+ Deben ir tras lo sustancial; las poses demagógicas deben desaparecer
Hay quien acusa a la LXII Legislatura le está haciendo un “traje a la medida” al nuevo gobierno. Más que eso, todos debiéramos preguntarnos si el Congreso está contribuyendo a generar la administración pública que necesita Oaxaca y con la que sí podría obtener resultados positivos el gobernador electo, Alejandro Murat Hinojosa, una vez que asuma su cargo. A estas alturas ya no parece útil establecer posiciones a favor o en contra, sino al menos tener la certeza de que los instrumentos legales que está planteando el Poder Legislativo para el nuevo gobierno, sean también útil —y sobre todo— para Oaxaca.
En efecto, en las últimas semanas el Congreso del Estado ha aprobado diversas reformas constitucionales y legales que reflejan la intención de dotar al gobierno entrante de las herramientas jurídicas y el modelo administrativo que desea. En ese paquete de modificaciones se aprobaron reformas para ajustar los periodos de presentación del presupuesto del gobierno entrante; se eliminó la “irreductibilidad” del presupuesto legislativo; los diputados se quitaron también la facultad de los administradores municipales; se modificó la composición de las secretarías del gobierno estatal; y se pretende también eliminar la ratificación de funcionarios por el Poder Legislativo, entre otras reformas.
Hay voces que critican tales medidas. Particularmente, hay quienes —con razón— señalan la doble moral con la que la LXII Legislatura ha actuado, primero para dotarse de facultades (la irreductibilidad presupuestal, o la facultad de nombramiento de los administradores, entre otras) para oponerse al gobierno saliente, que ahora de forma voluntaria está entregando al Ejecutivo pero con reformas postfechadas para entrar en vigor el 1 de diciembre —cuando ni ellos, ni el Gobernador actual, estén en sus cargos.
Aunque en esos señalamientos hay sobrada razón, los oaxaqueños debíamos preguntarnos si la existencia de otras facultades, como la de la ratificación de los integrantes del gabinete, tuvo alguna utilidad práctica o si sólo sirvió para la connivencia y el chantaje institucionalizado entre poderes, y como trabas a la ejecución de las funciones que cada poder tiene bajo su responsabilidad. Concretamente, aunque la ratificación de funcionarios fue presentada como una forma democrática de gobierno, hoy vemos que sus contradicciones constitucionales, y sus vicios, pudieron más que la intención loable con la que se supone que fue instituida.
RATIFICACIÓN, INÚTIL
¿De qué hablamos? De que, según la experiencia de los últimos seis años, esta disposición ni funciona, ni aporta a la democracia, ni ha hecho efectivo el supuesto equilibrio entre poderes que se supone que debe procurar. Las razones son materiales, pero también tienen que ver con la inadecuada ingeniería constitucional aplicada a la ley en Oaxaca. Pues el solo hecho de establecer mecanismos relativamente cercanos al parlamentarismo, en un modelo de predominancia del Ejecutivo, resulta inadecuado y hasta riesgoso para el funcionamiento del poder público.
Pues resulta que Oaxaca ha seguido el modelo constitucional federal, en donde se procura la existencia de un Poder Ejecutivo con atribuciones relativamente acotadas, pero con amplias capacidades para ejercer las que sí se encuentran en su ámbito de competencia. Un ejemplo de ello, es el hecho de que en el modelo federal son muy pocos los funcionarios que deben pasar por la ratificación del Congreso.
Esto responde al modelo clásico presidencialista, en el que el Titular del Ejecutivo puede nombrar y remover libremente a sus colaboradores, porque él es el depositario único de la función administrativa. La contraparte de esta libertad, radica en que el buen o mal resultado de la gestión del gabinete, es responsabilidad directa del titular del Ejecutivo, que es quien al final responde por las acciones de gobierno ante el Poder Legislativo.
Lo opuesto a ese modelo tendría que ser alguno de los tipos de predominancia parlamentarista, en donde el Congreso tiene una participación de corresponsabilidad con el Ejecutivo en las tareas de gobierno, y también comparte los resultados de esa función pública. El problema es que, en este caso, en los sistemas en los que predomina la potestad del Ejecutivo, sus decisiones relacionadas con la administración pública y el nombramiento de sus subordinados, no pasa por el Congreso; y en los sistemas parlamentarios, resulta que los integrantes de los gabinetes de gobierno son también integrantes del parlamento, porque el mismo titular del Ejecutivo emanó de una decisión parlamentaria.
Evidentemente, el modelo de ratificación intentado en Oaxaca fue un Frankenstein, que parecía tener una intención democrática y una finalidad relacionada con la acotación del poder del Gobernador, en realidad se convirtió en una herramienta de chantaje. Vimos reiteradamente cómo los diputados —en solitario, o como fracciones parlamentarias— vendían, “cabildeaban” o intercambiaban abiertamente su voto en la ratificación de funcionarios.
CONTRADICCIONES
Incluso se llegó a casos extremos como el de Alberto Esteva Salinas cuando fue nombrado titular de la SSP, que primero fue rechazado por los legisladores al descubrirse sus antecedentes penales, y después —quién sabe cómo— fue ratificado ipso facto por los mismos legisladores que lo habían repudiado. Por eso, en el fondo esta revisión del modelo de relación Legislativo-Ejecutivo debe versar no sólo en qué quiere el nuevo gobierno, sino en qué necesita Oaxaca.
