Adrián Ortiz Romero Cuevas
En Oaxaca estamos próximos a renovar la titularidad de la Fiscalía General del Estado y tres magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Debe quedarnos claro que eso no será suficiente para cambiar el panorama actual de la procuración y la impartición de justicia en la entidad. Aunque siempre la renovación en la composición de las instituciones genera expectativa, debemos tener bien claro en dónde están los puntos medulares de ese posible cambio. Mientras esos aspectos sigan intactos, entonces los nombramientos serán francamente intrascendentes frente a la necesidad de verdaderos cambios.
En efecto, desde los primeros días del año fueron emitidas sendas convocatorias tanto para la elección de Fiscal General como para cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Superior de Justicia. En el primero de los casos la Constitución del Estado establece la posibilidad de que se inscriba como aspirante cualquier ciudadano que cubra los requisitos constitucionales, y que luego de un proceso de interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo se pueda establecer una terna de entre la que deba electa la persona a ocupar ese cargo.
Y es que más allá de los nombres y los currículums de las diez personas que fueron seleccionadas por el Congreso del Estado para que de ahí el Ejecutivo elija una terna, la contundente realidad revela que la Fiscalía General lleva una inercia muy lamentable de insuficiencias y carencias presupuestales, que son las que verdaderamente impiden que la procuración de justicia pueda tener un mejor panorama.
En ese sentido, podemos hacer un contraste muy claro entre dos personajes diametralmente opuestos en formación académica, atención a sus funciones e incluso experiencia en tareas jurídicas o de gobierno, que en Oaxaca sucesivamente ocuparon el cargo de Fiscal General: Rubén Vasconcelos Méndez y Arturo de Jesús Peimbert Calvo. El primero, más allá de cualquier cuestión política, es un abogado de inmejorables credenciales profesionales y académicas, que durante su periodo como Fiscal estuvo dedicado de tiempo completo a atender sus funciones, y que incluso se hizo de enemistades en el propio gobierno por intentar cumplir con sus obligaciones.
En el lado opuesto, se encuentra Peimbert, que podrá gozar de relaciones políticas, pero no de respeto académico (su cédula profesional de licenciado en derecho la obtuvo apenas en el año de 2013, cuando ya ocupaba el cargo de ombudsman estatal), que además nunca estuvo presente ni atento a sus funciones como Fiscal, y que durante su corto periodo como titular del Ministerio Público no logró resolver ninguno de los asuntos relevantes que le tocó conocer.
¿El común denominador? Que ambos se enfrentaron a los problemas estructurales de la Fiscalía, que más tienen que ver con el presupuesto y con la verdadera intención del Estado oaxaqueño porque se procure justicia al público tanto en los casos de alto impacto como en los de la justicia cotidiana, que con la persona titular del órgano. Tendría que existir un verdadero consenso entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para dotar a quien sea el nuevo titular de la Fiscalía, tanto del presupuesto como de las funciones que necesita para poder tener un mejor panorama en el desempeño de sus funciones.
Porque lamentablemente, quien sea electo por el Congreso como nuevo Fiscal General se enfrentará a las mismas situaciones que sus antecesores, y ni sus méritos académicos ni el respaldo político con que pueda contar para su elección, será suficiente para lograr que haya más insumos, que el personal gane mejor, que trabaje en condiciones más dignas o que haya la suficiencia de recursos humanos, económicos, técnicos y materiales para brindar un verdadero servicio de calidad a la ciudadanía.
NUEVOS MAGISTRADOS
En el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tendría que haber un mejor equilibrio entre los nombramientos de naturaleza política y los de personal especializado y de carrera. ¿Por qué? Porque las magistraturas deben dejar de verse como premios políticos para personas afines al régimen en turno, y debía prevalecer una visión cada vez más enfocada a una justicia especializada. Si propios y extraños se quejan todos los días de las deficiencias en la impartición de justicia en el fuero común, entonces debía comenzar a verse la función judicial más como una labor especializada que como un espacio para premios de orden político.
Y es que existe una visión engañosa de que los magistrados impulsados por un gobernante en realidad podrían protegerlo después de terminar su periodo. En términos estrictos de justicia, la gran mayoría de los asuntos judiciales que normalmente persiguen a un ex servidor público (desde un gobernador hasta un modesto jefe de departamento) por omisiones o excesos en el desempeño de sus funciones, no pasan por el Poder Judicial del Estado sino que, más bien, se dirimen en otras arenas jurisdiccionales, salvo que sean casos extraordinarios (el caso Tenorio es ejemplo de ello) o que las faltas administrativas que hubieran cometido también configurasen delitos del orden estatal.
Por esa razón, debía impulsarse con mayor ahínco no sólo la integración de las salas del Tribunal con personal especializado y de carrera, sino que además debe seguirse privilegiando la paridad de géneros (el respeto irrestricto a este principio, que lamentablemente no siempre ocurre), para que con esa fuerza puedan irse implementando mejoras sustantivas en la forma en cómo los juzgadores conciben, fundamentan y plasman sus criterios en las resoluciones que emiten.
Por una razón propia de la naturaleza del federalismo, en México los poderes judiciales nunca terminarán de alejarse de la política. Pero en los hechos, y a contrapelo de la inercia política actual en el marco de la 4T, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado muestras sustantivas del sentido de independencia y legitimidad que reclama la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho en México, y que también debía replicarse en los poderes judiciales locales.
EPITAFIO
No debió caer nada bien en la nueva administración que uno de los fiats otorgados en pleno ocaso de la gestión del gobernador Alejandro Murat, haya sido para la esposa del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. No se le regatean méritos a la nueva notaria. El problema son las formas. Aparentemente nada impactó en lo político, porque la renovación de la titularidad del Poder Judicial corresponde por ley para enero de 2024. Ahí se verá la verdadera consecuencia de esa situación.
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