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Técnica 6: un espejo de corrupción e intolerancia

+ Una disputa laboral que puede llegar a violencia

 

Prácticamente todo el mes de diciembre, la Escuela Secundaria Técnica número 6 —una de las de mayor tradición y prestigio en la capital oaxaqueña—, se vio envuelta en un agrio conflicto laboral entre su propia planta administrativa y docente que la mantuvo paralizada y asediada, que llegó a involucrar a los alumnos y padres de familia, y que intermitentemente la llevó a detener sus actividades. Será hoy cuando se reanuden las labores en esa institución, y con ella también se reavivará una disputa que en cualquier momento podría llevar a una inadmisible confrontación violenta.

Todo aquel que conoce la historia reciente de esa institución educativa, sabe que desde el 2006 la llamada Técnica 6, no ha tenido estabilidad ni descanso. Entre el propio magisterio, son famosas las historias oscuras que existen sobre la utilización de las instalaciones de esa escuela, para diversos fines relacionados con la revuelta magisterial y popular ocurrida aquel año.

Luego, al año siguiente, en 2007, un grupo de profesores fue expulsado de dicha institución, en buena medida por cuestionar al director de la Técnica 6, Miguel Ángel Carrasco Orozco, respecto de la autorización que él dio durante aquellos aciagos días, para que las aulas sirvieran para dichos fines, nada apegados a los principios educativos.  El argumento de la traición al movimiento magisterial utilizado por el profesor Carrasco —un distinguido simpatizante y protegido de la radicalizada Unión de Trabajadores de la Educación—, fue suficiente para que dichos profesores fueran finalmente removidos de sus funciones en esa institución, y ubicados en otros centros de trabajo.

Hoy, nuevamente el profesor Carrasco Orozco pretende resolver sus problemas, manipulando a padres y alumnos, victimizándose, y valiéndose de verdades a medias. Sólo que si antes fue un mero asunto de intolerancia, hoy lo que pesa en su contra son graves —y probados— señalamientos de corrupción, extorsiones, y manejo discrecional e irregular de los recursos económicos, de la que resulta ser la secundaria pública más grande y numerosa del Estado.

En los casi doce años que lleva al frente de dicha institución, el director Carrasco Orozco ha mantenido en la total secrecía el millonario manejo de recursos que se genera a partir de las cuotas entregadas por los padres de familia —inscripciones, fichas para acceder al proceso de admisión y demás—, por el manejo de la cooperativa escolar, y por el redituable negocio que le había resultado comerciar con calificaciones, con la aprobación de alumnos irregulares, la manipulación de listas de asistencia e incluso la expedición de certificados de estudio, de alumnos que hoy cursan educación preparatoria pero que no concluyeron legalmente su instrucción secundaria.

 

NIDO DE CORRUPCIÓN

Todo comenzó a principios de 2009, cuando un grupo de jóvenes que vestían uniformes de una preparatoria de la UABJO ingresaron a la Técnica 6 a mofarse de algunos profesores. Esto porque en el ciclo escolar anterior, esos jóvenes habían sido sus alumnos y no habían aprobado ciertas materias. Según los profesores, esos alumnos no habían presentado exámenes extraordinarios, y sin embargo habían conseguido sus respectivos certificados de estudio, que ya les permitía estar inscritos en una institución de educación media superior.

Ese hecho llevó a algunos catedráticos a hacer ciertas indagaciones que los llevaron a la conclusión de que, en efecto, la Técnica 6 les había extendido certificados de estudio. Se descubrió, con eso, que más de 40 listas de calificaciones habían sido manipuladas, y que algunos catedráticos habían sido presionados para modificar el resultado de las evaluaciones que ya habían aplicado, para beneficiar a ciertos alumnos.

Así, en marzo de 2009, un grupo de profesores solicitó por escrito al director Carrasco, que explicara el motivo por el que había alteración de calificaciones y, sobre todo, cómo varios ex alumnos irregulares ya habían conseguido sus certificados. El directivo nunca ofreció explicación alguna. Más bien, simuló el inicio de una investigación que, al final, exoneró a Martha Cruz Díaz —la supuesta responsable de la alteración de las listas— y no arrojó resultado alguno sobre esos actos de corrupción —que ya para entonces estaban plenamente documentados.

Tal antecedente, llevó a la Junta de Directivos de esa institución, a exigir a Carrasco la total clarificación del proceso de admisión de alumnos para el ciclo escolar 2009-2010. Hasta entonces, éste se encontraba bajo un esquema discrecional de recepción de aspirantes, el cual se prestaba a jugosos negocios relacionados con la venta de los espacios. Para transparentar dicho proceso, se nombró una comisión de profesores para encabezar esos trabajos.

