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PAN: el cambio se volvió fracaso

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hace 10 años, el entonces candidato presidencial por el Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, dio los pasos determinantes para su posterior victoria electoral y la consolidación de la alternancia partidista en México. Una vez comenzada la contienda electoral, éste se alzó ante la sociedad como el promotor de las más importantes ideas y promesas de cambio para los mexicanos.

Su propuesta se basaba no sólo en el ejercicio de un gobierno en condiciones más democráticas y tolerantes que las de sus antecesores, y en la consolidación de las grandes reformas que llevarían al país a ya no conformarse con la estabilidad, sino a potenciar el crecimiento. 10 años después, podemos darnos cuenta que el único resultado, es el fracaso.

Hace una década, ciertas circunstancias determinaron la contienda electoral. Uno de ellos, fue la promesa reiterada del candidato panista de ir en contra de todos los que habían saqueado y mal manejado a la nación. También aseguraba que muchos de los problemas que enfrentaba el país se superarían a partir de la inclusión de quienes menos tienen; y que su mejor herramienta sería no el diálogo como político, sino el basado en que el gobierno debía servir a los ciudadanos comunes.

Todo esto atrajo fundamentalmente a todos aquellos que, sin pertenecer a una fuerza política, determinaron el sentido de su voto a partir del convencimiento y la simpatía que les generaba cada candidato. Así, Vicente Fox Quesada ganó la presidencia por un margen de votación que fue imposible de rebatir por las fuerzas políticas.

Al tomar posesión, se comprometió con los mexicanos a impulsar un gobierno basado en la tolerancia y las vías democráticas, y en el que, a partir de entonces, el Presidente propondría y el Congreso dispondría. Seis años después, las promesas de cambio más importantes se habían quedado opacadas por la simple alternancia. Y diez años después, podemos corroborar que ninguna de esas reformas sustanciales ha podido avanzar en un país dominado por la polarización, el encono y el privilegio a los intereses partidistas sobre los de la nación. Es, para México, una década perdida.

REFORMA FISCAL

Uno de los grandes problemas que ha enfrentado la hasta ahora fallida reforma fiscal en México, no es el alza de impuestos, sino las mentiras —y verdades a medias— que se vierten desde el poder sobre este asunto, y la preocupación que tienen todos los partidos por pagar los costos políticos por la toma de decisiones.

En los últimos diez años no ha habido una reforma fiscal integral, pero ello no significa que por eso los mexicanos estemos a salvo. De hecho, en la última década algunos impuestos que iban a la baja hoy están nuevamente elevados, y se han estipulado otros que antes no se pagaban. No obstante, eso no significa que hoy las arcas públicas estén en Jauja o que los impuestos sean más generales y equitativos que antes.

¿Por qué no ha podido transitar la reforma fiscal? Por dos razones. Primera, porque irremediablemente ésta implica un alza de impuestos y la reorganización de todos los gravámenes que hoy se aplican. Y segunda, porque los gobiernos panistas siempre han prometido disminuir las cargas tributarias, y siempre han hecho lo contrario.

Esto tiene entrampado al país, mientras los partidos y facciones políticas se deshacen las vestiduras en posturas demagógicas. ¿Cómo querer tener más recursos si los impuestos se pagan de una forma dispareja y parcial? ¿Cómo querer incrementar el gasto, si unos cuántos siguen pagando mucho, y los más adinerados del país pagan poco? ¿Cómo incrementar los impuestos, si eso significará que el partido que apoye la medida pierda en automático el respaldo popular?

El resumen es claro: en México ha habido parches fiscales que eliminan los problemas económicos y de gasto a corto plazo. Pero nadie se ha atrevido a llevar a las leyes los resultados de las convenciones hacendarias o los planteamientos que se realizan desde ciertos sectores de la sociedad.

Como nadie quiere pagar los costos de lo irremediable, la salida ha sido fácil: incrementar los impuestos a los que ya pagan; y esperar a que sean otros gobernantes, en otros tiempos, los que decidan arriesgar sus capitales políticos en aras del bienestar de largo plazo de las finanzas del país. El PAN, está visto, no podrá materializar una reforma fiscal en los años que están por venir.

REFORMA ENERGÉTICA

En México, para muchos nacionalismo significa Pemex. La empresa petrolera nacional ha sido la caja chica y grande del gobierno mexicano durante décadas, y hoy se encuentra en franca decadencia. Cuando se propuso la reforma petrolera, propios y extraños acusaron la privatización de la industria. Este fracaso tiene razones tan emocionales como de incapacidad política.

Emocionales, porque para el mexicano común el petróleo significa no sólo una fuente de riqueza, sino también la materialización de la idea de que sí se le puede ganar una batalla a Estados Unidos. Esto porque la expropiación petrolera, ocurrida el 18 de marzo de 1938, fue la primera y única batalla que México le pudo ganar al vecino del norte, y la única riqueza abundante que se pudo rescatar del imperialismo yanqui.

Por eso, cuando los gobiernos comenzaron a hablar de una reforma energética, sus contrapartes —para obtener dividendos electorales— aseguraron que esto escondería la privatización de la industria. Y hubo oposición, jaloneos y debates, para que al final se estableciera una reforma parcial y de poco alcance, que no podría sacar a la industria del hoyo en el que se encuentra.

Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos presidentes panistas, ofrecieron lograr una reforma energética que le diera viabilidad al país. Hasta hoy, ninguno de los dos ha podido hacer un planteamiento claro a futuro de lo que debe ser la industria nacional del petróleo y los energéticos. Sus opositores han incurrido en el serio problema del bloqueo y la negativa razonada e irracional. Y el resultado es que hoy Pemex ya no es la cuarta empresa petrolera del mundo, sino que es una de las “segundonas” frente a los gigantes petroleros de otros países que, siendo propiedad del Estado, fueron consecuencia de un acuerdo razonado y hoy compiten y se desarrollan exponencialmente.

REFORMA LABORAL

Esta es otra de las discusiones largamente esperadas. Nadie sabe a ciencia cierta si la eliminación de los sindicatos, del derecho de huelga y de otras prestaciones para los trabajadores, sean elementos suficientes para sacar adelante al país. Esto es justamente lo que ha propuesto la administración panista y que, de antemano lo sabemos, no será votada favorablemente en el Congreso federal.

Se pone poca atención a otros rubros que son parte de lo mismo. El sistema de salud pública para los trabajadores está colapsado, el sistema de pensiones es de alcances mínimos frente al cúmulo de población que no cuenta con prestaciones sociales. Y existen muchos otros rubros que necesitan de una regulación específica para poder dar viabilidad y certeza a quienes invierten y generan empleos en el país.

Hace apenas unos días se adelantó algo del contenido de la reforma laboral: uno de los ejes será la transparencia de los sindicatos tanto en recursos como en información; amplía y endurece los requisitos para llevar a cabo una huelga, tipifica como delito la contratación de menores de 14 años; regula el outsourcing, así como el trabajo doméstico, independiente o vía medios electrónicos como el Internet.

¿Transitará esta reforma? Sería el primer éxito en un mar de fracasos para los negociadores e interlocutores del gobierno federal panista, con las distintas fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso de la Unión.

REFORMA A TELECOMUNICACIONES

Hoy la tecnología de los medios de información, es mucho mayor a los alcances previstos por la norma. En 2005, la Ley Federal de Telecomunicaciones, y la de Radio y Televisión, fueron reformadas, pero sólo para satisfacer el plan de negocios de Televisa. Dos años después éstas reformas fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Por qué es importante? Porque la falta de una regulación clara y equitativa, hoy fomenta la concentración de los medios en unas cuantas empresas e intereses, que acaparan el sector y fomentan los intereses y la manipulación. El presidente Calderón también se comprometió a atender el sector e impulsar las reformas que fueren necesarias. Pero nada de esto ha ocurrido. Continúa pasando el tiempo y los beneficiarios de esas concentraciones y monopolios, continúan teniendo el control casi absoluto de los medios informativos. Y continúan haciendo de la manipulación y la presión, una de sus mejores actividades.

¿A DÓNDE VAMOS?

Así, esta parece ser la década perdida. Mientras otros países, como Brasil, ganaron competitividad y presencia internacional por su capacidad de lograr acuerdos y reformas viables, en México todo está pospuesto para quién sabe cuándo. Nadie sabe bien a bien qué pasará con el país, ni cuándo saldrá del hoyo en el que se encuentra. Mientras, predominan las discusiones bizantinas y sin rumbo entre un gobierno inoperante, y un Congreso que más bien parece la Torre de Babel, y no un Poder Legislativo serio. Vamos para ningún lado.

