En el PRI, convención de delegados significa una definición a legitimar

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+ PAN y PRD sólo entrarán en la ruta de no hacer gobiernos de coalición


La tarde del martes, el Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca estableció que la elección de su candidato a Gobernador será a través de una convención de delegados. Al mismo tiempo, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática no hallan la forma de legitimar la ruta que seguirán para conformar una nueva alianza electoral para 2016. En nuestra entidad esas son definiciones esenciales que desde ahora marcarán el rumbo de la sucesión gubernamental.

En efecto, el martes el Consejo Político del PRI en Oaxaca aprobó el método de convención de delegados para elegir al candidato a la gubernatura del Estado para el Proceso Electoral del 2016. Los priistas refrendaron los principios de equidad, objetividad, transparencia y unidad para la elección de los aspirantes a los puestos de elección popular. Y también establecieron un mecanismo diferenciado (entre la convención de delegados, y las postulaciones directas de candidatos) para la definición de quiénes serán sus abanderados a las diputaciones locales, y las presidencias municipales.

Básicamente, lo relevante de esa sesión de Consejo Político, es lo tocante a la definición de cómo elegirán a su candidato a Gobernador. ¿Por qué? Porque según lo establecen los estatutos de ese partido, bien pudo haber una contienda interna abierta; bien pudo haber sido el Comité Ejecutivo Nacional quien decidiera la postulación del candidato; y también estaba en el catálogo de posibilidades la de la Convención de Delegados, que fue la finalmente establecida. Esto apunta, a pesar de todo, a que no habrá sino la construcción de una sola precandidatura, y la legitimación política de esa sola candidatura, previamente decidida en los altos círculos del priismo, pero pasada por la formalidad democrática de la Convención de Delegados.

Ahora bien, en este contexto resulta necesario saber cómo se integra una convención de delegados. Sobre esto, dicen los estatutos del PRI (artículo 184) que las convenciones de delegados deberán conformarse de la siguiente manera: I. El 50% de los delegados estará integrado por: a) Consejeros políticos del nivel que corresponda, consejeros políticos del nivel inmediato inferior y consejeros políticos de los niveles superiores que residan en la demarcación (en este caso, los consejeros políticos estatales y nacionales del PRI que residan en Oaxaca). b) Delegados de los sectores y organizaciones electos en sus asambleas respectivas, en proporción a su participación en el Consejo Político del nivel correspondiente; y II. El 50% restante serán delegados electos en asambleas electorales territoriales.

¿Qué significa esto? Que aún cuando hablen de democracia y de una competencia pareja entre todos los aspirantes a la gubernatura, en realidad todo se definirá a partir de que, desde ahora, toda la estructura priista trabajará para la conformación de una convención de delegados que responda al interés de quien será el próximo candidato a Gobernador. En un asunto como éste no hay democracia participativa ni deliberativa, porque más bien la tradición priista apunta a que las asambleas de delegados se construyen para legitimar decisiones y no para que sean los representantes del priismo los que libremente decidan a su candidato.

Así, pues, dependerá de quién conforme la asamblea, y escoja a los delegados, el rumbo que ésta tome en la definición de su candidato. Pudo haber sido una elección interna, en la que los aspirantes hicieran precampaña y en la que al final hubiera una elección abierta a toda la militancia. No ocurrió así. Y eso refuerza la idea de que finalmente el Presidente de la República (en su vieja calidad del “primer priista del país”) ya escogió a su candidato, y ahora las formas estatutarias trabajarán para legitimarlo como abanderado.

LA COALICIÓN, REVUELTA

Al mismo tiempo, el PAN y PRD luchan por conseguir la legitimidad que les permita formalizar una nueva coalición en Oaxaca. En esta lógica, el presidente del PRD, Agustín Basave ha señalado que la estrategia de alianzas para enfrentar al PRI en las urnas “será asumida en breve por el Comité Ejecutivo Nacional, con pleno respeto a quienes se oponen a la alternativa de un bloque opositor”. No obstante, mientras hace esta mueca de respeto a las definiciones internas de su partido, sostiene reuniones con Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, para negociar la conformación de esa alianza.

Según Basave, el sentido de las alianzas electorales es “detener la restauración autoritaria, que está en marcha en el país y que el PRI impulsa”, y ha explicado que se trata de “alianzas amplias, de amplio espectro, en las que no hay nada decidido”. Y el problema es que, como él mismo reconoce, “no ha votado el Comité Ejecutivo Nacional; no hay todavía estados específicos (en los que irían juntas las fuerzas políticas participantes). No hay nada. Hay la intención de formar bloque opositor, reconoce Basave.

En este sentido, puede ser que la coalición se integre al menos para el caso de Oaxaca, pero lo cierto es que no se puede esperar mucho de ella. Como ocurrió en el 2010, los partidos coaligados tienen como objetivo de fondo la meta coyuntural de no permitir el avance electoral del Partido Revolucionario Institucional, pero sin reparar en que una alianza electoral convertida en un gobierno de coalición, pero sin plan o programa, se reduce a una repartición de espacios y parcelas de poder, pero no a un gobierno funcional que responda a equilibrios repartidos entre distintas fuerzas políticas.

Y nuevamente, como en el pasado, esas fuerzas están haciendo el trabajo de encontrar el argumento adecuado para legitimar las alianzas: el PRD apela a la competitividad que necesita recuperar; y el PAN alude su fobia histórica al PRI. ¿Por qué esto lo están decidiendo en la Ciudad de México? Porque conformar las alianzas en las entidades federativas, al menos en el PRD es una atribución del Consejo Nacional, y no de los consejos estatales como pudieran seguir creyendo algunos.

NÚMEROS

Según el PRI, la meta para los comicios del próximo año son: 810 mil votos, es decir el 57 por ciento de los sufragios del día de la elección, para poder ganar la gubernatura. Otros aspirantes, en otros partidos, hablan de la necesidad de captar una cifra cercana al millón de votos para ganar holgadamente. ¿Quién de ellos estará más apegado no a lo deseable, sino a lo posible?