Eso desató la ira del director Carrasco, que ya no pudo incidir en los resultados, ni tener acceso a las listas de admisión. Es decir, que le arrebataron un negocio en el que la admisión de un alumno se vendía en montos superiores a los 10 mil pesos. A partir de entonces, comenzó a hostigar a quienes integraron la Comisión, y éstos solicitaron al IEEPO una investigación sobre las múltiples irregularidades que pesaban en su contra.

El resultado no le fue benéfico: el 18 de diciembre, la comisión del IEEPO que revisó la documentación y finanzas internas de la Técnica 6, determinó responsabilidad sobre 17 administrativos y catedráticos —incluyendo a Carrasco y a tres de los seis integrantes de la Comisión que denunció tales irregularidades— que ya quedaron separados de esa institución.

 

FOCO ROJO

Sobre Carrasco Orozco pesa un millonario desfalco derivado del manejo de la Cooperativa Escolar. En 10 años, a nadie entregó cuentas de ese rubro. Quedó también en evidencia la red que tejió para sostener sus negocios, haciendo cómplices a profesores y administrativos, que hoy lo defienden para no perder algunos privilegios obtenidos por esa vía. Pero la realidad le pesa: 14 de sus coautores están separados de sus labores. Y él pretende sostenerse ocultando todas esas irregularidades, y manipulando cobarde y engañosamente hasta a los alumnos. Así, hoy que reinician las clases, será presentado el sustituto del director Carrasco. Y éste no escatimará esfuerzos —incluida la violencia, el paro de labores o el atrincheramiento— para sostener su cargo, su corrupción, y a sus cómplices. Qué lamentable por la Técnica 6, que hasta antes de Carrasco Orozco, era modelo de pulcritud, competitividad y hasta elitismo en la educación pública de la capital oaxaqueña.

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Conspiración de fuego, Oaxaca y el eco del 2006

+ Bicentenario: temor por guerrilla ¿y anarquismo?

 

Al arrancar el presente año, ocurrieron varias explosiones con petardos y materiales explosivos de fabricación casera, en una decena de puntos dispersos de varias entidades de la República mexicana. La acción fue reivindicada por una organización anarquista denominada “Conspiración de fuego”, que dice tener presencia en algunas regiones del país, entre ellos Oaxaca. Casi de inmediato, comenzaron las especulaciones sobre el impacto que podría tener nuestra entidad en todo ese asunto, y de nuevo se agudizaron algunos de los fantasmas de la insurrección social que rondan sobre el año que transcurre. Es necesario comprender a cabalidad esta situación.

Oaxaca ha tenido una presencia destacada en cuanto a la insurrección social. De aquí han surgido líderes sociales históricos, que en su momento emprendieron la lucha no sólo por la vía política, sino también por la vía armada y también por el anarquismo. No es casualidad que de Oaxaca emergieran algunos de los más acendrados cuadros de los grupos subversivos que existieron en los años de la llamada “guerra sucia”, ni de que el anarquismo aquí tenga una figura icónica en los hermanos Flores Magón, a principios del siglo XX. Incluso, el referente más próximo se encuentra en el conflicto magisterial y popular de 2006, en el que todos esos grupos tuvieron presencia física, y contribuyeron de modo importante en la determinación el rumbo de la revuelta y la agitación social.

Sin embargo, así como nuestra entidad se aparece como un potencial foco rojo en las advertencias de los grupos anarquistas que desde septiembre del año pasado se hicieron presentes en el país, es necesario comprender que anarquismo no es lo mismo que guerrilla, ni que tampoco es una condición indispensable que la ejecución de actos de propagandismo convierta a toda una entidad, o a todo un país, en un inminente escenario de riesgo para las acciones de los grupos armados. Es necesario, pues, ubicar las cosas en sus dimensiones justas y no en incertidumbres infundadas.

A grandes rasgos, los grupos subversivos como los conocemos en México, tienen no sólo finalidades armadas, sino que más bien sus objetivos y sus estructuras son de tipo político, pero contando con brazos ejecutores que adquieren la calidad de “ejército”, “milicias insurgentes”, “comandos” o “brigadas”. Además de ello, todo grupo armado tiene una estricta formación militar, pero sobre todo ideológica, fines políticos, postulados ideológicos bien delineados y encaminados, elementos de investigación e inteligencia, y relaciones de fraternidad y camaradería con núcleos sociales y con sus propias estructuras políticas y de acción armada.

