+ Necesitamos más propuestas y menos confrontación
Hoy terminan las campañas y el resultado es, a pesar del endurecimiento de las normas, una feroz guerra de lodo, en medio de una enorme aridez de propuestas y civilidad por parte de partidos y candidatos. Ante resultados de esta magnitud, habrá que preguntarse qué tan útiles pueden ser las reformas legales sucesivas cuando no existe responsabilidad por parte de quienes ponen en marcha los mecanismos electorales, y quienes participan en ellos. Junto a ello, habrá también que ver que la transformación de la guerra electoral apenas si es el preludio de lo que será el proceso electoral para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, dentro de sólo dos años.
En efecto, el proceso electoral de Oaxaca no se puede ver como una arena aislada, sino como parte importante del proceso electoral más amplio y trascendente, previo a los comicios presidenciales de 2018. En el país se juegan doce gubernaturas, y de ellas sólo en dos existe una competencia electoral moderada por tener un ganador enfilado. En las otras diez gubernaturas que están en juego —Oaxaca entre ellas—, hay una enorme lucha entre varios partidos por lograr el triunfo en los comicios de este domingo. Esa competencia trajo consigo una guerra sucia que, a estas alturas —y de cara a las nuevas reglas electorales, que se supone que en gran medida fueron hechas para evitar estas situaciones— parece irremediable.
¿De qué hablamos? De una realidad palmaria y preocupante: que la guerra sucia entre partidos y candidatos, que tanto se ha tratado de inhibir con el endurecimiento sucesivo de la reglamentación electoral, sólo se trasladó de arena: pasó de los medios tradicionales y de las tácticas a ras de suelo, a la incontrolable arena virtual. Para todos es común encontrar en las redes sociales al mayor escenario de la disputa entre candidatos y partidos, pero fundamentalmente en cuanto a campañas negras.
Ese —que es un espacio por naturaleza incontrolable— se volvió el escenario de todos los denuestos, descalificaciones y “filtraciones”, que antes se daban a conocer a través de la radio o la televisión, e incluso a través de panfletos que se mandaban a imprimir para dar a conocer masivamente una historia oculta, un “escándalo” o la filtración de una conversación privada cuya grabación habría sido obtenida por medio de escuchas ilegales.
El asunto no es menor: en gran medida, las dos últimas grandes reformas político electorales nacionales tuvieron como finalidad acotar esos espacios, pero sólo trasladaron el denuesto a la arena virtual. Pues resulta que, dejando tuncas esas reformas, los partidos y candidatos nunca asumieron que la parte subjetiva del éxito de esas reformas, radicaba justamente en evitar la posibilidad de trasladar de espacio los ataques por los que fue prohibida la publicidad comprada con recursos privados en radio y televisión, para la difusión de campañas negras.
Hoy, por eso, vemos que en las redes sociales más populares hay una guerra feroz, todavía más agresiva que cualquiera que se hubiera podido ver en los mejores tiempos de la radio o la televisión como vehículos de transmisión de esas descalificaciones; y con un mayor grado de accesibilidad dado que la compra de pautas y espacios en redes sociales es tan penetrante e influyente como en su tiempo fueron los medios electrónicos, pero a un precio que ni siquiera es comparable con lo que costaba inundar de spots la radio y la televisión, cuando los partidos, los candidatos, y los particulares, tenían acceso a la compra de espacios para fines electorales.
ESTREMECEDOR PRELUDIO
Hoy nadie tiene empacho en recibir —con gusto y morbo— la filtración de conversaciones telefónicas obtenidas por medios ilegales. A nadie le sorprende que las redes sociales estén inundadas de “anuncios sugeridos” en los que el contenido son audios o video que abiertamente buscan descalificar a un candidato, a través de la agresión, la burla, la discriminación, la segregación o la calumnia. ¿Ese es, al final, el resultado de las complejas y costosas reformas políticas, y las transformaciones que han sufrido todas las instituciones electorales del país? Parece que sí.
El problema es que todo esto es preámbulo de la elección presidencial que, si algo extraordinario no ocurre, terminará desarrollándose en los mismos términos —y más agresivos— que los comicios que hemos visto hasta ahora. Lejos de suponer que aquella será una elección menos agresiva, en realidad debe verse que en los comicios estatales los “incentivos” —es decir, los intereses— son relativamente pocos frente a todo lo que representa la presidencia del país. Por esa razón, lo que más puede esperarse es que ésta sea apenas una competencia preparatoria de la ferocidad que habrán de tener los comicios federales de 2018.
AUTORIDAD FICTICIA
Y por si algo hiciera falta, habrá que irle exigiendo al Instituto Nacional Electoral, que asuma con responsabilidad la monserga que ha sido, para todos, la titubeante actuación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ahora dependiente de la autoridad nacional electoral: como nunca antes, hoy vemos una autoridad electoral que se desacredita con sus errores, que trastabillea hasta cuando no hay conflicto, y que ha sido una entidad incapaz de estar a la altura de la demanda de estabilidad y certeza que tanto le urgen a este lastimado proceso electoral que hoy llega a su fin.
