La 22 soslaya el futuro institucional de la educación en Oaxaca

IEEPO

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Perdida en su testarudez, y en la pequeñez de miras que significa combatir sólo la evaluación docente, la Sección 22 del SNTE ha olvidado por completo que la reforma educativa significa mucho más que someter a los profesores a un proceso de revisión periódica de su desempeño frente a sus alumnos. Al menos en Oaxaca, la discusión educativa debiera pasar por una pléyade de temas que hasta ahora no han sido abordados por el propio magisterio, y que tampoco parecen tener un derrotero visible por la autoridad del IEEPO. Al no haber diálogo, ni propuestas, y mucho menos consenso entre los actores estatales inmersos en la educación pública, lo único que queda es seguir esperando los manotazos federales.

En efecto, éstos días serán intensos por los amagues de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE en contra de los procesos de evaluación que ya comenzaron a implementarse en Oaxaca. La semana pasada hubo un primer anuncio del magisterio, que amenazó con intentar boicotear la realización de los primeros exámenes que formalmente se aplican en la entidad en el marco de la reforma educativa. El gobierno de Oaxaca respondió que de haber intentos de sabotaje, se ordenaría el uso de la fuerza pública para garantizar la realización de las pruebas.

En ese diálogo de sordos, en el que hay amenazas pero no amagues, el propio magisterio debiera preguntarse qué más existe después de la evaluación docente, que es el símbolo de la reforma educativa, pero no su único contenido. Pues hasta ahora, es evidente que todo lo han centrado en resistir a la evaluación, y a tratar de revertir la pérdida de su principal coto de poder, que era el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pero no han reparado en que este conflicto tiene mucho más de fondo y que deberían estar pensando en un contexto real a mediano y largo plazo, y no únicamente en sus postulados trasnochados de lo que no podrán recuperar.

En ese sentido, resulta que los profesores insisten en que se abrogue la evaluación, pero ésta ya se les está aplicando. Ellos tienen todo el derecho de pedir que se deje sin efectos la ley que establece dicho requisito. Pero centrar toda su lucha a eso significa no reconocer que más allá de la evaluación hay mucho más camino por andar, y que ahora su lucha tendría que incluir el hecho mismo de que ellos fueran considerados en la planificación de los procesos educativos en el mediano y largo plazo.

Pues mientras los profesores de la CNTE insisten en esta cuestión parcial, el gobierno federal tiene un interés inusitado (el interés de que Aurelio Nuño, titular de la SEP, crezca como figura con la reforma educativa como herramienta política de cara a la sucesión de 2018) en que la implementación de la reforma educativa camine rápido, y que se haga con la menor oposición posible. En ese contexto, los maestros están desperdiciando la oportunidad de incidir en el debate aún vigente sobre el contenido de las normas estatales en materia educativa, y sobre las decisiones que se están tomando respecto a la implementación de la reforma federal.

Así, aunque parezca muy paradójico, este es el mejor escenario para el gobierno federal: tiene totalmente “entretenido” al magisterio oaxaqueño en su resistencia a una evaluación que ya no pueden parar. Y mientras los tiene distraídos y metidos de lleno en ese asunto irremediable, sigue tomando decisiones trascendentes para la educación sin ningún tipo de oposición, y ya sin considerar la postura de la autoridad educativa estatal, que está cada vez más disminuida y absorbida en funciones por las autoridades federales.

¿QUÉ SIGUE?

En el ámbito de la autoridad educativa estatal, debería fijar una postura concreta sobre cuál es el futuro de cuestiones como la Sección 59, que sigue sin merecerles ninguna consideración, a pesar de que han sido sus aliados silenciosos en la decisión sobre la confiscación del IEEPO a la Sección 22 y la aceptación de la reforma educativa como criterio educativo en la entidad.

Al IEEPO, además, debiera corresponderle hacer, públicamente, los planteamientos que son urgentes respecto a cómo se debe establecer la reforma educativa en la entidad. Toda la tarea se le quedó a los diputados, pero el Instituto ni por supervivencia, ni por olfato político, e incluso ni por dignidad, ha sido capaz de al menos delinear cómo piensan ellos que debe ser el planteamiento legal de la educación en Oaxaca.

Así, por sentido básico de subsistencia, el IEEPO debiera asumir que la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Congreso local en agosto del año pasado es un modelo agotado frente a las circunstancias, y por esa razón debería provocar un diálogo público para seguir presionando al Congreso del Estado a que tome con seriedad el asunto y emita una ley educativa al menos en el plazo que le concedió la Corte para dicho efecto.

Y a la 22 debiera corresponderle lo relativo a su propio papel en el mediano plazo. No es viable pensar en sindicato magisterial atrapado en la discusión bizantina de la abrogación de la ley educativa, y desdeñando todos los temas que están relacionados con el presente y futuro de la educación en la entidad.

En el fondo, como todos los actores de la educación en Oaxaca siguen administrando sus posturas, lo que va a terminar ocurriendo es la toma de más decisiones federales. Quién sabe si éstas sean correctas, pero sí serán articuladas. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, más golpes a la Sección 22, con la aprehensión de líderes y la utilización de la fuerza pública para inhibir sus acciones y para continuar reduciendo su capacidad de acción. ¿Qué más? Puede ocurrir —y no lo descartemos— la absorción federal del IEEPO y la reducción del Director General del Instituto a la figura testimonial, que es hoy la delegación de la SEP en la entidad.

Por todo eso, el Oaxaca debiera haber más diálogo y menos silencio. El problema es que nadie lo entiende y eso deja todo el campo llano para que la federación siga con sus planes de hacer la reforma educativa una herramienta electoral de cara al 2018.

BOICOT

Y bueno, en ese contexto de luchas suicidas y sin sentido, la 22 ya se prepara para su tradicional boicot anual al Buen Fin. Bastante harían con asegurarse que sus propios agremiados no ocupen la fecha para comprar sus pantallas de leds, previendo el apagón analógico… no vaya a ser que ya no puedan ver las telenovelas y a Joaquín López Dóriga.