+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Los diputados de Oaxaca, ven la tempestad y no se hincan

Date:

Diputados XLII

+ Temas de la ciudadanía, excluidos del interés del Legislativo


Nuestra solidaridad con Misael Sánchez y su familia, en este momento tan difícil.

Los diputados de la LXII Legislatura aprobaron esta semana una reforma política sobre la cual ellos mismos no conocían la totalidad de su contenido, y por eso hasta ahora no han sido capaces de ofrecer a la ciudadanía una sola explicación sobre su actuación y las decisiones que tomaron. Lejos de preocuparles el sentir de la población, pareciera que ellos están felices de haber aprobado una reforma que en realidad no pasa por el interés de los ciudadanos. Esto ocurre reiteradamente.

En efecto, la reforma político electoral que debía aprobar el Congreso del Estado, esperó alrededor de un año para poder pasar a la fase de consensos y de trabajo por parte de los diputados. Algo todavía peor ha pasado con la reforma educativa, que tiene casi dos años esperando a ser discutida y aprobada. Junto a esos dos grandes temas, existen varios otros sobre los cuales los diputados tampoco han demostrado el más mínimo interés. Pareciera que aunque Oaxaca se está desmoronando y la ciudadanía exige atención, respeto e intervención de sus diputados, ellos apuestan a aparentar que nada los perturba en su actividad legislativa y que, por eso, ellos hacen lo que quieren en el momento que consideran adecuado y no cuando alguien se los exige.

Esa postura es aberrante. Pareciera que los diputados están llevando al límite aquella vieja idea de que como el Poder Legislativo es autónomo y no debe estar sujeto a ningún tipo de presión, entonces ellos legislan cuando lo consideran adecuado. Esta idea es la que ha prevalecido para justificar su inacción en temas como el de la reforma educativa, en el que los diputados han evitado toda posibilidad de entrar al debate y han dicho que como no hay consensos y sí mucha presión magisterial, entonces prefieren postergar el problema para cuando existan las condiciones adecuadas.

Algo más o menos similar pasó con la reforma política. Si recordamos, hace dos semanas se iba a celebrar un periodo extraordinario convocado ex profeso para desahogar la agenda de la reforma política. Dicha sesión nunca ocurrió, bajo el argumento de que no se habían construido los consensos necesarios para poder procesar la reforma en cualquiera de sus vertientes posibles. Nadie vio nunca lo que se discutió, ni conoció el contenido de esos intentos de consensar la modificación, y mucho menos hubo certeza sobre los ofrecimientos que se hicieron entre el Poder Ejecutivo —que presentó una propuesta— y los grupos parlamentarios que también habían lanzado sus propias iniciativas de reforma a la Constitución y las leyes secundarias estatales.

Las cuestiones que tenían trabada la discusión eran dos frivolidades: primera, si el periodo de gobierno siguiente debía ser de dos, cinco o seis años; y si la residencia en Oaxaca que se le debía exigir como mínimo a quien aspirara a ser candidato a gobernador, sería de dos, tres o cinco años. Por el interés de los señores diputados nunca pasaron otros temas que son tan importantes como esos para la vida pública de Oaxaca, y por eso mismo llama muchísimo la atención que al cuarto para las doce se hayan puesto de acuerdo, y hubieran aprobado una reforma sobre la cual no hubo un solo viso de discusión pública.

LAS UNANIMIDADES

Dicen que en una democracia real las unanimidades no son buen signo, porque reflejan la falta de matices en una discusión, y la ausencia de pluralidad en las distintas visiones que deben prevalecer en un órgano deliberativo como lo es un Congreso. Esas unanimidades sólo debían existir cuando de lo que se discute es de la ampliación de derechos o el reconocimiento de libertades, pero no cuando de lo que se trata es de modificar aspectos no sustanciales de cómo se ejerce el poder público. En Oaxaca pareciera que eso se entiende exactamente al revés.

Resulta que aquí los temas que tienen que ver con derechos no le importan a los diputados. No les ha importado, por ejemplo, que Oaxaca haya sido ejemplo nacional —no porque sea el único estado, sino porque aquí se dieron los hechos— de cómo las normas relacionadas con el matrimonio fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte a grado tal que se llegó a sentar jurisprudencia, y que los legisladores ni siquiera hayan tenido ganas de discutir el tema.

Como bien sabemos, el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca ha sido declarado inconstitucional en reiteradas ocasiones, por establecer que el matrimonio tiene como objeto perpetuar la especie y porque se establece que sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte al considerar que violan el derecho a la no discriminación de las personas por su preferencia sexual.

Ese es un tema toral, de derechos, sustantivo, que al Congreso de Oaxaca no le interesa. Otra cosa fuera que luego de deliberar se hubiera llegado a la conclusión de que una mayoría legislativa, haciendo eco de la sociedad, hubiera determinado no modificar lo que dice el Código Civil. Pero esta es la hora en la que los diputados ni siquiera han tenido interés en tocar el tema para ver cuál es la postura de las distintas fracciones parlamentarias, y explorar la posibilidad de reformar la ley para adecuarla a las más recientes sentencias de la Suprema Corte.

Así como ese hay otras muchas cuestiones que debieran ser motivo de la intervención seria del Congreso para ayudar a resolver los problemas públicos. Ellos no son un órgano de adorno, ni un ente legitimador de decisiones que se toman en quién sabe dónde. Pero su incapacidad para actuar de cara al pueblo de Oaxaca, y su proclividad a no sentirse parte de los problemas que son de todos, hace que hoy la brecha entre la ciudadanía y los diputados se amplíe, y que se constate que la frivolidad y los proyectos personales son —para ellos— más importantes que el mandato popular que la ciudadanía les delegó.

UN DESPERDICIO

Como los diputados no saben lo que aprobaron, no han podido decirle a la ciudadanía qué beneficios lograron con la reforma política. No saben, por ejemplo, que muchos les van a agradecer la refundación del órgano garante de transparencia, o que se haya determinado que los integrantes del OPLE dejen de tener salarios estratosféricos. Aprobaron algo que no conocen. Por eso no salen de los temas que les interesan a ellos, y no saben decirle a la ciudadanía que, aunque modestísimos, también hay avances a su favor.

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