En Oaxaca, es muy indignante que la ley proteja a los irresponsables

Estidiantes de medicina fallecidos1

+ Insistir: caso de médicos fallecidos debe motivar cambio a ley penal


La noche del martes se informó del fallecimiento de la estudiante del último año de la licenciatura de medicina, que hace dos semanas fue víctima de un fatal accidente automovilístico, en el que también murió otro estudiante de la misma carrera. El caso es indignante no sólo por la tragedia que significa la muerte de dos personas que estaban a punto de convertirse en profesionistas, sino sobre todo porque éstas fueron muertes trágicas ocurridas en un percance ocasionado por la irresponsabilidad y el alcohol. Y para que estas no sean, además de trágicas, muertes inútiles, es necesario que este asunto se traduzca en reformas a la ley.

En efecto, ayer TIEMPO informaba que luego de 12 días de agonía en el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, el martes a las 19:15 de la tarde falleció la joven estudiante de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO, Daniela Claudia Celaya Rivera, con lo cual aumentaba a dos el número de víctimas del accidente automovilístico ocurrido la madrugada del pasado 1 de mayo.

Igualmente, nuestro diario daba cuenta de que mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado continúa sin investigar el caso a profundidad, este mismo martes se dio a conocer que el presunto responsable del percance, Arturo Alejando Vargas Alavés, habría abandonado el país, luego de haber alcanzado su libertad bajo fianza al depositar 861 mil pesos.

Ante este conjunto de hechos, ayer la comunidad universitaria marchó por las calles de la capital oaxaqueña para exigir justicia y castigo para el responsable material de esta tragedia. Hubo quien responsabilizó a la Procuraduría, e incluso quienes pedían penas infamantes para el responsable. Todo se entiende a partir de la indignación y el dolor que causa un asunto como éste, pero es necesario analizar la situación en un contexto serio para evitar polarización y exigencias sin sentido, y encauzar esta tragedia hacia cambios a la ley que impidan la repetición de situaciones como la que hoy se vive.

¿De qué hablamos? De que frente al hecho de que dos de las tres víctimas del accidente perdieron la vida, y de que el responsable alcanzó su libertad mediante el pago de una fianza (y que habría huido del país), lo inmediato es responsabilizar a la Procuraduría General de Justicia. Porque sí, es muy probable que exista algún tipo de favoritismo en el proceso judicial que enfrenta el responsable de esta tragedia, como también lo es que la ley penal resulta ser proteccionista de quien irresponsablemente comete un delito bajo los efectos de una droga, como lo son las bebidas alcohólicas.

Por esa razón, si bien vale la pena exigir de fondo que la Procuraduría investigue exhaustivamente lo sucedido, también debiera serlo reconocer que nada de eso será suficiente mientras la ley siga diciendo lo que hasta ahora establece. ¿Qué significa esto? Que en el mejor de los casos, obligando a la Procuraduría estatal a que investigue, y constriñéndola a que haga su trabajo escrupulosamente, de todos modos no llegaremos a una conclusión muy distinta a la que ya conocemos.

Es decir, que por la vía de los hechos ya todos sabemos que el responsable del percance fue Arturo Alejandro Vargas Alavés; todos sabemos —y sólo haría falta que la Procuraduría lo probara mediante pruebas periciales— que este individuo conducía su vehículo a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol. Y que al ver la magnitud del hecho, habría tratado de escapar.

¿Qué cambiaría una investigación ministerial exhaustiva que llegara a esas conclusiones? Muy poco. Porque de todos modos el problema de fondo sigue siendo la ley, y por eso aún en la condición de que se hubieran probado todas esas cuestiones, de todas formas Vargas Alavés habría podido pedir conforme a la ley que se le fijara una fianza, y alcanzar su libertad bajo caución, como finalmente ocurrió.

CAMBIAR LA LEY

La misma tarde del martes, los diputados de la LXII Legislatura discutían un par de reformas frívolas que no atienden ni resuelven los problemas de la gente, ni su indignación frente a hechos extraordinarios. Los legisladores discutían la probable autorización de un préstamo con cargo a los ingresos estatales futuros por un monto de dos mil 400 millones de pesos; asimismo, discutían los términos de una reforma político electoral que modificaría las condiciones de renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales rumbo al proceso electoral del año siguiente. Sí, son temas importantes. Pero no son cuestiones que respondan a una preocupación de la gente.

Nadie, ninguno de los señores diputados, reparó en que a esas mismas horas crecía la indignación por la impunidad que ronda en este caso; pero que es la misma indignación y dolor que hechos similares a éste, provocados por la irresponsabilidad y el alcohol, producen en miles de familias oaxaqueñas cada año por accidentes de diversos tipos que no tienen el castigo adecuado porque la ley termina protegiendo a quien los cometió. Las cifras de accidentes provocados por el alcohol es altísimo en el país. Y esto se convierte en una cuestión escalofriante cuando las frías cifras de los accidentes se traducen en heridos, en lesionados transitoria o permanentemente, o en familias enlutadas por situaciones como las de los dos jóvenes médicos que perdieron la vida.

¿Qué hacer frente a esto? Exigir, y que los diputados locales hagan eco, en la posibilidad de hacer una reforma al artículo 58 del Código Penal en el Estado que establece que la embriaguez es una atenuante de responsabilidad en la comisión de un delito, y no una agravante, como sí lo es en otros sistemas penales del país. Es harto cuestionable que en Oaxaca se siga perdonando de forma lisa y llana a quien comete un delito en el marco de un acto de irresponsabilidad, como conducir en estado de ebriedad un vehículo de motor, y que además sea tan simple la forma en cómo una persona que comete un delito como éste se sustraiga de la acción de la justicia abandonando el país en las narices de la autoridad, que no hace nada para detenerla, pero que además la ley no le brinda las herramientas jurídicas necesarias para impedirlo.

QUE LA TRAGEDIA SIRVA PARA ALGO

A eso debiera encauzarse la indignación por la muerte de Daniela Claudia Celaya Rivera y Yehú Robles Castellanos, para que éstas no sean muertes inútiles, y para que las protestas de sus amigos y la comunidad solidaria, tengan una causa y una finalidad ciudadana de fondo.