+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

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Alianza opositora: Contradicciones de la democracia y el pragmatismo

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

La coalición entre el Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, está prácticamente concretada. Desde hace meses, las dirigencias estatales y nacionales de esas fuerzas partidistas, habían venido manifestando su “disposición” para establecer mecanismos a través de los cuales pudieran construir plataformas conjuntas de gobierno, e impulsar a candidatos comunes a los cargos de elección popular, que se disputarán en los comicios estatales a celebrarse en Oaxaca en julio de 2010. La consolidación de esta coalición, reviste cuestionamientos que deben ser fundamentales para la discusión y el entendimiento de la democracia, pues con ello queda claro que ésta se enfrenta hoy a dilemas novedosos que deben ser resueltos, antes de que esto ocasione más incertidumbre e inmovilismos, que sólo afectan al país.

LOS ANTECEDENTES

Dos puntos deben quedar claros, de entrada, en esta discusión. El primero de ellos, tiene que ver con el hecho de que las coaliciones de partidos ni son nuevas en el país; el segundo punto tiene que ver con la plena legalidad que la norma electoral federal reconoce a los institutos políticos nacionales, para que éstos postulen candidatos comunes y compartan plataformas electorales y de gobierno. Esto debe servirnos de parámetro, y también de punto de partida para un asunto que va mucho más allá de cualquier antecedente —de hecho y de derecho— que pudiera tener la democracia electoral en la historia reciente de nuestro país.

Desde hace poco más de dos décadas habían existido acercamientos importantes entre fuerzas políticas de diversos órdenes. En los comicios federales de 1988, un importante conjunto de partidos políticos de izquierda crearon el Frente Democrático Nacional, postulando a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como candidato a la Presidencia de la República.

Luego de los comicios del 6 de julio de ese año, en el que resultó ganador el abanderado presidencial del PRI, Carlos Salinas de Gortari, tanto Cárdenas Solórzano como Manuel J. Clouthier (candidato del Partido Acción Nacional) se proclamaron ganadores de la contienda comicial. Esto generó una crisis de legitimidad, en la que finalmente tanto los que se identificaban con los partidos de izquierda, como quienes lo hacían con los de la derecha, se unieron en un solo frente político para denunciar el fraude electoral y exigir la anulación de la votación en la que había ganado el candidato priista Salinas de Gortari.

Ese fue apenas un primer viso de acuerdos sólidos entre fuerzas aparentemente disímbolas. El momento histórico que fue 1988 era excepcional, y tal parecía que más allá de las ideologías, había un sentimiento superior de que el interés era la democracia en México. Nadie cuestionó, entonces, el hecho de que, al menos en ese momento, los sectores más representativos de la izquierda estuvieran compartiendo intereses con quienes representaban las banderas ideológicas más opuestas.

Luego, años después, en el año 2000, en México ocurrieron dos alianzas políticas fundamentales para los comicios federales de ese año. El Partido Acción Nacional, que había postulado al entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, se unió con el Verde Ecologista de México para formar la Alianza por el Cambio; por su parte, el Partido de la Revolución Democrática constituyó, junto con los partidos del Trabajo, Convergencia, Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista, una coalición llamada Alianza por México. La legalidad y el resultado de los comicios en los que resultó ganador el panista Vicente Fox Quesada, fue incuestionable para las demás fuerzas políticas que participaban del proceso.

Cuando eso ocurrió, pocos fueron los cuestionamientos habidos alrededor de estas fuerzas políticas. En realidad, lo que más se discutió fue la supervivencia de fuerzas políticas minoritarias, como las que se aliaron al PAN y PRD en sus respectivas coaliciones, al “colgarse” de los altos porcentajes de votos que esos partidos obtenían, para conservar sus propios registros y tener representaciones legislativas en el Congreso de la Unión.

CONTRADICCIONES

DE 2004 Y 2006

Por esos mismos tiempos se crearon diversas coaliciones en las que participaron juntos los partidos de izquierda y derecha nacionales, para comicios de las entidades federativas. Un caso paradigmático fue el de la coalición Todos Somos Oaxaca, erigida en 2004 por todas las fuerzas opositoras —con excepción del Partido Unidad Popular, que por su carácter de partido estatal de reciente creación, no podía participar en coaliciones—, y que llevaron como abanderado a la gubernatura al entonces presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Gabino Cué Monteagudo.

Dos años después, sin embargo, la historia cambiaría. Al postular a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, en 2006 el PRD, PT y Convergencia se unieron en la Coalición Por el Bien de Todos. El PRI trabó alianza con el Partido Verde para crear la Alianza por México. Y el Partido Acción Nacional —ya entonces en el poder— decidió ir solo a los comicios federales.

El choque de trenes fue brutal: el abanderado panista, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sólo pudo aventajar al aspirante de la Coalición por el Bien de Todos, por un 0.2 por ciento. Algo así como 220 mil votos, de una elección en la que participaron, según información del Instituto Federal Electoral, 41.8 millones de ciudadanos mexicanos. La inconformidad postelectoral no se hizo esperar, y lo que inició como un conflicto que debía dirimirse en los Tribunales de la materia, fue llevada a la calle a través de una inconformidad social en la que las acusaciones se convirtieron en ofensas, las ofensas en insultos, y los insultos en un riesgo fundamental para la gobernabilidad del país.

López Obrador, el aspirante derrotado, acusó de ilegitimidad al gobierno entrante, y calificó como “espurio” al entonces presidente electo, Felipe Calderón. El primero de ellos, se enfrascó en una batalla política, que por momentos pareció tener como intención la ruptura del orden social y el inicio de una lucha por el derrocamiento del gobierno en turno. Hasta hoy, no existe un reconocimiento expreso de los partidos y las facciones que secundaron en 2006 a López Obrador, al gobierno que encabeza el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, hoy, en medio de ese sinuoso y altamente contradictorio escenario político, las fuerzas políticas de uno y de otro están juntas para encarar cuatro procesos electorales estatales. Entre ellos el de Oaxaca.

“EL AGUA Y EL ACEITE”

Así calificó hace unos meses el otrora líder moral y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, la alianza que entonces se sospechaba que erigirían las fuerzas de izquierda y el PAN para varios comicios estatales. No se equivocaba: tanto en posiciones ideológicas como en planteamientos de orden político, e incluso en formas de gobernar, una y otra fuerza habían resultado ser totalmente opuestas.

Además, independientemente de esas razones —que podrían ser catalogadas como de un “purismo ideológico” recalcitrante o anticuado—, lo cierto en todo eso es que la unión en particular de esas fuerzas políticas representaba una contradicción aparentemente insuperable: en 2006, López Obrador emprendió una andanada en contra del gobierno federal y del PAN, que partió justamente del desconocimiento de la autoridad constitucional, y que tenía como objetivo romper el orden institucional del país.

Desde entonces se negó a cualquier forma de entendimiento con el oficialismo; e incluso López Obrador se negó a la posibilidad de establecer un dique opositor responsable que equilibrara las fuerzas políticas en el país, y prefirió una desestabilización de tipo callejera que finalmente le hizo perder más adeptos que cualquier capital político que pudiese haber ganado con sus inconformidades. Eso era lo que, en realidad, lo hacía ser una unión catalogada como “entre el agua y el aceite”. No tanto las razones ideológicas, sino las circunstancias de hecho que habían llegado al PAN y PRD a uno de los choques más violentos de que se tenga memoria en la historia reciente del país.

2009 Y 2010: LAS

NUEVAS CIRCUNSTANCIAS

2009 marcó la peor debacle panista desde que llegó al poder federal, en el año 2000. El presidente Felipe Calderón fue incapaz de sostener la mayoría relativa que tenía en la Cámara de Diputados, y en los llamados “comicios intermedios” fue arrollado por una maquinaria priista que, desde los gobiernos estatales, operó de una forma excepcionalmente eficiente. Eso marcó el cambio de la agenda y los intereses políticos del panismo.

Hasta entonces, el PAN —con mayoría relativa en el Congreso— había necesitado del PRI para sacar adelante sus reformas y enfrentar al poder opositor del perredismo. Una vez que el panorama electoral cambió, los blanquiazules cayeron en la cuenta de que el priismo se preparaba para pelear con todo el sustento la presidencia de la República en 2012. Por eso las prioridades cambiaron, y los antiguos enemigos —PAN y PRD, que ahora estaban arrinconados— se unieron para tratar de frenar la fuerza del priismo.