Periodismo latinoamericano: de nuevo, ¿hacia dónde vamos?

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+ “Crear sociedad”, vs idea de que sociedad civil no existe

Por naturaleza, el periodismo es uno de los vínculos esenciales entre el ciudadano común y el mundo que lo rodea. No es raro que el común de las personas se entere no sólo de los acontecimientos diarios a través de los medios de información, sino que también busque en ellos algunos de los elementos más importantes para la reflexión, la crítica y el debate. Tampoco debería ser excepcional que los medios informativos contribuyeran a fomentar ciertos valores y condiciones indispensables para la sociedad. Sin embargo, el dicho al hecho existe un enorme trecho.

¿Por qué hablar de esto? Porque tal pareciera que hoy, en general, los medios de información, no sólo locales o de circulación nacional, sino de gran parte del continente, se encuentran —nos encontramos— inmersos en una serie de vicios que deberían ser erradicados, como una de las condiciones para la construcción de una mejor sociedad. Aunque pudiéramos considerar que la prensa tiene como único deber el de informar, deberíamos también preguntarnos cómo debería materializarse ese deber, y si existe algo más allá de eso.

Esto viene a colación por lo siguiente. Por lo menos en México, los medios informativos han transitado de un marco de amplia censura y control de lo publicado, a otro de libertad casi total. Podría suponerse que la eliminación de la censura y las presiones que en el pasado se ejercían desde el poder hacia los medios, trajo como consecuencia el ejercicio de un periodismo que contribuyera más con la sociedad. ¿Ha sido todo esto así?

A nivel interno, —es decir, entre los mismos trabajadores de la información— debemos ver este asunto con pulcritud, responsabilidad y tolerancia. Porque la respuesta absoluta en todo esto es “no”. Es harto complicado afirmar o suponer que por la eliminación de esas barreras del pasado, hoy se ejerce un periodismo más profesional, más constructivo, más libre y menos comprometido con el poder. Esta es una condición a la que, en poca o gran medida, no escapa ningún medio de información de México, y seguramente del Continente Americano.

¿Por qué? En primer término, porque ha existido una voluntad mínima para comprender que, si bien todo medio de información es una empresa y que por tanto su manejo debe ser empresarial y no basado en los romanticismos de la prensa, también es cierto que la empresa que sostiene a un diario, a una estación de radio o a un canal de televisión, es también una empresa de interés público. Es decir, que su actividad importa a toda la sociedad.

Como esta no ha sido una idea que haya permeado entre los medios, en muchas ocasiones éstos ejercen su actividad como empresas privadas, y no en base al interés público que, por ética, debía regirlos. Esto lleva al oficialismo, las excesivas dependencias económicas, la combinación de intereses políticos en el ejercicio periodismo y, lo que es peor, la incursión que aún hoy sigue siendo marcada, de grupos políticos en empresas editoriales para buscar, a través del periodismo, de conseguir fines que no son propios del oficio informativo.

Esto es algo que existe en todos los niveles, y que tiene al periodismo en un nivel bajo que, al parecer, no tiene muchas vías de superación y crecimiento. Nos parece extraño y hasta sorpresivo, que existan voces que digan que el periodismo debe ser más constructivo, más propositivo y más responsable. Esas ideas se miran con extrañeza porque al parecer muy pocos creen que, desde los medios, pueda hacerse algo más allá de informar.

CREAR SOCIEDAD

Hace unos días, de visita en México, el periodista español Miguel Ángel Bastenier, aseguraba que la crisis económica en América Latina ha llegado en un momento en que es posible que la prensa no llegue nunca ha ejercer el papel de socialización política que ha ejercido en Europa y Estados Unidos; pero además no sabe sí lo logre el periodismo digital.

Y señalaba: “Cuando digo socialización política digo fabricación de sociedad, fabricación de estado, conocimiento del medio, de quiénes somos y dónde estamos. La prensa no creaba, pero sí facilitaba los medios para el conocimiento, para la ascensión de todas esas cuestiones; yo no digo que en América Latina eso no haya comenzado, claro que sí, pero no ha llegado ni remotamente al momento de madurez”.

Ante un señalamiento de esta naturaleza, tendríamos que preguntarnos con seriedad si desde los medios se puede construir sociedad, o si sólo debemos quedarnos en el simple papel de informar y generar ciertos tipos de crítica y análisis. La respuesta, en el ideal, tendría que apuntar no sólo a la necesidad, sino a la urgencia, de que tanto los medios de información como muchos otros factores sensibles de la población, se dedicaran a “hacer sociedad”.

¿Qué entender por ello? Que al fomentar la sociedad, hubiera la posibilidad de que los ciudadanos que no tienen intereses de orden político o económico para unirse, lo hicieron en torno a causas que verdaderamente le benefician a la colectividad. ¿Por qué quejarnos, por ejemplo, de la falta de representatividad y legitimidad que tienen los partidos políticos? Mientras la sociedad se siga manteniendo en la desorganización, vicios como esos continuarán ocurriendo.

Pero no vayamos tan lejos. En México, y en muchos países de América, los gobiernos hacen lo que quieren, y las concentraciones de poder existen a niveles inimaginables, justamente porque no existe la cultura de la sociedad, y de la organización que ésta debe tener para saber proponer, comprender y también oponerse razonada y civilizadamente.

El periodismo, en todo esto, podría jugar un papel fundamental justamente porque es el vínculo entre los sectores sociales más sensibles pero también más determinantes, como lo son la población y el poder. Su función habría de ser la de aportar la información, pero también más elementos sustanciales para la construcción de esos intereses en común a toda la sociedad.

ÉLITES

Sin embargo, aquí son meras élites las que tienen acceso a los medios, y éstos tienen serias deficiencias cuando intentan contribuir a la sociedad. ¿Proporcionalmente, en México qué porcentaje de la población tiene acceso a un diario? Poquísimos ¿Y cuántos de esos diarios contribuyen a crear sociedad? Muchos menos. Y la radio y la televisión, que son los medios de comunicación de masas, tienen un compromiso escasísimo con este asunto. No vamos bien.

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Candidatos: sólo garantía de lealtad, pero no de gobierno

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+ Democracia: ¿Quién es responsable por atraso prolongado?

A nadie sorprende hoy que los grupos políticos y los partidos, definan a sus candidatos a cargos públicos en función de su popularidad, o de aspectos como la lealtad, la cercanía o los intereses en común. Pero en realidad, existe una preocupación mínima porque las garantías de continuidad y triunfo en las urnas, sean también certezas relacionadas con el ejercicio del poder. Mientras predominen los intereses personales, será imposible que, en el futuro cercano, una democracia como la de Oaxaca evolucione.

Hasta hoy, la historia ha sido repetitiva en cuanto al modo en cómo se definen los candidatos a cargos públicos. Es una práctica común, que la designación de abanderados esté determinada sólo por dos aspectos: las definiciones propias de los grupos dominantes en los partidos políticos, y los números que arrojan los sondeos de opinión. En esto, como puede verse, quedan fuera todos los demás factores. Y lo riesgoso de todo este asunto, es que un candidato con altos niveles de popularidad, o arropado por los grupos de poder, no necesariamente garantiza que será un buen gobernante.

¿De qué hablamos? De que, es cierto, todo representante popular —Presidente, Gobernador, Munícipe o Legislador—, tiene como punto de partida el aspecto estrictamente electoral. Sin embargo, es evidente que más allá de lo que dictan las urnas, todo aquel que presta un servicio al Estado debe de garantizar mucho más que votos o aceptación del electorado. Debe haber, por lo menos, certeza mínima de que éste contribuirá de buen modo al desarrollo, al gobierno incluyente y sensible, y a consolidación de la democracia.

Para más de uno, esto es un idealismo. Dicha consideración, podría sostenerse si vemos el ejercicio de la política a ras de tierra. Este, en Oaxaca y en el país, lejos de ser un escenario en el que se debaten argumentos y proyectos de gobierno, es más bien una auténtica arena política, en la que las preocupaciones primordiales se centran en la construcción y sostenimiento económico de las estructuras electorales, en el convencimiento al electorado a través de ideas fatuas, y en los mecanismos a través de los cuales podrán tomar ventaja de modo indebido en el proceso electoral.

