+ Por torpezas y omisiones, subsiste posibilidad de otro “palo” de SC
Si el Congreso local está lleno de contradicciones y paradojas, todas quedaron de manifiesto con la atropellada aprobación de la ley educativa estatal. Resulta que para aprobar dicho instrumento legal, los aliados del gobierno fueron los no convocados; sus supuestos adversarios fueron los más diligentes y, entre ellos, resulta que unos terminaron pareciéndose a sus enemigos por defender los postulados a los que aquellos fustigaron. En este enredo vale la pena analizar las contradicciones que hoy tienen en el total descrédito a los partidos y sus bancadas.
En efecto, la noche del sábado se aprobó la reforma educativa en una sesión legislativa relámpago, a la que asistieron sólo 28 de los 42 diputados de la LXII Legislatura, y en la que hubo un trámite legislativo que no sólo deja dudas sobre su constitucionalidad, sino que además abre las mismas puertas que, hace pocos meses, llevaron a la declaración de inconstitucionalidad a la reforma político electoral, aprobada en condiciones muy parecidas a la ley educativa. ¿De qué hablamos?
De que un aspecto toral en el que claramente falló el Congreso al llevar a cabo esta reforma es en el relacionado con la verdadera función deliberativa del pleno del Poder Legislativo. Pues igual que como ocurrió en la aprobación fast track de la Ley General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales —cuyo decreto fue declarado inconstitucional en octubre del año pasado por la Suprema Corte—, en este caso tampoco hubo actividad deliberativa corroborable por parte de los diputados.
Si verdaderamente hay impugnaciones, y la Corte decide entrar a la revisión exhaustiva del procedimiento llevado a cabo para la aprobación de la ley educativa, fácilmente podrá advertir que no habría habido deliberación, entendiendo ésta como la actividad en la que los diputados públicamente analizan, debaten, discuten y clarifican los puntos contenidos en la iniciativa. La ausencia de esa actividad deliberativa fue una de las razones de fondo por las que el 5 de octubre del año pasado la Corte invalidó el Decreto 1290; esa es la razón por la que todo esto se convierte en una referencia clara sobre las inconsistencias en esta nueva actividad legislativa que podrían llevar a una nueva declaratoria de inconstitucionalidad por las fallas en el procedimiento legislativo.
En ese sentido, el Congreso del Estado debe ser muy firme en la forma en cómo debe concebir la actividad del Oficial Mayor. Es lamentable que durante toda la presente Legislatura, quienes han ocupado el cargo de Oficial Mayor —primero Juan Enrique Lira Vásquez, y ahora Igmar Francisco Medina Matus que, además enfrenta la vicisitud (que no impedimento legal) de no ser abogado— han actuado como meros subordinados de las decisiones y caprichos de las fracciones parlamentarias, pero se olvidaron que la función fundamental del Oficial Mayor consiste justamente en velar porque se cumpla en todo momento con la legalidad y con los postulados básicos de la Constitución.
En buena medida, la invalidación por parte de la Corte de la reforma político electoral ocurrió porque no se siguieron escrupulosamente las reglas constitucionales para la emisión de una norma, siendo esa una responsabilidad directa del Oficial Mayor, que con toda su estructura administrativa tiene la función, al margen de sus débitos partidistas, de velar porque se respete y se cumpla con la Constitución, cosa que evidentemente no ha ocurrido en estas situaciones y que ya fue demostrado —para vergüenza de Oaxaca— en la invalidación no sólo del Decreto que contenía las leyes reglamentarias de la reforma político electoral, sino de varias otras normas que no han logrado superar la revisión constitucional de la Suprema Corte.
CONTRADICCIONES
Junto a las fallas legales hay contradicciones políticas que también vale la pena resaltar. ¿No es actualmente el PRD el partido del Gobernador? ¿No es, además, el PRD la fuerza política a través de la cual el grupo gobernante lanzó a quien pretende que sea su sucesor en la titularidad del Ejecutivo estatal? ¿No es el PRI su principal adversario? ¿Y no la defensa de los intereses gremiales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es una bandera de Morena —no del PRD— y que eso motivó hasta un acuerdo entre el magisterio y Andrés Manuel López Obrador?
Nos preguntamos todo eso porque la aprobación de la reforma educativa sacó a flote muchas contradicciones de las que nadie en los partidos quiere hablar. Por ejemplo, resulta que el PRI fue el partido más colaborativo en la aprobación de una iniciativa —la que presentó el Gobernador en agosto de 2014— que durante 20 meses se dedicó a descalificar y bloquear. Junto a eso, resulta que el PRD terminó siendo el partido “aliado” de la Sección 22, cuando se supone que quienes estaban decididos a defender los intereses magisteriales están en otros partidos. De ser así, ¿entonces diputados como Jesús López Rodríguez deben seguir en el PRD, o son militantes de facto de Morena?
INCONGRUENCIAS
¿Cómo explicarle a las personas que el partido del Gobernador fustigó la iniciativa de ley educativa del Gobernador, pero que al mismo tiempo está impulsando a quien pretende ser el sucesor del Mandatario? ¿Cómo explicar, además, que unos sí colaboraron y otros no, con un postulado que no es de nadie? Por revoltijos como estos es que la ciudadanía sabe que los partidos y los políticos, hoy, tienen intereses y no convicciones.
