+ Poder universitario, dividido en un grupo de facciones que debieran ser superadas
Pareciera que las instancias encargadas de la gobernabilidad en el Gobierno del Estado, apuestan a esperar a que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca vuelva a ser motivo de crisis, para recordar que ese es un problema latente que por indolencia o falta de claridad, se han resistido a abordar. La decisión gubernamental de volver a dejar dormir el problema universitario, no es sino la premonición de un problema mayor que sólo es cuestión de tiempo para que se aprecie en su dimensión. Por eso, si hay cierto sentido de responsabilidad, no debiera ser esa la política del Estado frente a los problemas crónicos de la Universidad.
En efecto, a pesar de que en los últimos meses la UABJO ha sido motivo de crisis y polémica por su falta de controles internos, pareciera que en la Secretaría General de Gobierno están determinados a continuar entendiendo el problema universitario, únicamente como una pequeña crisis interna que puede dirimirse en su ámbito doméstico a partir de la autonomía universitaria. No han visto que la Máxima Casa de Estudios enfrenta una crisis sistémica, generada por la atomización de su poder, alimentada por el dominio patrimonialista de algunas familias de falsos notables universitarios, y tolerada por la política gubernamental que simplemente se resume en la minimización del problema hasta que hace crisis.
¿Por qué este panorama no resulta una exageración? Porque en los últimos meses hemos visto cómo la Secretaría General de Gobierno se ha ocupado del problema universitario sólo accidentalmente cuando hay visos de una nueva crisis. Así lo hizo desde el momento en el que la administración del gobernador Gabino Cué le heredó como un polvorín el conflicto de la Facultad de Derecho de la UABJO, y ha sido una política que no ha variado a pesar de las innumerables señales enviadas tanto por el rector Eduardo Bautista Martínez, como por los grupos antagónicos a la llamada ‘familia real’, de que la mejor forma de enfrentar este problema es evitando esconder la cara.
Lamentablemente, eso es lo que ha hecho hasta ahora la administración estatal. En su corto periodo como titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés se limitó a generar algunos visos de concertación con los grupos antagónicos a la ‘familia real’, pero evitando en todo momento involucrarse de más en un conflicto en el que el propio secretario Avilés tenía un conflicto de interés: la maestra Leticia Mendoza Toro, eterno pivote de uno de los grupos universitarios aliados a Abraham Martínez Alavés, tenía derecho de picaporte en la Secretaría General a través de su hijo Nahúm Carreño Mendoza, que entonces era el secretario particular de Avilés, y uno de sus eternos aliados en los diversos conflictos que enfrentaron.
A partir de ello puede comprenderse por qué Avilés decidió nunca intervenir en serio en el conflicto universitario. Administró el conflicto a través de la política de la demagogia con los disidentes para mantenerlos tranquilos, en la misma forma en la que todos los días ocupan esa misma política del “atole con el dedo” a todos los conflictos que llegan ahí a punto de la crisis y sólo son administrados hasta que tengan nuevos bríos para volver a movilizarse.
LOS GRUPOS QUE GOBIERNAN
El problema en la Universidad es que el poder no es vertical ni unipersonal. No tiene el poder el Rector, que no es sino una pieza de un entramado todavía más complejo. Tampoco tiene todo el poder, el ex rector y líder moral del grupo gobernante en los últimos tres cuatrienios universitarios, Abraham Martínez Alavés.
Mucho menos tiene todo el poder el ex rector inmediato anterior, Eduardo Martínez Helmes, que hoy busca incidir en nuevas formas de control político, alternativas a las que tiene perfectamente su padre. Al final, aunque tampoco tiene todo el poder, y de hecho es quien tiene la menor porción de la influencia universitaria —aunque eso sí le alcanza para ser la “bisagra” entre los grupos— es la también ex rectora, y actual secretaria General de la Universidad, Leticia Mendoza Toro.
Esa es una primer lectura, enunciativa. Históricamente, el poder universitario se ha intentado entender a partir del control de las escuelas y facultades, y de las respectivas clientelas electorales que cada una de ellas representa. Por ejemplo, esa ha sido la forma en la que el ex rector Martínez Alavés ha controlado la Universidad, a partir de controlar ciertas escuelas y facultades, y de conseguir los pactos necesarios para sumar a su causa a los espacios universitarios que le garanticen el control en cada sucesión de Rector.
Otra forma que ahora ha sido explorada entre los poderes universitarios es el control por sindicatos. Eso es lo que ha intentado hacer el ex rector Eduardo Martínez Helmes, que desde el año pasado que dejó la Rectoría, ha intentado colonizar los sindicatos universitarios para tratar de contrarrestar a las demás facciones universitarias, y particularmente para controlar al rector Eduardo Bautista Martínez. Todo eso se ha visto a lo largo del presente año en el que el propio Martínez Helmes no ha dejado de asolar a la administración universitaria con amagos de paros y manifestaciones por parte de los sindicatos.
Al final, queda claro que como lo apuntamos en otro momento, es bien sabido en la Universidad que sus propios trabajadores culpan a todo y a todos por no tener más, pero sin voltearse nunca a ver ellos mismos, que trabajan menos horas de las estipuladas; con dos o tres horas para desayunar todos los días; con premios económicos por no hacer huelga, con días de descanso por engañar que asisten a las marchas de protesta, que heredan sus plazas a sus familiares, que en suma son las y los que menos hacen por la UABJO. Son peores que los mentores de la Sección 22 del SNTE o que las y los burócratas de los gobiernos estatal y federal.
En medio de esta destrucción paulatina, ha trascendido por fuentes de la propia Universidad, que la UABJO se queda sin dinero para pagar la nómina de más de cuatro mil trabajadores de sus seis sindicatos, y que el tren de vida de las y los trabajadores puede tener un atorón de vida o muerte entre agosto y septiembre de este mismo año. Los “focos rojos” están prendidos en la Universidad pública más grande e importante del Estado de Oaxaca. Quién sabe si sus trabajadores y sus sindicatos tengan algún tipo de conciencia de ello. Y quién sabe si el gobierno estatal —y el federal, que tampoco es ajeno a este problema— registren en su radar el riesgo de fondo que implica una situación tan inminente como ésta.
En medio de esto, siguen latentes los conflictos en las facultades de Derecho y Contaduría, que reflejan la agonía del grupo político del sempiterno cacique Abraham Martínez Alavés. El hilo, finalmente, se terminará rompiendo por lo más delgado: pronto, el rector Eduardo Bautista Martínez no tendrá más camino que ceder en la reintegración política de esas dos facultades para buscar el equilibrio que cada vez se ve más lejano. Sólo es, dicen, cuestión de tiempo. Aunque ello significará una nueva crisis con quienes irremediablemente se resistirán a ver perdido su poder.
¿Y EL CAMBIO?
En el fondo, para que la Universidad pueda ver una nueva luz sería necesario combatir a esos poderes fácticos universitarios. Pero aún más: si el Estado quiere cambiar, la ruta de la política estatal respecto a la UABJO tendría que ir encaminada a exterminar los cacicazgos actuales.
