La renuncia de Martínez Neri al PRD, es un acto de repudio por la colonización ulisista a ese Partido

A prácticamente nadie tomó por sorpresa la renuncia del diputado federal Francisco Martínez Neri a su militancia en el Partido de la Revolución Democrática. El oaxaqueño ostentaba además el cargo de coordinador de su grupo parlamentario en la cámara baja federal. La razón de que esto no haya sido una sorpresa se entiende en dos sentidos: por un lado, la razón práctica relacionada con el desmoronamiento perredista y la consolidación de Morena como opción electoral; y en el otro extremo, por el hecho de que el ulisismo terminó asaltando las filas perredistas en la entidad, lo que además de ser un contrasentido político, es un duro recordatorio de congruencia por los episodios dolorosos de 2006, entre otros.

En efecto, Francisco Martínez Neri, quien durante la LXIII Legislatura fue coordinador de los diputados del PRD, renunció el pasado 11 de mayo a su militancia partidista. En una misiva, el político que dos días después acompañó al Candidato Presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador a un mitin político, agradeció la oportunidad que le brindó el perredismo.

Reitero el aprecio y gratitud por el esfuerzo compartido durante las tareas parlamentarias que hoy han quedado atendidas, así como la certeza de que el bienestar del pueblo y la lucha por la democracia nos convocarán a nuevas etapas, en las que seguro coincidiremos”, indicó. Martínez Neri enfatizó que siempre cumplió con las labores encomendadas desde el PRD, aunque “estoy seguro que he concluido un ciclo de trabajo partidista por lo que solicité licencia para separarme del cargo de legislador”.

La renuncia de Martínez Neri a su militancia política no se explica necesariamente por la ambición de un cargo público de cualquier índole. De hecho, desde que se estaba tratando de definir la candidatura a la alcaldía de la capital oaxaqueña, se mencionó su nombre como una de las principales posibilidades tanto del PRD como de Morena, partido con el que ya había mostrado ciertas afinidades desde hace tiempo. El tránsito en el PRD fue imposible gracias a la alianza nacional que trabaron con el PAN, mediante la cual éste último partido reclamó para sí la candidatura a la presidencia municipal de la capital, e impulsó al ex priista Samuel Gurrión como su prospecto para la candidatura.

Esta situación le cerró la puerta a Martínez Neri, quien ya ni siquiera intentó competir por la candidatura del Frente PAN-PRD-MC; su nombre se mantuvo vigente en Morena, aunque finalmente todo se definió a favor del ex candidato Oswaldo García Jarquín, en medio de una tolvanera provocada por la insistencia del Partido Encuentro Social, de que la postulación del candidato a la alcaldía citadina por el Frente Juntos Haremos Historia les correspondía a ellos. En aquellos tiempos, Martínez Neri se mantuvo expectante pero sin mayores movimientos, dado que seguía siendo coordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, y un militante perredista en activo.

Antes que él, otros perredistas (como la también diputada federal Karina Barón Ortiz, o el diputado local Jesús Romero López, entre varios otros) ya habían dejado el partido del Sol Azteca y se habían pronunciado a favor de Morena y de López Obrador. Martínez Neri lo hizo aparentemente en un momento tardío, cuando ya estaban repartidas todas las candidaturas y postulaciones a cargos por los que habría podido competir. Parece, pues, que hay más razones aparte de las estrictamente electorales, que explicarían su renuncia al perredismo.

CONTRA EL ULISISMO

Desde los primeros meses del año corrió el rumor de que la coalición Por México al Frente postularía al ex priista Teófilo Manuel García Corpus como candidato al Senado de la República, y a la ex secretaria de Turismo durante el gobierno de Ulises Ruiz, Beatriz Rodríguez Casasnovas, como candidata a una diputación federal. Además de ellos, ya se veía la posibilidad de que Samuel Gurrión figurara también entre los priistas lanzados por el PRD.

Esas postulaciones parecían aparentemente inexplicables, dado que tanto el PAN como el PRD contaban con figuras locales de cierto renombre como para ocupar sus postulaciones con militantes, y no sólo con quienes eran externos, sino además militantes de otro partido político, e integrantes de un gobierno cuestionado por represión y corrupción, como el de Ulises Ruiz Ortiz. La dirigencia del PRD en Oaxaca denunció incluso que había mediado una transacción económica entre el ex gobernante y la dirigencia nacional del PRD para cederle tales candidaturas, versión que fue negada por el perredismo nacional pero alimentada por el ulisismo, que con eso intentaba socavar y enrarecer los procesos internos del PRI oaxaqueño.

