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Alza en combustibles: golpe que comercio aprovecha

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+ Felonía de comerciantes, reetiquetar deliberadamente 

 

Hace apenas un par de días, se dio a conocer que por los recientes incrementos al precio del litro de gasolina Magna y del diesel, los servicios de transporte público de Oaxaca analizaban la posibilidad de incrementar sus tarifas de pasaje en autobús urbano, taxis y fletes para el 2010.

Casi al mismo tiempo, comenzaron a sentirse algunos efectos aparentemente proporcionales e inherentes al llamado “gasolinazo”: en los comercios y mercados comenzó la reetiquetación de productos, el incremento de precios y la improvisación de excusas para la justificación de los mismos. ¿Hasta qué punto son justificables esas acciones, y hasta dónde los comerciantes y prestadores de servicios se valen de esos incrementos para asestar golpes arteros a los bolsillos del consumidor final?

En primer término, tendríamos que analizar cómo un incremento al costo de los combustibles, únicamente impacta al consumidor, pero no a todos los intermediarios que se encuentran entre Petróleos Mexicanos y el usuario final de los combustibles. Nadie sabe, por ejemplo, qué porcentaje del costo del combustible se queda en manos de los dueños de las gasolineras; a cuánto ascienden los ingresos diarios de los concesionarios del transporte públicos; y cuánto de todo ese monto de dinero se convierte en ganancias puras que nunca se ven trastocadas por los incrementos, y que más bien son trasladadas, íntegras, al costo de los productos que pagan los consumidores.

El asunto es sencillo pero prácticamente imposible de descifrar. Nadie sabe en realidad cómo funciona, ni qué tipo de relación tiene Pemex con los franquicitarios de las estaciones de servicio donde se expenden los combustibles. Es decir, sólo ellos —y nadie más— sabe a qué costo le expende la paraestatal los combustibles a las gasolineras para que éstas las vendan a los consumidores. Se puede prever, sin embargo, que si actualmente un litro de gasolina Magna le cuesta al automovilista $7.80; un litro de diesel $8.16 y un litro de Magna Premium UBA $9.57, todos los intermediarios están teniendo ya una ganancia que nadie sabe a cuánto asciende.

Sería ilógico, y hasta ridículo, suponer que las estaciones de servicio (es decir, las gasolineras) adquirieran a Pemex el combustible al mismo precio que el que lo expenden a los consumidores finales. Sería ridículo suponer que dichas estaciones fueran simples prestadores de servicios sin fines de lucro, o que las gasolineras son un mal negocio para quien invierte en ellas. Al contrario. Ésos son siempre negocios prósperos independientemente de las crisis o el alza de precios. Sólo que nadie sabe qué existe alrededor de ellas. (Y a esto habría que agregarle todo lo relativo a los robos hormiga que realizan, manipulando las máquinas expendedoras para que vendan litros de combustibles, de menos de mil mililitros).

Algo similar ocurre con los concesionarios del transporte público. ¿Alguien se ha preguntado por qué si los dueños de las unidades siempre dicen que el suyo es un mal negocio, en el que pierden con cada incremento al costo de los combustibles, a los insumos, a las refacciones, salarios y demás, siguen habiendo tantos autobuses y automóviles de alquiler para transporte de pasajeros, circulando todos los días por las calles de la ciudad, y todo el estado?

Obvio: porque el transporte público, así tan golpeado y degradado como dicen que está, continúa siendo un gran negocio para todos los involucrados. Los dueños de las unidades piden todos los días cuentas discrecionales a los conductores; éstos tienen que cubrir diario “la cuenta” del concesionario, el costo del combustible, parte de las refacciones e insumos de la unidad, y aparte obtener ellos su ganancia.

Todo esto ocurría, exactamente igual, cuando el costo del pasaje en los autobuses de transporte urbano era de tres pesos con cincuenta centavos, que ahora que es 27 por ciento más caro —es decir, que vale $4.50— que hasta entonces.

Todo esto nos lleva a una conclusión: que los incrementos les afectan, pero que el negocio continúa siendo igualmente próspero. Al final, los lastimados somos los usuarios finales, que irremediablemente tenemos la necesidad de utilizar el transporte, o de comprar gasolina, sin más opciones que sosteniendo las ganancias y la prosperidad, sin ningún tipo de sacrificio, de todos los involucrados en la prestación de esos servicios.

 

REETIQUETACIÓN

Durante todo 2008 hubo incrementos sostenidos a los precios de los combustibles. En menos de un año, el costo de la gasolina se elevó en más de un peso con cincuenta centavos por litro; y ese elevamiento sólo se detuvo cuando el gobierno federal decretó, a principios de 2009, un congelamiento de precios para apoyar a la economía de los mexicanos. Pero, ¿se recuerda qué ocurrió cuando en septiembre de 2007 se aprobaron los primeros incrementos a la gasolina, que serían aplicables hasta el primer día del año siguiente?

Lo que ocurrió fue una sucia maniobra de miles de comerciantes, que aprovecharon el efecto mediático del primer “gasolinazo” importante a los mexicanos, para ellos elevar sus ganancias. En efecto, aunque el anuncio del incremento al precio de los combustibles se hizo en septiembre de 2007, poco se aclaró que éstos entrarían en vigor hasta el 1 de enero de 2008. Es decir, cuanto entrara en vigor el paquete económico de la federación de ese año.

Pero entonces, todo esto fue aprovechado por muchos comerciantes para incrementar sus precios desde septiembre, argumentando un alza a los combustibles que todavía no ocurría. Muchos mexicanos, convencidos por el “gasolinazo”, aceptaron sin chistar esos incrementos, que al no tener oposición se fueron multiplicando y generalizando en casi todo el comercio. Tuvo que intervenir el gobierno federal para aclarar el momento de los incrementos y frenar la voracidad de quienes ya habían aprovechado la ocasión para reetiquetar.

De todo esto habrá que estar pendientes. Es cierto que este nuevo “gasolinazo” incrementará la inflación. Pero sería bueno no dejarnos llevar por la voracidad y la manipulación que unos cuantos hacen de las situaciones para obtener mayores ganancias.

 

¿NO QUE NO?

Lo apuntado en este espacio desde el lunes, ayer sucedió. Hablamos de la primera reunión formal de los aspirantes a la gubernatura por los partidos de oposición. No faltó uno solo de los que mencionamos. Y aunque pocos nos creyeron, también estuvo presente Irma Piñeiro Arias, representando a Nueva Alianza. Pronto abundaremos.

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Matrimonios entre homosexuales: ¿Una regresión?

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+ Iglesia: el deber (incompleto) de sostener su moral

 

Prácticamente a todos los niveles de la jerarquía social conservadora y diversos grupos ligados al catolicismo, se han escuchado palabras de condena a la aprobación de los llamados “matrimonios gays”, en la capital del país.

Esta que actualmente se escribe, es exactamente la misma historia que se acuñó hace dos años cuando, también en el Distrito Federal, se reformaron diversas normas legales, para permitir la práctica de los abortos dentro de las primeras 12 semanas de la gestación. Más allá del estruendo y los escandalizados, de los dogmas y los atavismos, con ello podemos corroborar nuestra pertenencia a una sociedad mucho más conservadora, bipolar e incluso de doble moral, de lo que imaginamos.

En primer término, habría que distinguir cuáles son las implicaciones estrictamente jurídicas que trae aparejadas la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En los códigos civiles “normales” —como el de Oaxaca—, se establece que el matrimonio es “un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida”. La reforma ocurrida en el Distrito Federal, eliminó del concepto lo relativo al hombre y la mujer, y lo que tiene que ver con la procreación.

Eso fue lo que desató la aversión de la Iglesia Católica y de diversos grupos conservadores. La eliminación del requisito del hombre y la mujer, abrió la puerta para el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. Las razones de esa apertura, evidentemente, tienen mucho más que ver con conceptos relacionados con lo que se conoce como “seguridad jurídica”, que con lo puramente relacionado con la familia y la procreación.

¿Por qué? Porque homosexuales han existido desde que la humanidad se reconoce como tal. Del mismo modo, desde siempre ha habido parejas del mismo sexo que conviven en la misma casa y comparten los mismos bienes, deberes, derechos y espacios. Y desde siempre ha habido un problema no religioso ni moral ni ético, sino estrictamente legal, por la inseguridad jurídica en que conviven dichas personas.

La inseguridad jurídica sobreviene, por ejemplo, cuando una de las personas depende económicamente de la otra; cuando al fallecer uno de ellos, el otro se ve imposibilitado para apersonarse en un posible juicio sucesorio intestamentario; o cuando se pudieran derivar responsabilidades económicas de uno hacia el otro. Esto es exactamente lo mismo que ocurriría con una pareja de hombre y mujer; sólo que en este caso, la pareja sería de personas del mismo sexo y no como “tradicionalmente” ocurre.

Así, todo esto debemos considerarlo y verlo no como una aberración, o como algo que no debería ocurrir. Todo se basa en que esta no debería ser una discusión moral o religiosa que diera pie a la homofobia o los ataques. Independientemente de que la neguemos o aceptemos, o nos escandalicemos, la realidad es una sola. Y ésta indica que más allá de las “desviaciones morales”, las personas tienen problemas de tipo legal relacionadas con su estado civil y patrimonial, independientemente de sus preferencias sexuales.

 

DEFENSA CONSERVADORA

Seguramente, al consolidarse la reforma que permitirá los matrimonios entre personas del mismo sexo, la Iglesia Católica y sus representaciones políticas conservadoras, buscarán la manera de apersonarse en Acciones de Inconstitucionalidad, para tratar de que la Suprema Corte invalide la disposición de la ALDF.

