El Congreso viola flagrantemente la Constitución con consejo indígena

Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas

+ Consejo de Sistemas Normativos viola la autonomía y rompe principios


La noche del viernes, 24 legisladores de la LXII Legislatura aprobaron la terna, y le tomaron protesta, a los integrantes del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas (CESNEI),  Jorge López Carreño, Raciel Cabrera García y Joel Isidro Inocente. Este acto provocó un duro comunicado por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que reclamó al Congreso la flagrante violación a la autonomía de la autoridad electoral. Esto se enmarca, además, en el hecho de que el Congreso no observó las normas que éste mismo aprobó la semana previa, y que está rompiendo abiertamente un principio constitucional federal, por el que todos esos actos carecen de validez.

En efecto, dicha sesión ordinaria, programada para el medio día del viernes, y que sólo logró reunir el quórum correspondiente después de las 21 horas, fue conducida por la diputada María Luisa Matus Fuentes, del PRI, en ausencia de la presidenta de la mesa directiva, la panista Leslie Jiménez Valencia. A la sesión acudieron mayoritariamente legisladores priistas y blanquiazules, ante un intento de que no hubiera el suficiente número de legisladores para que pudiera iniciar la sesión. Finalmente se reunieron 24 de los 42 que integran la Legislatura, y así pudieron iniciar una sesión que duró apenas unos minutos.

En la sesión se integró el CESNEI y se eligió al Secretario Ejecutivo del IEEPCO, figura que sustituyó a la de la Dirección General del órgano electoral. Específicamente, la creación del Consejo Estatal de Sistemas Normativos generó un fuerte rechazo porque no sólo significaba una intromisión abierta en la conformación y autonomía del órgano electoral, sino que además constituía un acto impositivo para los pueblos y comunidades indígenas, que ahora quedarán fuertemente sujetadas a un control político ejercido desde el Congreso del Estado a través del Consejo, bajo figuras tan controversiales y cuestionables como la terminación anticipada de mandato de cabildos indígenas, o la calificación que hará el Congreso del Estado de la situación política de una comunidad y el nombramiento, casi en automático, de la legaloide figura de los administradores municipales.

De hecho, había duda de que, una vez emitida la ley del CESNEI, el Congreso del Estado la publicara y estableciera un artículo transitorio en el que intentara ponerla en vigor inmediatamente después de su publicación, ya que de entrada lo que estaría ocurriendo es una flagrante y gravísima violación al principio constitucional establecido en el artículo 105 de la Constitución General de la República que, a la letra, dice: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Seguramente en el Congreso local consideraron que la norma que aprobaron hace dos semanas, que creaba el CESNEI y modificaba la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Instituciones y Partidos Políticos del Estado de Oaxaca, era de carácter indígena y no electoral. Estruendosa equivocación, cuando en el nombre mismo de la norma, y del Consejo, se establece que es una norma de carácter electoral.

Por si eso fuera poco, hubo más: El Congreso del Estado nombró a los integrantes del citado Consejo, desoyendo las consideraciones que ellos mismos habían aprobado hace apenas unos días. Según, en las disposiciones que rigen la conformación del Consejo, se pedía que los integrantes fueran preferentemente integrantes de una comunidad indígena, que demostraran conocimientos en la materia y que además no tuvieran ligas partidistas.

Sin embargo, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario: nombraron a Joel Isidro, un panista que fue diputado local y que ha sido dirigente de ese partido en los últimos años; a Jorge López Carreño, que fue abiertamente respaldado por la fracción priista como una cuota y no por su experiencia en temas electorales; y a Raciel Cabrera García que, según versiones periodísticas, es esposo de la diputada Vilma Martínez Cortés.

LA RESPUESTA DEL IEEPCO

Anteayer sábado, el IEEPCO publicó en su página de internet un comunicado, en forma de entrevistas a Roberto Heycher Cardiel Soto, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE y a Gustavo Meixueiro Nájera,  Consejero Presidente del IEEPCO, en el que estruendosamente reprochan la injerencia del Congreso en asuntos que no debieran ser de su competencia, y que violan la autonomía de la autoridad electoral nacional.  

“Las autoridades electorales condenan aspectos de la nueva Ley de Sistemas Electorales Indígenas pues vulneran la autonomía del órgano local electoral y socavan los principios democráticos de la reforma Constitucional de 2014”, puede leerse, al tiempo de que, en voz de ambos representantes de la autoridad electoral, éstos “coincidieron que con esta ley, el Congreso del Estado atenta contra la autonomía del órgano local pues al crear el Consejo Estatal de Sistemas Normativos Indígenas se vulnera al órgano local electoral al establecer un órgano descentralizado dentro de uno autónomo. Aún más, cuando los integrantes de este consejo -que fueron propuestos por la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura- ya han sido designados sin que el Congreso del Estado tenga atribuciones sobre un órgano autónomo como es el IEEPCO”, apuntaron.