Finalmente, la candidatura de primera fórmula al Senado por la coalición PAN-PRD no fue para García Corpus, pero sí se quedó en las manos de otro ulisista: Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. En ese contexto, Martínez Neri reconoció en una entrevista radiofónica que ante las últimas decisiones de su partido —relacionadas con la postulación de dichos personajes extraídos del ulisismo priista de Oaxaca— estaba valorando su permanencia como militante del PRD.

Dijo, concretamente, que él no concebía la posibilidad de militar en el mismo partido con quienes fueron los responsables de la represión relacionada con el conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca, del que él fue uno de los protagonistas indirectos en su calidad de rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Desde esa posición universitaria, Martínez Neri no sólo apoyó, sino que directamente cobijó al movimiento popular en las instalaciones de Ciudad Universitaria, la cual fue el primero, principal y último bastión de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca durante todos los meses de la resistencia popular durante el año 2006.

CONGRUENCIA

En el fondo, parece que también hay razones de congruencia para haber dejado el PRD. Parece que esa ya no es una virtud común entre los políticos, y sin embargo este sí parece un acto claro de congruencia combinado con el pragmatismo propio de un momento como el que vivimos en México. Por eso, aunque no llegue a incidir directamente en la suma y resta de votos a favor o en contra del PRD, este sí es un descalabro moral para la campaña panista-perredista en Oaxaca, que de por sí ya no parece tan consistente como al inicio de esta temporada de proselitismo político.

Es indispensable reglamentar los gobiernos de coalición para evitar los frentes electorales sin sustento

Para nadie debiera ser una buena noticia, que en la conformación del Frente Ciudadano por México haya temas sociales de fondo, que hayan sido vetados por los partidos que buscan integrar dicha coalición electoral. Esa es una pésima noticia porque, si bien ya sabemos que las coaliciones electorales sólo sirven para ganar elecciones sin asumir compromisos de mediano plazo, también es cierto que hoy existe ya la figura de los gobiernos de coalición. Al no haber una reglamentación de éstos, pareciera que entonces la propia Constitución sigue alentando las riesgosas coaliciones sin derroteros.

En efecto, a pesar de que parece ir bastante avanzada la negociación entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano para la conformación del Frente Ciudadano por México, hay temas en su discusión que siguen vedados, y prácticamente eliminados de cualquier posibilidad de abordaje. Esos son temas de índole social tales como la discusión sobre el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, el establecimiento constitucional del derecho a la vida desde el momento de la concepción, y otros que si bien no son determinantes para definir el rumbo de una elección, sí son importantes por la trascendencia social que revisten.

En esa lógica, a estas alturas la pregunta ya no tendría que ser si en realidad el PAN o el PRD están dispuestos a transigir —a pesar de la supuesta distancia ideológica que existe entre ellos— sobre temas tan importantes como los antes mencionados, en un momento políticamente tan complejo, como lo es la conformación de una coalición electoral del tamaño y la importancia del Frente Ciudadano por México, sino si en realidad eso mismo harían en el supuesto de que llegaran a ganar la elección presidencial.

Pues es claro que hoy, una coalición de corte electoral es insuficiente, e incluso riesgosa, si se toma desde la perspectiva de que en México ya tenemos innumerables experiencias relacionadas con las coaliciones electorales que terminan siendo desastres de gobierno. ¿Por qué ocurre así? Por un lado, porque las coaliciones electorales no han sido conformadas con la seriedad que revisten las circunstancias, y porque éstas tampoco han venido acompañadas de compromisos concretos que bien podrían traducirse en lo que hoy se conoce como un programa de gobierno, o más concretamente en un gobierno de coalición como los que ya contempla la Constitución.

Más bien, las experiencias conocidas son las de coaliciones electorales que prácticamente se deshacen al día siguiente de que ocurren los comicios, o que se mantienen vigentes únicamente como mecanismos de reparto de las parcelas gubernamentales o de los espacios de poder. Hasta ahora, en ningún caso las coaliciones electorales han evolucionado en programas de gobierno concretos, e incluso tampoco en espacios institucionales y legitimados de concertación entre las fuerzas políticas que, juntas, primero ganaron una elección, y luego también juntas deban afrontar las responsabilidades del gobierno.