No debería de extrañarnos que, como consecuencia del fracaso de ese recurso de defensa constitucional, dentro de no mucho tiempo las Legislaturas de los estados comenzaran a modificar sus constituciones locales, para impedir que esa disposición se reprodujera en el interior de la República, afianzando en el concepto del matrimonio, la ideal de que éste sólo puede celebrarse entre un solo hombre y una sola mujer. Reiterando: ocurriría algo muy parecido a la guerra política silenciosa, que hoy se vive entre quienes están a favor de los abortos, y quienes dicen estar “a favor de la vida”.

Lo cierto es que nada sería suficiente para terminar con dicha tendencia, como nada ha sido suficiente para “revertir” las preferencias homosexuales de millones de hombres y mujeres que en casi todas las épocas de la humanidad, han sido señalados, segregados y condenados; y que ni con “curas” médicas, psicológicas, psiquiátricas o violentas, han podido ser “reformados” y “reintegrados” a la vida “normal”. Esto nunca ha podido ocurrir, ni ocurrirá, porque la homosexualidad no es una enfermedad o una degeneración; y porque la “normalidad” de las personas, no depende exclusivamente de si a un hombre le gustan las mujeres o sus semejantes, o si una mujer se encuentra en esa misma circunstancia.

En realidad, es el conservadurismo y las resistencias de ciertos núcleos de la sociedad, los que han bloqueado y satanizado estos intentos por plantear esquemas parecidos a los tradicionales. Con una medida así, la familia ni se reforzaría ni se destruiría, porque las parejas homosexuales han existido siempre independientemente de que estén reconocidas o no por la ley; y la legalización de ese tipo de matrimonios, ni invitará al heterosexual a cambiar sus preferencias, como tampoco generará avalanchas de homosexuales haciendo filas para casarse.

Al contrario: habrá de reconocerse una situación de hecho que no tiene sustento alguno en la ley. Es hasta cierto punto comprensible la postura de la Iglesia Católica, porque es quien se ha erigido como el más grande contenedor de la moral en México. Sin embargo, la satanización y la descalificación rayan en la intolerancia y en la manipulación, que sí afectan a la convivencia pacífica entre las personas.

 

ILEGALIDAD Y NEGOCIOS

Al final, negarse a la realidad es tanto como seguirle haciendo el juego a quienes hacen negocios cobijados por la ilegalidad: en el DF, con la aprobación del aborto, se le terminó el negocio a los llamados “espanta cigüeñas”; ¿Cuántas adopciones ilegales, por ejemplo, ocurren entre quienes tienen el legítimo deseo de ser padres pero están impedidos naturalmente para la procreación? Ese millonario y abominable negocio —que ocurre a diario, se acepte o no— también se acabaría con una regulación estricta. Como podemos ver, esto nada tiene que ver con moral o religión. Es un asunto de legalidad, de seguridad y de orden, que por atavismos morales prefiere evadirse, haciendo el favor a quienes viven de las lagunas que prevalecen en algunas las leyes.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Alianza PRD-PT-PC con el PAN, casi un hecho

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+ Diferencias quedarán atrás; ganó pragmatismo

Quienes apostaban porque no podría conformarse la alianza entre los más importantes partidos de oposición en Oaxaca, se equivocaron. Contra todos los augurios, y frente a todos los cuestionamientos partidistas, ideológicos y hasta de práctica política, a partir de hoy comienza la cuenta regresiva para que, dentro de unos 15 días, se oficialice la alianza entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia, PT y quizá Nueva Alianza, para ir juntos a los comicios estatales del próximo mes de julio.

En efecto, prácticamente desde que se conocieron los resultados electorales de los recientes comicios federales, se pudo prever la integración de una alianza de partidos en entidades clave como Oaxaca. Hace más de cinco meses —a principios de julio pasado—, apuntamos en este espacio que la derrota panista y de los llamados “partidos de izquierda” en el proceso electoral, con el consiguiente triunfo del Revolucionario Institucional, irremediablemente los llevaría a conformar alianzas que lo mismo sirvieran para garantizar su representación como fuerzas políticas reales, que para intentar frenar el avasallamiento priista que ya se había materializado en la Cámara baja y que se habría de repetir en la mayoría de los 11 comicios estatales de 2010.

Incluso apuntamos que, ante los resultados, el presidente Felipe Calderón sería capaz de aliarse hasta con sus otrora enemigos para enfrentar a los tricolores. Más de uno dijo, o pensó, que nuestras previsiones eran erróneas. Fue en el mes de septiembre, hace más de tres meses, cuando las dirigencias nacionales del PAN y PRD por primera vez aceptaron públicamente la posibilidad de aliarse para comicios como los de Oaxaca. De inmediato, la fracción del PRI oaxaqueño en la Cámara de Diputados federal, salió a condenar esa previsión partidista, y a descalificar la unión de fuerzas de izquierda y derecha para una causa electoral.

El efecto mediático de esa condena fue inusitadamente expansivo. La descalificación de la llamada “prensa nacional” —y ni se diga de la local— a la alianza opositora, y el eco que le dieron al posicionamiento priista, tenía dos razones igualmente poderosas: dentro de Oaxaca, por las líneas que se dictan desde el poder para descalificar a sus adversarios utilizando los efectos mediáticos.

Pero fuera de Oaxaca, porque desde el Estado de México hubo una maniobra realizada a través de ciertos sectores importantes de la prensa para desacreditar esa alianza opositora, que se haría en 2010 en nuestro estado, pero en 2011 se reeditaría para la renovación de la gubernatura mexiquense. Es decir, que en esa jugada a dos bandas, el gobernador Enrique Peña Nieto buscó “curarse en salud” apoyando al PRI de Oaxaca.

Ante la condena —a la que luego se sumó Cuauhtémoc Cárdenas, asegurando que la alianza PRD-PAN era como “el agua y el aceite”—, Acción Nacional reculó, los perredistas volvieron a sus posiciones tradicionales, y comprendieron que no era aún el tiempo para hacer pública su alianza irremediable. Incluso, ante su silencio se generó cierta percepción de que la unión de partidos no se lograría, y que los panistas buscarían ir coaligados con Nueva Alianza.

Sin embargo, tal parece que los planes no cambiaron. El silencio tanto del PAN como del PRD y las demás fuerzas, fue para evitar descalificaciones anticipadas. A pesar de que desde febrero de 2008 se giraron instrucciones presidenciales al panismo oaxaqueño para apoyar al senador Gabino Cué —de lo cual dimos también cuenta puntual en este espacio—, muchos se negaron a aceptar eso como una realidad y, al contrario, éste fue sometido, desde la oposición y el oficialismo— a duros cuestionamientos por sus innegables ambiciones de poder. El objetivo era descarrilar su pretensión por la gubernatura.

Hoy, tanto la candidatura de Cué, como la alianza opositora con el PAN incluido, son dos hechos inminentes. Las señales de todo esto, fueron claras desde siempre. Sólo decían lo contrario quienes se negaban a ver la realidad.

ALIANZA, VA

Hoy comenzará formalmente el proceso por oficializar la alianza opositora. En un hotel ubicado en el norte de la capital oaxaqueña, se reunirán los dirigentes estatales del PAN, PRD y Convergencia, Carlos Moreno Alcántara, Amador Jara y Mario Mendoza, respectivamente, para afinar detalles de lo que podría ser el primer acto conjunto de la alianza entre los partidos de izquierda y el panismo, rumbo a los comicios estatales de 2010 en Oaxaca.

¿En qué consistiría ese primer acto político? En que, tentativamente, mañana martes se presentarían por primera vez, juntos, los posibles aspirantes a la gubernatura por todas las fuerzas que integrarán la alianza. Hoy lunes, los dirigentes partidistas establecerían las reglas para ese encuentro, al que asistirían por Acción Nacional, Pablo Arnaud Carreño, Gerardo García Henestroza y Huberto Aldaz; por el PRD, Carlos Altamirano y Othón Cuevas; y por el PT y Convergencia, Gabino Cué Monteagudo. Esa sería la primera señal clara, de que todas esas fuerzas políticas están trabajando en un proyecto electoral conjunto.

Una vez ocurrido esto, las dirigencias estatales del PRD, PT y Convergencia acudirían a la Ciudad de México a oficializar su unión ante la organización Diálogo para la Reconstrucción de México —la nueva versión del antiguo Frente Amplio Progresista— que aglutina al lopezobradorismo a través de Manuel Camacho Solís. Y antes del 15 de enero, habría ya una manifestación expresa del dirigente nacional panista, César Nava Vásquez, sobre la adhesión de Acción Nacional a la coalición opositora de Oaxaca.

Sólo yendo juntos, los partidos de oposición en Oaxaca tienen posibilidades reales de disputar la gubernatura y los espacios del poder público al priismo. Habrá que ver qué reglas fijan para elegir a sus abanderados; y luego, ellos esperarán que no surja de sus filas un “porro” que quebrante las normas, exhiba las debilidades de su democracia, y pretenda imponerse a través de un albazo. Humberto López Lena Cruz, por ejemplo, podría decirles muy bien cómo se hace eso.

FELICIDADES

Había faltado oportunidad para expresar a todos nuestros apreciables lectores, los deseos de paz, salud y trabajo, que el autor de este espacio tiene hacia ustedes. Esperamos, sinceramente, que la navidad haya sido un momento de reflexión y generosidad, que sea extensivo a todo el 2010 que está por llegar. Les enviamos, a todos, un abrazo fuerte, y nuestro agradecimiento a quienes tuvieron algún detalle con motivo de este fin de año. A todos, nuestros mejores deseos.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Cambios en Gabinete, por indagaciones ministeriales

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+ Fiats, los peligros de caer en las manos equivocadas

El pasado martes, ya entrada la noche, a través de un escueto comunicado de prensa se dio a conocer el nombramiento de dos nuevos funcionarios en la administración estatal. Ricardo Ruiz Zaragoza fue nombrado consejero Jurídico del Gobierno del Estado, y Bernadette Rouse Mayor, fue designada como titular del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. ¿Qué tienen de trascendental esos nombramientos?