“Esta afectación a la autonomía del instituto, lastima también al régimen de sistemas normativos indígenas (…) Ese es el camino que todos debemos seguir y no uno donde se atente contra la independencia y autonomía de dichas instituciones”, señalaban.

¿QUÉ SIGUE?

Varias acciones de inconstitucionalidad, que tienen mucho por delante, y en las cuales tarde o temprano el Congreso del Estado terminará exhibido por sus abiertos intentos de agandallarse el control político de asuntos electorales que, constitucionalmente, ya no están en su competencia. Con estos actos, los diputados demuestran haber perdido ya la razón y la dimensión de su responsabilidad institucional, e incluso demuestran también haber perdido el sentido de la ley y de los límites que no debieran traspasar. Mientras, lo que se aprecia es una enorme tensión entre el órgano electoral y el Congreso, por una ley, y un Consejo, que ni siquiera cumplen con los principios establecidos en la Constitución.

Los cambios en el gabinete son indicador de nada

Enrique Pena Nieto

+ EPN, tan acrítico como autista ha sido su gestión


Ayer el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de cambios en su gabinete de gobierno. En muchos había la expectativa de ver a quién iba a enfilar el Mandatario rumbo a 2016, y qué sorpresas daba con los cambios anunciados. No hubo nada de eso, porque resulta que todos los cambios fueron enroques y no incorporó a nadie a la palestra política de un gobierno que apunta al desastre. Acaso el único que tendría posibilidades reales de crecer es el recién nombrado secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade. Pero falta ver qué perspectiva tiene —y le pintan— rumbo a los tres años siguientes.

En efecto, los cambios han sido esperados desde hace prácticamente un año, pero este fue el momento escogido de cara al tercer informe de gobierno, y no a las circunstancias. Pareciera que el Presidente decidió hacer estos movimientos, pero no como reacción alguna a las circunstancias del país, sino a su proyecto político. Hoy, sin embargo, la duda está en si su proyecto político concuerda con lo que el país necesita; y si la decisión del gobierno de no reaccionar frente a las vicisitudes y omisiones —Ayotzinapa, la Casa Blanca, la fuga del Chapo, etcétera—, sigue siendo una muestra de fortaleza y no una actitud anodina y arrogante frente a la realidad agobiante que enfrenta el país.

Básicamente, estos son los enroques —que no cambios— que ayer anunció Peña Nieto en varias secretarías de Estado y organismos federales: Claudia Ruiz Massieu, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sustitución de José Antonio Meade. José Antonio Meade, en la Sedesol, en sustitución de Rosario Robles. Rosario Robles, secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en sustitución de Jesús Murrillo Karam. José Calzada Rovirosa, titular de Sagarpa, en sustitución de Enrique Martínez y Martínez.

Rafael Pacchiano Alamán, titular de Semarnat, en sustitución de Juan José Guerra Abud, quien a su vez será el próximo embajador de México en Italia. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, en sustitución de Claudia Ruiz Massieu Salinas. Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia, en sustitución de Aurelio Nuño. Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, en sustitución de Monte Alejandro Rubido. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, en sustitución de Emilio Chuayffet. Y José Reyes Baeza, director del ISSSTE, en sustitución de Luis Antonio Godina Herrera.

¿Qué cambios reales hubo? Ninguno. ¿Cuál de esos enroques responde a necesidades concretas del gobierno federal de cara a los últimos tres años de la gestión? Ninguno. Más bien, lo único que parece es una sacudida al gabinete federal para reorganizar trabajo y para permitir que sus funcionarios se “despejen” y se relajen, para asumir tareas que antes les tenía encomendadas a otros que únicamente fueron movidos a otros asuntos.

Todos los que aparentemente se quedaron sin responsabilidad en las áreas federales, o fue porque su proceso de agotamiento político o personal fue extremo (como el caso de Jesús Murillo Karam o Emilio Chuayfett, respectivamente), o porque les fueron concedidos premios en el servicio exterior mexicano. Tal fue el caso del ahora ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, que será nombrado representante diplomático en Italia.

Frente a todo esto, cabe una pregunta: ¿Por qué no hubo cambios en las áreas del gobierno federal donde también éstos eran urgentes? Tres botones de muestra, brutales, son Gerardo Ruiz Esparza, de SCT, Luis Videgaray, de Hacienda, o Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación.

