+ Arranque judicializado, muestra de indolencia frente al voto ciudadano
Por unanimidad, anteayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el candidato a gobernador de la alianza PAN-PRD en Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias, cometió actos anticipados de campaña y deberá ser sancionado por ello. Si la apuesta de todos los candidatos es la judicializar la elección estatal, entonces deberían comenzar por explicarle al ciudadano cuáles son sus razones para menospreciar la voluntad de esa manera.
En efecto, según se informó en los medios estatales y de la capital del país, con ese fallo el TEPJF echó para atrás la resolución del Tribunal Estatal Electoral, que negó esos actos y exoneró al aspirante de la coalición “Con Rumbo y Estabilidad para Oaxaca”, luego de analizar que la colocación de espectaculares en diversos puntos de la ciudad no eran motivo de difusión de alguna propuesta o llamado al voto.
De acuerdo con el dictamen de la Sala Superior, Estefan Garfias, siguió una ruta de promoción personal, primero como diputado federal, después como precandidato a Gobernador del PRD y luego con el registro como candidato. “Se advierte la concurrencia de elementos suficientes de que se tuvo el propósito de promocionar anticipadamente el nombre e imagen del ciudadano mencionado, por tanto se propone que la responsable emita otra resolución en la que determine la acreditación de la infracción y su responsabilidad”, subraya. Y en el fallo, el Tribunal remata: la sanción al aspirante a gobernador debe ser “proporcional a la falta cometida, para lo cual deberá analizar (el Tribunal local) el catálogo de sanciones aplicables y observar el postulado de gradualidad de las mismas”.
¿Qué significa todo esto? Que aunque formalmente las campañas proselitistas arrancan en los primeros días del mes de abril, la guerra en los tribunales electorales ya comenzó y, al ritmo que lleva, es muy probable que ahí mismo termine. En ese sentido, es muy grave que, de entrada, el ánimo de al menos dos de los tres aspirantes principales a la gubernatura sea el de descalificar a sus adversarios incluso antes de que inicien los trabajos de promoción del voto. Aunque pudieran existir causales aparentemente acreditadas para acudir a los tribunales, es clara la forma en que se revela un interés voraz ya no por ganar el voto ciudadano, sino por descalificar al adversario antes incluso de que comience la medición electoral, primero en las campañas, y luego en las urnas.
En esa lógica, resulta hasta paradójico que hoy en día tanto Estefan como el candidato del PT, Benjamín Robles Montoya, sostengan de cara a la ciudadanía que una de sus principales herramientas políticas consiste justamente en las impugnaciones. En un primer momento, Estefan Garfias y el PRD anunciaron que impugnarían la postulación de Robles por haber participado en el proceso interno de ese partido para luego brincar al PT, pero también que presentaría recursos legales en contra de Alejandro Murat por lo relacionado con el cumplimiento del requisito de la residencia mínima en el estado de Oaxaca. Es paradójico, básicamente, porque resulta que ahora Estefan es el primero que se encuentra en la posición de defender su candidatura frente a los recursos legales interpuestos por uno de sus adversarios.
Del mismo modo, el caso de Robles es también sintomático. Éste no sólo anunció, sino que impugnó llanamente el procedimiento y la asamblea en la que el Consejo Estatal del PRD postuló a Estefan. Y aunque no se ha referido específicamente a la posibilidad de impugnar el proceso interno del PRI, es claro que la rudeza con la que inició su campaña no sólo no descarta, sino que alimenta la idea de que tendría también una estrategia de ataque a su contrincante priista (que es nada menos que el adversario a vencer ante la fractura de la izquierda oaxaqueña) para tratar de cancelar su postulación como candidato.
RETO A LOS TRIBUNALES
Frente a esta guerra declarada, los tribunales en materia electoral (el local y el federal, por igual) tienen ante sí la disyuntiva de convertirse en la arena de las discrepancias en detrimento de la democracia representativa, o de permitir que los abanderados ocupen los márgenes y los sótanos de la ley para excederse sin ninguna sanción por sus conductas. El asunto es más trascendente de lo que a simple vista parece.
¿De qué hablamos? De que, en primera instancia, los candidatos y los partidos políticos parecen estar optando por el camino fácil de resolver en los tribunales lo que no quieren enfrentar en las urnas. Ninguno de ellos parece entender que sus respectivas candidaturas comparten debilidades comunes —casi naturales— que ahora deben dirimir en el trabajo político y no ante los tribunales.
De hecho, de ser rigoristas y cerrados en los criterios, los tribunales locales o de la federación deberían estar en la necesidad de cancelar no sólo las candidaturas de ellos, sino la de prácticamente todos los contendientes en todos los procesos electorales, por la sencilla razón de que no existen los abanderados ni los partidos inmaculados, o las campañas pulcras en las que no existan los deslices y las transgresiones a las normas y principios que rigen los procesos electorales.
No es así, aunque por otro lado ello no debe significar que entonces los tribunales y los órganos electorales permitan todas las transgresiones por el solo hecho de no caer en los rigorismos electorales. En esa medida, lo que queda es la exigencia de la capacidad de la auto regulación, y de la altura de miras para asumir que —ante sus debilidades y cuestionamientos comunes— ahora los partidos y sus candidatos deben privilegiar al voto ciudadano como referencia fundamental de su trabajo político.
CUESTIONAMIENTO COMÚN
En el fondo, todos enfrentan diversas situaciones comunes, que se resumen en el hecho de que como todos tienen cuestionamientos de fondo, todos pueden ser impugnados ante los tribunales. Y la defensa de uno, puede ser exactamente igual a la de sus pares. Así, si se exonera a uno implícitamente se hace eso mismo con todos, y ante el castigo, cualquiera de ellos podría utilizar exactamente el mismo argumento o defensa que el que pudiera usar cualquiera de sus adversarios. Por esa razón, la elección debe resolverse en las urnas y no en los tribunales, como tempranamente intentan hacerlo —en contra de sí mismos— algunos de los participantes en este proceso electoral.