De primera vista pareciera que nada. En realidad, este pareciera ser el inicio de una cascada de renuncias y sustituciones que ocurrirán durante el primer mes del próximo año, en el gabinete legal y ampliado del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Sólo que Arturo Vásquez Urdiales y Jorge Martínez Gracida Orduña —los destituidos en la Consejería Jurídica y el Instituto Catastral, a quienes ya ni siquiera mencionaban en los comunicados en los que se dio a conocer sus remociones— no figuran en la lista de posibles aspirantes a candidatura o cargo público alguno para 2010.

El motivo de la separación del cargo de esos dos ahora ex funcionarios, tiene que ver con un delicado asunto que, en este espacio, vinimos reseñando en los días recientes.  En efecto, en nuestra entrega del pasado 21 de diciembre apuntamos que “en absoluta confidencialidad, desde la semana pasada la PGJE inició una investigación por posibles actos de corrupción, falsificación de documentos y firmas, y tráfico de influencias, en el otorgamiento de patentes de fedatario público. Las órdenes de indagar el asunto fueron emitidas, aseguran, desde el más alto nivel, al tener conocimiento de que los ‘Fiats’ habrían sido vendidos en cantidades millonarias de dinero. En esto podrían estar involucrados por lo menos dos altos funcionarios del Gobierno del Estado, que desde el pasado 15 de diciembre fueron ‘invitados’ a presentarse ante un Agente del Ministerio Público, para declarar sobre el asunto. Entre los notarios, dicen, este era un secreto a voces que varias veces pretendió ser denunciado. Sin embargo, los intentos se frenaban ante la amenaza de esos dos funcionarios, de revocar las patentes a los fedatarios revoltosos.”

Al día siguiente, volvimos al tema señalando que “Aseguran que por lo menos 10 de las alrededor de 30 patentes de Notario Público que se han entregado durante la presente administración, fueron vendidas o sometidas a algún esquema de falsificación de documentos o firmas. Cada una de ellas fue vendida en montos que van de los 3 a los más de 12 millones de pesos, y que nos nuevos fedatarios —que compraron su Fiat— están renuentes a reconocer esta escandalosa corrupción, por temor a que les revoquen la patente y pierdan su millonaria inversión.” Dijimos que este asunto olía muy mal, y prometimos regresar al tema para abundarlo. Hoy, las propias circunstancias dejan ver que no había equivocación ni exceso en los señalamientos.

Los dos funcionarios de los que hablábamos al inicio de la semana, resultaron ser Martínez Gracida Orduña y Vásquez Urdiales. Estos individuos, según información que se encuentra en poder de altos funcionarios del Gobierno del Estado y a la que tuvo acceso este espacio, habrían sido señalados como los responsables de la venta de al menos una decena de patentes de fedatario público, gestionadas ante el gobierno estatal bajo engaños, aprovechando sus cargos y traficando influencias; y que incluso podrían existir también delitos de falsificación de documentos y firmas. Al ser descubierto todo esto, hace menos de 15 días, se habría ordenado una investigación judicial exhaustiva y la separación inmediata de sus cargos, no sólo a ellos sino a todos los que resultaran involucrados. Así, Martínez Gracida y Vásquez Urdiales podrían ser no los únicos, sino apenas los dos primeros funcionarios en ser removidos por ese asunto.

FIATS, RIESGOSAS

Apuntábamos en nuestras dos entregas anteriores aquí reseñadas, que esto era un secreto a voces entre los notarios públicos de Oaxaca. Dentro de dicho gremio, se comenta que en varias ocasiones esas irregularidades pretendieron ser señaladas y denunciadas ante las instancias correspondientes. Sin embargo, aseguran que en más de una ocasión, algunos de los funcionarios involucrados amagaron a los fedatarios, argumentando que al hacer público el asunto ellos tendrían todas las herramientas necesarias para gestionar la revocación de las patentes.

En este sentido, ante las primeras investigaciones, varios de los notarios que pudieron ser copartícipes de estos actos de corrupción, al estar frente a las instancias ministeriales se habrían negado a reconocer que, en efecto, habrían comprado la patente, pues temían que el primer efecto que esto tendría, sería la revocación de sus respectivas licencias. Casi todos, habrían desembolsado sumas de entre 3 y 12 millones de pesos, cuya obtención se habría dado gracias a préstamos, hipotecas, venta de bienes, y demás. Así, el temor era no sólo el perder la patente, sino también la inversión y el patrimonio puesto en juego.

Sin embargo, esta investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, no sólo para sancionar a los funcionarios y particulares corruptos, sino sobre todo para evitar que las patentes de fedatario sean utilizadas para fines indebidos. Un Notario Público tiene la posibilidad de legalizar, reconocer y manipular un sinnúmero de actos jurídicos que son trascendentales para la vida personal y patrimonial de las personas. La mala utilización de la misma, podría desembocar en infinitos actos de corrupción que sólo multiplicarían los efectos negativos de cómo fueron obtenidas.

El Gobierno del Estado, hoy, tiene aún todas las posibilidades de apagar de tajo lo que podría convertirse en uno de los escollos más grandes del sexenio. Este primer paso que dio el gobernador Ulises Ruiz, con la destitución de los probables involucrados en todo este asunto, marca una pauta que ahora deberá llevarse hasta el final. Junto con las investigaciones judiciales, tendrá también que ocurrir el reforzamiento de los mecanismos de control, de todo lo que tiene que ver con los autorizados para ejercer la fe pública.

CAJA DE PANDORA

Del mismo modo, no es extraño que los profesionales relacionados con la industria de la construcción, la valuación de bienes inmuebles y demás, se quejaran reiteradamente de la corrupción, las complicidades y los manejos irregulares habidos en el Instituto Catastral. Ahora será tarea de la nueva titular, limpiar la casa, terminar con los negocios que se hacen ahí al amparo de los cargos públicos, y no convertirse en parte de la corrupción.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Comed: reiniciar lucha por eperristas desaparecidos

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+ Derechos Humanos: condena a gobierno para 2010

Casi a la par de las dos sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición de personas y violaciones probadas a los derechos humanos, se anunció la posibilidad de que la Comisión de Mediación reactive sus gestiones e interlocución ante el gobierno federal, a fin de esclarecer lo ocurrido con los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario que desaparecieron en la ciudad de Oaxaca, en mayo de 2007. Así, tal parece que el año próximo será también complicado para el gobierno federal en cuanto al respeto y protección que brindan sus instituciones a los derechos humanos.

El pasado 11 de diciembre, la CIDH emitió un fallo condenatorio en contra del Estado mexicano, en el caso denominado “Algodonero vs México”. En dicho expediente, fueron analizados los asesinatos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cadáveres fueron encontrados con signos de tortura.

De acuerdo con información del periódico Excelsior, el reporte llegó al tribunal luego de que Benita Monárrez, una de las quejosas, cuya hija fue asesinada, acusó al Estado de encubrir a los culpables. Además de que hace dos años, la CIDH emitió recomendaciones al gobierno federal, las cuales fueron ignoradas.

En su resolución, la CIDH ordenó que las autoridades mexicanas tenían el deber de reconocer, en un acto público, su responsabilidad y ofrecer disculpas a las madres de las mujeres que perdieron la vida. La responsabilidad que recayó sobre el gobierno mexicano radicó no en que el autor de dichos crímenes hubiera sido un servidor público, sino en sus omisiones para investigar los asesinatos, para tratar de esclarecerlos y dar con los responsables.

Apenas ayer, fue dada a conocer una segunda sentencia que, por sus alcances, habrá de ser trascendental. La CIDH condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, y la violación de la integridad personal de sus hijas, Tita y Andrea Radilla. Según lo establecido en el propio fallo del caso, los hechos se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Radilla, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México.

Según la sentencia de la Comisión Interamericana, “las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, [a] más de 33 años de los hechos, existe total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.

Además de la condena expresa al Estado mexicano por la desaparición forzada de personas —independientemente de que estos hechos hayan ocurrido hace tres décadas—, en el llamado “Caso Radilla” la CIDH condenó a México a modificar los códigos Penal Federal y de Justicia Militar, para adecuarlos a las normas internacionales sobre justicia penal y militar, derechos humanos, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

México, al haber aceptado la jurisdicción de la CIDH, está obligado a acatar los fallos de dicho tribunal, tanto en lo que refiere a los hechos denunciados y probados por los que se le condena, como en lo que toca a las modificaciones legales que debe hacer para adecuar el marco jurídico nacional al internacional. Ese es el alcance actual y real de la protección continental a los derechos humanos, que rebasa la esfera y las resistencias que pudieran existir dentro de los países.

COMED, DE NUEVO

En un comunicado que emitió el EPR desde la ciudad de Oaxaca de Juárez el pasado 13 de diciembre, solicita a la extinta Comisión de Mediación reactivar sus funciones ante el gobierno federal, para dar con el paradero de sus militantes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ambos desaparecieron el 25 de mayo de 2007 en esta capital, según lo han establecido las propias comunicaciones e investigaciones del grupo insurgente.

¿Por qué es trascendental este hecho? Porque el pasado 18 de diciembre, los integrantes de la extinta Comisión de Mediación establecieron como plazo la primera semana de enero, para reunirse, deliberar y dar a conocer sus consideraciones respecto a la posible reactivación de su trabajo de diálogo e interlocución con el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Aunque estos llamados al diálogo parecieran ir en contra de la vocación armada y violenta de dicho grupo guerrillero, tal parece que sus llamados a la mediación con el gobierno federal tienen propósitos de mayor alcance que los actos de sabotaje iniciales. Tal pareciera que el EPR pretende primero esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó con sus integrantes desaparecidos, quién y cómo fueron capturados y cuál fue su destino final, para después dar paso a la justicia internacional en materia de derechos humanos.

