+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

¿Quién va a pagar por los quebrantos sufridos en CH por diez meses?

Date:

CH

+ Ámbitos de gobierno deben dejar mezquindad y aportar a recuperación


Seguramente nadie imaginó que los llamados “chachacuales” se quedarían en el zócalo y alameda de la capital oaxaqueña por casi 10 meses. Cuando se instalaron, en julio del año pasado, lo hicieron cobijados por la Sección 22 del SNTE para sellar su plantón y evitar un posible desalojo. Luego la informalidad cobró vida propia. Y no fue sino ante el repudio ciudadano, y una acción de gobierno concertada, que logró la liberación del corazón de la capital oaxaqueña. Qué bueno que ocurrió. Pero ahora la pregunta que nadie debe evadir es ¿quién va a pagar por los daños ocasionados?

En efecto, este es un problema multidimensional. Porque acaso en la primera capa del problema, en la más superficial, se encuentra el posible quebranto al “trabajo digno” de los chachacuales. Esa fue siempre su justificación, al lado de la excusa magisterial de que la presencia del ambulantaje era para “coberturar” el plantón que aún mantienen en la zona. No obstante, más allá de ese problema se encuentra el importante perjuicio que sufrió la vía pública por 10 meses de subutilización; y en un estrato todavía más profundo se encuentra el daño que todo esto provocó a la economía local, de la que nadie se quiere hacer responsable.

Es evidente que fue un simple acto de tolerancia del gobierno estatal lo que permitió que los chachacuales se instalaran en el zócalo bajo el cobijo de la Sección 22. En estos últimos años, el gobierno estatal se ha dedicado a evitar cualquier posible motivo de confrontación con los profesores. Por ello, con su silencio saludó la presencia de los ambulantes en el zócalo y alameda, cerrando los ojos al problema que esto ocasionaría.

En esa lógica, el Ayuntamiento citadino recibió el problema de rebote, pero poco pudo hacer para enfrentarlo, ya que todo era producto de un asunto político con el magisterio que rebasaba sus capacidades de negociación. Incluso, el gobierno de Javier Villacaña siempre estuvo acotado por esa circunstancia, incluso cuando se comenzaron a notar evidencias de que los liderazgos al interior de los chachacuales ya no respondían plenamente al interés de la Sección 22 del SNTE, y que estaban siendo infiltrados por otras organizaciones de comerciantes informales, que ya querían ocupar la zona de forma permanente, para vender espacios, cobrar derecho de piso y luego medrar con la venta de “protección” a los mismos comerciantes ambulantes.

Esa mezcla de factores es la que finalmente permitió el acuerdo con la Sección 22 para el retiro de los ambulantes del primer cuadro del Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Pues era precisamente el cobijo político de la Sección 22 lo que permitió que los chachacuales se mantuvieran más tiempo que nunca en el zócalo. Si hacemos memoria, veremos que nunca se les permitió instalarse más que por periodos cortos de tiempo, y siempre en el marco de alguna festividad que más o menos justificara su presencia en calidad de “verbeneros”. Por eso, ya sin el apoyo político del magisterio, y frente a la contaminación de sus liderazgos propios, fue cuestión de menos de una hora conseguir su retiro a manos de la fuerza pública.

¿QUÉ HACER AHORA?

Son varios los asuntos a enumerar. Primero, qué estarán dispuestos a hacer los tres órdenes de gobierno para recuperar efectivamente los espacios que resultaron dañados por la presencia de los chachacuales. Segundo, hasta dónde estarán dispuestos a asumir su responsabilidad ya no por haber permitido la presencia de los ambulantes en el corazón de la Verde Antequera, sino para estimular la recuperación de la economía formal, que resultó severamente dañada con estos diez meses de plantón magisterial.

Frente a ese panorama, sería una gran contribución que el gobierno estatal dejara la mezquindad y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico reconociera que su apoyo al comercio establecido de Oaxaca ha sido tan disimulado, que pareciera que no ha movido un solo dedo para mantener a flote al comercio establecido debido a un problema del que todos fueron víctimas, pero del que el gobierno tendría el deber moral de solidarizarse y dar condiciones para su recuperación. Desde hace meses las organizaciones de comerciantes establecidos han exigido atención al gobierno estatal, a partir de que su permisividad fue uno de los aspectos que contribuyeron no sólo a que la Sección 22 invadiera la zona, sino que “invitara” a las organizaciones de chachacuales.

No obstante, lo que tampoco tendríamos que dejar de ver es que el gobierno federal también tendría que participar de un problema como éste. Hoy buena parte de las negociaciones con la Sección 22 se dan en la Ciudad de México ante instancias federales. Y esas dependencias, como la SEP o la Secretaría de Gobernación son también quienes han sido parte de decisiones como ésta que ha afectado profundamente a la economía local.

Desde 2006, el gobierno federal prometió apoyos al comercio establecido de la capital oaxaqueña para recuperarse de la crisis magisterial; apoyos económicos que, evidentemente, nunca aterrizaron. Y hoy, como entonces, el conflicto con la Sección 22 es tan suyo como del gobierno estatal, y en ese escenario no tendría que haber excusa para desentenderse de este problema en específico. Lo que debiera ser importante es que ahora los gobiernos municipal y estatal llevaran a ventilar esta cuestión ante las instancias federales, para que éste asuma la magnitud del problema y vea que más allá de las mezquindades y los partidismos hay un problema de fondo que necesita ser enfrentado y resuelto.

La economía local agoniza. Y no es sólo por la presencia de los chachacuales en este último episodio que duró nada menos que diez meses, sino por la suma de los problemas que ha enfrentado la ciudad en la última década debido a los conflictos políticos. En el fondo esto debiera de ser un acto solidario que terminaría reactivando de fondo este deprimido rubro de la actividad económica de la entidad.

¿DEBATE?

Ojalá que en medio de la desgracia que han sido las campañas proselitistas, haya destellos de propuesta y agenda legislativa. Estamos seguros que nadie se enteró. Pero la noche de ayer lunes se habría realizado un primer debate entre aspirantes a la diputación federal por el distrito 8. La forma y el fondo de ese intercambio entre candidatos, serán cuestiones dignas de ser analizadas y comentadas.

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