Al primero lo persigue el antecedente de la licitación del Tren rápido México-Querétaro, que fue cancelado por el propio reconocimiento presidencial de que había irregularidades en el mismo. En una democracia madura, ese solo reconocimiento habría sido motivo moral del cese del titular del área responsable. Y bueno, frente a eso ya ni mencionar todo lo referente a Videgaray y Osorio Chong, a quienes los persiguen temas tan sensibles como el conflicto de interés o la fuga del Chapo Guzmán, respectivamente.

¿UN PERFILADO?

José Antonio Meade Kuribreña es el único de todos los funcionarios recién re-ungido, que no es producto de los afectos del Presidente. Meade va por su cuarta Secretaría de Estado al hilo, en dos administraciones federales distintas, emanadas de dos fuerzas políticas distintas, a pesar de tener un perfil técnico complejo pero un perfil político por demás básico. Meade lleva, sin parar, la Secretaría de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores y ahora de Desarrollo Social. Si el Presidente pensara en un hombre académicamente fuerte y experimentado en las lides políticas, tendría que comenzar a voltear a ver al ex Canciller.

Pues resulta que México necesitaría ahora sí un hombre de Estado, formado en la academia pero templado en la vida pública; con roce con la más alta diplomacia del mundo, y con sensibilidad y conocimiento de la realidad social del país. Si ya tiene todos esos elementos, y el que le faltaba era conocer y palpar el país, ahora la oportunidad se encuentra en su nombramiento en Desarrollo Social.

¿Cuál es el riesgo no para el país, sino para el acendrado grupo priista que gobierna actualmente el país? Que Meade no es priista; es, más bien, un técnico, casi un tecnócrata, que además no es priista, y que ha trabajado lo mismo para un gobierno fundamentalista del PAN (el del presidente Felipe Calderón), que para el actual fundamentalismo priista en el que la llamada “sana distancia” quedó eliminada en aras de tener un partido fuerte, y según un presidente fuerte, de cara a 2018. ¿Meade puede ser una opción sucesoria? Si la hacen pensando en el país, es probable. Pero si lo hacen, como siempre, pensando en sus afectos, entonces no pensemos que eso podría suceder.

SOLIDARIDAD

Qué lamentable que mientras en el Nuevo IEEPO están tratando de sortear el vendaval magisterial, haya cretinos que se dediquen a generarle problemas a la administración y al Director para el que trabajan. Es el caso de un empleado de esa institución que, cargado de petulancia y soberbia, tuvo el atrevimiento de amenazar abiertamente a nuestro compañero Juan Carlos Medrano por cumplir con su labor periodística. Mal haría Moisés Robles si mantiene a ese lastre en esa institución, donde pretenden demostrar que las cosas están cambiando pero empleados como ese, demuestran lo contrario.

Robles y Gurrión: depredadores de las candidaturas independientes

Benjamín Robles Montoya

+ Tentación por congraciarse con la gente los lleva a lanzarse al vacío


Fue hasta burlona la escena en la que el senador Benjamín Robles Montoya se desmarcó del grupo gobernante, al anunciar que presentó una denuncia penal en contra de Jorge Castillo Díaz “por cometer actos fuera de la ley”. Esto ocurrió justo al día siguiente en que su grupo político —nacional— quedó definitivamente relegado de las decisiones importantes del PRD, pero también en el contexto de que él, y otros como el priista Samuel Gurrión Matías, están invadidos por la tentación de convertirse en candidatos independientes a la gubernatura en 2016. Los ciudadanos debemos estar alertas ante este temprano intento de depredación de las candidaturas ciudadanas.

En efecto, la mañana de ayer el senador Robles ofreció una conferencia de prensa para anunciar la presentación de una denuncia penal, pero también para demostrar su distanciamiento con el régimen asegurando que “el gobierno estatal se extravió y sucumbió ante las medidas del gobierno federal”. Y como para que no quedara duda de su posición de rebeldía frente al grupo que lo llevó a la posición que hoy ocupa en la cámara alta federal, Robles remarcó que “la pobreza en Oaxaca se ha agudizado”, y que “hay más corrupción y faltan de oportunidades de desarrollo en todos los sectores”.

Evidentemente, todas esas declaraciones, y el artificial desmarque del gobierno actual, ocurre a menos de un año de la jornada electoral para renovar la gubernatura, y en un contexto de profundos reacomodos en el PRD nacional, en donde las cosas han sido por demás adversas al grupo que cobijó a Robles Montoya desde que en 2012 se integró a ese partido.