En ese sentido, es necesario comprender al anarquismo no con descalificaciones y mucho menos con contrasentidos, sino como grupos que tienen una estructura política, ideológica e incluso de organización para fines de propagandismo y autodefensa armada, mucho menos elaborados que los de la guerrilla.

A diferencia de los grupos subversivos —que buscan instaurar un modelo de Estado y una forma de gobierno distintas a las existentes, tomando el poder por la vía violenta y no a través de las vías institucionales—, los grupos de anarquistas simplemente buscan extinguir al gobierno, pero sin plantear formas o esquemas específicos que pudieran regir a la sociedad en el momento en que ellos alcanzaran sus objetivos.

Así, en lo general, podría pensarse que, con los alzamientos que cada uno de esos grupos propone, esas dos tendencias buscan el mismo objetivo, que es el de declararle la guerra al Estado. En lo particular, es evidente que, independientemente de las relaciones que pudieran existir entre la guerrilla y el anarquismo, sus objetivos son ampliamente distantes entre sí.

 

Y OAXACA, ¿QUÉ?

La pregunta es pertinente. Porque aquí manifiestan tener presencia importantes grupos subversivos, y ahora también la organización anarquista de la que ahora hacemos mención. Para nadie es oculto, que esas dos tendencias tuvieron presencia en Oaxaca durante el conflicto magisterial del 2006, y que fueron las principales estrategas de las acciones de autodefensa que entonces emprendieron —y, en muchos casos, lograron con éxito— los grupos que encabezaban la revuelta.

Es evidente que independientemente de sus diferencias y afinidades, esos grupos tenían fines paralelos. Podría decirse, incluso, en un sentido más específico, que los anarquistas que se apersonaron en Oaxaca durante el conflicto magisterial —junto con los profesores radicales, algunas organizaciones de defensa de los hechos humanos que participaron activamente, y otros núcleos sociales como los panchosvillas o los atencos— eran algún tipo de grupos periféricos de la guerrilla.

¿Por qué? Porque dichos grupos buscaron, por distintas vías y con distintos métodos, un mismo resultado. Dicho resultado, era en primera instancia lograr el derrocamiento del gobernador Ulises Ruiz, y después buscar la instauración de un régimen afín a sus intereses. Evidentemente fallaron. Y fue así no sólo porque, todos juntos, no lograron la caída del gobernador Ruiz, sino porque tampoco fueron capaces de conducir su esquema de lucha más allá de la momentánea confrontación violenta, y porque no tuvieron la capacidad suficiente para sostener sus bases más allá del momento excepcional de insurrección que fue el 2006 en Oaxaca.

Nadie puede negar que grupos como el EPR tienen presencia en Oaxaca; del mismo modo, sería imposible sostener que Conspiración de fuego, u otras organizaciones están ausentes del Estado. Sin embargo, tales circunstancias no necesariamente deben llevar a pensar que su presencia tiene potencial para convertirse en una nueva cuna de la insurrección.

 

SENSACIONALISMO

Sin duda, alguno de esos grupos podría, en cualquier momento, manifestar su presencia en el Estado a escalas importantes. Sin embargo, los antecedentes más bien apuntan a que aquí su presencia es disimulada, o de acciones de orden político pero no de sabotaje o propagandismo. Desde agosto de 2007, no ha habido en la entidad manifestación física alguna (petardazos, bombazos o algo similar) por parte de la guerrilla. En el inter, se les ha querido responsabilizar por la ejecución de algunos ex jefes policiacos (Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez) aunque éstos han negado toda relación con los hechos. Así, Conspiración de fuego debería ser entendida como lo que es, pero sin ser convertida en vehículo de especulaciones o sensacionalismos que no tienen fundamentos sólidos sobre nuestro Estado.

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Juanito: precedentes de Oaxaca, rebasados por PRD

+ Democracia, de nuevo en entredicho por Iztapalapa

El conflicto magisterial y popular de Oaxaca, ocurrido de mayo a diciembre de 2006, dejó importantes precedentes en cuanto a lo que debe entenderse por ingobernabilidad. Más allá de las causas y las motivaciones políticas y partidistas, aquel episodio sirvió a los poderes del Estado para determinar con mayor precisión cuáles son los límites en la actuación de un gobierno, y en qué forma y medida deben utilizarse los mecanismos que establece la propia Constitución Federal para determinar la desaparición de los poderes públicos en una entidad. Nada de esto parece estarse hoy tomando en cuenta, en el Distrito Federal, ante la crisis en Iztapalapa creada por el hasta ayer delegado, Rafael Acosta López, “Juanito”.

