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UABJO, doblegada por corrupción y porrismo

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La situación de la UABJO no acepta puntos medios. A pesar de ser una Universidad con gran vocación y tradición nacional en la formación profesional de hombres y mujeres importantes para el país, hoy se encuentra en una situación deplorable. En ella, los intermedios no existen, porque así como desde algunas perspectivas se pretende demostrar su avance en cuanto a la formación académica y la aportación al desarrollo de Oaxaca, las manifestaciones brutales tanto de la violencia, como del porrismo y los vicios de la corrupción, muestran fehacientemente que la nuestra no es hoy una Universidad que vaya por buen camino.
El contraste entre los dichos y los hechos, revela una Casa de Estudios prometedora pero también desesperanzadora. De acuerdo con cifras oficiales de la propia institución, en el ciclo escolar actual, se encuentran inscritos 27 mil 75 estudiantes, en las diferentes escuelas, facultades y centros de estudios de esa Institución. De ese total, casi 20 mil se encuentra cursando alguna de las 17 licenciaturas que ofrece; 6 mil 600 son alumnos de nivel medio superior, y menos del dos por ciento del total de la población estudiantil cursa niveles de postgrado, como especialidades, maestrías y doctorados.
De acuerdo con lo dado a conocer por el rector Rafael Torres Valdez en el único informe de labores que ha rendido ante el Consejo Universitario, y cuyo texto se encuentra disponible en el sitio oficial de internet de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, durante su gestión “hemos logrado duplicar el número de programas educativos de calidad, ya que pasamos de un total de 7 programas evaluados por los CIEES en el nivel 1 de calidad en el 2007, a 14 programas en el año 2008, lo que representa un 57.3 por ciento de nuestra población estudiantil atendida en programas ubicados en el nivel UNO de calidad. En el mismo sentido, el número de programas educativos evaluados externamente por los diferentes organismos acreditadores registrados por el COPAES, aumentó radicalmente en el periodo que se informa. Pasó de tres programas educativos acreditados en mayo del 2008 a un total de ocho programas acreditados en junio del 2009.”
Así, lo que parecería es que para una universidad pública estatal, considerada la más importante e influyente de la entidad federativa en que se encuentra, estos números no sólo no son cuestionables, sino incluso tendrían que ser dignos de reconocerse. No obstante, al entrar en los detalles y el desglose de los mismos, además de combinarlos con la realidad cotidiana que se vive en la Universidad, podremos darnos cuenta que las cosas no son tan benignas como parecen.

CIFRAS CHOCANTES
Retomemos las cifras. La UABJO tiene una población estudiantil, total, de 27 mil 75 estudiantes. De ellos, 6 mil 683 pertenecen a las escuelas de educación media superior, y 19 mil 967 a licenciaturas. Sólo que, en cada uno de los casos, son sólo dos escuelas las que aglutinan a porcentajes muy altos de estudiantes, mientras que otras tienen niveles bajísimos. Veamos el contraste.
En el ámbito de las escuelas de instrucción media superior, sólo entre las Preparatorias 1 y 6, concentran a alrededor de cuatro mil alumnos, de los seis mil que conforman su población escolar. Siguiendo únicamente a los números. ¿Cómo entender que si existe una oferta académica en siete escuelas, sólo en dos se concentre más del sesenta por ciento del universo de estudiantes? Esto, en realidad, tiene una explicación que más bien está basada en la corrupción, el porrismo y la masificación, que la UABJO ni atiende ni reconoce ni combate.
Algo similar ocurre con las carreras universitarias. De los casi 20 mil alumnos que están inscritos en el nivel superior, casi 8 mil forman parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Algo así como el cuarenta por ciento de la población universitaria que cursa instrucción superior, y cerca del 30 por ciento de todos los estudiantes inscritos en la Máxima Casa de Estudios. Valga decir, que además de masificada, esa Facultad concentra altísimos niveles de atraso, violencia, inestabilidad y corrupción, que no tienen comparación con ninguna otra escuela de esa Universidad.
Ninguna de las acreditaciones con que cuenta la UABJO es, como popularmente se conoce, “patito”. Todas las certificaciones de calidad en la enseñanza y en los programas de estudios, las otorgan organismos regulados por la Universidad Nacional Autónoma de México, y por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es un despropósito considerar que esas acreditaciones son compradas, que son patito o que son expedidas por órganos que no tienen la legitimidad suficiente como para corroborar que, en efecto, la instrucción y los planes en que se basa la educación superior, son de vanguardia.
No obstante, tendríamos que preguntarnos que, si la mayoría de las Escuelas y Facultades de la UABJO están certificadas, entonces cuál es la razón de que su nivel académico sea tan bajo. Instituciones como la ANUIES pueden certificar los planes de estudio, e incluso la preparación y dedicación de profesores y alumnos, pero no pueden tomar como punto de referencia las convulsiones políticas o los procesos de inestabilidad. Seguramente los planes de estudio son de vanguardia. Pero las condiciones en que éstos se desarrollan son lo que empaña toda la labor constructiva de la institución.
Y es por eso mismo, que finalmente nadie cree que, en efecto, los planes de estudios y la calidad en la enseñanza estén certificados y sean competitivos nacionalmente. Porque desde fuera, sólo se ve la cotidianidad violenta de nuestra Universidad.

VICIOS, INTOCADOS
Quienes han tenido la Universidad bajo su control, se han negado sistemáticamente a emprender programas serios y drásticos en contra de vicios como la corrupción. De éste se desprenden otros males mayores para la Universidad, tales como el tráfico de calificaciones, la venta de servicios administrativos, la extorsión, el acoso sexual y, sobre todo, la lucha entre grupos de poder y el porrismo que agobia a la UABJO.
El caso paradigmático de todo esto, de nuevo, es la Facultad de Derecho. Aunque en su diagnóstico, plasmado en su informe de labores, el rector Torres Valdez considera que “con el reconocimiento de que el desarrollo en los procesos de evaluación de calidad es dispar, por la magnitud matricular y otros factores, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales promete emerger de sus crisis para incorporarse como programa educativo de calidad, convirtiéndola en el detonante que nos permitiría ingresar al Consorcio de Universidades Mexicanas”, lo cierto es que esa escuela está aún muy lejos de ser lo que sus autoridades pretenden aparentar.
La realidad de esa Facultad quedó constatada apenas hace dos semanas, cuando grupos de estudiantes se enfrentaron a balazos, unos para defenderse del intento de agresión y de recuperación de las instalaciones que tenían en su poder, y los otros para tratar de conseguir su cometido. El resultado de aquella refriega, fue de varios estudiantes lesionados, y una corresponsal nacional fuera agredida de un disparo de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores.
¿Por qué decir que la Facultad de Derecho es el ejemplo de la UABJO real? Porque es la escuela más masificada, que tiene una oferta académica desfasada en tiempo y en necesidad de profesionales en la entidad, que es la que mayormente se ha negado, o no ha hallado las condiciones adecuadas, como para abandonar sus recurrentes estados de crisis; y porque ahí es donde se han configurado de mejor modo todos los actores que, por medio del porrismo y la corrupción, desean tener el mayor control posible de los vicios y los defectos de la Universidad, que sin embargo son redituables en el campo de lo económico y de lo político para sus manejadores, pero altamente perjudiciales para la academia.
La masificación, por ejemplo, es sinónimo de desatención y de corrupción. Desatención porque no se han podido frenar los vicios, y corrupción porque las viejas prácticas indebidas, e ilegales, prevalecen libremente en esta Casa de Estudios. La administración central universitaria no ha tenido la atención y la ayuda suficiente como para emprender una tarea reformadora de mayor calado. No basta que en los documentos existan certificaciones de calidad en la enseñanza: esto debe verse y reflejarse en una mejor situación académica de quienes forman parte de ella.

MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS
La UABJO se merece ese calificativo. A pesar de que hoy es una institución plagada de vicios, inestabilidad y violencia, que son prohijadas por la infinita ineptitud y dejadez de su rector, el arquitecto Rafael Torres Valdez, también es cierto que la Universidad ha sido un semillero de grandes hombres y mujeres que han aportado mucho a la ciencia, las artes y la cultura de nuestro estado, en todos los tiempos.
Desde grandes médicos, arquitectos y abogados, hasta Gobernadores y Presidentes de la República, pasaron por las aulas de una Universidad, la de todos los oaxaqueños, que hoy se encuentra enfrentada y confrontada por grandes problemas y rezagos que no tendrán solución mientras exista la voluntad por tolerarlos y fomentarlos. La academia —que es constructiva pero silenciosa— es un parámetro de la UABJO. Pero para mal de todos, la violencia y la corrupción —que son ruidosas y nocivas—, también.


Caso de la Guardería ABC: la Corte de todos modos perdería

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+ Urgente, revisar facultad de investigación y sus alcances

Esta semana prácticamente quedó concluida la discusión y concretados los puntos de resolución, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al incendio de la Guardería ABC, ocurrido hace un año en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el que murieron 49 niños, y otro centenar resultó con lesiones y afectaciones a la salud, que en no pocos casos tendrán secuelas de por vida. Fuera cual fuera el sentido de la resolución del Alto Tribunal, de todos modos éste saldría mal librado del ejercicio de esta facultad.

Veamos el contexto jurídico de este asunto. Como bien lo sabemos, la facultad de investigación sobre presuntas violaciones graves a las garantías individuales, que tiene la Suprema Corte de Justicia, se fundamenta en lo establecido por el artículo 97 de la Constitución General de la República, que a la letra dice que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual…”

Así, en base a lo contenido en este precepto constitucional, en los últimos años la Corte ha conocido de diversos asuntos gravemente relevantes ocurridos en varias entidades federativas, siendo el gran parteaguas la resolución habida respecto a la matanza del paraje de Aguas Blancas, ocurrido en el estado de Guerrero en 1995. De ahí en adelante, la Corte ha conocido de otros asuntos en base a dicha facultad, siendo relevantes el de la intervención policiaca en San Salvador Atenco, Estado de México, y la actuación de las fuerzas federales y las autoridades locales de Oaxaca durante el conflicto magisterial y popular. Ambos hechos ocurrieron en el año 2006, y motivaron sendas resoluciones por parte de la Corte.

Tendríamos que preguntarnos qué utilidad teórica y práctica tiene esta facultad conferida a la Corte. En el ámbito de lo formal, parece claro que su importancia es fundamental para el control del poder público, y los excesos que se cometen en el ejercicio del mismo.

Aunque es objeto reiterado de descalificaciones, es evidente que dicha facultad no tuvo como fin dar más trabajo a la Corte o meterla en un brete, sino el establecer un mecanismo más —aparte de los otros que también existen en el Texto Constitucional, pero que este no es el momento para mencionarlos— para fomentar el equilibrio de poderes.

Se concibió, además, como un mecanismo de control, y se confirió a la Corte por la presunción existente de que el más alto Tribunal Constitucional y de Justicia del país, es un órgano del Estado mexicano con un alto sentido de responsabilidad y profesionalismo, que está integrado por personas preparadas, y que por tanto tiene un alto grado de legitimidad y calidad moral, que por ese solo hecho haría pesado y recriminante, así fuere en el ámbito moral o político, un señalamiento en contra de un poder o funcionario, por aparecer como responsable de la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.

Sin embargo, parece claro también, que más allá de lo teórico, la realidad práctica es harto distinta. Prácticamente ninguno de los casos que ha conocido la Corte en ejercicio de la facultad que ahora se comenta, ha estado desligado de fortísimos intereses políticos.

Faltaba más, si a quien la Corte le está controlando el poder, es nada menos que al Ejecutivo federal, y a los de las entidades federativas, que en nuestro sistema político son quienes acumulan más poder e influencia. Eso es lo que explica, en gran medida, los malos momentos que pasa el Alto Tribunal, cada que tiene bajo su responsabilidad un asunto de esta naturaleza.

ASUNTO RUIDOSO

Hace unas tres semanas, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio a conocer el dictamen previo de lo que sería su proyecto de resolución sobre esta facultad de investigación. El fallo parecía brutal: se fincaban responsabilidades morales, políticas y éticas, a 14 funcionarios y ex funcionarios, incluyendo al actual y al anterior director del IMSS y ahora Secretario de Comunicaciones y Transportes, y también al ex Gobernador de Sonora y al Edil de la ciudad de Hermosillo. Se proponía, también, denunciar el desorden generalizado y la falta de todas las precauciones posibles en cuanto a la regulación de las guarderías subrogadas por el Instituto. Y se hacía un largo recuento de las fallas encontradas en el desarrollo de la investigación.

Se tenía una altísima expectativa de que, por vez primera, un asunto como este sentara en el banquillo de los acusados, a funcionarios de primer nivel federal. Empero, casi todo lo importante fue rechazado por el pleno de la Corte. ¿Por qué? Porque la mayoría de ministros consideró que ellos no están facultados para fincar responsabilidades, y menos de tipo moral, político o ético. Y es que, en sentido estricto, quienes apoyaron esa postura tienen razón, porque expresamente la Norma no les confiere esa atribución. Sin embargo, lo que se esperaba es que hubiera una Corte menos legalista y más decidida a hacer prevalecer la justicia por encima del derecho.

Nada de esto ocurrió; aunque el Pleno de la Corte fundamentó sólida y sobradamente los argumentos de los que se valió para su resolución, ésta ha sido duramente cuestionada por quienes, con toda razón y justicia, esperaban de ellos un fallo más arrojado y más recriminador en contra de todos los que de algún modo se vieron involucrados en ese asunto.

La Corte de todos modos iba a perder: si resolvía conforme al proyecto inicial, sería acusada de extralimitarse en las atribuciones y alcances que el marca la propia Constitución. Y si resolvía como lo hizo, sería acusada por lo menos de tibia, como también finalmente ocurrió.

FACULTAD A REVISIÓN

Por eso es urgente que esa facultad continúe su proceso de revisión, y sea o transferida a otro órgano del Estado, o reestructurada por completo, pero no desaparecida. Es un mecanismo de control que, sin embargo, se ha convertido en un foco de desgaste para la Corte, cada que emite un fallo que no resulta cubrir las expectativas o situarse en el campo de lo políticamente correcto. A ver cuándo ocurre.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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¿Hay diferencias entre integrantes de plantón magisterial?

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+ Renovar las bases radicales, en manos de menos preparados

Aunque parezca una masa homogénea, las bases magisteriales están perfectamente delineadas en varios grupos de rasgos insuperables, que habrán de determinar su rumbo en el mediano plazo. Hasta hoy, el punto de cohesión de todas las tendencias se encuentra en férreo control que tiene el sindicato de la situación, los ascensos, e incluso la estabilidad laboral de cada uno de los trabajadores. Empero, conforme pase el tiempo se irán acentuando los rasgos particulares, que ya hoy diferencian internamente a ese enorme amasijo que aglutina a más de setenta mil agremiados.

