+ Nuevo gobierno: no venganzas; sí, cambio de actitud
En los rejuegos comunes entre los grupos que abandonan y toman el poder, se hacen cotidianos ciertos discursos que, sin embargo, siguen teniendo algo más que insatisfecha a la sociedad. El gobierno saliente, asegura —aunque ciertamente nadie le cree— que actuó con la mayor pulcritud posible, y que sus funcionarios utilizaron correctamente los recursos sin enriquecerse a costa del erario estatal. Por su parte, el gobierno entrante asegura que no tolerará actos de corrupción presentes o pasados, pero sin embargo dice también, casi como parte de sus lugares comunes, “que no habrá cacería de brujas”. Todo esto, sin duda, intenta ser una gran tomadura de pelo, y también una afrenta, para la ciudadanía.
Llevado a los dos extremos visibles, este asunto de los posibles actos de corrupción podría terminar o en la impunidad, o en la más hostil de las persecuciones. Es lo que, en varios círculos de poder —en los que las expectativas políticas se han construido a partir de los rencores y las ambiciones— desearían ver:
Cuando existe continuismo en el grupo gobernante, ver que todos los actos indebidos son solapados y encubiertos por los sucesores; o, en el otro extremo, cuando existe un proceso de alternancia —como es el caso actual—, ver que todos los ex funcionarios, honestos o no, son perseguidos hasta ser encarcelados, no necesariamente por los posibles actos de corrupción cometidos, sino como un verdadero ajuste de cuentas entre grupos de poder.
Sin embargo, es claro que el verdadero sentir ciudadano —el de la cotidianidad de la gente que simplemente se encuentra interesada en dar seguimiento a los temas públicos— tiene una perspectiva diferente de lo que es la “honestidad” de unos, las promesas de justicia de otros, y las prevenciones sobre la abstinencia de realizar “cacerías de brujas” entre unos y otros. ¿De qué hablamos?
De que, para el ciudadano de a pie, simplemente resulta simplemente inadmisible que un servidor público presuma públicamente de tener antecedentes pulcros como parte de la administración pública, cuando en un sexenio transformó por completo sus hábitos, bienes, posesiones, actitudes y modo de vida.
Del mismo modo, resulta impensable para ese mismo ciudadano de a pie, que frente a la comisión de todo tipo de excesos evidentes en cuanto al trabajo público, un nuevo régimen —que ganó las elecciones precisamente por las promesas de cambio y castigo a las injusticias— diga que sólo verá para delante, que evitará las “cacerías de brujas” y que, en términos sencillos, deje ver que dejará en el olvido esas acciones que tanto daño provocaron a la credibilidad y el buen manejo de los dineros y demás recursos del Estado.
Eso es, precisamente, lo que ocurre en Oaxaca. A pesar de que un grupo importante de servidores públicos que están a punto de entregar sus respectivos cargos, cambió por completo su modo de vida, hábitos y posesiones en el presente sexenio, todos hoy aseguran que hubo pulcritud en el manejo de los recursos; y el nuevo gobierno ha dado señales poco sustentadas de que irá verdaderamente en contra de todos aquellos que han cometido excesos en la administración pública.
¿LEGALIDAD O LEGITIMIDAD?
En todo caso, lo que hasta ahora ha habido en la comprobación de los recursos, es cierto grado de legalidad. Hasta el final de la presente administración, es realmente poco o nada lo que se sabe sobre servidores públicos sancionados administrativamente, o procesados ante los tribunales judiciales, por haber incurrido en alguna causal de responsabilidad en su gestión administrativa.
Poco o nada se sabe de ese tema, en realidad, porque las instancias de fiscalización de la gestión pública estatal —Secretaría de la Contraloría, Auditoría Superior y demás— han servido como órganos que revisan y corrigen las irregularidades, mas no han tenido una voluntad real por sancionar a los servidores públicos estatales que hubieren incurrido en algún tipo de ilegalidad en el desempeño de su cargo, independientemente de su rango o jerarquía política.
Por esa razón, sencilla pero de gran peso, e independientemente de lo que digan, hoy por sus propios actos y antecedentes, a los funcionarios estatales salientes nadie les cree sobre sus dichos y promesas de pulcritud y legalidad. Más allá de las componendas entre grupos de poder, o de sus arreglos particulares, es el ciudadano de a pie —que el cuatro de julio pasado votó, mayoritariamente por un cambio en el ejercicio del poder y el gobierno— quien se siente no sólo incrédulo sobre todo eso, sino también agraviado y con el ánimo de ver que se haga justicia. Y para ese ciudadano, que lo último que desea es venganza, parece hasta un insulto que el nuevo gobierno asuma sus responsabilidades diciendo que no habrá “cacería de brujas”.
Habría, en ese sentido, que regresar al origen de ese término. El apotegma sobre la “cacería de brujas”, fue acuñado en los tiempos del priismo para prevenir que, si bien no había arreglos completos entre los grupos que se transmitían el poder —tradicionalmente emanados del mismo partido político, aunque diferente grupo—, tampoco habría revisiones a fondo sobre las posibles irregularidades o excesos cometidos en el pasado, y mucho menos la posibilidad de ejercicio de acciones administrativas o penales para sancionar a quienes hubieran incurrido en ilegalidades.
Evidentemente, eso es lo que pareciera que más incomoda a quienes, desde la sociedad no involucrada con el ejercicio del poder, escuchan las promesas sobre la “no cacería de brujas”. El ciudadano de a pie hoy se pregunta: ¿La no “cacería” significa una promesa estricta de legalidad, o es la señal sobre un arreglo entre quienes ejercieron, y quienes van a ejercer el poder?
EXPECTATIVAS ¿IMPOSIBLES?
La ciudadanía común tiene expectativas sencillas pero importantes. Desea justicia, desea orden y desea un cambio de actitud en el ejercicio del poder. Contrario a las expectativas fantásticas, e imposibles de cumplir en el corto plazo, que fomentan erróneamente los gobernantes, la ciudadanía pretende ver que las promesas de cambio se reflejan verdaderamente en la realidad. Una de esas promesas, es que el gobierno se ejerza de un modo menos excesivo. Pero otra tiene que ver no con venganzas, sino con el cumplimiento de ciertos estándares de legalidad y honestidad, que inician por demostrar que no hubo pactos de impunidad entre las dos administraciones.