Es necesario, en primer término, recordar qué fue lo que, a grandes rasgos, ocurrió en Oaxaca durante 2006. En aquel año, una pugna salarial de los profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE fue mal conducida por el Gobierno del Estado. Lo que parecía una jornada más de inconformidad, pronto se convirtió en un asunto delicado, cuando la Administración Estatal determinó utilizar a la fuerza pública para disolver la invasión a la vía pública que entonces existía, y obligar a los profesores a regresar a las aulas. Los errores de cálculo tanto en el operativo policiaco como en los efectos políticos que esto tendría, desencadenaron una crisis social y política nunca antes vista.

¿Por qué? Porque aún cuando ésta no era ni la primera ni la más prolongada ni la más radical de las protestas magisteriales, sí fue la primera que generó un desbordamiento social capaz de generar reiterados brotes de violencia. Por primera vez, las fuerzas estatales de seguridad fueron puestas contra la pared y superadas en número y capacidad por los grupos inconformes, que durante meses tomaron el control de las calles y establecieron sus propias normas de conducta a los ciudadanos.

En aquellos meses, había en la capital oaxaqueña un exacerbado sentimiento de polarización social y política, y los grupos inconformes tomaron diversas previsiones para generar una percepción de ingobernabilidad que, según ellos, llevaría a los poderes federales a decretar la desaparición de poderes en la entidad, y lograr así la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Para ello, sólo en la capital y su zona conurbada, los grupos de manifestantes bloquearon las sedes de los tres poderes del Estado; interrumpieron la actividad de los juzgados de primera instancia y de las dependencias de la administración estatal; sin embargo, aún con ello los poderes siguieron funcionando: el Poder Legislativo continúo con su actividad en sedes alternas, el Poder Judicial remitió su actividad más apremiante a los juzgados de los distritos aledaños. Y el más mermado fue el Ejecutivo, pues se vio impedido para otorgar todos los servicios que le marca la ley.

Sin embargo, ante las solicitudes planteadas por los grupos inconformes y por el propio Partido de la Revolución Democrática, respecto a la urgencia de indagar y dictaminar la desaparición de poderes en Oaxaca, una comisión del Senado de la República se apersonó en la capital para evaluar la situación y establecer los parámetros necesarios a través de los cuales pudiera determinarse si, en efecto, aquí habían desaparecido o no los poderes.

El resultado es, de todos, conocido: el Senado admitió que había ciertas interrupciones en la prestación de algunos servicios públicos; pero que de ninguna manera podía considerarse que eso era sinónimo de ingobernabilidad. Al no darse tal situación, dijeron, era imposible continuar legalmente con un proceso de desaparición de poderes, porque por esto último debía entenderse que toda la actividad de los tres poderes se encontraba entorpecida de modo permanente.

CANIBALISMO

Uno de los principales promotores de la desaparición de poderes preconcebida fue el Partido de la Revolución Democrática, en conjunto con sus fuerzas hermanas (el Partido del Trabajo y Convergencia): ellos pugnaron porque en Oaxaca se determinara esa situación aún antes de que se apersonara aquí una comisión que corroborara los hechos y las circunstancias, y de que los representantes de los poderes del Estado presentaran sus propias pruebas y alegatos como garantía de defensa. Eso que no pudieron hacer tres años atrás ante el conflicto magisterial de nuestra entidad, ahora sí lo consiguieron en Iztapalapa. ¿Por qué?

Porque el caso de Rafael Acosta López fue resuelto exactamente del modo en que los perredistas hubieran querido que concluyera la crisis magisterial de Oaxaca: con una negociación oscura y antidemocrática; con la simulación de la legalidad; y con un manotazo que dejara satisfechos a los grupos de poder aún cuando esto fuera totalmente carente de legitimidad. Veamos por qué.

Acosta López ganó los comicios en Iztapalapa, ciertamente, por la disposición de López Obrador de apuntar a su favor todas las estructuras electorales con las que cuenta en esa demarcación. Sin embargo, como en todos los procesos del sector público, la verdad que vale es la verdad legal. Y Rafael Acosta fue electo no sólo legal, sino constitucionalmente como Jefe Delegacional. Nadie objetó la legalidad y legitimidad de su triunfo. Y por tanto, cualquier maniobra para destituirlo atacando su persona era no sólo infundada, sino abominable.

