+ Afianzar banderas y liderazgos: reto de PRI como oposición
Como si fuera un proceso irreversible, los partidos de oposición al Revolucionario Institucional han manifestado la voluntad de llevar ante los tribunales de justicia de la nación, la reciente reforma al marco jurídico del Congreso del Estado, en la que se sustituye la figura de la Gran Comisión, por la de la Junta de Coordinación Política, como órgano rector y regulador de las actividades y representación legislativa ante los otros poderes. Más allá de pensar en juicios y controversias, lo que los diputados electos —particularmente los de las fuerzas distintas al PRI— deben afinar, son sus planteamientos y estrategias para dotar al órgano legislativo de una normatividad y organización legitimados y funcionales.
Se ha dicho reiteradamente, que la creación de una Junta de Coordinación Política, en la composición que tendrá el Congreso del Estado en su próxima Legislatura, es “un traje a la medida” de los intereses del Revolucionario Institucional. Esto es así, no por la naturaleza o funcionamiento de dicha figura —que también tiene cuestionamientos importantes—, sino más bien por las formas utilizadas y el momento en que ocurrió dicha reforma.
En efecto, el Congreso del Estado en Oaxaca era uno de los últimos en el país en que prevalecía la figura de la Gran Comisión. Este ente, que es hasta ahora en quien recae la representación del Poder Legislativo, es no sólo una figura funcionalmente anticuada, sino que además es el sinónimo de una concentración total de las atribuciones y potestades principales del Poder Legislativo, y de la verticalidad en la toma de decisiones, y en el desequilibrio de fuerzas entre las fracciones parlamentarias.
Así, la subsistencia de la Gran Comisión, era hasta hace pocos días útil para el priismo en Oaxaca, en la medida que éste concentra la mayoría absoluta de legisladores, y también por la forma en que opera, entre los legisladores tricolores, esa noción de disciplina hacia los designios del Jefe Político, que más bien se equipara a una total sumisión en la toma de decisiones.
Eso les era funcional, hasta ahora, a los tricolores. Ante el cambio del panorama, en el que perdieron la mayoría absoluta, y por tanto el control total del Poder Legislativo (que hacía ser al Congreso, un ente independiente sólo en lo formal, pero materialmente domado por el Gobernador del Estado), se decidió emprender una reforma para continuar ejerciendo su poder. Esto ocurrió a través de la Junta de Coordinación Política.
Al menos en el funcionamiento de esa figura en el Poder Legislativo Federal, la Ley Orgánica del Congreso General establece, en su artículo 31, que “Será Presidente de la Junta por la duración de la Legislatura, el Coordinador de aquel Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara (…) En el caso de que ningún Grupo Parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el párrafo anterior, la Presidencia de la Junta será ejercida, en forma alternada y para cada año legislativo, por los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados. El orden anual para presidir este órgano será determinado por la Junta de Coordinación Política.”
Es clara la forma en que el priismo pretende mantener el control del Poder Legislativo, independientemente de no tener la mayoría: su fracción parlamentaria es la más numerosa, y por tanto habría de ser la convocante y primera en presidir dicha Junta. Así, la reforma no tiene como base un intento de democratización o de fomento a los nuevos equilibrios en la dirección del Congreso, sino más bien parece ser vista como una tabla de salvación con la que, al menos ahora, los tricolores pretenden seguir ejerciendo control sobre un Poder que hasta ahora ha sido legitimador y casi decorativo.
REFLEXIONAR LA JCP
Lo primero en que tendrían que reparar todos los próximos diputados, en conjunto, es qué papel tendrá el Congreso del Estado frente al nuevo gobierno. Los partidos que llevaron a Gabino Cué Monteagudo a la gubernatura, anunciaron que conformarán un bloque legislativo para la toma de decisiones. El PRI, por su parte, no ha tenido la capacidad para articular un solo planteamiento serio respecto al papel que tendrán en el Legislativo. Luchan por el poder como si fuera para entregárselo a un gobernador priista; y no queda claro qué harán con ese poder siendo ellos un bloque parlamentario de oposición.
Esta cuestión, en particular, podría llevar a la próxima Legislatura a convertirse en un caos. Más que litigar la reforma ya realizada, los nuevos diputados del bloque PAN-PRD-PT-PC deben establecer un marco de necesidades prioritarias para cuando inicien sus funciones. Uno de esos planteamientos básicos, tendrá que ser el del nuevo marco jurídico que pretendan establecer no sólo para ellos, sino para el funcionamiento equilibrado del Poder Legislativo en el futuro. Es decir, con una auténtica visión democrática de largo plazo. Por practicidad, y por solidez política, ellos tendrán, necesariamente, que volver a legislar algunos aspectos —como el de la Junta de Coordinación Política— para darle legitimidad real al funcionamiento del Congreso del Estado.
Si no lo hacen así, ellos mismos pagarán las consecuencias. No es lejana la posibilidad de que el PRI, con su mayoría relativa, se asuma como un opositor irracional a cualquier decisión o propuesta del Gobernador del Estado. Si ello ocurre, y si las fuerzas de oposición no entienden bien la posición de unidad que habrían de mantener para hacer frente a una oposición irracional, lo que tendremos a la vista será un Poder Legislativo convertido en un ente ruidoso y agresivo, pero poco funcional y eficaz en la toma de decisiones, en el consenso, y en su productividad.
PENSAR EL FUTURO
Suponer que el de la Junta de Coordinación Política es un modelo infalible, es un error. La escasa productividad del Poder Legislativo Federal, en parte tiene su origen tanto en la inmadurez de los partidos políticos al momento de fungir como bloques de oposición, como en lo poco manejable que resulta ser, bajo las reglas actuales, la pluralidad de fuerzas. Los partidos políticos en Oaxaca deben hacer planteamientos más serios al respecto. El problema es que todos siguen esperando al momento de asumir sus funciones legislativas, para iniciar con una discusión razonada que, hoy, debería tener avances importantes.
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