Así, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, queda claro que la coalición PAN-PRD que el sexenio pasado llevó a Gabino Cué a la gubernatura, sólo se mantuvo activa en la medida en la que se repartieron algunas de las cuotas de poder de la administración de Cué, y finalmente decidieron dejarlo solo, en una oprobiosa apuesta en la que ni ellos le disputaban más poder del que él les había dado; y por el otro, Cué ejercía el poder sin preguntarle ni consensar con las fuerzas coaligadas porque como éstas ya habían recibido su pago, nada tenían que cuestionarle al entonces gobernador.

 

CASOS OMINOSOS

En esta lógica, vale otro ejemplo. En mayo de 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso un paquete de iniciativas para reconocer el matrimonio igualitario a nivel nacional, y establecer diversas disposiciones relativas al estado civil de las personas que son conexas a la figura del matrimonio. Esta decisión presidencial, abrió una polémica que en realidad tenía varios frentes. Uno era el relacionado estrictamente con la necesidad de discutir esos temas tan importantes y sensibles para la sociedad mexicana; el otro, hacía blanco en el imperativo de que tanto la ciudadanía como los partidos políticos demostraran, ante discusiones como las antes mencionadas, el nivel de civilidad y tolerancia que practicamos y demostramos todos en nuestras relaciones cotidianas.

La iniciativa presidencial era formidable. De acuerdo con aquella fallida iniciativa el matrimonio quedaría definido como “la unión libre de dos personas mayores de edad con la intención de tener una vida en común, procurándose ayuda mutua, solidaridad, respeto e igualdad”.

Con respecto al derecho a adoptar menores por parte de parejas del mismo sexo —cuestión nodal que provoca mayores resistencias y desconfianzas que el matrimonio en sí mismo, lo que refleja clara y flagrantemente la homofobia social porque, se piensa, se pone en riesgo el buen desarrollo del infante, por lo que este derecho suele excluirse de las figuras de “uniones civiles”— la argumentación se apoyaba en lo sentenciado por la SCJN, en el sentido de que negar el derecho a ser adoptado a un niño o una niña por el sólo hecho de la orientación sexual de las personas adoptantes, deriva en una conducta discriminatoria, tanto para ellas, como para el propio niño o niña que pretende ser adoptado, pues se les desconoce su derecho a tener una familia, en el sentido más amplio posible de este concepto, tal como lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal en el caso de la adopción por parte de matrimonios del mismo sexo.

Como puede verse, dicha reforma era una de las más trascendentes del sexenio —socialmente hablando— pero fracasó. Fue así porque los partidos opositores no fueron capaces de deponer sus argumentos más radicales para adentrarse en un tema que requería tolerancia, civilidad y capacidad de entendimiento mutuo para sacar adelante una reforma que al menos nos hiciera avanzar parcialmente como sociedad. No hubo forma, y por eso el Presidente claudicó totalmente en la posibilidad de entrar a la discusión de fondo de ese tema.

 

SÓLO DEMAGOGIA

Si esta es una experiencia previa, ¿un posible gobierno de coalición, derivado del Frente Ciudadano por México, tendría los espacios políticos y la civilidad necesaria para una discusión tan trascendente como esa? Queda claro que no. Y ahí comenzarían los fracasos. Por esa razón es importantísimo que exista una reglamentación concreta para los gobiernos de coalición, que tenga como fondo el establecimiento de compromisos mutuos concretos en temas no sólo políticos o electorales, sino en cuestiones ideológicas y sociales tan concretas y emocionales como esas. Mientras no ocurra, todo seguirá siendo demagogia y alianzas para ganar elecciones. Es decir, seguir dando vueltas en círculos sin llegar a nada.

Coalición PAN-PRD: vean el desastre de Oaxaca, por alianzas sin contenido

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+ Gobiernos de coalición, necesario normarlos luego de reestructurar al poder


Con toda candidez, las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional, y del de la Revolución Democrática, comienzan a esbozar la posibilidad de generar una coalición electoral rumbo a los comicios presidenciales del año próximo. Lo están haciendo como movimientos internos, pero también lo están haciendo a la vieja usanza. Es decir, pensando sólo en el proceso electoral y no en el programa de gobierno. Por eso, parece que siguen dando pasos sin ver que, al menos en las experiencias estatales, las coaliciones electorales en México han sido, recurrentemente, desastrosas.

En efecto, luego del resultado electoral en el Estado de México, Acción Nacional y el PRD no piensan en otra cosa que la posibilidad de una coalición. El resultado de la votación en aquella entidad, combinados con los resultados de los otros procesos electorales, parecieron dejarles —a las dirigencias de ambos partidos— la idea de que sólo unidos podrán ser competitivos en la elección federal de 2018.