Quizá por eso, al final los grupos de poder perredistas del Distrito Federal decidieron atacarlo por la vía de la declaración de ingobernabilidad en el territorio que hasta ayer gobernaba. Ningún señalamiento fue elocuente y, mucho menos, afianzado a través de probanzas. Todos supusieron que por su poca capacidad intelectual y problemas de salud, era incapaz de gobernar; las protestas populares que generó la crisis política en esa demarcación fue comprendida como legitimidad. Y derivado de una negociación política en la que se puso sobre la mesa la constitucionalidad de su encargo, ayer fue forzado a presentar su licencia definitiva al cargo.

¡VAYA DEMOCRACIA!

En el caso de Iztapalapa, a nadie en la Asamblea o el Gobierno del DF nadie le interesó apoyarse en los precedentes de lo que exactamente debe entenderse por ingobernabilidad, que se generaron a partir del conflicto magisterial de Oaxaca. Ahí les bastaron sus suposiciones para establecerlas como una verdad legal, y a partir de eso actuar en consecuencia para satisfacer a los grupos de poder que dominan. Era lo que les interesaba. ¿Pero qué tal que eso lo hubiera hecho un gobierno panista en contra de ellos?

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25 de noviembre: revuelta se disipó; impunidad, no

+ Tres años después, “arreglos” e impunidad: el saldo

Estos son los tres discursos que seguramente se podrán escuchar el día de hoy, en el marco del tercer aniversario del más violento enfrentamiento ocurrido entre la PFP, y los integrantes de la Sección 22 del SNTE y la APPO, durante la revuelta popular de 2006. Los grupos que entonces figuraban como inconformes, evocarán la represión de que fueron objeto; el Gobierno del Estado reiterará la concordia y el diálogo con esas y todas las expresiones ciudadanas; y el gobierno federal se seguirá acogiendo a la declaración de inocencia, que hace unas semanas emitió a su favor la Suprema Corte de Justicia sobre su actuación en el conflicto. Más allá de esos discursos previsibles, el resultado de esa jornada se traduce en dos palabras: impunidad total.

¿Qué ocurrió el 25 de noviembre de 2006? Recordemos algunos detalles de aquellos episodios: las fuerzas federales habían ingresado a la capital oaxaqueña 27 días antes; en varias ocasiones luego de la llamada “toma de Oaxaca” —ocurrida el 29 de octubre— habían ocurrido algunos enfrentamientos menores entre la PFP y células de las organizaciones inconformes. Ya para entonces, la APPO había sido reforzada lo mismo por cegeacheros de la UNAM, que por integrantes de los movimientos sociales conocidos popularmente como “los atencos”, “panchosvillas”, y asesores provenientes de la guerrilla, entre otros, sin dejar de lado a quienes espontáneamente salían a las calles a reforzar la lucha.

El 25 de noviembre de 2006, la APPO llamó a la celebración de la Séptima Megamarcha, en protesta por la represión, por el incumplimiento a sus demandas, y por la presencia de las fuerzas federales en la capital oaxaqueña. Los organizadores de esa movilización, anunciaron el establecimiento de un cerco humano —de duración indefinida— a los elementos federales que se hallaban apostados en el Centro Histórico, con el objeto de minarlos y obligarlos a retirarse. La idea era tenderles un auténtico Estado de Sitio, que los diezmara y les cortara el abastecimiento de todo tipo de insumos.

La APPO, sin embargo, no logró la convocatoria esperada. Para entonces, la constancia de los enfrentamientos, y la violencia que habían mostrado los seguidores más radicales del movimiento social, desanimaron a muchos oaxaqueños que en otras condiciones sí habrían salido a atender el llamado. Ante la escasez de elementos humanos, la APPO no pudo tender el cerco anunciado a la PFP y, en apariencia, la marcha iba a terminar con un mitin político y algunos brotes aislados de violencia.

No fue así. De entre las columnas de inconformes emergieron las células de choque, que en otros momentos ya habían actuado en contra de los federales. El enfrentamiento comenzó, a pesar de que el entonces principal dirigente visible del movimiento, Flavio Sosa, trataba de llamar al orden a sus seguidores. Él mismo fue encarado por quienes ya se enfrentaban a la PFP, perdiendo el control total de la marcha.

El saldo fue negativo para todos: las fuerzas federales detuvieron a 149 personas, bajo los cargos de haber participado en esa jornada violenta. El choque duró varias horas, dejando como saldo una veintena de edificios incendiados en el Centro Histórico, alrededor de un centenar de automóviles incendiados, y una sociedad oaxaqueña agraviada por ser testigo presencial de cómo la ignominia llegaba a su punto crítico en medio de un movimiento que parecía tener más beligerancia que rumbo político.