Desde fuera del sindicato magisterial, lo que se ve es un grupo más o menos cohesionado que tiene un perfecto control en cuanto a la movilización y el despliegue de las acciones que determinan los órganos de dirección. El ciudadano común tiene la idea de que los trabajadores de la educación, son un grupo ampliamente convencido de la viabilidad de las acciones, y de las razones en que se fundamentan para hacerlo. Se podría entender, incluso, que éstos son agremiados altamente ideologizados y persuadidos de los principios que rigen a su organización.

Esto era así hasta hace no muchos años, aunque la tendencia del control por ideologización va a la baja. ¿De qué hablamos? De que al inicio, y quizá en los primeros diez o quince años de lucha magisterial en Oaxaca, la mayoría de los trabajadores de la educación habían sido parte de ese proceso, y eran entonces beneficiarios de la “democratización” de su sindicato. Es decir, que entonces la gran mayoría fue parte de los sustanciales incrementos salariales, de los acuerdos ventajosos que logró la Sección 22, como aquel en el que el Gobierno del Estado prácticamente le entregó el control del IEEPO, o cuando también quedó en manos del Sindicato, el manejo casi total de los ascensos, ingresos y prestaciones económicas de los agremiados.

El problema hoy, es que 30 años después, es acelerado el proceso de jubilación de toda esa generación de profesores y empleados administrativos que asistían a las movilizaciones y acciones de su Sindicato, convencidos de que eso los llevaría a la conquista de mejoras salariales, sociales o incluso políticas.

Ese proceso natural de sustitución —por la sola razón de la edad— de unos integrantes por otros en el Sindicato magisterial, sin embargo, no ha mermado su fuerza, aunque sí comienza a marcar claras diferencias entre sus integrantes. Hasta hoy, la dirigencia de la Sección 22 continúa teniendo un control y poder avasallador entre sus agremiados, porque no sólo no ha suavizado, sino que ha reforzado, el férreo control que tiene sobre las condiciones de trabajo de sus trabajadores.

Esto se puede ver, en el hecho de que hoy se sigue llevando un control estricto de toda la asistencia a las acciones sindicales, y que ello es el factor determinante para las mejoras en las condiciones de trabajo, salario y ubicación de los integrantes de la 22 que tienen una participación activa, pero también para el total estancamiento, el acoso y el rechazo a toda solicitud de mejoras en los ingresos o las condiciones laborales, cuando se es apático a las acciones y decisiones del gremio magisterial.

Así, al analizar a detalle la forma en que se está recomponiendo la membresía de la Sección 22, podremos ver cuáles son sus posibles escenarios futuros. La mayoría de éstos, lamentablemente, son poco halagadores.

DIFERENCIAS INTERNAS

Ubiquemos puntualmente, de entrada, las diferencias que existen hoy entre los integrantes de la Sección 22. Entre los viejos profesores que hace 30 años iniciaron la lucha magisterial, y que continúan como trabajadores activos de la educación, hoy éstos se diferencian entre los que están alejados totalmente de las acciones sindicales, y los que sostienen una participación intensa. Los primeros, en su mayoría, son los profesores que no están de acuerdo en los radicalismos actuales y mejor dedican sus esfuerzos al trabajo, y los segundos son los que tratan siempre de suplir, con participación sindical intensa, su falta de reparación, el escaso compromiso con sus responsabilidades laborales, y hasta sus excesos y las malas conductas en que incurren.

Pero también, hoy, entre los nuevos trabajadores de la educación, existen también diferencias sustanciales. Muchos de quienes integran hoy la membresía sindical de la Sección 22, son hijos o parientes de los viejos trabajadores, que ingresaron al sistema educativo gracias a la posibilidad que existe de “heredar la plaza”; en gran cantidad, esos jóvenes tuvieron la posibilidad de acceder a preparación profesional en universidades y formas de instrucción distintas a la educación normal.

Es decir, que su estabilidad laboral no es consecuencia de lucha o conquista sindical alguna. Y por esa razón, ni se encuentran ideologizados y mucho menos radicalizados con los añejos postulados con los que se fundamenta la lucha magisterial, y más bien asisten y cumplen con los mandatos de su sindicato, por las precarias condiciones salariales, de ubicación y de prestaciones en que se encuentran. A través de su participación en las movilizaciones, buscan mejorar su situación. Pero esa participación lo ven como algo irremediable, pero no como una aportación a la lucha sindical.

Hoy mismo, entre el magisterio oaxaqueño existe una lucha intensa por el rumbo del paro indefinido y el plantón que tienen instalado en el primer cuadro de la capital oaxaqueña. Unos buscan el radicalismo y otros las posiciones moderadas, que son vistas como parte de una alianza con el priismo que gobierna.

FUTURO INCIERTO

En esas condiciones, el último gran bastión de la Sección 22 se encuentra en los jóvenes normalistas que acaban de ingresar al sector educativo, o que están en vías de hacerlo. Ellos, en realidad, son los menos preparados académicamente hablando, pero los que más les deben a la lucha magisterial —nada menos que la contratación automática, una vez que culminan los estudios en las escuelas normales— y más incondicionalidad pueden profesarle al radicalismo de su sindicato. Si finalmente este grupo se impone, en los años por venir el radicalismo será más acentuado aunque con menos sustento político, social o ideológico. Si se imponen los que heredaron una plaza, tenderán a relajar la lucha. Eso lo veremos con certeza, en el mediano plazo.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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!Nuevo programa televisivo de debate en Oaxaca!

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Mañana viernes, a las 10 am se presenta el programa de televisión “República y democracia”. Una propuesta periodística fresca y reflexiva sobre los temas más importantes que aquejan a nuestro estado. Participan en él, un importante grupo de intelectuales, académicos, investigadores y periodistas oaxaqueños, que buscan diseccionar la realidad social y política de nuestro estado, y ofrecer un debate serio y comprensible al público televidente. Conduce el economista Vladimir Campos Gallardo, y participan como panelistas la investigadora Gloria Zafra, los doctores Rubén Vasconcelos Méndez y Armando Pérez Delgadillo, los politólogos Daniel Pérez Montes y Enrique Ceballos Bustamante, y el periodista Adrián Ortiz Romero. Muy pronto, más noticias sobre esta propuesta periodística joven en Oaxaca.

¿Qué nadie gobierna en Oaxaca de Juárez?

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+ La Ciudad, abandonada a su suerte por la fiebre electoral

Mientras los partidos y los grupos políticos en Oaxaca entran a la última fase del proceso electoral, la ciudad, los servicios públicos y la atención gubernamental se encuentran en un completo estado de abandono. No se equivocan quienes dicen que la capital oaxaqueña, y su zona conurbada, se encuentra convertida en un enorme antro de vicio; pero también falta crítica —y autocrítica— para asumir que la nuestra también es una capital sin gobierno, sin autoridad, sin servicios, y por si fuera poco, convertida en un muladar.

No debería sorprendernos, aunque sí provocarnos una profunda tristeza, el estado de abandono en el que se encuentra la ciudad en que vivimos. En el contexto, sendas masas de trabajadores del gobierno estatal, y de funcionarios municipales, se encuentran laborando —legal o deliberadamente— en la campaña proselitista por la gubernatura, y los demás cargos que se disputan. Tan sólo al comenzar la labor electoral, hace dos meses, ocurrió una interminable cascada de renuncias, licencias temporales y desvío de actividades, en cientos de servidores públicos que decidieron dejar el trabajo gubernamental para otro momento, y meterse de lleno en los temas electorales.