¿Qué busca el senador Robles? Evidentemente, no es justicia ni resarcimiento para Oaxaca. Más bien, lo que está buscando es, por un lado, tomar distancia formal del gobierno y el grupo gobernante, ahora que las variables dentro de las fuerzas de izquierda cambiaron a partir del anuncio de la expropiación del IEEPO a la Sección 22 del SNTE; y en el otro extremo, lo que Robles parece intentar hacer es abrirse paso hacia una posible ruta como candidato independiente.

Pues todo apunta a que el senador Robles tiene muy claro —aunque en un sentido por demás demagógico, y sólo en función de sus intereses— que la ciudadanía hoy está ávida de políticos “broncudos” que se rebelan al sistema y que hacen declaraciones y promesas estruendosas —aunque no quieran ni sepan cómo cumplirlas— respecto a cuestiones como la corrupción y la justicia.

Por esa razón, Robles parece haber elegido al villano favorito de los últimos años en el gobierno estatal, para enfilar las baterías en su contra y llamar así la atención de todos los que están inconformes con el actual régimen —cosa que a estas alturas del sexenio es casi natural— y con los que dicen querer una segunda alternancia de partidos en el poder estatal.

En el lado partidista, con esta decisión Robles hace un claro guiño a Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional, que ahora que ya trabaron alianza con la Sección 22 está ávida de tener un candidato. Así, a Morena le hace falta un candidato competitivo; y a Robles, en esa vertiente de las izquierdas partidistas, le urge un partido que lo haga candidato.

Esto ocurre, además, en el contexto de que la corriente de “los chuchos” quedó totalmente desplazada de las posiciones importantes en el PRD, y que en ese contexto el grupo oaxaqueño contrario —el del Gobernador, que tiene como elementos importantes a Francisco Martínez Neri y José Antonio Estefan Garfias— resultó ampliamente fortalecido.

La otra ruta es la de una candidatura ciudadana. No por nada Robles Montoya se está “enrudeciendo” y nada menos que hacerlo, para caerle bien a la ciudadanía, enfilando sus críticas hacia el propio régimen de donde él emanó. Ya durante años le fue muy rentable criticar al PRI; pero hoy —con la oposición caricaturesca del PRI en la entidad— ese discurso está agotado. Y entonces qué mejor que pavimentar la ruta de una candidatura independiente, aprovechando el desgaste natural del grupo gobernante. Aunque en realidad Robles sea un “ciudadano” sólo por su calidad jurídica.

GURRIÓN, OTRO IMPOSTOR

Pareciera que de lo que se trata es de llamar la atención. Pues así como Benjamín Robles está haciendo movimientos para allanarse una ruta alterna hoy que en el PRD los caminos se le cierran casi por completo, en el PRI tienen a Samuel Gurrión Matías. ¿Qué tenía que decirle a la ciudadanía en su “informe”? Bagatelas. ¿Qué pretendía demostrar su acto artificialmente multitudinario? Fuerza y respaldo ciudadano. ¿Para qué gastó docenas de millones de pesos al tapizar la capital oaxaqueña, y algunas regiones del Estado, con publicidad sobre su imagen? Para ubicarse entre la ciudadanía. ¿Con qué objeto? Ya lo dijo: para buscar convertirse en candidato independiente.

Y es que resulta que hasta un político hecho por las circunstancias, con una actividad legislativa improductiva e intrascendente, pero con mucho dinero en la bolsa, puede también apostarle a la impostura de una candidatura ciudadana. Eso es lo que hará: nunca se acercó genuinamente a los oaxaqueños, no es un líder natural, y tampoco tiene la estatura y la ascendencia dentro de su propio partido para verdaderamente pensar en que puede ser candidato.

¿Cuál es la ruta? Incrustarse y caerle bien a la ciudadanía —bien puede hacerlo con los regalos y el clientelismo que se la ha pasado ofreciendo en los cinturones de pobreza— para luego ir a intercambiarles todo eso por un apoyo a su “candidatura ciudadana”. Por un lado apuesta a una encuesta (que sólo mide popularidades, pero no calidades como posibles gobernantes); y por el otro, a abrirse el camino que se supone que la ley le reservó a los ciudadanos para participar en la política, pero que hoy pretende ser utilizado por los bribones que, disfrazados de ciudadanos, pretenden depredar esta incipiente figura, y ver si pueden “cuajar” como émulos del también engañoso “Bronco” en Nuevo León.

¿Y LA CIUDADANÍA?

No está de más la pregunta. ¿Dónde está esa gente que tiene todos los méritos y las capacidades de hacer algo mejor por el Estado, pero que no es ni diputado federal, ni senador, ni tiene un cargo público? De seguro hay muchos. El problema es que ante el silencio ciudadano surgen los aprovechados que, como falsos independientes, pretenden tomar el control de lo que se supone que fue hecho para la gente sin partido. ¿A poco no?

