+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Candidatura de Sosa, una provocación para fuerzas políticas

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+ PRI: injerencia ociosa; La Coalición, rehén de sus fantasmas

La postulación de Flavio Sosa Villavicencio como candidato a diputado local plurinominal por el Partido del Trabajo, enfrentó a todas las fuerzas políticas en Oaxaca, a sus más reprimidos fantasmas. Cada uno de los partidos asumió posturas no propias de una democracia. Ante dicho anuncio, afloraron las intromisiones, los rubores y las falsas vergüenzas, entre todos los que pretenden evadir las responsabilidades de fondo sobre el conflicto magisterial y popular de 2006, y más bien pretenden valerse de él para sacar ventaja a sus adversarios.

Apenas habían pasado unos días, desde que el PT dio a conocer su lista de postulaciones a la diputación local por la vía de la representación proporcional, cuando representantes de la dirigencia estatal del PRI —Adolfo Toledo Infanzón y Héctor Pablo Ramírez— emplazaron a la Coalición opositora a retirar de sus candidaturas a Sosa, por considerar que éste es “un criminal no debe estar, ni en las instituciones ni haciendo leyes”.

Sorprendentemente, en la Coalición opositora también trataron de recular. Ayer mismo, los dirigentes estatales tanto del Partido Acción Nacional, como del PRD, PT y Convergencia —Carlos Moreno, Amador Jara, Daniel Juárez y Mario Mendoza— llamaron a Sosa a “reconsiderar” su postulación, y a anteponer el interés y las posibilidades de triunfo de la Alianza opositora. Así, todos los que se han servido de los actores y los hechos acontecidos durante el conflicto magisterial de 2006, hoy asumen supuestas posiciones “de pureza” no propias de partidos políticos maduros.

En primer término, es claro que la injerencia del Revolucionario Institucional en un asunto estrictamente privado de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, era no sólo innecesaria, sino incluso condenable. Les guste o no a los tricolores, todas las determinaciones ocurridas en fuerzas políticas ajenas a ellos —independientemente del contenido de las mismas, por más abominables que éstas pudieran ser— no tienen por qué ocuparles, y tampoco les dan legitimidad para exigir acciones o abstenciones.

Y, del mismo modo, les guste o no a los priistas, Flavio Sosa es un personaje que, independientemente de los calificativos que ellos le endilguen, e incluso de que los ciudadanos podamos o no estar de acuerdo con su postulación, tiene vigentes todos sus derechos políticos; Sosa, por si no lo recuerdan, fue absuelto por los propios tribunales de Oaxaca, ante los cuales enfrentó diversos procesos penales relativos al conflicto de 2006. Y por tanto, tiene enteras posibilidades legales —que podrían no existir si la Procuraduría Estatal hubiese integrado y conducido eficazmente las acusaciones en su contra— no sólo para aceptar una candidatura, sino también para acceder al Congreso local en calidad de diputado.

De este modo, la dirigencia estatal y los estrategas del priismo no sólo revelaron lo confusa y mal intencionada que resulta ser su inconformidad. Sea como sea, entrometerse en la vida y las decisiones de terceros, es un error que revela, además, una intolerancia y un injerencismo que no corresponden lo que debería ser una fuerza democrática madura, que entiende cuál es el límite de sus derechos, dónde comienzan las potestades de los demás. ¿Acaso olvidaron que el respeto al derecho ajeno, es la paz? En su desafortunado intento por ganar adeptos en esta batalla política, ya revelaron que sí.

COALICIÓN ¿PERTURBADA?

Sin embargo, ¿por qué la Coalición opositora se “adhirió” tácitamente a la exigencia priista de retirar la candidatura de Flavio Sosa Villavicencio? Según lo que trataron de aparentar, es que esta solicitud corresponde a un intento de “control de daños” frente a una decisión del Partido del Trabajo que resultó ser impopular, y que podría generar más costos que beneficios a la campaña de Gabino Cué Monteagudo.

Sin embargo, ante esta razón, necesariamente tenemos que preguntarnos: ¿A quién pretenden engañar en la Coalición opositora? Es simplemente impensable que tanto el Candidato a Gobernador, como los dirigentes estatales de las fuerzas coaligadas, y los “cerebros políticos” de la alianza, desconocieran que uno de los partidos aliancistas tenía la intención de postular a ese personaje. Vamos, es simplemente imposible suponer que esa decisión trascendental —la posición de Sosa es la de un seguro diputado— se hubiera tomado al margen de los órganos de dirección locales y nacionales de la Coalición.

Y por si eso fuera poco, la Alianza opositora está también renegando de una de las banderas que le dio origen. El conflicto magisterial y popular de 2006, ocurrió por el choque entre el gobierno estatal y todos los grupos sociales, gremiales y políticos que le eran disidentes. El mismo Gabino Cué fue un declarado partidario de las causas que dieron origen a la Asamblea Popular, y de los argumentos esgrimidos por el magisterio de la Sección 22 del SNTE para encabezar esa lucha.

En esa lógica, puede entenderse que todos aquellos ciudadanos que en su momento apoyaron la revuelta popular, que exigieron la salida del gobernador Ulises Ruiz, y que pugnaron activamente por el cese a la persecución de personajes como Sosa, son muchos de los que ahora apoyarán con su voto a la Coalición, para expulsar al PRI del Gobierno del Estado.

Sin embargo, al renegar de personajes como Sosa, en la Alianza opositora están también renegando de sus propios antecedentes. Si en su momento todos juntos fueron tan valientes como para tomar las calles y contribuir a la violencia para lograr objetivos políticos, ahora también deberían serlo para buscar el respaldo ciudadano y encauzar esas banderas por la vía institucional. Es claro que supeditar su propio origen a razones “de imagen” y de la preservación del triunfo aliancista, es tanto como avergonzarse de los grupos que le dieron sustento y banderas de cambio en Oaxaca, a la Coalición opositora.

ENCUESTAS REPUDIADAS

Hace apenas unas semanas, todos eran partidarios de las encuestas. Como todos los encuestadores han revelado sus querencias y conveniencias, ahora todos reniegan hasta de quienes les dan el triunfo. Innecesariamente, abarataron un ejercicio importante de los procesos electorales, y los llenaron de intereses, cooptaciones y morbo. El problema, para ellos, es que a nadie sirven tanto las encuestas como a los mismos partidos políticos.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

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