+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

En el PRI la democracia que vale es la decisión del Presidente

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AMurat

+ En Oaxaca, sólo los ilusos creyeron que habría una sorpresa


El anuncio realizado la noche del viernes por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, de que Alejandro Murat Hinojosa será el candidato de unidad de ese partido a la gubernatura de Oaxaca, confirma que la ortodoxia priista continúa intacta. Sólo quien decidió no atender algunos de los principios del priismo en procesos como éste, decidió pensar que habría una decisión distinta de la anunciada.

En efecto, a través de un comunicado difundido la noche del pasado 29 de enero, se informaba que el Comité Ejecutivo Nacional había decidido que Alejandro Murat Hinojosa sería registrado el próximo 2 de febrero como aspirante a la gubernatura del estado de Oaxaca, “por decisión unánime de los sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo a la convocatoria publicada el 23 de enero del presente”.

El comunicado aludía el pacto de unidad firmado una semana atrás, y refrendaba el respaldo político del priismo al asegurar que con Murat Hinojosa “se garantiza la cohesión de las principales expresiones partidistas para asegurar el triunfo el próximo 5 de junio y formar un gobierno incluyente que dé respuesta a las necesidades de la población e impulse la modernización del estado (…) [Murat] cuenta con el perfil que se requiere para cumplir ese objetivo por su juventud, formación académica y experiencia legislativa y en la administración pública”, añadía.

¿Qué significa todo esto? Primero, que el PRI demostró la fidelidad a su ya conocida tradición vertical, al asegurar —como en los mejores tiempos del régimen de partido hegemónico— que eran las expresiones políticas, organizaciones y sectores —no el Presidente— quien definía el rumbo de una candidatura. Del mismo modo, el PRI reiteró su congruencia con la intención de dejar fuera a los candidatos externos, como el empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, que había manifestado interés en participar en la contienda electoral bajo las siglas del priismo.

Evidentemente, al margen de las consideraciones de si esas prácticas son buenas o malas, más bien lo que reflejan es el sentido de autoridad que continúa conservando el priismo respecto a su praxis política. En ese partido, las prácticas democráticas han sido siempre relativas, y han estado sujetas —cuando hay Presidente priista de por medio— a las consideraciones de la cúpula, encabezada justamente por el Primer Mandatario. Por eso puede entenderse que el proceso interno se inició únicamente para cubrir las formalidades y los requerimientos establecidos por la ley electoral, pero no porque verdaderamente se fuera a privilegiar a la democracia interna.

En ese sentido, el priismo buscaba cosas muy básicas: primero, seguir las formas establecidas en la ley para la postulación de un candidato (por fuerza tenían que elegir un método de entre los contemplados en las normas electorales, y sus estatutos); segundo, utilizar los recursos que la ley ofrece, para gozar de mayores espacios para la realización de proselitismo (simular un proceso interno, con un candidato único, es exactamente eso); tercero, demostrar que hay cuadros suficientes para tomar una decisión, pero también que la regla principal es la disciplina (por eso hicieron desfilar a siete precandidatos, a sabiendas de que la competencia —si es que alguna vez la hubo— sólo ocurriría en el ánimo del Presidente); y cuarto, que sigue viva su tradición de “las expresiones mayoritarias”, de “la cargada”, y de la “operación cicatriz” que seguramente ocurrirá en los días o semanas venideras.

LOS VOTOS Y LOS VETOS

Esta nominación, además, pone en claro que hay reglas no escritas en el priismo, que siguen cumpliéndose al pie de la letra. Una de ellas, la más importante, es la del rechazo al reciclaje de candidatos perdedores. Hace seis años, el entonces gobernador Ulises Ruiz le aplicó esa norma al senador Adolfo Toledo Infanzón, que a pesar de que en ese entonces era por mucho el puntero en las encuestas de opinión, y del trabajo político del priismo, no logró hacerse de la candidatura. La razón, vale la pena recordarla y ponerla en el contexto actual.

Toledo Infanzón había perdido una sola elección en su vida: a pesar de tener trabajo político y una larga trayectoria en el servicio público, Toledo fue el principal damnificado del conflicto magisterial y popular de 2006, que ocurrió al mismo tiempo que los comicios presidenciales de aquel año. Aunque Ulises Ruiz le había prometido un millón de votos al PRI de Roberto Madrazo Pintado como candidato presidencial, su expectativa se vio rota por la crisis social, que llevó no sólo a incumplir dicha meta, sino a perder la mayoría de los espacios que disputaba el PRI en Oaxaca.

Entre las derrotas, la más dolorosa fue la de Toledo Infanzón, que aspiraba a ser Senador para después convertirse en el sucesor de Ulises Ruiz. Pero al ser derrotado, y acceder al Senado por la vía de la primera minoría, quedó estigmatizado al interior del priismo y esa fue una de las principales causas por las que finalmente fue vetado para la candidatura al gobierno de Oaxaca en 2010. Ulises Ruiz, en su momento, ponderó todas las circunstancias y decidió que un candidato hasta entonces poco conocido, como Eviel Pérez Magaña, podía sustituir el liderazgo de Toledo Infanzón.

Después de eso, la historia ya es bien conocida: Pérez Magaña —un incondicional de Ruiz— perdió la gubernatura a pesar de haber obtenido una votación copiosa; dos años después, en 2012, cobró la factura como heredero del priismo en la derrota, pero volvió a perder en la carrera al Senado (también llegó a la cámara alta por la vía de la primera minoría); y a pesar de reflejar números aceptables en las encuestas de opinión, finalmente nunca tuvo oportunidad de convertirse en candidato a Gobernador por segunda ocasión, gracias justamente a la tradición de no refrendar a los derrotados en las elecciones importantes.

LA HISTORIA SE REPITE

En los primeros días de marzo de 2010, Eviel Pérez Magaña recibió —contra viento y marea— el “apoyo de sectores y organizaciones” para ser “precandidato de unidad”, y luego convertirse en candidato a Gobernador del PRI. En aquel entonces, desde el priismo nacional obligaron a todos los aspirantes —Adolfo Toledo, José Antonio Estefan Garfias, José Antonio Hernández Fraguas, Martín Vásquez Villanueva— a declinar, disciplinarse y sumarse a la campaña. Todos lo hicieron. ¿Por qué ahora tanta inconformidad?

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