Podrían contabilizarse por decenas, los trabajadores municipales y estatales que, por cada una de las dependencias, dejaron sus labores formales para asumir compromisos de campaña. El caso de la capital oaxaqueña, no fue la excepción. Porque junto con la licencia temporal del edil José Antonio Hernández Fraguas, también se dio la baja temporal o definitiva de un importante grupo de trabajadores del Ayuntamiento, que conformaban la “primera línea” de trabajo y responsabilidades del ahora Munícipe con licencia. En el municipio de Oaxaca de Juárez, sólo se quedaron a continuar con sus responsabilidades, aquellos que tenían encomendadas tareas de mediana categoría, o quienes resultan ser necesarios ahí, para cuidar los intereses y “las espaldas” de todos aquellos que ahora son parte de la campaña priista.

El problema, para todos, es que Oaxaca de Juárez es una ciudad a la que no le pueden presionar un botón de “pausa”, para que todos sus problemas, carencias y necesidades de atención por parte de la autoridad, aguarden para después que terminada la fiebre electoral. Nadie entendió que la ciudad es una necesidad apremiante para cualquier gobierno o grupo político. Y por eso dejaron encargado el gobierno, a quienes no tienen ni voluntad, ni voz, ni decisión, ni compromiso para hacerlo. El resultado está hoy a la vista.

Oaxaca no necesita traducción: basta con salir a las calles para corroborar que la nuestra, es nuevamente una ciudad abandonada a su suerte. Las arterias viales, y los parques más importantes del Centro Histórico están no sólo ocupados por los profesores de la Sección 22 del SNTE que se manifiestan; también son hoy espacio libre para la comisión de todo tipo de delitos, sin importar la hora y el lugar donde ocurran. El espacio público es albergue de la basura, de las protestas de los trabajadores de limpia, y los ciudadanos que, ante la falta de autoridad e incluso de elementos policiacos, hacen y deshacen a placer.

No debíamos sorprendernos. ¿Alguien ha tenido, en las últimas semanas, la necesidad de acudir al Ayuntamiento citadino a realizar algún trámite? El estado de abandono y vacío humano en el que se encuentra el mismísimo Palacio Municipal, da cuenta de ello.

Pero, ¿cómo recriminar que hoy sea más difícil que de costumbre, hallar en sus oficinas, y en sus funciones, a directores, coordinadores, e incluso a los regidores, si fue el mismo edil Hernández Fraguas quien puso el ejemplo de cómo se abandona no un cargo, sino una responsabilidad, en aras de saciar —con apuestas y espejismos—, sus nuevos caprichos y ambiciones políticas? ¿Cómo querer tener una ciudad en orden, cuando la gran mayoría de quienes recibieron esa encomienda, hoy están invadidos por las calenturas electorales?

NADIE ES RESPONSABLE

Así, la situación en que se encuentra nuestra capital, y zonas aledañas, debería preocuparnos. No sólo es el problema de la basura, o del crecimiento exponencial de la delincuencia común, lo que debería preocuparnos. Mientras todos se pierden en sus batallas electorales, en la zona conurbada a la capital, silenciosamente ha venido creciendo la presencia de giros negros… desde cantinas hasta prostíbulos, pasando rigurosamente por la presencia de sustancias prohibidas, que son comercializadas sin mayores complicaciones.

Esto hoy no le preocupa a nadie. Porque así como Oaxaca de Juárez es hoy una zona libre para la incidencia de todo tipo problemas y desatenciones por parte de la autoridad, algunos municipios como Santa Cruz Xoxocotlán se encuentran en situaciones similares o aún peores. Esto ocurre, en realidad, porque las autoridades se sienten no sólo sin compromisos reales de trabajo, sino tampoco conminadas por la misma ciudadanía a que cumpla puntualmente con sus labores.

Como oaxaqueños, es urgente que pongamos atención a cuestiones como esta, y que exijamos que la autoridad cumpla con sus cometidos, independientemente de que este sea o no un momento electoral determinante para las fuerzas políticas y sus respectivos intereses. Al final de cuentas, resulta inadmisible e insostenible, desde cualquier perspectiva, que quienes aspiran a confirmarse, o a obtener el poder gubernamental, hablen de grandes promesas y de grandes resultados a sus electores, pero que lo hagan, orgullosamente, en medio de una ciudad maloliente, sucia y francamente desatendida.

El encargado del despacho de la presidencia Municipal, Miguel Ángel Bustamante Underwood, y quienes colaboran con él, deberían mostrar más compromiso con su trabajo: si a ellos los dejaron encargados de la ciudad, deberían ayudar a su partido al menos atendiendo sus tareas en el Ayuntamiento citadino. Que no sea mucho pedir.

¿QUIÉN INVESTIGARÁ?

Es patético el modo en que, en el PRI y en el Gobierno del Estado, asumen los señalamientos hechos por la ex coordinadora de Transporte, Aurora López Acevedo. Si ella dice la verdad, o si miente, es algo que se debe corroborar en base a investigaciones por parte del Ministerio Público. Es decir, por parte de la Procuraduría estatal. Al final, más allá de los intereses políticos, lo verdaderamente grave es la acusación por el presunto ataque sexual. Al hallar la verdad de eso, encontrarán la verdad de todo.

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EPR: desaparecidos, una causa política ahora condicionada

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+ Confusión de delincuencia con guerrilla, ahora en caso DFC

La tarde del pasado lunes, el EPR emitió un nuevo comunicado, en el que reitera la afirmación de que ellos no son los responsables del secuestro o retención del ex senador del PAN, Diego Fernández de Cevallos. Establecen importantes directrices sobre los intentos del gobierno federal por crear confusión, entre lo que es un grupo de guerrilla y uno de delincuentes; y lanzaron una fuerte advertencia sobre la tregua decretada a favor de la presentación con vida de sus propios desaparecidos.

Ayer martes se cumplió un mes de la desaparición del ex senador Fernández. En este tiempo, el constante silencio y la falta de información oficial y fidedigna, ha permitido la construcción de todo tipo de afirmaciones, señalamientos sin sustento, y especulaciones.

Una de esas teorías no corroboradas, y que además fue de las primeras en “popularizarse” —gracias a “manos” federales—, fue la relativa a que éste secuestro pudo haberse realizado por alguna célula del EPR, en base a motivaciones políticas y económicas, y para negociar el “intercambio” de Fernández de Cevallos por Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los dos eperristas que desaparecieron en Oaxaca la noche del 24 de mayo de 2007, y sobre los cuales el eperrismo continúa exigiendo respuestas al gobierno federal.

Una vez lanzada la acusación, los constructores de dicha teoría dieron algunos elementos para reforzar la idea de que el eperrismo era el responsable del plagio: Diego Fernández de Cevallos es un personaje de primer nivel en el escenario político nacional; el panismo gobernante se vería fuertemente desacreditado por un secuestro de alto impacto político como ese; el EPR es un grupo armado que tiene una afrenta abierta y declarada contra el gobierno federal por sus desaparecidos; el secuestro es una de las más viejas y perfeccionadas formas de reivindicación política y de “recuperación” de recursos económicos para los grupos subversivos; y el eperrismo habría sido el único grupo con la experiencia y capacidad logística y operativa como para realizar limpiamente una acción de esa magnitud.

El gobierno federal se negaba a aceptar, y aún hoy silenciosamente lo sigue haciendo, que un grupo criminal fuese el responsable del plagio del ex senador Fernández. Aceptarlo equivalía a tanto como también reconocer que, aún con sus estrategias anticrimen, éste podía golpearlos en la integridad de uno de los personajes más emblemáticos y respetados para el partido gobernante. Por eso desde el primer momento se lanzó la versión de que habría sido responsabilidad de la guerrilla el secuestro del panista.

Apenas tres días después del secuestro, el EPR —ya entendido como principal señalado por la acción— salió al paso para negar la versión. Ellos aseguraron que el secuestro está descartado en su organización armada desde hace una década como forma de obtención de recursos, y sobre todo que ellos no tendrían por qué reproducir las acciones del enemigo (el gobierno federal), quien sí ha lastimado y desaparecido a personas con fines políticos. Incluso, la Comandancia General se aparta de toda responsabilidad, porque asegura que ellos también conocen el dolor que provoca la desaparición de seres apreciados.

