+ Defensoría, Transparencia y ASE, serían órganos “sexenales”
Existe la posibilidad de que el nuevo gobierno en Oaxaca reforme la Constitución para integrar nuevamente los órganos autónomos, que hace apenas cuatro años fueron —bueno, aparentaron ser— símbolos de la transición democrática. Esta posibilidad se presenta como algo natural, luego de que el gobierno saliente, y la LXI Legislatura, hicieron todo lo necesario para establecer órganos autónomos que, cuando mucho —y vaya paradoja—, serían sexenales y no independientes de los poderes del Estado.
En efecto, hoy es común escuchar a personas que, instalados en el futurismo político, aseguran que, o antes de fenecer la LXII Legislatura, o iniciando la siguiente, podrían ocurrir reformas constitucionales que permitan la reintegración de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el Instituto de Acceso a la Información, y la Auditoría Superior del Estado. La razón que aducen es simple: a los integrantes de dichos órganos, afirman, los puso el gobierno saliente al margen de procesos explicables a la luz de los principios constitucionales que rigen a los órganos autónomos. Por eso, señalan, es necesario quitarlos para “ahora sí” hacerlos autónomos.
Esas afirmaciones, más comunes de lo que imaginamos, parecen hasta una burla, pero sobre todo el reflejo del fraude cometido en contra de la ciudadanía, que en 2010 votó a favor de la transición democrática y le dieron simulación, y que ahora habría votado por una segunda alternancia, obteniendo posiblemente el mismo resultado.
Esto, sin embargo, fue previsible desde el momento en que la LXI Legislatura —la anterior a la que actualmente está por terminar— claudicó en el mandato democrático que le otorgó la ciudadanía, y se dedicó a servir de palero de los intereses gubernamentales en turno, para designar a personajes como Alberto Alonso Criollo, Carlos Altamirano Toledo, Esteban López José —que resultó tan incompetente que ni quienes lo pusieron tuvieron la vergüenza de sostenerlo en su cargo— o Arturo Peimbert Calvo, en el Instituto Electoral, la Auditoría Superior, el órgano garante de transparencia, y la Defensoría de los Derechos Humanos, respectivamente.
PREVISIÓN CUMPLIDA
No hacía falta ser gurú para prever que esa integración amañada y torcida de los órganos autónomos, terminaría –cuando mucho- en órganos sexenales, fustigados por el gobierno que relevaría al que los impuso. En esta columna, el 11 de mayo de 2012 lo señalamos:
“Y si ya de por sí son graves los cuestionamientos que pesan sobre los nuevos titulares de los órganos autónomos (Alonso Criollo, Carlos Altamirano, y Peimbert, hasta entonces), resulta mucho más preocupante —para la naturaleza actual de los órganos, y para sus titulares— que el grupo gobernante y los partidos coaligados hayan decidido priorizar las posiciones políticas, por encima de las instituciones.
¿De qué hablamos? De que, en todos los casos, ha habido un afán irrenunciable por imponer a las cabezas de esos órganos, aún utilizando las formas más antidemocráticas y colocando ahí a personajes no idóneos para esas tareas.
La cuestión de fondo que entraña un problema como ese —abundamos en aquel entonces—, es que ni se fortalecieron las instituciones ni tampoco se ha demostrado un trabajo verdaderamente efectivo en las tareas que realiza cada uno de los órganos autónomos. Hoy, los titulares de la ASE, IEEPC y ahora de la DDHPO, se encuentran respaldados sólo por el momento político, por el régimen y por la composición actual del Poder Legislativo.
Sin embargo, viendo una perspectiva de más largo plazo, y de posibles cambios en el escenario político, queda claro que la composición actual de esos órganos no garantiza su estabilidad. Pues así como fueron impuestos gracias a una testarudez y a una circunstancia (dejando de lado la legitimidad), también pueden ser quitadas las personas, y reformados los órganos, si luego de un proceso electoral la correlación de fuerzas cambia y se hace favorable para quienes hoy son una oposición minoritaria.
Mientras gobernó el régimen priista, éste hizo lo que quiso con los órganos autónomos. El único mérito que siempre se adjudicó el priismo, mientras gobernaba, fue el de haber establecido esos organismos autónomos en la legislación constitucional estatal. Sin embargo, tampoco tenían empacho en decir que serían otros gobernantes, posiblemente de otros partidos, quienes tendrían la tarea de verdaderamente democratizarlos y permitirles un funcionamiento pleno en el ámbito de la autonomía frente al poder, para poder cumplir cabalmente con los fines equilibradores y fiscalizadores para los que fueron concebidos.
Hoy, toda esta previsión está en vías de cumplirse a través de dos vías posibles: la primera, es que aprovechando el trabajo legislativo que deberán hacer para homologar las normas locales al Sistema Nacional Anticorrupción y su legislación secundaria, decidan establecer disposiciones para reintegrar los órganos autónomos; la segunda, que comedidamente presionen a los actuales titulares de los órganos autónomos —maniobra nada democrática— para que de forma voluntaria se separen de sus responsabilidades y permitan la reconformación de los órganos autónomos.
¿REPETIR LA HISTORIA?
De cara a la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción, lo peor que podría hacer el nuevo régimen es repetir la historia del gobierno saliente, que simuló transición democrática para poner a sus aliados como titulares de los órganos autónomos, y con esto mantener subordinación al poder del Ejecutivo. Deben dejar la simulación y ahora sí cumplir con la autonomía que mandata la Constitución.
