+ Galindo Ceballos no es el único que debía pagar con destitución
De cara al cese del Comisionado General de la Policía Federal, una de las cuestiones que hasta el momento no ha sido abordada en la dimensión requerida es la participación de las fuerzas estatales en el desastroso operativo de Nochixtlán, el domingo 19 de junio, ni la investigación —y el deslinde de responsabilidades— que debió quedar en manos del Ministerio Público Estatal. Junto con Enrique Galindo Ceballos, debían también responder varios funcionarios estatales que son corresponsables por estos hechos, pero que ignominiosamente se han aprovechado de que la atención ha estado puesta únicamente en las fuerzas federales.
En efecto, la noche del lunes se anunció el cese de Galindo Ceballos de la Policía Federal, y aunque en el anuncio el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong no se refirió en particular al operativo de Nochixtlán, sí señaló que la remoción de Galindo tenía como origen “los hechos recientes”, así como una instrucción presidencial directa sobre la separación del cargo del ahora ex funcionario.
Esos “hechos recientes” implican la revelación por parte de la CNDH del informe sobre el operativo en Tanhuato —en el que más de veinte personas fueron presuntamente ejecutadas a mansalva por elementos federales y luego se aparentó un enfrentamiento—, pero de manera relevante el fracaso del operativo federal en Nochixtlán, el cual tuvo un fuerte impacto en la gobernabilidad del sureste del país, y en la relación del gobierno federal con la CNTE.
En ese sentido, uno de los elementos que no debe perderse de vista es que, por un lado, el operativo policiaco del domingo 19 de junio en Nochixtlán, fue planteado como una coordinación de fuerzas entre la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y que, por el otro, hubo total incapacidad por parte de las dependencias estatales —la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y la Fiscalía General del Estado— para brindar certeza sobre los alcances de la investigación y el deslinde de responsabilidades.
En ese marco, hay que considerar varios elementos: primero, que la misma noche del 19 de junio, fueron los mandos del operativo conjuntos quienes salieron a dar la cara y a ofrecer información sobre el saldo —que no resultado— del enfrentamiento; segundo, que desde entonces ningún mando o autoridad estatal en materia de seguridad pública, ha asumido ningún tipo de responsabilidad por el enfrentamiento, transfiriendo toda la responsabilidad y el costo del enfrentamiento a las fuerzas federales.
Y tercero, que inicialmente la investigación sobre los acontecimientos de Nochixtlán habían quedado en manos de la Fiscalía General del Estado, que derivó la investigación al Ministerio Público federal como si los saldos de Nochixtlán fueran un asunto del gobierno de la República y no un tema de la mayor relevancia a nivel estatal, por encima incluso de los intereses y responsabilidades que debiera enfrentar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
MANDOS ESTATALES, AGAZAPADOS
Ayer el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer un video, presuntamente del enfrentamiento en Nochixtlán, en el que se observa a elementos de la Policía Estatal realizando disparos con armas de alto poder aparentemente en contra de manifestantes. ¿Por qué decir que “aparentemente”? Porque lo único que habría que establecer es que verdaderamente dicho video corresponde al enfrentamiento del 19 de junio en Nochixtlán, y que quienes disparan son elementos estatales.
Sin embargo, al margen de la veracidad de dicho video, en Oaxaca tendría que haber más compromiso en cuanto al deslinde de responsabilidades. Pues, por un lado, algún día tendrá que haber resultados de la investigación ministerial que ahora realiza la Procuraduría General de la República, para determinar quién disparó, a qué corporación pertenecen quienes accionaron sus armas de fuego, y qué mando —estatal o federal— dio la orden de abrir fuego en contra de manifestantes, y bajó qué premisas ocurrió esa autorización.
En ese sentido, incluso antes del deslinde sobre los muertos, los heridos y el saldo rojo del enfrentamiento, debía precisarse quiénes fueron los mandos estatales que, por acción u omisión, contribuyeron a que el operativo derivara en un desastre. A nivel estatal, desde hace mucho tiempo debieron ocurrir los respectivos ceses y puesta a disposición de la autoridad competente de diversos funcionarios, comenzando por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez y el comisionado de la Policía Estatal, Froylán Carlos Cruz. Ellos tienen el mismo grado de responsabilidad —social, política, operativa— que Galindo Ceballos por los saldos de Nochixtlán.
¿Y EL FISCAL?
Del mismo modo, tanto el Ejecutivo como la LXII Legislatura debieron ser más responsables frente a la actuación del fiscal General del Estado que, como si fuera un subordinado del Ejecutivo, y como si Oaxaca estuviera supeditada a la voluntad federal, entregó la investigación a la PGR como si fuera una bomba a punto de estallar, y despreciando lisa y llanamente que esos acontecimientos ocurrieron en Oaxaca; que hubo participación de fuerzas estatales, que —independientemente del bando en el enfrentamiento— los caídos fueron oaxaqueños, y que por ende la ciudadanía del Estado es la primera y más interesada en un deslinde correcto de responsabilidades. Al final, parece que en Oaxaca a nadie le importó demasiado eso. A pesar de que las consecuencias las paguemos a diario con la multiplicación exponencial de la impunidad y la violencia.