El Nuevo IEEPO debe moderar sus promesas sobre los aviadores

Moises Robles Cruz

+ No debe repetir historia demagógica de la mayoría de autoridades


El titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, debe tener mucho cuidado en las aseveraciones que está realizando sobre los aviadores y los excesos cometidos en el Instituto durante el tiempo que estuvo bajo la connivencia del gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE. Si bien es cierto que nadie quiere impunidad frente a quienes cobraron y no laboraron, también lo es que la posibilidad de que éstos reintegren lo que cobraron indebidamente no es sencilla, y sobre todo que la mayoría de los oaxaqueños apuesta a un funcionamiento eficaz del nuevo Instituto, por encima de los ajustes de cuentas.

En efecto, en entrevista con TIEMPO publicada ayer martes, Robles Cruz dijo que quien haya cobrado de forma indebida en el IEEPO, “deberá regresar los recursos que recibió pues no laboró para ganárselo como sucedió con muchas personas que han aparecido en nómina y no ejercieron alguna labor”.

Dijo además que “se debe tener una investigación, pues algunas personas pidieron licencia, pero como abogado puedo decirte [a nuestro compañero reportero Iván Castellanos] que, quienes cobraron de manera indebida, deberán regresar los recursos”. Incluso, Robles Cruz indicó que se mantiene el proceso de revisión para analizar los casos, verificar las personas, con qué director de la institución llegaron, con qué líder sindical; sin distinción, deberán estar sujetos a estos procedimientos.

¿De qué tipo de procedimiento habla Robles Cruz? Debe referirse a procedimientos resarcitorios, aunque en realidad debiera ser prudente en señalar posibles responsabilidades de quienes devengaron salarios indebidamente, porque de forma irremediable esto podría alcanzar a la misma institución. A estas alturas, lo que ha sido el medio sancionador más eficaz es la exhibición pública de quienes gozando de una plaza administrativa o docente en el instituto educativo, realizan funciones políticas, partidistas o legislativas, demostrando fehacientemente con ello que cobran un salario que no desquitan con trabajo.

Pero ni uno solo de los que han sido exhibidos como aviadores del IEEPO, ha manifestado su disposición a devolver lo ya cobrado, e incluso hay quienes —como en el caso de la diputada María Luisa Matus— ni siquiera hicieron manifestación alguna ante las evidencias de que aparecen como trabajadores en activo de la educación en la entidad, cuando al mismo tiempo ocupan responsabilidades en otros ámbitos como el Congreso del Estado, o la administración pública.

Junto a eso, hoy en día ni siquiera hay certeza de que el gobierno federal pretenda iniciar los procedimientos respectivos, e incluso de que cuente con las herramientas jurídicas idóneas para conseguir que se devuelvan al fisco federal los recursos que fueron cobrados indebidamente.

Con lo que Moisés Robles debe tener aún más cuidado es con no seguir la ruta del clásico nuevo funcionario —o gobernante, da lo mismo— que gasta el primer tercio de su gestión persiguiendo a sus antecesores; luego ocupa el segundo tercio en reconocer los propios y crecientes problemas de su administración; y el tercero, en tapar sus propios faltantes y hacer lo necesario para garantizar que su sucesor no lo persiga y, si lo hace, no llegue a los asuntos que a esas alturas ya sabe que fueron incorrectos de su propio desempeño.

EL CICLO FUNESTO

Puede decirse que Robles comenzó a ser Director del IEEPO el 21 de julio pasado, cuando los gobiernos estatal y federal anunciaron la expropiación del instituto educativo a la dirigencia magisterial. Antes de entonces, Robles era un Director de membrete que, paradójicamente, también era de los que cobraba sin realizar las funciones para las que fue designado, simplemente porque las condiciones políticas no permitían que ejerciera plenamente el cargo de Director del IEEPO que en noviembre del año pasado asumió.

Si tomamos esa fecha como punto de arranque de su verdadera gestión como titular del IEEPO, Robles estaría hoy entonces —a 35 días de haber asumido el cargo— en la fase de perseguir a sus antecesores, y de revisar el pasado como forma de legitimarse. Es claramente lo que está haciendo, aunque seguramente ni él tiene del todo claro el derrotero que le espera, o las vicisitudes legales o de hecho a las que habrá de enfrentarse intentando perseguir el pasado.

En ese sentido, Robles debe considerar que desde el momento mismo en que emergió el llamado Nuevo IEEPO, éste ha realizado funciones y actos de autoridad que generarán sus propias consecuencias sobre las cuales no podrá responsabilizar al pasado. Aquí dimos cuenta ya de algunas, como por ejemplo lo que apuntamos el 5 de agosto pasado en este espacio, en el sentido de que los oficios de cambios de adscripción notificados a cientos de trabajadores que laboraban en las oficinas centrales del instituto educativo, no fueron realizados conforme a derecho. Como ese, que es apenas un botón de muestra, están ocurriendo a diario actos y decisiones que pueden generar todo tipo de consecuencias a este nuevo IEEPO.