Han pasado casi 31 meses desde el momento de la desaparición de los eperristas. Aunque las posibilidades de encontrarlos con vida son cada vez menos probables, es evidente que de todos modos habrá de prevalecer la exigencia de una investigación clara por parte del EPR y de los grupos periféricos que, aunque con modos y cauces que no rebasan la legalidad, tienen los mismos fines que ellos.

La reactivación de la Comisión de Mediación ayudaría no sólo a reactivar las indagatorias relativas a este asunto, sino que también conminaría al Estado mexicano a no dejar de lado este asunto que, a mediano plazo, podría convertirse en una nueva sentencia condenatoria por parte de la CIDH.

CONDENA, ¿POR QUÉ?

Porque justamente, en los dos referentes inmediatos —es decir, el caso algodoneros y el Radilla— la condena en contra del gobierno mexicano partió de la negativa y las omisiones habidas en las investigaciones sobre casos de desaparición forzada de personas. Con los dos eperristas ha ocurrido exactamente lo mismo: el gobierno se ha negado a emprender una averiguación seria sobre el asunto, y ha preferido dar largas y evasivas al asunto. Las referencias condenatorias dadas por los dos fallos, serán el punto de referencia tanto para el reinicio de la mediación como para las investigaciones sobre los desaparecidos. Sea como sea, por esas y otras razones, 2010 será un año complejo para el gobierno en materia de derechos humanos.

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Juventud: ¿de verdad existe el trabajo partidista?

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+ Partidos: mala opción, reeditar viejos esquemas

 

Apenas arranque el año 2010, los partidos y fuerzas políticas comenzarán en Oaxaca a desplegar todos sus potenciales para tratar de atraer simpatizantes y votantes para los comicios del mes de julio. Unos y otros desempolvarán sus propuestas, plataformas y eslóganes de campaña. Buscarán, como siempre, impactar en los sectores más fecundos de la población votante: los más pobres, los más jóvenes, y los menos preparados. Es decir, los grupos sociales política y electoralmente más vulnerables. ¿En el caso de la juventud, el trabajo político habrá de ser ahora sí real? ¿O se seguirá simulando la inclusión y democracia, que en realidad son estafas y demagogia? Vayamos por partes.

A pesar de lo escasas que son las juventudes partidistas en nuestro estado y país, parece claro que a los institutos políticos no les interesa ni un ápice promover una verdadera educación y cultura política entre los sectores más jóvenes. En ninguno de los partidos, ni de las fuerzas, existen verdaderas representaciones que busquen un trabajo extensivo para dicho sector de la sociedad, que hoy en día es uno de los más abundantes, pero de los menos identificados con el partidismo, con el gobierno y con la práctica del servicio público y la representación popular.

Aunque no lo parezca, ese desinterés mutuo —de los partidos hacia los jóvenes, y de éstos hacia aquéllos— es un problema grave. En el primero de los casos —es decir, de la apatía partidista por la verdadera juventud—, la situación parte de la negativa de los partidos a transformar sus viejas formas del pasado, por otras menos “institucionales” y, por tanto, menos antidemocráticas, menos autoritarias y menos verticales.

La razón parece sencilla: todos los que nacimos hace menos de 30 años, ya no fuimos parte ni testigos de las mejores verticalidades e institucionalidades del priismo. Al joven de hoy —menor de treinta años— ya no le tocó ver las glorias y el poder avasallador del partido hegemónico; más bien, ha sido espectador del comienzo del verdadero debate nacional y la oposición al poder público. Fue ya testigo de la alternancia de los partidos en el ejercicio del poder, y de las certezas de que en cada proceso electoral, el valor del voto público se fortalece y se hacen menos posibles las manipulaciones de resultados electorales, que en otro momento eran moneda corriente en la política nacional.

Es decir, que para los más jóvenes la institucionalidad ya no necesariamente es tomada como un sinónimo, a pie juntillas, de disciplina y acatamiento de cualquier determinación política, sea ésta democrática o no. La institucionalidad, más bien, es hoy entendida como el apegarse y respetar las reglas que cada proceso de la vida conlleva, y ceñirse a los límites que esto establezca. Si comprendemos bien esa visión, podremos darnos cuenta que dicho término no es condición para la disciplina.

Hoy son pocos los jóvenes que se identifican y entienden a la institucionalidad como un sinónimo de obediencia libre de cuestionamientos. Por eso los partidos políticos tienen exiguos grupos de jóvenes que, en su mayoría, se pierden en disputas internas por los espacios; que consideran que el ejercicio correcto del poder es el actual o pasado; y que, en el fondo, aspiran a convertirse no en nuevos políticos, sino en nuevos dinosaurios.

Las diferencias parecen sustanciales: en el ideal, un nuevo político habría de ser quien considerara a la política como una forma y fondo distinto —y más pulcro, ético y civilizado—, a cómo se ejerce hoy la representación popular, el partidismo y el servicio público.

Pero en la realidad, en todos los partidos existen mini dinosaurios que todos los días aspiran a convertirse en los mismos —y peores— que a quienes observan en la práctica del poder, porque consideran que eso es lo conveniente, lo provechoso y lo correcto. Al prevalecer esta visión, también lo hace el verticalismo y los demás vicios que afectan a la democracia y alejan a los grandes bloques de la juventud, del trabajo y el interés por el partidismo.

APATÍA COMÚN

¿Por qué, en todo esto, los partidos políticos se han negado a cambiar y a abrir sus puertas a formas distintas a hacer política y acceder al poder? Porque éstos, sin duda, se han afianzado como los representantes incuestionables de la democracia, independientemente de que en realidad sean o no delegados de esa voluntad popular que tanto llevan y traen. Sus prácticas así lo demuestran.

Por ejemplo, las secciones juveniles del priismo en Oaxaca, están deshechos. El membrete juvenil —nada menos que un sector partidista, el Frente Juvenil Revolucionario, que tiene representación partidista, acceso a cargos de elección y presupuesto público— hoy se encuentra sometido a una disputa permanente por dos o tres grupos diminutos de personas que dicen ostentar los intereses de los jóvenes.

¿Esos grupos en disputa, son en realidad representantes de la juventud? A la luz de los hechos, no. Y es así porque ninguno de esos “bloques”, ninguno, aglutina y convoca efectivamente —es decir, sin coacción ni acarreo ni compra de conciencias y apoyos— a más de cien jóvenes. El sector juvenil del PRI, ha servido como agencia de colocaciones, premio de consolación; e incluso como refugio de fracasados. ¿A quién, de sus cuadros, pueden hoy presumir?

La visión obtusa, lleva a esos grupos a suponer que con la elección de un dirigente afín, ya está todo ganado. Vean el tamaño de su error: el actual dirigente lleva más de cinco años en el cargo, sin poder hacer algo para la formación política de las “juventudes priistas” que, para variar, lejos de crecer, hoy están más disminuidas que nunca.

Así, podrá esperarse que la maquinaria electoral funcione con la juventud bajo los esquemas de siempre. Pero seguro que si no compran, coaccionan o condicionan el voto, poquísimos jóvenes votarían y se identificarían con los partidos políticos.

 

SOBRE LOS NOTARIOS

Aseguran que por lo menos 10 de las alrededor de 30 patentes de Notario Público que se han entregado durante la presente administración, fueron vendidas o sometidas a algún esquema de falsificación de documentos o firmas. Cada una de ellas fue vendida en montos que van de los 3 a los más de 12 millones de pesos, y que nos nuevos fedatarios —que compraron su Fiat— están renuentes a reconocer esta escandalosa corrupción, por temor a que les revoquen la patente y pierdan su millonaria inversión. Esto huele muy mal. Abundaremos.

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Comparecencias: mucha discusión… sin resultados

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+ Educación: ejemplo de preocupación e inmovilidad

 

El viernes pasado concluyó el periodo en el que comparecieron diversos funcionarios estatales ante el Congreso del Estado, para explicar y detallar los avances logrados en el último año en sus respectivos ámbitos de trabajo. Con excepción del secretario Martín Vásquez Villanueva, todos los demás servidores públicos que intervinieron en la glosa del informe fueron, paradójicamente, aprobados por el oficialismo pero reprobados por la oposición. ¿Qué es eso?

Dice el principio lógico de la contradicción que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Sin embargo, tal parece que las maravillas políticas del Congreso y la política partidista en Oaxaca rompen con ese esquema. Los responsables de la educación, desarrollo e infraestructura, seguridad pública, procuración de justicia, obras, gobernabilidad y demás, fueron duramente cuestionados por los legisladores de oposición; pero la mayoría priista calificó de responsables todas las actuaciones.

Nada de esto parecería raro, si se observa desde la “tradición” parlamentaria de Oaxaca en la que el oficialismo priista manda, y la oposición simulada sostiene su dignidad como tal… aunque en realidad hace poco —o nada— para verdaderamente afianzarse como el bloque fiscalizador y de contención a los errores, deficiencias y excesos que pudieran cometerse desde el Poder Ejecutivo.

Sólo que esta visión, aunque perdurable en nuestro entorno, es errónea, dañina e ineficiente para una democracia y un Estado que pretenden elevar sus niveles de eficiencia. Suponemos, en todo esto, que Oaxaca tiene una clase política y una sociedad que en general buscan esos anhelos. Suponemos. Empero, a la luz de los hechos, es muy poco lo que se hace para lograrlo. ¿Por qué?

Porque en realidad, mecanismos como el de las comparecencias ante el Poder Legislativo, de los servidores públicos encargados de las principales actividades de un gobierno, busca establecer fiscalización, cuestionamientos y controles, justamente para que éstos tengan el deber de realizar un mejor desempeño. Sólo que en Oaxaca —y en el país— la estipulación de las comparecencias de funcionarios ante los legisladores rápidamente se ha degenerado y, sin duda, se ha convertido en un circo que únicamente simula la democracia. Veamos si no.