Ninguna razón valió. De nada sirvieron los llamados a la cordura ni los recordatorios sobre las contradicciones ideológicas de una coalición sin sustento. Fueron desoídos todos los llamados relativos a la forma imposible de gobernar entre fuerzas que pertenecen a distintos raigambres, que tienen formas de gobierno distintas, que no comparten el proyecto nacional, y que incluso ni siquiera han demostrado fehacientemente que tienen uno y que lo pueden llevar a cabo.

En esto, Oaxaca ha sido un icono. Esta fue la tierra escogida por AMLO para establecer su resistencia al gobierno federal; aquí, las fuerzas opositoras han tenido fuertes enfrentamientos para tratar de frenar a un PRI que desde aquí parece estar impulsando un proyecto nacional que tiene rumbo en el 2012. Y por eso, aún con todo lo que los separa, tanto el PAN como el PRD decidieron ir juntos a unos comicios en los que ya están comenzando a pagar los costos.

La postulación de Gabino Cué Monteagudo ya costó las primeras renuncias. La más sentida de ellas, fue la del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y la de varios militantes del PAN y otras fuerzas políticas con intenciones de intervenir en el proceso aliancista.

Más allá de ello, lo que parece ser uno de los riesgos más potenciales, es que ese mismo pragmatismo que se está profesando en la conformación de alianzas, puede ser llevado a la forma de gobierno. Y nadie sabe cuál sería el resultado de un gobierno en el que no sólo se unen los polos de la democracia partidista, sino en el que se unen los polos más opuestos y confrontados de esa izquierda partidista.

El asunto va más allá de cómo ganar una elección: en realidad el dilema se basa en cómo gobernar un Estado cuando no se tienen coincidencias ni proyectos ni identidades sólidas. Ese es el nuevo paradigma al que se enfrenta Oaxaca.

Gómez Mont, se va pero no se va

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+ Moral política: nada nos gusta…

 

El pasado miércoles, un día después de que se hiciera oficial la coalición entre el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática y las demás fuerzas de izquierda, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo pública la decisión de renunciar a su militancia panista de más de 30 años. La decisión fue tomada, en un sentido, como un acto de congruencia personal del Funcionario ante una decisión que no compartía; fue respaldada, en algunos casos, y en otros, condenada. Algunos, incluso, calificaron la decisión como una simulación del Presidente ante las demás fuerzas políticas. Habrá que distinguir la razón entre cada uno de los planteamientos.

Sin duda, lo más sencillo de razonar y entender, tiene directamente que ver con la posibilidad de que esa fuera una decisión personal del Secretario de Gobernación, que tomó en función de preservar sus propias ideas y concepciones personales, y como parte de un instituto político en el cual no comparte las trascendentales decisiones tomadas en las últimas semanas. Así, la decisión de separarse de su militancia partidista podría considerarse, sin duda, como un auténtico acto de congruencia política que ya no es muy común de ver en un país como el nuestro.

Sin embargo, esa es una razón poco probable. Le guste o no a ciertos sectores de la población, el secretario Gómez Mont es —en primer término por su investidura política, pero también por las habilidades que ha demostrado como encargado de los asuntos políticos del país— uno de los funcionarios más fuertes del gobierno federal, que no ha desempeñado un mal papel si se toma en cuenta las complejas circunstancias políticas por las que atraviesa el país.

El secretario Gómez Mont ha demostrado, del mismo modo, ser uno de los personajes más cercanos y respetados por el Presidente de la República, y uno de los que más le ha ayudado en medio de las turbulencias que conlleva el tener un gobierno marcado por las derrotas y las contrariedades. Aunque esto no significa que, necesariamente, el actual sea el mejor, e incluso un buen Secretario de Gobernación, lo cierto es que es uno de los menos malos y uno de los que más ha colaborado con el gobierno en turno.

Siendo así, ¿el Secretario de Gobernación sería capaz de tomar una decisión tan trascendental, sin antes contar con el aval de su jefe, el Presidente de la República? Evidentemente, no. Y es así porque la figura del encargado de la política interna del país va más allá de la simple militancia partidista, e incluso rebasa al solo nombre de Fernando Gómez Mont o de quién sea.

Es decir, que aspectos políticos como esos —que se entiende que pertenecen a su vida y decisiones personales— en realidad se encuentran supeditados al cargo y al débito político que le debe a Jefe de Gobierno y de Estado a quien sirve directamente. Es decir, que en gran medida no pertenecen a la esfera privada, sino a la pública.

Si esto es así, entonces parece claro que un “berrinche” o una diferencia política real e insalvable, entre el Secretario de Gobernación y su jefe, el Presidente de la República —como la que parece haber actualmente en relación a Gómez Mont y el PAN—, no debía terminar en la dimisión de su partido, sino en la separación inmediata del cargo de quien es subalterno del Primer Mandatario. Dos hombres tan importantes para un país, no podrían dejarse llevar, en ningún sentido, por caprichos o berriches para tomar decisiones tan trascendentales. Debe haber razones y cálculos poderosos que llevaron al Presidente y su Secretario de Gobernación, a determinar que era el momento en el que el segundo tenía que presentar su renuncia —en una especie de “sacrificio” de su militancia partidista, para hacer prevalecer sus márgenes de maniobra en los asuntos del Estado—, o que podía hacerlo si de antemano éste último ya lo había considerado. En política, como siempre, no existen las coincidencias.

 

NEGOCIADOR FALLIDO

Aunque la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados federal, ha reiterado que jamás hubo una negociación parlamentaria con el gobierno de la República que incluyera el condicionamiento de aprobar el paquete económico a cambio de que el panismo prometiera no trabar alianzas en al menos cuatro entidades federativas, lo cierto es que todos los indicios apuntan a que fue justamente la consolidación de esas alianzas lo que provocó la renuncia del Secretario de Gobernación.

En su momento, en septiembre del año pasado, cuando por primera vez las dirigencias nacionales del PAN y PRD hablaron de la posibilidad de coaligarse en entidades como Oaxaca, Puebla, Veracruz y otras, fue justamente la fracción parlamentaria de Oaxaca en San Lázaro, la que dejó correr la versión de que el PRI cancelaría cualquier apoyo al paquete económico del gobierno federal, si el PAN no declinaba a unirse con las fuerzas de izquierda para futuras empresas electorales.

Antes, como ahora, el PRI negó que formalmente hubiera planteado ese asunto al PAN y al gobierno federal. La renuncia de Gómez Mont, sin embargo, pone en claro que esa negociación sí existió. Pero también deja ver que más allá de la salvaguarda de las dignidades políticas, su renuncia tiene como base la necesidad del gobierno federal de sacrificar, en cierta medida, a su Secretario de Gobernación, para hacer prevalecer los márgenes de diálogo.

Si el secretario Gómez Mont pactó con el PRI la no formalización de alianzas entre el PAN y otras fuerzas políticas, e incumplió, le quedaban dos caminos: sostener su dignidad separándose de su militancia como un signo de desaprobación a un acto que lo rebasó; o quedarse, sin ninguna reacción, en su cargo, pero cancelando todas sus posibilidades de interlocución creíble con las demás fuerzas políticas. Esa, al final, parece ser la razón más aceptable de por qué esta semana que termina, el Secretario de Gobernación dejó de ser militante panista.

 

NADA NOS GUSTA

Es razonable que se diga que esto es una farsa. Pero también es un exceso tratar de sostener que como Gómez Mont ya no es panista, debe renunciar a su cargo en el gobierno federal. Esto sería tanto como coronar lo que tantos priistas han criticado a la administración de Felipe Calderón Hinojosa: que sólo por la militancia, y por el cuatismo, se han entregado los puestos más importantes, y de mayor responsabilidad en el gobierno federal.

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Desprendimientos en el blanquiazul… y lo que falta

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+ ¿Qué es lo que importa de las alianzas electorales?

La decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, de anunciar la postulación de Gabino Cué Monteagudo como su candidato a la gubernatura de Oaxaca, tuvo los efectos que ya se habían vaticinado: tanto a nivel local, como en el ámbito nacional, ocurrieron desprendimientos de militantes, que se dijeron en desacuerdo con las decisiones cupulares tomadas por Acción Nacional y las demás fuerzas políticas que integrarán la Coalición opositora en nuestro Estado. ¿Qué implicaciones tiene todo esto?

Es evidente que, en primer término, la inconformidad más trascendental se dio con la renuncia a su militancia panista, del secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. Pero también, en Oaxaca, se dieron otras recriminaciones y desprendimientos importantes en el trabajo aliancista, no sólo en figuras locales del panismo, sino también de militantes de otros grupos que integrarán la coalición.