A ello se unieron otros elementos, como el hecho de que el PRD recuperó terreno electoral en espacios que pensaba irremediablemente perdidos gracias a la frescura de su candidato en el Estado de México; o como que comenzaran a circular las primeras versiones sobre la buena competitividad que tendría el PAN si Margarita Zavala fuera su candidata. En cualquiera de los casos, parece que la única ruta que les queda disponible para cuando menos pensar en la posibilidad de hacer un papel decoroso en la elección presidencial, es la de la coalición.

En todo esto hay varios problemas que ya se vislumbran. El primero de ellos es la falta de criterios homogéneos, al interior de esos partidos, para impulsar las alianzas. Otro problema importante es que las respectivas rutas que están impulsando las dirigencias de los partidos no pasan por un proceso previo de la reforma al sistema político para poder hacer viables los gobiernos de coalición. Y un tercer problema, concomitante al anterior, radica en que tampoco están hablando de cuál sería el contenido de esos gobiernos de coalición que estarían impulsando al hablar de alianzas electorales, para poder ir al siguiente nivel de cómo han sido hasta ahora las alianzas electorales en México.

Para entender todo esto, es necesario ir por partes. Pues aunque en el primero de los temas hay declaraciones de las dirigencias nacionales al menos visualizando la posibilidad de alianzas, lo cierto es que esos están lejos de ser criterios homogéneos. En el caso del PRD, por ejemplo, hay más voces discordantes con el Comité Ejecutivo Nacional, que las que están de acuerdo con ellos. Básicamente hay dos razones: la primera, que es la menos recurrida, es la ideológica: hay muchos militantes del PRD que siguen viendo —con toda lógica— la unión con el PAN como una alianza contranatura, y que por ende se pronunciarán en rechazo prácticamente ante cualquier circunstancia.

La segunda razón es la electoral, a partir de la cual no parecen tener claro cuáles son sus espacios naturales para ser competitivos: el PRD estaría sacrificando la candidatura presidencial a cambio de pelear en la Ciudad de México con un candidato propio, acaso desconsiderando a Miguel Ángel Mancera que, con todo lo cuestionado que ha sido, es el mejor prospecto político que hoy tiene el perredismo, y ponderando el escenario del Estado de México, en el que Andrés Manuel López Obrador les ha dado sobradas muestras de ser quien en realidad tiene el control de los niños de votación en la capital del país.

En esa lógica, el panismo tendría un escenario mucho más cómodo, ya que “sacrificarían” a la Ciudad de México —donde tienen una presencia meramente testimonial, que incluso riñe con la casi desaparecida presencia del PRI en la capital del país— a cambio de la candidatura presidencial quizá con Margarita Zavala, que parece la mejor posicionada en las encuestas. Aunque hoy perredistas y panistas digan misa, lo cierto es que la ecuación es a todas luces desigual y desventajosa en diversos puntos para ambos partidos. Y por eso la construcción de una alianza electoral tendría que ser mucho menos simplista y reduccionista de cómo hoy la quieren presentar a la sociedad mexicana.

REFORMAR AL PODER

Hay, además, aspectos aún más complejos. Por ejemplo, para hacer realmente operantes a las coaliciones, antes tendría que haber una reforma profunda al poder para quitarle los candados que hoy tiene respecto a los gobiernos concentrados y de minoría. A nivel estatal, muchos gobernadores han sido electos por coaliciones, que luego no logran sostener un programa de gobierno por la falta de estructuras institucionales para el cumplimiento de esos compromisos conjuntos, tanto respecto a ellos mismos y frente a la sociedad.

Si acudimos al ejemplo de Oaxaca podremos ver que los partidos que llevaron a Gabino Cué al gobierno, intentaron construir un gobierno de coalición que terminó en un desastre. No ha sido el único caso en el país. ¿Por qué fue un fiasco? Porque los compromisos fueron meramente potestativos y porque nadie asumió realmente la necesidad de que esos gobiernos de coalición fueran algo más que las poses que sirven para las fotos y para los discursos sobre los “momentos históricos”.

Es decir, esos “programas de gobierno” no eran sino documentos potestativos e irrealizables, y su falta de cumplimiento no implicaba sanción alguna tanto para los partidos como para los integrantes del gobierno. Por eso, volviendo a Oaxaca, una vez que Gabino Cué llegó a la gubernatura, tomó la ruta fácil de convertir a la administración estatal en un gobierno de parcelas, que discrecionalmente entregó a sus aliados para que ellos hicieran lo que quisieran, mientras él continuó gobernando sobre una estructura vertical e inamovible que le permitió no cumplir la gran mayoría de sus compromisos políticos y democráticos, y aún así tener la posibilidad de terminar cómodamente su administración a pesar de haberse quedado sin el apoyo de sus antiguos aliados, y con una debilitada mayoría legislativa que sólo respondía a sus intereses cuando les era conveniente.