Sin embargo, de entonces a la fecha, la tendencia a responsabilizar a grupos subversivos, escisiones del EPR, no ha cesado. Se ha buscado, insistentemente, insertar el tema de los grupos armados en un asunto que, por todas sus características, es un hecho perpetrado por un grupo profesional de criminales. Ahí es donde se centra este nuevo capítulo de confusión deliberada, entre la delincuencia organizada y los grupos subversivos.

SECUESTRO ATÍPICO

Hasta ahora, lo que se ha establecido es que por la devolución de Diego Fernández de Cevallos, sus captores exigen la cantidad de 50 millones de dólares. Se dice que ha habido una comunicación pausada entre los secuestradores y los negociadores; que existe un alto nivel de organización en el grupo responsable del plagio; y que se tiene identificado que este grupo ya realizó otros secuestros también de larga duración, en los que obtuvieron montos igualmente millonarios, pero que fueron perpetrados sobre personajes de poca ascendencia política incluso en la región queretana.

A dicho grupo, el periodista Raymundo Riva Palacio lo ubica con tintes guerrilleros, y según fuentes gubernamentales, asegura que éste tiene como nombre “Ejército de Liberación Nacional”, y que es una escisión del EPR que opera en toda la zona huasteca del país. Por eso, Riva Palacio y otros informadores de la capital del país, ubican a los probables responsables como “una guerrilla”, y no como un grupo que realiza acciones de delincuencia organizada.

Nuevamente estamos frente a una confusión, que bien puede ser accidental aunque también puede ser intencional y deliberada. Desde que el EPR se alzó a la escena nacional, luego de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, y después frente a los actos de sabotaje con los que volaron ductos de Petróleos Mexicanos en varias entidades del centro del país, el gobierno federal trató de presentarlos como delincuentes, como criminales y, sobre todo, como terroristas.

Ninguna de estas apreciaciones tiene sustento en la realidad. Incluso, el hecho de que hoy se responsabilice a una posible escisión del EPR por el secuestro de Diego Fernández, no tendría que ser motivo suficiente como para considerar nuevamente que la guerrilla perpetra este tipo de acciones; más bien, no pocos grupos criminales han buscado imitar los métodos y la eficacia de la guerrilla en cuanto a la ejecución de sus acciones. Confundir a quienes buscan meros fines económicos (la delincuencia) con quienes tienen motivos políticos en el ejercicio de la violencia (la subversión armada), parece más bien un intento más por legitimar la persecución y los excesos, en contra de algunas formas de la lucha política.

FIN DE LA TREGUA

El último párrafo del más reciente comunicado del EPR, dice lo siguiente “Ratificamos el compromiso hecho con la Comisión de Mediación desde un principio de mantener la tregua (…) No obstante, hacemos de su conocimiento que el gobierno debe dar muestras claras para la presentación de nuestros compañeros, el tiempo no puede ser de manera indefinida.” Los actos de sabotaje pueden reactivarse en cualquier momento.

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Lucha magisterial: sólo inocentes creyeron en negociación

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+ Juanito, PRI y el dizque “war room” desastroso de campaña

Ayer, la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, dio un paso más no en sus negociaciones, sino en su plan de acción electoral. Quienes consideran que en estos días puede haber “solución” a las demandas económicas, sociales y políticas que plantean, están equivocados. Los profesores democráticos oaxaqueños no hacen hoy más que seguir sus propios métodos de lucha electoral. Sería inaudito creer en la no participación del magisterio en las definiciones  políticas del Estado.

Desde hace un mes y medio, cuando comenzó la jornada anual de lucha de la Sección 22, por la revisión del pliego petitorio que entregaron a los gobiernos federal y de Oaxaca, la dirigencia del magisterio democrático reiteró, en el ámbito de lo formal, que ellos no tendrían participación en el proceso electoral, por considerar que ninguno de los partidos o candidatos representan soluciones reales a los problemas y necesidades magisteriales y del pueblo oaxaqueño. Sin embargo, también desde entonces, ellos mismos reiteraron que este año sus jornadas de lucha serían prolongadas, y que no descartaban el estallamiento de un paro indefinido de labores, para lograr el cumplimiento total de sus demandas.

¿Por qué hacer esas dos determinaciones? Porque, como ha venido quedando claro, la Sección 22 sí tiene una participación determinante en el proceso electoral, aunque no por los métodos ortodoxos que comúnmente conocemos, o que esperaríamos ver. ¿Qué significa eso? Que, en sus propios métodos, modos y justificaciones, los “democráticos” sí jugarían, y ya lo están haciendo, su papel particular en el proceso electoral que ahora ocurre.

Parecería un planteamiento trillado. Pero hoy, ante las circunstancias, nuevamente vale la pena preguntarnos el por qué de nuestra afirmación, relativa a que los profesores de la Sección 22 sí participan del proceso electoral, si ellos mismos resolvieron no participar en el proceso electoral.

Esto parecería una contradicción, aunque en realidad no lo es. En realidad, el magisterio reiteró una no participación abierta y formal en el proceso electoral, a favor de un partido o candidato. Esto, para no tener que involucrarse en activismos, ni en apoyos incondicionales. Al final de cuentas, sea quien sea el próximo Gobernador del Estado, éste pronto se convertirá en adversario de la Sección 22.

¿Y por qué advertir, desde entonces, sobre lo prolongada que sería esta jornada anual de lucha? Porque desde entonces necesitaban una justificación puntual para sus acciones. Digámoslo de otra forma: Los profesores de la Sección 22 anunciaron, desde el 1 de mayo, que en Oaxaca “habría bronca”, independientemente de las ofertas o respuestas que le diera el gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación, a cada una de sus demandas.

¿Alguien sabe, por ejemplo, qué están negociando la 22 y los dos ámbitos de gobierno ahora mismo? Salvo algunos directamente involucrados, es evidente que no. Y es que el proceso de negociación alcanzó ya un nivel de alta complejidad, pues las resistencias magisteriales a aceptar las ofertas oficiales, ya no se inscriben en el puro ámbito del acuerdo, sino en un objetivo político.

Aunque, por ejemplo, hoy la Sección 22 asegura que el gobierno federal se niega a entregar los recursos para la rezonificación salarial, es evidente que este es un esquema ya previamente etiquetado y presupuestado, que ni siquiera tendría que estar hoy sujeto a ninguna negociación. Pero como no existe claridad ni apertura sobre los puntos que se están negociando, todo se queda en el ámbito de la especulación. Y eso permite que los profesores digan verdades a medias, oculten información, o se valgan de meras justificaciones sin sustento, para continuar con sus jornadas de lucha.

LUCHA POLÍTICA

La Sección 22, por tanto, tiene ya definido un calendario de acciones que irá respetando conforme se den los tiempos. Ahora mismo, por ejemplo, se negó a estallar el paro indefinido de labores, como una más de sus tácticas de dilación. Bajo el argumento de la consulta a las bases, y la continuación de las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, decidieron únicamente incrementar el número de trabajadores con presencia en el plantón establecido en el primer cuadro de la capital oaxaqueña. Así buscan ganar tiempo, para seguir empatados en el tema electoral que, contrario a lo que dicen, sí les ocupa.