¿Alguien se ha preguntado si en realidad los candidatos que hoy tenemos ante nosotros, y los que tendremos, tanto para la gubernatura del Estado, como para las Alcaldías y diputaciones locales, son los mejores prospectos de los partidos? La pregunta puede ser contestada, desde ahora, afirmativamente, si todo se mira desde la simple lógica electoral. Pero más allá de eso, ¿existe cierta presunción de que los actuales e inminentes abanderados son, de a de veras, lo mejor que se puede proponer?

La respuesta es incierta. Y es así porque el mismo sistema democrático, y la predominancia de los intereses de grupo, han impedido que se valoren más aspectos que los estrictamente relacionados con los intereses y con las encuestas. Es imposible saber si, en esto, los candidatos, Gabino Cué Monteagudo o Eviel Pérez Magaña son en realidad las mejores cartas con las que sus respectivas fuerzas políticas pretenden acceder o mantenerse en el poder.

Es imposible porque, independientemente de que hayan sido ellos, o cualquiera otros los postulados, se habría tomado en consideración algún otro aspecto que no fueran los estrictamente relacionados con los aspectos de grupo, o los eminentemente electorales. Así, podemos tener expectativas positivas en muchos aspectos. Pero no necesariamente en lo que tiene que ver con la modificación, para bien, de la práctica del poder.

¿DEMOCRACIA IMPOSIBLE?

Podría argumentarse que estamos esencialmente equivocados, y que se peca de ingenuidad o idealismo, cuando se habla de la democratización del poder. Frente a cualquier señalamiento de esa naturaleza, tendríamos que comenzar por preguntarnos si hoy es igual el ejercicio del poder público a nivel federal, a como era hace dos décadas. En la pregunta misma, está la respuesta.

Evidentemente, el ejercicio del poder hoy no es el mismo que el de hace 20 años en el ámbito federal. Hoy podemos corroborar que no existe un presidente omnipotente que ejerce su poder ilimitadamente; que controla por completo al Poder Legislativo; o que es el factor determinante en las definiciones políticas respecto a su propia sucesión.

Más bien, hoy vemos casi todo lo contrario: existe un partidismo fuerte, que ha limitado el marco de acción del Jefe del Poder Ejecutivo; las cámaras legislativas tienen una pluralidad cambiante, y grupos opositores fuertes. Y, en el contexto histórico, y aún con las enormes fallas que representan hoy las concentraciones de poder en manos de los partidos, éstos han contribuido de manera determinante a la democratización de muchas de las instituciones y procesos políticos del país.

¿Qué necesita ocurrir, entonces, en un escenario como el de Oaxaca? Primero, que exista la voluntad para comprender que las concentraciones —y ambiciones— actuales de poder, no pueden ser eternas (porque esto sólo conduce a los estallidos sociales). Teniendo esta visión, habría de ser previsible el comienzo de un proceso paulatino de apertura democrática y búsqueda de equilibrios en las tareas de gobierno.

Para esto, sin embargo, es necesario lo mismo la actuación inteligente de quienes ejercen el gobierno, como de quienes encabezan las fuerzas de oposición. En una lógica real, nadie cede el poder sólo porque sí, como tampoco se logra algo sustancial cuando se tiene una voluntad opositora que sólo es aparente.

Así, ¿tienen claro esto quienes detentan el poder en Oaxaca? Tal pareciera que no. Por eso, todo lo centran en el aspecto electoral y en la preservación de los grupos de poder. ¿Y en la oposición? Tampoco. Porque ésta ha sido una auténtica desgracia, que nunca ha podido ubicarse en un sitio medianamente digno. En gran medida, las concentraciones de poder son tan altas, porque los que tienen la legitimación política para oponerse, son en realidad comparsas y títeres de sus contrapartes.

ASPECTO OLVIDADO

Con toda seguridad, si el electorado tomara en consideración aspectos como estos, razonaría mucho más su voto. El problema es que la situación es tan adversa en lo económico y social, que una parte importante de los electores, prefiere cambiar cualquier razonamiento por unos pesos, por una despensa, o por una promesa inalcanzable.

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Infraestructura y desarrollo… ¿sin democracia?

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+ Urge debatir las expectativas de gobernabilidad

Está equivocado quien considera que sólo con carreteras o empleos, se logra de verdad el desarrollo de una comunidad. Esa idea es tan errónea, como quien considera que la democracia se consolida cuando el derecho voto es respetado. Ante ello, ¿qué podemos esperar en Oaxaca, cuando estamos en la víspera de una reñida contienda electoral en la que, sin embargo, hasta ahora es nada lo que se ha hablado sobre el verdadero desarrollo democrático que requiere nuestra entidad?

El asunto no es menor. Porque aún cuando Oaxaca ha sido un icono —cuando menos en la última década— de las llamadas “formas alternativas de organización popular” y del respeto a las formas de autodeterminación política de los pueblos y comunidades indígenas, lo cierto es que nuestro desarrollo democrático real no ha cambiado prácticamente en nada: las estructuras institucionales son las mismas, la organización del gobierno, y las atribuciones y alcances del poder público no han variado; y la práctica avasalladora del poder no sólo no se ha frenado, sino que tal pareciera que se ha acentuado.

Ante las circunstancias, esto es harto preocupante. Oaxaca, como ninguna otra entidad de la República, ha atravesado por procesos sociales y políticos intensos, que no por ello han sido determinantes. Sin entrar en mayores detalles y datos, el conflicto magisterial y popular ocurrido aquí en 2006, es el mejor ejemplo de esto. La de aquel año, fue una incomparable crisis institucional que, sin embargo, no logró hacer un solo cambio sustancial en la estructura y en la forma de ejercer el poder, como tampoco en la forma de hacer lo que verdaderamente debería entenderse como oposición.

Esta situación, que está totalmente evadida y desatendida, más bien debería provocar alarma entre los ciudadanos. El ejercicio del poder, el gobierno, los partidos políticos y la oposición que hoy tenemos, es la misma, o peor, de la que teníamos hace una década. Esto porque hace una o dos décadas, quienes ejercían el poder eran los mismos, con la diferencia de que antes no se engañaban —ni trataban de timar a la ciudadanía votante— con discursos democráticos o ideales de cambio. Y si esta cuestión la hacemos pasar por el tamiz de los conflictos y las supuestas luchas sociales —y el costo real que ha tenido cada una de éstas—, podremos corroborar que Oaxaca ha pagado mucho a cambio de nada.

Esto porque aún cuando, supuestamente, somos un icono nacional e internacional en cuanto a la revuelta social, a las formas ciudadanas de organización, a la inconformidad, e incluso respecto a la rebelión ante los abusos del poder, lo cierto es que ningún actor, fuerza política o grupo organizado ha sido capaz, o ha tenido la voluntad, de transferir esa fuerza popular a cambios institucionales reales y palpables.

El resultado de todo esto, es que aquí seguimos abrevando esas formas anticuadas de organización, estructuración y ejercicio del poder, que desde la ciudadanía son reiteradamente repudiadas, pero que quienes detentan el poder —o aspiran a hacerlo— aprovechan por el desdén y la inacción que tiene la sociedad civil para modificarlas o transformarlas de forma definitiva.

El resultado de todo esto, se puede ver en la realidad de hoy, en la que unos y otros pretenden vender ideas de democracia a partir de la confusión con el ejercicio del gasto público. ¿No es obligación de todo gobierno invertir en infraestructura y desarrollo? ¿Y no sería un verdadero acto de voluntad política el plantear la transformación del poder? Todos se quedan con la primera de las cuestiones: pretenden construir y gastar mucho, para que el pueblo esté contento momentáneamente, aunque en el fondo el poder se siga ejerciendo como hasta ahora.

¿Y LOS PARTIDOS?

¿Qué ha dicho al respecto la coalición entre el Partido Verde Ecologista y el Revolucionario Institucional? Nada. ¿Y qué ha dicho la alianza Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática, PT y Convergencia? Lo mismo. Es decir, nada. Prefieren guardar silencio porque, en sus conveniencias, pretenden que el ejercicio del poder siga siendo exactamente el mismo.