Al día siguiente del anuncio panista sobre la candidatura de Cué Monteagudo, se hizo pública la renuncia al blanquiazul de María de los Ángeles Abad Santibáñez, y el deslinde tanto de Irma Piñeiro Arias, como del Partido Nueva Alianza de la Coalición opositora. En medio de todo eso, hubo una declinación casi unánime de todos los aspirantes a la candidatura a Gobernador —del PAN, PRD y demás—, por continuar participando en un proceso interno al que más de uno calificó como “una comparsa”.

Así, lo que parece evidente es que importantes sectores de las fuerzas opositoras se están desligando del trabajo aliancista, y que lo único que parece quedar firme son las determinaciones de las dirigencias nacionales de los partidos —es decir, las representaciones formales— por ir coaligados en una alianza. En esas circunstancias, ¿Con qué fuerzas reales irá Gabino Cué a los comicios estatales de julio próximo?

La pregunta no es ociosa, sino que más bien es parte de las previsiones que desde hace tiempo se habían venido construyendo sobre el destino que tendría una alianza conformada entre fuerzas tan confrontadas y, sobre todo, sin que en todo esto existiera un método democrático efectivo a través del cual pudiera elegirse a sus abanderados. En la perspectiva, se encontraba la posibilidad tangible de rompimientos por el modo en cómo se conduciría tanto el proceso aliancista, como la unción de su abanderado a la gubernatura.

En este sentido, hace ya algunas semanas —específicamente, el 27 de enero pasado—, apuntamos que “más allá del ánimo gubernamental (…) aquí mismo sí existen fuertes sectores del panismo que no terminan de convencerse de lo que están disponiendo tanto su dirigencia estatal, como la nacional, sobre la coalición opositora. Y mucho menos están conformes con el candidato —el senador Gabino Cué Monteagudo— que está prácticamente impuesto para encabezar la alianza.”

Y rematamos diciendo que “esas fracturas ponen en entredicho la posibilidad de ganar. No basta con que se hagan declaraciones de unidad. Y si PAN y PRD no cuidan todos los detalles para subsanar cuanto antes las fracturas, su alianza sólo será de membretes pero sin un potencial claro para dar la batalla electoral en los comicios de julio.”

Eso es lo que, a nivel partidista, está justamente ocurriendo: ante los desprendimientos y los cuestionamientos, lo que parece claro es que esta es una alianza de membretes, en las que las fuerzas reales se están minando y confrontando por el doble discurso, el pragmatismo desbordante y las imposiciones, en las que sus respectivos partidos han basado la construcción de la coalición y la designación de su principal candidato.

ALIANZA, ¿PARA QUÉ?

Sin embargo, esas fracturas no parecen preocuparle demasiado a los que están en la ruta de consolidar la coalición opositora en Oaxaca. En realidad, lo que pareciera es que Acción Nacional trató de adelantarse a todas las demás fuerzas políticas en la unción formal de Cué Monteagudo como su candidato, y que todos parecen estar apostando toda la confianza a la operación política y económica de los programas sociales y las estructuras electorales que, cada uno por su lado, maneja el PAN desde el gobierno federal, y las llamadas fuerzas de izquierda a través de las redes ciudadanas de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué efecto buscó el PAN al ser el primero en reconocer a Cué como su abanderado? Evidentemente, uno de sus objetivos habría de ser el de “adjudicarse” al ex Senador como su Candidato, y tratar con ello de convertirse no en parte de toda la negociación sobre los espacios en disputa, sino en el factor de decisión sobre el destino que siga la Coalición. En esa lógica, todas las demás fuerzas tendrían que abrazar a un personaje que ya es Candidato del PAN a la gubernatura, y no tendría que ser éste quien se adhiriera a abanderados de otras fuerzas.

Por otro lado, habría también que ver en qué se basa la confianza de Acción Nacional sobre sus posibilidades de triunfo en Oaxaca. En ese sentido, una sola es la certeza que se tiene al respecto: el blanquiazul carece de estructuras y operadores electorales importantes en la entidad, pero cuenta con el cobijo de una amplia red de cobertura social, que ha sabido utilizar en los momentos más trascendentales.

Esto es justamente lo que pretenden combinar al unir esfuerzos con las fuerzas lopezobradoristas. Éstos últimos, carecen por completo de acceso a grandes fuentes de dinero, pero tienen como capital político el haber recorrido el Estado y construido una red relativamente importante de contactos y estructuras electorales, a través de las cuales buscarán incrementar sus potenciales de triunfo.

Ambas fuerzas, además, confían en que Cué Monteagudo es un elemento sólido que por sí mismo puede capitalizar buena parte de los votos y simpatías que necesitan para ganar. El resto, según consideran, lo obtendrán de la combinación de las “fortalezas” panistas y perredistas, y del modo en cómo capitalicen el voto de los no militantes. Una apuesta por demás arriesgada, pero que nadie puede decir que es del todo equivocada.

 

¿ESCANDALIZADOS?

Propios y extraños se sintieron desconcertados —y hasta contrariados— por la renuncia del secretario Gómez Mont a su partido. A nadie debería sorprender un acto de congruencia y una medida de extrema prudencia a través de la cual, el gobierno federal busca mantener el diálogo con las fuerzas políticas. ¿Qué no siempre se exigen políticos congruentes? Ahí está una muestra. Aunque, como todo en política, esa dimisión no puede ser explicada en una sola vertiente. Hay más de fondo. Abundaremos.

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Gabino, candidato de AN: el choque con la realidad

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+ PRI: ¿no que oposición no le marcaría los tiempos?

 

La noche del pasado martes se hizo público lo que aquí adelantamos hace casi 24 meses: el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, oficializó su adhesión a la coalición opositora de Oaxaca y declaró a Gabino Cué Monteagudo como su candidato a Gobernador. Parecía que propios y extraños se negaban a esa realidad. Y el choque de los idealismos contra los hechos, tanto en el oficialismo como en la oposición, parece ser de consecuencias anímicas brutales.

Hace casi dos años, el 27 de febrero de 2008, apuntamos en este espacio que dos delegados políticos del CEN panista se habían apersonado en Oaxaca para sostener una reunión de trabajo con la militancia local y los titulares de las delegaciones del gobierno federal en Oaxaca, y que traían un mensaje en particular:

Anunciarles que en Los Pinos se había ya determinado que el candidato sería el entonces senador Cué Monteagudo, con todas las implicaciones que ello traería aparejadas. Los mensajeros, en aquel encuentro, fueron el abogado Julio Esponda y el hoy diputado federal, Roberto Gil Zuarth.

Aquella determinación tenía implicaciones importantes: la decisión de impulsar al entonces senador Cué implicaba no sólo la necesidad de dejar atrás los agravios que se habían generado entre éste y el panismo oaxaqueño a raíz de los comicios locales de 2004, sino que además dejaba ver que la dirección nacional del PAN estaría dispuesto a construir una alianza con el PRD y las demás fuerzas de izquierda.

Y si aquella fue la primera señal de una coalición y del abanderamiento de Cué que ya se vislumbraban, la pauta definitiva la dio el resultado de los comicios federales del año pasado, en los que tanto Acción Nacional como el PRD fueron relegados por un PRI que remontó sus más dolorosas derrotas del pasado, y estuvo a casi nada de ganar la mayoría simple (250+1) de los escaños en la Cámara de Diputados federal.

En una lectura política correcta y sin apasionamientos, todos esos antecedentes apuntaban a que, en efecto, en Oaxaca habría de construirse una alianza de partidos de oposición, que el abanderado sería el ex senador Cué Monteagudo, y que sólo tendrían que consolidarse los tiempos formales para que todo eso ocurriera. Así, la noche del pasado martes se oficializó una previsión que infundadamente había sido negada tanto por sectores reacios de la oposición, como —sobre todo— por el propio oficialismo.

¿Por qué diversos sectores de la oposición se negaban —y lo siguen haciendo— a una alianza que abanderara al Convergente? Porque al menos en el panismo local, muchas de las ofensas generadas por la secuela de los comicios de 2004, no han sido superadas; en sectores conservadores del albiazul (como la corriente que encabeza el ex dirigente nacional, Manuel Espino Barrientos) cuestionan la falta de congruencia ideológica en la alianza de la derecha con la izquierda.

E incluso, algunos panistas —y militantes de otras fuerzas políticas—, porque se resistían a creer que ahora sí existiría un proceso verdaderamente democrático para elegir al abanderado de la Coalición, y que no se repetiría el acto de imposición por el que hace seis años fue ungido Cué como candidato.

