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+ “Empatar calendarios” es eliminar de facto la batalla electoral
Todos los que están interesados en una reforma que empate el calendario electoral de Oaxaca con el federal, tienen otros intereses que no les permiten ver que juegan con fuego. Éstos van desde los ingenuos de veras interesados en empatar los tiempos electorales locales y federales, hasta los que buscan tender tapetes a quienes quieren que sean sus candidatos a Gobernador en 2016. El problema es que no ven que esa es una reforma frívola, innecesaria y peligrosa para nuestra menguada democracia.
En efecto, desde hace algunas semanas varios personajes, facciones y partidos políticos, han venido mencionando con insistencia el supuesto “deber legal” de una reforma a la Constitución local para empatar los calendarios electorales. Todos, en realidad, están preocupados por lo que pueda pasar en los comicios estatales de 2016, y en las respectivas posibilidades de cada uno de los prospectos para ser postulados como candidatos a Gobernador. La preocupación es, pues, no por la ley sino por las personas y —como siempre en este país— están tratando equivocadamente de adecuar las instituciones a sus intereses, a pesar de los riesgos y contradicciones que esto implica.
¿De qué hablamos? De que, en primer término, no existe deber constitucional ni legal para el ajuste de los calendarios. Esta ha sido una tendencia nacional para generar una supuesta economía en los procesos electorales, adecuando los calendarios estatales al federal para —según— ahorrar recursos económicos, a través de la organización de un solo proceso y jornada electoral en el que se desahoguen las dos elecciones, y no cada una por separado, como hasta ahora ocurre. Esa es una fórmula aparentemente correcta, pero no en una democracia adolescente como la nuestra.
Las razones son evidentes: primera, porque nunca ha sido un tema de real preocupación el del dispendio de recursos públicos que se utilizan para organizar y financiar las campañas electorales. Segunda, porque en Oaxaca los comicios no han podido llegar a tener un comportamiento maduro, que dé signos de independencia a través del voto razonado, el voto diferenciado o de procesos electorales en los que la definición del resultado la haya dado el voto de los ciudadanos que sin presiones ni previsiones, salieron a votar (más bien, aquí el común sigue siendo lo contrario). Y tercera, porque empatar los tiempos sería tanto como inhibir la lucha electoral local, y delegarla en los resultados nacionales de las jornadas electorales.
Todo esto es evidente, además de que si éstas son algunas de las razones sustantivas de por qué no es necesaria una armonización de calendarios en materia electoral, inmediatamente habría que revisar cuál es la intención de fondo, real, del inusitado interés de los partidos y actores políticos locales por realizar una reforma electoral justamente ahora en que el Congreso le debe tantos temas importantes a la ciudadanía y, sin haberlos resuelto, dice que sí va por una reforma electoral.
ANÁLISIS INHIBIDO
Evidentemente, el gobierno y los partidos políticos tienen mucho interés en realizar esta reforma, porque lo que parecen querer en realidad es un gobierno de transición, que permita configurar una disputa distinta por el poder en la entidad. ¿Qué parece? Que en estos años ningún partido político ha construido un liderazgo sólido en la entidad, y que por esa razón pretenden que la contienda electoral se dirima a través de la elección federal. El problema es que si es así, entonces en automático va a ganar el Candidato a Gobernador que pertenezca al partido, y tenga el apoyo, del Candidato Presidencial que a su vez gane los comicios federales.
La intención es evidente: por décadas, a nadie le ha preocupado el dispendio económico que significa la organización de los procesos electorales, y ninguna de las reformas constitucionales federales orientadas a normar los comicios, ha tenido como intención disminuir el costo de las elecciones. Tan es así, que por eso el empate de los calendarios electorales ha sido una tendencia encomiable pero no un mandato constitucional expreso; y por eso mismo ni en las agendas de las recurrentes reformas electorales nacionales, ni el gobierno ni los partidos nacionales han marcado este tema como uno de los de primera importancia para el país.
Por esa razón, lejos de insistir en ver el beneficio económico, lo que habría que ver es el enorme daño que esta decisión le haría a la ya de por sí pingüe lucha electoral que existe en la entidad. Digámoslo sin vueltas: en Oaxaca no hay madurez electoral; no hay voto diferenciado; los partidos no logran despertar interés en los electores autónomos para que masivamente salgan a votar, y lo hagan por uno de ellos.
Asimismo, es abrumador que en Oaxaca los comicios se sigan resolviendo a través de la compra y coacción del voto; y que la única tendencia de aparente arrastre y participación masiva (si es que al 60 por ciento del padrón que sí sale a votar, se le puede calificar como “participación masiva”) sea la que ocurre cuando hay comicios presidenciales, que son los únicos que sí generan cierta participación ciudadana, pero en la que siempre vemos —en Oaxaca— que el resultado de la elección presidencial sólo se traslada a los resultados de las elecciones de diputados federales y senadores, sin que haya en ello mayor variación que refleje algún interés específico por los candidatos, y confirmando que el voto diferenciado es prácticamente nulo.
Si esto ocurre en todas las elecciones presidenciales respecto a los integrantes del Congreso federal, no hay una sola razón para suponer que sería distinta la lucha o el resultado electoral, en caso de que en esa misma jornada se desahogara la elección de gobernador y diputados locales. Y eso, evidentemente, no abonaría, sino desalentaría, la búsqueda de una democracia más legitimada por la participación ciudadana.
MÁS RECENTRALIZACIÓN
Así, en esas condiciones, lo que parece es que se quiere una reforma político electoral que empate el calendario electoral local con el federal, para finiquitar la lucha política en Oaxaca, y darle una vuelta más a la tuerca de la recentralización de los temas trascendentes de nuestra sociedad. Casi todos los interesados, hoy confunden la utilidad con la practicidad, pero pasan por alto que esta posible reforma impactaría gravemente con la competencia electoral y la democracia a la que —según— todos los oaxaqueños aspiramos.