¿Por qué se negaron a estallar ahora mismo el paro indefinido? Porque una decisión de esa naturaleza habría acelerado el final, o por lo menos el punto en el que fuere insostenible la falta de justificación, de sus jornadas de lucha actuales. Se negaron al plantón masivo y paro indefinido, y sólo decidieron incrementar la presencia, para una intensificación gradual de sus acciones. El objetivo es llegar al umbral del proceso electoral, es decir, a la víspera de los comicios, con el anuncio del paro indefinido de labores.

Será entonces cuando, seguramente, ellos decidan desplegar todo el potencial de su membresía, para tratar de influir en el resultado de la jornada electoral. Ahora mismo, ya están anunciando algunas de las directrices que habrán de seguir antes, durante y después de la jornada electoral. Es decir, que desde ahora están previendo que a lo largo de la quincena restante del mes de junio, no habrá arreglo con las instancias negociadoras locales y federales.

Todo esto debe entenderse en un estricto sentido político y electoral. Nos guste o no, la 22 es un factor determinante en la gran mayoría de los procesos políticos que ocurren en la entidad; y por tanto, sería absurdo considerar que no se involucrarían en los comicios. No lo hacen con banderines y promoviendo a partidos y candidatos. Pero sí lo hacen, y puntualmente, a través de sus propios mecanismos de lucha.

“VERGÜENZA ROOM”

La tarde del sábado, Rafael Acosta, Juanito, esperaba a hacer su debut como priista, afuera del restaurante Colibrí, dentro de una lujosa camioneta tapizada con propaganda priista. “Manos invisibles” llamaron a los reporteros al encuentro. Y como vieron la reacción adversa de la opinión pública, ayer recularon deslindándose de aquel personaje. ¿Todo esto es obra de un “war room”? Por favor. Más bien, ¿Saben en el PRI lo que es un “war room”? Tal parece que no. Le queda grande, enorme, el término, a esa cofradía tricolor en la que toman decisiones en base a ocurrencias.

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Cuatro años de crisis magisterial, y Oaxaca carece de una agenda legislativa para la transición

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+ Juanito, ahora priista; ¿Esperan ganar algo con lastres?

Han pasado exactamente cuatro años, desde que el gobierno estatal realizó aquel fallido operativo de desalojo, que desató la furia magisterial y provocó un conflicto social y político de grandes magnitudes en Oaxaca. Para mal de todos, la oportunidad de cambio que significó aquella crisis, se perdió en medio de una cadena interminable de intereses que, en conjunto, buscaban el inmovilismo. Sin embargo, esa pasividad no podrá ser eterna, y desde ahora, quienes aspiran a cargos públicos, deben entenderse no sólo como representantes populares, sino como potenciales agentes políticos de cambio.
¿De qué hablamos? De que, dejando de lado los simplismos, parece claro que el conflicto magisterial y popular de 2006 significó no sólo la escalada de violencia y choque entre grupos políticos, sino también una oportunidad inmejorable, a partir de la cual se pudieron haber sentado las bases de un cambio sólido en las estructuras jurídicas y sociales en que se fundamenta el ejercicio del poder.
Sin embargo, éste último parece un tema vedado entre quienes hoy buscan cargos públicos en la entidad. Todos, hoy, en medio del proceso electoral se lanzan recíprocas acusaciones respecto a la responsabilidad por el conflicto magisterial, por las escaladas de violencia, y por los desmanes y destrozos que se provocaron al calor del enfrentamiento; todos, en realidad cargan con la responsabilidad de los cambios políticos y jurídicos que se negaron a provocar en Oaxaca.
Si se recuerda, hace cuatro años, los grupos que encabezaron la revuelta, exigieron al gobierno federal, y al de Oaxaca, el cese de las prácticas antidemocráticas, del ejercicio excesivo del poder, de la opacidad en el manejo de los recursos, y de la falta de rendición de cuentas; y argumentaron, también, que era urgente la necesidad de que las leyes locales contemplaran mecanismos más eficaces para controlar al poder y los gobernantes, y para hacer más democráticas y consensadas las decisiones gubernamentales que afectarían a la mayoría. Eran, en resumen, banderas que exigían democracia, equilibrios, transparencia, rendición de cuentas, y causas más específicas, como la inclusión del referéndum, el plebiscito y otras figuras de control, en el marco jurídico local.
Todos esos cambios democráticos bien pudieron haber ocurrido al calor del 2006. Fue entonces, como nunca antes, que la sociedad no sólo oaxaqueña, sino de todo el país, se encontraba altamente concientizada sobre la urgencia de esos cambios democratizadores en una entidad tan atrasada como la nuestra.
Habría sido ese el momento perfecto para que los grupos que encabezaban la revuelta social, se lanzaran también a consolidar esos cambios en el marco jurídico, y dejarlos no sólo como la consolidación de un triunfo presente, sino también como un legado trascendental para el futuro.
Incluso, el propio grupo gobernante en Oaxaca pudo haber sido el impulsor real de algunas de estas banderas. Y si algo como eso hubiere ocurrido, se habría consolidado en la entidad una suerte de transición democrática, que no necesariamente tendría que haber pasado —porque no es una regla, y tampoco es un requisito indispensable— por la alternancia de partidos en el ejercicio del poder.
Lamentablemente, este no fue el interés real del conflicto magisterial y popular de 2006. A pesar de todos los argumentos de la Sección 22, éste sindicato se replegó una vez que consiguió sus demandas salariales; la APPO nunca tuvo el potencial como para articular una propuesta seria de reformas legales; y el gobierno estatal no hizo más que tomar la bandera para “cumplirla” sólo en el marco de lo aparente.
Hoy, la llamada “reforma del Estado” no es sólo más que una apariencia dizque democrática, a través de la cual el grupo gobernante simplemente congeló la discusión sobre los cambios necesarios. Sin embargo, como lo apuntamos al principio, el inmovilismo no puede ser eterno. Y por eso, si los hoy aspirantes a diputados desean adquirir un compromiso verdadero con Oaxaca y dejar de lado la demagogia que los envuelve, deberían tener en su conciencia algo más que las propuestas fatuas de siempre.

¿POSIBILIDAD DE CAMBIO?
Salta a la vista, el predominante bajo perfil de quienes aspiran a integrar la próxima Legislatura del Congreso del Estado. Se ha vuelto una práctica común, que casi en la totalidad de los casos, los partidos políticos prefieren los liderazgos sociales a los cuadros preparados, en el momento de plantear sus postulaciones. Salvo unas cuantas excepciones de candidatos ordenados y bien preparados, el Poder Legislativo del Estado corre el riesgo de continuar siendo una entidad gobernada por los asesores, por las injerencias del Poder Ejecutivo, y por las estruendosas reyertas entre diputados, que son escandalosas, pero que aportan nada al verdadero debate legislativo.
Ese parece ser el caso del priismo, que tendrá mayoría en la próxima Legislatura. Porque al hacer la revisión puntual de cada uno de sus 25 candidatos a diputados locales, podremos encontrar que, salvo uno o dos casos, los abanderados tienen poquísimas posibilidades de aportar seriedad y altura al Poder Legislativo.
Seguramente, los dos polos se encuentran en César Rivera Beltrán y Martín Mathus Alonso; porque mientras el primero tiene una dudosísima reputación, y una carrera política basada en la compra de cargos y postulaciones, el segundo es, sin duda, un sólido cuadro priista —el único de los candidatos con grado de doctor, y vasta experiencia en el sector público— que ha hecho una campaña ordenada y basada en propuestas. Seguramente, ambos llegarán al Congreso aunque con distintos grados de conciencia sobre la importancia de su labor legislativa.
Todos deberían tener claridad sobre su potencial como agentes de cambio. Es lamentable que el Legislativo sea un poder domado, carente de propuesta y sentido, y predominantemente entendido como un órgano de “levantadedos”. En ellos está la responsabilidad de generar las condiciones de una transición. ¿Tendrán conciencia, o seguirán siendo parte, todos, de la demagogia? Pronto lo sabremos.