¿Qué tendría que cambiar? Primero, que el propio poder lograra quitarse por lo menos algunos de los visos del sistema presidencial que hace fuerte al Poder Ejecutivo y lo convierte en un espacio de poder inamovible, independientemente de las circunstancias. Como los partidos de coalición no forman parte del gobierno, y éste no depende o de la mayoría, o de la confianza, de los partidos de coalición, entonces los espacios que se les entrega a las fuerzas coaligadas se convierten en verdaderas parcelas. Ahí está el caso de la Secretaría del Trabajo en Oaxaca, fue entregada por Cué como una parcela su aliado, el Partido del Trabajo, y su titular, Daniel Juárez López, incurrió en cualquier cantidad de prácticas indebidas sin consecuencia alguna.

Luego tendrían también que normarse de manera específica los programas y los gobiernos de coalición, para quitarles el velo de lo potestativo y lo no vinculante, y establecer entonces los mecanismos para el establecimiento de compromisos obligatorios y por ende necesarios de cumplir para la permanencia del gobierno de Coalición.

SÓLO SUEÑOS

Por eso, para no hablar sólo de pragmatismo y de coaliciones que sólo tienen como objeto un triunfo electoral, tendríamos que hablar de una verdadera reforma al poder público, como el paso previo a la construcción de candidaturas. Mientras, todos los ensayos no dejan de ser demostraciones concretas de ambición por el poder, y de ganas de sólo ganar elecciones independientemente de cuál sea el precio —o las consecuencias funestas— de éstas.

En Oaxaca habrá tres frentes ¿sin liderazgo? para abanderar a izquierda

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+ PRD, PT y Morena: enfrentados y… ¿dispuestos para seguir la debilidad?


 

Si no varían los resultados que arroja el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, el PRI tendrá 15 diputados de mayoría, el Movimiento de Regeneración Nacional, tres, y la coalición PAN-PRD, siete. Es de esperarse que, en el reparto de las 17 diputaciones de representación proporcional, quede integrado el PT, que es el único de los partidos minoritarios que habría logrado mantener su registro. ¿En las condiciones actuales, alguien podría creer que algunos de esos partidos, o todos juntos, sean capaces de abanderar a la izquierda, y a la oposición, en Oaxaca?

En efecto, esa resulta ser una pregunta actual y necesaria en Oaxaca. Vemos de entrada que el PRI no tendrá problemas en conformar una bancada de hasta 21 integrantes (los 15 que ganaron su curul en los comicios del domingo, además de hasta seis plurinominales que podrían obtener); que, por su parte, la coalición PAN-PRD integrará una bancada de hasta 12 diputados (los siete de mayoría, y hasta cinco plurinominales según su porcentaje de votación) y que el Partido del Trabajo tendría hasta dos diputados de representación proporcional.

Con estos números, queda claro que el PRI tendrá una bancada fuerte, de 21 diputados, pero incapaz de sacar por sí solo ninguna reforma, ya que al haber una integración total de 42 diputados en el Congreso local, para aprobar una reforma legal se necesitan 22 votos, y para una modificación constitucional son necesarios 28. ¿De verdad demostrarán convicción las fuerzas de izquierda para establecer una oposición madura? ¿O es que alguno(s) de ellos se preparan para asumir el papel de esquirol de su propia —y supuesta— “ideología” política?

De entrada hay dos factores que se deben considerar: primero, que ahora habrá por lo menos tres bloques de izquierda; y segundo, que el ejercer un verdadero papel de oposición no significa estar en contra de todo lo que proponga el gobierno, sino que más bien se trata de equilibrar las posiciones entre el oficialismo y la oposición. Sólo que según la experiencia de las últimas dos legislaturas (que han estado marcadas por la pluralidad de partidos), ese papel de oposición responsable ha sido prácticamente nulo, y más bien se han ido o, al extremo de ser comparsa del oficialismo, o a la postura de convertirse en una oposición inopinada que simplemente establece una postura política por conveniencia pero sin tener capacidad de argumentarla o justificarla.