Así pues, dentro de no mucho tiempo Robles tendrá que dejar cualquier tipo de actitud desafiante, para ponerse a reconocer los claros y oscuros de su propia gestión. Evidentemente, esto no significa que todo lo que haya hecho esté mal, pero tampoco que no haya negativos. Y más o menos dentro de 11 meses, Robles tendrá que comenzar a preparar lo necesario para su propio proceso de entrega-recepción. Pues a más tardar el 30 de noviembre del año próximo tendrá que abandonar su cargo.

¿Qué significa todo esto? Que Robles sólo debe invertir el tiempo indispensable en revisar el pasado, y debe asegurarse que su propia gestión sea lo más eficaz posible, y que cumpla la expectativa educativa del nuevo Instituto. Aunque suene a lugar común, a Robles le tocó un momento histórico que debe aprovechar de la mejor manera. Ojalá haya claridad para entender su circunstancia y las verdaderas prioridades para la educación de los niños y jóvenes oaxaqueños.

¿CUÁNDO RESARCIRÁN?

Es lo que muchos nos seguimos preguntando, por ejemplo, de Bulmaro Rito y las tres docenas de personas a las que la ex Contralora acusó de “saqueadores” del erario en el gobierno de Ulises Ruiz. ¿Cuándo devolverán lo que se llevaron? En la respuesta, y el silencio frente a esa pregunta, está el futuro de lo que hoy se exige respecto a los aviadores del IEEPO.

Samuel Gurrión, muestra de la demagogia que debe desaparecer

Samuel Gurrión

+ Es un diputado sin producción; sus “logros” son sólo faramalla


Muy pocas veces se ha visto en Oaxaca un despliegue tan amplio de recursos para un evento de tan poca importancia, y protagonizado por un personaje que tiene todo menos un compromiso con su estado. Es lo que ocurre con el diputado federal Samuel Gurrión Matías que ha gastado una suma millonaria de recursos para promover un “informe de resultados” tan insustancial como su producción legislativa.

En efecto, ayer TIEMPO daba cuenta en su primera plana de los evidentes actos anticipados de campaña en los que está incurriendo el Legislador federal al promover su informe de actividades, así como del despliegue millonario de recursos y del sospechoso silencio de la autoridad electoral ante esta abusiva muestra de protagonismo y dispendio de recursos. En las últimas dos semanas los oaxaqueños vimos cómo la capital fue verdaderamente tapizada de anuncios espectaculares y todo tipo de publicidad impresa, además de insistentes mensajes transmitidos a través de diversos medios informativos. Hasta donde se recuerda, nunca un diputado federal oaxaqueño había gastado tanto dinero en promover su imagen.

Esto se explica, por el momento político por el que atraviesa Oaxaca, en la intención clarísima de Samuel Gurrión de posicionarse como uno de los aspirantes a la gubernatura en 2016. Sólo a partir de ese afán es que puede entenderse su disposición a gastar cantidades millonarias de dinero en promoción de su imagen, aprovechando como mero pretexto el final de su gestión como legislador federal. Lo más sorprendente de todo, es que Gurrión se presenta como un “diputado de resultados”, en una Legislatura en la que la diputación federal oaxaqueña que debiera quedar inscrita en la historia de las vergüenzas nacionales.

Pues a pesar de que no tuvo ninguna relevancia como legislador, de que no participó en uno solo de los debates e intercambios importantes ocurridos en la Legislatura, y que más bien fue medianamente conocido en el Congreso federal por su interminable cauda de frivolidades y excentricidades personales y políticas —su “informe” mismo de este fin de semana, es muestra de ello— pero nunca por haber presentado alguna iniciativa trascendente o por haber demostrado cualidades políticas o negociadoras, en una Legislatura en la que lo que sobraron fueron temas para participar y lucirse.

Nada de eso importó a Samuel Gurrión, que decidió invertir su dinero pretextando un informe en el que hasta de obras habló, únicamente para conseguir dos cosas: una percepción de fortaleza política que no sabemos si en algún espacio político se la den por buena; y dos, que la gente viera su nombre hasta en la sopa, a pesar de no tener ningún antecedente político, para que eso le permita aparecer en la encuesta que, según, va a definir la candidatura a Gobernador por el PRI, el próximo año.