LAMENTABLE
¿A quién se le habrá ocurrido el disparate de traer a Rafael Acosta Ángeles, Juanito, a pronunciarse a favor del PRI y su candidato a Gobernador? Un personaje exhibido, obtuso y vilipendiado, para nadie decoroso es una buena compañía. No se ayudan.
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Tarjetas de crédito: Usuario, víctima de la crisis… y de los abusos de la banca

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Hoy, es quizá más común que nunca en la última década, que millones de mexicanos tengan problemas para afrontar el gasto y la liquidación de sus tarjetas de crédito. Más allá del problema actual respecto a la creciente cartera vencida, parece claro que el origen de esta situación no sólo tiene que ver con la irresponsabilidad de quien emite una línea de crédito y del que la ocupa; también, en esto, se añaden los interminables abusos y excesos que comete la banca al momento en que uno de sus usuarios adquiere la calidad de cliente moroso.
En el último año, según reportes del Banco de México, la llamada “cartera vencida” relativa a tarjetas de crédito, llegó solamente por ese rubro, a unos 20 mil millones de pesos. Ese monto, equivale a la cantidad de pagos que la banca realizó en nombre de sus usuarios, y que independientemente del cobro de intereses y gastos de ejecución, no ha podido recuperar.
El drama, en realidad, no es para las instituciones bancarias. Aunque en realidad mucho podría cuestionarse respecto al modo tan “blando” en cómo la mayoría de los bancos emitieron, a lo largo de más de un lustro, líneas de crédito prácticamente sin realizar investigación alguna a quienes potencialmente convertiría en sus usuarios y clientes, lo cierto es que la irresponsabilidad en el manejo del crédito bancario es compartida entre quien lo usó y quien lo emitió.
Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre la situación de la banca y la situación del usuario. Ésta última tiene, en última instancia, ciertas garantías de que el dinero prestado de todos modos será recuperado. Sólo con el acumulado en el pago de intereses en las tarjetas bancarias, habría llevado a cada uno de los usuarios a liquidar los montos prestados. Sólo que, justamente, ese es el negocio del banco. Y por ello, para sus finanzas, independientemente de la cantidad de dinero que un deudor haya pagado por concepto de intereses antes de caer en mora, de todos modos la deuda subsiste.
En este sentido, la situación del usuario es la realmente preocupante. Aunque es responsabilidad de éste el usar correctamente el crédito bancario que se le otorgó, lo cierto es que la emisión de líneas de deuda en personas con dudosa capacidad de pago, y asimismo dudosa cultura y conocimiento sobre cómo funciona el sistema bancario y sus riesgos, equivale a lo mismo que dotar de un arma a un niño para que juegue.
Millones de personas enfrentan hoy no sólo sus deudas, sino también una serie de acosos y abusos que, paradójicamente, no se terminan cuando manifiesta expresamente su voluntad de arreglo y pago. La banca comercial, prácticamente ha dejado en estado de indefensión a los usuarios, que no tienen formas eficaces de evitar los abusos, el engaño y los excesos de una banca que, por su naturaleza capitalista, pretende no sólo cobrar, sino hacerlo con las mayores ventajas posibles.

CRÉDITO, SIN CIUDADO
A raíz de la crisis del sistema bancario, ocurrida exactamente a la mitad de la década anterior, la banca comercial prácticamente cerró las nuevas líneas de crédito a los usuarios, tanto de tarjetas bancarias, como a los solicitantes de créditos hipotecarios o automotrices. No fue sino hasta cuando comenzaron a ser negociables los pagarés validados que emitió el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que la banca comercial tuvo nuevamente liquidez para emitir créditos y tener capacidad de endeudamiento.
Eso ocurrió a principios de la década que está por concluir. A partir de entonces, la emisión de créditos se flexibilizó con tal de alentar el uso de las tarjetas de crédito. Cualquier persona con un empleo más o menos estable, o con formas de demostrar ingresos económicos, se hizo de los plásticos bancarios que quiso.
Las limitaciones se relajaron por completo, y por esa razón había quien acumulaba varios millones de pesos en crédito, gracias al conjunto de tarjetas de crédito que las distintas instituciones bancarias le emitían. Ahí comenzó gran parte de este problema. Durante varios años, fue regla que un banco emitía una línea de crédito, cuando el usuario presentaba otra tarjeta bancaria vigente.
Como un gancho comercial, la institución otorgante de la segunda o sucesiva tarjeta, emitía un límite de crédito mayor a la anterior, como una forma de ganar la preferencia en el usuario. No se exagera, en razón de ello, cuando se afirma que había personas con una capacidad de pago mediana, que acumulaban líneas de endeudamiento por más de uno, o por varios millones de pesos.
Y mientras la consigna fue la de gastar y promover el endeudamiento, las instituciones bancarias fueron las más satisfechas con la forma en cómo se repartió, irresponsablemente, el crédito entre los usuarios.

LA CRISIS Y LA MORA
Hasta hace algunos años, los problemas de la cartera vencida no representaban mayor relevancia en el país. Han sido, particularmente, los últimos dos años, en los que los usuarios de servicios financieros han acumulado una tendencia sostenida a caer en mora. En la gran mayoría de las ocasiones, esa fala de pago tiene que ver directamente con la falta también de liquidez, y no con la renuncia a afrontar las obligaciones financieras.
Las causas de este problema, evidentemente, son variadas. Sin embargo, para efectos prácticos todas caen en la misma situación: que el mexicano común, cada vez tiene menos capacidad económica, y por tanto, más dificultades para hacer frente a sus pagos. Ahí es cuando, en realidad, comienza el vía crucis de quien se convierte en un cliente moroso de la banca comercial.
Ante el incremento de la cartera vencida, las instituciones de crédito comenzaron a vender sus respectivas deudas, o a contratar a despachos de cobranza, para que lograran la mayor cantidad posible de créditos recuperados. Así, se volvió práctica común que cualquier deudor comenzara a recibir llamadas de todo tipo, haciendo invitaciones, o exigiendo de forma violenta el pago. Tuvieron que pasar bastantes meses, antes de que la Comisión reguladora de las instituciones de crédito, tomara cartas en el asunto y tratara de regular ese tipo de maniobras.
Sin embargo, eso no significa que los abusos se terminaron. Hoy es también una práctica común que terceros llaman a nombre de las instituciones bancarias; en las conversaciones pactan arreglos con los deudores, y los invitan a pagar directamente en la institución. Incluso, hacen valer propuestas por escrito sobre los descuentos en la liquidación de los créditos.
El problema, en realidad, no se da en esas negociaciones, sino en los engaños e incumplimientos que las mismas instituciones bancarias, hacen de los convenios que terceros signaron en su nombre, con los usuarios morosos. Hoy, es una historia que se repite todos los días, la de personas que pagan montos para liquidar deudas, y semanas, o meses después, se enteran que dichas deudas subsisten, nuevamente cargadas de intereses, y que tienen sendos reportes en el Buró Nacional de Crédito, como usuarios altamente morosos, o que incluso provocaron defraudaciones al sistema bancario nacional.