Este es un asunto por demás importante de cara a la integración de la LXIII Legislatura, y de la nueva administración en el Gobierno del Estado, porque aún con su amplia bancada, el PRI no será capaz de ejercer por sí mismo ningún control sobre el procedimiento legislativo, y de hecho se verá obligado a negociar permanentemente con alguna de las cuatro bancadas con las que conviva en la Legislatura local.

Por todo eso, vale preguntarse si esas bancadas opositoras estarán también preparadas para concertar y convivir con esa rasante mayoría priista, que buscará siempre la forma —confesable o no— de allegarse de los votos y los consensos que necesite.

OPOSICIÓN MADURA

Hay un elemento adicional en este análisis: el proceso electoral, y su contexto, generaron una división entre las fuerzas de izquierda en Oaxaca, que hoy parece irreconciliable: el PRD sufrió una profunda merma con la formalización de Morena como partido político, ya que éste último se llevó más de la mitad de su militancia —comprobable en números—, y además nació siendo por demás crítico con esa izquierda orgánica como hoy concibe al PRD.

A su vez, el PT oaxaqueño seguirá teniendo presencia legislativa gracias a que Benjamín Robles Montoya provocó un cisma en la coalición PAN-PRD, y la ruptura que les costó, a todos ellos, la gubernatura del Estado. En esas condiciones, ¿existiría la forma de actuar juntos o, cuando menos, coordinados ya como bancadas del Congreso del Estado?

Esto tiene mucho de fondo, porque de la respuesta a esa interrogante partirá también la posibilidad de ejercer un verdadero equilibrio al PRI como bancada, y a la nueva administración estatal, también de filiación priista. El reto que tienen tanto el PRD, como Morena y el PT será actuar en congruencia con ciertas líneas no necesariamente para entorpecer cualquier medida que impulse el Ejecutivo, como tampoco para terminar siendo comparsa de éste; más bien, la congruencia tendría que apuntar a una oposición no confrontada entre sí, que fuera capaz de generar el margen de concertación que justamente tratará de romper el PRI para tener una Legislatura más cómoda.

LA IZQUIERDA, A PRUEBA

Al final, ¿quién de ellos tendrá la capacidad de asumir el liderazgo en general de la izquierda opositora en Oaxaca? La bancada perredista está destinada a quedar bajo el liderazgo o de Carol Antonio o de Eva Diego —por ser dos que ganaron su curul por mayoría y que cuentan con más experiencia parlamentaria, frente al reparto de tribus que fue la lista plurinominal final de ese partido—; la de Morena no refleja aún un derrotero claro sobre su posible liderazgo cameral; y la del PT, indiscutiblemente será coordinada por Jesús Romero López, que demostró ser uno de los pocos incondicionales de Robles Montoya en todo este periplo. ¿Quién de ellos tendrá la suficiente convicción y la fuerza para no caer en los extremos, y demostrar que, juntos o separados, pueden seguir siendo una opción democrática sólida para Oaxaca?

Urgente, dar por terminada polémica por legitimidad de candidatos

Alejandro

+ Guerra de lodo convertida en guerra de odio; son pequeños Trump


 

Qué bueno que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diera por terminada la disputa legal por la legitimidad de los candidatos a la gubernatura en Oaxaca. Una vez que el asunto legal quedó definido, es importante que la guerra de lodo, convertida en guerra de odio, entre los candidatos, también se modere. ¿No ven que lo que menos necesitamos los oaxaqueños es más confrontación entre nosotros, y que tampoco necesitamos que las ambiciones políticas suplan la decisión de la ciudadanía frente a un proceso electoral como el que ocurre en la actualidad?

En efecto, la tarde del pasado miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, por unanimidad, que Alejandro Murat Hinojosa se encuentra plenamente legitimado como candidato a la gubernatura de Oaxaca por la coalición PRI-PVEM. También, dicho tribunal estableció un criterio claro definitivo sobre la candidatura de Ángel Benjamín Robles Montoya por el Partido del Trabajo, en la que estableció que no había ilegalidad en su postulación.

En el primero de los casos, la Sala Superior del TEPJF ratificó, por unanimidad, la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca al considerar que “ser hijo de padre o madre oaxaqueño (ius sanguinis) es suficiente para cumplir con los requisitos establecidos”. El máximo órgano electoral explicó, en una tarjeta informativa emitida para clarificar los alcances de su fallo, que “considerar válida sólo la ciudadanía de los nacidos y de los residentes implicaría restringir indebidamente el derecho a ser votado del ciudadano hijo de padre o madre oaxaqueño, de ahí la importancia de realizar una interpretación pro persona para potenciar el derecho a ser votado y el principio de igualdad en la participación dentro de los procesos comiciales.”

