+ EU presiona a gobierno mexicano con ejemplo de Guatemala
La reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, ocurrida el viernes pasado en Los Mochis, Sinaloa, debe verse no sólo desde la perspectiva de un hecho policiaco relevante, sino también desde la lógica de las fricciones entre México y Estados Unidos. La polémica semana pasada arrancó con un duro editorial publicado en el periódico The New York Times, en el que cuestionaba la opacidad y la resistencia del gobierno mexicano a la rendición de cuentas. La intención de Estados Unidos, quedó claro, era presionar al gobierno mexicano para el cumplimiento de ciertas exigencias relacionadas justamente con la rendición de cuentas, pero a un nivel similar al de Guatemala.
En efecto, hace exactamente una semana The New York Times dedicó su editorial a cuestionar la falta de transparencia del gobierno de México. En su texto, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “no será recordado como el líder transformador” que los mexicanos pensaron en la elección de 2012, sino como un político que “eludía a toda costa la rendición de cuentas”.
El Times hizo un recuento, de lo que consideró, han sido los sucesos que han sacudido a esta administración. “En el tiempo de Peña Nieto, el gobierno mexicano ha encubierto veloz y sistemáticamente horribles verdades y ha minimizado escándalos”. En el balance también se incluyeron “su casa blanca, la fuga de El Chapo y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que al parecer fueron masacrados en Guerrero”, dijo.
El editorial titulado México se resiste tercamente a rendir cuentas, también se refirió a la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que escapó del penal de máxima seguridad de El Altiplano en julio pasado, y destacó el escepticismo de los mexicanos en torno a la versión oficial. El rotativo señaló que “lo más preocupante” es que el gobierno mexicano falló en investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014”. Y remataba con una exigencia bastante peculiar, dado el tono de sus afirmaciones. El Times remataba diciendo que “aún no es tarde para que el gobierno mexicano dé acceso libre a un equipo de investigadores internacionales”.
Para entender esta última exigencia —que constituía un mensaje político y público, de país a país— es necesario recordar lo que pasó en Guatemala con la estrepitosa caída del presidente Otto Pérez Molina meses antes de terminar su mandato, acusado de actos de corrupción justamente por un equipo de investigadores internacionales.
Como se debe recordar, formalmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.
Según lo que han informado diversos medios, el nombre de la red de defraudación, hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los cargamentos de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos. Por el mismo caso guarda prisión la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que en mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra. Todas las acusaciones las instauró una Comisión Internacional de Investigadores de la ONU por exigencia de diversas naciones, Estados Unidos entre ellas.
GUATEMALA Y EL CHAPO
Entendamos algunos antecedentes de esa Comisión Investigadora en Guatemala, porque ese es el punto de referencia de lo que la semana pasada exigió el Times al gobierno mexicano. En 2003, luego de que Guatemala pasara por largos periodos de inestabilidad política y guerra civil, el Estado guatemalteco solicitó formalmente la asistencia de la ONU para el establecimiento y funcionamiento de una Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, con miras a coadyuvar en la investigación y desarticulación de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.
En el Acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno guatemalteco se estableció que esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, eludiendo la investigación o la condena.
En una de las cuestiones más relevantes, esa Comisión de la ONU que opera en Guatemala también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la Comisión, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios.
¿Qué relación tiene todo esto con el tema del Chapo? Casi nada: que Estados Unidos comenzó formalmente al gobierno mexicano para que instaurara una comisión similar a la de Guatemala para que, entre otros casos, investigara —sin las ataduras y sin la subordinación al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto— la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Si esa exigencia no hubiera tenido una respuesta del tamaño de la que se ofreció el viernes, con la reaprehensión del capo criminal, lo que se habría esperado es un incremento exponencial de la presión para que se llegara a integrar esa comisión.
Al final, en el contexto interno del gobierno mexicano, la integración de una comisión investigadora sería una fuerte derrota para las instituciones nacionales, que tendrían que aceptar implícitamente su incapacidad para actuar con independencia; en el plano internacional constituiría la demostración de que el Estado mexicano enfrenta un problema de corrupción tan profundo que debe venir a enfrentarlo la comunidad internacional.
CORRUPCIÓN, POR DOQUIER
Con esto, quizá, el gobierno del presidente Peña Nieto haya detenido momentáneamente esa exigencia. Pero a nadie se le debería olvidar que no habría habido reaprehensión si antes no hubiera habido fuga; y que ésta no habría ocurrido si la corrupción y la incapacidad no estuvieran tan profundamente arraigadas en las instituciones del Estado mexicano.