A lo largo de las dos últimas semanas, vimos cómo los diputados de oposición cuestionaron duramente la labor del secretario Javier Rueda Velázquez, independientemente de los resultados positivos y los fallos que éste reconoció en su comparecencia. Cómo prácticamente ignoraron al procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, cuando su comparecencia era una de las más trascendentales ante los graves problemas de impunidad que se viven en Oaxaca.

Y cómo, sospechosamente, el coordinador de Coplade, Bulmaro Rito Salinas se ganó el silencio de la oposición y la sorpresa del oficialismo, en el manejo de una importante instancia gubernamental a la que sólo atiende como actividad complementaria a sus labores de campaña anticipada. Y cómo a todos éstos, como a varios otros funcionarios, los “reprobaron”, mientras que la fracción parlamentaria del tricolor les dio, a todos, una salida holgada que les permitió hacer balances positivos finales de la glosa del V Informe del Gobernador del Estado.

Al final, parece que nadie se toma en serio las comparecencias. Prácticamente todas, fueron seguidas por los legisladores del tricolor como una mera formalidad democrática en la que tenían el deber de “cuidar” a los colaboradores y los resultados entregados por el Gobernador del Estado.

Y, en todas, los diputados de oposición encontraron la ocasión perfecta para descalificar, vociferar y llevar asuntos y afrentas personales a la tribuna legislativa. Pero nadie, hasta ahora, ha hecho señalamientos precisos acompañados de propuestas de solución, para los problemas más graves por los que, según ellos, los funcionarios están reprobados.

 

¿Y LA EDUCACIÓN?

Pongamos un ejemplo en específico: durante su comparecencia ante el Congreso local, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Abel Trejo González, fue acusado por la oposición de no resolver el conflicto entre la Sección 22 y la 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; de no hacer lo suficiente por satisfacer las demandas de profesores, padres de familia, normalistas y demás que casi a diario se manifiestan en la capital oaxaqueña por cuestiones educativas.

Lo descalificaron, además, por utilizar en forma deficiente los recursos destinados a la educación; y hasta le recriminaron por no haber aplicado aún la Alianza por la Calidad de la Educación, que impulsa el gobierno federal y la líder nacional del Sindicato, Elba Esther Gordillo Morales. Sólo faltaba que le reprocharan la venta de comida chatarra en las cooperativas escolares. Y también lo hicieron.

Es evidente que Trejo González no ha sido, ni será, el mejor director que ha tenido el IEEPO. Varios de los temas que le plantearon los legisladores son de su entera responsabilidad. Sin embargo, pareciera también que la crítica legislativa fue más bien protagónica y de simple retórica, porque ningún legislador estableció al menos una ruta de solución a los problemas que plantean.

Lo que parece es que, al final, a los diputados les interesan poco las soluciones de fondo de los problemas públicos que se presentan en el Estado. Y si a unos les provoca sorna, tal parece que otros simplemente no sabrían cómo plantear las soluciones a los problemas que sí identifican. Un círculo vicioso.

 

INDAGAN CORRUPCIÓN

En absoluta confidencialidad, desde la semana pasada la PGJE inició una investigación por posibles actos de corrupción, falsificación de documentos y firmas, y tráfico de influencias, en el otorgamiento de patentes de fedatario público. Las órdenes de indagar el asunto fueron emitidas, aseguran, desde el más alto nivel, al tener conocimiento de que los “Fiats” habrían sido vendidos en cantidades millonarias de dinero. En esto podrían estar involucrados por lo menos dos altos funcionarios del Gobierno del Estado, que desde el pasado 15 de diciembre fueron “invitados” a presentarse ante un Agente del Ministerio Público, para declarar sobre el asunto. Entre los notarios, dicen, este era un secreto a voces que varias veces pretendió ser denunciado. Sin embargo, los intentos se frenaban ante la amenaza de esos dos funcionarios, de revocar las patentes a los fedatarios revoltosos.

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Reelección de alcaldes: la otra polémica

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+ Usos y costumbres: ¿riñe con la reforma?

 

El presidente Felipe Calderón decidió cerrar el presente año dando a conocer su propuesta de reforma política, que envió al Congreso de la Unión para su discusión y posible aprobación, al inicio de esta semana. El paquete fue de 10 reformas políticas, que pretenden transformar profundamente la correlación de fuerzas y los mecanismos de control entre los poderes federales.

Una de las propuestas que hasta ahora ha sido más desatendida, pero que en un estado como Oaxaca es igualmente trascendental, es la de abrir la reelección de Presidentes Municipales hasta por cuatro periodos consecutivos, hasta completar el término de 12 años en el cargo. Es necesario ver esta discusión con sensibilidad e inteligencia para evitar la emisión de juicios errados que en nada contribuirían al debate claro de las ideas.

La propuesta de reforma en el ámbito de los presidentes municipales, sostiene lo siguiente: “Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para establecer la elección consecutiva, con un límite máximo de doce años, de alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como jefes delegacionales, en los Estados, Municipios y Distrito Federal.” ¿Qué significaría esto?

Que, formalmente, en el ámbito de los poderes municipales hubiera más posibilidad de que un proyecto de gobierno se concretara más allá de los tres años con los que actualmente cuentan constitucionalmente los ediles para realizar su trabajo y proyectos de gestión pública. Han sido ampliamente discutidas, a nivel internacional, las ventajas de tener una posibilidad de reelección constitucionalmente controlada: en periodos tan cortos es imposible la consolidación de casi cualquier proyecto trascendental. Y los ejemplos de todos los esquemas que se han prometido y, por simple falta de tiempo se han dejado sin concluir, están a la vista por todos los rincones del país. De esto último, prácticamente cualquier edil en México puede dar cuenta puntual.

En este sentido, vale la pena leer con detenimiento lo que apunta al respecto, el doctor Raúl Ávila Ortiz en el semanario POLÍTICA, que hoy se publica en estas mismas páginas. Porque, según su visión, lo que establece dicha propuesta de reforma es abrir, en el marco constitucional federal, la posibilidad de que las Legislaturas de las entidades federativas y el Distrito Federal, puedan estipular la reelección de los alcaldes en sus territorios, cada una bajo sus propios criterios; o que incluso tengan la posibilidad de optar por dejar sus marcos jurídicos locales como hasta ahora. Es decir, sin reelección consecutiva para los integrantes de los Ayuntamientos.

Al final, parece claro que el problema, en todo esto, es que, al igual que en lo relativo a los diputados y senadores, ante cualquier planteamiento de esquemas de reelección para Ediles, de inmediato salta a la vista el referente histórico sobre los problemas que enfrentó el país en su primer siglo de historia, justamente por la reelección constitucionalmente permitida para los hombres y cargos que detentaban el poder.

No están del todo equivocados quienes aseguran que abrir la reelección a los legisladores y los alcaldes, sería tanto como dar un primer paso hacia una regresión histórica que tarde o temprano nos llevaría a nuevos conflictos por la democratización del poder. Pero establecer hoy como un referente lo ocurrido en el siglo XIX y principios del XX, es tanto como negar que la institucionalidad y el marco constitucional en México hoy tienen fortalezas ni siquiera equiparables con las de hace un siglo.

REELECCIÓN EN OAXACA

Hace unos días, el diputado Presidente del Congreso del Estado, Herminio Manuel Cuevas Chávez, en entrevista con algunos medios informativos locales, expresó su preocupación por la propuesta de reforma en ese sentido, planteada por el presidente Calderón, y señaló que en Oaxaca tendría que estudiarse con detenimiento dicha reforma para no afectar el reconocimiento constitucional que se hace en el marco local, de la autodeterminación en materia política, de los pueblos que se rigen por el sistema de usos y costumbres. Consideramos que uno y otro argumento no se contraponen. Veamos algunas razones.

En primer término, el sistema de elección por usos y costumbres debemos entenderlo en estricto apego a la realidad: es el reconocimiento constitucional a la autodeterminación y formas de organización de los pueblos indígenas, aunque muchas veces esas formas violen hasta los principios y garantías más básicas que, en materia de derechos políticos, tienen los ciudadanos de la República. En eso confluyen, cada uno en sus propios términos, los marcos constitucionales de Oaxaca y de la federación.

¿Qué significaría, en ese sentido, la reforma propuesta por el Presidente? Que, como ya se dijo, se modificaría el artículo 115 constitucional, pero que se dejaría a las entidades federativas legislar en lo particular las formas de reelección que podrían existir. Sin embargo, en esas normas los pueblos que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres no tendrían la obligación de ceñirse o de acatar a pie juntillas tal determinación. Estarían, en todo caso, en su derecho de no hacer sin violar precepto alguno. Y de todos modos continuarían rigiendo los principios que ellos mismos delinearon en sus sistemas de elección particulares.

En todo esto los avala tanto el marco jurídico local —que fue el primero en el país en reconocer la facultad de autodeterminación de los pueblos en materia de sus respectivos municipios—. Pero también los avala el artículo 2 de la Constitución federal que, a la letra, dice: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas…”

¿Y ESO, QUÉ?

Que, en términos sencillos, a los municipios en Oaxaca les daría exactamente lo mismo que esa reforma ocurriera o no, porque ellos tienen sus propias formas de determinación política, en las que ocurren relativamente pocos conflictos. El único problema preocupante, es el de los cacicazgos —los reales— que regularmente son los que dominan a los Ayuntamientos regidos por el sistema de usos y costumbres. Sin embargo, sería ideal que los diputados discutieran el tema sin prejuiciarse.