El Tribunal Electoral reconoció la oportunidad e importancia de la interpretación pro persona de derechos realizada por el Tribunal local “a efecto de considerar nativo del estado de Oaxaca por tener la calidad de ciudadano oaxaqueño a Alejandro Ismael Murat Hinojosa, y así tener por acreditado tal requisito previsto en el artículo 116, fracción I, de la Constitución Federal, para contender al cargo de Gobernador de esa entidad postulado por la Coalición Juntos Hacemos Más en el proceso electoral ordinario local 2015-2016″.

En el caso de Robles Montoya, la Sala Superior también refrendó lo que desde el primer momento dictaminó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en el sentido de que la candidatura de Robles Montoya no era inconstitucional porque el ex perredista nunca incurrió en el supuesto prohibido por la ley, de participar simultáneamente en los procesos de designación de candidatos de dos partidos políticos.

Más bien, reconoció la Sala Superior, Robles Montoya sí participó en el proceso perredista, pero no así en el del PT, porque éste definió su candidatura después que el PRD y lo hizo a través de un mecanismo en el que hubo una designación pero sin realizar ningún tipo de competencia entre sus militantes o simpatizantes por dicha candidatura.

QUE HABLEN LOS VOTOS

Hemos advertido el riesgo que implica la tentación de algunos partidos por litigar en los tribunales lo que no quieren dirimir en las urnas, con votos. Esa tentación ha tenido como finalidad el tratar de sacar de la competencia electoral a uno o más de los aspirantes, pero no a través de la descalificación democrática, sino de la previa. Ésta vía la han buscado insistentemente a través de la acción en los tribunales.

De hecho, si repasamos la historia del presente proceso electoral encontraremos que el único candidato que no intentó esa vía fue Alejandro Murat, pero que tanto José Antonio Estefan Garfias como Benjamín Robles Montoya maniobraron de todas las formas posibles para sacarse a sí mismos de la contienda, y también de eliminar a Murat que es —o debiera ser— el auténtico adversario común de sus respectivas candidaturas. Con este fallo, el tema legal quedará superado, aunque no así la campaña de odio ampliamente desplegada, que también debiera frenar para dar paso a otro tipo de argumentos. ¿De qué hablamos?

De que durante casi toda la primera mitad de la campaña, hubo una verdadera guerra generadora de odio en el único espacio que ha escapado de la dieciochesca regulación de las autoridad electoral: el espacio virtual y las redes sociales. Ahí se desató una guerra feroz por descalificar a los candidatos respecto a su origen, su aspecto o su supuesta “clase social”. Según los abanderados, ésta era una forma de ganar terreno en la lucha electoral. Sin embargo, lo único que consiguieron fue revivir el viejo esquema del clasismo que ha sido tan traumático para los mexicanos, aderezado con otro ingrediente aún más indeseable: la xenofobia.

El gran mensaje del tribunal electoral, es que todos están legitimados para participar; que paren las campañas de odio, y que todos se preparen para la expresión ciudadana traducida en votos. Así debió ser desde el inicio. Muy a pesar de los propios candidatos.

LA FAMILIA REAL

Eduardo Bautista insiste en que su perfil académico lo avala como candidato a Rector, y no se equivoca. Justo por ese perfil, y por su nula experiencia política, es que su tío Abraham Martínez Alavés, lo eligió como posible sucesor. Pretende extender su maximato, ahora con su sobrino al que, con ayuda del gobierno, ahora pretende utilizar como Rector fachada. Abundaremos.

Si en Oaxaca pierden, ¿en qué se van a convertir las izquierdas?

Partidos

+ Alguno de los abanderados tendría que convertirse en su pastor


 

La división entre las fuerzas de izquierda en Oaxaca es tan profunda, que no sería raro que esos desencuentros terminaran llevándolos a todos a la derrota. En la amplia posibilidad de ese escenario, vale la pena preguntarse cuál sería el destino político de esa cauda de votos y representantes populares, divididos en tres posibles liderazgos que tienen las mismas posibilidades de sobrevivir, pero también de continuar confrontados. En el fondo, si las fuerzas de izquierda no logran dotarse de contenido y orden en sus planteamientos, terminarían abriéndole la puerta a que Oaxaca vuelva a ser un semillero de votos priistas.

