+ Galindo Ceballos, insostenible por ser responsable del desastre de Nochixtlán
Lejos de ser una muestra de voluntad para el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o una concesión a la CNDH por los señalamientos de Tanhuato, la Secretaría de Gobernación debería precisar que la separación de Enrique Galindo Ceballos como comisionado General de la Policía Federal, era la consecuencia de las importantes fallas operativas demostradas por esa corporación en acciones decisivas para la gobernabilidad del país, como el operativo de Nochixtlán, que echó a perder al menos un año y medio de trabajo en la relación con el magisterio disidente, y que puso en grave riesgo la reforma educativa, que era la insignia de esta administración federal.
En efecto, la noche del lunes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció que Galindo Ceballos, había sido separado de su cargo “en el marco de hechos recientes y por instrucciones del Presidente de la República”.
En un mensaje a medios, Osorio no precisó si la decisión fue producto de la controvertida actuación de la Policía Federal en Nochixtlán, el 19 de junio, o por la recomendación emitida el 18 de agosto por la CNDH sobre el caso Tanhuato, en la que se responsabiliza a la corporación de ejecutar a civiles “de manera arbitraria”.
Osorio anunció que el relevo de Galindo Ceballos será Manelich Castilla Craviotto, y dijo que la instrucción presidencial es a continuar y profundizar el esfuerzo de capacitación permanente de todos los elementos en materia de derechos humanos y —lo que parece más relevante— a impulsar “la formación y adopción de los protocolos de uso de la fuerza”, así como estrechar la colaboración con organismos públicos nacionales e internacionales, y con organizaciones y representantes de la sociedad civil para continuar fortaleciendo “la confianza en esta noble institución”.
Pues resulta que, por un lado, la Policía Federal atraviesa por una importante crisis de confianza en la ciudadanía, derivada no sólo de los excesos de fuerza sino de las enormes fallas operativas demostradas en operativos de contención social como el de Nochixtlán, el 19 de junio. Son tan evidentes esas grietas, que Nochixtlán se convirtió en un cisma no sólo para la seguridad y las organizaciones sociales, sino también para la gobernabilidad del país y el Estado de Derecho.
En ese sentido, es evidente que Nochixtlán no representó ni el mayor ni el primer desafío que enfrenta la corporación federal en su relación con las manifestaciones sociales. De hecho, el operativo del 19 de junio era más bien una acción casi rutinaria que, sólo ante la realidad, demostró su falta de preparación, su incapacidad de previsión y su aporte a la ingobernabilidad.
DESASTRE OPERATIVO
Sin aquel desastre no se explicaría por qué el gobierno federal volvió al punto de inicio de la negociación con la CNTE (esa discusión en la que el magisterio quería la abrogación de la reforma educativa, y el gobierno federal dijo que daba cualquier otra cosa, pero no eso); por qué hoy el mismo secretario Osorio parece cada vez menos sostenible, y por qué era urgente el relevo, no como una concesión a grupo social u organismo público alguno —incluido el ombudsman nacional— sino como una forma de rescatar lo poco que le queda de credibilidad.
Así, no era necesario ser experto en seguridad o en operativos antimotines, y tampoco en la previsión de las consecuencias que genera un desastre como el de Nochixtlán, para prever que Galindo Ceballos era insostenible.
Por eso, en este espacio apuntamos hace dos meses (Al Margen 01.07.2016) que la separación del cargo de Galindo era sólo cuestión de tiempo. Sorpresas puede haber en contingencias, en hechos fortuitos y hasta en acciones espontáneas —apuntamos en aquel momento. En donde las sorpresas no son aceptables es cuando éstas sobrevienen —en apariencia— en actos calculados y planeados. Y una de las premisas fundamentales de toda fuerza de seguridad pública en la contención de disturbios y manifestaciones sociales, es justamente la previsión basada en información, en planeación y en la creación de escenarios.
Nada de eso ocurrió en Nochixtlán. A decir del comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, los 800 elementos estatales y federales que fueron al operativo del domingo 19 de junio, fueron “sorprendidos” por una turba de más de dos mil personas que salieron a defender el bloqueo en el entronque con la autopista Oaxaca-Cuacnopalan. Todo esto lo dijo el Comisionado como preámbulo a la cadena de medias verdades que ha venido ofreciendo sobre el operativo, sobre la presencia de elementos federales armados, sobre la balacera que se desató, y sobre las causas reales de este fracaso.
CAÍDA, PREVISIBLE
Todo eso, resulta ser causa sobrada —dijimos aquel 1 de julio, previendo el impacto en la gobernabilidad (hoy por demás preocupante) que traería el desastre del 19 de junio en Nochixtlán— para que el Comisionado hubiera sido ya separado de su cargo, no como una concesión a las organizaciones que piden castigo a los responsables de las muertes (la renuncia o cese del Comisionado no ha sido parte de las exigencias) de los manifestantes en Nochixtlán, sino como una cuestión básica de responsabilidad por parte de la Secretaría de Gobernación, frente a un operativo que no sólo no logró sus fines, sino que provocó muertes (algo que se supone que no debe ocurrir cuando una policía es profesional en tareas de contención) e impactó directamente en la gobernabilidad, al provocar —por el fracaso del operativo— un efecto bumerang que puso de rodillas a amplios sectores de la población del sureste del país.