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Reforma política: el idealismo de fortalecer al Estado

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Raúl Ávila Ortiz

En días pasados, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión un conjunto de propuestas de reforma en el ámbito del sistema político. Lo hizo, en sus palabras, en seguimiento a los diez puntos que había enunciado el 2 de septiembre anterior con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, y en particular en relación con el punto diez, en que propuso una profunda reforma política para pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva.

Las diez propuestas “calderonistas” deben ser analizadas cuidadosamente y, desde luego, debatidas en forma amplia. Lejos de representar una “cortina de humo” que le permita distraer a la opinión pública respecto a otros problemas graves que enfrenta el país, sean estos la crisis financiera, el desempleo o la inseguridad, en mi opinión se trata, en efecto, de planteamientos que tocan nervios sensibles del sistema de toma de decisiones y persiguen fines específicos. Veamos por qué.

De entrada, dejemos en claro que las instituciones son relevantes para la vida pública: política, económica, social o cultural. Y es que hoy están superados, por mucho, argumentos tales como el de la raza o la religión en tanto factores exclusivos que harían la diferencia entre buen gobierno o mala economía de unos y otros países. En particular, las instituciones políticas, tales como el voto, la representación política, el sistema de gobierno o los partidos políticos, además de la cultura política, resultan decisivas no sólo para garantizar la estructura y funcionalidad del Estado democrático sino también a efecto de generar condiciones para el desarrollo. Así, una combinación atinada de instituciones electorales y partidistas puede producir competencia política, transparencia electoral y pluralidad en la representación, pero, al mismo tiempo, esta misma pluralidad y desajustes en el sistema de gobierno respecto a aquella combinación pueden generar falta de efectividad en su funcionamiento.  Esto está ocurriendo en México pero no es exclusivo de nuestro país. Basta con ver la enorme dificultad y los costos políticos que está teniendo que pagar el presidente Obama, en los Estados Unidos, para concretar su histórica y generosa reforma al sistema de salud.

Luego, el sentido de las reformas propuestas por Calderón es doble: por un lado, pretende fortalecer la legitimidad del sistema político ensanchando y acercando las vías de participación ciudadana respecto a los políticos y la política, de tal forma que sus opiniones y decisiones tengan más peso en la acción de los políticos y en las políticas públicas; por el otro, intenta aumentar la efectividad y calidad de los gobiernos propiciando mayor concentración o menos dispersión entre actores para la toma de decisiones, en el marco de la pluralidad democrática y los llamados gobiernos divididos que el sistema electoral ya genera.

 

REFORMAR ALCALDÍAS

Y EL PODER LEGISLATIVO

Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para establecer la elección consecutiva, con un límite máximo de doce años, de alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como jefes delegacionales, en los Estados, Municipios y Distrito Federal. En este punto, “libertad” debe significar, en una correcta interpretación del federalismo, que la correspondiente reforma constitucional debe permitir a las 32 entidades federativas regular o no la elección consecutiva y darle el alcance que decidan sin más límite que el periodo de cuatro trienios. Así, cada entidad federativa tomaría la decisión más conveniente, incluida la de dejar las cosas como están. Pero, en esto hay que ser enfáticos, esa reforma no debería aparecer aislada.

Para Calderón, esa reforma aumentará la calidad del gobierno municipal pues tendrá más tiempo para planear a largo plazo en cuanto a obras o infraestructura, o bien, “…reformas integrales a los cuerpos policíacos de esas demarcaciones”; se fortalecerá la rendición de cuentas pues los gobernantes querrán ser reelectos y los votantes podrán premiarlos o castigarlos, de modo que los ciudadanos tendrán más poder para influir en el desempeño de sus gobiernos locales. Para los críticos, si la reelección no está rodeada de condiciones de transparencia y equidad en la contienda o no se acota a los poderes fácticos, o no se prohíbe ser candidato de un partido distinto para la reelección, entonces los efectos podrían resultar contraproducentes.

Reelección de legisladores federales hasta por doce años o cuatro períodos dejando a las legislaturas locales libertad para decidir sobre la reelección y el número de períodos. Nuevamente, aflora el positivo sentido federalista de la propuesta; el propósito de transferir poder a ciudadanos, medios y actores políticos para monitorear y premiar o castigar los desempeños legislativos; y profesionalizar y especializar a los legisladores en trabajo parlamentario y en determinadas materias. Sin embargo, los críticos sostienen que en México existe ya una carrera parlamentaria informal pues un buen porcentaje de legisladores cuentan con experiencia; que en realidad se favorecerá a los poderes fácticos y las oligarquías, así como a los gobernadores y líderes partidistas que reproducirán a sus propios representantes y grupos; y que el papel de los legisladores no es de técnicos especializados sino de líderes políticos, además de que se bloqueará el acceso a los cargos a líderes jóvenes, en particular a las mujeres.

 

AJUSTE AL

CONGRESO DE LA UNIÓN

Reducción del número de integrantes en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En el Senado, no sólo se eliminarían los 32 legisladores de representación proporcional (lo que tendría un efecto positivo en el carácter federalista del Senado) pero afectaría a las dirigencias y liderazgos de los partidos, sobre todo de los medianos y pequeños, sino que se introduciría el llamado voto preferencial para elegir a tres senadores por Entidad Federativa (es decir, que el elector podría decidir el orden de su preferencia sobre tres candidatos de cada partido) y se entiende que se mantendría la primera minoría. En la Cámara de Diputados, se suprimirían 40 diputados (y distritos) de mayoría y 40 de representación proporcional, de modo que quedarían 240 y 160. Se argumenta a favor que estas medidas reducen el costo de la democracia y aumentan la capacidad de decisión legislativa en beneficio de los ciudadanos. Se critica que se elimina a los partidos medianos y pequeños, y se concentra la representación en los más grandes (excluyendo representantes populares en tiempos de tensión social), sin que el impacto en el costo sea relevante y tampoco se garanticen acuerdos firmes.

Incrementar de 2% a 4% el porcentaje de votos que un partido tendría que alcanzar   para conservar su registro. En el mismo sentido, la propuesta argumenta que se garantizaría mayor representatividad social de los partidos que reciben cuantiosos recursos del erario. En su contra se afirma que se excluirán partidos medianos y pequeños que, con todas sus deficiencias, representan minorías sociales y políticas activas que podrían operar riesgosamente por fuera del sistema.

Iniciativa legislativa ciudadana. Según la propuesta, se abre la puerta para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos y coloquen en la agenda temas que son de su interés y no hayan sido considerados por los políticos. En general, sobre este tema las críticas son mínimas pero resalta el hecho de que, si se le colocan muchos requisitos o no se obliga a que sean consideradas por el Congreso, entonces las iniciativas resultan intrascendentes.

 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Candidaturas independientes para todos los cargos. Se pretende ampliar los derechos ciudadanos; que incidan más en la representación; que los partidos cumplan mejor sus funciones y se responda más a los intereses ciudadanos. Se critica que, sin la debida regulación, se abre la puerta a intereses oscuros y hasta ilícitos; se ocultan las verdaderas identidades partidistas que luego afloran coyuntural y costosamente; o bien, se debilita en lugar de fortalecer el sistema de partidos. En todo caso, habría que comenzar por el ámbito municipal y con sólidas garantías para la transparencia y equidad en la contienda, pues así se fortalecería el sistema de partidos desde abajo al mantenerse activos para generar liderazgos y evitar el triunfo de opciones no partidistas.

SEGUNDA VUELTA Y

REFUERZO A INICIATIVA DE LEY

Elección presidencial con mayoría absoluta en primera vuelta.  Se propone que si en primera vuelta ningún candidato alcanza más del 50% de los votos, entonces los dos primeros lugares pasen a una segunda elección, durante la cual también tendría lugar la elección legislativa. Se argumenta que debe ganar quien tenga más apoyo popular; que su mandato sea más claro; que los ciudadanos puedan tener más opciones para seleccionar entre propuestas viables y más cercanas a sus intereses; y que  se tome una decisión más consciente sobre si se otorga mayoría legislativa al Presidente o se divide el poder. Se critica que en la segunda vuelta la decae la participación; aumenta los costos; abre la puerta al chantaje y la negociación entre las élites; y que la gobernabilidad no depende de la segunda vuelta sino de la composición del Congreso, que en todo caso también debería ser integrado incluso con doble vuelta.

8. Iniciativa de ley a la Suprema Corte de Justicia de la nación en el ámbito de su competencia. Mejoraría su funcionamiento y la calidad de la normatividad, en particular sobre los medios de defensa de la Constitución. Salvo posibles conflictos entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en torno a los contenidos de las iniciativas y su gestión en las cámaras, no se advierte mayor crítica a esta posibilidad.

Iniciativas preferentes del Poder Ejecutivo. Se trata de un derecho presidencial a que se dictaminen y aprueben (o no) dos iniciativas de su preferencia en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, en el entendido de que, si no son consideradas, el Presidente pueda someter la iniciativa a consulta ciudadana mediante referéndum que requeriría dos terceras partes de los ciudadanos participantes y mas de la mitad de los ciudadanos en la mayoría de las entidades federativas. Se trataría de agilizar la respuesta del Congreso a las prioridades de una Agenda Nacional jerarquizada, que deben ser discutidas en el espacio público y que importen temas medulares e importantes para la ciudadanía y la transformación del país, y sancionar la parálisis en el Poder Legislativo. Sin negar sus bondades en términos de cooperación entre poderes, que, se critica que se trata de una opción para evadir al Poder Legislativo en la búsqueda de aprobar reformas estructurales que de otra manera no pasarían. Se critica que este tipo de medidas en lugar de fortalecer debilitan a las instituciones y favorece el personalismo presidencial.

