+ Ir vs CNTE, sano; pero también deben revisar corrupción del SNTE
Es necesario hacer una diferencia importante, frente a los intentos del gobierno federal de legitimar las acciones que por todos lados está anunciando en contra de la Sección 22 y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Si el gobierno federal de verdad está interesado en que la reforma educativa se cumpla, entonces debería impulsar un saneamiento integral de la nómina magisterial en todo el país, y sancionar a todo aquel que indebidamente cobra más dinero del que corresponde a su salario. No hacerlo, y ser sólo selectivo con la CNTE, es un simple rasgo autoritario que en realidad no abonaría a una mejor educación en el país, que es lo que se supone que se busca con la reforma.
En efecto, todos sabemos que la CNTE y sus líderes constituyen un oprobioso lastre para la educación en el país. Sin embargo, reducir el drama educativo a su sola existencia, sería tanto como sólo ver una de las varias caras que tiene ese problema. En realidad, la Coordinadora se ha distinguido por su radicalidad e intransigencia, pero no por ser la cara opuesta de un sindicato magisterial transparente y dispuesto a la evaluación. Si bien la CNTE constituye una primer barrera en contra de la evaluación, también debemos ver que si el gobierno federal tiene ganas de ir contra todos los que se resisten a la reforma, entonces tendría que emprender acciones legales no sólo contra Rubén Núñez Ginez, sino contra todos los que violan la ley.
En este sentido, no es nuevo el hecho de que la Sección 22 le ha servido de tonto útil a la SNTE, pero sí lo es que también el gobierno federal esté resuelto a ser parte de esa dinámica que no favorece a nadie más que a la opacidad y los excesos del magisterio supuestamente alineado.
Y es que, en este escenario de confrontación entre la CNTE y el gobierno federal, no debemos olvidar que, sin menoscabo de los excesos y la corrupción cometidos por el magisterio adherido a la Coordinadora en las entidades donde tienen presencia—quien tiene más señalamientos probados de excesos, malversación de fondos y corrupción, son las entidades controladas por el SNTE, con el que aparentemente el gobierno federal no tiene problemas. Pareciera entonces que el SNTE aprovecha la confrontación entre la federación y la CNTE para pasar desapercibidos y mantener su situación de privilegio.
En este sentido, nada nuevo hay bajo el sol. Pues resulta que como lo apuntamos ya hace algunos meses (ver Al Margen 04.03.2015) según los resultados de la Cuenta Pública 2013 dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, Oaxaca —la supuesta piedra en el zapato de la reforma educativa— no sólo no encabeza la lista de los señalamientos más graves sobre el uso indebido de los recursos federales relacionados con la educación pública, sino que incluso no es de los estados más incumplidos en ese rubro. ¿Qué ocurre entonces?
Que en la revisión al ejercicio 2013, la ASF detectó un mal uso de 11 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que equivalen a 20% de los 56 mil 525 millones de pesos que presentaron irregularidades en ese ejercicio fiscal (http://bit.ly/1DWVy8G). Entre las anomalías encontradas en la fiscalización del fondo educativo, que recibió 325 mil millones de pesos, destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato, pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.
De esos pagos irregulares, la ASF señala que de todas las entidades que ejercieron incorrectamente los recursos, la mayor proporción se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo. Y de esos nueve estados con más anomalías en el gasto con dinero del FAEB, Michoacán es el único que usó de manera irregular 20 de cada 100 pesos que recibió del gobierno federal, entidad que además destaca por su rechazo a la Reforma Educativa y el predominio de la Sección 18 de la CNTE en la toma de decisiones de la política educativa.
LA CORRUPCIÓN Y
LOS TONTOS ÚTILES
Esto significa, en términos sencillos, varias cuestiones: primera, que Oaxaca no es el caso más preocupante de utilización indebida de recursos en el ámbito educativo; segundo, que en varios de los estados en los que aparentemente no hay oposición de los maestros a la reforma, son los que a su vez tienen más señalamientos sobre la malversación de recursos para el pago de nómina educativa; y tercero —que es lo más paradójico—, que Oaxaca (la CNTE, el gobierno, y la propia federación, que primero intentó negociar los términos de la rendición de la reforma educativa, y ahora quiere encarcelar a los líderes de la Sección 22) es quien a su vez se está comiendo todo el descrédito por la corrupción magisterial, que encabezan sus adversarios del SNTE.
En ese sentido, es evidente que si el gobierno federal de verdad quiere castigar a quienes cobran de más, tendría que ser más pulcro y entonces revisar las 32 entidades federativas e ir contra todos. No hacerlo significa perdonar y convalidar los excesos que se cometen de cara a la reforma educativa, y simplemente querer castigar a la Sección 22 por no someterse a las disposiciones federales.
¿Qué pasaría si la Sección 22 no se hubiera inconformado con la reforma educativa? Es fácil adivinarlo: la SEP estaría aplicando ya las evaluaciones, pero entonces no habrían entrado a revisión, ni sometidos al escrutinio público, todos los excesos salariales en que incurren los dirigentes sindicales.
Así, la pregunta no sería sólo cuándo van a castigar a Núñez Ginez y a toda la pléyade magisterial que cobra salarios de privilegio, sino también cuándo conoceremos el salario de todos los demás líderes sindicales que por estar “alineados” con la federación continúan haciéndola su “tonta útil”, al seguir disfrutando impune y secretamente de los beneficios de salarios estratosféricos no por dar clases sino, como Núñez, “por hacer política”.
ADIÓS A LA DEMOCRACIA
Las resistencias en el Palacio Legislativo están a todo lo que da. Hay muchos temas que los diputados no quieren abrir, ahora que les urge sacar la legislación secundaria de la reforma político-electoral. No quieren, en resumen, mecanismos democráticos al alcance de los ciudadanos. No nos sorprendamos si eso se consolida.
