+ Su presentación, tan desastrosa como su aprobación
Independientemente de las cuantiosas fallas metodológicas e inconsistencias que presenta el Plan Estatal de Desarrollo, que el gobierno estatal entregó al Congreso el pasado 31 de mayo, queda claro que en sí mismo éste es un ejemplo andante de ilegalidad e incapacidad. Que está a punto de coronarse hoy que los diputados pretenden “prorrogar” la votación, aprobación y publicación del mismo. De principio a fin, esta historia presenta irregularidades que revelan en toda su magnitud la informalidad y el poco respeto que actualmente se tiene por el mandato de la ley en Oaxaca.
Habría que comenzar preguntándonos qué es un Plan Estatal de Desarrollo, y para qué debe realizarse. De acuerdo con la Constitución de nuestra entidad, los fines del proyecto estatal contenidos en la misma Carta Magna, determinarán los objetivos de la planeación. Éste, también dice la Constitución en su artículo 20, es un proceso político, democrático y participativo “que tomará en cuenta las peculiaridades de cada una de las regiones que comprende el Estado de Oaxaca. Será regional e integral y tendrá como unidad de gestión para el desarrollo, a los planes elaborados a nivel municipal.
Asimismo, dicho numeral señala que será mediante la participación de los diversos sectores sociales, como se recabarán las aspiraciones y demandas de la sociedad, “para incorporarlas al Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública”.
Y, en este sentido, la Constitución dispone, de modo obligatorio, lo siguiente: “La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo coordine (…) las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.”
Ahora bien, en primer término debemos preguntarnos si, en efecto, en este caso se siguieron todos los pasos establecidos en la ley para la formulación de dicho Plan. En este punto, es donde se presenta el primer escollo que presenta el documento elaborado en mayo pasado por el Ejecutivo del Estado.
Aunque en el Plan Estatal de Desarrollo se establece desde su planteamiento inicial, que es producto tanto de la participación de la sociedad como del trabajo conjunto realizado primero por la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, luego por el gobierno electo, y finalmente por los foros temáticos organizados recientemente por la administración estatal, queda claro que esa supuesta amplia participación social no tiene correspondencia con el resultado de esa conjunción de ideas y aspiraciones, pues son más las cifras desalentadoras y los abundantes señalamientos sobre el fracaso de las políticas públicas del pasado —en aras de legitimar la alternancia partidista en el poder—, que verdaderamente los planteamientos encaminados a establecer de qué modo se abordará la problemática social que preocupa a los oaxaqueños.
Incluso, sobre las deficiencias técnicas, metodológicas y de elaboración que tiene el presente Plan, en distintos medios escritos y electrónicos, varios especialistas oaxaqueños han hablado ya con amplitud. Habría que releer, en este sentido, un artículo denominado “Un plan de papel”, firmado por Emiliano Golay, y publicado en el portal de noticias Libertad Oaxaca (www.libertad-oaxaca.info), y los que al respecto ha publicado en estas mismas páginas, y en varios momentos, el doctor Felipe Martínez López, los cuales también pueden ser consultados en su blog personal (http://fmtzlopez.blogspot.com).
ILEGALIDAD ANDANTE
Sin embargo, el único problema del Plan Estatal no radica en sus fallas técnicas o en las deficiencias que presenta en cuanto a establecer verdaderas directrices sobre los objetivos y metas posibles de alcanzar, sino que también presenta un grave problema de ilegalidad… desde su origen.
Éste, como apuntábamos al inicio, fue entregado el último día de mayo al Congreso del Estado, para que éste lo discutiera, aprobara y publicara. Ni el plazo ni el cumplimiento de todos esos requerimientos, no son capricho de nadie. Y aunque queda claro que hoy mismo el Plan Estatal ya se encuentra en un plano de ilegalidad, todavía los diputados pretenden seguir incrementando esa situación a través de figuras legaloides que en nada abonan al Estado de Derecho.
¿De qué hablamos? De que la necesidad de que el Plan de Desarrollo del gobierno en turno esté presentado, discutido, aprobado y publicado a más tardar seis meses después del inicio de la administración, no es consecuencia de un capricho, sino del dictado ineludible de la Ley de Planeación. Ésta, en su artículo 23, establece que “El Plan Estatal de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse, en un plazo de seis meses contado (sic) a partir de la fecha en que tome posesión el Gobernador del Estado…”
Además de la falta de respeto al Poder Legislativo que significó el hecho de que el Plan Estatal fuera entregado de manos de un funcionario menor (el Secretario Particular del Gobernador), el Gobierno del Estado y el Congreso son cómplices de la franca violación a la ley que implica el hecho de que hoy mismo (23 de junio) la entidad no cuente con el Plan de Desarrollo que marcan la Constitución y la norma reglamentaria de este rubro.
No obstante, como si eso fuera menor, y haciendo todo lo mismo para seguir violando la ley, que para dar tiempo al Gobierno del Estado para que enmiende las inconsistencias de dicho documento, en las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PRI se busca otorgar una “prórroga” al Plan, para que se asienten las observaciones que están preparando cada uno de ellos.
PLAN CON MAÑA
¿Una prórroga? Hasta donde se sabe, esta figura jurídica no se encuentra ni en la Constitución ni en la Ley de Planeación, como una herramienta posible para prolongar la discusión o análisis del Plan Estatal. Más bien, lo que están buscando es una salida decorosa, aunque ilegal, para enmendar tanto la excesiva demora, como la incapacidad del gobierno estatal para articular un documento que verdaderamente contara con todos los elementos para poder ser el eje rector del desarrollo en el Estado. Pero ahí van, sin ver ni escuchar a nadie, a seguir convalidando la irresponsabilidad y la ilegalidad, que son comunes en estos tiempos.
Estimado amigo Adrian Ortiz Romero, ante las omisiones CONSTITUCIONALES que presenta el documento que regirá el trabajo del Poder Ejecutivo hasta el término de su período cnstitucional, la Legislatura debe emplazar al cumplimiento de las mismas. Veamos el PED 2010 – 2015
Cita el Art. 20 y no se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo como lo establece.
Omite lo dispuesto en el Art. 12 sobre el “tequio”.
Omite las disposiciones del Art. 16 en materia de los pueblos y comunidades indígenas que tienen el dominio agrario del 80% territorio del Estado y que reclaman perentoria atención para su desarrollo y políticas de Estado que garanticen el aprovechamientod de sus recursos naturales y potencial comunitario.
Omite las disposiciones de las Fracc. XXIV a la XXX que establecen obligaciones precisas del Titular del Ejecutivo.
Omite lo dispuesto en el Art. 127 sobre desarrollo del turismo.
Omite lo dispuesto en el Art. 137 Respecto a la administración de recursos y la correspondiente programación del gasto público.
Respecto a la Constitución Federal omite las disposiciones del Art 4° que reconocen el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y soslaya la relación de las disposiciones de los Arts. 27 y 115 en relación con el 113 de la Constitución Local.
Por ello la Legislatura debe emplazar a REPLANTEAR EL PED 2010 – 2015 independiente a las responsabilidades que se pueden fincar.
Saludos de Pepe Márquez.