Evidentemente, Gurrión no tiene ninguna posibilidad de convertirse en el candidato. Pero está utilizando la conocida estrategia de “posicionarse” en las encuestas, para demostrar que —según— representa algún capital político, y después negociar alguna posición de cara al proceso electoral del próximo año, en el que el PRI no tiene ninguna seguridad aún de recuperar la gubernatura.

Samuel Gurrión debía preguntarse cuántas de las personas que fueron a su informe lo hicieron convencidas de su asistencia, o al margen de alguna dádiva. Evidentemente, lo que hubo de por medio fueron diversos mecanismos de clientelismo político que, como suele ocurrir, al final no son más que un espejismo para quien decide invertir en ellos. Pues hubo caminata, acto multitudinario y hasta una especie de verbena. ¿Eso lo hace tener, en automático, el mismo número de votos del total de personas que asistieron a su evento? Evidentemente no.

Pero en el juego de las percepciones entre políticos, esas muestras de apoyo cuentan mucho. Incluso después de su “informe de resultados” —y de las millonarias cantidades de dinero que gastó—, ¿Samuel Gurrión sería capaz de ser competitivo legítimamente en una elección como la que se avecina, en un escenario como el de la capital en el que no tiene ni el arraigo ni los antecedentes de la región por la que es diputado?

La respuesta es tan incierta como sus resultados como legislador.

DIPUTADOS GESTORES

Es un escándalo que los congresos legislativos en México consideren presupuestos anuales millonarios para satisfacer las demandas de recursos para “gestión” de sus diputados. Y es, o cuando menos debiera ser, un escándalo que en nuestro país la gestión se pague con recursos públicos en los poderes legislativos, porque la función de los legisladores no es la gestionar recursos como dádivas para sus representados; porque, además, la gestión de recursos es en sí mismo un símbolo del fracaso institucional del gobierno; y porque nadie debiera aceptar que la gestión fuera uno de los mecanismo más idóneos para construir el recurrente futurismo político de los legisladores.

Pues resulta muy común afirmar, por ejemplo, que se desea llegar a cualquiera de las cámaras legislativas “para seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”. Dicha frase es uno de los mayores engaños demagógicos, de los que todos los mexicanos ya debiéramos estar curados.

Frente a esto, debiéramos preguntarnos. ¿De verdad es una promesa sostenible, esa de “seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”? ¿De verdad debíamos tomarla como una propuesta seria? Aunque muchos le dan crédito, en realidad debiéramos desconfiar de quienes dicen eso. Pues la función principal de un legislador es la de participar, con su representación popular, en la creación de leyes que rigen al estado o a toda la nación. Todo eso, lamentablemente, parecen no entenderlo quienes inopinadamente se presentan como “diputados de resultados”.

FRAGUAS, OTRA VEZ

Aseguran que finalmente será Miguel Ángel Carballido Díaz, a quien la bancada priista apoye como “su cuota” para ser consejero del nuevo Instituto de Acceso a la Información. La votación es pasado mañana. Y a estas alturas quedan claras dos cosas: primera, que José Antonio Hernández Fraguas no quita el dedo del renglón en los órganos autónomos locales; y segunda, que este es el resultado del berrinche, y el chantaje, con el que hace unas semanas el ex Munícipe citadino anunció que iba por la gubernatura. Es la misma maniobra que ha utilizado en repetidas ocasiones, y que sorprendentemente sigue dando resultados.

El Congreso consolida el agandalle en el control de líos electorales

LXII-Legislatura-Oaxaca

+ Legislatura quebranta principios de autonomía y autodeterminación


Si fue escandalosa la forma en que el Congreso se agandalló el control político de la controversial figura de la terminación anticipada de mandato en los ayuntamientos indígenas, hoy ya no sorprende que la ominosa Junta de Coordinación Política (Jucopo) también se haya engullido la facultad de nombrar y controlar a los integrantes del Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas. El quebranto a varios principios constitucionales es obsceno, y desde ahora puede preverse que con esto el Congreso se consolida como un gran generador de problemas, y no de soluciones, para Oaxaca.

En efecto, en su sesión del jueves pasado la Jucopo presentó una iniciativa que crea la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca. Al remitir la propuesta a la Mesa Directiva —junto con otra iniciativa para elevar la jerarquía del Contralor del IEEPCO-OPLE, y también someterlo al control y nombramiento de la Legislatura local—, sin ofrecer ningún tipo de explicación los integrantes de la Junta de Coordinación Política solicitaron que se le diera el tratamiento como de obvia y urgente resolución, para eliminar los requisitos de la remisión de la iniciativa a comisiones y la elaboración del dictamen correspondiente. Ávidos de consolidar el agandalle, los legisladores locales votaron a favor de la urgencia en la resolución del asunto, y elevaron a rango de ley una de las mayores aberraciones jurídicas de que se tenga memoria en Oaxaca.

