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+ Legislatura quebranta principios de autonomía y autodeterminación
Si fue escandalosa la forma en que el Congreso se agandalló el control político de la controversial figura de la terminación anticipada de mandato en los ayuntamientos indígenas, hoy ya no sorprende que la ominosa Junta de Coordinación Política (Jucopo) también se haya engullido la facultad de nombrar y controlar a los integrantes del Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas. El quebranto a varios principios constitucionales es obsceno, y desde ahora puede preverse que con esto el Congreso se consolida como un gran generador de problemas, y no de soluciones, para Oaxaca.
En efecto, en su sesión del jueves pasado la Jucopo presentó una iniciativa que crea la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca. Al remitir la propuesta a la Mesa Directiva —junto con otra iniciativa para elevar la jerarquía del Contralor del IEEPCO-OPLE, y también someterlo al control y nombramiento de la Legislatura local—, sin ofrecer ningún tipo de explicación los integrantes de la Junta de Coordinación Política solicitaron que se le diera el tratamiento como de obvia y urgente resolución, para eliminar los requisitos de la remisión de la iniciativa a comisiones y la elaboración del dictamen correspondiente. Ávidos de consolidar el agandalle, los legisladores locales votaron a favor de la urgencia en la resolución del asunto, y elevaron a rango de ley una de las mayores aberraciones jurídicas de que se tenga memoria en Oaxaca.
¿De qué hablamos? De que, por principio de cuentas, la semana pasada en este espacio dimos cuenta de cómo la Jucopo impulsó la adición de un capítulo a la Ley Orgánica Municipal, y la derogación implícita del artículo 282 de la ley electoral, a través de una nueva regulación de la figura de la terminación anticipada de mandato en los ayuntamientos indígenas. ¿Qué dice esta nueva reforma?
Establece que la terminación anticipada procederá únicamente cuando lo solicite el 30 por ciento del número de integrantes de la Asamblea que eligió a las autoridades, y no el 20 por ciento del total de la ciudadanía reconocida conforme al sistema normativo del municipio, como lo establecía el ahora derogado artículo 282 de la LIPEEO. Es decir, que irresponsablemente el Congreso redujo de forma drástica el número de personas que se necesitan para pedir la revocación, y establecer que se necesita únicamente un porcentaje del número de personas que participaron en la Asamblea, independientemente de que éstas hubieran participado o no en la asamblea electiva.
Otra diferencia notable es que eliminaron completamente la participación del Tribunal Estatal Electoral, para remitirla al IEEPCO, y básicamente al Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas. Ahora será éste, y no el Tribunal y su nueva autonomía, quienes substanciarán el procedimiento y declararán la procedencia de la terminación anticipada de mandato, para que se realice la Asamblea en la que todo un Cabildo de procedencia indígena puede ser destituido, dejando sin ningún tipo de regulación y protección, varios principios básicos que deben tener las autoridades que pueden ser sometidas a este procedimiento, como su derecho de audiencia, sus garantías de seguridad jurídica o el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento —es decir, que conozca por qué se le demanda la destitución, que tenga posibilidad de contar con una defensa, de presentar y aportar pruebas, de formular alegatos y de tener derecho a un fallo fundado en derecho—, entre otros.
VAN POR TODO
Según la nueva Ley, el Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas concentrará un enorme poder respecto a la substanciación de las peticiones de terminación anticipada de mandato. Será algo así como un censor de las comunidades indígenas, que tendrá amplio margen para decidir en qué casos procede, y en cuáles no, el inicio y desarrollo de estos procedimientos; y después, qué determinaciones de asambleas comunitarias —en las que retira el mandato a sus autoridades— remite al Congreso local para su aprobación por una (increíblemente baja) mayoría simple.
La semana antepasada, la Junta tomó el control de este procedimiento de terminación anticipada de mandato, pero no hizo lo relativo al Consejo de Sistemas Normativos Internos sino hasta el jueves pasado. Pues al presentar una Ley de Sistemas Electorales Indígenas establecieron que los integrantes de este Consejo serán nombrados directamente por el Congreso del Estado a propuesta de la Jucopo.
Asimismo, quienes aspiren a integrar el citado Consejo, no necesitan probar indubitablemente los conocimientos y la experiencia en cuestiones electorales relacionadas con los sistemas normativos internos —a través de exámenes de oposición, trabajo en órganos electorales o conocimientos profesionales—, sino únicamente convencer a los integrantes de la Jucopo, quienes tienen a su criterio, como único parámetro de suficiencia sobre el cumplimiento de este requisito.
Así, sobre este conjunto de determinaciones vendrá un aluvión de acciones de defensa por parte de las comunidades indígenas de Oaxaca. Estas reformas sucesivas, de entrada son inconvencionales porque incidirán profundamente en la organización política de las comunidades indígenas, y porque para su aprobación no se realizó ningún tipo de consulta a los pueblos que intenta regular. Por si esto no fuera poco, este conjunto de determinaciones del Congreso local también generan una fuerte fricción con principios establecidos en la Constitución de la República para las comunidades indígenas relacionados con su autonomía y libre determinación.
Y finalmente, si hubo una intención clara en la reforma política nacional de brindar de autonomía, profesionalización e independencia a los órganos electorales en sus distintos niveles, con este verdadero asalto a sus funciones también queda de manifiesto que al Congreso local lo último que le importa es lo que dice la ley, si esto se contrapone a sus intereses.
TRANSPARENCIA, UNA FARSA
No hay un solo viso de que vaya a haber un proceso competitivo de elección de los integrantes del nuevo Instituto de Transparencia. Los partidos y sus fracciones parlamentarias, voraces, van con todo al reparto de algo que se supone que debería ser ciudadano. Anticípenlo: todo el que tenga “padrino” dentro del Congreso, quizá tenga futuro. Los que no, de nuevo irán de comparsa para legitimar este mal chiste. Triste, pero cierto.