Hoy, los hechos han dado la razón a las dudas de personajes como Irma Piñeiro Arias, Carlos Altamirano Toledo y demás, que en un principio se resistían a participar en esta unión opositora, y a los que finalmente utilizaron para legitimar un “proceso interno” que nunca existió. Ahora, los respectivos partidos de los personajes agraviados, tratarán de mantenerlos cohesionados a través de ofrecimientos de candidaturas menores (diputaciones locales o alcaldías), pero no la postulación a la gubernatura del Estado.

 

PRI: CHOQUE

CON LA REALIDAD

Sin embargo, los idealismos no sólo fueron privativos de la oposición. En realidad, diversos sectores del Partido Revolucionario Institucional también anhelaban la no consolidación de la alianza opositora, para tener ellos la libertad de elegir a su candidato y hacerlo ganar a través de una estructura electoral que, ciertamente, ha dado muestras de efectividad, pero que para un proceso comicial como el que se avecina, sin duda será insuficiente.

¿En base a qué, desde el priismo, se decía que la alianza opositora no se conformaría? Había algunas razones. Una de ellas era la cooptación de dirigentes y líderes opositores; otra era la confianza en que las contradicciones ideológicas y políticas de las fuerzas partidistas que pretendían unirse, finalmente les impidieran la consolidación de la alianza. Le apostaron, incluso, a dinamitar la unión opositora a través de pactos (como el que, dicen, ocurrió entre el priismo y el Secretario de Gobernación para aprobar el paquete fiscal del presente año) y amagues (como el de la difusión de videos sobre cuyo contenido aquí se ha reseñado ampliamente) que rompieran lo que ya se había construido.

En realidad, los argumentos del priismo para negar la coalición, fueron más emocionales que respaldados por la razón. Era, en otras palabras, lo que ellos querían y no lo que fundadamente podía ocurrir. En ese camino, los tricolores ya entraron en una ruta riesgosa en la construcción de su candidatura: hoy, ellos tampoco pueden presumir de un verdadero proceso democrático para la elección de su candidato a Gobernador, y son más los ataques y acusaciones de inequidad, que las señales claras de un “cierre de filas” y competencia equitativa que todos argumentan, pero que nadie logra fundamentar.

Ahora, cualquier ruta que tome el priismo tendrá costos: con su decisión, el PAN ya dio el primer paso y, ahora sí, está demostrado que el tricolor define sus tiempos en función de la oposición, y no al revés como inicialmente lo decían. Cué les rompió el esquema del viejo PRI sobre el “tapado”. Y, sobre todo, si a estas alturas rectifican el camino sobre su candidato a Gobernador, habrá muchos agravios. Pero si no lo hacen, quedarán como discípulos de una democracia simulada, de la que ya dieron un ejemplo clarísimo los partidos de oposición.

IFE: MAL SERVICIO

La mañana de ayer, más de 200 personas esperaban realizar trámites en un módulo de atención del IFE, ubicado en Belisario Domínguez y Fray Toribio, en la colonia Reforma; sin el menor recato, los funcionarios de esa oficina les negaron el servicio y, ante las protestas, solicitaron la presencia de docenas de elementos policiacos que disuadieron la inconformidad tratando a los ciudadanos como delincuentes. Qué lamentable.

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El panismo, a conquistar gobierno de Oaxaca (Columna del 27 de febrero de 2008)

Al Margen

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Miércoles 27 de febrero de 2008

+ El panismo, a conquistar gobierno de Oaxaca

+ Candidatura de Gabino, a punto de amarrarse

Lejos de cualquier otra interpretación, el objetivo real que tuvo la reunión ocurrida el pasado domingo en un conocido hotel del sur de la capital oaxaqueña entre la dirigencia nacional del PAN y los delegados del Gobierno Federal en Oaxaca, fue el de “tirar” las primeras líneas al llamado “panismo duro” con asiento en la entidad, de lo que será el inicio de su propia carrera por la sucesión en el gobierno de Oaxaca, que habrá ocurrir en 2010.

Esa reunión tenía varios objetivos. Porque si la finalidad aparente era el echar a andar un ambicioso programa partidista de reclutamiento —reciclamiento— de algunas autoridades municipales, líderes regionales y algunas otras figuras del ámbito social y empresarial de Oaxaca, en el fondo ese encuentro tenía el objetivo de reunir a las dos vertientes del panismo —los locales y los “duros”— con la dirigencia nacional y algunos mecenas de la oposición local, para hacerles ver que la carrera por el 2010 será una guerra sin cuartel, en la que los apoyos y las alianzas ya fueron tejidas desde los altos círculos del poder federal, y necesitan ser echadas a andar cuanto antes en Oaxaca.

La presencia en Oaxaca de Roberto Gil Zuarth, director jurídico del CEN del PAN, y Luis Esponda —de quien su única “credencial” panista es la amistad personal con el presidente Felipe Calderón— no fueron fortuitas. Y no lo fueron porque el objetivo de fondo que traían era, en primer término, “regañar” a la dirigencia estatal por entreguista al Gobierno de Ulises Ruiz; y en segundo término, para hacerle saber al llamado “panismo duro” —es decir, los delegados federales en Oaxaca— que la orden dada desde el alto círculo de poder panista, es que de ahora en adelante todos los apoyos y el activismo electoral, necesitarán ser centrados de nuevo en la figura del senador Gabino Cué Monteagudo.

Esto porque, de acuerdo con fuentes del alto círculo panista en el ámbito nacional, hace apenas unas semanas habría ocurrido un encuentro personal entre el presidente Calderón y el senador Cué, en el que pactó el apoyo político necesario para que el malogrado Candidato opositor a Gobernador de Oaxaca compitiera de nuevo por el cargo en el año 2010, pero ahora sustentado firmemente por el aparato electoral y partidista con que cuenta el Gobierno Federal.

Por esa razón, aseguran las fuentes consultadas, a esa reunión ocurrida el domingo en el hotel Fiesta Inn de la capital oaxaqueña, estuvo también invitado el ex banquero, Alfredo Harp Helú, quien fue uno de los principales financiadores de las aspiraciones políticas del hoy Senador convergente durante la aventura proselitista de 2004, y podría estar de nuevo interesado en abonar una causa electoral de esa naturaleza.

Incluso, se comenta que esa fue la razón por la que el diario Noticias —que es propiedad del chiapaneco Ericel Gómez Nucamendi, quien a su vez es suplente de Cué en el Senado y uno de los integrantes incondicionales de ese círculo donde se comparten lazos, intereses y ambiciones de todo tipo— fue el único medio informativo al que se le permitió hacer cobertura y dio, en la portada del pasado lunes, amplias reseñas del evento.

Si en el fondo, el interés político de ese grupo está de nuevo en la lucha por la gubernatura, sería entendible que junto con los apoyos recibidos por parte del PAN y el Gobierno Federal, el senador Cué pudiera estar echando a andar de nuevo la maquinaria mediática que en otros tiempos fue también parte fundamental de su promoción y vocería.

CDE, FUSTIGADO

Sin embargo, en todo esto no se debe pasar por alto el hecho de que mientras la causa política del senador Cué era “destapada” por los enviados del presidente Calderón y el CEN panista, la dirigencia estatal del PAN recibía el fuerte revés político que pensaron que ya no ocurriría ante los magros resultados entregados en los dos últimos procesos electorales.

El mensaje de los emisarios contenía, en el fondo, la indicación de que de ahora en adelante el llamado “panismo tradicional” quedaría rebasado por la necesidad —acaso pragmática— de espacios de decisión y poder que tiene en todo el país la dirigencia nacional calderonista de Acción Nacional.

Sobre el panismo “tradicional” oaxaqueño, que encarna la dirigencia de Jorge Alberto Valencia Arroyo, pesan al menos dos señalamientos: el primero de ellos, tiene que ver directamente con la tibieza en sus estrategias electorales y porque la mala elección de sus candidatos permitió al Partido Revolucionario Institucional obtener todos los espacios en disputa electoral en un escenario que se vislumbraba favorable al panismo.

Y el segundo de los señalamientos, es el referente a las ligas que podría haber entre el panismo que controla la dirigencia estatal con los grupos de poder antagónicos al del presidente Calderón. Y si algo ha quedado claro en todo el país en relación a las últimas elecciones —y concertacesiones— en las que ha participado el PAN calderonista en comicios estatales, es que son fundamentales las lealtades, pero lo son más el control político y los resultados favorables que arroje cada proceso electoral.

