+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

EPN vuelve a cerrar el diálogo con la CNTE… y retrocedemos 14 meses

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EPN

+ En 2015 condicionaron negociación con regreso a clases; hoy, lo mismo


Ayer fue el propio presidente Enrique Peña Nieto quien fijó la postura del gobierno federal frente a la decisión de varias secciones adheridas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —principalmente, la Sección 22 de Oaxaca— de no iniciar el ciclo escolar. El Mandatario dijo que todo diálogo con el gobierno federal quedará condicionado al inicio del ciclo escolar, a pesar de que ello ya no significa ninguna señal de firmeza sino acaso la constatación de que, cuando menos, el conflicto magisterial tuvo una regresión de catorce meses.

En efecto, ayer el presidente Peña Nieto advirtió a los maestros de la CNTE que se oponen a la reforma educativa, que regresen a clases pues es su obligación. “No habrá más diálogo si antes no garantizamos que los niños puedan recibir educación en las aulas que hoy están cerradas”, dijo Peña Nieto, además de asegurar que los espacios de diálogo no pueden estar sujetos a privar del derecho a la educación a los niños del país.

Dijo además que el gobierno ha abierto espacios de diálogo para atender demandas y escuchar planteamientos del SNTE y la CNTE sobre los cambios educativos, aunque aseguró que “lo único que no está sujeto a negociación alguna” es la reforma educativa. Más tarde, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, reconoció que en varias entidades en las que tiene presencia la Coordinadora había abierto casi la totalidad de las escuelas, pero que en Oaxaca y Chiapas no había certeza de cuántos centros escolares habían iniciado el ciclo escolar, y cuántos permanecían cerrados.

Este condicionamiento, que hoy en día podría ser visto como una señal de agotamiento de la tolerancia por parte del gobierno federal, en realidad no es sino el reflejo del pésimo manejo político que ha habido del problema magisterial. De hecho, esto remonta el conflicto a una situación muy similar pero en 2015, cuando la Sección 22 —que no la Coordinadora— decidió boicotear la jornada electoral del domingo siete de junio, y para ello acordonó instalaciones del INE, tomó la Terminal de Abasto y Reparto de Pemex, en El Tule, y mantenía un paro total de labores docentes en las escuelas oaxaqueñas.

Hasta entonces —debemos recordarlo— Gobernación había negociado con los líderes de la Coordinadora en condiciones muy similares a las de ahora: Luis Miranda Nava, el subsecretario de Gobernación, había acordado con los líderes magisteriales impunidad, recursos y derogación de facto de la reforma educativa a cambio de que éstos se desistieran del boicot a la jornada electoral, al paro de labores, y a las acciones que perturbaban a la ciudadanía. Entonces, como ahora, la 22 aceptó todas las prebendas que le ofrecía Gobernación, pero nunca dio muestras de voluntad para avanzar en la distensión del conflicto.

¿Qué pasó entonces? Que al gobierno federal se le agotó la paciencia, y 48 horas antes de la jornada electoral movilizó a 15 mil elementos federales para recuperar el orden en la capital. La 22, en efecto, se desmovilizó. Y ese repliegue táctico fue el que dio paso a acciones como la extinción del viejo IEEPO, y el avance —relativo— en la implementación de la reforma educativa.

Por eso, es sorprendente el retroceso vivido en el manejo del conflicto magisterial. Pero resulta mucho más asombroso que el gobierno federal quiera aplicar la misma fórmula a un conflicto que hoy tiene dimensiones diferentes.

DECLARACIONES ESPEJO

El ocho de junio de 2015, luego de la jornada electoral y en medio del multitudinario despliegue policiaco en Oaxaca, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que el gobierno de la República no negociaría las leyes constitucionales con la CNTE. Al mismo tiempo, la SEP anunció la reanudación de las evaluaciones al magisterio. Luego, Gobernación añadió que no negociaría mientras los maestros no estuvieran en las aulas.

Si releemos esa postura del gobierno federal, es esencialmente similar a la esgrimida ayer por el presidente Peña Nieto: no negociaremos mientras no haya clase. La pregunta, en todo esto, es saber qué está tratando de hacer el gobierno federal hoy que la Coordinadora está reagrupada, que fue relegitimada como movimiento magisterial nacional, y que cuenta con el respaldo político de otros grupos que el año pasado no estaban con ellos, cuando el gobierno federal movilizó a elementos federales para resguardar el orden en Oaxaca.

De nuevo, lo que parece es que el gobierno federal intenta utilizar la táctica de negociación de abrir y cerrar el diálogo de acuerdo a sus conveniencias, y no de lo que necesita Oaxaca. Pues es evidente que la decisión de no iniciar el ciclo escolar significa para la Coordinadora un movimiento estratégico de presión al gobierno federal, que únicamente regresa el agravio suspendiendo la mesa de diálogo. Eso va a trabar cualquier posibilidad de negociación, porque independientemente de sus respectivos cálculos, ambos grupos se encuentran en el límite de lo que pueden hacer: la federación no tiene la potestad ni la capacidad de abrogar la reforma educativa, y la CNTE no tiene otra demanda de fondo más que esa.

¿CUÁL ES EL RESULTADO?

De nuevo, una negociación totalmente trabada; dos entes que negocian sin ninguna posibilidad de construir un acuerdo de fondo, y —mientras— una entidad ahogada por la incertidumbre, por la inmovilidad económica y ahora, como si algo más le faltara, por la dilación en el regreso a clases.

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