disminuir la incidencia de esos delitos. No se resolvió nada.

¿Cuál es la solución? Primero, que todos los involucrados cumplan al pie de la letra tanto las leyes como los acuerdos que se han tomado. En diciembre de 2008, cuando el Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Transporte, determinó autorizar un incremento a la tarifa, los transportistas se comprometieron a tener, como una de sus más altas prioridades, la de la capacitación a sus conductores para brindar una mejor atención a los pasajeros y para tener más pericia en la realización de su labor, la contratación de seguros para las unidades y para los usuarios, y la renovación de sus unidades. Quizá ha ocurrido esto último parcialmente. Pero los muertos, heridos y daños ocasionados por los autobuses urbanos de pasajeros, siguen siendo los mismos, y continúan estando en el mismo marco de impunidad que antes.

Poco o nada es lo que unos y otros han pensado respecto de las víctimas del transporte público. Con nada se restituye un daño o lesión permanente; nada paga la vida de una persona que muere bajo las ruedas de un autobús de ese tipo. Y mientras, todos ven por sus propios intereses.

Ayer mismo, en una nota publicada por el periódico Noticias, el empresario Erasmo Medina Ángeles ¡acusaba al Gobierno del Estado de ser quien ha incumplido los acuerdos pactados! Decía que ellos sí cumplieron al renovar las unidades y pasar las revisiones correspondientes (lo cual contradice a José Luis Bustamante, quien hace una semana dijo a TIEMPO que sólo 6 de las casi mil unidades han acudido a las verificaciones), pero que desde 2008 el sector oficial no les ha autorizado los incrementos anuales de 50 centavos al precio del pasaje, como lo habían pactado.

DESFACHATEZ

Ante esto, tenemos que preguntarnos si también la impunidad y la anarquía eran parte del trato. El gobierno estatal jamás informó públicamente que, como lo dijo Medina, habían pactado incrementar el costo del pasaje en 50 centavos cada año, a partir de 2009. Y si ellos no cumplieron, los concesionarios tampoco. ¿Eso lo van a remediar con leyes? Por favor. Necesitan voluntad, arrestos y autoridad. Pero, está visto, nada de eso tienen.

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