En este sentido, podría tomarse como un idealismo el querer que éstos transformen, para disminuirse y acotarse, un poder que hoy ejercen con toda plenitud y prácticamente sin ninguna limitación. Más allá de los nombres, lo cierto es que hoy los gobernadores de los estados en el país, tienen un margen de influencia altísimo al que no se le ha podido hacer contrapeso alguno. Pero, en esto, ¿no es justamente esa transformación democrática lo que, en teoría, llevó a cohesionar a las fuerzas opositoras en Oaxaca?

Lo que es evidente, es que todos pretenden vender a la ciudadanía un cúmulo de ideas equivocadas. Los tricolores, porque en su lógica pretenden continuar en el ejercicio de un poder que hoy tienen a plenitud, a través de las promesas de transformación en infraestructura. Esta es, sin duda, la visión de lo que, eufemísticamente, podríamos considerar como un “priismo clásico”.

¿Por qué? Porque el intercambio de la democracia por el desarrollo y la estabilidad, es la idea básica que durante décadas llevó a los gobiernos priistas a invertir sumas importantes en el gasto público, para que la ciudadanía no tuviera inconformidades y a ellos los dejaran ejercer el poder sin cortapisas. ¿No es esa la idea central cuando todo se centra en el desarrollo en infraestructura, pero nada en los cambios democráticos que le urgen a la entidad?

El caso de la oposición no es mejor. Éstos pretenden, como propuesta democrática, desempolvar algunos de los postulados democráticos que fueron el eje central del movimiento magisterial y popular de 2006, pero que en los hechos fueron simplemente intransitables ante cualquier proceso legislativo.

¿MUY DEMOCRÁTICO?

Por citar un ejemplo: ¿Qué hace Gabino Cué hablando nuevamente de la revocación de mandato? Es la misma demagogia de siempre, pero con temas del pasado. Porque en la oposición tampoco parece haber un proyecto democrático sólido y creado como consecuencia de la unión de los partidos. ¿Por qué retomar hoy la cuestión, cuando los legisladores de su partido —incluido él mismo— tuvieron años para plantearlo, y prefirieron no hacerlo para privilegiar las polémicas de coyuntura? En realidad esto es una simple bandera. No les interesa.

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Relevo, luego de más de cinco años, en el FJR

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+ Reto: revivir un importante cadáver del PRI

La tarde del pasado lunes se hizo oficial el nombramiento de Francisco Ángel Maldonado Martínez como nuevo presidente del Comité Estatal del sector juvenil del Partido Revolucionario Institucional. Con esto arranca una carrera contrarreloj por rescatar a uno de los sectores más representativos del priismo que, sin embargo, en Oaxaca está convertido en un auténtico cadáver entre los sectores políticos de ese partido.

Para comprender a cabalidad este asunto, es necesario verlo en el contexto y no sólo como un hecho aislado. El nombramiento de Maldonado Martínez como nuevo dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, es una de las primeras decisiones que dejan ver a cabalidad el amplio margen de acción que tiene el senador Adolfo Toledo Infanzón como líder priista. Aquel ha sido, en los últimos años, uno de sus más cercanos colaboradores, a quien ahora encomiendan una tarea partidista nada despreciable.

¿Por qué? Porque por diversas razones, el sector juvenil del priismo ha permanecido en el total abandono en los últimos años. Esto ha sido responsabilidad no sólo de las consecutivas dirigencias juveniles, que han tenido un enfoque equivocado del trabajo partidista, sino también de los presidentes del tricolor por haber desdeñado reiteradamente la labor de convencimiento, formación política e ideologización, que deberían ser las causas principales de los sectores juveniles, y de los partidos políticos mismos.

La historia del sector juvenil del priismo, hasta ahora, ha dejado mucho qué desear. A pesar de que, en el discurso, las fuerzas juveniles representan alrededor del 30 por ciento de la presencia y margen de votación para los institutos políticos, es evidente que en el caso del priismo —y que, lamentablemente, no es distinto en las demás fuerzas políticas— ha habido un singular abandono, que hoy tiene al FJR como una pequeña barca que, agrietada, hace agua por todos lados.

¿Por qué? Porque, como lo apuntamos líneas arriba, el trabajo juvenil de las fuerzas partidistas ha tenido extravíos importantes. El priismo juvenil, ha sido sinónimo de mano de obra invisible en los procesos electorales, de porrismo, y de simple presencia representativa que, sin embargo, no ha abonado por un trabajo político efectivo que se traduzca en una representación importante en las tareas de gobierno, legislativas o del mismo partido.

Para comprobarlo no basta más que con mirar al pasado. Por lo menos, en los últimos cinco años, el FJR no fue más que un membrete que jamás tuvo la capacidad de convocar, interesar y movilizar más que a unas cuantas decenas de jóvenes; la estructura formal de ese sector fue meramente representativa, inestable, inexperta y constantemente cambiante. Y, lo más grave, es que ese sector del PRI hoy no puede jactarse de tener una sola posición en el Congreso del Estado, en las Cámaras federales, en el Gobierno del Estado, e incluso ni en la misma estructura política del Comité Estatal del Priismo.

Por eso la tarea que le espera a Maldonado Martínez es nada sencilla. Más allá de la cercanía y los afectos del Líder priista, éste necesita no sólo reencauzar el rumbo perdido que hoy lleva el sector, sino sobre todo comenzar un proceso minucioso de organización de las fuerzas juveniles del partido que, sin necesidad de entrar a una revisión minuciosa, puede verse que se encuentran desatendidas, desalentadas y dispersas.

RECUENTO DE DAÑOS

La desgracia del Frente Juvenil Revolucionario tiene mucho que ver con su ahora ex dirigente Aarón Alfredo Juárez Cruz, aunque ésta comenzó mucho antes. Su predecesor, fue el tristemente célebre Nahum Carreño Mendoza. Si revisamos la gestión de estos dos últimos dirigentes, no encontraremos más que quebrantos.

¿Por qué? Porque, en primer término, Carreño Mendoza se encargó de fomentar en las redes juveniles del priismo una dualidad con los sectores de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca en que era popular. Fue harto representativo cómo, cuando éste fue desplazado de la dirigencia por Juárez Cruz, en los primeros meses del presente sexenio, utilizó prácticas dignas del mejor porrismo universitario para tratar de boicotear al nuevo líder juvenil, que se negó a cederle la Secretaría General del FJR a uno de los cercanos a Carreño Mendoza.

En unos cuantos meses, el nuevo dirigente Juárez Cruz se encargó de desmantelar todos aquellos grupos que, a su juicio, parecían nocivos para el trabajo y la imagen de dicho partido. El problema fue que, en los más de cinco años en que fungió como dirigente del sector juvenil, nunca pudo articular una integración seria y comprobable del sector que representativamente encabezaba.

Para muestra, nada mejor que los hechos. En la LIX Legislatura local, el sector juvenil del PRI ganó una sola curul, que fue la que ocupó, sin ningún éxito, Carreño Mendoza. Ésta, además, no fue consecuencia del trabajo político a ras de suelo, sino de una inusual combinación de resultados electorales que, en aquella ocasión (2004), llevó al tricolor a ocupar 7 curules por el principio de Representación Proporcional.

De ahí en fuera, la presencia del FJR en tareas importantes de gobierno o legislativas, es nula. Moisés Molina, director de la Comisión Estatal de la Juventud del gobierno estatal, no emergió de ese sector. La diputada local Paola España López, tampoco. Y, curiosamente, el único integrante del Frente que obtuvo una posición relativamente “importante” a partir de un proceso electoral, es justamente Maldonado Martínez, quien es suplente del diputado local por Tlacolula de Matamoros, David Aguilar Montes.

Así, lo que puede verse es que, en realidad, las llamadas “juventudes priistas” no son más que un mito y un membrete, que si desean ser verdaderamente rescatadas y reestructuradas, necesitan mucho más que simulación y autoengaño. Si Maldonado Martínez tiene deseos de trascender por su trabajo en el sector, debe no sólo preocuparse por reordenar las estructuras municipales y su propio Comité, sino también por rescatar la formación política e ideológica de los cuadros priistas, que es presa de un abandono casi tan alarmante como el del sector juvenil.

SALIDA INDECOROSA

A Aarón Juárez lo nombraron, según, como coordinador de Migrantes de la campaña priista a la gubernatura del Estado. ¿Por qué le dieron esa responsabilidad? Porque éste es un tijuanense que, dice, conoce bien el problema de la migración, que tanto abunda en Oaxaca. ¿Por qué no lo nombraron coordinador juvenil, o algo así? Por sus resultados. Sin palabras.

