Terminaci贸n anticipada de mandato: Congreso retoma el negocio

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Congreso

+ LXII Legislatura arregla sus errores y retoma facultades perdidas


El Congreso local se ha caracterizado por tener un sospechoso inter茅s en todo lo que se relaciona con los administradores municipales, y el jugoso negocio que 茅stos representan. En la reciente reforma constitucional en materia pol铆tico electoral, los diputados locales establecieron una pol茅mica figura denominada 鈥渢erminaci贸n anticipada de mandato鈥 en los ayuntamientos regidos por sistemas normativos internos. Con ella, estuvieron a punto de perder gran parte del control sobre los conflictos municipales; pero para tranquilidad 鈥攄e ellos y sus intereses鈥 ya retomaron el control a pesar de lo cuestionable tanto del mecanismo como de la forma en que lo hicieron.

En efecto, cuando en junio pasado se aprob贸 la pol茅mica reforma constitucional, se estableci贸 en la nueva redacci贸n del art铆culo 113 que 鈥淟a asamblea general o la instituci贸n encargada de elegir a las autoridades ind铆genas, podr谩 decidir por mayor铆a calificada la terminaci贸n anticipada del periodo para el que fueron electas, de conformidad con sus sistemas normativos y la Ley Org谩nica Municipal鈥. A trav茅s de esta figura se pretend铆a establecer, para los municipios ind铆genas, un mecanismo an谩logo al de la revocaci贸n del mandato en el caso del Poder Ejecutivo del Estado, a trav茅s del cual la poblaci贸n pudiera retirarle anticipadamente el mando otorgado al Cabildo de su comunidad.

Por hacer las cosas r谩pido, y sin el menor cuidado, el Congreso del Estado cometi贸 un primer error al incumplir el mandato de la Constituci贸n estableciendo la reglamentaci贸n de esa figura de la terminaci贸n anticipada de mandato en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), y no en la Ley Org谩nica Municipal (LOM), como claramente lo estableci贸 la nueva redacci贸n del art铆culo 113 de la Constituci贸n del Estado.

Eso no era lo m谩s grave, seg煤n los intereses de los diputados. Pues seg煤n lo que se estableci贸 en la LIPEEO (art铆culo 282), para la terminaci贸n anticipada del mandato de un ayuntamiento ind铆gena hab铆a que recorrer un largo e intrincado camino legal, y cumplir un conjunto complejo de requisitos ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE), 煤nicamente para que 茅ste autorizara la celebraci贸n de la asamblea en la cual se decidir铆a, mediante votaci贸n de las dos terceras partes del total del padr贸n de ciudadanos del municipio o comunidad, si se declaraba la terminaci贸n anticipada del mandato de sus autoridades. El resultado de dicha asamblea deb铆a ser revisado por el TEE, quien resolver铆a la procedencia de la determinaci贸n y, en caso de tratarse de municipios, lo remitir铆a al Congreso.

脷nicamente en este punto, el Congreso conservar铆a la facultad de continuar nombrando a los administradores municipales y autorizando la celebraci贸n de nuevos comicios. Pero b谩sicamente perd铆a todo el control respecto al manejo pol铆tico de los conflictos municipales, entreg谩ndolo al TEE, cuyos integrantes ya no ser谩n designados por el Poder Judicial del Estado, sino por el Senado, y por ende ya no responder谩n a los intereses del r茅gimen o los diputados en turno, y tampoco estar谩n sujetos a sus conocidas medidas de presi贸n o chantaje.

LOS CAMBIOS

La imposibilidad de generar consenso respecto a la urgencia de esta reforma, fue una de las razones que mantuvo trabados los trabajos legislativos durante cuatro semanas continuas. El PRI se negaba a perder las atribuciones que en materia de nombramiento y control de los administradores municipales, ten铆a la Comisi贸n de Gobernaci贸n que encabeza la priista Lilia Mendoza Cruz. Por esa raz贸n, el Congreso pudo reanudar sus sesiones 煤nicamente despu茅s de que se logr贸 construir un acuerdo para hacer reformas que permitieran que el Congreso recuperara sus facultades respecto a los administradores municipales.

驴Qu茅 hicieron los egregios integrantes de la Junta de Coordinaci贸n Pol铆tica? Impulsaron la adici贸n de un cap铆tulo a la LOM, y la derogaci贸n impl铆cita del antes se帽alado art铆culo 282 de la LIPEEO 鈥攜 las facultades que repart铆a a otros poderes y quitaba al Congreso local鈥 a trav茅s de una nueva regulaci贸n de la figura de la terminaci贸n anticipada de mandato en los ayuntamientos ind铆genas. 驴Qu茅 dice esta nueva reforma?

Establece que la terminaci贸n anticipada proceder谩 煤nicamente cuando lo solicite el 30 por ciento del n煤mero de integrantes de la Asamblea que eligi贸 a las autoridades, y no el 20 por ciento del total de la ciudadan铆a reconocida conforme al sistema normativo del municipio. Es decir, que el Congreso redujo dr谩sticamente el n煤mero de personas que se necesitan para pedir la revocaci贸n, para establecer que se necesita 煤nicamente un porcentaje del n煤mero de personas que participaron en la Asamblea, independientemente de que 茅stas hubieran participado o no en la asamblea electiva.

Otra diferencia notable es que eliminaron completamente la participaci贸n del TEE, para remitirla al IEEPCO. Ahora ser谩 茅ste, y no el Tribunal y su nueva autonom铆a, quienes substanciar谩n el procedimiento y declarar su procedencia para que se realice la Asamblea.

Incluso, para que pareciera que 茅ste es un requisito muy r铆gido, el Congreso incurri贸 en un abominable pleonasmo al establecer que para que la terminaci贸n anticipada sea v谩lida, se requiere la aprobaci贸n de una mayor铆a calificada, que 鈥渆n ning煤n caso podr谩 ser menor a las dos terceras partes de los miembros presentes en la Asamblea鈥. Todas las mayor铆as calificadas requieren, siempre, la participaci贸n de las dos terceras partes de los miembros presentes en una asamblea.

Todo ese procedimiento, sin embargo, no sirve para decidir la terminaci贸n anticipada. 脡sta 煤nicamente ocurrir谩 cuando el Congreso determine, por mayor铆a simple, emita un decreto declarando la terminaci贸n anticipada. Y entonces s铆, el Congreso nombrar谩 al administrador municipal y 鈥攃osa que no ocurre hoy en d铆a鈥 鈥渁utorizar谩鈥 al IEEPCO a que convoque a la Asamblea para elegir a sus nuevas autoridades.

OSCURIDADES

Es tr谩gico que el Congreso s贸lo se ponga de acuerdo, y sea productivo en legislaci贸n, cuando se trate de preservar sus intereses. Lo m谩s cuestionable, es que dicha reforma no pasar铆a ni el an谩lisis judicial m谩s simple, de cara a derechos fundamentales como la seguridad y certeza jur铆dicas de las autoridades electas, la estabilidad de sus cargos, as铆 como lo tocante a las formalidades esenciales del procedimiento que debieran considerarse, pero que en este caso no se cumplen ni de cerca.

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