+ Pasar de alternancia a transición, ¿un ideal?
Finalmente, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, comenzó a dar pautas concretas sobre cuál será su proyecto democratizador y de modernización de la administración pública. Recientemente, dijo que su agenda se centrará en cinco ejes temáticos. A saber: Gestión Pública, Relación Ejecutivo-Legislativo, Fortalecimiento del Poder Judicial, Organismos Autónomos e Instrumentos de Democracia Directa. Es necesario que a esa agenda, el equipo de transición agregue un elemento subjetivo determinante: la voluntad política para hacer realidad esos anhelos.
A través de un comunicado, el Gobernador Electo asegura que “estos cambios pretenden hacer cumplir lo que ofrecimos en campaña (sic) que es transitar de un régimen autoritario a uno democrático que contemple un verdadero equilibrio entre los tres poderes del estado…”. Es evidente que, atendiendo a la expectativa sobre el cambio de régimen y la alternancia de partidos, en un primer momento el gobierno de Cué Monteagudo está haciendo eco de un sentir ciudadano, que sin embargo pronto se convertirá en exigencia.
¿Qué contempla esa agenda de cinco ejes? En el relativo a gestión pública, de acuerdo al comunicado, propondrán la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente. Entre otros temas, “la reducción salarial y tope a remuneraciones; la eliminación de gastos de representación y vehículos oficiales de servidores públicos; reducción de secretarios particulares, auxiliares y asesores; escolta sólo para gobernador y servidores públicos de procuración de justicia y seguridad pública; y homologación y compactación de horarios.” Es decir, cambios que, teóricamente, además de generar ahorros, también modifiquen la percepción de lejanía, excesos y prepotencia, que la ciudadanía tiene hoy respecto a los servidores públicos.
En cuanto a los mecanismos de democracia directa, el gobierno de Gabino Cué asegura que propondrá la creación de figuras como la del referéndum, plebiscito, revocación de mandato, audiencia pública y cabildo abierto. Esto, sin entrar en grandes detalles, lo que pretende es acercar de nuevo el gobierno a la ciudadanía, y también poner a disposición de ésta diversos instrumentos para exigir mejores resultados a los gobernantes, así como reprimendas —como la de la separación del cargo, en las formas que se establezcan—, cuando no se cumplan las expectativas.
En la relación Ejecutivo-Legislativo, se propone la ratificación del gabinete, control y fiscalización del Congreso, reconducción presupuestal, entre otros temas. En Fortalecimiento al Poder Judicial se plantea la autonomía presupuestal y designación de magistrados, así como nuevos órganos: Consejo de la Judicatura, Salas Especializadas y Tribunales Autónomos.
En ese sentido, habrá que poner particular atención a los puntos que tocan a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como lo tocante al Poder Judicial y los órganos autónomos.
En el primero de los puntos, es claro que temas como el de la ratificación del gabinete, deben ser analizados a la luz no sólo del momento político, sino también de la viabilidad estructural y organizativa, que pueda tener el hecho de que se decida transitar de un modelo en el que existe un Poder Ejecutivo con ciertas fortalezas, a otro en el que gran parte de las decisiones administrativas —como lo es el la ratificación de los servidores públicos de primer nivel que encabezarán la gestión gubernamental— quede en manos del Poder Legislativo.
Habrá que analizar con detalle el contenido y la viabilidad a mediano y largo plazo de cada una de las propuestas. Pero es evidente que más allá de los cambios de forma —como varios de los que se pretenden hacer en el rubro de gestión pública—, lo que debe tener el nuevo gobierno, y que habrá de manifestar a partir del 1 de diciembre próximo, es una enorme disposición a lograr que, en la práctica, cambien las cosas.
CAMBIO DE ACTITUD
Hoy, es común que los diputados de oposición —que pasarán a ser de algún modo “oficialistas”, a partir del 1 de diciembre— se quejen de que sus compañeros del Partido Revolucionario Institucional, actúen a la sombra y bajo el mandato supremo del Gobernador del Estado. Y es cierto, los legisladores priistas actúan no como representantes populares dotados de un mandato ciudadano, sino como meros empleados subordinados por completo a la figura de su Jefe Político, que es quien manda y decide, desde fuera, todo lo que pasa y se decide en la Cámara de Diputados.
Pues bien, si nos atenemos a ese ejemplo, será un asunto de voluntad del gobernador Cué ya en funciones, que eso cambie. Si la necesidad de ejercer el poder y tener el control de lo que ocurre en el Legislativo, lo lleva a asumir a los diputados no como parte de un ente soberano, sino como sus agentes (y éstos permiten y alientan que se les trate así), entonces a nivel legal o constitucional se podrán hacer las reformas que deseen, pero en realidad todo continuará siendo igual que como hasta ahora.
Por esa razón, si desean que los cambios sean de fondo, deben comenzar por modificar las formas de hacer política y, sobre todo, de hacer el gobierno. Independientemente del análisis detallado de cada una de las propuestas, que iremos haciendo paulatinamente por razones de tiempo y espacio, es claramente visible que no sirve de nada que se legisle una reforma que limite y reduzca el salario de los funcionarios de mando medio y superior, cuando en los altos niveles se sostengan los privilegios que hasta ahora existen.
El gobierno de Cué debe comprender que los cambios necesitan ir más allá de las apariencias. Siguiendo el ejemplo, es claro que al continuar con la idea de tener una burocracia desigual y mal pagada —desde el personal de base, hasta los mandos medios tienen salarios muy por debajo de la media nacional, mientras que los funcionarios de alto nivel tienen prerrogativas envidiables para cualquiera de otra entidad federativa— lo llevará a tener resultados de simple apariencia, pero no de cambios sustanciales.
¿FANTASÍA O REALIDAD?
Pasar de la alternancia a la transición, es una tarea titánica. Y lo primero que el gobernador Cué tendrá que demostrar, es que tiene voluntad y una actitud distinta a la que ha predominado hasta ahora por quienes han tenido en sus manos el gobierno. Hacer los cambios a la ley, y respetarlos, llevará a un auténtico proceso de democratización. De lo contrario, todo será simple demagogia.
es acertado me lo parecee asi, tu comentario respecto de las salarios, empleados mejores pagados, previo claro; exámen de aptitudes, por que si no se eleva la calidad de vida del trabajador mas no el servicio publico. saludos Adrian