Por eso los emisarios (Esponda y Gil Zuarth, respectivamente) fueron gente cercana al presidente Calderón y a Germán Martínez Cázares. La idea de fondo era dejar en claro que ni la “línea” que tiraron a favor de Cué está a discusión, y menos que las decisiones relativas a los procesos electorales seguirán dejándose al arbitrio, la ineficiencia o el mal tino de la dirigencia estatal. El calderonismo parece venir en serio a buscar el poder político en Oaxaca. Y por eso es que las decisiones importantes relativas a Oaxaca, de ahora en adelante serán tomadas desde la Ciudad de México.

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Videos: una mala apuesta del priismo oaxaqueño

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+ Jiménez-Olivares: ¿qué es verdad y qué intrigas?

El pasado lunes, al tratar de disculparse por la trifulca que protagonizó la semana pasada en la Cámara baja federal, la diputada Margarita Liborio reiteró los señalamientos de corrupción y doble moral a su compañero legislador Guillermo Zavaleta Rojas, pero aseguró, textualmente, lo siguiente: “Para los habitantes de la entidad oaxaqueña no es un secreto que el actual diputado federal albiazul, Guillermo Zavaleta, durante su gestión como legislador local recibió recursos del entonces presidente del Congreso; es de todos conocida su desmedida ambición por lo que no pasaron desapercibidos este tipo de actos en los que también participó el actual dirigente estatal del PAN, Carlos Moreno Alcántara”. ¿Qué busca el PRI con golpeteos de esa naturaleza?

Es evidente que, en primer término, tanto de la existencia de los videos, como de la dudosa moral pública de esos dos connotados panistas locales —y otros militantes de la oposición— no queda duda alguna. El problema es que, en esa circunstancia, el priismo debería valorar con mucha más serenidad la posibilidad de abrir una verdadera Caja de Pandora, de la que ellos mismos tampoco saldrían bien librados.

Esto porque, hoy, la situación de los videos es prácticamente desconocida. Se sabe que las grabaciones han sido cuidadosamente mostradas entre los más altos círculos del priismo oaxaqueño. Sin embargo, hasta el momento no existe decisión final alguna sobre el momento y la circunstancia en que serán éstas serán difundidas. (Hasta la tarde de ayer martes, tampoco se había informado si finalmente la dirigencia nacional del PAN había solicitado los videos, si ya ocurrió una negociación sobre éstos, si todo fue un simple amague, o por qué razón tales grabaciones no se dieron a conocer).

Algo más o menos similar ocurre con el amague hacia el panismo local: los dos involucrados —el diputado federal Zavaleta Rojas, y el dirigente estatal Moreno Alcántara— prefirieron aprovechar el momento para nutrir su propio debate y tratar de que los errores priistas les favorecieran, pero ninguno de los dos, ni uno solo, tuvo la calidad moral para asegurar que tales grabaciones no existen, o que los señalamientos sobre las dádivas oficiales son un cuento con el que los pretende chantajear el oficialismo.

A esto habría que agregar otros factores. Uno de ellos es fundamental: como tal, el panismo oaxaqueño es meramente representativo. Y si con el amague relativo a los videos, el priismo pretendió provocar un efecto desestabilizador en la alianza opositora, su objetivo no se cumplió. ¿Por qué? Justamente porque el PAN de Oaxaca es quien menos influye en las decisiones sobre una alianza opositora oaxaqueña, que sin embargo se construye desde las más altas cúpulas opositoras establecidas en la Ciudad de México.

Es decir, que a las fuerzas aliancistas les saldría más “barato” separar de todas las labores partidistas a esos militantes cuestionados por los video escándalos —e incluso llegar a expulsarlos, tal y como lo hizo el PRD en su momento con Carlos Imaz, Ramón Sosamontes o René Bejarano—, que decidir, en razón de ello, no establecer una alianza que le será estratégica y trascendental para el escenario electoral nacional.

Otra razón es fundamental: en términos reales, tanto el PAN como el PRD y las demás fuerzas que pretenden integrar la alianza opositora, están prácticamente nulificados en los espacios formales de poder. Es decir: el panismo tiene un legislador federal por Oaxaca, que accedió a la curul por la vía plurinominal. Y si lo pierden, en realidad lo resentirían poco. Zavaleta era un completo desconocido —y un elemento sin aporte político real— en la escena nacional, hasta antes de la semana pasada, cuando fue increpado violentamente por las diputadas Liborio Arrazola y Sofía Castro Ríos.

Así, el priismo debería preguntarse: ¿Cómo pelear a manotazos con una fuerza electoral que —justamente por sus altísimas carencias— no tiene algo qué perder en estos comicios?

EFECTO ADVERSO

Aunque ningún priista con “calidad moral” había dicho algo al respecto sobre el contenido de los videos, son las propias declaraciones de la diputada Liborio Arrazola —que reseñamos al inicio de esta columna—, las que dan cuenta puntual de lo que podría verse en las grabaciones: al Presidente del Congreso del Estado en la LIX Legislatura local, entregando recursos a los entonces también diputados locales por Acción Nacional, Zavaleta Rojas y Moreno Alcántara.

Evidentemente, la posición en la que quedan esos personajes distinguidos de la oposición es harto cuestionable. Sin embargo, ¿Cómo queda el “entonces Presidente del Congreso”, es decir, el actual titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, Bulmaro Rito Salinas? Evidentemente, los hechos involucran de una forma excepcional a Zavaleta y Moreno. Pero, en la misma medida, lo hacen con su entonces homólogo priista, que además figura hoy como un alto funcionario de la administración estatal.

Hasta el momento, la soberbia no les ha permitido ver con claridad, que el solo amague sobre el contenido de los videos los hará pagar un costo altísimo; y que si éstos se difunden, digan lo que digan, todos estarán metidos en serios problemas. Disponer de recursos provenientes de las arcas públicas entraña graves faltas administrativas y también constituye delitos del orden común y federal.

Sin embargo, los obtusos aconsejadores del priismo, y del propio Rito Salinas, únicamente parecen ver los efectos inmediatos, pero no el certero golpe político que ellos mismos se asestarían. Seguramente las responsabilidades administrativas y judiciales estarían superadas. ¿Pero qué tal el propio juicio popular y los antecedentes políticos que quedarán de los directamente involucrados, y de los grupos de poder a los que pertenecen? Todos apelan a la desmemoria y llaman a cuidar a los “bejaranos” opositores. ¿Apoco el priismo querrá cargar con su versión local de Carlos Ahumada?

CONFUSIÓN E INTRIGAS

Carlos Jiménez Macías no fue retirado de la encomienda de fungir como árbitro en el proceso del PRI para elegir a su candidato a Gobernador. Más bien, Héctor Hugo Olivares vino a operar todo lo relativo a las diputaciones locales y alcaldías, que también se disputarán en los comicios del 4 de julio. La confusión se generó a partir de que algunos priistas, especialistas en la intriga, aseguraron que el Senador potosino había sido relevado de sus funciones por no cumplir con las expectativas del Jefe Político. El canibalismo, a la orden del día.

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Nuevo delegado de CEN priista: ¿para qué?

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+ Ausencia de Franco: signo claro de rebeldía

Tal y como se había previsto, ayer finalmente fue presentado el priista Héctor Hugo Olivares Ventura como nuevo delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Oaxaca. Su arribo, dicen, tiene como objeto el hacer transitable la ruta de la sucesión gubernamental, que tanto se ha enrarecido en las últimas semanas. Según lo que se puede ver, el proceso interno priista está lejos de la civilidad y la madurez que se argumentó en un principio, y más bien está convertida en una olla de presión que en cualquier momento podría estallar.

Por principio de cuentas, vayamos a los hechos. Desde hace algunas semanas se había rumorado que el senador Carlos Jiménez Macías, delegado general del CEN del Partido Revolucionario Institucional, sería sustituido por Olivares Ventura. En algunos frentes priistas, se aseguraba que ese reemplazo tenía como objeto reforzar las tareas de mediación y diálogo entre los aspirantes a la candidatura a Gobernador por ese partido.

Pero en los demás frentes, sin embargo, se decía que la pugna por la sustitución de Jiménez Macías más bien tenía que ver con la resistencia que éste último había presentado para prestarse a las bajezas y juegos sucios de algunos de los competidores, para tratar de imponerse sobre sus adversarios a través de prácticas o estrategias que violaban el pacto de civilidad y respeto que se habían establecido en la reunión inicial, ocurrida el 6 de noviembre. Incluso, el propio senador Jiménez dijo textualmente a este espacio (ver Al Margen del 14 de diciembre de 2009) que “si este proceso interno fuera una mascarada, él sería el primero en negarse a ser parte del mismo”.