¿De qué hablamos? De que, por principio de cuentas, la semana pasada en este espacio dimos cuenta de cómo la Jucopo impulsó la adición de un capítulo a la Ley Orgánica Municipal, y la derogación implícita del artículo 282 de la ley electoral, a través de una nueva regulación de la figura de la terminación anticipada de mandato en los ayuntamientos indígenas. ¿Qué dice esta nueva reforma?

Establece que la terminación anticipada procederá únicamente cuando lo solicite el 30 por ciento del número de integrantes de la Asamblea que eligió a las autoridades, y no el 20 por ciento del total de la ciudadanía reconocida conforme al sistema normativo del municipio, como lo establecía el ahora derogado artículo 282 de la LIPEEO. Es decir, que irresponsablemente el Congreso redujo de forma drástica el número de personas que se necesitan para pedir la revocación, y establecer que se necesita únicamente un porcentaje del número de personas que participaron en la Asamblea, independientemente de que éstas hubieran participado o no en la asamblea electiva.

Otra diferencia notable es que eliminaron completamente la participación del Tribunal Estatal Electoral, para remitirla al IEEPCO, y básicamente al Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas. Ahora será éste, y no el Tribunal y su nueva autonomía, quienes substanciarán el procedimiento y declararán la procedencia de la terminación anticipada de mandato, para que se realice la Asamblea en la que todo un Cabildo de procedencia indígena puede ser destituido, dejando sin ningún tipo de regulación y protección, varios principios básicos que deben tener las autoridades que pueden ser sometidas a este procedimiento, como su derecho de audiencia, sus garantías de seguridad jurídica o el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento —es decir, que conozca por qué se le demanda la destitución, que tenga posibilidad de contar con una defensa, de presentar y aportar pruebas, de formular alegatos y de tener derecho a un fallo fundado en derecho—, entre otros.

VAN POR TODO

Según la nueva Ley, el Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas concentrará un enorme poder respecto a la substanciación de las peticiones de terminación anticipada de mandato. Será algo así como un censor de las comunidades indígenas, que tendrá amplio margen para decidir en qué casos procede, y en cuáles no, el inicio y desarrollo de estos procedimientos; y después, qué determinaciones de asambleas comunitarias —en las que retira el mandato a sus autoridades— remite al Congreso local para su aprobación por una (increíblemente baja) mayoría simple.

La semana antepasada, la Junta tomó el control de este procedimiento de terminación anticipada de mandato, pero no hizo lo relativo al Consejo de Sistemas Normativos Internos sino hasta el jueves pasado. Pues al presentar una Ley de Sistemas Electorales Indígenas establecieron que los integrantes de este Consejo serán nombrados directamente por el Congreso del Estado a propuesta de la Jucopo.

Asimismo, quienes aspiren a integrar el citado Consejo, no necesitan probar indubitablemente los conocimientos y la experiencia en cuestiones electorales relacionadas con los sistemas normativos internos —a través de exámenes de oposición, trabajo en órganos electorales o conocimientos profesionales—, sino únicamente convencer a los integrantes de la Jucopo, quienes tienen a su criterio, como único parámetro de suficiencia sobre el cumplimiento de este requisito.

Así, sobre este conjunto de determinaciones vendrá un aluvión de acciones de defensa por parte de las comunidades indígenas de Oaxaca. Estas reformas sucesivas, de entrada son inconvencionales porque incidirán profundamente en la organización política de las comunidades indígenas, y porque para su aprobación no se realizó ningún tipo de consulta a los pueblos que intenta regular. Por si esto no fuera poco, este conjunto de determinaciones del Congreso local también generan una fuerte fricción con principios establecidos en la Constitución de la República para las comunidades indígenas relacionados con su autonomía y libre determinación.

Y finalmente, si hubo una intención clara en la reforma política nacional de brindar de autonomía, profesionalización e independencia a los órganos electorales en sus distintos niveles, con este verdadero asalto a sus funciones también queda de manifiesto que al Congreso local lo último que le importa es lo que dice la ley, si esto se contrapone a sus intereses.

TRANSPARENCIA, UNA FARSA

No hay un solo viso de que vaya a haber un proceso competitivo de elección de los integrantes del nuevo Instituto de Transparencia. Los partidos y sus fracciones parlamentarias, voraces, van con todo al reparto de algo que se supone que debería ser ciudadano. Anticípenlo: todo el que tenga “padrino” dentro del Congreso, quizá tenga futuro. Los que no, de nuevo irán de comparsa para legitimar este mal chiste. Triste, pero cierto.