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Sección 22: su agenda, periférica al proceso electoral

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+ Tomar partido en los comicios: ¿Por qué sí hacerlo?

Hoy, Oaxaca será un caos. Si todo ocurre como se anunció, desde temprana hora los profesores integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, habrán tomado diversas oficinas públicas y puntos estratégicos para las vialidades y carreteras, en todas las regiones del Estado. Estas acciones, según dijeron, forman parte de una jornada de lucha en solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, es evidente que esto también responde a lo establecido en una agenda política propia del magisterio, que se desarrolla paralelamente al proceso electoral que comienza a tomar fuerza en la entidad.

Como es evidente, ninguna de las acciones de un gremio tan determinante en Oaxaca, como lo es el magisterio de la Sección 22 del SNTE, puede estar desligada del calendario político que se desarrolla. 2010 es un año de gran intensidad para todos los factores de poder y equilibrio que existen en la entidad. Y por esa razón sería hasta ingenuo considerar que éstas son decisiones aisladas o coincidentes. El único indicio que  podría llevarnos a considerar esto como una casualidad, es el contenido de los motivos y las demandas de la protesta que hoy ocurre.

Sin embargo, en este sentido habría que considerar por lo menos dos cuestiones. La primera, es la necesidad que hoy tiene el magisterio de la Sección 22 de hacer presencia en el escenario político de la entidad; y la segunda, el momento en que ocurre no sólo el inicio de las manifestaciones del llamado “magisterio democrático”, sino todo el proceso político por el que atraviesa la entidad. Vayamos por partes.

Las dos cuestiones van de la mano. Porque es todo menos una casualidad, que apenas tres días después arrancadas las precampañas entre los aspirantes a la gubernatura del Estado, el magisterio determine sitiar la capital oaxaqueña y las principales poblaciones de la entidad. Evidentemente, la forma más representativa de la manifestación política de los profesores oaxaqueños, es a través de la toma de las calles. Y, en este sentido, el motivo para emprender esas acciones, es lo de menos.

Así, es evidente que los profesores de la Sección 22 aparejaron dos calendarios. Al tomar como bandera las exigencias del Sindicato Mexicano de Electricistas, dejaron a salvo las exigencias particulares que harán valer con fuerza en el momento que sea adecuado. Y con esto tomarán parte de modo periférico en el proceso electoral, porque es claro que su influencia en este aspecto no se determina por el apoyo a tal o cual partido político o candidato, sino por su presencia como grupo de lucha y banderas sociales.

Por esa razón, las acciones de este día pretenden no sólo hacerlos presentes, sino sobre todo insertarlos formalmente en la agenda de prioridades respecto a las definiciones políticas, pero también en lo relativo a la gobernabilidad del Estado. Además, estos son los actos preparatorios de lo que serán sus propias jornadas de lucha, que seguramente iniciarán en la segunda quincena del mes de abril.

En su jornada de protesta de hoy, seguramente habrá referencias sólo tangenciales al proceso electoral, y a sus demandas particulares. Habrá de entenderse que este es, por así decirlo, su arranque propio y simbólico en las acciones que emprenda tanto en su particular calendario político, como el que nos es común a todos los oaxaqueños. Preparémonos todos.

TOMAR PARTIDO

Ante esto, habría que preguntarse qué postura formal asumirá el magisterio, ante el proceso electoral que se avecina. Ha sido prolongada la espera de la determinación sobre si una vez más llamarán a sus agremiados al voto de castigo hacia ciertas fuerzas políticas, si decidirán abstenerse de participar en cualquier forma del proceso sucesorio, o si decididamente apoyarán a tal o cual candidato. Cada una de las posibles posiciones, conlleva aspectos importantes que no deberían dejar de tomarse en cuenta.

El primero de los aspectos, según está visto, les ha funcionado mal. Dos han sido las consecuencias más marcadas del llamado al voto de castigo. La primera, que se dejó ver claramente en 2006, llevó al Congreso federal a más de una decena de legisladores (emanados del PRD, PT y Convergencia) que nunca supieron corresponder al magisterio, pero tampoco a las expectativas que se generaron entre la ciudadanía a partir de la derrota casi total que sufrió el priismo oaxaqueño en ese año.

La segunda consecuencia, que para ellos fue aún más nefasta, tiene que ver con la imposibilidad de articular una oposición importante. Estos llamados al voto de castigo, junto con los relativos a la abstención en los procesos electorales, no hicieron más que permitir la reinserción del priismo en las posiciones legislativas y de gobierno. Para un partido —como el PRI— que funciona a través de estructuras electorales, siempre el mejor escenario es que, en los comicios, el voto opositor se pulverice, y que la mayoría de los electores no salga a votar. Con eso, sus estructuras trabajan a la perfección y superan cualquier aversión ciudadana.

Por ello, la única vía que les quedaría libre para explorar, es la participación activa en el proceso electoral. Hasta ahora, es una decisión a la que también se han resistido sectores importantes del magisterio. Sin embargo, ese habría de ser el camino que finalmente les permitiría concretizar sus demandas económicas, sociales y políticas en una sola agenda política, para lograr su posterior cumplimiento.

Tal parece que el magisterio de la Sección 22 se resiste a tal decisión, por la conveniencia que encuentran a las demandas económicas y de coyuntura política, pero también porque ellos no desean asumir responsabilidades en cuanto a lo que podría llegar a ser una reforma democrática de gran calado. Parece claro que prefieren no tomar acciones firmes, para no ser responsables de los compromisos a largo plazo, y de las consecuencias de sus propias decisiones como factores de poder, y no como radicales opositores.

¿NO QUE NO?

En agosto de 2007, cuando el entonces aspirante a Edil de Oaxaca de Juárez por el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Hernández Fraguas, registró su candidatura ante el IEE, aseguró y reafirmó que, de ganar, sería un Munícipe de tres años. El sábado pasado rompió su promesa, y pidió licencia para integrarse al trabajo electoral de su partido. Una muestra más —entre muchas— de que el futurismo puede más que el compromiso de gobierno.

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María de las Nieves: apostar a mediano plazo

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+ Su reaparición, tan cíclica como la de Fraguas

Hace seis años, más o menos por estas mismas fechas, existía una fuerte disputa en el priismo, por la determinación de quién sería el candidato a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, y las principales alcaldías que, en octubre de 2004, estarían en juego en los comicios municipales.

En aquel entonces, junto a los aspirantes ya sabidos dentro del priismo local, se colocó un personaje que también manifestó sus aspiraciones por el gobierno de la capital oaxaqueña, pero que tenía como único capital político presente su cercanía con el entonces candidato priista a Gobernador: José Antonio Hernández Fraguas. Hoy, María de las Nieves García Fernández parece repetir esa historia, que no sólo apunta al presente, sino seguramente al mediano plazo.

¿Por qué recordar, ahora, las condiciones en que ocurrió el reingreso a la política oaxaqueña del ahora edil con licencia, Hernández Fraguas? Porque dicho ejemplo, es altamente ilustrativo de un proceso similar que ocurre ahora con la ex secretaria de Salud, García Fernández. Ambos tienen como origen el mismo grupo político. Y los dos intentaron con éxito su reinserción en la política estatal, luego de varios años de una paciente lejanía, que les sirvió para superar las afrentas habidas entre los distintos grupos de poder en el priismo y el gobierno de Oaxaca.

Así como ocurre hoy con García Fernández en relación al grupo del inminente candidato a Gobernador por el PRI, Eviel Pérez Magaña, en 2004 José Antonio Hernández Fraguas regresó a Oaxaca de la mano de Ulises Ruiz Ortiz. Éste lo colocó en la primera línea del equipo con el que prepararía su campaña, y llegado el momento lo incluyó en la dinámica sucesoria de la alcaldía citadina, que entonces estaba dominada por la decisión e influencia del gobernador José Murat.

En términos reales, lo único que colocaba a Hernández como aspirante a la presidencia municipal, era su cercanía con el entonces senador Ruiz. Desde los círculos cercanos al Candidato a Gobernador, se dejó ver que Hernández sería incluido en la puja por la Alcaldía, en la que hasta entonces sólo aparecían los nombres de funcionarios estatales y representantes populares que habían forjado carrera política durante el sexenio que fenecía.