¿Qué ocurrió entonces, para que el vaticinio —o la intriga— sobre la no permanencia de Jiménez Macías finalmente se hiciera realidad? Tal parece que algo trascendental está aconteciendo en el priismo, que finalmente va más allá de los solos nombres o las disputas palaciegas por la candidatura a Gobernador. En efecto, aunque Jiménez Macías no fue literalmente sustituido, sino que Olivares Ventura se aparece como un refuerzo en la conducción del proceso interno, lo que nadie puede negar es que la estructura formal y material del tricolor atraviesa por un momento de excepcional tensión y riesgos.

¿Es casual que el presidente estatal del PRI no se apersonara ayer en la presentación del delegado Olivares Ventura? Aunque se dijo que éste se encontraba en Estados Unidos por haber acudido a presenciar un partido de futbol americano el día previo —así lo aseguraba ayer el diario Reforma, y así lo justificaron sus subordinados en el tricolor—, lo cierto es que esta es una nueva muestra de rebeldía por parte del líder priista, Jorge Franco Vargas. Y es, de hecho, la actitud que éste ha mantenido en las últimas semanas, a raíz de los desencuentros habidos por el inusual proceso interno que vive su partido.

¿Qué ocurre? Que él es uno de los personajes priistas que no parecen estar de acuerdo en el modo en cómo se está conduciendo el proceso del tricolor para elegir a su candidato a Gobernador; pero, sin duda, es quien más ha dejado ver una actitud beligerante que, sin embargo, no es privativa de él, y más bien parece un signo más de polarización en esta competencia interna en la que parece que cada vez existe menos control, menos civilidad y menor posibilidad de un acuerdo final en el que todos los involucrados queden conformes con la decisión.

¿SE PIERDE EL CONTROL?

Este “reforzamiento” en las tareas de interlocución del tricolor, que ocurre con la llegada de Héctor Hugo Olivares, se da en un marco de complejidad extraordinaria. Su presentación corrió a cargo de una cuestionada secretaria General del Comité Estatal del PRI, Margarita Liborio Arrazola, y cuando parecen ser menos creíbles los argumentos de que todo está bajo control en el partido, y de que continúa prevaleciendo la civilidad y la disciplina entre quienes aspiran a la candidatura priista.

Las razones son evidentes: entre los aspirantes priistas a la gubernatura parecen existir dos bloques perfectamente definidos que buscan conseguir, cada uno a través de sus propios métodos, la candidatura. El problema es que unos, que se sienten beneficiarios de las preferencias del Jefe Político, han comenzado a utilizar métodos cada vez menos confesables para conseguir sus metas e incluso se están dejando llevar por la soberbia; y algunos de los otros, que se sienten desplazados y que incluso han asumido una actitud anticipadamente de derrota, han comenzado a transitar por la ruta del discurso rupturista, los ataques y las acciones de beligerancia.

Todo esto es lo que finalmente genera la certeza sobre las razones por las que tuvo que arribar a Oaxaca otro priista de alto cuño, como Olivares Ventura, para tratar de remarcar los puentes de entendimiento y tratar de que el proceso interno se conduzca de la forma menos atropellada posible.

Al final del camino, lo que está en juego es mucho más que el capricho de un hombre, o la rebeldía de un grupo compacto de quienes aspiran a abanderar al priismo: en mayor o menor medida, unos y otros —es decir, los seis aspirantes a la gubernatura—, no parecen comprender que la victoria del tricolor se encuentra fundamentalmente en ellos, y que independientemente del nombre de quien resulte electo como Abanderado, si el día de los comicios pierden, perderán todos, independientemente de qué calidad ostente cada uno de ellos hoy dentro de la política o la estructura de gobierno.

Hoy, serían deseables más actitudes de civilidad y prudencia —como lo que han demostrado Martín Vásquez Villanueva, José Antonio Estefan Garfias y, en buena medida, Adolfo Toledo Infanzón—, y menos intrigas, ataques e intentos de avasallamiento —como las que han dejado ver los demás— entre los contendientes. Como dentro mismo del partido saben que eso es cada vez menos posible de conseguir, lo que se está reforzando es la estructura de operación política para sacar la elección interna con los menores daños posibles.

¿DESLIZ?

Por cierto, al disculparse por los hechos de la semana pasada, la diputada Liborio aseguró en un comunicado que “no es un secreto que el actual diputado federal albiazul, Guillermo Zavaleta, durante su gestión como legislador local recibió recursos del entonces presidente del Congreso”, y que de su desmedida ambición también fue parte el ahora presidente del PAN, Carlos Moreno. ¿Qué dirá Bulmaro Rito al respecto? bien dice el refrán que tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Abundaremos.

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Ejército-Gobierno estatal: la mala relación continúa

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+ Oaxaca en 2010: ¿Por qué considerarla “foco rojo”?

 

Es bien sabido que una de las peores relaciones políticas habidas en la presente administración estatal, es la que existe entre el Gobierno del Estado y la representación militar en Oaxaca. Al iniciar este 2010, entre esos dos entes existe ya una larga cadena de acusaciones, filtraciones y señalamientos mutuos, sobre algunos temas delicados para la gobernabilidad del Estado y del país. En este sinuoso marco —que nunca ha tenido posibilidad de reconciliación— parece darse el cambio en la Comandancia General de la Octava Región Militar, oficializada el pasado jueves en la 28º zona militar, localizada en Santa Lucía del Camino.

¿Qué tiene de relevante ese cambio en el mando militar? Que, de acuerdo con fuentes cercanas al mando militar, el recién nombrado comandante, general de División, Luis Arturo Oliver Cen, tiene características totalmente distintas a las del sustituido, general de División, José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez.

El primero es un mando castrense eminentemente operativo, mientras que el segundo tiene una reconocida ascendencia en la academia y disciplina militar. Es decir, que mientras el general Rodríguez Martínez brilló como forjador de oficiales del Ejército en la Escuela Superior de Guerra, el general Oliver Cen se desempeñaba, hasta hace unos días como subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esto no debería tomarse como un asunto irrelevante. Existen varias razones para asegurarlo. La primera de ellas tiene que ver directamente con el llamado “foco rojo” que permanentemente es Oaxaca para las cuestiones de seguridad pública y seguridad nacional de las que se encarga el gobierno de la República.

2010 es un año de una relevancia particular no sólo por la ferocidad de la lucha contra el crimen organizado, sino también porque la combinación de los factores electorales y los grupos paramilitares podría poner nuevamente en grave riesgo la estabilidad del Estado. Todo esto, además, tiene como punto de coronación la tirante relación que prevalece entre la autoridad política estatal y la representación militar en Oaxaca. Pero es necesario que vayamos por partes.

Así, para tratar de entender este cambio en el mando militar, es necesario tener presentes algunos antecedentes: desde 2007, cuando ocurrió la presunta detención-desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca, se acusó una posible relación de complicidad entre los cuerpos policiacos estatales y el Ejército.

Si se recuerda, mientras ocurrían las investigaciones, fuentes militares filtraron a la prensa del Distrito Federal, a principios de 2008, informes internos que señalaban a funcionarios del Gobierno de Oaxaca como responsables. Casi de inmediato, ocurrieron nuevas filtraciones presuntamente realizadas por los agraviados, en las que se confrontaba al entonces comandante de la Octava Región, general Juan Alfredo Oropeza Garnica por esos mismos hechos. Los señalamientos en su contra relacionados con los eperristas, tomaban como base que éste era un experto en guerrilla y lucha contrainsurgente, y los antecedentes que lo relacionaban con la masacre de El Charco, ocurrida en Guerrero en junio de 1998.

¿Qué ocurrió entonces? Que el mismísimo general Oropeza acudió, el 27 de abril de 2008 —tres días antes de pasar al retiro—, a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, a aprehender al comandante de la entonces Policía Ministerial, Pedro Hernández Hernández, como presunto responsable de la detención-desaparición de los eperristas. Estas acusaciones mutuas, hostigamiento y demostraciones de fuerza, terminaron de enrarecer una relación que se quebró el día que el EPR denunció la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

 

MÁS RIESGOS

En ese marco, el 30 de abril de 2008, el general Oropeza Garnica pasó a situación de retiro. La Secretaría de la Defensa determinó enviar al general Rodríguez Martínez, visiblemente para destensar un frente que por diversas razones le era innecesario al Ejército. Éste mantuvo una actitud institucional en los casi dos años que encabezó a las fuerzas armadas en la entidad, pero sin mostrar disposición a reestablecer una relación con las autoridades políticas del Estado. Éstas, desde entonces, tampoco mostraron disposición alguna al respecto. La mejor prueba de ello, es que, desde entonces, el Gobernador del Estado no acude personalmente a acto alguno encabezado por las autoridades militares.