Facultad expresa al Presidente para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo la opción de su reconducción. En este caso, la propuesta arguye que así el proceso de legislación y promulgación responderá al necesario equilibrio de poderes; que permita un diálogo constructivo entre Ejecutivo y Legislativo; e imprimir certeza al funcionamiento institucional evitando riesgos a la conducción de las finanzas públicas. Así, en caso de que no se aprobare a tiempo el presupuesto, se aplicaría el del año anterior, o bien, en el extremo, el que se haya enviado, en una especie de positiva ficta. La crítica aparece en cuanto a un re-desequilibrio de poderes que favorezca al Ejecutivo, pero parece no haber mayor oposición.

TRANSFORMAR A MÉXICO

Para el presidente Calderón, es posible transformar a México cerrando la brecha entre política y ciudadanía; consolidar una democracia con instituciones más sólidas; empoderar a la ciudadanía sin dejar de fortalecer el sistema de partidos; mejorar la relación entre Ejecutivo y Legislativo; evitar que la política sea equivalente a conflicto y parálisis; y que el sistema representativo y de gobierno mejore. Si hace quince años se produjeron reformas profundas al sistema electoral que generaron más democracia, hoy se requiere reformar el sistema de gobierno y alentar la participación ciudadana. Otras iniciativas, en particular en materia electoral, complementarán esas diez propuestas arriba enunciadas.

Hasta ahora, debe apuntarse que las propuestas reformistas tienen una orientación apropiada, pero su pertinencia y viabilidad dependerán de la confrontación entre el idealismo que suele embargar al enfoque sistémico y el realismo de política práctica. Si esos opuestos se tocan, entonces deberán confluir en términos y condiciones específicos de regulación virtuosa de esas instituciones propuestas. Si entre los propósitos de éstas se halla el fortalecer la ciudadanía, la política y los poderes gubernamentales, entonces aquélla y éstos deben comenzar por propiciar su debate público. Esa es la convocatoria.

Raúl Ávila Ortiz

En días pasados, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión un conjunto de propuestas de reforma en el ámbito del sistema político. Lo hizo, en sus palabras, en seguimiento a los diez puntos que había enunciado el 2 de septiembre anterior con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, y en particular en relación con el punto diez, en que propuso una profunda reforma política para pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva.

Las diez propuestas “calderonistas” deben ser analizadas cuidadosamente y, desde luego, debatidas en forma amplia. Lejos de representar una “cortina de humo” que le permita distraer a la opinión pública respecto a otros problemas graves que enfrenta el país, sean estos la crisis financiera, el desempleo o la inseguridad, en mi opinión se trata, en efecto, de planteamientos que tocan nervios sensibles del sistema de toma de decisiones y persiguen fines específicos. Veamos por qué.

De entrada, dejemos en claro que las instituciones son relevantes para la vida pública: política, económica, social o cultural. Y es que hoy están superados, por mucho, argumentos tales como el de la raza o la religión en tanto factores exclusivos que harían la diferencia entre buen gobierno o mala economía de unos y otros países. En particular, las instituciones políticas, tales como el voto, la representación política, el sistema de gobierno o los partidos políticos, además de la cultura política, resultan decisivas no sólo para garantizar la estructura y funcionalidad del Estado democrático sino también a efecto de generar condiciones para el desarrollo. Así, una combinación atinada de instituciones electorales y partidistas puede producir competencia política, transparencia electoral y pluralidad en la representación, pero, al mismo tiempo, esta misma pluralidad y desajustes en el sistema de gobierno respecto a aquella combinación pueden generar falta de efectividad en su funcionamiento.  Esto está ocurriendo en México pero no es exclusivo de nuestro país. Basta con ver la enorme dificultad y los costos políticos que está teniendo que pagar el presidente Obama, en los Estados Unidos, para concretar su histórica y generosa reforma al sistema de salud.

Luego, el sentido de las reformas propuestas por Calderón es doble: por un lado, pretende fortalecer la legitimidad del sistema político ensanchando y acercando las vías de participación ciudadana respecto a los políticos y la política, de tal forma que sus opiniones y decisiones tengan más peso en la acción de los políticos y en las políticas públicas; por el otro, intenta aumentar la efectividad y calidad de los gobiernos propiciando mayor concentración o menos dispersión entre actores para la toma de decisiones, en el marco de la pluralidad democrática y los llamados gobiernos divididos que el sistema electoral ya genera.

 

REFORMAR ALCALDÍAS

Y EL PODER LEGISLATIVO

Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para establecer la elección consecutiva, con un límite máximo de doce años, de alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como jefes delegacionales, en los Estados, Municipios y Distrito Federal. En este punto, “libertad” debe significar, en una correcta interpretación del federalismo, que la correspondiente reforma constitucional debe permitir a las 32 entidades federativas regular o no la elección consecutiva y darle el alcance que decidan sin más límite que el periodo de cuatro trienios. Así, cada entidad federativa tomaría la decisión más conveniente, incluida la de dejar las cosas como están. Pero, en esto hay que ser enfáticos, esa reforma no debería aparecer aislada.

Para Calderón, esa reforma aumentará la calidad del gobierno municipal pues tendrá más tiempo para planear a largo plazo en cuanto a obras o infraestructura, o bien, “…reformas integrales a los cuerpos policíacos de esas demarcaciones”; se fortalecerá la rendición de cuentas pues los gobernantes querrán ser reelectos y los votantes podrán premiarlos o castigarlos, de modo que los ciudadanos tendrán más poder para influir en el desempeño de sus gobiernos locales. Para los críticos, si la reelección no está rodeada de condiciones de transparencia y equidad en la contienda o no se acota a los poderes fácticos, o no se prohíbe ser candidato de un partido distinto para la reelección, entonces los efectos podrían resultar contraproducentes.

Reelección de legisladores federales hasta por doce años o cuatro períodos dejando a las legislaturas locales libertad para decidir sobre la reelección y el número de períodos. Nuevamente, aflora el positivo sentido federalista de la propuesta; el propósito de transferir poder a ciudadanos, medios y actores políticos para monitorear y premiar o castigar los desempeños legislativos; y profesionalizar y especializar a los legisladores en trabajo parlamentario y en determinadas materias. Sin embargo, los críticos sostienen que en México existe ya una carrera parlamentaria informal pues un buen porcentaje de legisladores cuentan con experiencia; que en realidad se favorecerá a los poderes fácticos y las oligarquías, así como a los gobernadores y líderes partidistas que reproducirán a sus propios representantes y grupos; y que el papel de los legisladores no es de técnicos especializados sino de líderes políticos, además de que se bloqueará el acceso a los cargos a líderes jóvenes, en particular a las mujeres.

 

AJUSTE AL

CONGRESO DE LA UNIÓN

Reducción del número de integrantes en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En el Senado, no sólo se eliminarían los 32 legisladores de representación proporcional (lo que tendría un efecto positivo en el carácter federalista del Senado) pero afectaría a las dirigencias y liderazgos de los partidos, sobre todo de los medianos y pequeños, sino que se introduciría el llamado voto preferencial para elegir a tres senadores por Entidad Federativa (es decir, que el elector podría decidir el orden de su preferencia sobre tres candidatos de cada partido) y se entiende que se mantendría la primera minoría. En la Cámara de Diputados, se suprimirían 40 diputados (y distritos) de mayoría y 40 de representación proporcional, de modo que quedarían 240 y 160. Se argumenta a favor que estas medidas reducen el costo de la democracia y aumentan la capacidad de decisión legislativa en beneficio de los ciudadanos. Se critica que se elimina a los partidos medianos y pequeños, y se concentra la representación en los más grandes (excluyendo representantes populares en tiempos de tensión social), sin que el impacto en el costo sea relevante y tampoco se garanticen acuerdos firmes.

Incrementar de 2% a 4% el porcentaje de votos que un partido tendría que alcanzar   para conservar su registro. En el mismo sentido, la propuesta argumenta que se garantizaría mayor representatividad social de los partidos que reciben cuantiosos recursos del erario. En su contra se afirma que se excluirán partidos medianos y pequeños que, con todas sus deficiencias, representan minorías sociales y políticas activas que podrían operar riesgosamente por fuera del sistema.

Iniciativa legislativa ciudadana. Según la propuesta, se abre la puerta para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos y coloquen en la agenda temas que son de su interés y no hayan sido considerados por los políticos. En general, sobre este tema las críticas son mínimas pero resalta el hecho de que, si se le colocan muchos requisitos o no se obliga a que sean consideradas por el Congreso, entonces las iniciativas resultan intrascendentes.

 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Candidaturas independientes para todos los cargos. Se pretende ampliar los derechos ciudadanos; que incidan más en la representación; que los partidos cumplan mejor sus funciones y se responda más a los intereses ciudadanos. Se critica que, sin la debida regulación, se abre la puerta a intereses oscuros y hasta ilícitos; se ocultan las verdaderas identidades partidistas que luego afloran coyuntural y costosamente; o bien, se debilita en lugar de fortalecer el sistema de partidos. En todo caso, habría que comenzar por el ámbito municipal y con sólidas garantías para la transparencia y equidad en la contienda, pues así se fortalecería el sistema de partidos desde abajo al mantenerse activos para generar liderazgos y evitar el triunfo de opciones no partidistas.

SEGUNDA VUELTA Y

REFUERZO A INICIATIVA DE LEY

Elección presidencial con mayoría absoluta en primera vuelta.  Se propone que si en primera vuelta ningún candidato alcanza más del 50% de los votos, entonces los dos primeros lugares pasen a una segunda elección, durante la cual también tendría lugar la elección legislativa. Se argumenta que debe ganar quien tenga más apoyo popular; que su mandato sea más claro; que los ciudadanos puedan tener más opciones para seleccionar entre propuestas viables y más cercanas a sus intereses; y que  se tome una decisión más consciente sobre si se otorga mayoría legislativa al Presidente o se divide el poder. Se critica que en la segunda vuelta la decae la participación; aumenta los costos; abre la puerta al chantaje y la negociación entre las élites; y que la gobernabilidad no depende de la segunda vuelta sino de la composición del Congreso, que en todo caso también debería ser integrado incluso con doble vuelta.