Finalmente, en 2004 el favorecido con la candidatura a Edil, fue el hasta entonces diputado federal, Jesús Ángel Díaz Ortega. Con ello, quedó constatado que el grupo político del gobernador Murat, aún pudo imponerse sobre las preferencias de quien ya para entonces figuraba como Gobernador Electo de Oaxaca. Y una vez obtenido el triunfo electoral, el gobierno municipal de Díaz se integró con un grupo importante de funcionarios del gobierno estatal, que se trasladaron a la administración citadina para sobrevivir al cambio de gobierno.

Ello demostró al menos dos cuestiones: la primera, que los grupos políticos predominan mientras tienen el poder en las manos. Y que apuestas como la de Hernández Fraguas hace seis años, o las actuales de García Fernández, más bien son a mediano plazo.

El primero de ellos, en los tres años siguientes, preparó su candidatura a la alcaldía desde el cargo de Secretario de Administración del Gobierno del Estado. En 2007, con la venia del Jefe Político del PRI, éste no tuvo problema alguno para imponerse como Candidato al mismo cargo municipal que había buscado tres años antes, aunque ahora con todas las condiciones políticas a su favor.

Eso mismo podría ocurrir con García Fernández, quien ya reapareció en la política estatal, aunque perteneciendo a un grupo priista que aún no gobierna. Por eso, dicha apuesta más bien parece ser a mediano plazo.

EJERCICIO DEL PODER

Para muchos, la exteriorización de las aspiraciones de la priista García Fernández, podrían constituir una especie de contrapeso a la decisión de que la candidata a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez sea la ex secretaria de Turismo, Beatriz Rodríguez Casasnovas. Habría que entender que la práctica misma del poder, en los hechos, apunta a que quien manda, lo hace cuando menos hasta el último día en que detenta formalmente el poder… tanto en su partido, como en el Gobierno del Estado.

¿Por qué decimos esto? Porque aún cuando es evidente que en el PRI, el Candidato a Gobernador pertenece al primer círculo del actual gobernante, y es para éste quien más le ha guardado lealtad, cercanía y compromiso de trabajo, es también claro que es aún el Gobernador, y no el Candidato, quien toma las decisiones más trascendentales del gobierno y de su partido. Y que, formalmente, así será hasta el último día de su gobierno y durante algún tiempo más.

Sin embargo, también parece necesario comprender que la presentación de posibles candidatos cercanos al actual grupo priista, o al que pretende gobernar la entidad durante los seis años siguientes, no tiene por qué entenderse como la existencia de pugnas o desavenencias entre grupos. Quien hoy gobierna, velará por la mayor permanencia posible de quienes son sus más cercanos (personas e intereses). Y los que buscan hoy hacerse de la administración gubernamental, ocupan estos escaparates para presentar y comenzar a perfilar públicamente, a los que serán sus cuadros políticos de largo plazo.

Finalmente, el reto más importante de los que gobiernan, y los que pretenden hacerlo, es el de ganar una de las plazas más competidas del territorio oaxaqueño. Unos y otros deberían comenzar a considerar que Oaxaca de Juárez será un escenario determinante, y que para ello es fundamental que el ejercicio del poder, venga acompañado del trabajo político y el carisma frente a la ciudadanía, que son fundamentales para ganar la elección.

Está claramente demostrado que la democracia no es precisamente lo que ejercen de mejor modo en el priismo. Tienen plena confianza de que, al final, la disciplina es más fuerte que los intereses o las aspiraciones. Y que independientemente de a quién postulen, todo el priismo trabajará a su favor en la capital de Oaxaca. Por el bien de ellos, ojalá que no se equivoquen.

¿REELECCIÓN?

Por cierto, ¿alguien le habrá dicho a la regidora Elizabeth Acosta López que para los cargos edilicios existe la prohibición de la reelección inmediata? Dice que aspira a ser candidata a Presidenta Municipal. Pero ese es un cargo municipal similar al que hoy ostenta. Por lo que está impedida constitucionalmente en su aspiración. ¿Habrá hojeado alguna vez la Ley Municipal? ¿O alguien se aprovechó de su ingenuidad y le jugó una broma pesada? Son preguntas.

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Calderón: el país, a merced de sus caprichos

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

Nuevamente, el país se enfrenta a una importante crisis de credibilidad respecto a sus instituciones políticas y democráticas. El gobierno federal, al enfrentar sus responsabilidades de Estado, puso sobre la mesa de las negociaciones diversos asuntos que no sólo revelan su falta de compromiso con el país, sino también que la agenda personal del presidente Felipe Calderón, y sus intereses políticos, se encuentran por encima de las necesidades y urgencias de la nación. Tal parece que, como en antaño, se pretende que la decisión, y el capricho presidencial, sean el eje de movimiento de los hilos del poder y la política electoral en el país.

En los últimos años, la práctica política en México no sólo ha cambiado, sino que ha sufrido modificaciones sustanciales. Durante el largo reinado del Partido Revolucionario Institucional en el poder presidencial, se pasó del más absoluto dominio del poder presidencial —por encima de los poderes constituidos y los fácticos— al ejercicio de un poder más o menos equilibrado, que abrió las posibilidades serias de debate y oposición al otrora poder omnímodo del presidente en turno.

A diferencia de otros países, que a mediados del siglo XX transitaron de gobiernos emanados de procesos más o menos democráticos, y luego se consolidaron dictaduras, para finalmente ser derrocadas en su mayoría por la fuerza y el accionar de grupos armados, en México luego de la Revolución se vivió un proceso pacificador y estabilizador, que no por ello se tradujo en una práctica democrática.

A diferencia de nuestros vecinos latinoamericanos, aquí el proceso de democratización del poder comenzó a darse en un marco de paz, hasta llegar a la situación actual. Sólo que en este punto, más bien parece que el devenir democrático del país comienza a padecer un estancamiento y ciertos visos de regresión al pasado. Esto lo demuestra la aberrante práctica política que está habiendo en el país, y que en buena medida ha sido impulsada y solventada por dos de las fuerzas nacionales más importantes, pero sobre todo por el mismísimo Presidente de la República.

¿A qué nos referimos? A que no sólo de ahora, sino en todo lo que va de la presente administración en el gobierno federal, la agenda electoral es la que ha marcado los tiempos y los ritmos en cuanto a la aplicación de la ley, la celebración de pactos e incluso la gobernabilidad del país. Luego de 2006, todos los comicios importantes han estado marcados por un intervencionismo nocivo por parte del gobierno de la República, que utiliza sus recursos y sus medios legales para influir en las decisiones que sólo deberían tener cabida en la democracia.

LEGITIMIDAD MINADA

El presidente Felipe Calderón Hinojosa asumió su gobierno en medio de un creciente clima de riesgos. Tal situación poco tenía que ver con los problemas actuales, y más bien se asemejaba a una crisis institucional del sistema democrático. Habiendo ganado la Presidencia de la República por un margen que ni siquiera rebasó un punto porcentual, la legitimidad fue una de sus primeras preocupaciones. Ésta trató de obtenerse a través de los golpes de timón y las demostraciones contundentes de que en México había gobierno y que éste haría valer la ley y el orden por encima de cualquier interés o presión de grupos o fuerzas políticas.

Mal que bien, el gobierno de Calderón supo sortear esos primeros retos. En su primer año de gestión consiguió incrementar sus márgenes de aprobación, y las nutridas protestas por los resultados electorales se vinieron apagando paulatinamente. Andrés Manuel López Obrador, en este sentido, contribuyó en mucho a la disminución de la fuerza de su movimiento. Y los pactos con el Partido Revolucionario Institucional permitieron al presidente Calderón sortear algunos de los más importantes diques a los que se enfrentó en el gobierno.

Desde los frentes priista, perredista e incluso panista, se pensaba que la solidificación de los acuerdos traería como resultado una gobernabilidad más pareja para todos. Parecería, en aquellos momentos, que el PRI encontró en el PAN a un gobierno aliado con el que tratarían de caminar juntos para detener el avance de una izquierda entonces radicalizada que conducía el ex candidato López Obrador.

Todo el panorama cambió el día de los llamados comicios federales intermedios. En aquel momento, el Revolucionario Institucional, que era la tercera fuerza política en el Congreso de la Unión, casi logra ganar la mayoría absoluta de las curules en la Cámara de Diputados. Acción Nacional, que en 2006 se había alzado como la primera fuerza, cayó al segundo escaño, y el PRD también perdió posiciones para colocarse como la tercera fuerza.

