La SCJN ya le resolvió los conflictos educativos fuertes al Congreso

LXII Legislatura

+ Ahora diputados deben armonizar según esos lineamientos concretos


Ahora que los diputados de la LXII Legislatura se dicen tan dispuestos a aprobar la ley estatal de educación aún frente a los amagues de la Sección 22 del SNTE, debieran aprovechar que al resolver controversias por las legislaciones de otros estados del país, la Suprema Corte está estableciendo puntos específicos que deben ser recogidos por el Congreso de Oaxaca para armonizar con eficacia y sin entrar en más conflictos supuestamente ideológicos o con el magisterio oaxaqueño.

En efecto, esta misma semana la Suprema Corte está resolviendo varias de las controversias que en junio del año pasado presentó el Presidente en materia educativa. Como bien debemos recordar, junto con la controversia presentada en contra de Oaxaca por la no armonización de las leyes estatales con la reforma educativa federal, el Ejecutivo de la nación presentó varias controversias más en contra de las legislaciones de otros estados del país, que al armonizar habían incurrido en algunas cuestiones que la federación consideró como inconstitucionales.

En la mayoría de los casos, esa inconstitucional surgió, a juicio de la federación, porque los estados habían invadido facultades federales en temas como el servicio profesional docente, la evaluación, la contratación o la permanencia de los profesores en sus deberes. Oaxaca fue el único caso de una entidad federativa que simplemente no hizo nada. Y por eso a la par de la conminación del máximo tribunal de justicia del país para que los poderes locales oaxaqueños armonicen en un plazo de seis meses, están estableciendo una serie de parámetros que el Congreso local ahora debe recoger para hacer una armonización más sencilla, más eficaz —que no sea objeto de una segunda controversia, ahora por el contenido de la ley armonizada— y más alejada de los mitos y atavismos que sigue esgrimiendo el magisterio oaxaqueño.

De hecho, en un artículo publicado ayer en El Universal, el ministro José Ramón Cossío Díaz hace referencias específicas sobre uno de los temas torales de la reforma educativa, en el que varios estados del país incurrieron en normas que ya fueron declaradas inconstitucionales. A este respecto, el ministro Cossío recuerda que en febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 73 de la Constitución federal para establecer que el Congreso de la Unión era el único facultado para legislar en materia del servicio profesional docente.

Con ese parámetro, el ministro Cossío señala que a partir de lo decidido por la Suprema Corte en sus últimas sesiones con base en el criterio anterior —y frente al hecho de que varios estados establecieron disposiciones relacionadas con el servicio profesional docente en sus constituciones y leyes locales—, se han actualizado dos efectos.

Por una parte, se han anulado las leyes o preceptos en que los legisladores locales hubieren regulado al “servicio profesional docente”, lo que se fundó en su señalada falta de competencias en la materia. Y por otra parte, la Corte ha ordenado a los legisladores locales que hubieren sido omisos al emitir leyes en materia educativa que, en un plazo no mayor a seis meses, legislaran a fin de armonizar su régimen educativo a lo previsto en la reforma de febrero de 2013, sin imponer obligación alguna a los congresos locales en materia de servicio profesional docente, pues ello corresponde sólo al Congreso de la Unión.

Abundando en lo anterior, ayer en Excélsior el senador Arturo Zamora aclaraba puntualmente el punto: La cuestión, señalaba, es que las leyes combatidas repiten artículos o capítulos de las leyes generales de educación y servicio profesional docente fuera de contexto, o peor aún, los reformulan ambiguamente, abriendo la puerta a convalidar acuerdos locales como se hizo en Oaxaca con el convenio que engendró al IEEPO.

Nada menos que en eso último radica la importancia del trabajo de la Suprema Corte en estas materias, y de lo útil que pueden ser todos esos criterios para la emisión de una ley estatal de educación en Oaxaca que sea armónica con la Constitución, y útil para las cuestiones que debe abordar.

ALEJARSE DE ATAVISMOS

El Congreso de Oaxaca, como lo hemos apuntado en enésimas ocasiones, ni siquiera ha iniciado el análisis de las iniciativas de ley estatal de educación que se han presentado, bajo el argumento de que no existen consensos entre los legisladores para que eso ocurra. Esa supuesta “falta de consensos” la han llenado de contenido a partir del argumento de que algunos partidos, como el PRD y las fuerzas de izquierda, respaldan a pie juntillas las iniciativas que presentaron, por un lado, los profesores de la Sección 22, y por el otro, el Ejecutivo del Estado; y que el PRI sólo respaldará una armonización lisa y llana de las normas locales a la legislación federal.

Esos argumentos son engañosos, porque al final de lo que se trata es de que lo que se legisle en Oaxaca no invada las normas federales ni intente re legislar a favor de la Sección 22, en materias que son de exclusiva competencia de los poderes federales. Fuera de eso, todo lo demás es paja. El problema es que esa paja es la que ha sido utilizada como pretexto por los diputados para esquivar la urgencia y la responsabilidad de hacer el trabajo político y legislativo que sea necesario para aprobar las normas locales en la materia.

Por eso, si verdaderamente tienen ganas de hacer algo por Oaxaca deberían revisar con detalle todo lo que en estos días ha resuelto la Suprema Corte, para impulsar una ley educativa capaz de abordar y resolver algunos de los muchos problemas educativos locales, y verdaderamente ser un factor de solución política, y no de más problemas, para la educación pública en Oaxaca.

LA TRAICIÓN QUE VIENE

El ulisismo está desatado: en un evento político, disfrazado de “un cumpleaños”, este fin de semana todos los herederos del ex gobernador Ulises Ruiz se fueron a alinear con los prospectos a la gubernatura del grupo gobernante. Dejaron ver sus dos rutas: por un lado, seguir respaldando a sus desechables “candidatos naturales” (el senador Eviel Pérez y Héctor Pablo Ramírez); y por el otro —¡lo increíble!—, buscar una alianza con el gobierno estatal, para ir contra sus adversarios domésticos del PRI. Por eso, al “cumpleaños”, todo el ulisismo fue al pase de lista. Todo. De ese tamaño son las ambiciones, cuando de tratar de regresar al poder se trata.