+ APPO y S-22: lucha vs régimen, sólo testimonial
Digan lo que digan los grupos involucrados, la única muerte directamente relacionada con el conflicto magisterial y popular de 2006, que no tiene, ni tendrá más explicación que la del ataque artero y desproporcionado de agentes estatales, y que es muestra total y vergonzosa de impunidad, es la de Lorenzo San Pablo Hernández.
En efecto, ayer domingo se cumplieron cuatro años de aquel homicidio, que presuntamente ocurrió a manos de efectivos policiacos estatales, en medio de un operativo que hasta ahora carece de explicación y fundamento. La realidad indica que no existe investigación ni justicia, en ese y todos los asuntos relacionados con la crisis magisterial. Pero, particularmente, el problema es que a casi un lustro de distancia, no sólo ha sido el gobierno de Oaxaca, sino también los grupos opositores, quienes han procurado la impunidad en ese homicidio que, por sus características, resulta ser un paradigma de aquella revuelta social, y sus componendas finales.
¿Por qué decir que el homicidio de Lorenzo San Pablo no tiene más explicación que el ataque desproporcionado y artero de las fuerzas del orden? Porque a pesar de su gravedad, diversas autoridades del gobierno estatal, aseguraron en su momento tener conocimiento —aunque ello no signifique que participación directa o capacidad de decisión y mando— de aquel “Operativo de limpieza de vialidades” que realizaron agentes de la entonces Policía Ministerial, Preventiva y Auxiliar del Gobierno del Estado, frente a la toma de estaciones de radio —ocurrida la mañana del 21 de agosto de 2006.
Aquel operativo, teóricamente, se justificó tanto en la ocupación de instalaciones radiofónicas por parte de los grupos inconforme, como en el cierre de algunas vialidades cercanas que éstos hicieron, para resguardar la toma de oficinas, equipos y antenas transmisoras de las estaciones. En sus argumentos de defensa, las autoridades estatales aseguraron que tal operativo se habría realizado para despejar las calles y brindar seguridad a la ciudadanía.
Lo cierto es que más allá de los dichos oficiales, ese operativo de limpieza de calles provocó un doble desastre: en su único día de funcionamiento, protagonizaron una balacera en la colonia Reforma, en calles aledañas a donde se ubican las instalaciones de la empresa Radio Publicidad de Oaxaca (RPO), que entonces estaba ya ocupada por el magisterio y la APPO, y cuya señal convirtieron en “La Ley del Pueblo”.
Fue un doble desastre, porque en esa operación cayó muerto de un disparo, sin explicación o justificación alguna, Lorenzo San Pablo; y porque fue nada menos que ese hecho lo que motivó que, a partir de entonces, los grupos inconformes invitaran a la población, a través de las señales radiofónicas, a instalar barricadas en todas las arterias viales que les fuera posible, precisamente para evitar la posibilidad de tránsito nocturno de lo que ellos, fundadamente, denominaron “Las caravanas de la muerte”.
El gobierno estatal, evidentemente, jamás tendría la voluntad política para iniciar investigaciones que involucraran a funcionarios de ese mismo régimen, tanto para esclarecer la muerte de Lorenzo San Pablo, como también para identificar la cadena de mando que dispuso aquel operativo de limpieza de calles, e imponerle las sanciones correspondientes.
Todos se centraron en defender o satanizar la instalación de barricadas. No se sabe si accidental o deliberadamente, tanto la Sección 22 como la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, olvidaron tanto el hecho de sangre (la muerte de San Pablo) como la causa (las caravanas de la muerte) que desencadenó la instalación de las mismas; y nada le convenía más al propio gobierno, que mantener en silencio, y en el olvido, la verdadera razón por la que ellos fueron corresponsables de los bloqueos viales nocturnos que, durante varios meses, fueron los que impusieron ley en la capital oaxaqueña.
IMPUNIDAD CONVALIDADA
En ese olvido, aparentemente accidental o posiblemente deliberado, de toda la serie de hechos que fueron determinantes y que ocurrieron entre el 21 y 22 de agosto de 2006, tanto la Sección 22 como la APPO y demás grupos detractores del gobierno estatal, lo único que han hecho es convalidar por partida doble la impunidad que se ha procurado respecto a ese crimen.
Hasta ahora, las exigencias de justicia y los reproches por la inexistencia de una investigación seria sobre ese caso, han sido meramente testimoniales. Es cierto que este gobierno jamás tendrá la voluntad para indagarse e incriminarse a sí mismo. Pero también es evidente que fuera de la entidad, existen otras instancias nacionales e internacionales, a través de las cuales sí se podría exigir efectivamente justicia, e incluso presionar a todas las esferas gubernamentales involucradas a que investigaran ese hecho, que marca el capítulo más negro del conflicto magisterial, y de la actuación del gobierno estatal, en medio de los hechos del 2006.
A la Sección 22, la APPO y demás, les interesa mucho continuar en la escena pública, asegurando que exigirán juicios penales en contra de los funcionarios involucrados en los hechos de 2006, que dejarán sus cargos en el próximo mes de diciembre. Esa es una mera posición política, que sin embargo no cuenta con el verdadero interés de ser llevada a los hechos. Sólo buscan su decoro como frente de lucha política, pero no justicia efectiva para las banderas que ondean.
No buscan justicia efectiva, porque sólo conmemoran la muerte de San Pablo y de otras personas más que, a su juicio, murieron por causa del conflicto magisterial; pero esos grupos —que tienen los recursos, la legitimidad y la atención como para emprender acciones más contundentes— no han sido capaces de acudir con verdadera energía ante instancias internacionales de tutela de derechos humanos, o de justicia penal, para lograr la investigación y el esclarecimiento, al más alto nivel, de estos hechos. Con sus lamentos, sólo ayudan al gobierno a procurar su propia impunidad.
JUSTICIA RESTAURATIVA
Este día, la PGJE celebra el tercer aniversario de su Centro de Justicia Restaurativa. A través de éste, han buscado proveer mecanismos de vanguardia en la solución de conflictos entre particulares, a través del avenimiento y la mediación. Enhorabuena por la maestra en Derecho, Jhazibe Valencia de los Santos. Ojalá que, en esas tareas, sigan cosechando éxitos.