En efecto, conforme transcurre el periodo de campañas se puede ver con más claridad cómo la división al interior del grupo gobernante generó un efecto que nadie sabe si alguno de los dos candidatos logrará remontar. Sea como sea, la designación de José Antonio Estefan Garfias como candidato de la coalición PAN-PRD, y la fractura que generó el senador Benjamín Robles Montoya al llevarse su propio capital político y al Partido del Trabajo de la campaña perredista, puede terminar en una división que suma a ambos en la derrota.

En un tercer frente se encuentra Salomón Jara Cruz, que está tratando de capitalizar el trabajo político de Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca. La nuestra, es quizá la entidad federativa en la que el ex candidato presidencial ha invertido más recursos y tiempo, y esa es la explicación del repunte de Jara Cruz en los últimos sondeos de opinión serios realizados en la entidad. No obstante, el problema que enfrenta es el mismo que el PRD de Estefan y el PT de Robles Montoya: que entre ellos no existen vasos comunicantes ni capacidad de acuerdos. Lejos de eso, parece que el común denominador entre esas tres fuerzas de izquierda es la lejanía y hasta la confrontación.

¿Por qué es importante considerar este elemento? Porque, independientemente de cómo termine la elección de Gobernador —en la que uno de los abanderados gana todo, y los demás candidatos se regresan a casa con su derrota a cuestas—, es evidente que todos tendrán cierta representación el Congreso local. A estas alturas, es impensable suponer que en la LXIII Legislatura habrá un bipartidismo o dos grandes bloques de fuerzas políticas coaligadas, como —medio— ha ocurrido en la LXII Legislatura, que está a unos meses de culminar sus trabajos.

Lo natural y previsible, es que la integración de la siguiente Legislatura tendrá la característica de una profunda atomización en las fuerzas de izquierda, y eso provocará que —al margen del resultado— la bancada del Revolucionario Institucional pueda tener una mayoría, pero insuficiente para poder ejercer algún tipo de control sobre las decisiones y aprobación de leyes.

Todo eso resulta importante, justamente porque mucha de la fuerza o debilidad que puedan tener esas pequeñas fuerzas de izquierda (la coalición PAN-PRD, por ejemplo, no volverá a tener 19 diputados, como en la actualidad, sino que ese número será mermado por el PT y Morena), dependerá de la capacidad que tengan de establecer un proyecto conjunto de temas, y de generar algunas sinergias a partir de sus afinidades para actuar en bloque. No hacerlo, hará débiles a todas las pequeñas bancadas, y ello fortalecerá al Revolucionario Institucional que aún teniendo menos diputados que en la actualidad, buscaría la forma de seguir actuando como bloque.

LXIII LEGISLATURA

En la Legislatura siguiente, es previsible que tanto el PT como Morena logren conformar sus propias bancadas (es decir, que tengan más de dos diputados cada uno, provenientes de la ruptura de la alianza PAN-PRD, pero también de la eventual desaparición de algunos de los partidos minoritarios), que el PRI pueda compensar sus pérdidas con la anexión de lo que logre el Verde y Nueva Alianza; y que la Coalición CREO siga funcionando como mancuerna, pero con menos legisladores.

Generar este escenario es importante porque de ahí derivará mucha de la gobernabilidad que tenga el siguiente gobierno durante sus primeros tres años de gestión. ¿Qué va a pasar si las fuerzas de izquierda no logran ni visos de unidad o coincidencias en temas concretos? Simple: aún con una bancada débil (suponiendo que haya gobierno del PRI) éste terminará fortalecido por la división de sus adversarios.

Por esa razón, también entre los abanderados de la izquierda deben comenzar a preguntarse quién de ellos podría quedarse con los residuos de su trabajo electoral actual; si entre ellos podrán generar un solo liderazgo que los aglutine; o si estarán dispuestos a ser —algunos, o todos— arietes del gobierno para completarles las votaciones importantes y para generar división entre sus supuestos correligionarios de izquierda.

En el fondo, deben preguntarse quién heredará los resultados de los comicios legislativos y municipales del 5 de junio próximos. Ahí sí, mucho dependerá de la capacidad política de los liderazgos actuales de la izquierda en Oaxaca.

EL ENEMIGO, EN CASA

A pesar de la supuesta “operación cicatriz” —y de la innegable entrega de más posiciones de las que merecían, tanto en candidaturas como en los espacios de gobierno—, los operadores de medios del evielismo, siguen alentando la misma campaña negra de hace seis meses, en contra del abanderado priista a la gubernatura, en la prensa de la capital del país. ¿Qué nadie lo registra? ¿No lo saben enfrentar? ¿O no lo quieren ver?