EL USUARIO, EN INDEFENSIÓN
El Buró Nacional de Crédito, es una de varias instituciones que existen para registrar el historial crediticio de los alrededor de 20 millones de usuarios de servicios financieros del país. Dicha institución privada, dice llevar el registro puntual que las instituciones crediticias les proporcionan respecto a sus usuarios. ¿Qué ocurre en realidad?
Ocurren, en la mayoría de los casos, abusos. El Buró Nacional de Crédito contempla por lo menos dos mecanismos de defensa para los usuarios que estén inconformes con sus registros. Sin embargo, lo cierto es que esa institución brinda a la banca comercial, todas las posibilidades de confirmar datos irreales, o que fueron asentados en niveles altamente negativos, como una forma de resarcimiento frente a los arreglos privados, en los que los usuarios terminaron pagando, aparentemente, montos menores a los que debían. El problema, en realidad, no radica en el Buró, sino en quienes le allegan datos que ésta no puede corroborar, pero que sí determinan los registros del usuario para el futuro, y también perjuicios que éste podría resentir.
Evidentemente, quien debe y no paga debe asumir las consecuencias. Sin embargo, aún frente a las deudas, todos deberían tener la posibilidad de aportar elementos a su favor, y defenderse conforme a las reglas mínimas del derecho. En este sentido, es también claro que las instituciones bancarias actúan arteramente en contra de quienes, en efecto, tuvieron problemas de liquidez, pero también tuvieron voluntad de pago e hicieron esfuerzos importantes por limpiar su nombre y su historial crediticio. Hoy, sin embargo, en este ambiente de aridez y posibilidades de defensa que no siempre se encuentran al alcance o la sencillez que requieren los usuarios de servicios financieros, el mayor amague y la mejor herramienta de las instituciones de crédito, se llama Buró de Crédito.

¿Por qué habría que estar a favor de la Iniciativa (Gobierno de) México?

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+ La conciencia cívica supera “percepciones” presidenciales

Finalmente, esta semana fue presentada la Iniciativa México. En lo que se denominó una “cadena nacional voluntaria”, las dos empresas televisivas más importantes del país “unieron esfuerzos” para emprender una misión de aliento a favor de la sociedad mexicana. Más allá del discurso formal y los lugares comunes, es evidente que esta se aparece como una más de las estrategias que buscan cambiar la dinámica de la percepción de ciertos núcleos de la población nacional, que ahora sólo tienen ante sí una realidad desesperanzadora. No buscan arreglar los problemas más sentidos del país, sino cambiar la perspectiva. Es decir, que tratarán de sacar esperanza exprimiendo hasta a las piedras.

En un primer momento tendríamos que hacernos una pregunta básica: ¿Por qué estar a favor, o necesariamente creer en la Iniciativa México? Atendamos al discurso: porque es urgente cambiar la perspectiva del derrotismo y la desesperanza que equivocadamente inunda al país; porque muchos de nuestros males como nación, parten de la falta de conciencia cívica y de la pésima actitud que se tiene en la sociedad; porque es necesario no sólo ver lo malo, sino comprender que en el país también ocurren muchas cosas buenas, que no se ven porque son silenciosas. Porque, como dijera el Vasco Aguirre, “es necesario pasar del México del sí se puede, al México del ya se pudo”. Ajá, sí.

Ahora bien, ¿Por qué no estar a favor de la Iniciativa México? Una primera prevención apunta, y la compartimos, no a tratar de decir que estamos del lado de quienes quieren que a México se lo lleve el carajo, o de los que en todo buscan lo malo. No. El problema, en realidad, es que dicha campaña mediática no resulta ser sino más que parte de una estrategia del gobierno federal, en alianza con algunas empresas de amplio poder e influencia en la población, para buscar un cambio en la percepción no hacia el “México bueno”, sino hacia el “México apaciguado”.

En ese sentido, tendríamos que preguntarnos, y respondernos con la suficiente honestidad cívica e intelectual, si estrategias como la de la Iniciativa México tienen como finalidad real atender hasta abatir algunos de los problemas más graves del país, o si simplemente busca generar expectativas que sólo terminen en eso: en ideas que pueden ser realizables, pero que no por ello necesariamente tienen que llegar a serlo.

El momento en que esto ocurre es, evidentemente, crucial. México, nos guste o no, y compartamos o no dicha idea, se encuentra en el umbral de un momento emocional e históricamente determinante. Al igual que en los dos siglos pasados, la nación llega a una celebración trascendental en condiciones altamente complejas y desesperanzadoras: al pasar del tiempo, no se han podido atender problemas y rezagos por los que se pelearon en el país hace cien y doscientos años. Y existen núcleos sociales preocupados por la posibilidad de que esta desesperanza trascienda a otros riesgos mayores. Uno de ellos, el más extremoso, es el de un nuevo alzamiento popular armado.

Por eso, acciones como la Iniciativa México buscan incentivar, pero también buscan desmovilizar. Buscan cambiar la percepción de todos aquellos que a diario perciben las adversidades e injusticias que ocurren en el país; que no encuentran hoy muchos motivos para celebrar; que ven una nación caótica y un gobierno cerrado y atribulado, que no entiende que las mayorías sufren por las decisiones de unos cuantos; que, como dijera en su momento Luís Donaldo Colosio, continúan viendo, al correr de los años, a un México con hambre y sed de justicia.

La Iniciativa México —a la que, más bien, deberíamos calificar como la Iniciativa del Gobierno de México— busca desactivar, que no atender, ese sentimiento social, adverso pero genuino, que indica que en este país es mucho más lo que está mal, por encima de lo que está bien.

ASUNTOS SIN RESOLVER

¿Qué cambia entre “el México del sí se puede”, y “el México de ya se pudo”? En realidad, lo único que cambia es el enfoque. Porque, en realidad, tendríamos que ver qué asuntos están en manos de quién, y entonces, quién es el que dice “ya se pudo” y quién continúa diciendo “sí se puede”. Evidentemente, en un desglose completo de las dos acepciones, los promotores de la Iniciativa son quienes quedarían peor parados.

Sobrevivir en México, hoy, es una tarea del país “que ya pudo”. No necesitamos adherirnos a quienes siempre machacan al gobierno la responsabilidad de todos los males que aquí ocurren. Sin embargo, es evidente que más allá de todas las fobias y filias políticas hacia el gobierno y sus grupos detractores, la gran mayoría de las actividades económicas del país sobreviven frente a grandes adversidades. Veamos:

Somos un país de pequeñas y medianas empresas, que sobreviven frente a esquemas fiscales complejos y adversos, que siempre están dispuestos a cobrar a quien ya paga, y a preservar los privilegios de quienes están al margen de la ley. Vivimos en un México en el que amplísimos porcentajes de la riqueza se concentran en menos de 100 familias, pero en el que amplísimos sectores de la población (quizá un 70% de ella) vive en condiciones de alta marginación.

Sobrevivimos en un país que, independientemente de la causa, presenta gravísimos problemas de inseguridad, violencia y falta de cumplimiento y respeto por las leyes. Vivimos en un país en el que, en más de un caso, predomina abiertamente la ley del más fuerte, sin que éste tenga la posibilidad de ser recriminado, sancionado o acotado. Vivimos en una nación, en la que más de 20 millones de personas viven con el equivalente a menos de dos dólares diarios. ¿A poco no, seguir vivos en estas condiciones, es una tarea del México en el que ya se pudo?

¿QUIÉN NO CUMPLE?

¿Y de quién es el México del sí se puede? Es, precisamente, de todos aquellos que generan expectativas, que se valen de la esperanza, de la confianza y la ingenuidad de las personas, para hacerlas creer que podrán hacer mucho a cambio de un voto, para finalmente terminar haciendo nada. El México del “sí se puede”, es de quienes prometen y no cumplen. Es decir, del sector público que ni siquiera puede ponerse de acuerdo, y mucho menos actuar. A muchos funcionarios locales y federales, deberían sentarlos a ver día y noche Iniciativa México. Quizá así cambien la visión de su trabajo, y del país en el que viven.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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