+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Candidatos: sólo garantía de lealtad, pero no de gobierno

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+ Democracia: ¿Quién es responsable por atraso prolongado?

A nadie sorprende hoy que los grupos políticos y los partidos, definan a sus candidatos a cargos públicos en función de su popularidad, o de aspectos como la lealtad, la cercanía o los intereses en común. Pero en realidad, existe una preocupación mínima porque las garantías de continuidad y triunfo en las urnas, sean también certezas relacionadas con el ejercicio del poder. Mientras predominen los intereses personales, será imposible que, en el futuro cercano, una democracia como la de Oaxaca evolucione.

Hasta hoy, la historia ha sido repetitiva en cuanto al modo en cómo se definen los candidatos a cargos públicos. Es una práctica común, que la designación de abanderados esté determinada sólo por dos aspectos: las definiciones propias de los grupos dominantes en los partidos políticos, y los números que arrojan los sondeos de opinión. En esto, como puede verse, quedan fuera todos los demás factores. Y lo riesgoso de todo este asunto, es que un candidato con altos niveles de popularidad, o arropado por los grupos de poder, no necesariamente garantiza que será un buen gobernante.

¿De qué hablamos? De que, es cierto, todo representante popular —Presidente, Gobernador, Munícipe o Legislador—, tiene como punto de partida el aspecto estrictamente electoral. Sin embargo, es evidente que más allá de lo que dictan las urnas, todo aquel que presta un servicio al Estado debe de garantizar mucho más que votos o aceptación del electorado. Debe haber, por lo menos, certeza mínima de que éste contribuirá de buen modo al desarrollo, al gobierno incluyente y sensible, y a consolidación de la democracia.

Para más de uno, esto es un idealismo. Dicha consideración, podría sostenerse si vemos el ejercicio de la política a ras de tierra. Este, en Oaxaca y en el país, lejos de ser un escenario en el que se debaten argumentos y proyectos de gobierno, es más bien una auténtica arena política, en la que las preocupaciones primordiales se centran en la construcción y sostenimiento económico de las estructuras electorales, en el convencimiento al electorado a través de ideas fatuas, y en los mecanismos a través de los cuales podrán tomar ventaja de modo indebido en el proceso electoral.

¿Alguien se ha preguntado si en realidad los candidatos que hoy tenemos ante nosotros, y los que tendremos, tanto para la gubernatura del Estado, como para las Alcaldías y diputaciones locales, son los mejores prospectos de los partidos? La pregunta puede ser contestada, desde ahora, afirmativamente, si todo se mira desde la simple lógica electoral. Pero más allá de eso, ¿existe cierta presunción de que los actuales e inminentes abanderados son, de a de veras, lo mejor que se puede proponer?

La respuesta es incierta. Y es así porque el mismo sistema democrático, y la predominancia de los intereses de grupo, han impedido que se valoren más aspectos que los estrictamente relacionados con los intereses y con las encuestas. Es imposible saber si, en esto, los candidatos, Gabino Cué Monteagudo o Eviel Pérez Magaña son en realidad las mejores cartas con las que sus respectivas fuerzas políticas pretenden acceder o mantenerse en el poder.

Es imposible porque, independientemente de que hayan sido ellos, o cualquiera otros los postulados, se habría tomado en consideración algún otro aspecto que no fueran los estrictamente relacionados con los aspectos de grupo, o los eminentemente electorales. Así, podemos tener expectativas positivas en muchos aspectos. Pero no necesariamente en lo que tiene que ver con la modificación, para bien, de la práctica del poder.

¿DEMOCRACIA IMPOSIBLE?

Podría argumentarse que estamos esencialmente equivocados, y que se peca de ingenuidad o idealismo, cuando se habla de la democratización del poder. Frente a cualquier señalamiento de esa naturaleza, tendríamos que comenzar por preguntarnos si hoy es igual el ejercicio del poder público a nivel federal, a como era hace dos décadas. En la pregunta misma, está la respuesta.

Evidentemente, el ejercicio del poder hoy no es el mismo que el de hace 20 años en el ámbito federal. Hoy podemos corroborar que no existe un presidente omnipotente que ejerce su poder ilimitadamente; que controla por completo al Poder Legislativo; o que es el factor determinante en las definiciones políticas respecto a su propia sucesión.

Más bien, hoy vemos casi todo lo contrario: existe un partidismo fuerte, que ha limitado el marco de acción del Jefe del Poder Ejecutivo; las cámaras legislativas tienen una pluralidad cambiante, y grupos opositores fuertes. Y, en el contexto histórico, y aún con las enormes fallas que representan hoy las concentraciones de poder en manos de los partidos, éstos han contribuido de manera determinante a la democratización de muchas de las instituciones y procesos políticos del país.

¿Qué necesita ocurrir, entonces, en un escenario como el de Oaxaca? Primero, que exista la voluntad para comprender que las concentraciones —y ambiciones— actuales de poder, no pueden ser eternas (porque esto sólo conduce a los estallidos sociales). Teniendo esta visión, habría de ser previsible el comienzo de un proceso paulatino de apertura democrática y búsqueda de equilibrios en las tareas de gobierno.

Para esto, sin embargo, es necesario lo mismo la actuación inteligente de quienes ejercen el gobierno, como de quienes encabezan las fuerzas de oposición. En una lógica real, nadie cede el poder sólo porque sí, como tampoco se logra algo sustancial cuando se tiene una voluntad opositora que sólo es aparente.

Así, ¿tienen claro esto quienes detentan el poder en Oaxaca? Tal pareciera que no. Por eso, todo lo centran en el aspecto electoral y en la preservación de los grupos de poder. ¿Y en la oposición? Tampoco. Porque ésta ha sido una auténtica desgracia, que nunca ha podido ubicarse en un sitio medianamente digno. En gran medida, las concentraciones de poder son tan altas, porque los que tienen la legitimación política para oponerse, son en realidad comparsas y títeres de sus contrapartes.

ASPECTO OLVIDADO

Con toda seguridad, si el electorado tomara en consideración aspectos como estos, razonaría mucho más su voto. El problema es que la situación es tan adversa en lo económico y social, que una parte importante de los electores, prefiere cambiar cualquier razonamiento por unos pesos, por una despensa, o por una promesa inalcanzable.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

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