3 AÑOS DE IMPUNIDAD

Cuando esa jornada violenta ocurrió, la Policía Federal mostró que sus eficaces métodos de disuasión de agitaciones sociales, en realidad no lo eran tanto. A pesar de las detenciones logradas, el costo del enfrentamiento fue alto, porque la ciudad quedó envuelta en llamas, porque cientos de oaxaqueños resintieron agravios en sus derechos, persona o patrimonio, y porque finalmente ninguno de los cargos bajo los cuales fueron aprehendidos los 149 presuntos appistas que participaron de los disturbios, fue sostenible ante los tribunales competentes.

La eficacia del Gobierno del Estado, también quedó en una duda que hasta hoy no puede despejarse. Luego de aquel hecho culminante —en que la PFP retomó por completo el control de la capital oaxaqueña—, la administración estatal prometió aplicar todo el peso de la ley para los responsables de los disturbios.

Por si esto fuera poco, ese fue el momento que marcó la erradicación de la legitimidad y el rumbo político que entonces parecía tener el movimiento popular. La APPO se desentendió totalmente de las exigencias políticas que le marcaba el momento, y prefirieron optar por el aprovechamiento de la bandera de la represión y la existencia de presos políticos, para sostener su existencia para los meses siguientes. Es decir, que las banderas de la democratización de Oaxaca, fueron guardadas para un mejor momento —que, para ellos, aún no llega.

Así, todos fallaron y lo que coronaron fue la impunidad: más temprano que tarde, en 2007, el gobierno estatal y los grupos inconformes volvieron a sentarse a la mesa de diálogo. El entonces secretario General de Gobierno, Manuel García Corpus, estableció como su principal herramienta de negociación con la APPO y la Sección 22, la de la impunidad. Así, el procurador Evencio Martínez se convirtió en asesor de los inconformes, y los recursos de desvanecimiento de pruebas permitieron la exoneración de todos los acusados como responsables.

Pensemos que, en efecto, los 149 detenidos en esa jornada son inocentes. Es —nos guste o no— la verdad legal. El problema, para todos, es que nadie pagó —ni pagará— por los quebrantos a la ley, al patrimonio público, y al de terceros, que entonces se cometieron. Todos se conformaron con transigir sus pretensiones e intereses. Por eso, el 25 de noviembre no debía evocarse ni la represión ni la violencia y el restablecimiento del orden. Es un ejemplo negro de cómo la impunidad en Oaxaca avasalló a todos por igual.

NUESTRA INFAMIA

Esto apuntamos hace un año, y hoy lo reiteramos: “Aunque parezca una afirmación ‘políticamente incorrecta’, ojalá que nadie rehabilite el edificio del Tribunal Superior de Justicia (…) Ojalá que siga así, para que cada que pasemos por ahí, el inmueble en ruinas nos haga recordar de lo que hemos sido capaces de hacer, en contra de nosotros mismos. Ojalá que al menos así, podamos obligarnos a tener un poco de memoria histórica.”

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25 de noviembre: la ignominia, tres años después

Adrián Ortiz Romero Cuevas

                                                                La jornada de lucha magisterial y popular ocurrida el 25 de noviembre de 2006, quedará marcada en la historia de Oaxaca, como la más violenta e ignominiosa que haya ocurrido en el pasado reciente. Contrario a todos los postulados de un movimiento social de raíces genuinas de cambio y vocación pacífica, aquel fue un episodio que dejó ver en toda su magnitud los claroscuros no sólo del movimiento magisterial, sino de todos los actores de la revuelta. Tras episodios tan aciagos como el antes mencionado, los grupos en pugna llegaron a diversos arreglos. Y finalmente, todo quedó envuelto en la halitosis que acompaña a la impunidad y el olvido, que todos han profesado a la víctima final… que fue la sociedad oaxaqueña.

Para unos, el saldo final de la revuelta magisterial puede contabilizarse a partir de los quebrantos políticos sufridos. Quienes gobiernan la entidad, tuvieron en el conflicto social un duro golpe que vino a poner en entredicho lo mismo eficiencias en el servicio público que calidades morales, e incluso aspiraciones a futuro. Para el sector gubernamental, la crisis magisterial puede cuantificarse aún hoy en los proyectos y aspiraciones políticas que se vieron canceladas por dicho episodio.

En el lado contrario, en el del magisterio y los grupos sociales que participaron activamente en la revuelta, los daños se cuantifican de otro modo: en primer término, los orquestadores del conflicto popular no pudieron conseguir el objetivo político primordial para el que se alzaron en 2006: la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, ha sido para ellos un anhelo cancelado por la realidad, por las circunstancias y por las debilidades mismas de su movimiento. Sus saldos también son calculados en base a las agresiones físicas sufridas, los decesos que trajo aparejada la crisis, y las banderas políticas, sociales y partidistas a través de las cuales trataron de sostener su movimiento hasta que, prácticamente, se les diluyó en las manos.

