+ En Oaxaca, IEEPO es cómplice; en la federación, SEP, SHCP y Segob
A pesar de que las instancias estatales y federales encargadas de la educación, insisten en señalar que ya se están aplicando las nuevas disposiciones de la reforma educativa, por todos lados salen a relucir indicios de que esto no es así. La presión que están ejerciendo sobre el gobierno federal la Sección 22 de Oaxaca, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y la debilidad institucional de éste, hoy provocan un verdadero estado de excepción en el ámbito educativo, que constituye el fracaso de una de las reformas más importantes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
En efecto, en Oaxaca hemos visto cómo a lo largo de más de tres décadas el gobierno estatal no sólo ha estado sometido, sino que ha ido incrementando el nivel de subordinación frente al magisterio. Esto ocurrió, por un lado, por la falta de mecanismos legales e institucionales que equilibraran la relación entre el gobierno y el magisterio luego de la firma del Acuerdo para la Descentralización Educativa de 1992, en la que el Estado le entregó el control administrativo de la educación pública a la Sección 22.
Lo que no habíamos visto es cómo resulta que, de cara a la reforma, la CNTE también logró doblar al gobierno federal, cuando éste había sido el último dique que contenía el desbordamiento de la hegemonía sindical en el ámbito educativo. Hasta antes de 2013, cuando se aprobó la reforma educativa y se aprobaron nuevos lineamientos para regular la relación entre el magisterio y la autoridad educativa, la relación entre el gobierno federal y la CNTE era de mutuo respeto. Es decir, no había ninguna confrontación porque el magisterio asumía que con el gobierno federal no tenía nada que negociar porque no era su patrón directo.
Por su parte, y a pesar de que la educación es un tema concurrente entre federación, estados y municipios, el gobierno federal no se involucraba porque asumía que el tema magisterial no era parte de sus deberes. Por eso entre ambos había una relación de sana distancia, que siempre estuvo enmarcada en el hecho de que la Sección 22 sabía que sus únicos límites estaban en la necesidad de no romper con el gobierno federal y de no terminar abiertamente peleados con la dirigencia nacional del SNTE, que finalmente fue quien los ha respaldado en momentos clave como el conflicto magisterial de 2006.
¿Qué pasó? Que de cara a la reforma educativa, el gobierno federal intentó endurecer sus posiciones frente al magisterio nacional, y específicamente respecto a la CNTE, que es quien principalmente se opondría a las nuevas disposiciones federales. El problema es que, por un lado, se trabó una alianza de oportunidad entre la CNTE y el SNTE para oponerse a la reforma, y que por el otro el gobierno federal se vio debilitado por otros escollos que finalmente impactaron negativamente en la posibilidad de oponerse a la reforma.
Así, por ejemplo, en esa alianza de oportunidad entre la CNTE y el SNTE, Lo que parece es que en realidad la CNTE le está haciendo el trabajo sucio al SNTE. Si el gobierno federal claudica —como parece inminente— en la aplicación de la reforma educativa con la Coordinadora, entonces por equidad también tendrá que hacerlo con el SNTE (y si no lo hace, ésta podría copiar las tácticas de presión de la Coordinadora). Sólo que a la CNTE ya la exhibió y la presentó como la beligerante.
Esto porque en la revisión al ejercicio 2013, la ASF detectó un mal uso de 11 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que equivalen a 20% de los 56 mil 525 millones de pesos que presentaron irregularidades en ese ejercicio fiscal (http://bit.ly/1DWVy8G). Entre las anomalías encontradas en la fiscalización del fondo educativo, que recibió 325 mil millones de pesos, destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato, pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.
LA REFORMA, UNA FARSA
Lo que revelan esos datos antes apuntados, es que las entidades predominadas por la CNTE no son las únicas que tienen problemas graves en la implementación de la reforma educativa, sino que este es un mal compartido con estados en donde el SNTE tiene el control de la educación. Por si eso fuera poco, resulta que pareciera que hay una decisión ya tomada en el gobierno federal para no aplicar la reforma educativa.
De esto, por ejemplo, daba cuenta el periodista Carlos Loret en su columna de El Universal, hace dos días. Éste apuntaba que un truco de magia política, una suerte de prestidigitación, una trampa a la vista están llevando al cabo tres secretarías de Estado del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
“El Inegi realizó un censo educativo hace año y medio. Recorrió prácticamente todas las escuelas del país y detectó quiénes eran los maestros. El objetivo central de éste era detectar falsos profesores: los que cobraban en la nómina, pero no estaban realmente dando clases. La Constitución prohíbe pagarles y el chiste era detectarlos y cancelarles sus quincenas (…) Con el censo del Inegi iba a quedar claro quiénes realmente eran maestros. Los demás debían de ser erradicados de la nómina. Nada de esto está sucediendo. El truco de magia es que entre las tres secretarías, en complicidad con los gobiernos estatales, dicen que están “depurando” la nómina de maestros, pero no es tan cierto.
¿Qué está pasando? El censo del Inegi está en el baúl del olvido. Entonces, el gobierno federal está negociando con cada gobernador cuántas plazas les dejan, pero aquella ‘depuración de aviadores’ no está sucediendo. La negociación la encabezan las secretarías de Hacienda en primerísima instancia, y cuando se trata de estados con problemas de rebelión social del magisterio, Gobernación. Y lo que queda, la secretaría de Educación Pública. En síntesis, los gobernadores siguen decidiendo quiénes están en la nómina, que era justo el problema que se quería abatir”.
ADIÓS A LA REFORMA
El gobierno federal no va a aceptar, al menos en el corto plazo, que claudicó en la aplicación de la reforma educativa. De hecho, todos los funcionarios involucrados lo niegan. El problema es que la realidad los refuta. Y si sabemos que una doble negación lleva a la convalidación de una verdad, entonces ya sabemos cuál es el estado real de la reforma educativa del presidente Peña Nieto.
