+ Sección 22, empecinada en que sólo su verdad y demandas sean atendidas
Dice la Sección 22, en su último comunicado, que se mantienen en el paro indefinido de labores ante la falta de respuesta a sus demandas por parte del gobierno federal. Sin pudor, aseguran que los gobiernos federal y estatal se han negado a tomar en cuenta “el consenso popular” que demanda que sean los verdaderos maestros y padres de familia sean los que discutan la reforma educativa. ¿De verdad hay algo que pueda definirse como “consenso popular” a favor de las demandas magisteriales?
En efecto, haciendo uso de su característico lenguaje del secuestrador, la Sección 22 continúa asegurando que las escuelas siguen cerradas por culpa del gobierno. “Aclaramos que hoy los maestros y maestras hemos dejado las aulas obligados por un gobierno que asume una política de oídos sordos, responde con represión y cárcel, que a base del autoritarismo imponen leyes que sólo benefician a organismos internacionales y grupos empresariales”, dice en su más reciente boletín, en el que reiteran sus demandas y su posición de no iniciar el ciclo escolar.
Pasa por alto la Sección 22 todas las implicaciones que tienen sus decisiones, así como su incapacidad para mantener una lucha que se oponga a las decisiones que lastimen sus intereses, pero sin tomar como rehén a la ciudadanía y a la niñez oaxaqueña. En ese sentido, la Sección 22 no ha sido capaz de incidir en la construcción de la política educativa y ni siquiera de la discusión de la reforma a partir de planteamientos serios. Más bien, sus consideraciones se han basado en consignas políticas, en proclamas y en la movilización como método para apuntalar su política de “todo o nada” en su negociación con el gobierno.
Eso es algo verdaderamente preocupante, porque no asumen que si existe en Oaxaca y en México un consenso no sólo popular, sino nacional, éste es a favor de la educación. Es decir, que los mexicanos en general estamos a favor de que se construya una mejor política educativa, con lineamientos y reglas equilibradas y consistentes, pero bajo una premisa: que haya clases y que todos trabajen, independientemente de sus propias perspectivas, a favor de la educación en el país.
Ello no puede ocurrir, primeramente, porque hay sectores magisteriales, y el propio gobierno, que no han entendido que el consenso principal debe ser a favor de la educación. Esa idea, la del consenso, apunta a la construcción no de un acuerdo mayoritario, sino de una decisión unánime a favor de algo que involucra a toda la población. Temas sensibles como la educación, son justamente esos que sí generan un consenso nacional, aunque en realidad parece que en este país tenemos dificultades incluso para distinguir entre los problemas de facciones y los que nos afectan a todos.
TODO O NADA
La Sección 22 apunta a sólo dos demandas: el castigo a los responsables materiales e intelectuales del desastre de Nochixtlán; y la abrogación de la —“mal llamada”, dicen ellos— reforma educativa. Con ese parámetro de negociación, es claro que no habrá forma alguna de continuar el diálogo.
En lo que respecta a Nochixtlán, es evidente que la Sección 22 y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación jamás aceptarán un resultado que verdaderamente deslinde responsabilidades y aclare, por ejemplo, quiénes fueron los responsables de los disparos desde ambos lados del enfrentamiento; no habrá forma de que en ese deslinde de responsabilidades, acepten que también desde el frente magisterial hubo la comisión de delitos y que el resultado de aquel enfrentamiento fue mucho más complejo que la sola decisión de reprimir brutalmente al pueblo de Oaxaca.
Ahora bien, respecto a la abrogación de la reforma educativa, también hay una ruta inamovible que no tiene forma de llegar a buen puerto. Esta semana que pasó, sin clases, sin diálogos y sin resultados a favor de Oaxaca, es consecuencia justamente de que la Sección 22 haya llegado ya al límite de las capacidades de negociación del gobierno federal. Lejos de preocuparse por modificar el esquema actual y por generar un consenso a favor de la realización de una reforma a —valga la expresión— la reforma educativa, el magisterio oaxaqueño ha decidido ir en una sola ruta que no tendrá forma de concretarse en la forma que ellos plantean.
Así, ¿cómo pueden hablar del consenso popular, cuando justamente a esa condición social lastiman todos los días al mantener las aulas cerradas? Lo único que parece es que están puestas todas las condiciones para que no haya posibilidad de acuerdo, y entonces el conflicto se mantenga vivo permanentemente. En el fondo, esa es la condición que le conviene al magisterio, porque su lucha vive justamente de mantener vivas banderas inalcanzables, como la de la abrogación de la reforma educativa.
¿QUÉ SIGUE?
El gobierno federal tiene trabada la situación de Oaxaca. Desplazó nuevamente a fuerzas federales, que no han tenido ninguna actividad —y qué bueno—, pero mantiene agotado el camino del diálogo con la Coordinadora, que tampoco está interesada en generar un acuerdo que permita la reapertura de las aulas, y el inicio completo del ciclo escolar. Ninguno de ellos está interesado en lo que ocurre en Oaxaca —niños sin clases, padres de familia desesperados, la economía quebrada, el turismo devastado, etcétera—, que nuevamente pasa momentos aciagos por la mezquindad demostrada por todos los involucrados.
