+ Oportunidad histórica, transparentar mesas de negociación
Un elemento que debiera ser considerado fundamental por el gobierno estatal, en esta nueva etapa de la relación con la Sección 22 del SNTE ante la refundación del IEEPO, es la de cumplir el principio constitucional de la publicidad y la transparencia en lo relacionado con las mesas de negociación y el contenido de los acuerdos que alcance el gobierno con el magisterio. Esa es una premisa básica, que ha sido a la vez una demanda ciudadana, que por la complicidad/sometimiento del gobierno con el magisterio, nunca ha sido atendida. Debiera ser el momento de ponerla en marcha.
En efecto, el viernes el gobernador Gabino Cué dijo que su gobierno no va a negociar la ley ni los términos del decreto de creación del nuevo IEEPO. Manifestó su disposición al diálogo, en el marco de una nueva relación laboral libre de presiones y chantajes donde, dijo, prive un clima de respeto y transparencia pero de ninguna manera los términos que acordó la asamblea estatal del magisterio, para generar movilizaciones que afecten a la ciudadanía oaxaqueña en aras de “apoyar y coberturar” la mesa de diálogo pública que podría darse en el transcurso de la semana próxima (es decir, en estos días) entre el gobierno del Estado y la dirigencia de la Sección 22.
Es importante resaltar el señalamiento del Gobernador del Estado, de que su gobierno apuesta por una “mesa de diálogo pública”. Pues como todos sabemos, el gobierno y el magisterio han negociado en prácticamente todos los años que lleva el movimiento magisterial (35 años, de 1980 al presente), pero siempre lo han hecho de espaldas a la ciudadanía. Debiera ser el momento de que, en el marco de la nueva relación del gobierno con el magisterio, el contexto de la negociación cambie y comience por el rubro de la publicidad del diálogo para que la ciudadanía pueda saber ya no sólo los resultados y las consecuencias de la negociación, sino también su propio contenido.
Y es que resulta que a pesar de los argumentos democráticos e incluyentes que desde hace décadas se han esgrimido en la relación gobierno-Sección 22, todas y cada una de las negociaciones —y hasta los pliegos petitorios que año con año el magisterio le entrega al gobierno, y luego lo presiona para que lo satisfaga— han sido siempre privados y objeto de secrecía y discrecionalidad que, según sus propios efectos, siempre han resultado ser oprobiosos para la propia ciudadanía.
Sólo en ese marco de secrecía y discrecionalidad —que técnicamente no son lo mismo, aunque tienen los mismos funestos resultados— puede entenderse que en ese periodo de tiempo al magisterio oaxaqueño se le hayan dado todo tipo de privilegios y canonjías, las cuales van de lo justo a lo verdaderamente inimaginable.
Pues resulta que pareciera que un día el país se despertó con la noticia escalofriante de que los profesores de Oaxaca eran beneficiarios de todo tipo de canonjías, tales como cobrar más de 500 días de salario al año cuando ni siquiera cumplen con los 200 días de labores establecidas en el calendario oficial, y que además el IEEPO era la casa de la Sección 22 y no del gobierno, en la función de regir la educación en la entidad.
Nada de esto surgió de la nada, y mucho menos fue producto de un pacto avieso entre un solo Gobernante y una sola dirigencia magisterial. Fue, en realidad, consecuencia de toda una larguísima cadena de chantajes y extorsiones, y de connivencias coyunturales entre los sucesivos gobernantes y las dirigencias magisteriales, en la búsqueda de ciertos intereses que nada tenían que ver con la educación.
En ese contexto, la discrecionalidad y el ocultamiento de las negociaciones era un factor clave para las concesiones y los pactos inconfesables. ¿Cómo recibieron, por ejemplo, los maestros de Oaxaca la concesión de los 90 días de aguinaldo, a finales de la década de los noventas? ¿Cómo ensancharon su poder e influencia dentro del instituto educativo, hasta convertirse en los amos y señores de la educación en la entidad?
Es algo de lo mucho que los oaxaqueños habríamos querido saber en ciertos momentos. No se hizo, porque parte de los acuerdos se basaba en que la ciudadanía sólo supiera los resultados y las consecuencias, pero no los procesos. Y por esa misma razón debiera ser esencial que en esta nueva etapa, en la que pareciera que el gobierno quiere reconciliarse con la ciudadanía, comenzara por transparentar y publicitar el contenido de las mesas de diálogo, las negociaciones y los acuerdos, alcanzados con el mayor grupo social de Oaxaca, que es la Sección 22 del SNTE.
TRANSPARENTAR LA NEGOCIACIÓN
En varios puntos de la declaración que el gobernador Cué dio a los medios informativos el pasado viernes, y que fueron reproducidos por TIEMPO, manifiesta su disposición a que la libertad, el rechazo a la coacción, y la transparencia, sean las bases del diálogo con la Sección 22. Todo eso, así como la legitimidad de la discusión, sólo habría de darse en el momento en que el gobierno decida abrir a la ciudadanía los intercambios con el magisterio.
Una de las posibilidades debiera ser que la ciudadanía pudiera acudir, incluso sin derecho a voz o voto, a las mesas de diálogo entre ellos; otra, menos compleja, pero igual de transparente, debiera ser que el gobierno impulsara el registro de las mesas de negociación para ponerlas a disposición de la ciudadanía, o incluso realizar transmisiones en vivo de la misma. Si alguna utilidad pudiera tener la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, como un servicio a la gobernabilidad y a los oaxaqueños, esa debiera ser en la difusión de asuntos que, como ese, nos concierne a todos.
Sería una oportunidad histórica de saber qué pasa, qué se dice, y qué se intercambia en esas negociaciones. Sería un gran paso que el gobierno impulsara esa medida ahora que ya no se encuentra bajo el yugo histórico del magisterio oaxaqueño.
¿ACLARAR?
El IEEPO debe ser muy cuidadoso en el manejo de su comunicación. ¿Para qué emitir un comunicado aclarando la legalidad de los nombramientos hechos la semana pasada por el Ejecutivo? Era más, la gente que no sabía del cuestionamiento que hizo la Sección 22 a tres funcionarios recién nombrados, que quienes estaban muy al tanto de eso. Pero esa aclaración —por la propia fuerza que hoy en día tiene cualquier comunicado emitido por el Instituto— provocó que mucha gente que no sabía, y que no se habría enterado, supiera del problema. Un efecto bumerang innecesario y costoso.