En este marco podría inscribirse el arribo del general divisionario Oliver Cen. Para nadie es un secreto que el presente año está lleno de contradicciones para la entidad, no sólo por las posibles determinaciones violentas que pudieran tomar los grupos armados que han tenido presencia en el Estado, sino también por las convulsiones foráneas que pudieran tener repercusión en Oaxaca, e incluso por la excepcional incertidumbre y tensión que generará el proceso electoral y el reacomodo de fuerzas en el Estado.

En este marco, el recién nombrado Comandante de la Octava Región Militar, es un mando eminentemente operativo, que hasta hace unas semanas era uno de los pilares de la lucha contra el crimen organizado y acciones de inteligencia militar, y que parece tener perfectamente claro el modo de actuación de las fuerzas armadas ante una posible convulsión mayor, como las que son característica de nuestra entidad.

Tal parece que si estos son momentos determinantes para Oaxaca y para el país, el Ejército está tomando sus previsiones. Si el nuestro no fuera un territorio alterado, o en riesgo de convulsionar, las fuerzas armadas no habrían determinado enviar aquí a uno de sus elementos operativos de mayor valía, para determinar cuál podría ser la postura activa o pasiva del Ejército, ante el cúmulo de asuntos que tiene su agenda de riesgos en relación con Oaxaca, con los grupos insurgentes, con las convulsiones sociales y con los riesgos de inestabilidad que trae aparejado el 2010.

 

DELEGADO, ¿PARA QUÉ?

De acuerdo con fuentes priistas de primer nivel, hoy será presentado Héctor Hugo Olivares como delegado especial del CEN del PRI en Oaxaca. Vendrá, dicen, a trabajar en conjunto con el senador Carlos Jiménez Macías en la preparación de la recta final del proceso interno para designar al Candidato a Gobernador. Ante esto, cabe la pregunta: ¿Para qué dos delegados? Esto deberían cuestionárselo quienes aseguran que la decisión sobre la candidatura ya está “planchada” a favor de uno de los aspirantes.

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Relación Iglesia-Estado: Laicidad y ley, en el olvido

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

En su redacción original, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalaba en su artículo 130 que “Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica a las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del Gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos”.

Esas disposiciones, que tenían una profunda connotación histórica, fueron reformadas y atenuadas en 1992 por el presidente Carlos Salinas de Gortari. A partir de entonces, y hasta ahora, a los ministros de culto se les amplió su rango de libertades y actuación, se les reconoció su derecho al voto, y a las asociaciones religiosas se les reconoció personalidad jurídica.

Con estas modificaciones constitucionales, se pretendió hacer más homogénea y armoniosa la relación entre el Estado y la Iglesia. Sólo que hoy, cuando esas modificaciones constitucionales cumplen 18 años, nadie parece encontrar el camino correcto para preservar íntegra la laicidad del Estado, y sobre todo frenar a una jerarquía católica que parece imparable y que se inmiscuye en todos los asuntos del país para los cuales está constitucionalmente impedida.

LOS ANTECEDENTES

Durante el siglo XIX, las más cruentas batallas que ocurrieron en el país, tuvieron como telón de fondo las luchas de poder entre quienes pretendían hacer de nuestro país una nación independiente, y la Iglesia Católica que se negaba a perder sus posesiones, impunidad y privilegios.

Como consecuencia de esas luchas, y de la imposición del liberalismo sobre los dogmáticos que exigían lo mismo la predominancia de una religión o de una corona, se abrió un larguísimo periodo en el que México no mantuvo relaciones diplomáticas con El Vaticano. Durante décadas, los gobernantes veían en la religión a un enemigo que era necesario arrinconar o exterminar; e incluso uno de los episodios más dolorosos del siglo XX —la Guerra Cristera— tuvo como punto de inicio la obsesión de un gobernante por erradicar una religiosidad que, junto con nuestra propia cultura mestiza, era ya parte indisoluble de los mexicanos.

Así, a partir del Texto Constitucional de 1857, y posteriormente, la norma fundamental no reconoció legalmente a la Iglesia Católica, y más bien ésta se convirtió en uno de los principales diques que tenía que enfrentar el Estado. Las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano —que surgió en 1929, a raíz de los Pactos de Letrán— no existieron con México sino hasta poco más de sesenta años después, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó una reforma relacionada con las asociaciones religiosas, que era parte de la negociación con las fuerzas políticas de derecha que en 1988 reconocieron la legitimidad de su gobierno.

Así, el 28 de enero de ese año, se publicaron sendas reformas a los artículos 24 y 130 que hablan, respectivamente, de la libertad de culto que tenemos garantizada los mexicanos, y de la conformación y reconocimiento de las asociaciones religiosas y el culto público. Así, en un afán conciliatorio, se amplió la esfera de posibilidades para la Iglesia y se entablaron relaciones políticas entre ésta y el Estado. Era, decían, una nueva fase democrática para nuestro país, que colocaba en un plano de reconocimiento y relativa igualdad, a un ente de poder que el sector público se había negado sistemáticamente a reconocer.

DECISIÓN POLÍTICA,

¿ACERTADA O ERRÓNEA?

Con esa reforma constitucional, el Estado mexicano pretendió garantizar el culto religioso, la libertad de creencia de las personas, y el respeto a la ley. Sin embargo, parecían entonces desconocer que buena parte de la historia nacional se había determinado en los púlpitos, y que históricamente ninguna libertad había sido suficiente para los afanes de la jerarquía católica, que siempre había tratado de buscar el límite de la tolerancia gubernamental.

Sin embargo, en aquellos momentos se pensó que la nación y las instituciones religiosas tenían la suficiente madurez como para convivir pacífica y civilizadamente en un marco de libertades y regulaciones específicas. El presidente Salinas de Gortari no estaba equivocado del todo: la realidad mexicana de 1992 era muy distinta a la de un siglo atrás, y qué decir al momento en el que se libraron las más sangrientas guerras nacionales, en las que los ministerios religiosos tomaban partido.

Ya para entonces, había plenas garantías sobre la libertad religiosa y sobre la existencia de un culto público. Fue por eso que a los sacerdotes se les reconocieron ciertos derechos como tales, aunque se les mantuvo vedada la posibilidad de acumular riqueza o de recibir favores económicos en especie (herencias) de parte de las personas a las que guiaban espiritualmente.

Nadie se imaginaba, quizá, que menos de 20 años después esas instituciones religiosas tendrían una determinación tal, que sus opiniones habrían de influir de un modo tan radical en diversas decisiones que, en un ideal, tendrían que discutirse y definirse en la más estricta esfera pública.

Esto se ha visto agravado por una cuestión nada despreciable: el partido político que en 1992 fue el promotor oculto de esta reforma en materia de culto público, hoy es quien gobierna el país. El Partido Acción Nacional, históricamente se ha encontrado ligado con las más altas cúpulas católicas, fue quien impuso, como una de las condiciones para reconocer la gestión del presidente Salinas de Gortari, la de la flexibilización en el trato constitucional que el Estado le daba a la Iglesia. Ese mismo partido, que hoy gobierna al país, es el mismo que se niega a aplicar las leyes vigentes, para ceñir al orden a una jerarquía eclesiástica que pretende hacer valer sus principios morales, a través de las leyes vigentes.

MORAL Y LEYES

Dice un principio jurídicamente aceptado, que las leyes no deben estar determinadas por la moral. Esto es, para efectos prácticos, relativo: toda ley, forzosamente, tiene una carga moral que la determina. Sin embargo, este primer concepto es muy distinto al que, con esa careta, pretende hoy hacer pasar la iglesia como válido.

¿De qué hablamos? La jerarquía católica se ha ubicado en el sitio protagónico en temas como el de la legalización del aborto o la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y la posibilidad de que éstas adopten. La Iglesia asegura que esas determinaciones son contra las leyes de dios y que por tanto deben ser eliminadas del marco jurídico vigente. Además, un día sí y otro también, públicamente, la Iglesia confronta y cuestiona al Estado y los grupos sociales involucrados en esas cuestiones, que incluso ha llegado a existir ciertos temores de que desde ahí se promuevan antivalores que van desde el rechazo social hasta la homofobia.