Cuando eso ocurrió, quedó claro que para el PAN, ahora el enemigo a vencer ostentaba un escudo con los tres colores de la bandera nacional; que el PRD tendría necesariamente que dejar de ser su enemigo para convertirse en su aliado, y que el dique se tendría que construir para detener al priista que pretendiera disputar la presidencia de la República al candidato del presidente Felipe Calderón.

No obstante, en esta recomposición de fuerzas e intereses, el PAN ya había hecho de las suyas durante la campaña. El maridaje con el priismo lo terminó ante el resultado de los comicios. Pero mientras, ya había enrarecido el panorama con sendas estrategias de hostigamiento a priistas y perredistas en las entidades federativas.

HOSTIGAMIENTO

Apenas unas cuantas semanas antes de los comicios federales de 2009, la Procuraduría General de la República consignó una treintena de expedientes judiciales abiertos por investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, que devinieron en la detención de igual número de autoridades municipales y funcionarios estatales del estado de Michoacán.

Aunque se estableció formalmente que las detenciones eran resultado de investigaciones, de inmediato todo esto dejó ver que la tendencia era claramente electoral: el gobierno de la República, trataba de ayudar a los candidatos del Partido Acción Nacional a través de una campaña negativa en la que se utilizó la actuación de las instancias ministeriales y judiciales. Y lo peor: tal estrategia no funcionó. En los comicios, los perredistas fueron fustigados por las estrategias panistas, pero éstas beneficiaron al priismo, no a los azules. Y de todos modos, por un capricho que pretendía consolidar el poder en la figura del presidente, el país se vio envuelto en un indecoroso escándalo de persecución judicial por consigna, y por motivos distintos a los de la justicia.

PRI-PAN: MAL Y DE MALAS

Una vez erigidos en primera fuerza política, los priistas presionaron al gobierno federal para que el ejercicio del poder fuera compartido y acorde a su representación legislativa. Ante los efectos de la crisis económica, el gobierno determinó impulsar un alza de impuestos para solventar los faltantes en el gasto público. Tal incremento, necesariamente tendría que ser aprobado en el Congreso, por una mayoría que el PAN no tenía.

¿Qué hicieron? Pactar con el PRI. Éste partido, que también antepuso la agenda electoral a la de los asuntos de Estado, puso como condición que el panismo no erigiera alianzas electorales en las entidades federativas de las que los diputados priistas apoyarían el incremento de impuestos. Este acuerdo se firmó verbalmente entre el Secretario de Gobernación y varios gobernadores priistas, y por escrito ante los representantes del gobernador Enrique Peña Nieto.

¿Qué ocurrió entonces? Que el priismo impulsó un incremento al Impuesto al Valor Agregado, que dio los recursos frescos que necesitaba el gobierno federal. Y el PAN, previsiblemente, habría de respetar las abstenciones a las que se comprometió. Sólo que hubo un inconveniente: los azules siguieron adelante en su intención de coaligarse con las fuerzas de izquierda en las entidades federativas en las que habrá comicios en el presente año. Esto terminó de corromper una relación ya de por sí tensa, y finalmente estallaron las acusaciones y las descalificaciones que, de nuevo, tuvieron como punto de origen el capricho y los incumplimientos del Presidente.

PRESIDENTE CAPRICHOSO

Felipe Calderón se ha impuesto a las circunstancias, en sus decisiones. Si sabía de los efectos del quebranto del acuerdo con el priismo, era previsible que también asumiera las consecuencias. Sólo que hoy él llama a un entendimiento y conciliación que su gobierno y su partido mismos no fomentaron.

La nueva crisis en la que está sumido el país tiene que ver con la desmoralización total de la política, y el predominio de los intereses de grupo respecto a los asuntos que son prioridad para la nación. Tal pareciera que la ruptura de acuerdos y el choque impulsivo por motivos electorales, se están convirtiendo en las constantes de este gobierno federal, que cada vez busca con más desesperación las fuentes de poder que no puede obtener por la vía democrática.

Es cierto que en las guerras de poder todo se vale. Sin embargo, es aberrante que la agenda nacional esté hoy condicionada a los designios de un solo hombre, y que por la contraparte esté también adherida al calendario electoral de las fuerzas políticas. Por eso México tiene pocas posibilidades de avanzar. Porque los hombres de Estado escasean, y los hombres de partido abundan. Bien dicen, ante ello, que los llamados “políticos profesionales” en los últimos años le han hecho mucho daño al país.

PRI y PAN, abaratan los acuerdos

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+ ¿Cómo nos ven desde el exterior?

 

En México ocurre un fenómeno curioso: los altos niveles de violencia que constantemente se mantienen en la lucha contra el crimen organizado, en algún sentido ha “acostumbrado” a la población a escuchar en los noticieros sobre enfrentamientos, balaceras, muertos, heridos, decapitados, levantones y ejecuciones. Aunque en otros países una sola, o unas cuantas noticias como esas, provocarían terror en la población y constituirían un fuerte llamado de atención para que la autoridad actuara con energía, en México eso se toma ya como cierta parte de nuestra cotidianeidad. Estamos, por así decirlo, habituados a un nivel de violencia que es nocivo no sólo para la nuestra, sino para cualquier sociedad civilizada y en la que el Estado se jacta de imponer el orden y la ley.

Algo similar ocurre con los fenómenos políticos. En más de una ocasión, hemos señalado en este espacio lo aberrantes que, a nuestro juicio, son los pactos en los que se transigen asuntos de Estado a cambio de meras agendas electorales. Y no sólo es inmoral, antiético e irresponsable por el contenido de dichos acuerdos, sino también por los autores de los mismos.

Todo esto tiene como punto de origen los acuerdos firmados en octubre pasado entre representantes del gobierno federal y el Partido Acción Nacional, con dirigentes del Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno del Estado de México. Dichos pactos, como bien se sabe, se hicieron no sólo entre esos personajes, sino entre los panistas y representantes federales con varios gobernadores emanados del Revolucionario Institucional.

El objetivo era la aprobación del paquete económico presentado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa —que incluía un incremento a los impuestos que sólo podía transitar en el Poder Legislativo con el respaldo de la mayoría parlamentaria del priismo—, a cambio de que en las doce entidades de la República en las que habrá comicios en 2010 y 2011, no se erigieran coaliciones opositoras en las que participaran juntos los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

¿Qué enrareció esos acuerdos? En primer término, que a la luz de los hechos, parece que nadie cumplió. La propuesta presidencial para el alza de impuestos fue desechada y reconfeccionada con los priistas, a su propia conveniencia. Los panistas, según, se sintieron defraudados y por esa razón dieron por terminado el acuerdo, para impulsar candidaturas comunes con los partidos de la llamada “izquierda mexicana” en varias entidades de la República.

Todo lo terminó de romper, la denuncia pública hecha por priistas, de la existencia de un acuerdo por escrito, en el que tanto panistas como priistas y representantes federales, se hacían múltiples y recíprocas concesiones, a cambio de la realización y abstención en ciertos actos. Esto, en cualquier otro país, se habría convertido en un escándalo de grandes magnitudes. Sólo en México podía ocurrir eso, y sólo en México podría estar cerca un desenlace como el que estamos a punto de ver.

¿Por qué habría de ser un escándalo? Porque la negociación del paquete económico es uno de los asuntos más delicados para el Estado. Porque, además, en este caso se transigió a cambio de un interés electoral. Y porque, finalmente, en dicho acuerdo participaron representantes de diversos poderes federales y ámbitos de gobierno, utilizando la arena política para comprometerse a hacer, o no hacer, actos que se encuentran fuera de sus respectivas atribuciones.

En ese acuerdo, por tanto, se mezcló lo electoral con lo político; lo partidista con los intereses de Estado; y la concertación con los acuerdos inconfesables. Nadie duda que en la democracia se negocie y se acuerde. Pero en ninguna democracia dichas facultades de negociación están dadas sin límites a sus representantes. Eso es lo que ocurre en México: que los límites fueron rebasados, y que nadie quiere reconocer la gravedad y la inmoralidad de esos errores hasta ahora cometidos.

DESDE FUERA

Aquí en México, todo parece quedarse en el escándalo. Los priistas se victimizan y se dicen timados por los panistas. Éstos, a su vez, se sienten envueltos en un aura democrática y pretenden utilizar la crisis a su favor. Todos eluden la discusión de fondo, que más bien radica en la inmoralidad y el abaratamiento de que están haciendo a la verdadera acción política que debe existir entre el gobierno, los partidos políticos y los grupos con representación en el Congreso federal.

