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Adrián Ortiz Romero Cuevas
Se le denomina gatopardismo cuando se en algo o en alguien se cambia todo para que nada se modifique. Tal puede ser el caso de la enésima modificación constitucional que la LXV Legislatura del Estado hizo recientemente a su órgano técnico de fiscalización superior. Le cambió el nombre y modificó su estructura orgánica, en busca de los espacios políticos y del asalto a las posiciones administrativas. Pero en el fondo, nada garantiza que esa modificación le traiga a Oaxaca mejores resultados en cuanto a la revisión de cómo es gastado el dinero público, tanto en las entidades gubernamentales estatales como en los municipios.
En efecto, el pasado 15 de diciembre fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el decreto mediante el cual el Congreso del Estado decidió la desaparición del actual Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), para dar paso a un nuevo órgano denominado Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFE). Con cambios realmente poco relevantes, la nueva denominación del órgano técnico de fiscalización permitirá su reintegración. Tal parece, según la nueva redacción del artículo 65 bis de la Constitución local, que lejos de una reorganización real lo que busca el nuevo partido dominante es concentrar para sí el amplio espectro de poder que tiene esa institución.
¿De qué hablamos? De que, por un lado, el artículo tercero transitorio del decreto de reforma establece expresamente la extinción del actual Órgano Superior de Fiscalización, creado apenas en 2017 prácticamente a partir de los mismos argumentos por los que ahora fue relevado por un órgano de distinta denominación. En aquellos años la reforma se realizó por petición expresa del entonces Gobernador Alejandro Murat, quien entabló una negociación con las entonces fuerzas políticas opositoras para que cada una de ellas (básicamente el PAN y el PRD) nombrara a un sub auditor, pero que a él se le permitiera inducir el nombre de quien sería el nuevo titular.
En ese sentido, el entonces gobernador Alejandro Murat no tuvo ningún decoro en el nombramiento del titular del OSFE: negoció para que el Congreso designara como su titular a la persona que ocupó el cargo de Secretario de Finanzas durante el gobierno de José Murat, y que luego fue designado como último Contador Mayor de Hacienda en los inicios del gobierno de Ulises Ruiz, hasta que se creó la Auditoría Superior del Estado. Era la persona (Guillermo Megchún Velásquez, quien falleció en febrero del año pasado) que se había revisado a sí misma (porque de ejecutor del gasto pasó a ser su propio revisor) durante aquellos años en los que vinieron las primeras grandes reformas relacionadas con la fiscalización superior.
La realidad es que el OSFE no fue ni más eficiente ni más eficaz que la antigua Auditoría Superior del Estado y, al contrario, muchos de los procesos de fiscalización que paulatinamente se habían ido estructurando, se estancaron. Los partidos que en 2017 negociaron con la administración de Murat optaron por ocupar sus posiciones dentro del OSFE sin levantar la voz sobre el entorpecimiento de las funciones sustantivas del órgano de fiscalización. Más parecía otra dependencia del Gobierno del Estado que el ente encargado de revisar la actuación y el desempeño presupuestal de los entes públicos y los municipios.
PROBLEMA MAYOR
Oaxaca cuenta con el mayor número de entes fiscalizables del país con 663 (los entes de los tres poderes; los órganos constitucionalmente autónomos; y los 570 municipios), muy por arriba de cualquier otro Estado, lo que siempre ha dificultado los trabajos de fiscalización y rendición de cuentas que anualmente realiza el órgano de control y fiscalización, al tener que llevar un proceso de planeación muy complejo, porque es prácticamente imposible con la estructura actual del OSFE (y antes con la ASE, que era exactamente igual), incrementar sustancialmente el porcentaje de revisión a la totalidad de recursos que se autorizan año con año a Oaxaca.
Pero como si ese no fuera el problema real y el reto de fondo que enfrenta la fiscalización en Oaxaca, resulta que lo que se decretó para la nueva ASFE fue en realidad una serie de cambios cosméticos con una diferencia parece que poco visible pero sustantiva: para el nuevo órgano, el Congreso del Estado sólo nombrará a la persona que fungirá como Titular, y ésta tendrá bajo su potestad el nombramiento de toda la estructura administrativa y operativa del nuevo órgano. Ya ni siquiera habrá negociación: un solo partido, con una sola mayoría, definirá a la cabeza del órgano, y al interior ya no habrá equilibrios o contrapesos de ningún tipo.
¿Por qué eso resulta relevante? Porque no existe garantía de que —igual que como ha ocurrido al llegar la nueva administración— se privilegien los perfiles o los méritos profesionales de las personas, y que no se prefiera la lealtad absoluta como signo predominante en el nombramiento de la persona titular de la ASFE. Pareciera, pues, que de nuevo buscarán cómo integrar el órgano a partir de los débitos políticos y los méritos en campaña, y no buscando un perfil profesional de cierto nivel que garantice avances en la labor técnica que debería ser sustantiva, cuando uno de los aparentes ejes transversales de la 4T se basa en el combate a la corrupción.
Pareciera además que cuestiones escandalosas, como que el órgano de fiscalización oaxaqueño es el que tiene más entes fiscalizables de todas las auditorías estatales del país pero a su vez es la que a nivel nacional tiene menos presupuesto y recursos humanos, materiales y tecnológicos para cumplir con sus funciones, no son un asunto que merezca la preocupación tanto de los diputados como del propio Ejecutivo. Fue tanto el descuido, que el actual OSFE está a días de cumplir un año sin titular, y durante ese tiempo sus integrantes sólo se dedicaron a aprovechar el bajo perfil para evitar llamar la atención en la esfera pública.
Hasta hoy, el Congreso del Estado tampoco ha establecido con claridad cuál será el mecanismo de selección para las personas que puedan competir para ocupar el cargo de titular en el nuevo órgano. Ya se sabe que no habrá negociación entre fuerzas políticas, porque es un solo cargo en juego; y también ya se sabe que las preocupaciones no descansan en los perfiles sino en las lealtades. Así, ¿cómo pensar en una mejor fiscalización si no existe un derrotero claro sobre las tareas sustantivas, y todo se reduce a quién será el beneficiario de este cargo? Así, podrán seguir refundando el órgano. Pero será difícil que la revisión de cuentas del propio gobierno tenga un saldo positivo en el mediano y largo plazo.
EPITAFIO
En cuanto a la fiscalización, a la administración anterior francamente no se le tomaba en serio: el titular del OSFE era incondicional de la familia del entonces Gobernador; y en la Secretaría de la Contraloría operaron buena parte del sexenio dos personajes (Jorge Antonio Benítez Calva y Gustavo Marchelo Benecchi Loyola) que primero fueron subsecretarios en Finanzas… y luego fueron colocados en la Contraloría para revisarse a sí mismos. La misma situación de Megchún. Ver para creer.
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