El despilfarro legislativo debe arreglarse con voluntad y con reformas legales

 

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+ Se deben superar los espacios de opacidad, discrecionalidad e improvisación


Hay varios cuestionamientos que, juntos, hacen ver —y con sobrada razón— al Congreso de Oaxaca como uno de los más anárquicos y dispendiosos del país: al mismo tiempo, la Legislatura del Estado gasta millonarios recursos en rubros de gestión social que no tienen ningún tipo de control sobre su destino; ellos mismos estimulan la opacidad, al resistirse a rendir cuentas y permitir la realización de auditorías; tienen una voluntad resuelta por no permitir que la Auditoría Superior deje de actuar como un ente subordinado y realmente les pida cuentas; y, por si algo faltara, ellos son los principales responsables —por acción y omisión— del desorden administrativo y de personal que desde hace años impera en el Congreso. Cualquier agenda seria para revertir el caos del Poder Legislativo debía pasar cuando menos por esos temas.

En efecto, pareciera que en Oaxaca las experiencias sobre el desempeño de la Junta de Coordinación Política, han sido todas negativas. Desde que se instauró ese modelo de gobierno interno del Poder Legislativo del Estado, sus únicos rasgos distintivos han sido la opacidad, la discrecionalidad, el desorden y la improvisación en todas sus áreas de responsabilidad.

En su momento —al inicio de la LXI Legislatura—, se liquidó formalmente la figura de la Gran Comisión, y se estableció la de la Junta de Coordinación Política, como una forma de adecuar la organización interna del Congreso a los tiempos de pluralidad que iniciaban. Fue en aquella Legislatura cuando el PRI dejó de tener la mayoría de diputados, y el control político y administrativo del Congreso, y por eso se buscó la figura de la Junta para que, en la pluralidad, pudiera haber también entendimientos y funcionalidad en la gestión legislativa.

Los resultados marcan todo lo contrario. A aquella LXI Legislatura, el gobierno de Gabino Cué prácticamente le duplicó los recursos para la operación, aunque ello nunca fue equilibrado a través de mecanismos de control, obligatoriedad de auditorías, o algún mecanismo de rendición de cuentas. Más bien, a la Junta se le dio todo el poder para administrar los recursos, y quedó intocado todo lo relativo a las facultades de control que debía ejercer la Auditoría Superior para corroborar que la aplicación de los recursos fuera más o menos legal y transparente.

Al mismo tiempo, pronto los tres coordinadores parlamentarios integrantes de la Junta en la LXI Legislatura —primero Martín Vásquez Villanueva, y luego Francisco Javier García López (hoy titular de Sevitra) por el PRI; Juan Mendoza Reyes por el PAN, y primero Carol Antonio Altamirano, y luego Emanuel Alejandro López Jarquín por el PRD— se pusieron de acuerdo para llevar a la quiebra al Poder Legislativo. ¿El mecanismo? Pactar, entre ellos, el uso discrecional de los recursos y los cargos administrativos en aras de mantener un orden y equilibrio político, pero al margen de cualquier consideración sobre la legalidad y la legitimidad de las medidas adoptadas.

Así, aquella LXI Legislatura quedó marcada no sólo por la opacidad y la resistencia a la rendición de cuentas, sino que también quedó en evidencia cuando salió a la luz el enorme dispendio de recursos que propiciaron los líderes parlamentarios: al menos sobre García López (PRI) y a López Jarquín (PRD) recayeron filtraciones —procedentes del propio Congreso— en las que se comprobaba que había transferencias de recursos sin justificación alguna a sus cuentas personales; o cómo había crecido exponencialmente su patrimonio particular sin que eso tuviera relación de proporcionalidad con lo que ellos mismos decían que percibían por concepto de dieta, como legisladores.

Así, a pesar de las reiteradas denuncias y exigencias ciudadanas de que el Congreso rindiera cuentas, durante toda la LXI Legislatura hubo opacidad y, de hecho, ellos mismos atajaron cualquier posibilidad de que se hicieran revisiones de los recursos públicos que les eran transferidos para su funcionamiento, a pesar de que no había justificación para la duplicación presupuestal que recibieron al inicio del gobierno de Gabino Cué.

LXII LEGISLATURA, AÚN PEOR

Luego vino la LXII Legislatura, que fácticamente fue presidida siempre por Alejandro Avilés. Ésta prometió, al inicio de la Legislatura, clarificar el escándalo que había generado la constatación de las millonarias transferencias de las que habían sido beneficiarios Francisco García López y Alejandro López Jarquín en la Legislatura previa, las cuales no sólo no tenían ninguna explicación posible sino sobre las que, además, no había rastro alguno a pesar de que esos debieran ser parte de la información que oficiosamente debía dar a conocer el Congreso del Estado como parte de sus obligaciones de transparencia.

Nada de eso ocurrió y, al contrario, a Avilés se le hizo fácil actuar de la misma forma que sus antecesores. De hecho, el presupuesto del Congreso en la LXII Legislatura —luego de hacer una absurda e inexplicable reforma constitucional para justificar la “irreductibilidad” del presupuesto legislativo— creció hasta los 600 millones de pesos anuales. De ese monto, más de 200 estaban etiquetados bajo el rubro de “gestión social”, a partir de lo cual cada legislador recibían una cantidad discrecional de dinero en efectivo mensual para que supuestamente realizara donaciones y actos de caridad en las comunidades correspondientes a su distrito… o para que lo gastaran de la forma que quisieran.

Lo mismo ocurrió con el rubro de los asesores legislativos. A cada diputado se le entregaba —y así sigue ocurriendo— un monto de dinero en efectivo para que ellos llevaran a cabo la contratación del número de asesores que quisieran. Nunca iba a haber calidad y eficacia legislativa, si la contratación de personal de apoyo quedaba a discreción de cada legislador, y por eso había entre los asesores, lo mismo gente profesional que personas que no tenían ningún conocimiento del quehacer legislativo, pero que eran contratados por los diputados —sin ninguna estabilidad ni relación laboral clara— por tener con ellos algún lazo de amistad, afectivo o de “compromiso político”.

En todo eso, nunca hubo seriedad para encauzar tanto lo relacionado con el gasto para gestión social, como para clarificar lo relacionado con el personal legislativo que sigue estando bajo un régimen brutal de discrecionalidad. Y en lo relativo al personal, sigue siendo una demanda ignorada por parte de las tres bancadas principales del Congreso, el establecimiento de un servicio de apoyo legislativo de carrera, que diera certeza tanto al Congreso sobre las tareas técnico-legislativas que realiza, como a los diputados del personal calificado que los asesoraría en el cumplimiento de sus tareas como legisladores.

SUEÑOS IRREALIZABLES

Lamentablemente, son muy pocas las certezas de que esto cambie en algo: en sus afanes de ambición, más son los diputados que quieren cambiarle el nombre a la Auditoría Superior para ganar un espacio en esa institución, que los que verdaderamente han propuesto esquemas de fortalecimiento institucional al órgano de fiscalización. Algo muy similar ocurre con la posibilidad del establecimiento de un servicio de carrera: más irían por la chamba, que por generar un espacio verdaderamente profesional —que le urge al Congreso— para eliminar esos espacios tan amplios de discrecionalidad, opacidad e improvisación que hoy son el sello distintivo del Congreso del Estado en Oaxaca.

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