Es interesante, en este sentido, conocer cómo miran desde fuera este acuerdo. En un artículo publicado el pasado martes en el diario español El País, y firmado por Sabino Bastidas Colinas, se establecen algunos parámetros de lo que deberíamos estar discutiendo en México, y que en apariencia ni siquiera se ha considerado.

Luego de hacer un recuento del papel que ha tenido el PAN en el devenir democrático del país, y la decadencia de su actuar con fuerza protagónica en ese proceso, dice lo siguiente: “lo alarmante es la ñoñez de los acuerdos y de los políticos que firmaron el convenio. Lo que de verdad me parece grave es que la materia que motiva una negociación secreta, y un acuerdo por escrito, sea: una simple votación parlamentaria, para un asunto de rutina, a cambio de una decisión electoral menor, marginal y local.

“Lo que más ofende es la materia, los temas y el alcance de lo que se está negociando. Lo que más preocupa es que el escándalo se genera por un acuerdito ñoño, soso, intrascendente, sin contenido y sin sentido.

“No se genera un escándalo político porque las dos fuerzas mayoritarias del país estaban negociando: la reforma fiscal, la reforma política, la gran reforma educativa, una reforma al sistema de salud, la reforma laboral o la gran reforma de competencia económica. No se da por estar negociando la versión mexicana de los acuerdos de La Moncloa, ni por estar abordando los grandes temas nacionales. Tampoco se estaba fraguando el gran golpe de timón para desmantelar los enclaves autoritarios del viejo régimen, ni para destrabar los grandes nudos que por fin le darían sentido y rumbo a la democracia y a la economía.”

PARA ESCANDALIZARSE

El abogado mexicano culmina su texto señalando que lo que más escandaliza es el rumbo del país: “Lo que preocupa es la promesa subyacente de que, con estos políticos, con esas prácticas y con ese estilo de gobierno, lo único posible será construir reformas mediocres en el margen, cuando lo que el país necesita son grandes acuerdos y reformas de verdad y de fondo.” El texto completo, lo puede leer haciendo clic aquí.

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PRI: institucionalidad y, ahora sí, la operación cicatriz

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+ Unidad: no una concesión, sino una garantía de triunfo

La tarde de ayer, el senador Adolfo Toledo Infanzón asumió la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. Se anunció también que el edil José Antonio Hernández Fraguas se integrará a la coordinación de la campaña priista en la capital oaxaqueña, e incluso se dejó ver la posibilidad de que el secretario José Antonio Estefan Garfias se sume al trabajo proselitista, una vez concluida la negociación con el Sindicato de Burócratas del Gobierno estatal. Con esto habría quedado prácticamente consolidada la suma de los factores determinantes del priismo, a la campaña del aspirante Eviel Pérez Magaña.

La llamada “operación cicatriz”, y la institucional suma de factores, era una condición indispensable, que también era previsible en el priismo. Es evidente que aún cuando el Jefe Político es uno solo, y que su decisión es el elemento determinante, la fuerza electoral real del tricolor se compone de múltiples factores a los que era necesario sumar. Pensar lo contrario, evidentemente, equivaldría a suponer que todo se reduce a estructuras de promoción del voto, y que la operación electoral efectiva no es más que una pantomima.

¿Por qué era necesario sumar a los priistas que se quedaron en el camino de la candidatura a Gobernador? Porque, por separado, cada uno de los aspirantes abreva ciertos capitales políticos que eran imposibles de menospreciar. Sin duda, con esto se consolidan las dos vertientes de aquella “institucionalidad” a la que tanto se ha apelado en el priismo, y que —desde fuera— ha sido tan poco comprendida y sí tantas veces cuestionada.

¿Por qué hablar de dos vertientes en la institucionalidad del priismo? Porque, en la primera de las vertientes, es evidente que un sector determinante del tricolor institucional se volcó hacia su virtual candidato, independientemente de quién fuera éste o las implicaciones políticas o de grupo que éste tuviera.

Todo eso quedó de manifiesto, cuando el diputado federal con licencia, Eviel Pérez Magaña fue registrado como precandidato único a la gubernatura del Estado por el tricolor, y recibió el apoyo incondicional de los sectores y organizaciones más representativos de la fuerza tricolor que, por su institucionalidad, desde el primer momento lo entendieron como su abanderado y le manifestaron su adhesión.

Sin embargo, hacía falta la manifestación de la segunda vertiente de la institucionalidad priista, que es la menos comprendida por quienes observan —observamos— desde fuera los procesos que ahí se desarrollan. Una visión aventurada consideró que las condiciones en que ocurrió el proceso interno para la designación del candidato a Gobernador, llevaría a la ruptura en las filas y la cúpula del priismo.

Más bien, en este espacio consideramos que finalmente habría de prevalecer la institucionalidad —es decir, la suma final de todos los factores a quien resultara candidato a Gobernador—, pero que ello no era óbice para que en la posibilidad del arreglo político, se utilizaran los momentos, las condiciones y los canales adecuados, que privilegiaran la concertación, por encima de cualquier otra circunstancia.

Esto finalmente parece haber ocurrido, no como una derrota y premio de consolación a quienes se quedaron en el camino de la candidatura priista a Gobernador, sino como un rasgo esencial del priismo. Al final, el arreglo político parece haberse consolidado prácticamente en los mismos términos que como lo escribimos en este espacio el lunes 9 de noviembre pasado. En aquel entonces, dijimos que al final la victoria no sería de uno solo: Los seis personajes ventilados como aspirantes a la gubernatura, trascenderán al próximo gobierno, si el PRI gana los comicios. Hoy, cinco de esos seis personajes están sumados de lleno a los trabajos del priismo.

SUMA DETERMINANTE

¿Por qué era importante sumar a todos los factores? Porque, como lo apuntamos en líneas anteriores, cada uno de los personajes priistas que manifestaron su deseo de ser Candidato a Gobernador, representa un capital que ahora es necesario incluir en el trabajo proselitista y, eventualmente, en las tareas de la próxima administración gubernamental estatal.

¿Por qué incluir, por ejemplo, al edil José Antonio Hernández Fraguas? En primer término, porque la capital oaxaqueña es uno de los territorios en los que será más compleja la labor proselitista, y porque el priismo no tiene una mejor carta para encarar tal empresa. Su presencia e interlocución, hará mucho más fluida la posibilidad de capitalizar el proselitismo y la labor política que realice el priismo en la capital del Estado.

Más allá de los desaciertos comunes de todo gobernante, es evidente que el Edil citadino ha realizado un trabajo importante en la ciudad, que bien puede diferenciarse de las aversiones que ciertos sectores de la sociedad de la capital oaxaqueña le tienen al priismo, pero que en sus orígenes mismos rebasan a cualquier cosa que hiciera, o dejara de hacer, el munícipe Hernández Fraguas.

Del mismo modo, era indispensable sumar al senador Toledo Infanzón. Pues al igual que el edil Hernández, más allá de sus éxitos y desavenencias, es evidente que él representa una de las sumatorias más importantes para el tricolor, no sólo en cuanto al voto y el apoyo popular, sino también en cuanto a la experiencia administrativa y de gobierno, que es necesaria en todo proyecto político. En esa misma lógica se inscribe la situación del secretario Estefan Garfias. Es, sin duda, uno de los priistas que abreva mayor experiencia en las tareas de gobierno, y que será un determinante factor de equilibrio en el trabajo político que aún le espera al priismo.

Así, podría suponerse que con esto queda integrado lo que hacía falta en la sumatoria del inminente Candidato a Gobernador. Finalmente, será el propio trabajo y capitales políticos que sume Eviel Pérez Magaña, los que marcarán la pauta de la campaña que se avecina. Sin embargo, en las condiciones actuales —que no podían ocurrir ni antes ni después del momento en que se dieron—el sustento priista se hace más sólido que nunca.

DISCIPLINA SINGULAR

En esa demostración de disciplina —a la que algunos, eufemísticamente, llaman “madurez política”— el priismo oaxaqueño demostró más de lo aparente: un proceso como este, que hoy consolida el tricolor, con la suma de Toledo, Estefan y Hernández Fraguas, no lo habría soportado otro partido. Ante algo así, entre los azules o amarillos sí habría habido cismas, rebeliones y hasta conflictos violentos. Esa es la pequeña gran diferencia entre unos y otros.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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