Es evidente que, ante esos argumentos, podría argumentarse que lo que predomina es la moral. Sin embargo, más bien son dogmas religiosos y no necesariamente morales, los que determinan las discusiones que emprende la Iglesia.

COMPLICIDADES

Sin embargo, en todo este camino la Iglesia Católica no está sola. Siempre ha contado con la tolerancia del gobierno federal panista, y con la complicidad disimulada de otras fuerzas políticas. ¿Cómo se logró que en más de 17 estados de la República, incluyendo Oaxaca, se legislara “a favor de la vida”, estipulando de modo estricto que las leyes protegerán a los individuos desde el momento de su concepción y hasta su muerte, aboliendo así fácticamente cualquier posibilidad de legalización del aborto?

Claro: esta fue una reforma esencialmente impulsada desde la Iglesia pero seguida por gobiernos y legislaturas de mayoría priista. ¿Por qué? Porque los tricolores, sabedores de lo que vale el apoyo eclesiástico en momentos determinantes, sabe que ésta podría ser un buen aliado, o por lo menos un enemigo menos. Pero, con esas acciones que secundan el interés de la Iglesia, el PRI es también cómplice de la anarquía que hoy favorece al culto católico.

Hoy, por disimulo, las fracciones parlamentarias de PRI y PAN en San Lázaro, impulsan una reforma al artículo 40 constitucional, para que entre las características esenciales de la nación mexicana, se estipule que es un Estado laico. ¿Para qué? Según que para reafirmar la separación y la independencia del Estado sobre la Iglesia.

Lo cierto es que nada de eso tendría que ocurrir. Son acciones excesivas las relativas a tratar de reafirmar un principio de laicidad que ha sido rector y eje de la existencia del Estado mexicano; todo podría resolverse con decisiones, tales como que el PRI dejara de hacerle el juego a las aventuras de afrenta disimulada a la ley que ha emprendido la Iglesia en las entidades federativas, y que el gobierno federal aplicara la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público vigente, que establece con precisión cuáles son los límites en la actuación de la Iglesia.

Nada de esto se ha considerado, y más bien se pretende hacer una nueva adición declarativa a la Constitución. Todo seguirá igual, mientras la autoridad civil no tenga la determinación suficiente como para verdaderamente sujetar a la ley a una Iglesia Católica que cada vez es más desafiante y desbocada.

Trifulcas partidistas: asunto natural de la democracia

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+ Política de todo o nada: sólo para los de poco entender

Desde noviembre pasado, uno de los temas más recurrentes en el ámbito político y periodístico de Oaxaca, ha sido el de la sucesión en el Poder Ejecutivo del Estado. En esos ámbitos, propios y extraños han dejado correr cualquier cantidad de versiones falsas o verdaderas sobre las definiciones en las diferentes fuerzas políticas. Pero es un error recurrente, que la prensa o los grupos que se encuentran alrededor de quienes definen el rumbo político del Estado, pretendan ver la situación como un mero asunto de polos. Es decir, en el que no existen los matices ni nada que se le asemeje.

Veamos que, cada una con sus particularidades, la situación en el Partido Revolucionario Institucional es casi la misma que entre los partidos que integran la llamada Coalición opositora: existen, en ambas, acuerdos expresos e indiscutibles sobre las fuerzas políticas que se aliarán para tratar de conseguir o retener el poder; pero, también, en ambas no existen criterios claros sobre cómo se elegirá a sus candidatos y cuál será el proceso “democrático” a través del que se le dará legitimidad al mismo. Esto es lo que objetivamente ocurre en ambos frentes.

¿Pero qué pasa alrededor? Que esas definiciones e indefiniciones han provocado una guerra feroz en la que nadie saldrá bien librado, justamente porque todos le apuestan al todo o nada, y —dentro y fuera de los grupos de poder— se asustan cuando ven que las cosas son distintas a como quisieran. Veamos por qué y, para ejemplificarlo mejor, tomemos un caso en particular.

En el Revolucionario Institucional existen, formalmente, seis aspirantes a la candidatura a Gobernador. Desde principios de noviembre pasado, cuando éstos fueron “presentados” públicamente, se veía que existía una proclividad del jefe político del priismo oaxaqueño —es decir, el Gobernador del Estado—, sobre uno de los aspirantes.

Evidentemente, ese fue el punto específico que generó todas las polaridades que hoy se viven al interior de ese partido. Algo tan natural, les provocó un ruido inmenso a todos, pero también una guerra de pataleos de la que difícilmente saldrán bien librados. Todo se basa en no saber entender, en los dos frentes, que la política es cualquier cosa menos un asunto de totalitarismos.

¿Por qué? Porque entre los aspirantes a la candidatura que se sintieron desplazados, comenzaron a emerger las denuncias de inequidad, antidemocracia e irritaciones por las prebendas y excesivo trato amable que, desde el poder, se le daba a quien ahora catalogan como “el delfín” del jefe político priista. No supieron entender que uno de los pilares de todo partido hegemónico como el PRI, es precisamente el verticalismo en la toma de las decisiones más trascendentales. Dirán misa, pero ellos mismos saben que en la composición actual de las fuerzas partidistas, la democracia sigue siendo un sueño justo para los idealistas. Por tanto, más que buscar una competencia justa, el Gobernador necesariamente tendría que enfilar sus preferencias hacia uno de ellos.

Pero también en el lado de enfrente se equivocan. Y no porque consideren que el Jefe Político es antidemocrático ni mucho menos, sino porque piensan que ante una decisión que hasta es insinuada, todos los demás tendrían que plegarse al designio superior. Pensar esto es, por lo menos, una estupidez.

En otras palabras, en el lado del supuesto “delfín” ven como una afrenta, como una provocación, y hasta en tono de burla, algo que es natural y perfectamente entendible: que los demás aspirantes a la candidatura a gobernador, muevan todas sus posiciones, y jueguen todas sus cartas para tratar de ser tomados en cuenta como lo que son: políticos serios que están dentro de un proceso interno para elegir al sucesor del Gobernador, justamente porque recibieron la venia para hacerlo y porque tienen capitales políticos para ello.

En ambos frentes, sin embargo, parecen considerar que este es un asunto de todo o nada. No se dan cuenta que tanto una posición como la otra son perfectamente naturales, y que lo ideal sería que cada uno respetara el trabajo, los tiempos y hasta la suerte de los demás. Sólo que toman esto como afrentas en las que sólo abonan a las intrigas y a la descalificación mutua.

LA OPOSICIÓN

En los partidos de oposición ocurre exactamente lo mismo. Tal pareciera que el senador con licencia, Gabino Cué Monteagudo, considera que la coalición opositora es una especie de “traje a la medida” que fue confeccionado a su medida y que responderá fielmente a todos sus intereses. Mientras eso ocurre, algunos otros de los personajes que aspiran a la candidatura opositora buscan desesperadamente hacerse notar para, como en el caso del PRI, ser tomados en cuenta.

¿Por qué la coalición opositora se ha tardado tanto en presentar formalmente a quien será su candidato? Evidentemente, porque la decisión final no está tomada. Entre todas las fuerzas políticas se está aún analizando el mejor escenario y al mejor perfil, para a partir de ello consolidar su estrategia de lucha electoral en contra del priismo. Pero mientras, la suficiencia del senador con licencia Cué parece estar comenzando a molestar a algunos.

No debería ser así. Pero Cué Monteagudo parece considerar que si fue su equipo quien hizo el trabajo más fino para consolidar la alianza, y lograr que todas las fuerzas políticas opositoras en Oaxaca convergieran a su favor, lo más natural tendría que ser que él encabezara la alianza opositora. Es probable que esto sea así, aunque el objetivo final del esfuerzo opositor se llama “ganar”.

¿Qué pasaría si apareciera un mejor perfil? Que, en una decisión pragmática, Cué tendría que ser sustituido por quien diera mejores garantías de triunfo. Ello atendería a la naturaleza misma de la Coalición (es decir, el pragmatismo) y les daría mejores potenciales para disputar la gubernatura. ¿Por qué, sin embargo, todos los competidores internos de Cué lo ven como un avasallador? No por otra cosa, sino por una actitud derrotista que ellos mismos se impusieron, y que al final no provocará más que daños para ellos mismos.

ALIANZA CONSOLIDADA

Según se sabe, la tarde-noche del pasado jueves se consolidó, a nivel de partidos, la Coalición opositora. Esta situación se formalizará la próxima semana y de ahí pasarán sólo algunos días para que se haga la definición del Candidato. En el PRI esperan eso para hacer lo propio. En ambos frentes se preguntan: ¿Quién destapará primero a su gallo?

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