Nadie, sin embargo, “tuvo a bien” acordarse de la víctima final en este conflicto: la sociedad. Durante siete largos meses, los oaxaqueños comunes fuimos víctimas involuntarias de un conflicto en el cual no existía una causa o interés que verdaderamente involucrara a todos. Durante ese tiempo, la sociedad en general vio coartadas todas sus libertades y garantías fundamentales. Fue también, víctima de todo tipo de quebrantos físicos, morales y patrimoniales que, hasta ahora, nadie ha tenido a bien cuantificar ni solventar. En ese sentido, el episodio vivido el 25 de noviembre es una muestra fehaciente de todo lo que hasta ahora se mencionado.

EL CONTEXTO

El actual grupo gobernante encabezado por el gobernador Ulises Ruiz, arribó a la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado bajo un fuerte cuestionamiento por parte de los grupos opositores. Su argumento principal, era que éste habría triunfado en los comicios a través de un fraude. No obstante, ante los tribunales de la Federación, ninguno de sus grupos opositores pudo demostrar que, en efecto, los señalamientos vertidos tenían sustento en la realidad.

Así, la administración del gobernador Ruiz anunció que a partir de entonces el diálogo político con las organizaciones sociales dejaría de estar sujeto a las prebendas y las presiones económicas. Datos proporcionados en su momento desde el sector oficial a distintos medios informativos, daba cuenta que las administraciones anteriores entregaban anualmente una cifra superior a los 400 millones de pesos, para mantener en paz a más de trescientas organizaciones sociales que periódicamente arribaban a Oaxaca a negociar la estabilidad a cambio de dinero.

En esa lógica, desde el primer día de gobierno de Ruiz, uno de los puntos álgidos se encontraba en la negociación con la Sección 22 del SNTE. No obstante, en el año 2005 —cuando la actual administración tenía escasos seis meses en funciones— las pláticas con el llamado “magisterio democrático” fueron sorprendentemente tersas. Hubo menos de una semana de plantón magisterial, y pronto fueron retomadas las tareas educativas. El Gobierno del Estado se había apuntado una importante victoria a su causa. Y las nuevas instancias negociadoras se legitimaban fuertemente como tales.

Sin embargo, pronto llegó el 2006. Con ese año, llegó la efervescencia electoral por la inminencia de las elecciones federales donde se renovaría el Poder Ejecutivo y Legislativo Federal. El candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, era el mentor político del gobernador Ruiz, y uno de sus amigos más cercanos. El Mandatario oaxaqueño era una pieza clave de su cuerpo de estrategas, y por ende hubo la especulación durante los primeros días del 2006, respecto a si el gobernador Ruiz habría de solicitar licencia a su cargo para integrarse de lleno en alguna de las coordinaciones de la campaña presidencial priista.

Nada de ello ocurrió. De hecho, los reportes oficiales de la época daban cuenta de intensas giras de trabajo que realizaba el gobernador Ruiz varios días a la semana en el interior del Estado. Pero nada de eso se reflejaba en los medios informativos. Muchos de éstos, al contrario, aseguraban que entonces era imposible encontrar al Gobernador en Oaxaca, que había delegado sus funciones públicas en algunos colaboradores, y que estaba metido al cien por ciento en la campaña presidencial priista.

Mientras ello sucedía, crecía el encono de las organizaciones sociales en contra de la administración estatal por tener cerrada la llave de los recursos públicos. La Sección 22 afinó sus simpatías políticas con los sectores radicales que ya para entonces apoyaban al candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador; la guerra política que comenzó a librarse entre regímenes políticos por el cese de algunos funcionarios estatales, y el cúmulo de decisiones erradas, fueron factores determinantes para generar la mayor crisis social y política de que se tenga memoria en Oaxaca.

Así pasó el 14 de junio de 2006 con el desalojo fallido, las primeras jornadas de lucha del magisterio, la intensificación de la crisis, la toma de radiodifusoras y los enfrentamientos violentos, el desdén federal al conflicto y, finalmente, luego del homicidio de Brad Will, el arribo de las fuerzas federales a Oaxaca. Todo tuvo como contexto una feroz guerra de intereses políticos. Pero también, el del ataque sistemático y constante a una sociedad olvidada e indefensa, que fue quien finalmente pagó todas las consecuencias de una crisis que ha resultado intrascendente en todos los sentidos.