8. Iniciativa de ley a la Suprema Corte de Justicia de la nación en el ámbito de su competencia. Mejoraría su funcionamiento y la calidad de la normatividad, en particular sobre los medios de defensa de la Constitución. Salvo posibles conflictos entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en torno a los contenidos de las iniciativas y su gestión en las cámaras, no se advierte mayor crítica a esta posibilidad.

Iniciativas preferentes del Poder Ejecutivo. Se trata de un derecho presidencial a que se dictaminen y aprueben (o no) dos iniciativas de su preferencia en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, en el entendido de que, si no son consideradas, el Presidente pueda someter la iniciativa a consulta ciudadana mediante referéndum que requeriría dos terceras partes de los ciudadanos participantes y mas de la mitad de los ciudadanos en la mayoría de las entidades federativas. Se trataría de agilizar la respuesta del Congreso a las prioridades de una Agenda Nacional jerarquizada, que deben ser discutidas en el espacio público y que importen temas medulares e importantes para la ciudadanía y la transformación del país, y sancionar la parálisis en el Poder Legislativo. Sin negar sus bondades en términos de cooperación entre poderes, que, se critica que se trata de una opción para evadir al Poder Legislativo en la búsqueda de aprobar reformas estructurales que de otra manera no pasarían. Se critica que este tipo de medidas en lugar de fortalecer debilitan a las instituciones y favorece el personalismo presidencial.

Facultad expresa al Presidente para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo la opción de su reconducción. En este caso, la propuesta arguye que así el proceso de legislación y promulgación responderá al necesario equilibrio de poderes; que permita un diálogo constructivo entre Ejecutivo y Legislativo; e imprimir certeza al funcionamiento institucional evitando riesgos a la conducción de las finanzas públicas. Así, en caso de que no se aprobare a tiempo el presupuesto, se aplicaría el del año anterior, o bien, en el extremo, el que se haya enviado, en una especie de positiva ficta. La crítica aparece en cuanto a un re-desequilibrio de poderes que favorezca al Ejecutivo, pero parece no haber mayor oposición.

TRANSFORMAR A MÉXICO

Para el presidente Calderón, es posible transformar a México cerrando la brecha entre política y ciudadanía; consolidar una democracia con instituciones más sólidas; empoderar a la ciudadanía sin dejar de fortalecer el sistema de partidos; mejorar la relación entre Ejecutivo y Legislativo; evitar que la política sea equivalente a conflicto y parálisis; y que el sistema representativo y de gobierno mejore. Si hace quince años se produjeron reformas profundas al sistema electoral que generaron más democracia, hoy se requiere reformar el sistema de gobierno y alentar la participación ciudadana. Otras iniciativas, en particular en materia electoral, complementarán esas diez propuestas arriba enunciadas.

Hasta ahora, debe apuntarse que las propuestas reformistas tienen una orientación apropiada, pero su pertinencia y viabilidad dependerán de la confrontación entre el idealismo que suele embargar al enfoque sistémico y el realismo de política práctica. Si esos opuestos se tocan, entonces deberán confluir en términos y condiciones específicos de regulación virtuosa de esas instituciones propuestas. Si entre los propósitos de éstas se halla el fortalecer la ciudadanía, la política y los poderes gubernamentales, entonces aquélla y éstos deben comenzar por propiciar su debate público. Esa es la convocatoria.

Seguridad Pública: no refuerza percepción ciudadana

almargenoaxaca
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+ Policía Estatal: los abusos que no tienen justificación

 

En los últimos 15 meses, los funcionarios encargados de las corporaciones policiacas y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han buscado no sólo de hacer su trabajo, sino de que parezca que se hace. Sin embargo, hace apenas unos días el secretario Javier Rueda Velázquez reconoció, ante el pleno del Congreso del Estado, que la percepción ciudadana sobre la inseguridad y la desconfianza del trabajo policiaco, no ha dejado de ser negativa. ¿Por qué esto es así?

La respuesta no se encuentra en una sola causa o en un solo ámbito. En realidad, el modelo de seguridad pública que actualmente se aplica en Oaxaca vino a ser una auténtica revolución, respecto a las formas anticuadas que, en su mayoría, eran las que se aplicaban a las instituciones de seguridad y los cuerpos policiacos en la entidad.

Sin embargo, ha sido también largo el recuento que, al menos en este espacio, hemos realizado de las inconsistencias y fallos de aplicación del esquema que encabeza en la entidad el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, y el secretario Rueda Velázquez. Es decir, que el esquema fue novedoso respecto a lo que se hacía en el pasado en materia de seguridad, pero que éste se encuentra aún lejos de generar certeza —es decir, argumentos y datos sólidos y sostenibles— de que es el remedio más eficaz para la inseguridad que existe en Oaxaca.

Así, ¿de dónde surge la sensación de inseguridad y la desconfianza que el ciudadano común continúa teniendo de la acción policiaca? Parte, precisamente, de que en Oaxaca existe todo un entramado de instituciones que combinan y comparten atribuciones para perseguir a los delincuentes y combatir la inseguridad… pero que no han sido capaces de darle a la historia constante de la impunidad, al menos un giro parcial que permita un mayor índice de esclarecimiento de hechos delictivos, detención de maleantes y desarticulación de grupos criminales.

De todo esto son responsables lo mismo la Secretaría de Seguridad Pública que la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ambas instancias, no han tenido la capacidad suficiente de coordinación y entendimiento como para ejecutar una verdadera labor conjunta. A ante esa circunstancia, la delincuencia puede desplegar todos sus potenciales sin ninguna cortapisa.

En los últimos dos años se han cometido diversos crímenes que no han tenido castigo ni una investigación clara, y ni hablar de detenidos. Además, es fundamental la presencia y acción policiaca en las calles y en la interacción continua con los ciudadanos. Pero si esto último no puede llegar a ser “bien visto” por la población, es claro que todo lo demás tampoco.

 

ELEMENTOS ABUSIVOS

Ayer, en estas mismas páginas, en la columna Con Mayúsculas, se daba cuenta de una queja ciudadana por la acción de elementos de la Policía Estatal. Particularmente se hacía mención de una situación que transcribimos textualmente de lo asentado por Juan Diego: “Seguido hay revisiones por ese rumbo [de San Jacinto Amilpas], lo raro es que los policías [estatales] piden documentos de los vehículos pero en lugar de canalizarlos a Tránsito, los mandan a su cuartel, lo cual es violatorio de las garantías.”

En al menos un par de ocasiones, el autor de este espacio ha sido testigo de la veracidad de estos señalamientos, que deberían ser indagados a fondo por el secretario Rueda Velázquez y por el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Quezadas Jiménez. Ese actual de los elementos estatales, en nada ayuda a la confianza ciudadana que los mandos policiacos buscan que la ciudadanía tenga en las instituciones y agentes encargados de la seguridad pública.

Los dos hechos que a continuación se relatarán, ocurrieron la tarde del pasado 16 de diciembre, y la madrugada de ayer 17. En el primero de ellos, en Avenida Universidad, una patrulla de la Policía Estatal —que no portaba placas de circulación ni número económico— detuvo a dos individuos que viajaban a bordo de un vehículo. A pesar de haberse identificado y de haber dejado constancia de la legalidad del vehículo al mostrar todos los documentos requeridos, sin ningún miramiento, los obligaron a bajar del vehículo, los revisaron, les exigieron desprenderse de zapatos y varias prendas de vestir, para finalmente detenerlos y llevarlos al Cuartel de Santa María Coyotepec.

Los dos jóvenes, trabajadores de un expendio de alimentos al que se dirigían cuando fueron detenidos, permanecieron dos horas en el Cuartel. Nunca los presentaron ante el agente del Ministerio Público ni les indicaron exactamente cuál era la falta administrativa o delito por el que habían sido remitidos. Finalmente, les cobraron una multa de 400 pesos a cada uno —sin expedir recibo oficial alguno—, y al filo de las 21 horas del miércoles los dejaron en libertad.

Luego, pasadas las 2 am de ayer jueves, una patrulla con las mismas características —es decir, sin placas o número económico— detuvo a un grupo de jóvenes que viajaban en un auto compacto ¡por haberse pasado una luz roja del semáforo! Unos seis agentes alcanzaron a los jóvenes en la calle Prolongación de La Noria, en Cinco Señores, para hacer exactamente lo mismo: exigirles documentación e identificaciones, catearlos, revisar el vehículo y pedir todo tipo de explicaciones que no venían al caso.

El hecho ocurrió a escasos metros —una cuadra, no más— de donde se encuentra la Dirección de Tránsito del Estado. Pero, ni por eso, solicitaron la presencia de los agentes de vialidad para que tomaran conocimiento del hecho y aplicaran la sanción correspondiente. Luego de unos 15 minutos de mantenerlos retenidos y rodeados en plena avenida, les permitieron continuar su camino.

En ambos casos, existen injustificables violaciones de garantías fundamentales, que deben ser investigadas y sancionadas. Es cierto que la seguridad exige ciertos sacrificios; pero los agentes tampoco pueden creer que la ciudadanía está a lo que ellos legal e ilegalmente dispongan. Esto ayuda en nada a la credibilidad que busca fomentar la SSPE entre los ciudadanos.

 

ARCAS MUNICIPALES

Dicen los que saben, que la razón fundamental por la que el Ayuntamiento citadino no subirá impuestos en 2010, es porque realmente está ensanchando su base tributaria, y eficientando el cobro de impuestos, que muy poco puede lograrse no sólo en Oaxaca, sino en el país. Con hechos como ese, Martín Mathus Alonso tratará de consolidarse como el más aventajado aspirante a la alcaldía citadina por el PRI. Ver para creer.

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