HERENCIA NULA

La Sección 22 del SNTE, la APPO y todas las organizaciones y fuerzas políticas que encabezaron la revuelta social de 2006, plantearon una sola exigencia: la renuncia del Gobernador del Estado. Ello no ocurrió. Sin embargo, durante meses, el movimiento social tuvo la suficiente fuerza como para emprender cambios sociales, políticos e incluso constitucionales, que permitieran dar viabilidad democrática a los procesos políticos estatales en el futuro. Nada de eso ocurrió.

Los grupos inconformes en diversos momentos sostuvieron que querían cambios para Oaxaca. En los momentos cruciales, no supieron impulsar esos cambios ante el alto grado de sensibilidad que tuvo la sociedad oaxaqueña —y la de todo el país—, a los planteamientos que hacían. Lejos de generar posicionamientos políticos serios y de avanzada, los grupos inconformes fueron rebasados por la violencia, la sinrazón y el radicalismo. Prefirieron sepultar a golpes su movimiento, antes que darle una trascendencia específica que remontara y justificara todos agravios que se estaban acumulando en el entorno social de la entidad. El 25 de noviembre de ese año, ocurrió un enfrentamiento que reveló la crisis interna de ese movimiento, y que consolidó un daño económico hasta ahora impune, que continúa resintiendo el pueblo de Oaxaca.

 

QUEBRANTOS OLVIDADOS

Ante las instancias jurisdiccionales estatales y federales, fueron interpuestas más de 8 mil denuncias penales por ciudadanos que, de uno u otro modo, fueron agraviados durante la crisis magisterial. Fueron seis meses en los que en la capital de Oaxaca no hubo fuerzas de seguridad, ni orden, ni garantías de que los derechos básicos de toda persona serían respetados.

En esas ocho mil denuncias existieron lo mismo señalamientos por robos, abusos físicos, asaltos violentos, “levantones”, daños patrimoniales, incendio, lesiones y demás. Durante toda la crisis magisterial, todos los sectores productivos de la entidad sufrieron daños, pérdidas y robos incalculables. Muchos comercios importantes de Oaxaca se vieron obligados a cerrar sus puertas, o a recurrir al endeudamiento para soportar la crisis. Innumerables empresas y entidades públicas fueron saqueadas reiteradamente por los inconformes. Muchas familias se quedaron sin sustento. Y todos, todos, perdimos la tranquilidad y la paz con la que se vivía en Oaxaca hasta antes del conflicto.

Así, la jornada del 25 de noviembre fue la combinación de todos esos quebrantos. Los grupos inconformes pretendieron tender un cerco pacífico a las fuerzas federales, que entonces se encontraban apostadas resguardando el Centro Histórico. Pronto la manifestación se les salió de control y desbordó en violencia. Grupos hasta ahora no identificados incendiaron una treintena de edificios públicos y domicilios particulares de la zona. Quemaron casi medio centenar de vehículos y provocaron daños irreparables al entonces edificio sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ese daño, como casi todos, hasta ahora sigue impune y ni siquiera ha sido cuantificado por propios o extraños.

 

SALDO DE IMPUNIDAD

Nadie pisó la prisión por ese y todos los episodios de la crisis magisterial. Los grupos inconformes acusaron al gobierno de perseguir por razones políticas a quienes participaron en la revuelta. Fue una verdad a medias: finalmente, inconformes y gobernantes pactaron la paz de Oaxaca a través del otorgamiento de recíprocas concesiones de impunidad y recursos económicos. Todo volvió a la normalidad de antes. Pero en ese manto de impunidad, lo mismo se cobijaron verdaderos luchadores sociales que podrían ser perseguidos por asuntos políticos, que quienes ocasionaron incuantificables daños a Oaxaca.

Nadie respondió nunca por los quebrantos. La sociedad tuvo que absorber, con sus propios medios y con sus propias vicisitudes, los daños que causaron sin reparo alguno los protagonistas principales del conflicto magisterial, y particularmente de la jornada violenta del 25 de noviembre de 2006. El gobierno de Oaxaca jamás se responsabilizó por algo de eso, ni tendió verdaderos apoyos a los particulares para superar este episodio. El gobierno federal hizo lo mismo. Y hoy, los grupos sociales se han vuelto a envolver en las banderas de la victimización para no asumir sus responsabilidades. Es decir, que todos dejaron en el olvido a una sociedad lastimada y agraviada por un conflicto que no legó a Oaxaca beneficios democráticos y que, aún con eso, estuvo también lejos de convertirse en la primera revolución del siglo XXI, como tanto se habían ufanado.